Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tiburones sedosos no son los más grandes de su género, miden en promedio unos dos metros y medio. Sin embargo, tienen la capacidad de nadar 45 kilómetros diarios. Esta característica que los hace admirables también los vuelve vulnerables. Un estudio reciente encontró que los Carcharhinus falciformis pasan la mitad de su tiempo en zonas pesqueras y el resto lo pasan dentro de alguna área marina protegida del Pacífico Este Tropical.

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“Están ranqueados como una de las dos especies más pescadas a nivel mundial por su tendencia a agregarse en cardúmenes de atún [para alimentarse]”, explica Pelayo Salinas de León, investigador de la Fundación Charles Darwin de Galápagos y coautor del artículo científico publicado a inicios de 2026 en Biological Conservation.

Mientras persiguen su alimento favorito, caen en cercos de pesca y palangres –una línea madre de la cual penden múltiples ramales con anzuelos–, describe el investigador. La especie está clasificada como “Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

No obstante, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) clasifica a la especie en su Apéndice II. Es decir, se permite su comercialización. Además, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el organismo de regulación pesquera regional, autoriza que los palangreros retengan hasta un 20 % por peso de tiburón sedoso.

“El 20 % de la captura total de un viaje puede suponer muchas toneladas de tiburón. [El permiso] no discrimina por tallas, sexo, condición reproductiva ni fisiología”, señala Irene Casanova, bióloga marina e investigadora de la organización no gubernamental mexicana Pelagios Kakunjá. Por eso, opina que el artículo de sus colegas es novedoso y necesario. “Aporta una evidencia útil para la conservación del tiburón sedoso”, afirma.

El estudio encontró que los tiburones pasaron el 46.95 % de su tiempo dentro de alguna área marina protegida. Si se consideran solo las zonas de protección total, donde la pesca está 100 % prohibida, el tiempo se reduce al 41.76 %. Por los riesgos que los sedosos enfrentan fuera de las áreas marinas protegidas, los autores sugieren expandir la Reserva Marina Hermandad, ubicada al noreste de las Islas Galápagos, hacia el norte y el oeste, zonas identificadas de alto riesgo para la especie.

Cuarenta tiburones marcados para estudiar sus trayectos

Los científicos viajaron en embarcación hasta las islas Darwin y Wolf, donde hay una de las mayores concentraciones de tiburones en el mundo. Antes de su llegada, prepararon anzuelos sin muerte, es decir, sin la pequeña púa tras la punta, minimizando el daño al animal. “Se lima el mecanismo para retener al tiburón, con lo cual la soltada es más fácil después de instalar el transmisor satelital”, explica Salinas de León.

Una vez que capturan un tiburón, esperan a que esté cansado y lo acercan al lateral de la embarcación. Sin sacarlo del agua, para que pueda respirar, se hace la maniobra de marcaje. En menos de siete minutos, los especialistas instalan el equipo tecnológico en la aleta dorsal. “Se prioriza el bienestar del animal”, asegura el investigador de ecología y conservación de tiburones.

Se marcaron 40 individuos: 33 hembras y siete machos. Los investigadores no saben a ciencia cierta si es que hay épocas del año preferidas por las hembras para nadar en esa zona, si es una zona importante para ellas a lo largo del año o si son más propensas a morder anzuelos. Lo que queda claro al momento es que muchas especies de tiburones tienen una segregación sexual: “chicos por un lado y chicas por otro”, puntualiza Salinas de León.

Reconstruyeron las transmisiones que duraron más de 30 días. Eso les dejó un total de 38 trayectorias válidas para analizar. Es decir, dos tiburones, una hembra y un macho, pudieron perder sus transmisores. Esto sucede por diferentes razones, por ejemplo, pueden caerse, dañarse u otros animales pueden morderlos.

Durante dos años, los transmisores mostraron en tiempo real la posición de los 38 tiburones, una cantidad de ejemplares que permitió obtener patrones robustos sobre las rutas migratorias de la especie.

Una vez que se agotaron las baterías, se filtraron los datos para hacer análisis estadísticos de los movimientos y crear zonas de distribución. Así pudieron conocer la cantidad de tiempo que pasaron en áreas protegidas marinas y en zonas donde operan flotas pesqueras.

Los datos mostraron que los sedosos pasaron la mayor parte de su tiempo en Galápagos, con un 36.41 %. “Tenemos datos que muestran que pueden viajar a lo largo de distancias bastante grandes, así que me sorprendió que pasen tanto tiempo en la Reserva Marina de Galápagos”, dice Mahmood Shivji, profesor en Nova Southeastern University, otra de las instituciones que lideró el estudio a través de la Fundación Save Our Seas y The Guy Harvey Research Institute.

A pesar de su alta movilidad, pasaron muy poco tiempo en otras áreas protegidas. Por ejemplo, en la recién creada Reserva Marina Hermandad, ubicada en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, solo pasaron un 3.96 % de su tiempo y menos del 1 % en el Parque Nacional Isla de Cocos, en Costa Rica.

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Pocos datos pesqueros

Los investigadores usaron información de Global Fishing Watch, una plataforma en línea y de acceso libre que monitorea la actividad pesquera industrial casi en tiempo real. Aunque es una fuente importante, los datos abiertos de embarcaciones no representan a toda la flota que opera en la región.

Salinas de León detalla que los datos disponibles para descargar son del sistema de rastreo AIS (Sistema de Identificación Automática), pero solo una fracción de las embarcaciones pesqueras lo usan. La mayoría tiene el sistema de posicionamiento VMS (Sistema de Monitoreo de Buques), pero estos datos no están abiertos al público. Además, puntualiza, gran parte de las embarcaciones de las flotas artesanal y semiindustrial no tienen sistemas de rastreo.

En el artículo se especifica que en el Pacífico Este Tropical, solo Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú proporcionan datos de VMS a Global Fishing Watch. No obstante, los datos solo pueden visualizarse en mapas específicos y no pueden descargarse para realizar análisis científicos detallados.

“Creo que es urgente que se comparta la información”, dice Irene Casanova, quien junto a Pelagios Kakunjá está rastreando a 30 tiburones sedosos marcados en el Archipiélago de Revillagigedo, México. “La solución sería que los gobiernos hagan obligatorio que se compartan los datos y, sobre todo, que se haga colaboración entre la comunidad científica y los gobiernos”, añade.

Debido a estos vacíos de información, los datos de Global Fishing Watch indicaron un riesgo diario aparentemente bajo para los tiburones sedosos.

Los riesgos fuera de las áreas protegidas: las flotas pesqueras

Cuando estos grandes depredadores cruzan los límites de las áreas protegidas, corren el riesgo de ser pescados, señala Salinas de León. Durante el rastreo, hubo tres eventos de pesca de los individuos marcados. El primero se dio fuera de la Reserva Marina de Galápagos, en aguas ecuatorianas; el segundo sucedió en el área económica exclusiva de Costa Rica; y el tercero, en aguas internacionales, entre el sur de El Salvador y el norte de Ecuador.

Los casos se confirmaron porque los transmisores terminaron en puertos pesqueros: dos de ellos en Punta Arenas, Costa Rica; y el último en Manta, Ecuador. “Ha habido más eventos, ahora llevamos el trabajo para ver en dónde están esas zonas de desaparición de los transmisores satelitales”, dice el investigador de la Fundación Charles Darwin.

Entre julio y noviembre, al oeste de las Islas Galápagos, en aguas internacionales, hay un fenómeno de afloramiento. Las presas de los sedosos nadan hacia esa zona y los tiburones y las flotas pesqueras van detrás. Aquí es cuando los ‘silkies’, como los llaman cariñosamente por su nombre en inglés, enfrentan mayor esfuerzo pesquero.

“Si vamos a protegerlos, tenemos que expandir las áreas marinas protegidas hacia el oeste”, afirma Shivji. El experto en la conservación y el manejo de tiburones y otras especies del océano señala que el Tratado de Altamar, que entró en vigencia a inicios de 2026, es el mecanismo que permitirá que se establezcan áreas marinas protegidas en aguas internacionales. “Como todo, es bastante político y va a tomar tiempo, pero es lo que debemos hacer”, afirma.

El tiburón sedoso no es el único que se beneficiaría de esta propuesta. Otros estudios demuestran que el tiburón martillo común y el tiburón ballena también usan esta zona, de acuerdo con Shivji.

El investigador reconoce que la presión pesquera no parará, pero el objetivo es encontrar herramientas de manejo que permitan que los tiburones sedosos no desaparezcan. El también genetista señala que la diversidad genética –necesaria para que las especies se adapten y sobrevivan– requiere de “grandes números de individuos”, por lo que hay que implementar medidas antes de que las poblaciones continúen decayendo.

Reforzar las medidas de protección

Salinas de León opina que hace falta revisar la clasificación del sedoso en la Lista Roja de Especies Amenazadas, pues “los volúmenes de captura actual son un riesgo”.

El investigador explica que al comparar a esta especie con otros tiburones con historias de vida similares, se concluye que “no se puede sostener una pesca severa durante tanto tiempo”. Estos animales son de crecimiento lento, reproducción tardía y tienen pocas crías, por lo que las poblaciones estarían disminuyendo a un ritmo mayor que su capacidad para reponerse.

Además, a su parecer, todas las especies en la Lista Roja deberían estar incluidas en el Apéndice I de CITES, con el fin de prohibir su comercialización y promover su protección efectiva.

El estudio señala que la Comisión Atunera ha implementado medidas, como la prohibición de retención de tiburones sedosos en buques de cerco. Aunque es un paso importante, Irene Casanova asegura que se necesita más información biológica para tomar una medida concreta. “Hay una mortalidad postliberación que no es evaluada”, dice.

Para la experta, hay que modificar los artes de pesca y los dispositivos de agregación flotantes, los cuales, asegura, son los que tienen más índice de pesca incidental de tiburón sedoso.

Shivji celebra que junto a sus equipos ya esté trabajando la Comisión Atunera. Asegura que existe un gran interés en la protección del tiburón sedoso y del tiburón martillo común. El organismo de regulación pesquera cuenta con observadores que viajan a zonas bastante alejadas, donde por recursos es difícil que los científicos lleguen. Por lo tanto, esta sería una oportunidad para obtener información clave para la conservación.

Por último, Salinas de León insiste en que dado que los datos muestran que los sedosos pasan más de la mitad de su tiempo en zonas expuestas a la pesca, es urgente que se formulen políticas pesqueras basadas en criterios biológicos y enfocadas en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

REFERENCIA

Vaudo, J. J., Salinas-de-León, P., Logan, R. K., Suarez-Moncada, J., Wetherbee, B. M., & Shivji, M. S. (2026). Pelagic sharks in parks: Marine protected areas in the Eastern Tropical Pacific provide limited protection to silky sharks tracked from the Galapagos Marine Reserve. Biological Conservation, 111658. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111658

Imagen principal: un sedoso junto a un cardumen de atún. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Juan Camilo Caicedo Cruz conoce el clima de su territorio. Siente venir la lluvia. El sol, picante e intenso rebota en la laguna que queda junto a su casa y llega hasta él, ocasionando más calor y sofoco.

-Va a llover-, dice.

A los 15 minutos empezaron a caer las gotas en el techo de la casa.

-Eso se siente venir-, afirma.

De barba, camiseta manga larga, botas pantaneras de caucho y un carisma arrollador, recuerda sus años de minero y cazador. Un día le estaba apuntando a una danta o tapir (Tapirus terrestris) y la vio asustada, con ganas de huir, lo que hizo que bajara la escopeta. Desde ese momento cambió su vida.

Su casa es de madera y está rodeada de mangos, plátanos, limones, mandarinas, cacao y café. Vive con su compañera Diana Escobar Hernández, en la Reserva Natural Matabambú Lagunas, ubicada en la vereda Caño Evaristo, en Mapiripán, al sur del departamento del Meta. La transición entre la Orinoquía y la selva amazónica colombiana.

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Mapiripán y la deforestación

Mapiripán es un pueblo detenido en el tiempo. Para llegar hasta allí, dependiendo de la temporada salen uno o dos buses cada día a las 6 o 7 de la mañana desde Villavicencio, capital del Meta, y se demora aproximadamente 10 horas en llegar a su destino, si la carretera está en buen estado. Más de 12 horas si ha llovido y la trocha es difícil de transitar.

El recorrido cambia antes de llegar a Puerto Concordia, al sur del Meta, muy cerca de San José del Guaviare, donde en 2024 se perdieron más de 16 906 hectáreas de bosque. Allí se desvía de la carretera principal, que es pavimentada, e inicia un camino destapado donde aparecen las palmas de aceite sembradas a lado y lado. Para 2020 eran más de 5600 hectáreas, en Mapiripán, según Global Forest Watch.

También hay reses, pastizales grandes, linderos, niños y niñas indígenas de las etnias sikuani o jiw que van a sus casas luego de estudiar. El bus se mueve de un lado a otro, tratando de evitar los huecos encharcados donde se puede quedar atascado: si sucede, si el barro logra detener la flota, es posible que se necesiten hasta tres buses, por lo general de la palmicultora Poligrow, para sacarlo de la tierra.

Global Forest Watch registra que en Mapiripán, entre 2001 y 2024, el 95 % de la pérdida de cobertura arbórea se produjo en zonas donde la principal causa es la deforestación. En 2023, fue considerado el segundo municipio de Colombia más deforestado según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con 5660 hectáreas. En 2024 esa cifra aumentó a 7400 hectáreas y en el segundo trimestre de 2025 Mapiripán se mantiene como uno de los municipios más afectados.

La plataforma Global Forest Watch también registra “50,933 alertas de deforestación en Mapiripán entre el 15 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025, cubriendo un total de 630 ha de las cuales 29% fueron alertas de alta confianza detectadas por un solo sistema y 11% fueron alertas detectadas por múltiples sistemas”.

Las vías ilegales crecieron exponencialmente, tal como lo documenta una investigación periodística de Mongabay Latam, donde se hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales, comprobando que en el municipio existen 11 ramales de vías ilegales que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud.

La mayoría de estas hectáreas deforestadas se utilizan para ganadería y el embalaje de la producción de los cultivos de palma. En este contexto, es donde se encuentra Matabambú Lagunas, un lugar especial y estratégico en términos de conservación ambiental y del territorio. Desde el 4 de marzo, el matrimonio hizo la solicitud formal para ser Reserva Natural de la Sociedad Civil, la cual se encuentra en la última etapa y espera recibir el aval pronto.

Las reservas naturales de la sociedad civil son “parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo”, según Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Aventuras en las lagunas

En Matabambú Lagunas amanece a las 5:30 de la mañana. Juan Camilo Caicedo dice que cuando el sol sale más intenso y los colores son más fuertes, los pájaros vuelan más y la hora adecuada del avistamiento es a las 6:00 de la mañana. Pero cuando el día empezó nublado, “a los pájaros les da pereza”. Se trata de un bosque inundable de 700 hectáreas y dos lagunas que suman 960 hectáreas, donde hay diversidad de especies, entre ellas pirañas (Serrasalmus rhombeus) y toninas o bufeos (Inia geoffrensis), estas últimas catalogadas como “en Peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

Después del tinto (café) del día, Caicedo inicia el primer recorrido para verificar que las aves hayan comido el cebo colocado estratégicamente alrededor de la casa el día anterior. Explica que hay que darles comida de manera responsable y adecuada, para no perjudicar su dieta natural.

El segundo recorrido es hacia el corral de cerdos, con la particularidad de que el alimento para ellos son las semillas que caen de las palmas africanas, gracias a un acuerdo al que llegaron con un productor local. Por detrás de la casa hay cajas donde las abejas tenían su hogar pero que se perdió por una inundación.

Unos pasos adelante está el bosque donde se hace observación de aves. Este es uno de los principales atractivos para hacer turismo de naturaleza, investigación científica u observación por hobbie. Como persona jurídica, la organización tiene el nombre de Fundación Lagunas Adventure y se ha posicionado no sólo en el país sino también a nivel latinoamericano en el avistamiento de aves. Tanto en el Global Big Day, cuando estos animales migran de norte a sur, como en el October Big Day, de este año, cuando migran de sur a norte, esta esquina de Mapiripán es el Hotspot o sitio de interés que registró los niveles más altos de Colombia con 216 aves en el primero y 146 en el segundo.

Existe un protocolo para el avistamiento y el registro de las aves en el celular con las aplicaciones de Ebird y Merlín Bird ID. Se hacen listas de las especies que pasan por allí, se fotografían, al tiempo que se camina despacio, con respeto, sin perturbar. Los observadores se comunican con la mirada, con los gestos del cuerpo, con la sonrisa.

Un lugar con un potencial de biodiversidad sorprendente

Diana y Juan Camilo evidencian el éxito de sus esfuerzos de conservación por ejemplo, en el incremento de peces en las lagunas y de águilas pescadoras (Pandion haliaetus). “Antes veíamos un águila máximo dos veces a la semana. Ahora ya vemos tres águilas todos los días cazando en la mañana, al mediodía, y al finalizar la tarde. Antes venían dos nutrias o perros de agua de manera esporádica y muy rápida, eran muy esquivos; ahora vemos seis, siete u ocho muy serenamente”, cuenta Escobar.

Mariela Osorno, bióloga, e investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), concuerda con el potencial gigantesco que tiene la Reserva Natural Matabambú Lagunas. Durante el segundo semestre de 2025, la experta hizo parte de la Expedición BIO al sistema lagunar y fluvial del bajo río Guayabero y alto río Guaviare – Naturaleza, Paz y Territorio -BIOGUAVIARE-.

Viajaron desde el Raudal de Angosturas, en San José del Guaviare, hasta la vereda Caño Evaristo, donde está Matabambú Lagunas. En total son ocho veredas (núcleos) donde se realizaron ejercicios de ciencia ciudadana y en los cuales las comunidades compartieron conocimientos, apoyaron actividades logísticas y participaron en procesos de monitoreo.

A lo largo del sistema lagunar y fluvial en los ocho lugares de la expedición, se documentaron especies pertenecientes a 492 familias, 1 351 géneros y una diversidad que abarca plantas, hongos, termitas, hormigas, aves, reptiles, anfibios, mamíferos grandes y pequeños, peces, macroinvertebrados, microalgas, microorganismos y bacterias.

Entre los resultados se destacan 43 especies migratorias, que usan los humedales de la zona explorada como rutas biológicas clave; 13 especies amenazadas, fundamentales para estrategias de conservación; 12 especies endémicas, exclusivas de esta región del país y 19 especies introducidas, lo que no es precisamente una buena noticia pero es información necesaria para el manejo y el control. Aunque la deforestación en estos territorios es alta, la investigadora hace énfasis en que estos ocho núcleos están muy bien cuidados “y alojan una biodiversidad muy significativa para la ciencia”.

Matabambú Lagunas es un lugar que le sorprendió a Osorno, sobre todo por su diversidad de anfibios. “Allí encontramos unas cosas realmente muy sorprendentes en términos de biodiversidad. La mayor cantidad de este territorio son bosques inundables, entonces el potencial que tienen allí es enorme”, relata.

Según la científica, este lugar “es muy bueno para avistamiento de cachirres (Caiman crocodilus) y de anfibios en paseos nocturnos”. La metodología consiste en salir de noche, desde las seis de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. “En un recorrido sólo de tres horas, o sea, la mitad del tiempo, puedes encontrar más de 15 especies en Matabambú, al lado de la casa. Es algo sorprendente”, cuenta la experta de Sinchi.

La especie que más le sorprendió a Osorno encontrar al lado de casa, como si fuera la mascota de la pareja Caicedo Escobar, fue la Phyllomedusa vaillantii, “una rana que es absolutamente atractiva en términos de su belleza y tú la escuchas cantar y la ves caminar y trepar de un árbol a otro”.

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Acuerdos comunitarios para proteger las lagunas

La tierra donde está la reserva Matabambú Lagunas era de la familia de Juan Camilo Caicedo desde los años 80, pero por el conflicto armado se desplazaron forzadamente una década después. Mapiripán cuenta con 5866 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y allí, en julio de 1997, el municipio fue epicentro de una masacre cometida por paramilitares que dejó cerca de 50 personas muertas y 511 familias desplazadas forzadamente.

La familia Caicedo regresó en 2019, después de un proceso de restitución de tierras y empezó un pequeño proyecto de apicultura. Desde entonces ha construido una forma y un estilo de vida donde trabajan la tierra y conservan la naturaleza. Entre 2022 y 2023 empieza la pareja empieza propiamente la consolidación de la reserva natural y el trabajo de recuperación y defensa del territorio.

Diana Escobar cuenta que Matabambú Lagunas tiene dos pilares: «El de turismo rural, sostenible, de naturaleza, y comunitario; y el de preservación, conservación de la biodiversidad, justicia, reconciliación ambiental y restauración natural”. Para poder consolidar este proyecto de protección de la naturaleza, tuvieron que entablar diálogos, conversaciones y llegar a acuerdos con sus vecinos y vecinas de la vereda Caño Evaristo, de la mano de la Junta de Acción Comunal.

Los acuerdos consisten en “no permitir la caza y la pesca predatoria, la extracción de carbón, orquídeas, y madera”. Antiguamente, antes de 2023, los recursos de esta región los utilizaban personas externas para su beneficio económico: “Se internaban tres o cuatro días a sacar bultos de pescado, bultos de carbón, bultos de orquídeas y a sacar madera de manera incontrolable. Ya uno sabía porque venían con sus mallas, sus anzuelos, sus recipientes de icopor [poliestireno expandido] grandísimos”, recuerda Escobar. Eso no volvió a suceder y por ello la restauración natural es evidente.

Turismo comunitario para proteger la naturaleza

Franklin Novoa es un joven integrante del Club de Observadores de Aves de Mapiripán (Coam). Iba a lo que hoy es la reserva a hacer avistamiento, desde antes de que la familia Caicedo regresara. Esto hizo que articulara con ellos y empezaran a proyectar este lugar para hacer turismo comunitario.

Uno de los aspectos importantes sobre la transformación del territorio, para Novoa, es quitar el estigma que tiene Mapiripán debido a sus dinámicas de violencia y conflicto armado. “El ambiente también es víctima y ahora, a través de las aves, a través de la conservación y a través de un turismo sostenible y comunitario, podemos hacer posible que las personas encuentren nuevas formas de ingresos [económicos] que no afecten el ecosistema”, dice Novoa. Desde 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró al ambiente como víctima del conflicto armado de Colombia.

La investigadora del SINCHI está de acuerdo con el joven oriundo de Mapiripán. “Para que la gente haga un turismo de naturaleza bien hecho tiene que partir de un fortalecimiento organizativo de las comunidades para que todas las personas participen con diferentes actividades”. Dentro del turismo de naturaleza, según la científica, se pueden prestar diferentes y diversos servicios, no sólo el avistamiento de aves, sino también el avistamiento de anfibios y el senderismo “pero eso requiere que las comunidades realmente se fortalezcan en torno a la actividad y se generen soluciones y no perjuicios”.

La bióloga ornitóloga y profesora de la Universidad de los Llanos, Andrea Morales, también concuerda con el gran potencial para el aviturismo y el turismo de naturaleza que tiene Matabambú Lagunas. Aunque sólo ha estado una vez en la reserva, sus estudiantes sí han ido con frecuencia, sobre todo en 2025, y por eso sabe que el lugar se ha ido transformando para realizar ejercicios de ciencia ciudadana que posteriormente le sirven a ella como investigadora.

En una estantería de la casa de Matabambú Lagunas, hay dos libros: Avicultura Colombiana y Aves del Guaviare, una explosión de colores. Diana Escobar y Juan Camilo Caicedo quieren tener uno de estos libros con las especies de aves del norte amazónico, de Mapiripán. Estuvieron en la COP16 en Cali en 2024 y en la COP30 de Belém do Pará en Brasil. Todavía siguen esperando la última fase para que Matabambú Lagunas sea constituída formalmente como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Mientras conversábamos en la mesa de su casa, Juan Camilo Caicedo saltó sorprendido porque un bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) se estaba asomando en el agua. No lo podía creer, aunque una persona extraña a estas tierras no comprenda el por qué de tanta emoción. Llamó a su pareja y tomaron los binoculares para comprobar lo que estaban viendo. “Eso es otra señal de la recuperación de la laguna”, concluyó.

Imagen principal: Diana Escobar “pajareando”, en términos más técnicos, realizando avistamiento de aves y ornitología recreativa. Foto: Simón Zapata Alzate.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bajo el agua del Santuario Marino de las Islas Darwin y Wolf, en Galápagos, grandes depredadores y otras criaturas marinas nadan sin miedo al ser humano. Cuando el científico Pelayo Salinas de León se sumerge con su traje de buzo y herramientas de observación, algunas especies incluso se acercan con curiosidad.

“Uno sabe que está en un sitio especial cuando al caer al agua ya ve tiburones y peces grandes”, dice Salinas de León, coautor de un estudio que analizó la abundancia y biodiversidad de tiburones y peces depredadores en áreas marinas protegidas del Pacífico Este Tropical (PET). Una experiencia similar se repitió cuando buceó en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, México; el Área Marina Protegida Isla Clipperton, Francia; y el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, Colombia.

Estas islas oceánicas protegidas albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones y peces depredadores documentadas a escala mundial. Este fue uno de los principales hallazgos del estudio, que se publicó a finales de 2025 en la revista Plos One. “Esto indica que están en un estado de conservación muy bueno”, puntualiza el investigador de la Fundación Charles Darwin. Estas áreas protegidas oceánicas funcionan como una ventana al pasado que permiten ver cómo eran los océanos antes de la pesca indiscriminada, añade.

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El equipo, liderado por el científico Simon McKinley, también evaluó tres áreas marinas protegidas costeras: la Reserva Marina Galera San Francisco y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Ecuador; y la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica. Los hallazgos aquí fueron diametralmente opuestos, pues casi no se detectaron tiburones ni peces depredadores.

“Esto sugiere que las áreas no están siendo efectivas o el estado de conservación de los ecosistemas ya está a un nivel tan reducido que no se ve el beneficio del área protegida”, explica Salinas de León.

Esta ambiciosa investigación demandó que los científicos viajen a islas que, a excepción de Galápagos, no tienen presencia humana permanente. Por eso se realizó en colaboración con el programa Pristine Seas de National Geographic, que visitó con su embarcación cada uno de estos destinos. Navegar hasta Clipperton, la isla más alejada, tomó cuatro días.

Bajo el agua y a 25 metros de profundidad, el grupo de investigadores colocó cámaras y cebos que los animales podían oler pero no comer. Así, los atrajeron para identificar las especies y el número de individuos. El equipo de video permaneció en el agua durante 100 minutos, de los cuales se analizaron 90, descartando los primeros y últimos cinco minutos para evitar perturbaciones causadas por el bote.

La biodiversidad del Pacífico Este Tropical

Sandra Bessudo, una de las investigadoras y directora de la Fundación Malpelo, explica que el Pacífico Este Tropical es una gran región que se extiende desde México hasta el norte de Perú. En esta región, las corrientes frías y cálidas se encuentran, provocando que los nutrientes suban desde las profundidades y alimenten una gran biodiversidad. “Es un sistema muy productivo, pero frágil, sensible al cambio climático y a las acciones humanas”, asegura.

La gran concentración de tiburones que confirmó el estudio se debe, sugieren los investigadores en el artículo, al aislamiento geográfico, impactos humanos reducidos y los fenómenos naturales únicos descritos por Bessudo.

Clipperton, la isla más alejada de las costas, se destacó por tener las mayores abundancias generales. Aquí, y en general en las áreas protegidas oceánicas del norte, se observaron mayores concentraciones del tiburón de punta plateada (Carcharhinus albimarginatus). Mientras tanto, en las áreas protegidas del sur, Malpelo y Galápagos, se registró mayor abundancia de tiburones martillo (Sphyrna lewini).

Los tiburones de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) fueron comunes en casi todas las áreas protegidas. También observaron tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) y tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

El hallazgo más preocupante se dio en las áreas marinas costeras. En las dos reservas ecuatorianas, los tiburones y grandes depredadores estuvieron casi ausentes, lo que sugiere que la cadena alimenticia ha sido simplificada por la sobrepesca.

En la Reserva Marina Galera San Francisco ni siquiera se detectaron teleósteos de alto orden. Estos son peces óseos modernos y complejos que ocupan niveles tróficos altos, con comportamientos y funciones ecológicas especializadas. “Muy probablemente la actividad pesquera no ha permitido que se recuperen las especies que hace muchas décadas vivían en esas zonas”, explica Salinas de León.

Mientras tanto, en la Isla del Caño, en la zona costera de Costa Rica, se encontraron mayores abundancias de peces planctívoros y herbívoros. Esta isla se distingue de las otras zonas costeras por su posición un poco más alejada de la costa y cercana al Domo de Costa Rica, una región oceánica rica en nutrientes y productividad. Además, aquí y en Clipperton hay mayor cobertura de coral vivo, una estructura que usualmente alberga mayor abundancia y diversidad que los arrecifes de roca.

Amenazas persistentes

En las islas oceánicas también se encontró una alta proporción de peces comerciales que estaban por debajo de su talla de madurez sexual, incluyendo jureles (Carangidae) y meros (Serranidae). “Este patrón es consistente con la extracción selectiva de individuos adultos, particularmente de especies de gran tamaño y crecimiento lento como tiburones y otros depredadores, que son objetivos frecuentes de la pesca ilegal”, contextualiza Bessudo.

La especialista detalla que la remoción de los adultos reduce el aporte reproductivo y deja poblaciones dominadas por juveniles, limitando su capacidad de recuperación. En el Pacífico Este Tropical, este efecto se ve amplificado, explica, por la alta conectividad y movilidad de las especies.

El tiburón martillo, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga verde (Chelonia mydas) y el mero de las Galápagos (Mycteroperca olfax) son algunas de las especies migratorias que utilizan un corredor marino que existe entre el Archipiélago de Galápagos; la isla del Coco, en Costa Rica; la isla de Coiba, en Panamá; y la isla de Malpelo.

Aunque tienen resguardo dentro de las áreas marinas protegidas, Bessudo reconoce “la persistencia de una vigilancia limitada en áreas remotas”. Sin embargo, destaca que en Malpelo la pesca ilegal ha disminuido “considerablemente”. Lo atribuye a distintos esfuerzos, como la Ley Contra la Pesca Ilegal de Colombia, que desde 2018 impone a los infractores sanciones fuertes e incluso prisión.

Eduardo Espinoza, especialista en monitoreo de ecosistemas marinos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, asegura que la institución cuenta con “uno de los mejores centros de monitoreo y vigilancia satelital en la región”. Al detectar actividades irregulares, envían al punto embarcaciones de control y vigilancia. No obstante, los mismos guardaparques han reconocido que hace falta personal y equipamiento para un control efectivo.

Bessudo insiste en que para enfrentar la pesca ilegal “se necesita más vigilancia tecnológica, cooperación regional reforzada, aplicación firme de la ley y participación activa de comunidades y organizaciones ambientales”.

En aguas internacionales y fuera de los límites de las áreas protegidas, las especies migratorias corren mayor riesgo de ser capturadas por las flotas pesqueras industriales. “Esto debilita la protección local”, reconoce Bessudo.

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Protección significativa

El estudio señala que en las últimas décadas se han creado más de 77 áreas marinas protegidas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estas varían en su nivel de protección, desde reservas de uso múltiple hasta zonas de no captura total, como Malpelo. Las áreas costeras, en oposición a las oceánicas, sufren una mayor presión debido a su proximidad con las poblaciones humanas. Sin embargo, su protección es clave.

Especies altamente migratorias dependen del buen estado de las áreas costeras, explica Espinoza, del Parque Nacional Galápagos. Por ejemplo, los tiburones martillo dan a luz en los manglares y las tortugas marinas desovan en las playas.

“Las reservas marinas siguen siendo pequeñas para proteger a especies altamente migratorias, hay que trabajar en unidades de manejo”, dice Espinoza. Adelanta que en Ecuador se está haciendo énfasis en proteger las primeras ocho millas náuticas de la zona costera, con el fin de que allí se realicen solo actividades de pesca artesanal, dejando afuera a la pesca industrial. “Esto es un aliciente”, asegura.

Para Salinas de León, la recuperación de los ecosistemas depende de medidas más drásticas. “Si uno protege una zona relativamente grande y prohíbe totalmente la pesca, muchas de estas especies se recuperarán solas; el océano tiene un poder de regeneración increíble”, dice.

De hecho, considera que la meta de proteger el 30 % del océano para 2030, establecida en el Marco Mundial Kunming-Montreal, debe contemplar la creación de áreas con protección significativa, donde no se permita ningún tipo de pesca. “Lo que demostramos aquí es que las zonas estrictamente protegidas funcionan muy bien”, insiste.

Espinoza celebra la entrada en vigencia del Tratado de Altamar, a través del cual se podrá llegar a acuerdos internacionales para proteger a los tiburones y otras especies migratorias que corren el riesgo de caer en artes de pesca de las flotas industriales cuando están fuera de las áreas protegidas.

Mientras tanto, científicos como Salinas de León y Bessudo continúan estudiando a los tiburones y otras especies que son indicadores del buen estado del océano. “El objetivo final no es entender por entender, sino usar ese conocimiento para ayudar al manejo y asegurar que tanto los tiburones como el ecosistema se recuperen a un nivel óptimo de conservación”, concluye Salinas.

REFERENCIA

McKinley, S. J., Hansen, S. F., Fierro-Arcos, D., Cundy, M. E., Mossbrucker, M., Vianna, G. M. S., Suarez-Moncada, J., Hoyos-Padilla, M., Bessudo-Lion, S., Sala, E., & Salinas-de-León, P. (2025). Relative abundance and diversity of sharks and predatory fishes across marine protected areas of the Tropical Eastern Pacific. PLoS ONE, 20 (11), e0334164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334164

Foto principal: tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus) captados en Revillagigedo. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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