En Ecuador, a pocas semanas de que la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, promulgara la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, unos 30 guardaparques fueron despedidos. Con esta medida se debilita aún más la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que enfrenta el acecho de la minería ilegal, del crimen organizado y de una gran variedad de delitos ambientales. El Parque Nacional Galápagos es el área más afectada por los recortes, con unas 20 personas despedidas, de acuerdo a las fuentes consultadas por Mongabay Latam.

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Antes de la medida, el país contaba con 598 guardaparques para alrededor de 26 millones de hectáreas. A cada funcionario le correspondía el resguardo de unas 43 500 hectáreas, un área superior a la del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, el personal ya era insuficiente para resguardar las áreas protegidas, que se extienden por la selva amazónica, los Andes, los espacios marinos costeros y las islas Galápagos. “Los despidos son terribles, sigue habiendo una política de desmantelamiento del Estado. No me explico cómo reduciendo el personal dicen que van a mejorar el servicio”, dice Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente.

En julio último, unos 5000 funcionarios fueron despedidos de diferentes ministerios e instituciones públicas. Los recortes son parte del llamado Plan de Eficiencia Administrativa, que busca la reducción del gasto público y que también implicó la fusión de varias carteras de Estado, como la del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Es un contrasentido absoluto, es un clarísimo conflicto de intereses. Se fusiona el ministerio que más licencias solicita para actividades extractivas con el ministerio que entrega las licencias”, opina Granizo.

Tres semanas después del anuncio de la fusión, el 14 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto número 94, que ordena la fusión por absorción del MAATE por parte del MEM. La nueva denominación será Ministerio de Ambiente y Energía. La máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas, cargo ocupado por Inés Manzano, liderará la fusión.

Granizo recuerda que cuando fue ministro, entre mayo de 2017 y agosto de 2018, ya había problemas de eficiencia por falta de personal. Pone como ejemplo la revisión de pedidos de licencias ambientales, donde un equipo de 20 personas tenía a su cargo el trámite de miles de documentos. “Evidentemente, no daban abasto, pero a los ojos de la gente no se cumplía con el trabajo, es que no se puede si no hay recursos”, señala.

El caso de los guardaparques es aún más preocupante. No se enfrentan solo al control de extensas áreas de difícil acceso, sino que deben hacerlo con escasez de herramientas, equipos, vehículos o combustible, de acuerdo con Granizo. Esto sucede en un contexto de creciente violencia, que ha convertido a Ecuador en el país más violento de América Latina, según un informe de la organización Insight Crime.

Áreas protegidas sin personal

El resguardo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) requiere de al menos 5240 personas, una por cada 5000 hectáreas, de acuerdo con un dato que presentó Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, en una sesión de discusión del entonces Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Olsen también dijo que, según el estándar global, se necesitan 10 116 guardaparques y, según un estándar estricto, el equipo debería estar conformado por 26 200 funcionarios.

Mongabay Latam habló con un guardaparque de un área protegida continental y con un segundo guardaparque del Parque Nacional Galápagos sobre los despidos y sus impactos en la gestión de estos sitios de importancia para el país. Ambas identidades serán protegidas, ya que los funcionarios recibieron órdenes de no dar información a medios de comunicación, caso contrario, enfrentarían también el cese de sus funciones.

La información oficial es que 74 funcionarios con contrato permanente habrían sido despedidos de las áreas continentales, de acuerdo con el “Informe de la supresión de puestos fijos del MAATE”, al que accedió Mongabay Latam. Según el documento, 61 fueron despedidos por “duplicidad de funciones” y 13 por reducción presupuestaria. Del total, 10 funcionarios eran guardaparques o pertenecían a la Dirección de Áreas Protegidas. Funcionarios con contrato ocasional también fueron despedidos, pero el MAATE no aclaró cuántos ni de qué direcciones.

“Se ha preguntado a los directores zonales y a Quito, pero nadie conoce de dónde salieron los nombres de los desvinculados”, dice el guardaparques del continente. Entre ellos están la administradora de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y cuatro guardaparques del Parque Nacional Podocarpus. Las dos áreas están asediadas por la minería ilegal de oro. Si bien en Cofán Bermejo la actividad ilícita está principalmente en los bordes, en el Podocarpus se tomaron 50 hectáreas del corazón del parque hasta septiembre de 2024.

“La compañera de Cofán Bermejo tenía contrato de administradora, al despedirla, encargan el puesto a un guardaparque”, dice el guardaparque del área continental. Esto quiere decir que una persona que recibe un salario mensual de 733 dólares debe encargarse además de las tareas administrativas del área protegida, pero sin un incremento en su salario. Lo mismo habría sucedido en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, la Reserva Ecológica El Ángel y en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas.

Pero esto no es nuevo. El debilitamiento del Ministerio de Ambiente habría empezado hace al menos una década. El guardaparques del continente contabiliza al menos unos 19 casos anteriores en los que guardaparques han tenido que asumir la administración de las áreas protegidas sin ningún ajuste de sueldo, incluso en áreas de importancia global por su gran biodiversidad, como el Parque Nacional Yasuní.

También se despidió a funcionarios que lideraban importantes procesos para la conservación. Uno de ellos es un experto en el control de incendios, quien lideraba brigadas forestales en la Reserva Ecológica El Ángel, donde el problema es recurrente. Además, se despidió a dos especialistas de planta central que llevaban a cabo temas de género y capacitaciones para los guardaparques.

Galápagos, con poca protección

Otros 20 funcionarios, en mayoría guardaparques, habrían sido despedidos del Parque Nacional Galápagos (PNG), de acuerdo con Arturo Izurieta Valery, quien fue director del área protegida en tres ocasiones, la más reciente entre enero de 2024 y marzo de 2025. Mongabay Latam solicitó información oficial al MAATE y a la Dirección del PNG, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.

“Con la política actual, no va a ser posible recuperar las partidas”, dice el experto en manejo de recursos naturales, áreas protegidas y sostenibilidad. Antes de los recortes, señala, otras 24 partidas vacantes no se llenaron porque la gestión se enredaba en los ministerios de Trabajo y Finanzas.

Antes de los recortes, unos 300 guardaparques tenían a su cargo el control de 800 000 hectáreas terrestres del PNG, 14 300 000 hectáreas de la Reserva Marina Galápagos y 6 000 000 de hectáreas de la Reserva Marina Hermandad. “Ya estábamos recargados de trabajo. No se estaban haciendo algunas actividades porque no había la cantidad de gente necesaria. Ahora se hace menos. ¿Quién te puede obligar si no hay capacidad?”, se pregunta el guardaparque del PNG.

La actividad más afectada por la falta de personal, de acuerdo con el guardaparque consultado, es el control de animales y plantas introducidos, que ya alcanza las 1574 especies, de acuerdo con datos de la Fundación Charles Darwin. “Es el enemigo más brutal que tienen los ecosistemas insulares”, afirma Izurieta Valery. El ex director del parque dice que la protección marina, el control pesquero y las actividades de restauración también están afectadas.

Los guardaparques, de acuerdo con el funcionario de Galápagos, se dedican a registrar la entrada de visitantes a los sitios turísticos. Mientras tanto, se debilita el control al interior de estas áreas y en lugares alejados. “En lugar de poner dos guardaparques en un sitio remoto, algo que se hace por seguridad, ahora ponen a uno”, dice.

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Más allá de los discursos

El guardaparque del área continental espera que si la reducción de personal continua, algo que se avizora con la desaparición del MAATE, “al menos se enmarque en el orden jurídico establecido”. Es decir, que se transparenten y justifiquen las razones de los despidos.

Para su colega de Galápagos, “se requiere un cambio estructural en el manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. La reciente Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas “aparentemente”, dice Mejía, apunta a ese objetivo.

No obstante, también ha causado polémica, pues varias nacionalidades indígenas y organizaciones de derechos humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, debido a que se promulgó sin consulta prelegislativa y representa el riesgo de militarización de los territorios indígenas, vulneración del derecho a la propiedad y posesión de tierras ancestrales y violación del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con un comunicado de la organización Amazon Frontlines.

Uno de los puntos considerados positivos es que la ley establece la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Con esta entidad se busca mejorar la gestión, a través de un manejo descentralizado de recursos y la captación de fondos de organizaciones no gubernamentales, explica Tarsicio Granizo. “Que no quede en el discurso que los guardaparques son los mejores funcionarios, sino que se vean cambios sustanciales”, reclama uno de los guardaparques consultados.

Los trabajadores del área están buscando la elaboración de una ley para guardaparques, que asegure la profesionalización, pagos de acuerdo a la experiencia y antigüedad, contratos permanentes, protocolos de seguridad y otras medidas que velen por quienes protegen el patrimonio natural ecuatoriano.

Imagen principal: foto de archivo de un guardaparque en el Parque Nacional Galápagos. Foto: Asociación de Guardaparques del Ecuador

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

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Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

El artículo original fue publicado por La Región / Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“¿Quieren ir a pescar?”, es la primera frase que un operador turístico contactado por sus servicios pronuncia tras la pregunta de si realiza recorridos con yates en la Reserva de la Biosfera Islas Marías. En toda esta área natural protegida, ubicada en el océano Pacífico mexicano, las actividades pesqueras están prohibidas, incluida la deportiva, de acuerdo con el Programa de Manejo vigente desde agosto de 2022.

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“Allá se pueden tirar a arponear, podemos ir a buscar las tunas (atún) o podemos llegar a las piedras a tirar de fondo y agarrar cabrillas, pargos, diferentes especies. Podemos ir a hacer jigging (una técnica para pescar grandes depredadores y capturar especímenes de gran tamaño), son muchos diferentes tipos de pesca que podemos hacer”, comenta el operador turístico sobre sus servicios en la empresa Cabo Yacht World.

En la llamada hecha en febrero de 2025, esta persona, que administra yates para hacer recorridos en los alrededores de Cabo San Lucas y otras regiones del Pacífico, cuenta que usualmente cuando llevan turistas a Islas Marías utilizan un yate grande que llaman mothership, el cual arrastra una embarcación pequeña o panga. En el área protegida anclan el yate y los clientes bajan a pescar en la lancha.

Dos semanas después de la llamada, el operador turístico se comunicó por mensaje diciendo que ya tenía el permiso para pescar en Islas Marías, pero no contestó cuando se le preguntó cómo lo había obtenido y quién se lo había entregado.

Los hallazgos de este reportaje se suman a las sospechas por pesca ilegal en la Reserva Nacional Revillagigedo que Mongabay Latam reveló a inicios de abril, y por las cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó luego una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, confirmó a este medio que en esta área protegida se realiza pesca ilegal y que las embarcaciones para pesca deportiva son las más frecuentes.

“Aquí en la zona de Isla Madre, que es donde estamos nosotros, prácticamente no se acercan embarcaciones porque se tiene visibilidad vía terrestre. Pero en las otras islas, San Juanito, Magdalena, Cleofas, que están retiradas de aquí y donde no tenemos ojos, ahí seguido cuando salimos se llegan a ver algunas embarcaciones y se les invita a retirarse”, sostuvo.

“Un yate premium que supera todas tus expectativas”

“Tenemos un chef que ha trabajado en restaurantes de cinco estrellas y ese yate lo tenemos en 15 500 dólares por noche para ir a las Islas Marías, ya con comidas, bebidas, para pescar y con los permisos adecuados para poder pescar ahí. Mínimo serían tres noches y lo tenemos disponible para la última semana de marzo saliendo de Puerto Vallarta”, detalla por mensaje telefónico el operador de turismo.

La empresa Cabo Yacht World ofrece los recorridos en yates de lujo mediante Instagram, Facebook, X, YouTube y en un sitio web propio con información publicada sólo en inglés. Sin embargo, en sus publicaciones no aparecen los recorridos que realiza a las Islas Marías, sólo los que organiza en Cabos San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

“Ofrecemos alquileres de yates inigualables, donde podrás experimentar el encanto de aguas cristalinas en un yate premium que supera todas tus expectativas”, asegura en su página web.

Uno de esos yates premium es el Mardiosa, que comparte nombre y características con una embarcación con bandera estadounidense que registró 10 horas de esfuerzos de pesca aparente el 19 de abril de 2024 en la reserva, de acuerdo con Global Fishing Watch (GFW), una plataforma que muestra la actividad de pesca a nivel mundial.

Los esfuerzos de pesca aparente son la forma en la que GFW nombra aquellos eventos que se pueden clasificar como pesca posiblemente realizada. La plataforma identifica estos hechos mediante el análisis de los datos obtenidos con el Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) que tienen los barcos para transmitir su posición. Esta información, más otros datos como la velocidad del barco y los movimientos que realiza, son interpretados por el algoritmo para determinar si es o no una posible actividad de pesca.

Mongabay Latam se puso en contacto con el operador de turismo para recoger su versión sobre las afirmaciones hechas en la llamada telefónica. Al identificarnos como periodistas, el operador negó que la empresa Cabo Yacht World ofreciera servicios de pesca al interior de la reserva y pidió que nos comunicáramos con ella vía correo electrónico. Mongabay Latam escribió a la dirección indicada, pero hasta la publicación de este reportaje, la empresa no dio su comentario.

El Mardiosa no es un caso aislado. Mongabay Latam analizó la información satelital de las embarcaciones que ingresaron a la reserva en los últimos 10 años y comprobó actividades sospechosas de pesca en todos ellos. Esa información, además, fue cotejada con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a diferentes entidades de gobierno y testimonios de investigadores que han monitoreo la región por más de 20 años.

Solo en 2024, este medio identificó 10 barcos realizando actividades sospechosas de pesca al interior de Islas Marías, lo que fue confirmado por los analistas de GFW. De todos ellos, seis tenían bandera de México y cuatro de Estados Unidos. Además, cinco usaban red de cerco para capturar atunes.

El problema es de larga data, puesto que, a lo largo de una década, al menos un barco al año registró esfuerzos de pesca aparente en el área protegida. En 2016, el año con más registros, 17 barcos realizaron actividades sospechosas de pesca al interior de la reserva.

Estos datos, coinciden con la información recopilada mediante solicitudes a diferentes entidades gubernamentales que, al igual que las afirmaciones del director de la Reserva, confirma que la pesca ilegal es un problema en esta área natural protegida. Los testimonios de los investigadores apuntan a que esta actividad ha provocado la disminución de la lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie sujeta a protección especial; el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y diferentes tipos de tiburones.https://flo.uri.sh/visualisation/22732507/embed

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Incautaciones y detenidos por pescar ilegalmente en Islas Marías

En julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó mediante un comunicado sobre la incautación de cinco embarcaciones menores y un buque que transportaban equipo de pesca dentro de Islas Marías. Las embarcaciones llevaban redes de cerco para la captura de atún, alrededor de 200 metros de chinchorro (otro tipo de red), equipo de buceo, cañas de pescar y otros insumos.

Ese mismo año, Amílcar Leví Cupul Magaña, doctor en ciencias pesqueras y profesor de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vio tres pangas con instrumentos de pesca, conocidos como líneas, cerca de la Isla Cleofas, uno de los islotes de la reserva. También vio otras dos embarcaciones de pesca deportiva: una anclada y otra recorriendo una línea de pesca al lado oeste del islote.

“Del lado este de la isla, en una zona que está muy protegida, encontramos líneas y pedazos de redes. Hacia la costa tienes una parte rocosa donde llegan y se resguardan los peces, ahí hay muy buenos cardúmenes y es donde se acercan (las embarcaciones)”, comparte el profesor, quien ha explorado el archipiélago desde 2007.

A los datos del comunicado de Semarnat se suman los de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República, a quienes se les solicitó información mediante transparencia. Aunque a todas las entidades se les pidieron datos desde 2014, la mayoría sólo entregó de años recientes y la información que manejan es dispar.

La Oficina de Representación de Protección Ambiental en el estado de Nayarit y la Dirección General de Delitos Conmutaciones, Denuncias y Quejas, ambas de Profepa, registran un total de 19 denuncias por actividades de pesca en la reserva Islas Marías: siete en 2022, seis en 2023 y otras seis en 2024.

La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas de Profepa, en cambio, sólo tiene registradas tres embarcaciones que fueron identificadas realizando pesca ilegal en los últimos 10 años. Las tres fueron interceptadas en julio de 2023 y a una de ellas se le incautó una línea de pesca denominada “palangre” y un ejemplar de atún aleta amarilla.

La única información que entregó la Semar, una de las dependencias encargadas de vigilar la reserva, es que en 2023 detuvieron por pesca ilegal a cuatro personas. Se les incautaron aproximadamente 21 kilos de langosta azul (Panulirus inflatus), 61 kilos de caracol (aunque no especificó el nombre científico) y nueve kilos de lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie que está sujeta a protección especial por la Semarnat. Por estos hechos, un juez dictó una sentencia de tres años de prisión y multa de 83 422 pesos mexicanos (4 250 dólares), además de 10 570 pesos mexicanos (530 dólares) como reparación del daño.

La Conapesca, por su parte, informó que sólo una persona recibió una sentencia por pesca ilegal en el área protegida en 2023 y que en 2020 fue incautado un aparejo de pesca compuesto por una línea madre de aproximadamente 5 kilómetros y 45 anzuelos.

La Fiscalía General de la República tiene un registro más amplio: nueve personas fueron detenidas entre 2014 y 2019 por la probable comisión de delitos ambientales en Islas Marías.

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Protección en papel

La protección de Islas Marías tiene una historia de 25 años y desde el principio se consideró el resguardo de su biodiversidad, pero los datos y testimonios demuestran que esto no se cumple. El 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el archipiélago se declara área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera.

“Es un área muy rica en cuanto a biomasa y diversidad de especies, justamente por eso es que se estima y se procura que se mantenga como un área sin pesca”, dice Pablo Zamorano de Haro, el director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Once años después, el 10 de junio de 2011, se hizo público en el mismo diario federal el Programa de Manejo, que desde esa fecha se constituyó como el instrumento para regular el área. Esa primera versión permitía la pesca, pero sólo en algunos polígonos del área y únicamente para investigación científica y para el consumo de las personas que se encontraban en el Complejo Penitenciario Islas Marías. Esta prisión, construida sobre el archipiélago, se mantuvo activa hasta marzo de 2019.

Después del cierre del complejo fue necesario establecer nuevas reglas administrativas para ordenar las actividades que se podrían realizar en la reserva. Fue así que el 20 de agosto de 2021 se publicó una nueva versión del programa de manejo que estipulaba que toda el área marina de la reserva era considerada zona prohibida de pesca. La única excepción la tiene permitida el personal oficial que se encuentra en la reserva realizando tareas de administración y vigilancia. Ellos pueden pescar, pero solo para su consumo.

“Con la finalidad de conservar los ecosistemas marinos de la reserva de la biósfera la actividad pesquera no se permitirá bajo ninguna de sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), ya que ésta produce cambios en la estructura de los ecosistemas marinos, los impactos se deben a la afectación a las especies que coexisten con las especies objetivo, así como a la pérdida o abandono del equipo de pesca”, cita el documento. 

El programa de manejo fue actualizado una última vez en agosto de 2022, sin embargo, este nuevo texto mantiene la prohibición de pesca en sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), a excepción del autoconsumo que pueda realizar el personal de vigilancia.

“El programa de manejo dice que desde 2022 nada más es posible la pesca de autoconsumo y para el personal oficialmente destacado de Marina o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, confirma Zamorano de Haro.

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La pérdida de tiburones y otras especies

El doctor Amílcar Leví Cupul Magaña, quien también participó en la recopilación de información marítima para la versión del programa de manejo que fue publicada en 2011, cuenta que en 2014 visitó el mercado del pueblo pesquero La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, un municipio del estado de Nayarit. Ahí, asegura, pudo observar tiburones que habían sido pescados en Islas Marías.

“Eran como tres o cuatro ejemplares, los estaban pesando. Había tiburones toro (Carcharhinus leucas) y nodriza (Ginglymostoma unami). También vi peces loro (Scaridae) que están en riesgo y atún aleta amarilla (Thunnus albacares)”, comparte el investigador.

No era la primera vez que veía tiburones pescados en Islas Marías. En 2006 pudo observar cómo llegaban pangas a la Isla Isabel cargadas con tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), toro (Carcharhinus leucas), gata (Ginglymostoma cirratum) y martillo (Sphyrna lewini) que los pescadores habían atrapado en Marías. En fotos que tomó el investigador Pedro Medina Rosas ese año se ven tiburones grandes enteros y cortados a la mitad en embarcaciones pequeñas.

“No supimos de dónde eran (los pescadores), si de Sinaloa o San Blas (Nayarit), y decían que habían pescado en Marías. Algunos tiburones los tuvieron que cortar a la mitad para que cupieran a lo ancho de la panga para que imagines el tamaño de los animales”, comparte Cupul Magaña.

En fotos que el profesor de la Universidad de Guadalajara tomó el siguiente año, en 2007, se ven pescadores cortando tiburones martillo en Bahía Tiburoneros, en Isla Isabel, cercana a la reserva. En la arena, los hombres amontonan aletas y cabezas de los animales. El especialista asegura que los pescadores le explicaron que los habían capturado en Islas Marías.

Agrega que desde 2007 a la fecha, también ha observado una disminución de los peces cirujanos (Acanthuridae), que son importantes dentro del equilibrio ecológico de las islas, y de los peces herbívoros comúnmente conocidos como loros o pericos (Scaridae), que mantienen el equilibrio entre corales y algas.

“Le están pegando a los depredadores tope, pero también a la base, a los que sostienen la parte de la herbivoría del sistema. Se está haciendo un desequilibrio en ese sitio, por eso es que esta área a veces batalla tanto en recuperarse”, comenta el investigador.

“En islas María, la primera vez que fuimos, en 2010, pudimos observar que alrededor del 93 % de los arrecifes que monitoreamos se encontraban saludables. Observamos un sitio bastante bien conservado con muchos depredadores tope, es decir, todos esos organismos que controlan a otras poblaciones como es el caso de los pargos, los jureles y los tiburones”, cuenta Ismael Mascareñas Osorio, maestro en ciencias por la Universidad Autónomo de Baja California Sur e investigador en el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

En un segundo recorrido realizado en 2018, el investigador encontró un panorama distinto: en una de sus exploraciones pudo ver 50 o 60 conchas de lapa gigante depredadas, es decir, abiertas y consumidas. Esta especie está sujeta a protección especial por la Semarnat y al menos hasta 2023 se seguía pescando, según la información entregada por la Semar a Mongabay Latam.

“En Islas Marías hay de las últimas poblaciones naturales de lapa gigante, que incluso aparece en las ofrendas del Templo Mayor (el centro religioso más importante de la antigua ciudad de Tenochtitlan). Era una población que se distribuía por todo el Pacífico mexicano y que ahora la podemos observar nada más en ciertas islas de Islas Marías”, detalla el investigador.

Cerca de las lapas, Mascareñas Osorio encontró en el mar alrededor de 1200 ejemplares de caracol burro (Titanostrombus galeatus) con la marca de que ya habían sido consumidos: un orificio que se utiliza para extraer la pulpa.

También observó embarcaciones realizando pesca dentro de la reserva y detectó un patrón similar al descrito por el operador de la empresa Cabo Yacht World: embarcaciones grandes con ollas para cocinar recibían los caracoles recolectados por barcos más pequeños que se acercaban a los arrecifes. Además, fue testigo de otra técnica empleada entre Isla María Madre e Isla Magdalena, donde dos lanchas pescaban con papalotes o cometas.

“Es generalmente la (técnica) que utilizan para pescar tiburón u otros depredadores tope”, dice el investigador. Atan al papalote líneas de pesca y luego lo sueltan para que se eleve al cielo, explica el experto. Cuando el papalote baja es porque algún animal ha quedado atrapado en los anzuelos, detalla.

El programa de manejo vigente describe que en el archipiélago se han registrado al menos 23 especies de tiburón. Sin embargo, también menciona que la presión pesquera ha sido alta sobre muchas especies de peces, incluyendo tiburones, así como moluscos y crustáceos, principalmente en las zonas lejanas, donde la vigilancia es menor en comparación a la Isla María Madre.

“La relativa ausencia de tiburones de tallas grandes puede deberse a la histórica presión de una gran pesquería de tiburones en las cercanías del archipiélago, incluyendo la cercana isla Isabel, lo que se evidencia con diversas artes de pesca abandonadas en la zona”, cita el programa de manejo.

Además, agrega que “las evidencias indican que especies como el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y la lapa gigante (Scutellastra mexicana) han sido sobreaprovechadas, y podrían estar en peligro de extinguirse, de no establecer medidas que restrinjan su aprovechamiento con fines de recuperación de sus poblaciones”.

Octavio Aburto Oropeza, profesor investigador en el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, en San Diego, y quien ha realizado monitoreos en el Pacífico durante 25 años, también participó en las expediciones del archipiélago junto a Mascareñas Osorio en 2010 y 2018.

Asegura que la etapa en la que hubo más pesca ilegal en la reserva fue entre 2012 y 2018. Según menciona, ello se debería a que en 2012 la Marina dejó de patrullar la zona y la Secretaría de Seguridad Pública asumió esa responsabilidad, aunque no contaba con los medios necesarios para realizar las labores de vigilancia por mar, sobre todo en las islas más alejadas.

Esto coincide con los registros de GFW que indican que en la última década, los años con mayor número de embarcaciones involucradas en actividades sospechosas de pesca  fueron 2016, con 17 embarcaciones, y 2017, con 12.

“Más personas empezaron a oír que ya nadie vigilaba en Islas Marías y pasaron tres fenómenos: barcos atuneros cruzando el polígono, pesca artesanal a pequeña escala y pesca recreacional con arpones. Lo más importante de eso es que hay mucha gente que paga mucho dinero por hacer esa pesca y entonces tienes un barco grandote que no debería de estar ahí”, dice Aburto.

El investigador detalla que el patrullaje regresó a manos de la Marina en 2018, lo que provocó mejor vigilancia. Esto concuerda con los datos de GFW que muestran que el número de barcos realizando aparente pesca ese año en la reserva disminuyó a tres. El año pasado, sin embargo, volvió a aumentar a 10.

Aburto Oropeza asegura que uno de los fenómenos de pesca más importantes al que se le debe prestar atención es la que ofrecen empresas de turismo para que extranjeros puedan pescar en la reserva atunes o especies grandes, por cantidades muy altas de dinero, como hace Cabo Yacht World en sus yates de lujo.

“Son empresas que ya saben que pueden atraer a italianos u otros europeos que les gustan los atunes enormes y les cobras 3000 o 5000 dólares por cuatro días para buscar animales grandes en un lugar que no está tan sobrepescado como la mayoría”.

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Las condiciones geográficas lo permiten

El profesor Amílcar Leví Cupul Magaña explica que la pesca ilegal es posible en el archipiélago en parte por su distribución geográfica. La Isla Cleofas, en particular, es un punto vulnerable, ya que se encuentra alejada de la Isla María Madre, desde donde se realizan las labores administrativas y de vigilancia del área protegida. Esto permite que la pesca ilegal se realice sin ser detectada y las distancias facilitan que los pescadores huyan hacia las costas continentales antes de ser detenidos.

Para evitar la pesca ilegal, Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biósfera Islas Marías, coordina recorridos en los que se supervisan las islas alejadas de Isla María Madre, no obstante, menciona que sólo tienen una embarcación para realizarlos y hay escasez de gasolina.

“Nos falta el capitán de relevo, marineros y abastecimiento de combustible”. Además, “es muy complicado estar llevando la lancha al continente para que le den mantenimiento porque no tenemos aquí mecánicos”, agrega.https://flo.uri.sh/visualisation/22904547/embed

Zamorano de Haro considera que la mejor estrategia para evitar que siga la pesca ilegal en la reserva es utilizar avances tecnológicos para vigilar de forma remota. Para adquirir esos sistemas, no obstante, requiere de recursos económicos que por ahora no tiene.

“Lo vemos como una oportunidad para probar nuevas tecnologías: seguimiento en tiempo real, cámaras de alto alcance, radares, sin embargo, todo esto obviamente es una inversión fuerte. Tenemos que ir buscando alternativas y fuentes de financiamiento para esto”, dice.

El director asegura que tiene buena comunicación con la Secretaría de Marina, dependencia que sí tiene embarcaciones para hacer rondines, pero aún así la pesca ilegal sigue sucediendo. “Es muy complicado porque es una zona con muy buenos recursos, la gente quiere venir aquí a pescar y viene con todos los riesgos que esto pueda representar. Sí hay pesca, tampoco es que sea desbordante, pero sí es importante redoblar esfuerzos para evitarla”, comenta el encargado del área protegida.

El profesor Cupul Magaña considera que para evitar la pesca ilegal en la reserva es importante que se refuercen las actividades de vigilancia, tanto de la Conanp como de la Marina, lo que requeriría una mayor asignación de recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Las únicas noticias que oyes cuando hablan de presupuesto es que ya le van a recortar el 10, 20 o 30 por ciento a estas dependencias de gobierno. Debería ser todo lo contrario porque cuidan el capital natural de nuestro país y nos lo estamos acabando porque no tenemos la capacidad de manejarlo por falta de recursos”, asegura el investigador.

La oficina del comisionado de la Conanp informó a Mongabay Latam que la institución recibió un incremento presupuestal para este sexenio, que comenzó el 1 de octubre de 2024, aunque no detalló las cifras. El recurso actual asignado a esta institución —responsable de cerca del 13% del territorio nacional y 232 áreas naturales protegidas federales— es de 1001 millones de pesos (51 millones de dólares), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, frente a los 983 millones (50 millones de dólares) aprobados el año anterior. Aunque el aumento nominal fue de 1.83%, si se toma en cuenta la inflación, en términos reales esto representa una reducción de 2.4% respecto al presupuesto de 2024.

Gina I. Chacón Fregoso, coordinadora del informe Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2025, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), confirma que este monto fue aprobado y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. En su análisis, la coalición concluye que “a cada hectárea protegida se le está asignando un promedio de 10.2 pesos (0.52 dólares)”.

La oficina de la Conanp también destacó la existencia de alianzas internacionales consolidadas desde hace tiempo para ayudar a la Conanp, así como la actual articulación de estrategias como el cobro de derechos y acuerdos interinstitucionales compensatorios que, asegura, fortalecen tanto la conservación como el trabajo de las y los guardianes de las áreas protegidas.

En respuesta a si han considerado el uso de tecnologías de vigilancia remota en zonas de difícil acceso —como algunas de la Reserva de la Biosfera Islas Marías—, la Conanp indicó que con la Semar busca aplicar tecnológicas para mejorar el monitoreo de fauna, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en estas zonas protegidas. “En Islas Marías también trabajamos en conjunto para mejorar las condiciones”, agregó la dependencia. Sin embargo, la Semar no respondió las preguntas enviadas a su área de prensa sobre su estrategia de vigilancia en la reserva.

Frente a estos desafíos, el investigador Octavio Aburto Oropeza agrega que lo más importante para eliminar la pesca ilegal es lograr que las compañías de pesca entiendan que no solamente afectan a otras personas, sino que ellos mismos en un futuro no tendrán que pescar.

“Si se sigue pescando seguirán estos arrecifes el mismo camino que han seguido otros que básicamente se han quedado sin especies, sin diversidad, y que cada vez son más débiles ante los cambios que vemos en el clima”, concluye el profesor.

Edición: Michelle Carrere

Imagen Principal: el 12 de mayo de 2018, el profesor Octavio Aburto Oropeza y un buzo hallaron conchas de caracoles burro rotas por el consumo durante una expedición. Foto: Octavio Aburto Oropeza

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia las vías ilegales siguen dañando sus áreas protegidas. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se perdieron 525 hectáreas de bosque entre 2024 y marzo de 2025 debido a la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilícitos en la reserva. Además, en el resguardo indígena de Llanos del Yarí-Yaguará II, que está en el norte del parque, existen 22 kilómetros de vías ilegales, lo que provocó la pérdida de 856 hectáreas de su bosque. La invasión carretera es obligada por la ganadería y la presencia de grupos armados.

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Estos son los resultados de un reciente reporte elaborado por expertos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), bajo la colaboración de la organización ambiental Fundación para la Conservación y el Desarrollo Colombia (FCDS) y el apoyo financiero de la Fundación Overbrook, que revela que el Parque Nacional Chiribiquete se ve afectado por varias presiones de deforestación, como la expansión de caminos e infraestructura vial, la ganadería extensiva, la expansión de los pastizales, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos de coca, este último en menor medida.

Estas presiones a menudo interactúan, ya que los caminos de acceso facilitan la ganadería y la expansión de pastos, y a su vez facilitan el acaparamiento de tierras.

Luz Alejandra Gómez, líder de Análisis Geoespacial de FCDS Colombia, explicó a Mongabay Latam que en esta zona de la Amazonía colombiana hay presencia de grupos guerrilleros armados, con mayor presencia del Estado Mayor Central, que son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que las vías ilegales son aprovechadas por estos grupos para su desplazamiento. Además, la experta detalló que existen vías “bajo el bosque”, lo que obliga el asentamiento humano en estas tierras para implementar alguna actividad, como la ganadería extensiva o los cultivos ilegales de hoja de coca.

“La relación entre deforestación y vías es muy fuerte porque es mucho más fácil entrar y tumbar bosque donde ya hay una accesibilidad. Antes a la Amazonía se entraba por ríos, pero ahora es mucho más fácil y viable moverse por carretera. En esas zonas al haber grupos armados hay baja presencia del Estado colombiano, son zonas donde no es fácil que ingrese el Ejército o donde el Estado pueda hacer una gobernabilidad eficiente porque son territorios en disputa”, detalló Gómez.

La experta añadió que esta tendencia de áreas deforestadas puede incrementar si es que no hay control territorial por parte del Estado. Sin embargo, explicó que los mismos grupos irregulares ponen sus propias reglas para no deforestar mucho bosque. “Esa es la ley de la selva, son las leyes que los grupos armados ejercen, y claro, eso es muy vulnerable y la pérdida de bosque no se puede controlar. El Gobierno hizo esfuerzos, realizó intervenciones militares, ejecutó programas con las comunidades indígenas, pero no fueron efectivos porque no ha sido contra los grandes deforestadores”, destacó Gómez.

El estudio muestra que la mayor amenaza se presenta en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, en donde todo 2024 y parte de 2025 una carretera ilegal de 22 kilómetros se abrió paso para tumbar bosque de esa zona. La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación. Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia monte caído.

Las zonas afectadas del Chiribiquete 

En el caso del Parque Nacional Chiribiquete, el reporte de MAAP y FCDS revela que las vías ilegales, que están ubicadas en los departamentos de Caquetá y Guaviare, dejaron al menos 525 hectáreas de deforestación. En el sector de El Cayuma hay 189 hectáreas afectadas por la construcción de una vía de 45,3 kilómetros, mientras que en el sector de El Palmar hay una afectación de 179 hectáreas deforestadas y un camino de 21 kilómetros. Por último, en el sector Norte se deforestaron 148 hectáreas y existe una vía ilegal de 15.2 kilómetros.

Matt Finer, especialista senior en investigación y director de MAAP, detalló en diálogo con Mongabay Latam que es importante visibilizar la deforestación en estas zonas no solo por su impacto en los bosques primarios, la biodiversidad y los grupos indígenas, sino también por las reservas de carbono. En el informe se revela que el Chiribiquete es uno de los sumideros de carbono más importantes y significativos de la Amazonía.

“El reporte es para mostrar lo que está pasando en esta parte de la Amazonía, pero también es para advertir que si no avanzamos en los controles, la situación seguirá creciendo, ya que en Colombia ya tenemos casos muy graves de deforestación en parques nacionales”, afirmó Finer. “La deforestación en parques de Colombia es increíble, la deforestación es incontrolable con índices súper altos. Lo que estamos diciendo es que para evitar que el Chiribiquete sufra como en otros casos, como el parque Macarena, hay que mejorar las condiciones”, agregó.

El experto de MAAP acotó que el estudio sobre la reciente deforestación en el Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II destaca políticas clave, como el fortalecimiento de los procesos de investigación relacionados con el cumplimiento de la ley. “Es necesaria la sinergia entre los diversos actores para implementar acciones más integrales que minimicen los impactos negativos en la Amazonía”, dijo.

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Además, el estudio afirma que “reducir la deforestación y el impacto en los bosques debe ser parte de los acuerdos para el cese de hostilidades y el desescalamiento del conflicto entre el gobierno nacional y los grupos armados” y recomienda “monitorear y regular la inversión pública de todos los niveles de gobierno para reducir los incentivos públicos hacia la expansión de la ganadería como driver de la deforestación”.

Mongabay Latam solicitó una posición oficial a la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia para tener una percepción sobre la deforestación en el parque Chiribiquete. Hasta el cierre de edición de esta nota periodística no hubo respuesta de parte de esta instancia pública colombiana. 

Según Gómez, de FDCS, a las comunidades indígenas que buscaron resistir la deforestación las amenazaron y los líderes y lideresas del resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II tuvieron que desplazarse forzosamente en 2021. Ahora, la experta explicó que no existe resistencia en este resguardo indígena, por lo que el acceso a vías ilegales se da sin ningún tipo de problemas. Además, la experta informó que los equipos que realizaron el estudio en terreno tuvieron ciertos peligros debido a la presencia de los grupos irregulares armados. Sin embargo, no hubo afectaciones al personal humano.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunció recientemente que, después de que el país experimentó en 2023 su deforestación más baja en más de 20 años, la tala de bosques aumentó un 35 % en 2024. Además, esa cartera de Estado informó de un aumento de la tala de tamaño medio, lo que indica operaciones relativamente organizadas y financiadas.

En los últimos diez años, el 60 % de la deforestación en Colombia ocurrió en la zona de la Amazonía. Hubo un gran aumento en 2017 tras los acuerdos de paz con el grupo guerrillero FARC, y una disminución posterior en 2022 y 2023. En total, hubo casi 1 200 000 hectáreas de deforestación en toda la Amazonía colombiana en los últimos diez años.

Imagen destacada: las vías ilegales se incrementan en el Parque Nacional Chiribiquete de Colombia, lo que implica el aumento de la deforestación en la reserva. Foto: cortesía FCDS Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las iguanas de Galápagos lucen como seres prehistóricos. Su piel parece compuesta de escamas de piedra volcánica, su dorso está coronado por una hilera de espinas y sus dedos terminan en largas uñas curvas. Usan su cola como látigo para defenderse, pero eso no ha sido suficiente para evitar que traficantes las saquen del territorio ecuatoriano y las envíen a Norteamérica, África, Asia y Europa.

“Son apetecidas porque son especies únicas”, dice Christian Sevilla, responsable de conservación y restauración de ecosistemas insulares del Parque Nacional Galápagos (PNG). Cada una sería vendida por varias decenas de miles de dólares.

Decenas de ejemplares han sido exportadas e importadas entre países como Mali, Uganda y Suiza con permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de acuerdo con el artículo científico Trafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problemTrafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problem, publicado en Biological Conservation.

Pero Ecuador, el único lugar del mundo donde habitan estas especies, nunca ha permitido la exportación de ejemplares vivos, de acuerdo con Sevilla, uno de los autores de la publicación. Ni el parque nacional ni el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) han emitido permisos CITES para el comercio internacional de estas especies, se detalla en el artículo.

Mark Auliya, del Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio en la Biodiversidad, lideró a un grupo de expertos en reptiles y tráfico de especies para investigar cómo se legalizó algo prohibido: la exportación e importación de iguanas de Galápagos. El equipo revisó todo tipo de archivos y documentos, incluidos los de CITES y publicaciones en internet, sobre el comercio y el tráfico de estos especímenes.

“El mayor problema reside en la falta de verificación rigurosa por parte de los terceros países”, asegura Sevilla. Gran parte del comercio entre diferentes continentes se dio bajo la categoría C, de crianza en cautiverio, pero los autores señalan que los países que autorizaron la exportación o importación no comprobaron la procedencia de las madres y padres de las crías comercializadas.

Singulares iguanas de Galápagos

Las primeras iguanas llegaron a las islas Galápagos flotando en balsas de vegetación. Al encontrarse con condiciones diferentes a su lugar de origen, se especializaron a lo largo de millones de años. Así se originaron cuatro especies endémicas del archipiélago, tres de ellas son de tierra: iguana terrestre amarilla (Conolophus subcristatus), iguana terrestre rosada (C. marthae) e iguana terrestre de Santa Fe (C. pallidus).

La cuarta especie se volvió acuática, dando origen a la única iguana marina en el mundo (Amblyrhynchus cristatus) , explica Washington Tapia, biólogo especialista en diversidad biológica y coautor del estudio. “Hay evidencia”, dice, de que las iguanas amarillas y marinas “divergieron hace un millón de años”.

Aunque la iguana rosada fue descrita para la ciencia recién en 2009, esta especie se distinguió del ancestro común hace 3.5 millones de años. Se estima que unos 300 individuos habitan en un espacio bastante limitado del volcán Wolf, en la isla Isabela.

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la iguana rosada está En Peligro Crítico. Las otras tres son Vulnerables.

En 1959, Ecuador, motivado por la existencia de estas y otras especies únicas en el mundo, declaró la creación del primer parque nacional del país, protegiendo cerca del 97 % del archipiélago. En 1978, la UNESCO le dio el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, el primero en el mundo.

Se han implementado medidas locales, nacionales e internacionales para proteger la biodiversidad de las islas. Bajo la Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, la extracción de fauna o flora de las islas es una infracción administrativa muy grave. El tráfico de especies está penado en Ecuador con hasta tres años.

Las especies también están protegidas bajo las regulaciones de CITES. Las cuatro iguanas de Galápagos constan en el Apéndice II de la Convención, que permite el comercio internacional siempre que la autoridad CITES de cada país otorgue el permiso de exportación. Y en la falta de esa autorización ecuatoriana radica el problema del comercio internacional de estos singulares reptiles.

El mecanismo para capturarlas es una incógnita

Los autores del artículo no han podido indagar sobre cómo los traficantes capturan a las iguanas. Sevilla explica que 300 guardaparques se enfrentan al reto de controlar los 8000 kilómetros cuadrados terrestres del Parque, 143 000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina Galápagos y 60 000 kilómetros cuadrados adicionales de la Reserva Marina Hermandad.

“Sospechamos que los traficantes tienen ayuda de gente que conoce cómo manipular estos individuos”, dice Tapia. Es que manejar estos reptiles no es fácil. Golpean con la cola y si eso no funciona, intentan morder.

La extracción de iguanas rosadas es aún más sorprendente porque solo guardaparques que van a realizar tareas de manejo de la especie e investigadores con autorización del Parque pueden entrar al volcán Wolf, una zona remota y agreste.

“Hay personas que ingresan ilegalmente”, dice Sevilla. Las cámaras trampa colocadas en el área para monitorear y proteger la especie han captado a personas caminando en los alrededores. Esto fundamenta la sospecha de que habitantes de Galápagos, que conocen estos sitios, están involucrados en el tráfico, aunque no se ha identificado a ningún responsable.

El artículo recoge que un alemán y un mexicano fueron arrestados por intentar, en 2012 y 2015 respectivamente, sacar de las islas individuos juveniles de iguanas terrestres y marinas. Su talla pequeña puede facilitar esconderlas, empacarlas y transportarlas en mayor cantidad, asegurando mayores ganancias.

Además, a diferencia de los adultos, los juveniles se adaptarían mejor al cautiverio y serían más activas en términos reproductivos. También existe el beneficio de que en caso de una inspección, las autoridades acepten con mayor facilidad que provienen de la reproducción en cautividad.

El comercio se habría legalizado mediante “lavado”

En 2010, una unidad canina detectó en el aeropuerto de Galápagos a dos iguanas marinas vivas y a una tortuga marina muerta en un compartimento secreto de un paquete. El responsable huyó de la escena y no fue detenido. Sevilla enfatiza que el tráfico de especies, así como el tráfico de drogas o personas, busca sobrepasar todos los controles, por lo que los casos detallados en el artículo son solo los detectados.

La publicación apunta a que el comercio internacional de estas especies pudo haber comenzado ese mismo año, con la “exportación ilegal” de dos iguanas terrestres y otras dos iguanas rosadas desde Mali a Suiza, luego de su extracción de Ecuador. Sin embargo, en los documentos los datos son contradictorios, lo que refleja posibles irregularidades. Por ejemplo, la base de datos de CITES documentó que Suiza reportó la importación de solo dos iguanas terrestres de Galápagos. Después, en 2012, Suiza registró la importación de otras tres iguanas marinas también desde Mali.

Todas las iguanas fueron etiquetadas con la “C”, de crianza en cautiverio, aunque los autores comprobaron que Mali nunca reportó importaciones de estas especies. “Parece que estos animales pudieron haber sido contrabandeados desde Ecuador, eventualmente a Mali, donde fueron ‘lavados’ al declararlos como reproducidos en cautiverio para exportarlos a Suiza”, se lee en el artículo.

En 2014, Suiza emitió permisos CITES para la exportación a Uganda de cuatro iguanas terrestres y dos iguanas marinas. Así, a ojos de los autores, el país europeo concretó la “legalización de estos animales”.

“Se supone que los estados parte de la CITES tienen la obligación de verificar el origen legal de cualquier espécimen, pero en este caso llama la atención que ninguno de los países consultó a Ecuador sobre el origen de los ejemplares”, observa Tapia.

Mongabay Latam consultó su postura a Mali, Suiza, Uganda y la Secretaría de Medios de CITES, pero hasta el cierre de este artículo, solo contestó un representante de Uganda. “No puedo compartir información, discutir o responder a historias no investigadas e inventadas en los medios de comunicación”, respondió vía correo electrónico George Owoyesigire, oficial principal de Vida Silvestre del ministerio de Turismo, Vida Silvestre y Antigüedades del país africano.

Uganda sería el centro de operaciones

Entre 2017 y 2023, Uganda reportó la exportación de 64 ejemplares, la mayoría catalogadas como “reproducidas en cautiverio”, a excepción de una. Los destinos principales fueron el este y el sudeste asiático. De manera contradictoria, los importadores que comercializaron con Uganda declararon recibir 47 individuos, 17 menos que lo documentado por el país africano.

El artículo señala otras presuntas irregularidades. En 2019, Sudán declaró la reexportación procedente de Uganda de dos iguanas terrestres, pero el último país no registró el envío en sus exportaciones.

Ese mismo año, las autoridades CITES de Uganda reportaron la exportación a Japón de cuatro iguanas marinas. Pero Japón sólo ha registrado la importación en 2015 de cuatro iguanas marinas supuestamente reproducidas en cautiverio y provenientes de Mali.

En 2022, tras el envío de dos ejemplares de Uganda a Corea del Sur, los dos países usaron el código “F”, para animales reproducidos en cautiverio que no cumplen con los criterios de CITES.

Los autores de la publicación también hallaron pistas que enlazan a un ciudadano estadounidense-finlandés con varios hechos relacionados al tráfico y comercio de reptiles. En 2010, fue condenado a 15 semanas de prisión por intentar contrabandear geckos desde Nueva Zelanda. En 2012, una foto publicada en Facebook lo mostraba junto al ciudadano mexicano que fue arrestado en 2015 por intentar extraer iguanas de Galápagos con destino a Uganda.

El estadounidense-finlandés, además, encabeza el CTC Conservation Center en Lukalu, Uganda, que alberga iguanas de Galápagos terrestres y marinas. Otra foto publicada en Facebook, pero esta vez en 2022, muestra a esta persona junto a un tailandés, que en al menos dos ocasiones usó sus redes sociales para ofrecer crías de iguanas de Galápagos, y a un alemán identificado como traficante de reptiles.

Retos para proteger a las iguanas de Galápagos

Tapia explica que mientras en otros lugares los grandes mamíferos herbívoros cumplen con el rol de ingenieros de ecosistemas, en Galápagos, las iguanas y las tortugas son las principales dispersoras de semillas. Además, controlan la vegetación, que crea las condiciones para que otras especies prosperen en el ecosistema.

Por eso, el tráfico de estas especies puede provocar un gran daño en el archipiélago. También se pueden dar daños irreversibles a las poblaciones de estas especies únicas. “Si alguien saca 10 iguanas rosadas, el impacto sobre la población sería alto. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población”, dice Tapia.

En 2010, el Grupo de Examen Científico CITES de la Unión Europea emitió una “opinión negativa” para impedir la emisión de permisos de importación de iguanas de Galápagos. Sin embargo, de acuerdo con la publicación científica, Suiza continuó importando y exportando estas especies. La decisión fue confirmada en 2020.

En marzo de 2022, la autoridad CITES de Ecuador presentó un documento informativo en la reunión del Comité Permanente de la Convención en el que señaló que la expedición de permisos CITES para estos animales “de origen ilegal” y su supuesta descendencia criada en cautiverio “socava la integridad” del sistema de permisos del Apéndice II.

Actualmente, dice Sevilla, el Ministerio de Ambiente de Ecuador está trabajando en una propuesta para que las iguanas de Galápagos salgan del Apéndice II y se incorporen al Apéndice I, que ofrece mayor grado de protección. De esta manera se busca evitar el transporte de las especies que ya están fuera de Ecuador.

“El mayor desafío va a ser la cancelación retroactiva de los permisos ya emitidos y la confiscación de los ejemplares comercializados”, sostiene el funcionario del Parque Nacional Galápagos. A pesar de que este objetivo se concrete, a Tapia le preocupa la dinámica del mercado ilegal de especies: “Mientras haya demanda, siempre habrá alguien que genere la disponibilidad. Hay personas con mucho dinero interesadas en incluir estas especies a sus colecciones privadas”.

Referencia

Auliya, M., Nijman, V., Altherr, S., Tapia, W., Ariano-Sánchez, D., Catu, J., Colosimo, G., Gentile, G., Gerber, G., Grant, T., Henningheim, E., Hughes, A., Knapp, C., Lieberman, S., Malone, C., Pasachnik, S., Petrossian, G., Sevilla, C., Sosnowski, M., Weissgold, B. (2025). Trafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problem: CITES permits, laundering and the role of transit countries in Europe and Africa. Biological Conservation.

Foto principal: una iguana marina toma sol sobre una playa rocosa. Foto: cortesía Jonathan Green / PNG

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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