En el análisis de los avances en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los departamentos de Caquetá y Putumayo, evidenciamos obras implementadas en departamentos distintos, pérdida del enfoque étnico, de género, comunitario y territorial, y valores distintos para los mismos proyectos; así como el cumplimiento parcial de las iniciativas con proyectos que abarcan sólo parte de lo que las comunidades propusieron. También encontramos casos en donde los mismos beneficiarios se repiten en más de cinco proyectos, los cuales no concuerdan con las iniciativas. Estos son algunos de los hallazgos que nos muestran que, quizás, el PDET no va como lo pintan.

Las subregiones PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y PDET Putumayo tienen un aproximado a 6.550 iniciativas, 3.438 en Putumayo y 3.112 en Caquetá y Algeciras, Huila. De acuerdo con la base de datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han cumplido con 4.964 iniciativas a enero del 2023, mientras 1.367 se encuentran en preparación. Según los datos de la ART, a enero del 2023 se habría implementado el 75.7% de estos PDET, una cifra ciertamente alentadora.

Pese a este panorama, organizaciones sociales del Caquetá y Putumayo vienen señalando fallas en el funcionamiento del PDET. Para algunos, este instrumento se ha convertido en “nuestra desilusión”, así lo afirmó Farid Murcia, miembro del grupo motor del Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, durante el conversatorio sobre posibilidades para la participación comunitaria en los PDET, desarrollado el 25 de abril del 2023.

Una de las causas de la desilusión son por lo menos cinco incongruencias en el reporte de implementación. A continuación se presentan algunos ejemplos:

1. Información errada:

Durante el proceso participativo de formulación de las iniciativas en el PDET Putumayo, las comunidades plantearon la necesidad de resolver la titulación de baldíos en un radio de 2.500 mts alrededor de áreas de explotación de recursos no renovables en Villagarzón, Putumayo. Paradójicamente, esta iniciativa se da por cumplida con un proyecto financiado por una alianza público-privada sobre regularización de baldíos en el municipio de Cantagallo, Bolívar.

Lo mismo sucede con cuatro obras que se realizaron en el municipio de Puerto Rico, Meta y que reportan en el cumplimiento del PDET de Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteña.

2. Proyectos distintos para los mismos beneficiarios

En el municipio de Puerto Asís existen siete proyectos que tienen diferente identificación, pero atienden a los mismo beneficiarios y objeto: dotar e instalar 207 sistemas fotovoltaicos en las comunidades indígenas Ksxa´w Nasa (40 familias); Kwe´sx Kiwe Ksxa´w (67 familias);  Yu´Luucx (64 familias); Kiwnas Cxhab (100 familias); Sa´t Tama (19 familias); Nasa Cxhab (31 familias); Nasa Fxiw (32 familias).

Los proyectos 30970, 30971, 30972, 30973 y 30977 por un valor de $78.546.210 cada uno, buscan el objetivo arriba mencionado. Por su parte, el proyecto 20191301010137 financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de $19.080.294.357, busca la instalación de sistemas fotovoltaicos en el departamento e incluye, entre otros, también a estos mismos beneficiarios. Como si fuera poco, el proyecto con identificación 33021 tiene el mismo objeto, por un valor de $48.336.109.

Es decir, parece que para la instalación de 207 paneles solares se hubieran implementado siete proyectos diferentes, seis de ellos destinados exclusivamente a ello y un proyecto macro en donde se incluye esta iniciativa. No es claro en este caso, la destinación específica de cada proyecto.

3. El mismo proyecto con valores distintos

En el seguimiento realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) hemos encontrado proyectos que, entre una y otra base de datos, cambian de valor, por ejemplo con la base de datos de obras implementadas en marzo del 2022, el proyecto 30773, relacionado con el fortalecimiento comunitario para el mejoramiento de la vía que conduce a la vereda El Loro 1 en Valle del Guamuez; costó $218.662.699. Luego, el mismo proyecto en la base de datos remitida en enero del 2023, tuvo un costo de  $327.673.235.

Caso similar es el de la iniciativa 18206 que tiene como objeto el “Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de una caseta comunal en la vereda la Cabaña del municipio de Puerto Asís Putumayo”, la cual, según base de datos del 2022, fue implementada por Fundación Panamericana Para el Desarrollo FUPAD por un valor de $31.599.784; mientras en la base de datos del 2023 aparece como ejecutada por la Unión Temporal Guanga por un valor de $55.382.071.

Lo mismo sucede con varios proyectos que cambian de valor, a pesar que se reportan como obras implementadas en el 2022. En este caso, cabría la posibilidad de adiciones presupuestales a último momento o luego de la implementación, lo que genera dudas sobre los mecanismos de verificación y control.

4. Proyectos que desconocen el componente territorial y participativo de las comunidades

En el departamento del Caquetá se han encontrado proyectos que desconocen la complejidad de las iniciativas propuestas por las comunidades. Un ejemplo es la iniciativa 618610303970 del municipio de San José del Fragua, en este caso la descripción busca la implementación de tecnologías que permitan mejorar las líneas productivas del municipio como el sector frutero, cárnico, panelero, del caucho, los granos, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la ART fue un proyecto para el mejoramiento de la competitividad de 1.400 productores de leche en el departamento del Caquetá.

En este mismo sentido, identificamos cerca de 35 iniciativas que, en su transformación en proyectos, limitaron el enfoque étnico, de género y comunitario, pues, aunque tengan una relación mínima con la iniciativa, se asocia a su cumplimiento.

En efecto, existe una inversión muy importante en proyectos que no responden a la complejidad de las descripciones de las iniciativas, evidenciando una respuesta no integral por parte de la ART. Aquí se evidencia que la ART no tiene mecanismos para una comprensión amplia de las iniciativas, ni herramientas que le permitan  medir el impacto sobre iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, desde una perspectiva cualitativa.

5. Proyectos que desconocen el enfoque étnico

Ejemplo del desconocimiento del enfoque étnico es el proyecto 40683, que responde a la iniciativa 1186320215151 del municipio de Orito. En este caso, el proyecto busca fortalecer la línea productiva de caña de azúcar, sin que ello implique atender  los usos y costumbres de la comunidades indígenas Embera Chamí , Nasa, Awá, Pastos, Siona, Kofan, Pijao, Kamentsa, Yanaconas y las comunidades Afro, como lo propone la iniciativa. De esta forma, se borra de un tajo el enfoque étnico en la implementación.

Lo mismo sucede con el caso del proyecto que busca fortalecer la competitividad de 1.400 productores que integran el sector lácteo, pues se asocia al cumplimiento de la iniciativa 618094296794 del municipio de Belén de los Andaquíes, en donde se busca fortalecer el valor nutricional de las familias de la comunidad del Resguardo Indígena La Cerinda.

En este caso se evidencia la unión de dos falencias, un proyecto que no tiene relación con la iniciativa y el desconocimiento del enfoque étnico en la implementación.

Así las cosas, las cuentas no cuadran…

Estos posibles hallazgos plantean serias dudas sobre las cifras de implementación del PDET en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De hecho, intentamos crear una herramienta de seguimiento a este instrumento, pero simplemente no fue posible. Las comunidades en la práctica se ven relegadas al rol de observadores o beneficiarios; en algunos casos, se quedan con sus denuncias de desviación de recursos e incumplimientos, sin que nada pase.

Como antes lo ha señalado la Asociación Ambiente y Sociedad, la participación de las comunidades es limitada, pues no existen herramientas de verificación de cumplimiento de las iniciativas, las organizaciones por lo general no conocen los contratos o convenios, menos si estos son privados, de cooperación o de obras por impuestos.

Así las cosas, la información disponible de proyectos y cumplimiento de iniciativas no permite hacer un balance real del avance en la implementación del PDET, lo que, sumado a las falencias en el reporte deja entrever que el PDET no va como lo pintan.

Por Mary Sofía Bernal Mosquera, Internacionalista de la Universidad del Rosario*.

La carrera por la vacuna es frenética entre los laboratorios de Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia. Las grandes potencias tienen claro que el Estado que logre abanderarse de la inmunización, podría posicionarse como la mayor hegemonía biotecnológica del mundo.

Ha habido tensiones diplomáticas por la adquisición de las vacunas. Entre Francia y Estados Unidos por la pre-compra de este al laboratorio Sanofi de París. Con China y Rusia, a quienes han acusado de espionaje a las investigaciones científicas desarrolladas en el país norteamericano.

Luego está la potencia económica para acceder a la vacuna. Como señala Set Berkley, director ejecutivo de GAVI: “Hemos notado el peligro de que las vacunas sean adquiridas por los países ricos y que no haya suficientes para el resto del mundo” (MIT Tecnology Review, 2020). Esto parece inevitable.

Clint Hermes, especialista en ensayo de vacunas, no se hace ilusiones: “Puede que no sea justo que algunos países compren antes que otros, pero eso es lo que probablemente suceda. No creo que nadie espere que Estados Unidos envíe la vacuna a Angola antes de que llegue a Arkansas”.

Para Hermes, el dinero hará la diferencia: “El verdadero reto con el acceso equitativo es cómo hacer que funcione. Los especialistas en ética pueden sentarse en una sala y decidir quién obtiene qué y en qué orden, pero nada de eso importa a menos que haya un mecanismo de financiación” (MIT Tecnology Review, 2020).

¿Y América Latina? La región no es ajena a la competencia entre las grandes potencias. Brasil tiene alianza con la Universidad de Oxford (AstraZeneca) para la producción de la vacuna y, por otra parte, el mayor opositor del presidente Bolsonaro, Joao Doria, gobernador de Sao Pablo, está apostando por la vacuna china para su testeo y posterior producción, lo que supondría una batalla entre el país asiático y Reino Unido por los avances en Brasil.

De México las noticias son mixtas.  De un lado, el Secretario de Relaciones Exteriores confirmó a la revista Forbes que la vacuna rusa Sputnik 5 será aplicada en ese país como parte de los ensayos clínicos y sede de producción. De otro, gracias a un acuerdo de la Fundación Slim con AstraZeneca, México y Argentina se proponen producir “entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil”.

Algunos países de la región han avanzado en acuerdos con Rusia, según medios, aunque hay sospechas mundiales por la celeridad de su vacuna.  El célebre Anthony Fauci, de EE.UU., lo ha resumido: “Preparar una vacuna anti-COVID-19 no es lo mismo que demostrar que es segura y eficaz” (Geographic, National, 2020).

¿Y Colombia? Según el Ministerio de Salud, se están manejando dos mecanismos para acceder a la vacuna: i) negociación multilateral, con la participación del gobierno en la alianza Covax liderada por GAVI, organización sin ánimo de lucro y cuyo principal fundador es Bill Gates, compuesta por más de 150 países para lograr administrarle la vacuna a un 20% de la población.

Y ii) la negociación bilateral, a través de alianzas directas con los laboratorios de Estados Unidos, como Pfizer, y de Reino Unido, AstraZeneca, con los que existen acuerdos de confidencialidad.

Sin embargo, es claro que enfrentamos el mismo peligro que el resto de mundo: estas negociaciones no garantizan que las vacunas sean completamente seguras, además, la información reservada sobre el desarrollo de las vacunas genera muchas incertidumbres.

En resumen, la evidente rivalidad entre China y Estados Unidos durante el siglo XXI, se está reforzando en el mundo del coronavirus. El sistema estructural de las relaciones internacionales podría sufrir una transformación que será definida por quien logre consolidarse como hegemonía biotecnológica.

Entre tanto, la aspiración de regresar a la normalidad es eso y el autocuidado sigue siendo la única “vacuna”.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 4: Cultura, identidad y comunicaciones. Iniciativa 2: Comunicaciones estratégicas. Proyecto: Nuevas plumas.