El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Juan Camilo Caicedo Cruz conoce el clima de su territorio. Siente venir la lluvia. El sol, picante e intenso rebota en la laguna que queda junto a su casa y llega hasta él, ocasionando más calor y sofoco.

-Va a llover-, dice.

A los 15 minutos empezaron a caer las gotas en el techo de la casa.

-Eso se siente venir-, afirma.

De barba, camiseta manga larga, botas pantaneras de caucho y un carisma arrollador, recuerda sus años de minero y cazador. Un día le estaba apuntando a una danta o tapir (Tapirus terrestris) y la vio asustada, con ganas de huir, lo que hizo que bajara la escopeta. Desde ese momento cambió su vida.

Su casa es de madera y está rodeada de mangos, plátanos, limones, mandarinas, cacao y café. Vive con su compañera Diana Escobar Hernández, en la Reserva Natural Matabambú Lagunas, ubicada en la vereda Caño Evaristo, en Mapiripán, al sur del departamento del Meta. La transición entre la Orinoquía y la selva amazónica colombiana.

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Mapiripán y la deforestación

Mapiripán es un pueblo detenido en el tiempo. Para llegar hasta allí, dependiendo de la temporada salen uno o dos buses cada día a las 6 o 7 de la mañana desde Villavicencio, capital del Meta, y se demora aproximadamente 10 horas en llegar a su destino, si la carretera está en buen estado. Más de 12 horas si ha llovido y la trocha es difícil de transitar.

El recorrido cambia antes de llegar a Puerto Concordia, al sur del Meta, muy cerca de San José del Guaviare, donde en 2024 se perdieron más de 16 906 hectáreas de bosque. Allí se desvía de la carretera principal, que es pavimentada, e inicia un camino destapado donde aparecen las palmas de aceite sembradas a lado y lado. Para 2020 eran más de 5600 hectáreas, en Mapiripán, según Global Forest Watch.

También hay reses, pastizales grandes, linderos, niños y niñas indígenas de las etnias sikuani o jiw que van a sus casas luego de estudiar. El bus se mueve de un lado a otro, tratando de evitar los huecos encharcados donde se puede quedar atascado: si sucede, si el barro logra detener la flota, es posible que se necesiten hasta tres buses, por lo general de la palmicultora Poligrow, para sacarlo de la tierra.

Global Forest Watch registra que en Mapiripán, entre 2001 y 2024, el 95 % de la pérdida de cobertura arbórea se produjo en zonas donde la principal causa es la deforestación. En 2023, fue considerado el segundo municipio de Colombia más deforestado según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con 5660 hectáreas. En 2024 esa cifra aumentó a 7400 hectáreas y en el segundo trimestre de 2025 Mapiripán se mantiene como uno de los municipios más afectados.

La plataforma Global Forest Watch también registra “50,933 alertas de deforestación en Mapiripán entre el 15 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025, cubriendo un total de 630 ha de las cuales 29% fueron alertas de alta confianza detectadas por un solo sistema y 11% fueron alertas detectadas por múltiples sistemas”.

Las vías ilegales crecieron exponencialmente, tal como lo documenta una investigación periodística de Mongabay Latam, donde se hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales, comprobando que en el municipio existen 11 ramales de vías ilegales que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud.

La mayoría de estas hectáreas deforestadas se utilizan para ganadería y el embalaje de la producción de los cultivos de palma. En este contexto, es donde se encuentra Matabambú Lagunas, un lugar especial y estratégico en términos de conservación ambiental y del territorio. Desde el 4 de marzo, el matrimonio hizo la solicitud formal para ser Reserva Natural de la Sociedad Civil, la cual se encuentra en la última etapa y espera recibir el aval pronto.

Las reservas naturales de la sociedad civil son “parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo”, según Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Aventuras en las lagunas

En Matabambú Lagunas amanece a las 5:30 de la mañana. Juan Camilo Caicedo dice que cuando el sol sale más intenso y los colores son más fuertes, los pájaros vuelan más y la hora adecuada del avistamiento es a las 6:00 de la mañana. Pero cuando el día empezó nublado, “a los pájaros les da pereza”. Se trata de un bosque inundable de 700 hectáreas y dos lagunas que suman 960 hectáreas, donde hay diversidad de especies, entre ellas pirañas (Serrasalmus rhombeus) y toninas o bufeos (Inia geoffrensis), estas últimas catalogadas como “en Peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

Después del tinto (café) del día, Caicedo inicia el primer recorrido para verificar que las aves hayan comido el cebo colocado estratégicamente alrededor de la casa el día anterior. Explica que hay que darles comida de manera responsable y adecuada, para no perjudicar su dieta natural.

El segundo recorrido es hacia el corral de cerdos, con la particularidad de que el alimento para ellos son las semillas que caen de las palmas africanas, gracias a un acuerdo al que llegaron con un productor local. Por detrás de la casa hay cajas donde las abejas tenían su hogar pero que se perdió por una inundación.

Unos pasos adelante está el bosque donde se hace observación de aves. Este es uno de los principales atractivos para hacer turismo de naturaleza, investigación científica u observación por hobbie. Como persona jurídica, la organización tiene el nombre de Fundación Lagunas Adventure y se ha posicionado no sólo en el país sino también a nivel latinoamericano en el avistamiento de aves. Tanto en el Global Big Day, cuando estos animales migran de norte a sur, como en el October Big Day, de este año, cuando migran de sur a norte, esta esquina de Mapiripán es el Hotspot o sitio de interés que registró los niveles más altos de Colombia con 216 aves en el primero y 146 en el segundo.

Existe un protocolo para el avistamiento y el registro de las aves en el celular con las aplicaciones de Ebird y Merlín Bird ID. Se hacen listas de las especies que pasan por allí, se fotografían, al tiempo que se camina despacio, con respeto, sin perturbar. Los observadores se comunican con la mirada, con los gestos del cuerpo, con la sonrisa.

Un lugar con un potencial de biodiversidad sorprendente

Diana y Juan Camilo evidencian el éxito de sus esfuerzos de conservación por ejemplo, en el incremento de peces en las lagunas y de águilas pescadoras (Pandion haliaetus). “Antes veíamos un águila máximo dos veces a la semana. Ahora ya vemos tres águilas todos los días cazando en la mañana, al mediodía, y al finalizar la tarde. Antes venían dos nutrias o perros de agua de manera esporádica y muy rápida, eran muy esquivos; ahora vemos seis, siete u ocho muy serenamente”, cuenta Escobar.

Mariela Osorno, bióloga, e investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), concuerda con el potencial gigantesco que tiene la Reserva Natural Matabambú Lagunas. Durante el segundo semestre de 2025, la experta hizo parte de la Expedición BIO al sistema lagunar y fluvial del bajo río Guayabero y alto río Guaviare – Naturaleza, Paz y Territorio -BIOGUAVIARE-.

Viajaron desde el Raudal de Angosturas, en San José del Guaviare, hasta la vereda Caño Evaristo, donde está Matabambú Lagunas. En total son ocho veredas (núcleos) donde se realizaron ejercicios de ciencia ciudadana y en los cuales las comunidades compartieron conocimientos, apoyaron actividades logísticas y participaron en procesos de monitoreo.

A lo largo del sistema lagunar y fluvial en los ocho lugares de la expedición, se documentaron especies pertenecientes a 492 familias, 1 351 géneros y una diversidad que abarca plantas, hongos, termitas, hormigas, aves, reptiles, anfibios, mamíferos grandes y pequeños, peces, macroinvertebrados, microalgas, microorganismos y bacterias.

Entre los resultados se destacan 43 especies migratorias, que usan los humedales de la zona explorada como rutas biológicas clave; 13 especies amenazadas, fundamentales para estrategias de conservación; 12 especies endémicas, exclusivas de esta región del país y 19 especies introducidas, lo que no es precisamente una buena noticia pero es información necesaria para el manejo y el control. Aunque la deforestación en estos territorios es alta, la investigadora hace énfasis en que estos ocho núcleos están muy bien cuidados “y alojan una biodiversidad muy significativa para la ciencia”.

Matabambú Lagunas es un lugar que le sorprendió a Osorno, sobre todo por su diversidad de anfibios. “Allí encontramos unas cosas realmente muy sorprendentes en términos de biodiversidad. La mayor cantidad de este territorio son bosques inundables, entonces el potencial que tienen allí es enorme”, relata.

Según la científica, este lugar “es muy bueno para avistamiento de cachirres (Caiman crocodilus) y de anfibios en paseos nocturnos”. La metodología consiste en salir de noche, desde las seis de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. “En un recorrido sólo de tres horas, o sea, la mitad del tiempo, puedes encontrar más de 15 especies en Matabambú, al lado de la casa. Es algo sorprendente”, cuenta la experta de Sinchi.

La especie que más le sorprendió a Osorno encontrar al lado de casa, como si fuera la mascota de la pareja Caicedo Escobar, fue la Phyllomedusa vaillantii, “una rana que es absolutamente atractiva en términos de su belleza y tú la escuchas cantar y la ves caminar y trepar de un árbol a otro”.

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Acuerdos comunitarios para proteger las lagunas

La tierra donde está la reserva Matabambú Lagunas era de la familia de Juan Camilo Caicedo desde los años 80, pero por el conflicto armado se desplazaron forzadamente una década después. Mapiripán cuenta con 5866 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y allí, en julio de 1997, el municipio fue epicentro de una masacre cometida por paramilitares que dejó cerca de 50 personas muertas y 511 familias desplazadas forzadamente.

La familia Caicedo regresó en 2019, después de un proceso de restitución de tierras y empezó un pequeño proyecto de apicultura. Desde entonces ha construido una forma y un estilo de vida donde trabajan la tierra y conservan la naturaleza. Entre 2022 y 2023 empieza la pareja empieza propiamente la consolidación de la reserva natural y el trabajo de recuperación y defensa del territorio.

Diana Escobar cuenta que Matabambú Lagunas tiene dos pilares: «El de turismo rural, sostenible, de naturaleza, y comunitario; y el de preservación, conservación de la biodiversidad, justicia, reconciliación ambiental y restauración natural”. Para poder consolidar este proyecto de protección de la naturaleza, tuvieron que entablar diálogos, conversaciones y llegar a acuerdos con sus vecinos y vecinas de la vereda Caño Evaristo, de la mano de la Junta de Acción Comunal.

Los acuerdos consisten en “no permitir la caza y la pesca predatoria, la extracción de carbón, orquídeas, y madera”. Antiguamente, antes de 2023, los recursos de esta región los utilizaban personas externas para su beneficio económico: “Se internaban tres o cuatro días a sacar bultos de pescado, bultos de carbón, bultos de orquídeas y a sacar madera de manera incontrolable. Ya uno sabía porque venían con sus mallas, sus anzuelos, sus recipientes de icopor [poliestireno expandido] grandísimos”, recuerda Escobar. Eso no volvió a suceder y por ello la restauración natural es evidente.

Turismo comunitario para proteger la naturaleza

Franklin Novoa es un joven integrante del Club de Observadores de Aves de Mapiripán (Coam). Iba a lo que hoy es la reserva a hacer avistamiento, desde antes de que la familia Caicedo regresara. Esto hizo que articulara con ellos y empezaran a proyectar este lugar para hacer turismo comunitario.

Uno de los aspectos importantes sobre la transformación del territorio, para Novoa, es quitar el estigma que tiene Mapiripán debido a sus dinámicas de violencia y conflicto armado. “El ambiente también es víctima y ahora, a través de las aves, a través de la conservación y a través de un turismo sostenible y comunitario, podemos hacer posible que las personas encuentren nuevas formas de ingresos [económicos] que no afecten el ecosistema”, dice Novoa. Desde 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró al ambiente como víctima del conflicto armado de Colombia.

La investigadora del SINCHI está de acuerdo con el joven oriundo de Mapiripán. “Para que la gente haga un turismo de naturaleza bien hecho tiene que partir de un fortalecimiento organizativo de las comunidades para que todas las personas participen con diferentes actividades”. Dentro del turismo de naturaleza, según la científica, se pueden prestar diferentes y diversos servicios, no sólo el avistamiento de aves, sino también el avistamiento de anfibios y el senderismo “pero eso requiere que las comunidades realmente se fortalezcan en torno a la actividad y se generen soluciones y no perjuicios”.

La bióloga ornitóloga y profesora de la Universidad de los Llanos, Andrea Morales, también concuerda con el gran potencial para el aviturismo y el turismo de naturaleza que tiene Matabambú Lagunas. Aunque sólo ha estado una vez en la reserva, sus estudiantes sí han ido con frecuencia, sobre todo en 2025, y por eso sabe que el lugar se ha ido transformando para realizar ejercicios de ciencia ciudadana que posteriormente le sirven a ella como investigadora.

En una estantería de la casa de Matabambú Lagunas, hay dos libros: Avicultura Colombiana y Aves del Guaviare, una explosión de colores. Diana Escobar y Juan Camilo Caicedo quieren tener uno de estos libros con las especies de aves del norte amazónico, de Mapiripán. Estuvieron en la COP16 en Cali en 2024 y en la COP30 de Belém do Pará en Brasil. Todavía siguen esperando la última fase para que Matabambú Lagunas sea constituída formalmente como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Mientras conversábamos en la mesa de su casa, Juan Camilo Caicedo saltó sorprendido porque un bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) se estaba asomando en el agua. No lo podía creer, aunque una persona extraña a estas tierras no comprenda el por qué de tanta emoción. Llamó a su pareja y tomaron los binoculares para comprobar lo que estaban viendo. “Eso es otra señal de la recuperación de la laguna”, concluyó.

Imagen principal: Diana Escobar “pajareando”, en términos más técnicos, realizando avistamiento de aves y ornitología recreativa. Foto: Simón Zapata Alzate.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ruidos en las copas de los árboles tropicales de América revelan la presencia de innumerables animales. En lo más alto, reptiles que pueden alcanzar los dos metros de longitud y pesar hasta 10 kilogramos se mueven con una agilidad que no se corresponde con su tamaño y que no llevaría a pensar que también habitan cerca de cuerpos de agua porque son excelentes nadadores.

Las iguanas verdes (Iguana iguana) poseen colores llamativos y habitan desde el sur de México hasta el norte y centro de Sudamérica. A pesar de ser lagartos grandes, suelen ser tranquilos y solo recurren a sus grandes garras, y a una cola que da fuertes y veloces latigazos, cuando se sienten atacados.

Se trata de un animal que además tiene importantes roles ecológicos: “Los juveniles consumen frutos, hojas, flores y ocasionalmente algunos insectos, mientras que los adultos son casi completamente herbívoros. Dispersan semillas a través de sus heces, pero un estudio de 2015 en los bosques secos del desierto de la Tatacoa [en Colombia] demostró que también pueden transportar las semillas adheridas al hocico”, comenta Sandra Patricia Galeano, investigadora adjunta del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt en Colombia, y añade que es un reptil que se encuentra en el medio de la cadena trófica, por lo que controla el crecimiento de muchas plantas y a la vez forma parte de la dieta de muchos vertebrados.

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A todas las virtudes de la iguana verde se suman características físicas como una cresta que va desde el cuello hasta la cola, una distintiva escama lisa debajo del tímpano y un aspecto prehistórico que la ha convertido en objetivo claro del mascotismo desde hace muchos años. Además, las hembras adultas pueden poner unos 30 huevos por nidada cada año y, mientras más viejas, el número aumenta: incluso hasta llegar a los 60 o 70, según los especialistas.

Todas las condiciones llevaron a que este reptil fuera una de las mascotas exóticas preferidas en varias partes del mundo cuando aún no existían normas fuertes que prohibieran la tenencia de animales silvestres. De hecho, a pesar de su alta tasa de reproducción, en 1977 la iguana verde fue incluida en el Apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), debido a riesgo de sobreexplotación. Estar en este apéndice significa que la especie no está en peligro de extinción inminente, pero su comercio internacional se regula estrictamente para evitar que lo alcance.

Esta protección ha logrado su objetivo: hoy la iguana verde se encuentra catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sin embargo, su comercialización trajo una consecuencia fatal para la conservación de la biodiversidad: se ha convertido en especie invasora en varios países y muchos de ellos son islas del Caribe donde sus efectos han sido devastadores.

Una expansión acelerada

José Luis Herrera, miembro del Grupo Especializado de Iguanas de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y gerente de proyectos en la organización Island Conservation, comenta que la iguana verde llegó a Florida, Estados Unidos, a finales de la década de 1970, posiblemente en un cargamento de materiales y alimentos proveniente de Cuba, mientras que a principios de los setenta se empezaron a generalizar los registros en Puerto Rico.

La explicación de cómo este reptil se propagó rápidamente es simple. “Se cree que fue principalmente por el comercio para el mercado de las mascotas. Las traían juveniles, las personas las compraban y ellas luego crecían y crecían. Ya era muy difícil tenerlas en cautiverio o en una jaula, así que la gente iba al bosque más cercano y las liberaba”, comenta Herrera.

La historia de la llegada a otros países caribeños, como Dominica, ocurrió mientras esta isla vivía una tragedia: “Llegó mediante un barco estadounidense con ayuda alimentaria después del huracán María en 2017. El Gobierno claramente estaba más pendiente de proveer alimento, agua y suplir todas las necesidades básicas de su población que del tráfico ilegal”, dice Herrera y asegura que hoy la iguana verde se encuentra en toda la isla.

Según los investigadores, el éxito colonizador de este reptil en las islas del Caribe se debe a varias razones, entre ellas su gran adaptabilidad, hábitats naturales modificados, expansión urbana, falta de depredadores naturales y una alta tasa reproductiva, entre 30 y 40 huevos por camada, con un éxito de eclosión que puede llegar a superar el 90 %.

“La iguana verde es un reptil arbóreo, grande, mayormente herbívoro y con una movilidad amplia. Suele encontrarse en los bordes de bosque y al lado de ríos y humedales. En Puerto Rico no había ningún otro organismo que hiciera eso porque en la época colonial se extinguió una iguana terrestre que ocupaba ese nicho. Así que cuando la iguana verde llegó aquí, encontró un espacio vacío”, dice Carlos Andrés Rodríguez, herpetólogo que ha investigado extensamente a la iguana verde en Puerto Rico. Para colmo, comenta el investigador, hacia 1930 la isla llegó a un nivel de deforestación de casi el 94 %, por lo que hoy hay bosques “nuevos” llenos de especies invasoras. “Y la iguana verde está dispersando semillas tanto nativas y endémicas como de árboles y plantas invasoras”.

Sandra Galeano añade que este animal es buen invasor en zonas donde no hay depredadores ni competidores, y que si los hay, su comportamiento territorial le da mayor ventaja para establecerse y expandirse.

María Piedad Baptiste, investigadora principal del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt, menciona que hay tres elementos clave para que una invasión biológica sea exitosa: que existan vías de introducción, que el sitio al que llega la especie sea vulnerable y que el invasor tenga unas características particulares, por ejemplo, una rápida reproducción y adaptabilidad. “Si se reúne ese conjunto de factores, tenemos ese cóctel perfecto para que la especie pueda establecerse, aumentar sus números y dispersarse”.

La gallina de palo, como también llaman a la iguana verde en Puerto Rico, se benefició inicialmente de las liberaciones deliberadas que hicieron quienes las tenían como mascota y desconocían el enorme problema que causarían. Después, dice Rodríguez, la expansión urbana y la creación de espacios abiertos, como carreteras y zonas de construcción, facilitaron su anidamiento y proliferación.

Como si esto fuera poco, se han expandido al llegar en embarcaciones o flotando sobre troncos de árboles después de huracanes. De hecho, existen registros de 15 iguanas verdes que sobrevivieron al huracán Marilyn en 1995 y llegaron a Anguila, provenientes de Guadalupe, luego de navegar cerca de 300 kilómetros durante varias semanas. Su metabolismo lento les permitió sobrevivir sin comida durante ese tiempo.

“La observación directa de I. iguana colonizando Anguila demostró en tiempo real la viabilidad del rafting de larga distancia sobre el agua como mecanismo para poblar islas marinas”, indica un artículo publicado en la revista PNAS en marzo de 2025.

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Los estragos de una invasión

Los efectos de la invasión en las islas del Caribe van desde la competencia por recursos con especies nativas, la hibridación con otras especies de iguana y la transmisión de enfermedades a otros animales, hasta millonarias pérdidas económicas debido al ataque a cultivos y obras de infraestructura.

Luego de que las iguanas verdes llegaron a Anguila, empezaron a reproducirse con uno de los lagartos locales, la Iguana delicatissima que se encuentra en Peligro Crítico de extinción.

Carlos Rodríguez menciona que la iguana verde también ha logrado hibridarse con iguanas de otro género como las Cyclura. “Hay una gran preocupación en muchas de las islas del Caribe que tienen iguanas endémicas porque, a nivel genético, podrían perder sus especies a través de la hibridación”.

La proliferación de este animal invasor también ha traído otros problemas graves, dice Rodríguez, ya que beneficia las poblaciones de otros depredadores —gatos y perros ferales, así como otros invasores como la mangosta—que atacan fauna nativa y ven en los huevos y juveniles de la iguana verde una oportunidad de alimento.

Investigaciones recientes en Puerto Rico muestran que este reptil se ha convertido en un voraz depredador de cultivos como el pepino y la lechuga, generando pérdidas económicas para los agricultores.

Estas pérdidas también han afectado el turismo: “Cuando las personas vienen a hacer avistamiento de aves, hay áreas donde ya no hay la cantidad de aves que se esperaban, debido a la presencia de iguanas verdes que depredan los polluelos o los huevos en los nidos”, menciona José Luis Herrera.

Ni siquiera la infraestructura se escapa de los daños. Las madrigueras debilitan diques, carreteras y otras estructuras. Rodríguez asegura que para hacer sus nidos, las hembras buscan áreas arenosas expuestas al sol que permitan mantener temperaturas que ronden los 30 grados centígrados. “Las hembras van a estar excavando a los lados de las carreteras o los cimientos de los edificios”.

Incluso, destacan Rodríguez y Herrera, las iguanas verdes son consideradas un factor de riesgo de impacto en los aeropuertos de San Juan, Puerto Rico y el de Miami, Estados Unidos. “Invaden el área de aterrizaje y despegue para calentarse. El aeropuerto de San Juan tiene un equipo de personas cuyo trabajo principal es identificarlas y retirarlas para evitar accidentes”, dice Rodríguez.

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Enfrentando un ataque poderoso

Países caribeños y estados como Florida en Estados Unidos llevan décadas tratando de controlar y mitigar los impactos de la iguana verde en sus territorios. Los investigadores tienen claro que erradicar al animal es prácticamente imposible ahora, pues la especie está establecida y se ha dispersado ampliamente.

“Si en el momento que se detectó el primer foco de incursión de la iguana en el aeropuerto de Miami y sus áreas cercanas se hubiera actuado rápido, se hubiera evitado esa expansión y la historia sería distinta”, dice Herrera. Para él, en los lugares donde hay un riesgo mediano o alto de llegada de la iguana aún es posible aplicar medidas de prevención, detección temprana y respuesta rápida, las cuales forman parte de un programa de bioseguridad básico para evitar que las poblaciones se establezcan.

Las medidas que se aplican actualmente en Puerto Rico son de control. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha decretado a la iguana verde como una especie que puede poner en peligro la economía, permitiendo a los dueños de propiedades y agricultores eliminarlas legalmente. También se le ha permitido a una compañía procesar carne de iguana para exportación, aunque el mercado todavía es bastante limitado.

Carlos Rodríguez lleva años investigando cómo enfrentar la situación y ha desarrollado algunas estrategias de manejo humanitario y mitigación de daños. Una de ellas es la siembra estratégica de árboles y arbustos nativos en áreas de anidamiento, de manera que se genere sombra para bajar la temperatura del suelo, haciendo que las iguanas abandonen esos sitios y que no sean aptos para la eclosión de los huevos. También se han realizado cosechas de huevos en zonas importantes de anidamiento de la iguana, lo que ha permitido recolectar cerca de 48 000 huevos en 18 años para reducir la reproducción.

Otra de las acciones ha sido colocar bloques y ladrillos con cemento a un metro de profundidad en los lados de las carreteras o rellenar áreas con roca triturada y alambre para evitar la excavación de las hembras.

Por otra parte, se ha considerado inundar los nidos para bajar la temperatura y que se pudran los huevos o aumentarla hasta que se cocinen por dentro. Sin embargo, dice Rodríguez, eso genera afectaciones para otros organismos, pues la iguana ya forma parte de la cadena trófica.

“Si no mantienes una frecuencia de remoción más alta que la cantidad de individuos que puede traer cada camada de reproducción, vas a tener un programa de control de por vida. Por eso es tan difícil realmente remover las especies invasoras una vez que las poblaciones se establecen”, afirma Herrera.

Mientras se barajan acciones para mitigar los impactos de este herbívoro invasor en el Caribe, países como China ya han manifestado su preocupación por la expansión de la iguana verde en Asia.

En un artículo publicado en diciembre de 2025 en la revista Environmental Conservation, investigadores advierten que China, como signataria de CITES, designa a la iguana verde como fauna silvestre protegida bajo la ley doméstica, prohibiendo su caza o muerte no autorizada. “Este estado protegido crea una paradoja, planteando amenazas ecológicas significativas mientras salvaguarda legalmente la especie. A diferencia de otras especies invasoras establecidas en China, incluyendo la tortuga semiacuática Trachemys scripta elegans y el caracol de agua dulce Pomacea canaliculata, la iguana verde es relativamente nueva en la China continental y, por lo tanto, existe baja conciencia de sus riesgos ecológicos”, se lee en el documento.

María Piedad Baptiste comenta que CITES promueve el uso legal y la conservación de las especies en su distribución natural. Sin embargo, cuando una especie se sale de su ámbito natural y se convierte en invasora, insta a los países a generar o tener en cuenta reglamentaciones internas para controlar, por ejemplo, la tenencia de mascotas y prevenir la dispersión de especies.

“Mantener a la iguana verde en el Apéndice 2 de CITES es una buena acción siempre y cuando los países establezcan medidas de prevención, detección temprana y respuesta rápida para evitar que sus poblaciones se sigan dispersando [fuera de su hábitat natural] y sigan colonizando sitios nuevos”, enfatiza Herrera.

Que China elabore normas y políticas internas para enfrentar la expansión de la iguana verde se convierte en un asunto urgente dado que es un país crítico tanto para el comercio legal como ilegal de especies. Por ahora, los expertos insisten en que la mejor arma para enfrentar a las especies invasoras es la prevención. “El aprendizaje aquí es que a las especies invasoras hay que atajarlas cuando llegan. Y si se puede antes de que lleguen, mejor todavía”, concluye Rodríguez.

Imagen principal: ejemplar juvenil de iguana verde. Foto: cortesía Carlos Andrés Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Entre los fríos oleajes del Pacífico y el pulso cálido de las ciudades latinoamericanas se extienden playas turquesas que atraen tanto a ballenas migratorias como a visitantes. Pero estas costas también han estado acumulando un viajero no deseado: botellas plásticas, uno de los rastros más persistentes de la contaminación marina.

Centroamérica —donde coinciden altas densidades poblacionales e infraestructura limitada de gestión de residuos— alberga algunos de los sitios más contaminados de la región, según una nueva investigación publicada en Journal of Cleaner Production. “Es la primera vez que un estudio que analiza origen y abundancia cubre una sección tan amplia del Pacífico latinoamericano”, dijo el coautor Ostin Garcés-Ordóñez, científico marino del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian en Maryland. “Analizamos botellas de ciudades, playas continentales e islas, lo que nos permitió ver patrones de contaminación que no habíamos observado antes”.

Cientos de científicos ciudadanos en México, Centroamérica y Sudamérica participaron en la investigación liderada por Garcés-Ordóñez y la red chilena Científicos de la Basura, rastreando de dónde provenían las botellas y qué revelaban sus trayectorias sobre la contaminación regional. Trabajando con científicos y educadores locales, los participantes recolectaron botellas de playas, ríos e islas cercanas en 10 países.

En Costa Rica, donde solo cinco de los 84 municipios cuentan con instalaciones que separan residuos reciclables de los no reciclables, el coautor Juan Manuel Muñoz-Araya, científico marino y coordinador del acuario en el Parque Marino del Pacífico, organizó a decenas de estudiantes para recolectar cerca de 5000 botellas a lo largo de la costa.

Juntos catalogaron miles de botellas y tapas: algunas con etiquetas desteñidas por el sol; otras, sin etiquetas. Algunas estaban brillantes e intactas, con marcas reconocibles como Coca-Cola y PepsiCo. “Ver los productos internacionales ayudó a que los jóvenes entendieran que forman parte de un esfuerzo científico internacional”, dijo Muñoz-Araya. “No solo están limpiando una playa”.

Cada botella fue registrada por científicos ciudadanos, quienes anotaron su condición y elementos identificadores como logotipos, códigos de barras e idioma. Las botellas etiquetadas en español y producidas por empresas regionales se atribuyeron a fuentes locales, mientras que aquellas con idiomas asiáticos sugerían orígenes internacionales.

Más de la mitad de las botellas que se originaron dentro de Costa Rica fueron arrastradas por los sistemas fluviales desde centros urbanos, incluido San José, hacia las costas rurales. El resto probablemente recorrió océanos enteros: las botellas con etiquetas en chino o japonés probablemente viajaron miles de kilómetros, transportadas por corrientes del Pacífico que atraviesan rutas marítimas comerciales, explicó Garcés-Ordóñez.

En Panamá, aproximadamente el 60 % de las botellas eran extranjeras, lo que revela cómo las rutas de navegación, especialmente a través del Canal de Panamá, contribuyen a la contaminación. Este patrón refleja lo observado en islas como las Galápagos en Ecuador, donde con frecuencia aparecen botellas provenientes de Asia, particularmente de China.

En el estudio, las islas acumularon constantemente más botellas extranjeras que las costas continentales. Esto podría deberse a que muchas islas están más cerca de rutas marítimas importantes y reciben una exposición más directa a los vientos y a las corrientes. Ubicadas en zonas donde convergen grandes corrientes del Pacífico, algunas islas actúan como trampas naturales que interceptan desechos flotantes que, de otro modo, permanecerían dispersos en el mar.

Los hallazgos regionales reflejan una crisis mayor que se desarrolla en los océanos del mundo. Globalmente, más de 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresan al mar cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una cifra que podría triplicarse en las próximas dos décadas.

Aunque estas cifras muestran la magnitud del problema, los investigadores también lo aterrizan en la costa, revelando cómo la contaminación plástica está profundamente entrelazada con la infraestructura local. El consumo de bebidas embotelladas suele surgir de un acceso poco confiable al agua potable, explicó Garcés-Ordóñez. En regiones sin sistemas municipales funcionales, las bebidas embotelladas se vuelven una fuente esencial, pero ambientalmente costosa, de hidratación.

Grandes barreras educativas impiden que muchos municipios latinoamericanos operen sistemas de reciclaje eficientes, explicó Salma Terrazas, de Ecolana, una startup mexicano dedicada a facilitar el acceso al reciclaje. “Una gran parte de la población no sabe lo que es la cadena de reciclaje en México, solo llega al proceso de que alguien se lleva su basura, pero desconoce a dónde va o qué hacen con ella”, dijo. “Esto hace que los residuos se entregan revueltos, sucios y limita más el proceso de reciclaje”.

En algunos países latinoamericanos, la devolución de botellas ya incluye compensación económica. Ampliar estos incentivos podría aumentar la participación y reducir la contaminación marina, añadió Garcés-Ordóñez. “La recomendación principal es implementar un sistema estandarizado de botellas plásticas retornables que puedan devolverse en cualquier país y a cualquier empresa”.

REFERENCIA
Garcés-Ordóñez, O., Ergas, M., Baeza-Álvarez, J., Honorato-Zimmer, D., López-Xalín, N., Vásquez, N., … & Thiel, M. (2025). Abundance, provenance, and characteristics of plastic beverage bottles in human settlements and on beaches of the Latin American Pacific region: a citizen science study. Journal of Cleaner Production, 521, 146234.

Imagen principal: clasificación de botellas plásticas recolectadas en Costa Rica para su análisis. Foto: cortesía Juan Manuel Muñoz-Araya.

El artículo original fue publicado por Olivia Maule en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

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Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

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Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

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La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los llanos orientales de Colombia, la unión de tres reservas naturales de la sociedad civil ha servido para hacerle frente a la deforestación y a la degradación de los ecosistemas. Lo han hecho plantando más de 20 000 árboles nativos y creando corredores biológicos. El proyecto, llamado el Triángulo del Puma, ha logrado el avistamiento de cerca de 300 especies de mamíferos y aves y ha permitido que pumas (Puma concolor), dantas (Tapirus), chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), entre otros, transiten libremente por la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacias.

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El Triángulo del Puma está ubicado en la cuenca alta del río Yucao, en las veredas Matazul-Yucao, La Ema y La Serranía en Puerto López, Meta. Y recibe su nombre no solo en honor a este felino que es la especie sombrilla —aquella que requiere de grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural y funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema—, sino a la figura que forman las reservas Yurumí, El Amparo y La Reseda.

En la Orinoquia confluyen las sabanas colinadas, los bosques de galería y las zonas de humedales, todos ecosistemas clave para la protección de la biodiversidad. Es por eso que en el Triángulo del Puma, según el Reporte Bio Orinoquia del Instituto Humboldt, se sembraron más de 20 000 árboles en colaboración con Cormacarena —autoridad ambiental en la región— y se proyectó el trazado de corredores biológicos mediante sistemas de información geográfica.

Esto, según el informe, para proteger algunas especies que habitan allí como la nutria gigante o nutria del Amazonas (Pteronura brasiliensis), categorizada como especie En Peligro según la Lista Roja, además del mono nocturno de brumback (Aotus brumbacki), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), el tapir terrestre o tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris), el armadillo gigante (Priodontes maximus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tigrillo o gato tigre (Leopardus tigrinus), todas en categoría Vulnerable.

Esta iniciativa nació en 2018 de la unión y la preocupación de habitantes del Meta por proteger y promover la biodiversidad. Juan David Gutiérrez, director de la Reserva Natural El Amparo, cuenta que “en un trabajo por fortalecer lazos con las comunidades de las veredas aledañas, nos unimos con dos reservas más para crear una iniciativa de la sociedad civil que incentiva hacer corredores biológicos que nos conecten. Esto especialmente porque ahora somos zona de amortiguamiento del Nuevo Parque Natural Manacacías”.

Según Paola Campo, directora de la fundación y reserva natural Yurumí, en la región hay varias amenazas para los ecosistemas, como el avance de la frontera agroindustrial, la degradación de ecosistemas, el conflicto entre humanos y felinos, la fragmentación del paisaje y la pérdida de bosques. En el Triángulo del Puma han apostado por actividades de avistamiento y monitoreo de aves, promoción de la ganadería sostenible y la restauración participativa del territorio como formas de contrarrestar esas amenazas.

Quitándole el estigma al puma

La Orinoquía colombiana está llena de colonos que han llegado desde otras zonas del país. Cuando la familia de Juan David Gutiérrez se trasladó a los llanos orientales desde Bogotá, la región era principalmente ganadera y los conflictos entre los habitantes y el puma eran constantes. Los ganaderos acusaban al animal de matar a su ganado y hacían jornadas para cazarlo.

Aunque hoy en día la amenaza no ha desaparecido, los participantes del Triángulo del Puma se han dedicado a implementar estrategias antidepredatorias para disminuir los conflictos entre el animal y los habitantes de las veredas. Una de ellas es la promoción de la ganadería sostenible, una alternativa en la que por medio del cerramiento de potreros, el suministro constante de agua para las vacas y la conservación de cierto porcentaje de los árboles, se contribuye a la protección del medio ambiente y del ganado.

“Hay que hacer una transformación en la mentalidad y una inversión económica que no ha sido fácil. El llano ha sido culturalmente de ganadería extensiva, con poco cuidado del medio ambiente. Entonces se han hecho cambios de manera lenta, no solo para controlar el conflicto con el puma, sino también para que la gente vea los beneficios que trae el programa de ganadería sostenible”, asegura Gutiérrez.

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto López, de las 17 338 hectáreas que abarca el Triángulo del Puma, 2099 se catalogan como determinantes en protección, 2097 como protectoras forestales y 2400 como área de interés paisajístico y productivo (entre ellas la ganadería sostenible).

Intentar un cambio en la actividad ganadera fue una de las primeras resistencias con las que se encontraron los dueños de las reservas cuando decidieron socializar el Triángulo del Puma a sus vecinos. A la gente de las demás fincas les generaba desconfianza la iniciativa. “Pero en la medida que avanzamos, hemos podido mostrar las ventajas. Poco a poco van cediendo, se requiere de mucho trabajo en este punto”, asegura Martha Morales, dueña de la reserva La Reseda.

Por otra parte, Paola Campo explica que el recelo de los vecinos se relacionaba, en gran medida, con el temor y odio que le tenían al puma.

Según el informe Felinos de la Fundación Omacha, la percepción negativa hacia estos animales está influenciada por la fuerte presión humana a los paisajes en los que habitan. “Los modelos productivos conllevan a una fuerte transformación de las coberturas naturales e introducción de especies de fauna y flora exóticas. Estas nuevas aproximaciones generan percepciones hacia los felinos como depredadores de animales domésticos y una amenaza a la seguridad de las personas en las zonas rurales donde humanos y felinos comparten los ecosistemas”.

Juan Manuel Cardona Granda, ingeniero forestal con maestría en manejo forestal de la Universidad de Chile, explica que es necesario romper con el estigma hacia el puma, ya que es una especie que regula las poblaciones de todas sus presas, impidiendo su crecimiento excesivo y manteniendo el equilibrio en sus hábitats. Además, su presencia es un indicador del buen estado de conservación de los ecosistemas.

Cardona Grana añade que “al proteger el puma se protegen muchas plantas de su hábitat. Si logramos asegurar que el puma permanezca en la zona, los árboles y otros animales, por más pequeños que sean en la cadena alimenticia, se preservan, se propagan y se controlan”.

Para el informe Felinos, la iniciativa del Triángulo del Puma se convierte en una estrategia que permite la conservación de este importante ecosistema conocido como la Serranía Llanera. Además, “esta iniciativa es innovadora al emplear un felino como el puma y sus amplios requerimientos de hábitat como criterios para ordenar, ecológica y sosteniblemente, una cuenca hidrográfica donde tenga espacio la conservación de la biodiversidad y los diferentes modelos productivos presentes en el área”.

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El valor de monitorear la fauna

Precisamente, para velar por la protección de otras especies, desde 2023 las tres reservas instalaron 16 cámaras trampa. Según el portal Wildlife Insights, en el que las reservas y las ONG suben la información y la ponen a disposición de científicos, El Amparo ha logrado captar 4220 imágenes de vida silvestre, identificando especies como el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el paujil culicolorado (Crestless curassow). La Reseda ha capturado 1043 imágenes en donde aparecen la tórtola frentiblanca (Leptotila rufaxilla) y el zorro cangrejero (Cerdocyon thous). Y en Yurumí se han tomado 777 imágenes donde han identificado especies como la rata espinosa (Proechimys canicollis) y el ocelote (Leopardus pardalis).

De acuerdo con el Reporte Bio Orinoquia, en el desarrollo de estas acciones de monitoreo más de diez familias (en ocho predios que abarcan aproximadamente 6000 hectáreas) se involucraron en la recolección de datos sobre biodiversidad.

La importancia de este método de monitoreo, según Loreta Rosselli, bióloga, ornitóloga y consultora independiente, es que en el Triángulo del Puma se han registrado apariciones de especies raras como el zorro vinagre o perro vinagre (Speothos venaticus). Además que se han podido registrar ejemplares de dantas muy jóvenes. “Lo más emocionante es que esos datos quedan en el sistema de información de biodiversidad del país y en otras plataformas para que estén a disposición de científicos y otras personas interesadas”, dice Rosselli.

Estos encuentros con esta especie han sido de suma importancia ya que suele alejarse de zonas en donde haya mucho contacto con humanos y prefiere habitar zonas bien conservadas, donde haya muchas presas como roedores y ardillas.

Las reservas del Triángulo del Puma también participan cada seis meses en eventos mundiales de observación y monitoreo de aves como el Global Big Day. A través de estos espacios han identificado 301 especies de aves.

Con la información de fototrampeo y de avistamiento de aves, los integrantes del Triángulo, en conjunto con el Instituto Humboldt, GIZ, la Universidad de los Llanos, Audubon, The Nature Conservancy y otras organizaciones, han estudiado patrones de tránsito, migración, propagación y hábitos para implementar programas que ayuden a la protección y conservación de la flora y fauna de la región.

En el último conteo de aves realizado el 12 de octubre de 2024, la bióloga Loreta Rosselli asegura que se registraron 833 individuos de 122 especies. Ese día se captaron dos nuevas especies para el área del Triángulo del Puma: el ermitaño barbigrís​ (Phaethornis griseogularis) y el mango gorginegro​ o mango pechinegro (Anthracothorax nigricollis).

Gutiérrez comenta que “cuando uno empieza a hacer memoria, la cantidad de aves que se ven en El Amparo, alrededor de las casas, en los bosques, se ha incrementado indudablemente. Ahora, por ejemplo, están las tijeretas que vienen del sur, hay unos grupos bastante grandes de esas aves migratorias”.

Para Rosselli, hacer un inventario y monitoreo de estas especies no es solo hacer un conteo. “La idea es hacer este ejercicio a lo largo del tiempo, varias veces y usando el mismo método para ver cómo va cambiando la avifauna. También es importante ver qué nos están diciendo esos números. Por ejemplo, si este pájaro está aumentando, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué come él? ¿Por qué está aumentando?”.

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El Triángulo del Puma como guardián de los árboles

El Triángulo del Puma no funciona como una gran reserva, sino que, según los dueños de los predios, son tres ‘islas’ conectadas por corredores biológicos que buscan mantener la conexión de las especies. Además, está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacías, que fue declarado como área protegida e ingresó al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas en 2023.

La Orinoquía se ve amenazada por varios factores, no solo por la deforestación y la cacería de diferentes especies como el puma y el venado. Según Juan Manuel Cardona, la zona tiene riesgo por las malas prácticas en ganadería y agricultura que afectan la flora y fauna de la región. “Hay prácticas que son simplemente destructivas. Por ejemplo, cuando la gente saca material de sabana para rellenar carreteras, en donde la regeneración de pasto es muy lenta y quedan un montón de charcas, peladeros”, afirma. El ingeniero también menciona la amenaza que representa el pasto jaraguá que, aunque crece rápido, es un pasto africano muy invasor.

Loreta Rosselli destaca la cercanía del Triángulo del Puma con el Parque Manacacías porque “hace que la capacidad de desplazamiento de algunos organismos mejore sus posibilidades de conservación a largo plazo”. La científica asegura que si en un parque nacional hay animales que requieren grandes áreas, su población es muy pequeña, y lo más probable es que haya un deterioro genético por el cruce entre parientes. “Por eso es muy importante que haya conectividad con otras poblaciones [por fuera del área protegida] para que sean más sanas”.

En 2019, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) declaró el Triángulo del Puma como una zona de importancia ambiental. En noviembre de 2023 se declaró a Manacacías como parque nacional y Paola Campo, directora de la fundación y reserva Yurumí, cuenta que junto con las reservas vecinas tuvieron reuniones con  TNC, el Sirap Orinoquia, Resnatur y Parques Nacionales Naturales, donde les explicaron cómo la promoción de reservas de la sociedad civil como las de ellos son cruciales para formar un gran corredor biológico que rodee al parque.

En ese sentido, Juan Manuel Cardona menciona que en la zona hay varias especies de flora que son representativas y que requieren una protección urgente. “Por ejemplo, el saladero rojo (Pterocarpus soyauxii) está siendo muy golpeado en la Orinoquía por su uso en la parte maderera, ya que lo utilizan para postes de cerca y construcción”.

De ahí que El Triángulo del Puma trabaje también en programas de reforestación. Juan David Gutiérrez, explica que en el caso de la reserva El Amparo “aprovechamos que teníamos vocación de cuidado medioambiental y tras obtener un certificado de incentivo forestal en la región, iniciamos la siembra de árboles nativos. Esa fue la transición para dejar la ganadería con la forma tradicional”.

Gutiérrez también dice con orgullo que en su reserva hay un parche muy grande de una palma llamada socratea (Socratea exorrhiza) al que han entrado investigadores con sus alumnos y se sorprenden porque es difícil ver un bosque en esas condiciones, debido a la alta deforestación de la zona. “Uno de los investigadores contó que cuando hizo su tesis encontró un bosque pero tenía una cuarta parte de la cantidad de palma que tenemos nosotros [en El Amparo]”.

Paola Campo también cuenta que hay zonas donde el bosque se viene restaurando solo: “hay sectores de regeneración espontánea y eso me ha parecido un gran logro porque hay un moriche totalmente sano [palma nativa vital para garantizar la seguridad hídrica, hacerle frente a los incendios forestales y servir de sustento para comunidades locales] que captura CO2, y que hace parte de todo un ciclo del agua en la región”.

Para Juan Manuel Cardona es fundamental contar con iniciativas privadas que complementen el sistema nacional de áreas protegidas, ya que Colombia, como país megadiverso, no puede esperar a que todos los ecosistemas y sitios que requieren preservación, conservación y restauración sean protegidos únicamente por los parques nacionales u otras categorías a cargo de los gobiernos nacional, departamental o municipal.

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Un esfuerzo de conservación que quiere crecer

Alrededor del Triángulo del Puma hay varias empresas agroindustriales. Según el informe El zumbido del Orinoco de Parques Nacionales Naturales, en 2017, además de la ganadería, se ha fortalecido el sector cañero en la región.

Es por eso que los miembros del Triángulo han intentado acercarse a los empresarios agrícolas y ganaderos para que se sumen a la iniciativa y para que dentro de sus políticas contribuyan a la conservación de la zona y la protección del puma. Paola Campo dice que podría existir una mejor relación con los grandes monocultivos cercanos si se invierte en compensaciones significativas —medidas para resarcir el daño a la biodiversidad y los ecosistemas causado por actividades humanas—. “En lugar de dispersar las compensaciones en esfuerzos menores, ¿por qué no dirigirlas hacia iniciativas de gran impacto que operan cerca de sus instalaciones, dentro de sus propios territorios?”.

Para María Cristina Moreno, gestora de procesos comunitarios y copropietaria de la reserva El Amparo, la producción tiene que ir de la mano de la conservación. Para lograrlo, dice, es necesario reunir la voluntad política del gobierno nacional y de los locales para establecer planes de ordenamiento territorial y licencias ambientales. Moreno añade que dichas licencias deberían otorgarse a proyectos que estén alineados con la protección de los corredores biológicos que conectan las áreas protegidas o las zonas de conservación en la región.

Pese a que han recibido apoyo de diferentes organizaciones como universidades, y ONG, mantener proyectos como El Triángulo del Puma es un reto. Por ejemplo, Martha Morales, de la reserva la Reseda, explica que su reserva se sostiene por la ganadería de cría. “La venta de semovientes cubre el 64 % de los costos, el 30 % lo cubre mi pensión y el 6 % restante se cubre con servicios derivados de la conservación: prácticas universitarias, descuento predial, abono orgánico, productos de pan coger”, dice Morales. En otras fincas, como El Amparo, se dedican a la apicultura y también hacen aportes de su propio capital.

Todo esfuerzo cuenta, pues a pesar de esfuerzos como El Triángulo del Puma, la Orinoquia sigue enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat, la disminución de presas para especies como el puma y el conflicto de este y otros animales con los humanos. Según Global Forest Watch, entre 2002 y 2023, Puerto López experimentó una disminución del 1,3% en su área total de bosque primario húmedo, lo que equivale a una pérdida de 127 hectáreas.

Actualmente, varios científicos trabajan en un estudio sobre las aves y mamíferos que se encuentran dentro del Triángulo del Puma. Además, los dueños de las tres reservas de la sociedad civil esperan que las fincas vecinas conozcan y aprendan más sobre el cuidado de esta zona de vital importancia para el Parque Nacional Natural Manacacías, para que finalmente sumen su grano de arena en la protección del biodiverso ecosistema orinocense.

*Imagen principal: foto de referencia para este artículo. Un ejemplar de Puma concolor avanza entre los riscos de un área de la Patagonia. Especie oportunista y con gran capacidad de adaptación, su progresiva expansión hacia el norte ya ha sido documentada en varias provincias del centro de Argentina. Foto: cortesía Franco Bucci/Rewilding Argentina

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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