Un aparente cementerio de frailejones. Esa fue la desoladora imagen que dejó tras de sí el voraz incendio que el 22 de enero de 2024 arrasó con una parte del Páramo de Berlín, ubicado a una hora y media de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, y estas plantas nativas de Colombia. Durante casi cinco días el fuego ardió, consumiendo 317 hectáreas, de acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental en la región.

“El ingeniero Javier [Leal] me llamó como a las 4.30 de la mañana. Me dijo que se estaba presentando un incendio en el predio de Plan de Mesa y yo inmediatamente acudí al lugar. Cuando llegué me encontré algo muy impresionante: era un incendio ya muy avanzado. Fue terrible, las llamas, la altura, todo”, recuerda José Yamel Moreno, guardabosques del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre esos primeros momentos de la emergencia.

La dimensión del desastre no solo quedó registrada en las imágenes que se transmitieron a través de los medios de comunicación, sino también en las que investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tomaron días después de la tragedia, al sobrevolar el páramo con drones. “Estaba todo completamente negro, chamuscado. Solamente se veían los tallos de los frailejones”, relata Paula Uzcátegui, quien en ese momento era estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas de la UIS.

Uzcátegui, quien además había cursado dos años de biología, estaba por esos días buscando un proyecto de grado en el que pudiera unir sus dos carreras. Las imágenes de dron capturadas por estudiantes del profesor Björn Reu, un ecólogo alemán que desde hace 10 años vive en Colombia, fueron el punto de partida para que ella ayudara a resolver un interrogante: ¿cómo podían hacer uso de la inteligencia artificial para monitorear el estado de la vegetación de ecosistemas de difícil acceso como los páramos?

Leer más | Regístrate gratis y conoce el Puma Fest: primer Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Para Reu y sus estudiantes, el incendio representó al mismo tiempo una urgencia científica y una oportunidad inédita para estudiar el páramo y su respuesta ante el impacto del fuego, dada la cercanía del predio afectado con Bucaramanga.

Al llegar al terreno, seis días después del incendio, los miembros del grupo de investigación Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA) se propusieron observar dos aspectos: la recuperación general de la vegetación y el comportamiento particular de los frailejones. Lo que encontraron inicialmente llamó su atención: aunque gran parte del ecosistema había desaparecido, muchos frailejones habían resistido el fuego.

“Mientras toda la vegetación desapareció, los frailejones sobrevivieron; las hojas centrales persistieron y, pocos días después, incluso empezaron a florecer”, señala Reu. Esa resistencia planteó nuevas preguntas: ¿cuántos habían sobrevivido realmente? ¿Cuántos morirían con el tiempo? ¿Cómo monitorear un territorio tan amplio y de difícil acceso?

En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta para responder los interrogantes. Como Reu ya trabajaba con drones y sensores remotos, ahora necesitaba integrar capacidades de análisis de imágenes. El encuentro con Paula Uzcátegui permitió concretar esa posibilidad. Así nació un proyecto piloto que combinó vuelos de dron con algoritmos capaces de identificar frailejones uno por uno para contarlos y, de alguna manera, hacer un inventario de su presencia en el área de páramo afectada.

A diferencia de los métodos tradicionales, basados en pequeñas parcelas y extrapolaciones a áreas más amplias, Uzcátegui logró realizar un censo más completo, por lo menos de los ejemplares más grandes, registrando 86 000 frailejones en un área de 83 hectáreas.

Leer más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Una mirada desde gran altura

El proceso para entrenar un software de inteligencia artificial que sea capaz de contar frailejones, a partir de las imágenes capturadas por un dron, comienza desde el momento en que se hacen los sobrevuelos del área. “Primero se vuela el dron, que toma muchas fotografías que se sobreponen entre sí. Luego, con un software, esas imágenes se procesan y se convierten en un mapa continuo de toda el área”, cuenta la investigadora Uzcátegui.

No fue una tarea sencilla: la neblina, el viento y la menor duración de la batería en el páramo obligaban a trabajar en ventanas muy cortas de tiempo.

El encargado de esta misión fue Cristian Mateo Jaimes Prada, biólogo de la UIS, quien viene trabajando junto al profesor Reu en temas de teledetección y sensores remotos desde 2016. “Acá [en el Páramo de Berlín] estamos como a 3600 metros sobre el nivel del mar. Para el dron es un reto porque le cuesta más desplazarse por el aire menos denso de las alturas. Además, hay una cuestión de suerte para esperar una buena mañana, como la de hoy”, detalla Jaimes mientras la jornada de toma de imágenes llega a su fin por cuenta de la llegada inesperada de las nubes.

Jaimes señala que esa nubosidad —que apresuradamente convierte ante nuestros ojos un paisaje montañoso en una capa espesa de blanco que oculta los acantilados— muchas veces les juega una mala pasada en la toma de fotografías. Cuando se atraviesan, dejan un manchón blanco sobre el verde de las montañas y su vegetación.

En esta tarea, los investigadores también debían equilibrar altura y detalle. “Si vuelas muy alto cubres más área, pero pierdes resolución; si vuelas más bajo tienes más detalle, pero menos cobertura”, explica la ingeniera Uzcátegui.

Al final, para el estudio que ella lideró obtuvieron  —a partir de sobrevuelos realizados en agosto y diciembre de 2024 y en junio de 2025— tres ortomosaicos (mapas fotográficos aéreos) de alta resolución, donde cada píxel representa cerca de un centímetro. También obtuvieron otro ortomosaico de menor calidad, que abarcaba las 83 hectáreas quemadas, con una resolución de 3.6 centímetros por pixel y que es propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Ese contraste planteaba el primer reto técnico: lograr un modelo de IA que identificara automáticamente los frailejones tanto en imágenes muy detalladas como en otras más amplias y menos nítidas.

La segunda etapa de la investigación de Uzcátegui consistió en entrenar al algoritmo para reconocer cada planta. La investigadora partió de un modelo ya existente, diseñado para detectar objetos, y lo especializó. “Lo que hice fue entrenarlo con imágenes de frailejones. Corté los mapas y etiqueté alrededor de 12 000 plantas para crear un conjunto de datos de entrenamiento”, señala.

Con ese aprendizaje, el software se convirtió en un especialista capaz de identificar frailejones de manera automática en todo el mosaico. Aunque la precisión era mayor en las imágenes de alta resolución, los resultados en el mapa completo fueron suficientemente sólidos.

“En el área grande, de 83 hectáreas, detectamos cerca de 86 000 frailejones con un diámetro mayor a 20 centímetros”, señala la investigadora. De esta forma, el algoritmo no solo contó plantas una por una, sino que permitió construir un inventario detallado del ecosistema afectado, algo que habría sido casi imposible de lograr únicamente con trabajo de campo.

Leer más | México: remediar los pasivos ambientales de Pemex costaría a los mexicanos más de 532 000 millones de dólares | ESTUDIO

Diagnosticar la salud de los frailejones desde el cielo

Paula Uzcátegui recuerda que, tras la visita al páramo realizada en diciembre de 2024, el equipo advirtió que la recuperación no era tan lineal como parecía en los primeros meses. El florecimiento de los frailejones, que en un inicio se había celebrado como esperanzador, podía no serlo tanto.

“Regresamos a finales de 2024 y fue cuando nos dimos cuenta de que estaban muriendo muchos de esos frailejones que se habían recuperado. Ahí dijimos que valía la pena no solamente contarlos, sino ver cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos”, explica la investigadora de la UIS.

La clave para dar ese paso estuvo en la incorporación de los datos del sensor multiespectral del dron, lo que permitió contar con información del infrarrojo cercano, una parte del espectro de la luz que no se puede ver con el ojo humano, pero que está muy cerca de la luz visible roja. En esa banda del espectro las plantas sanas reflejan la radiación, mientras que las dañadas la tienden a absorber porque las estructuras internas de la hoja ya no funcionan de la misma manera. Esta metodología se suele usar para el monitoreo de cultivos.

A partir de esa diferencia, el equipo calculó un índice de vegetación conocido como NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que compara la luz roja absorbida con el infrarrojo cercano reflejado. “Esa diferencia te dice qué tan saludable está la planta”, señala Uzcátegui.

Con los frailejones ya identificados por el algoritmo, el software calculó el promedio de ese índice dentro de cada ejemplar y estableció un umbral: por encima de él, la planta se consideraba viva; por debajo, muerta. Para comprobar los resultados, la investigadora también recolectó datos de validación en terreno poco después de haber capturado las imágenes de dron.

“El censo se hace con el mapa reconstruido con las imágenes de dron desde un celular, guiándonos por los datos del GPS. Esto nos permite estimar luego la mortalidad y tener certeza de que la estimación es buena, pero tiene cierto porcentaje de error”, señala. De esta manera, el ejercicio permitió estimar que cerca del 30 % de las plantas habían muerto un año después del incendio.

El hallazgo reveló, además, una dinámica inesperada: la mortalidad no ocurrió inmediatamente después del fuego. “Los frailejones no se murieron por completo por el incendio, murieron tiempo después”, señala el profesor Reu. Ese patrón coincide con reportes en otros páramos andinos, donde las plantas pueden morir incluso dos años después del evento, lo que hace necesario un seguimiento prolongado.

La posibilidad de repetir el análisis con nuevas imágenes abre, según Reu, una ventana inédita para estudiar la recuperación del ecosistema a largo plazo. “Con esta tecnología tenemos herramientas para hacer ese seguimiento en el tiempo”, afirma. Basta con nuevos vuelos periódicos para comparar los resultados: identificar cuántos individuos mueren, cuántos sobreviven y cómo aparecen nuevas plantas que, con el crecimiento, entrarán en el rango detectable por el algoritmo.

“Podemos tomar una foto cada año y contar los frailejones; así vamos a saber las dinámicas de mortalidad y regeneración”, explica. Para el ecólogo, el mayor valor del método es que permite realizar monitoreos continuos con pocos recursos, algo poco frecuente en estudios de este tipo. “Eso demuestra que con bajo presupuesto es posible hacer un seguimiento a largo plazo”, indica, y agrega que esto convierte a la herramienta en vital para comprender cómo se recuperan los páramos tras el fuego.

El enfoque, además, abre la posibilidad de replicar la metodología en otros ecosistemas de alta montaña. Desde el punto de vista técnico, el profesor Hoover Fabián Rueda Chacón, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explica que el modelo fue entrenado para reconocer la forma de roseta típica del frailejón.

“Es una forma similar [en las distintas especies de frailejón], desde el punto de vista de morfología. Tengo mucha esperanza de que sea aplicable directamente”, afirma el ingeniero de sistemas que también acompañó, junto a algunos de sus estudiantes, a los biólogos en su salida más reciente al páramo este año. Esta colaboración es algo poco común entre los profesionales de estas disciplinas, pero Rueda asegura que este proyecto lo ha hecho posible.

No obstante, el ingeniero advierte que podrían requerirse ajustes según las especies presentes en cada páramo, ya que en este proyecto se enfocaron en las características de Espeletia standleyana, la especie de frailejón que se ve con mayor frecuencia en el Páramo de Berlín. “En el peor de los casos puede que nos toque reentrenar, como lo hicimos acá, con un conjunto más reducido de imágenes de los frailejones particulares de otro páramo”, añade.

Sin embargo, para el investigador, esa flexibilidad es precisamente una de las fortalezas del método: la inteligencia artificial permite adaptar el análisis a distintos territorios y monitorear zonas de difícil acceso, ampliando las posibilidades de seguimiento y conservación de estos ecosistemas andinos. A pesar de esto, los científicos son enfáticos en que para darle continuidad a estos estudios se necesita financiación, un aspecto que suele ser un limitante para la ciencia en Colombia.

De momento, los investigadores de iBGA apuntan a seguir con los sobrevuelos para obtener más datos y desarrollar proyectos para mejorar el procesamiento y el monitoreo de la evolución y crecimiento de los frailejones a través del tiempo, incluso de manera individual. Con estas propuestas esperan participar en convocatorias para obtener más financiación.

Leer más | Colombia: casi 200 cocodrilos en peligro crítico de extinción están sin alimento por un conflicto administrativo

Un ecosistema que se recupera

En el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, el paisaje del páramo da cuenta de los cambios generados por la intervención humana. Sus frailejones, la especie más emblemática de estos ecosistemas, son más bajos y menos numerosos, en comparación con áreas más alejadas del complejo de Santurbán, del que forma parte el Páramo de Berlín.

Es un ecosistema que durante años ha sufrido las presiones de la ganadería y la agricultura, y en el que desde hace 15 años algunas de sus áreas empezaron a ser protegidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Es por esto que de las 317 hectáreas afectadas por el incendio de 2024 el 87.69 % (277.85) eran de predios pertenecientes a esta entidad.

De acuerdo con los expertos del AMB, dos años después del incendio, la recuperación en estas zonas del páramo avanza a ritmo lento, pero persistente. Javier Leal, ingeniero forestal enfocado en el proceso de conservación y gestión ambiental del acueducto, explica que la intervención humana ha sido mínima y deliberadamente cautelosa. “El área que fue quemada no la hemos tocado; lo único que hicimos fue delimitarla y aislarla para que no ingrese nadie y dejar que por sí sola se vaya recuperando”, señala.

La decisión, que contó con la asesoría de expertos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca, en primera instancia, permitirle al ecosistema recuperarse por su propia cuenta. Los especialistas han podido observar cómo la vegetación empieza a reorganizarse de manera natural.

Aunque el proceso es lento, el monitoreo constante, con apoyo de los investigadores de la UIS y de la inteligencia artificial, ha mostrado señales que el ingeniero Javier Leal considera alentadoras: “Si bien en este momento lleva una evolución adecuada, tenemos que esperar un poco más para ver cómo continúa el ecosistema”.

Sobre la duda de si reforestar es el camino para recuperar el páramo, Leal señala que aún es pronto para saberlo. “Si bien en este momento lleva una evolución que consideramos adecuada y significativa, tenemos que esperar un poco más para evaluar si es necesario hacer una intervención con frailejones y otras especies del páramo”.

Leal añade que cuando ocurren eventos que generan perturbaciones en áreas dedicadas a la conservación, la idea es que se vayan recuperando por sí solas, lo que se conoce como restauración pasiva. Intervenir inmediatamente, por ejemplo con la siembra indiscriminada de frailejones, puede amenazar la fragilidad del ecosistema porque la capa vegetal del suelo se ha visto destruida.

Desde la UIS, el equipo del profesor Reu también ha monitoreado en campo el progreso de la restauración del páramo. Un año después del incendio, la bióloga Andreina Ortiz López decidió observar el páramo a ras de suelo: no desde los drones, sino desde pequeñas parcelas distribuidas entre la zona quemada y otra que había permanecido intacta.

Entre noviembre y diciembre de 2024 comparó especies, coberturas y formas de crecimiento, y encontró señales discretas pero contundentes de recuperación. “Después de un año, al menos en el número de especies, eran muy similares; ya solo era cuestión de dejar que pase más tiempo para que la cobertura vuelva a ser comparable”, explica.

En los primeros meses, recuerda Ortiz, el paisaje había quedado “totalmente en ceros en cuanto a vegetación”, y la floración de los frailejones, un último esfuerzo reproductivo antes de morir, llamó la atención del equipo. El monitoreo posterior, a finales del 2024, mostró que el ecosistema comenzaba a reorganizarse por sí mismo: frailejones, pastos y otras plantas con semillas termorresistentes o estructuras protegidas rebrotaban lentamente, mientras aún persistían zonas con suelo descubierto.

Para la investigadora, el resultado más relevante es que el propio páramo parece tener la capacidad de recuperarse sin intervenciones directas.

Al visitar la zona en 2026 Mongabay Latam pudo ver un paisaje que sigue marcado por las cicatrices del fuego, pero que ya no es el mismo terreno desolado de los primeros meses. Ahora los frailejones más altos no están rodeados de tierra calcinada, sino del verde de los pastos y los musgos.

Según Javier Leal, el páramo comienza a mostrar una recuperación heterogénea, con áreas que avanzan con mayor rapidez que otras. “El ecosistema se va a recuperar; habrá zonas con un poco más de dificultad [en donde la restauración pasiva se puede quedar corta], y es en esas donde entraremos nosotros”, afirma sobre los posibles esfuerzos de reforestación a futuro. Es por eso que han aprendido a reproducir frailejones y otras especies de páramo en viveros.

La imagen del Páramo de Berlín hoy es la de un territorio en transición: menos negro –aunque aún están presentes los frailejones que murieron– y más verde. Aunque frágil todavía, el páramo está encaminado a reconstruir lentamente su equilibrio: diversas zonas llenas de pequeños brotes de nuevos frailejones son un reflejo de esperanza.

*Imagen principal: el Páramo de Berlín, justo después del incendio de 2024. Foto: cortesía Bjorn Reu.

El artículo original fue publicado por Alejandra López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

Lee más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

Lee más | Bosques deforestados en Costa Rica vuelven a «cantar» tras décadas de regeneración

El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

Lee más | Mujeres kewiña: indígenas quechua restauran bosques andinos para proteger el agua de Bolivia

El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Paola Sangolquí creció yendo a la playa junto a lobos marinos, iguanas y zayapas en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Habitar un sitio donde la vida silvestre no teme a los humanos y que ella llama hogar le hizo sentirse muy privilegiada. Eso la motivó a dedicar su vida a proteger la naturaleza. Años después, sus esfuerzos por salvar al petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) de la extinción la hicieron ganadora del Premio Whitley 2026, el principal galardón ambiental del mundo.

Leer más | ¿Pueden recuperarse los bosques tropicales degradados? Nuevas pistas sobre la regeneración natural | ESTUDIO

“Es un reconocimiento al trabajo colectivo de todas las personas con las que trabajo”, dice Sangolquí, bióloga marina, desde Londres, donde recibió una estatuilla de manos de la princesa Ana del Reino Unido. La conservación en Galápagos es posible gracias a guardaparques, biólogos, científicos, agricultores, pescadores y muchos otros actores, dice.

No recuerda la primera vez que vio un petrel, pero está segura de que le pasó lo que a muchos galapagueños: no sabía identificar la especie. La suelen confundir con la pardela de Galápagos (Puffinus subalaris). Aunque son similares, su padre, guía de aves, le enseñó a diferenciarlas. “Tienen una mancha en la parte frontal, son de tamaño mayor y son elegantes al volar. Entonces empecé a ver la belleza del ave”, relata.

El petrel de Galápagos, una especie que solo anida en el archipiélago, empezó a verse amenazado cuando los seres humanos llegaron a las islas. Con ellos llegaron roedores, gatos y cerdos, que crecieron de manera descontrolada y empezaron a alimentarse de huevos y crías de las especies que estuvieran a su alcance.

Como resultado, la población se desplomó de 27 000 parejas reproductoras en la década de 1970 a menos de 3500 apenas diez años después. La especie está clasificada como Críticamente amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de una categoría previa a la extinción en estado silvestre.

El premio no es solo un reconocimiento, sino que entrega a los ganadores fondos para continuar con sus iniciativas de conservación. Sangolquí y el equipo de la fundación Jocotoco ampliarán un proyecto en Santa Cruz que trabaja junto a comunidades locales para proteger los sitios de anidación del petrel, investigar los movimientos de esta ave oceánica y trabajar con niños de escuelas locales para fortalecer el conocimiento y protección de la especie.

En diálogo con Mongabay Latam, la bióloga marina explica por qué conservar al petrel.

El petrel conecta el océano con los cerros

—¿Qué la impulsó a conservar el petrel de Galápagos?

—Los petreles son aves oceánicas que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar y regresan después de seis o siete años a tierra, una vez que alcanzan la madurez sexual, solo para anidar.

Anidan exclusivamente en Galápagos, sin embargo, se conoce poco sobre ellos en nuestras islas. Tendemos a confundirlos con otra ave parecida o no le damos la importancia cultural y ecológica que tiene.

Algo que me encanta es que los petreles nos recuerdan que todos los ecosistemas están conectados, que somos uno con la naturaleza. Esta ave, a diferencia de otras aves marinas u oceánicas, no anida en las costas, lo hace en la parte alta de las islas, en bosques de Scalesia y Heliconia. Es un ecosistema diferente, donde hay humedad y garúa.

—¿Cuál es la importancia ecológica del ave?

—Los petreles traen consigo nutrientes del mar a las partes altas de la isla, a través de su guano dejan minerales en la tierra. También son indicadores de la salud oceánica. Usualmente están asociados a áreas de productividad, donde se alimentan, entonces, si tenemos productividad tenemos buenas condiciones ambientales.

—¿Cuáles son las mayores amenazas del petrel?

—Las mayores amenazas en sus sitios de anidación son las especies introducidas, como roedores, gatos ferales y cerdos salvajes [porque se alimentan de huevos y polluelos]. También hay especies introducidas de plantas que amenazan al petrel, como la guayaba (Psidium guajava) o la mora (Rubus niveus). En el mar les afecta el calentamiento global porque a mayor temperatura hay menos disponibilidad de alimento. Otra amenaza es la contaminación por plástico.

—¿Cuándo iniciaron el trabajo de conservación?

—La Fundación Jocotoco llegó en 2018 a Galápagos para proteger los petreles. Cuando empecé a trabajar con ellos, hace tres años, ya teníamos la reserva Los Petreles, en [la isla] San Cristóbal, donde cuidamos nidos de petreles. Con los años expandimos los esfuerzos y ahora trabajamos también en las islas Santa Cruz y Floreana.

70 nuevos nidos protegidos en Santa Cruz

En la parte alta de Santa Cruz y fuera del Parque Nacional Galápagos, que cubre el 97 % del archipiélago, se encuentran áreas destinadas a la agricultura y ganadería, donde también anidan los petreles. Allí, los científicos identificaron una zona que no estaba siendo monitoreada, pero que era importante por concentrar gran cantidad de nidos.

Cuando dieron con el sitio, la temporada de anidación estaba por finalizar. Muchos de los pichones habían sido atacados por los animales invasores y solo dos pichones alzaron el vuelo hacia aguas oceánicas, según registró la fundación. “Cuando empezamos a hacer acciones de control de especies introducidas, logramos que 24 pichones volaran”, dice Sangolquí con emoción.

Por eso, el equipo de Sangolquí presentó a la fundación Whitley una iniciativa que busca reforzar el trabajo en colaboración con fincas privadas. El objetivo es fortalecer los vínculos con la comunidad y desarrollar estrategias que beneficien a los finqueros al ampliar el control de las especies introducidas en las áreas de anidación de petreles.

El proyecto además tiene un componente de educación y comunicación. Consiste en organizar salidas de campo con estudiantes de las escuelas locales para que aprendan en los sitios de anidación sobre el ave y las amenazas que enfrenta.

Otra línea de trabajo es la colocación de marcas de rastreo satelital a las aves, una actividad que se realiza con la autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Los especialistas buscan conocer con precisión dónde se alimentan  y cuáles son sus rutas de movilidad.

—¿Cómo identificaron el área de trabajo?

—Hay muchas fincas en Santa Cruz que tienen anidación de petreles y personas y organizaciones que ya trabajan para proteger estas aves. Hay personas conscientes de que tienen nidos en sus propiedades.

Estos 70 nidos con los que estamos trabajando no estaban registrados, son nuevos. Encontramos una zona con un hábitat ideal para la anidación de petreles. Ubicamos los nidos y los georreferenciamos. Como encontramos presencia de aves y huevos, empezamos a intervenir el área.

La zona es como una quebrada. Adentro hay varios nidos entre roquitas o directamente en el suelo, en la tierra, donde se forman pequeñas madrigueras.

Los finqueros son aliados estratégicos

—¿Por qué a los finqueros les interesa ser parte de esta iniciativa?

—Cuando controlas especies introducidas hay un beneficio para los agricultores. En Floreana, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), estamos tratando de erradicar roedores introducidos. En 2023, provocaron la pérdida del 80 % del maíz. Después de concluir el primer intento de erradicación, los agricultores reportaron cosechar el 90 % del maíz.

Además, en Floreana se busca reintroducir especies localmente extintas, lo cual añade valor en lo turístico y ecológico.

—¿Qué estrategias de control usan?

—La magnitud o intensidad de control varía de isla a isla, pero de manera general usamos cebos que tienen atrayentes para estas especies. Hacemos anillos de estaciones cebaderas alrededor de las colonias. El primer anillo está a 20 metros y después hay otro unos metros más adelante. Los cebos se cambian cada dos semanas.

Nos apoyamos en cámaras que detectan el movimiento y envían señales en tiempo casi real en caso de reconocer algún roedor u otro mamífero introducido. Usamos una combinación entre métodos manuales convencionales y tecnología. Ahora queremos usar inteligencia artificial para mejorar el reconocimiento.

El reto: conocer mejor a los petreles

Los científicos todavía tienen importantes brechas de conocimiento sobre el petrel de Galápagos. El ave, que ronda el medio kilo en la adultez, pasa gran parte de su vida en el mar abierto, buscando alimento principalmente en el Pacífico Oriental, siguiendo rutas de hasta 2000 kilómetros.

Regresa a tierra en abril para anidar en cinco de las 18 islas principales del archipiélago. Es esquivo y anida silenciosamente en cavidades rocosas. Solo sale de noche, para evitar a otras aves que son sus depredadores naturales, para cazar en el mar abierto.

—¿Cómo es un día de trabajo?

—Un monitoreo en Santa Cruz es un día entero de trabajo, desde antes de que salga el sol hasta que oscurece. Las zonas de anidación de los petreles no son de fácil acceso, es un esfuerzo caminar y llegar a los nidos.

El área de anidación es como una grieta bastante rocosa por la que tienes que bajar. Cuando llueve se forma una especie de quebrada con mucha agua adentro. Puede ser desafiante por la cantidad de nidos.

Los petreles son aves nocturnas, por lo que para marcarlos esperamos a que lleguen. Lo sabemos porque hacen una vocalización muy linda, parecida a la de un pavo real. Llegan, aterrizan y van a su nido.

Entonces empiezas a trabajar. Es desafiante porque lo tienes que hacer en el menor tiempo posible para no perturbar a la especie. A veces llegan temprano y otras a las tres de la mañana. Hay que estar a la expectativa.

Leer más | Bolivia: reúnen por primera vez más de 4000 fotos del perro fantasma, el cánido más huidizo de la Amazonía | ESTUDIO

—¿Cómo reaccionan las aves durante el marcaje?

—Marcamos 15 individuos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene guardaparques super experimentados en la manipulación del ave y nuestro equipo también tiene mucha experiencia. Si por alguna razón hay una ave nerviosa o inquieta no se lo hace, pero en términos generales, la naturaleza en Galápagos no responde de manera evasiva al ser humano.

A final del año esperamos tener un mapeo más claro de dónde se alimentan los petreles que anidan en Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal. Queremos conocer más de la ecología de la especie, que de momento no se ha descrito a totalidad. Tenemos datos preliminares que sugieren que las colonias de San Cristóbal y Floreana se alimentan en áreas diferentes.

La comunidad se involucra en la conservación

—¿Qué falta para proteger a los petreles y evitar su extinción?

—Dentro de Galápagos estamos dando los primeros pasos para estandarizar las metodologías de control de especies invasoras y de monitoreo de los petreles.

Buscamos que quien quiera monitorear el ave lo haga de tal forma que la información que se genere se entregue a la autoridad ambiental en un formato útil y con recomendaciones asociadas. El objetivo es que se sigan generando políticas de conservación, inclusive no solo dentro del área protegida, sino apuntando a formalizar algún tipo de colaboración entre la autoridad ambiental y los dueños de fincas donde sabemos que anidan las aves.

Si bien los petreles anidan dentro de Galápagos, cuando se alimentan lo hacen fuera de la Reserva Marina, [donde enfrentan riesgos como la pesca con palangre]. Además, a nivel regional hay otras especies que enfrentan amenazas similares.

Mirando a futuro, apuntamos a compartir este conocimiento y técnicas, pero también aprender de otros países y regiones va a ser clave para conocer el estado de la población del petrel y, a mediano o largo plazo, poder decir que la población se está recuperando.

—¿Qué le da esperanza para continuar con esta labor?

—Técnicamente hablando, me da esperanza ver que los números aumentan de un año a otro. Como tenemos cámaras trampa en los nidos, podemos ver el crecimiento del pichón y ver cómo entran y salen los padres para alimentarlo. Se vuelven como nuestros pequeños hijos y verlos volar es esperanzador.

Como miembro de la comunidad, ahorita hay momentum para conservación en muchas partes, no solo en Galápagos, porque vemos que la naturaleza ha respondido a las amenazas actuales con inundaciones y otros desastres naturales.

En el caso de los petreles hemos recibido muchos voluntarios locales que han ayudado en el monitoreo. Ver ese empoderamiento, ese involucramiento y poder visibilizar que la conservación en Galápagos puede ser hecha por personas de la comunidad es super esperanzador. ¿Si no protegemos nuestro hogar, quién lo va a hacer?

*Imagen principal: Paola Sangolquí es bióloga marina galapagueña y la segunda ecuatoriana en ganar el premio Whitley. Foto: cortesía Bryan Pérez Saltos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.

Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.

“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.

Lee más | Una activista colombiana gana el premio Goldman 2026 por su lucha contra el fracking

Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.

En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.

Mongabay Latam conversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.

Perú: un Niño que ya está en marcha

En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.

Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.

A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.

Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.

“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.

La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.

Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.

Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.

Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.

“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.

En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.

Lee más | Proyecto de ley para extraer gas dentro de áreas protegidas se debate nuevamente en el Congreso peruano

Ecuador: el calor oculto bajo el océano

Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.

Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.

En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.

La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.

“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.

El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.

Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.

Lee más | Los pendientes con el Acuerdo de Escazú en Colombia: protección a defensores, impunidad y acceso a la información | Informe

Colombia: la sequía como impacto dominante

En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.

“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.

A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.

Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca, problemas en el suministro de agua potable y un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.

El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992, cuando un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.

En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.

Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.

Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.

Lee más | México: comunidades lograron un fallo que ordena descontaminar los ríos de la cuenca La Antigua y ahora luchan por restaurarlos

México: sequías, ciclones y un sistema en tensión

En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja: menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.

Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.

El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.

A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño, la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.

“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas, sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.

Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.

También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.

Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.

Lee más | Ecuador: minería ilegal y grupos armados desplazan a cientos de indígenas chachi en la costa norte

Todo está conectado

En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.

Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.

“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.

*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

Leer más | La minería china se expande en Nicaragua sin consulta, con denuncias de impactos y desplazamientos | INFORME

“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

Leer más | El mar argentino a oscuras: qué se pierde cuando no hay un observador a bordo de la flota pesquera

Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Juan Camilo Caicedo Cruz conoce el clima de su territorio. Siente venir la lluvia. El sol, picante e intenso rebota en la laguna que queda junto a su casa y llega hasta él, ocasionando más calor y sofoco.

-Va a llover-, dice.

A los 15 minutos empezaron a caer las gotas en el techo de la casa.

-Eso se siente venir-, afirma.

De barba, camiseta manga larga, botas pantaneras de caucho y un carisma arrollador, recuerda sus años de minero y cazador. Un día le estaba apuntando a una danta o tapir (Tapirus terrestris) y la vio asustada, con ganas de huir, lo que hizo que bajara la escopeta. Desde ese momento cambió su vida.

Su casa es de madera y está rodeada de mangos, plátanos, limones, mandarinas, cacao y café. Vive con su compañera Diana Escobar Hernández, en la Reserva Natural Matabambú Lagunas, ubicada en la vereda Caño Evaristo, en Mapiripán, al sur del departamento del Meta. La transición entre la Orinoquía y la selva amazónica colombiana.

LEER MÁS | Así se construyó un oasis para las tortugas marinas en las costas orientales de Venezuela

Mapiripán y la deforestación

Mapiripán es un pueblo detenido en el tiempo. Para llegar hasta allí, dependiendo de la temporada salen uno o dos buses cada día a las 6 o 7 de la mañana desde Villavicencio, capital del Meta, y se demora aproximadamente 10 horas en llegar a su destino, si la carretera está en buen estado. Más de 12 horas si ha llovido y la trocha es difícil de transitar.

El recorrido cambia antes de llegar a Puerto Concordia, al sur del Meta, muy cerca de San José del Guaviare, donde en 2024 se perdieron más de 16 906 hectáreas de bosque. Allí se desvía de la carretera principal, que es pavimentada, e inicia un camino destapado donde aparecen las palmas de aceite sembradas a lado y lado. Para 2020 eran más de 5600 hectáreas, en Mapiripán, según Global Forest Watch.

También hay reses, pastizales grandes, linderos, niños y niñas indígenas de las etnias sikuani o jiw que van a sus casas luego de estudiar. El bus se mueve de un lado a otro, tratando de evitar los huecos encharcados donde se puede quedar atascado: si sucede, si el barro logra detener la flota, es posible que se necesiten hasta tres buses, por lo general de la palmicultora Poligrow, para sacarlo de la tierra.

Global Forest Watch registra que en Mapiripán, entre 2001 y 2024, el 95 % de la pérdida de cobertura arbórea se produjo en zonas donde la principal causa es la deforestación. En 2023, fue considerado el segundo municipio de Colombia más deforestado según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con 5660 hectáreas. En 2024 esa cifra aumentó a 7400 hectáreas y en el segundo trimestre de 2025 Mapiripán se mantiene como uno de los municipios más afectados.

La plataforma Global Forest Watch también registra “50,933 alertas de deforestación en Mapiripán entre el 15 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025, cubriendo un total de 630 ha de las cuales 29% fueron alertas de alta confianza detectadas por un solo sistema y 11% fueron alertas detectadas por múltiples sistemas”.

Las vías ilegales crecieron exponencialmente, tal como lo documenta una investigación periodística de Mongabay Latam, donde se hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales, comprobando que en el municipio existen 11 ramales de vías ilegales que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud.

La mayoría de estas hectáreas deforestadas se utilizan para ganadería y el embalaje de la producción de los cultivos de palma. En este contexto, es donde se encuentra Matabambú Lagunas, un lugar especial y estratégico en términos de conservación ambiental y del territorio. Desde el 4 de marzo, el matrimonio hizo la solicitud formal para ser Reserva Natural de la Sociedad Civil, la cual se encuentra en la última etapa y espera recibir el aval pronto.

Las reservas naturales de la sociedad civil son “parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo”, según Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Leer más |Venezuela: Ticoporo, la reserva forestal donde solo existe 6 % de su bosque original

Aventuras en las lagunas

En Matabambú Lagunas amanece a las 5:30 de la mañana. Juan Camilo Caicedo dice que cuando el sol sale más intenso y los colores son más fuertes, los pájaros vuelan más y la hora adecuada del avistamiento es a las 6:00 de la mañana. Pero cuando el día empezó nublado, “a los pájaros les da pereza”. Se trata de un bosque inundable de 700 hectáreas y dos lagunas que suman 960 hectáreas, donde hay diversidad de especies, entre ellas pirañas (Serrasalmus rhombeus) y toninas o bufeos (Inia geoffrensis), estas últimas catalogadas como “en Peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

Después del tinto (café) del día, Caicedo inicia el primer recorrido para verificar que las aves hayan comido el cebo colocado estratégicamente alrededor de la casa el día anterior. Explica que hay que darles comida de manera responsable y adecuada, para no perjudicar su dieta natural.

El segundo recorrido es hacia el corral de cerdos, con la particularidad de que el alimento para ellos son las semillas que caen de las palmas africanas, gracias a un acuerdo al que llegaron con un productor local. Por detrás de la casa hay cajas donde las abejas tenían su hogar pero que se perdió por una inundación.

Unos pasos adelante está el bosque donde se hace observación de aves. Este es uno de los principales atractivos para hacer turismo de naturaleza, investigación científica u observación por hobbie. Como persona jurídica, la organización tiene el nombre de Fundación Lagunas Adventure y se ha posicionado no sólo en el país sino también a nivel latinoamericano en el avistamiento de aves. Tanto en el Global Big Day, cuando estos animales migran de norte a sur, como en el October Big Day, de este año, cuando migran de sur a norte, esta esquina de Mapiripán es el Hotspot o sitio de interés que registró los niveles más altos de Colombia con 216 aves en el primero y 146 en el segundo.

Existe un protocolo para el avistamiento y el registro de las aves en el celular con las aplicaciones de Ebird y Merlín Bird ID. Se hacen listas de las especies que pasan por allí, se fotografían, al tiempo que se camina despacio, con respeto, sin perturbar. Los observadores se comunican con la mirada, con los gestos del cuerpo, con la sonrisa.

Un lugar con un potencial de biodiversidad sorprendente

Diana y Juan Camilo evidencian el éxito de sus esfuerzos de conservación por ejemplo, en el incremento de peces en las lagunas y de águilas pescadoras (Pandion haliaetus). “Antes veíamos un águila máximo dos veces a la semana. Ahora ya vemos tres águilas todos los días cazando en la mañana, al mediodía, y al finalizar la tarde. Antes venían dos nutrias o perros de agua de manera esporádica y muy rápida, eran muy esquivos; ahora vemos seis, siete u ocho muy serenamente”, cuenta Escobar.

Mariela Osorno, bióloga, e investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), concuerda con el potencial gigantesco que tiene la Reserva Natural Matabambú Lagunas. Durante el segundo semestre de 2025, la experta hizo parte de la Expedición BIO al sistema lagunar y fluvial del bajo río Guayabero y alto río Guaviare – Naturaleza, Paz y Territorio -BIOGUAVIARE-.

Viajaron desde el Raudal de Angosturas, en San José del Guaviare, hasta la vereda Caño Evaristo, donde está Matabambú Lagunas. En total son ocho veredas (núcleos) donde se realizaron ejercicios de ciencia ciudadana y en los cuales las comunidades compartieron conocimientos, apoyaron actividades logísticas y participaron en procesos de monitoreo.

A lo largo del sistema lagunar y fluvial en los ocho lugares de la expedición, se documentaron especies pertenecientes a 492 familias, 1 351 géneros y una diversidad que abarca plantas, hongos, termitas, hormigas, aves, reptiles, anfibios, mamíferos grandes y pequeños, peces, macroinvertebrados, microalgas, microorganismos y bacterias.

Entre los resultados se destacan 43 especies migratorias, que usan los humedales de la zona explorada como rutas biológicas clave; 13 especies amenazadas, fundamentales para estrategias de conservación; 12 especies endémicas, exclusivas de esta región del país y 19 especies introducidas, lo que no es precisamente una buena noticia pero es información necesaria para el manejo y el control. Aunque la deforestación en estos territorios es alta, la investigadora hace énfasis en que estos ocho núcleos están muy bien cuidados “y alojan una biodiversidad muy significativa para la ciencia”.

Matabambú Lagunas es un lugar que le sorprendió a Osorno, sobre todo por su diversidad de anfibios. “Allí encontramos unas cosas realmente muy sorprendentes en términos de biodiversidad. La mayor cantidad de este territorio son bosques inundables, entonces el potencial que tienen allí es enorme”, relata.

Según la científica, este lugar “es muy bueno para avistamiento de cachirres (Caiman crocodilus) y de anfibios en paseos nocturnos”. La metodología consiste en salir de noche, desde las seis de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. “En un recorrido sólo de tres horas, o sea, la mitad del tiempo, puedes encontrar más de 15 especies en Matabambú, al lado de la casa. Es algo sorprendente”, cuenta la experta de Sinchi.

La especie que más le sorprendió a Osorno encontrar al lado de casa, como si fuera la mascota de la pareja Caicedo Escobar, fue la Phyllomedusa vaillantii, “una rana que es absolutamente atractiva en términos de su belleza y tú la escuchas cantar y la ves caminar y trepar de un árbol a otro”.

Leer más | La ganadería y la palma africana amenazan al zocay, el mono de manos blancas símbolo del Meta

Acuerdos comunitarios para proteger las lagunas

La tierra donde está la reserva Matabambú Lagunas era de la familia de Juan Camilo Caicedo desde los años 80, pero por el conflicto armado se desplazaron forzadamente una década después. Mapiripán cuenta con 5866 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y allí, en julio de 1997, el municipio fue epicentro de una masacre cometida por paramilitares que dejó cerca de 50 personas muertas y 511 familias desplazadas forzadamente.

La familia Caicedo regresó en 2019, después de un proceso de restitución de tierras y empezó un pequeño proyecto de apicultura. Desde entonces ha construido una forma y un estilo de vida donde trabajan la tierra y conservan la naturaleza. Entre 2022 y 2023 empieza la pareja empieza propiamente la consolidación de la reserva natural y el trabajo de recuperación y defensa del territorio.

Diana Escobar cuenta que Matabambú Lagunas tiene dos pilares: «El de turismo rural, sostenible, de naturaleza, y comunitario; y el de preservación, conservación de la biodiversidad, justicia, reconciliación ambiental y restauración natural”. Para poder consolidar este proyecto de protección de la naturaleza, tuvieron que entablar diálogos, conversaciones y llegar a acuerdos con sus vecinos y vecinas de la vereda Caño Evaristo, de la mano de la Junta de Acción Comunal.

Los acuerdos consisten en “no permitir la caza y la pesca predatoria, la extracción de carbón, orquídeas, y madera”. Antiguamente, antes de 2023, los recursos de esta región los utilizaban personas externas para su beneficio económico: “Se internaban tres o cuatro días a sacar bultos de pescado, bultos de carbón, bultos de orquídeas y a sacar madera de manera incontrolable. Ya uno sabía porque venían con sus mallas, sus anzuelos, sus recipientes de icopor [poliestireno expandido] grandísimos”, recuerda Escobar. Eso no volvió a suceder y por ello la restauración natural es evidente.

Turismo comunitario para proteger la naturaleza

Franklin Novoa es un joven integrante del Club de Observadores de Aves de Mapiripán (Coam). Iba a lo que hoy es la reserva a hacer avistamiento, desde antes de que la familia Caicedo regresara. Esto hizo que articulara con ellos y empezaran a proyectar este lugar para hacer turismo comunitario.

Uno de los aspectos importantes sobre la transformación del territorio, para Novoa, es quitar el estigma que tiene Mapiripán debido a sus dinámicas de violencia y conflicto armado. “El ambiente también es víctima y ahora, a través de las aves, a través de la conservación y a través de un turismo sostenible y comunitario, podemos hacer posible que las personas encuentren nuevas formas de ingresos [económicos] que no afecten el ecosistema”, dice Novoa. Desde 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró al ambiente como víctima del conflicto armado de Colombia.

La investigadora del SINCHI está de acuerdo con el joven oriundo de Mapiripán. “Para que la gente haga un turismo de naturaleza bien hecho tiene que partir de un fortalecimiento organizativo de las comunidades para que todas las personas participen con diferentes actividades”. Dentro del turismo de naturaleza, según la científica, se pueden prestar diferentes y diversos servicios, no sólo el avistamiento de aves, sino también el avistamiento de anfibios y el senderismo “pero eso requiere que las comunidades realmente se fortalezcan en torno a la actividad y se generen soluciones y no perjuicios”.

La bióloga ornitóloga y profesora de la Universidad de los Llanos, Andrea Morales, también concuerda con el gran potencial para el aviturismo y el turismo de naturaleza que tiene Matabambú Lagunas. Aunque sólo ha estado una vez en la reserva, sus estudiantes sí han ido con frecuencia, sobre todo en 2025, y por eso sabe que el lugar se ha ido transformando para realizar ejercicios de ciencia ciudadana que posteriormente le sirven a ella como investigadora.

En una estantería de la casa de Matabambú Lagunas, hay dos libros: Avicultura Colombiana y Aves del Guaviare, una explosión de colores. Diana Escobar y Juan Camilo Caicedo quieren tener uno de estos libros con las especies de aves del norte amazónico, de Mapiripán. Estuvieron en la COP16 en Cali en 2024 y en la COP30 de Belém do Pará en Brasil. Todavía siguen esperando la última fase para que Matabambú Lagunas sea constituída formalmente como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Mientras conversábamos en la mesa de su casa, Juan Camilo Caicedo saltó sorprendido porque un bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) se estaba asomando en el agua. No lo podía creer, aunque una persona extraña a estas tierras no comprenda el por qué de tanta emoción. Llamó a su pareja y tomaron los binoculares para comprobar lo que estaban viendo. “Eso es otra señal de la recuperación de la laguna”, concluyó.

Imagen principal: Diana Escobar “pajareando”, en términos más técnicos, realizando avistamiento de aves y ornitología recreativa. Foto: Simón Zapata Alzate.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Ruidos en las copas de los árboles tropicales de América revelan la presencia de innumerables animales. En lo más alto, reptiles que pueden alcanzar los dos metros de longitud y pesar hasta 10 kilogramos se mueven con una agilidad que no se corresponde con su tamaño y que no llevaría a pensar que también habitan cerca de cuerpos de agua porque son excelentes nadadores.

Las iguanas verdes (Iguana iguana) poseen colores llamativos y habitan desde el sur de México hasta el norte y centro de Sudamérica. A pesar de ser lagartos grandes, suelen ser tranquilos y solo recurren a sus grandes garras, y a una cola que da fuertes y veloces latigazos, cuando se sienten atacados.

Se trata de un animal que además tiene importantes roles ecológicos: “Los juveniles consumen frutos, hojas, flores y ocasionalmente algunos insectos, mientras que los adultos son casi completamente herbívoros. Dispersan semillas a través de sus heces, pero un estudio de 2015 en los bosques secos del desierto de la Tatacoa [en Colombia] demostró que también pueden transportar las semillas adheridas al hocico”, comenta Sandra Patricia Galeano, investigadora adjunta del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt en Colombia, y añade que es un reptil que se encuentra en el medio de la cadena trófica, por lo que controla el crecimiento de muchas plantas y a la vez forma parte de la dieta de muchos vertebrados.

Leer más | Venezuela, Trump y petróleo: los anuncios de EE.UU. profundizan la incertidumbre ambiental tras la captura de Maduro

A todas las virtudes de la iguana verde se suman características físicas como una cresta que va desde el cuello hasta la cola, una distintiva escama lisa debajo del tímpano y un aspecto prehistórico que la ha convertido en objetivo claro del mascotismo desde hace muchos años. Además, las hembras adultas pueden poner unos 30 huevos por nidada cada año y, mientras más viejas, el número aumenta: incluso hasta llegar a los 60 o 70, según los especialistas.

Todas las condiciones llevaron a que este reptil fuera una de las mascotas exóticas preferidas en varias partes del mundo cuando aún no existían normas fuertes que prohibieran la tenencia de animales silvestres. De hecho, a pesar de su alta tasa de reproducción, en 1977 la iguana verde fue incluida en el Apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), debido a riesgo de sobreexplotación. Estar en este apéndice significa que la especie no está en peligro de extinción inminente, pero su comercio internacional se regula estrictamente para evitar que lo alcance.

Esta protección ha logrado su objetivo: hoy la iguana verde se encuentra catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sin embargo, su comercialización trajo una consecuencia fatal para la conservación de la biodiversidad: se ha convertido en especie invasora en varios países y muchos de ellos son islas del Caribe donde sus efectos han sido devastadores.

Una expansión acelerada

José Luis Herrera, miembro del Grupo Especializado de Iguanas de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y gerente de proyectos en la organización Island Conservation, comenta que la iguana verde llegó a Florida, Estados Unidos, a finales de la década de 1970, posiblemente en un cargamento de materiales y alimentos proveniente de Cuba, mientras que a principios de los setenta se empezaron a generalizar los registros en Puerto Rico.

La explicación de cómo este reptil se propagó rápidamente es simple. “Se cree que fue principalmente por el comercio para el mercado de las mascotas. Las traían juveniles, las personas las compraban y ellas luego crecían y crecían. Ya era muy difícil tenerlas en cautiverio o en una jaula, así que la gente iba al bosque más cercano y las liberaba”, comenta Herrera.

La historia de la llegada a otros países caribeños, como Dominica, ocurrió mientras esta isla vivía una tragedia: “Llegó mediante un barco estadounidense con ayuda alimentaria después del huracán María en 2017. El Gobierno claramente estaba más pendiente de proveer alimento, agua y suplir todas las necesidades básicas de su población que del tráfico ilegal”, dice Herrera y asegura que hoy la iguana verde se encuentra en toda la isla.

Según los investigadores, el éxito colonizador de este reptil en las islas del Caribe se debe a varias razones, entre ellas su gran adaptabilidad, hábitats naturales modificados, expansión urbana, falta de depredadores naturales y una alta tasa reproductiva, entre 30 y 40 huevos por camada, con un éxito de eclosión que puede llegar a superar el 90 %.

“La iguana verde es un reptil arbóreo, grande, mayormente herbívoro y con una movilidad amplia. Suele encontrarse en los bordes de bosque y al lado de ríos y humedales. En Puerto Rico no había ningún otro organismo que hiciera eso porque en la época colonial se extinguió una iguana terrestre que ocupaba ese nicho. Así que cuando la iguana verde llegó aquí, encontró un espacio vacío”, dice Carlos Andrés Rodríguez, herpetólogo que ha investigado extensamente a la iguana verde en Puerto Rico. Para colmo, comenta el investigador, hacia 1930 la isla llegó a un nivel de deforestación de casi el 94 %, por lo que hoy hay bosques “nuevos” llenos de especies invasoras. “Y la iguana verde está dispersando semillas tanto nativas y endémicas como de árboles y plantas invasoras”.

Sandra Galeano añade que este animal es buen invasor en zonas donde no hay depredadores ni competidores, y que si los hay, su comportamiento territorial le da mayor ventaja para establecerse y expandirse.

María Piedad Baptiste, investigadora principal del Centro Colecciones y Gestión de Especies del Instituto Humboldt, menciona que hay tres elementos clave para que una invasión biológica sea exitosa: que existan vías de introducción, que el sitio al que llega la especie sea vulnerable y que el invasor tenga unas características particulares, por ejemplo, una rápida reproducción y adaptabilidad. “Si se reúne ese conjunto de factores, tenemos ese cóctel perfecto para que la especie pueda establecerse, aumentar sus números y dispersarse”.

La gallina de palo, como también llaman a la iguana verde en Puerto Rico, se benefició inicialmente de las liberaciones deliberadas que hicieron quienes las tenían como mascota y desconocían el enorme problema que causarían. Después, dice Rodríguez, la expansión urbana y la creación de espacios abiertos, como carreteras y zonas de construcción, facilitaron su anidamiento y proliferación.

Como si esto fuera poco, se han expandido al llegar en embarcaciones o flotando sobre troncos de árboles después de huracanes. De hecho, existen registros de 15 iguanas verdes que sobrevivieron al huracán Marilyn en 1995 y llegaron a Anguila, provenientes de Guadalupe, luego de navegar cerca de 300 kilómetros durante varias semanas. Su metabolismo lento les permitió sobrevivir sin comida durante ese tiempo.

“La observación directa de I. iguana colonizando Anguila demostró en tiempo real la viabilidad del rafting de larga distancia sobre el agua como mecanismo para poblar islas marinas”, indica un artículo publicado en la revista PNAS en marzo de 2025.

Leer más | Revivir al Río Colorado: utilizan abejas y agua para restaurar el delta que unía a Estados Unidos con México

Los estragos de una invasión

Los efectos de la invasión en las islas del Caribe van desde la competencia por recursos con especies nativas, la hibridación con otras especies de iguana y la transmisión de enfermedades a otros animales, hasta millonarias pérdidas económicas debido al ataque a cultivos y obras de infraestructura.

Luego de que las iguanas verdes llegaron a Anguila, empezaron a reproducirse con uno de los lagartos locales, la Iguana delicatissima que se encuentra en Peligro Crítico de extinción.

Carlos Rodríguez menciona que la iguana verde también ha logrado hibridarse con iguanas de otro género como las Cyclura. “Hay una gran preocupación en muchas de las islas del Caribe que tienen iguanas endémicas porque, a nivel genético, podrían perder sus especies a través de la hibridación”.

La proliferación de este animal invasor también ha traído otros problemas graves, dice Rodríguez, ya que beneficia las poblaciones de otros depredadores —gatos y perros ferales, así como otros invasores como la mangosta—que atacan fauna nativa y ven en los huevos y juveniles de la iguana verde una oportunidad de alimento.

Investigaciones recientes en Puerto Rico muestran que este reptil se ha convertido en un voraz depredador de cultivos como el pepino y la lechuga, generando pérdidas económicas para los agricultores.

Estas pérdidas también han afectado el turismo: “Cuando las personas vienen a hacer avistamiento de aves, hay áreas donde ya no hay la cantidad de aves que se esperaban, debido a la presencia de iguanas verdes que depredan los polluelos o los huevos en los nidos”, menciona José Luis Herrera.

Ni siquiera la infraestructura se escapa de los daños. Las madrigueras debilitan diques, carreteras y otras estructuras. Rodríguez asegura que para hacer sus nidos, las hembras buscan áreas arenosas expuestas al sol que permitan mantener temperaturas que ronden los 30 grados centígrados. “Las hembras van a estar excavando a los lados de las carreteras o los cimientos de los edificios”.

Incluso, destacan Rodríguez y Herrera, las iguanas verdes son consideradas un factor de riesgo de impacto en los aeropuertos de San Juan, Puerto Rico y el de Miami, Estados Unidos. “Invaden el área de aterrizaje y despegue para calentarse. El aeropuerto de San Juan tiene un equipo de personas cuyo trabajo principal es identificarlas y retirarlas para evitar accidentes”, dice Rodríguez.

Leer más | Finanzas ambientales: por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza se gastan 30 dólares en destruirla

Enfrentando un ataque poderoso

Países caribeños y estados como Florida en Estados Unidos llevan décadas tratando de controlar y mitigar los impactos de la iguana verde en sus territorios. Los investigadores tienen claro que erradicar al animal es prácticamente imposible ahora, pues la especie está establecida y se ha dispersado ampliamente.

“Si en el momento que se detectó el primer foco de incursión de la iguana en el aeropuerto de Miami y sus áreas cercanas se hubiera actuado rápido, se hubiera evitado esa expansión y la historia sería distinta”, dice Herrera. Para él, en los lugares donde hay un riesgo mediano o alto de llegada de la iguana aún es posible aplicar medidas de prevención, detección temprana y respuesta rápida, las cuales forman parte de un programa de bioseguridad básico para evitar que las poblaciones se establezcan.

Las medidas que se aplican actualmente en Puerto Rico son de control. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha decretado a la iguana verde como una especie que puede poner en peligro la economía, permitiendo a los dueños de propiedades y agricultores eliminarlas legalmente. También se le ha permitido a una compañía procesar carne de iguana para exportación, aunque el mercado todavía es bastante limitado.

Carlos Rodríguez lleva años investigando cómo enfrentar la situación y ha desarrollado algunas estrategias de manejo humanitario y mitigación de daños. Una de ellas es la siembra estratégica de árboles y arbustos nativos en áreas de anidamiento, de manera que se genere sombra para bajar la temperatura del suelo, haciendo que las iguanas abandonen esos sitios y que no sean aptos para la eclosión de los huevos. También se han realizado cosechas de huevos en zonas importantes de anidamiento de la iguana, lo que ha permitido recolectar cerca de 48 000 huevos en 18 años para reducir la reproducción.

Otra de las acciones ha sido colocar bloques y ladrillos con cemento a un metro de profundidad en los lados de las carreteras o rellenar áreas con roca triturada y alambre para evitar la excavación de las hembras.

Por otra parte, se ha considerado inundar los nidos para bajar la temperatura y que se pudran los huevos o aumentarla hasta que se cocinen por dentro. Sin embargo, dice Rodríguez, eso genera afectaciones para otros organismos, pues la iguana ya forma parte de la cadena trófica.

“Si no mantienes una frecuencia de remoción más alta que la cantidad de individuos que puede traer cada camada de reproducción, vas a tener un programa de control de por vida. Por eso es tan difícil realmente remover las especies invasoras una vez que las poblaciones se establecen”, afirma Herrera.

Mientras se barajan acciones para mitigar los impactos de este herbívoro invasor en el Caribe, países como China ya han manifestado su preocupación por la expansión de la iguana verde en Asia.

En un artículo publicado en diciembre de 2025 en la revista Environmental Conservation, investigadores advierten que China, como signataria de CITES, designa a la iguana verde como fauna silvestre protegida bajo la ley doméstica, prohibiendo su caza o muerte no autorizada. “Este estado protegido crea una paradoja, planteando amenazas ecológicas significativas mientras salvaguarda legalmente la especie. A diferencia de otras especies invasoras establecidas en China, incluyendo la tortuga semiacuática Trachemys scripta elegans y el caracol de agua dulce Pomacea canaliculata, la iguana verde es relativamente nueva en la China continental y, por lo tanto, existe baja conciencia de sus riesgos ecológicos”, se lee en el documento.

María Piedad Baptiste comenta que CITES promueve el uso legal y la conservación de las especies en su distribución natural. Sin embargo, cuando una especie se sale de su ámbito natural y se convierte en invasora, insta a los países a generar o tener en cuenta reglamentaciones internas para controlar, por ejemplo, la tenencia de mascotas y prevenir la dispersión de especies.

“Mantener a la iguana verde en el Apéndice 2 de CITES es una buena acción siempre y cuando los países establezcan medidas de prevención, detección temprana y respuesta rápida para evitar que sus poblaciones se sigan dispersando [fuera de su hábitat natural] y sigan colonizando sitios nuevos”, enfatiza Herrera.

Que China elabore normas y políticas internas para enfrentar la expansión de la iguana verde se convierte en un asunto urgente dado que es un país crítico tanto para el comercio legal como ilegal de especies. Por ahora, los expertos insisten en que la mejor arma para enfrentar a las especies invasoras es la prevención. “El aprendizaje aquí es que a las especies invasoras hay que atajarlas cuando llegan. Y si se puede antes de que lleguen, mejor todavía”, concluye Rodríguez.

Imagen principal: ejemplar juvenil de iguana verde. Foto: cortesía Carlos Andrés Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Entre los fríos oleajes del Pacífico y el pulso cálido de las ciudades latinoamericanas se extienden playas turquesas que atraen tanto a ballenas migratorias como a visitantes. Pero estas costas también han estado acumulando un viajero no deseado: botellas plásticas, uno de los rastros más persistentes de la contaminación marina.

Centroamérica —donde coinciden altas densidades poblacionales e infraestructura limitada de gestión de residuos— alberga algunos de los sitios más contaminados de la región, según una nueva investigación publicada en Journal of Cleaner Production. “Es la primera vez que un estudio que analiza origen y abundancia cubre una sección tan amplia del Pacífico latinoamericano”, dijo el coautor Ostin Garcés-Ordóñez, científico marino del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian en Maryland. “Analizamos botellas de ciudades, playas continentales e islas, lo que nos permitió ver patrones de contaminación que no habíamos observado antes”.

Cientos de científicos ciudadanos en México, Centroamérica y Sudamérica participaron en la investigación liderada por Garcés-Ordóñez y la red chilena Científicos de la Basura, rastreando de dónde provenían las botellas y qué revelaban sus trayectorias sobre la contaminación regional. Trabajando con científicos y educadores locales, los participantes recolectaron botellas de playas, ríos e islas cercanas en 10 países.

En Costa Rica, donde solo cinco de los 84 municipios cuentan con instalaciones que separan residuos reciclables de los no reciclables, el coautor Juan Manuel Muñoz-Araya, científico marino y coordinador del acuario en el Parque Marino del Pacífico, organizó a decenas de estudiantes para recolectar cerca de 5000 botellas a lo largo de la costa.

Juntos catalogaron miles de botellas y tapas: algunas con etiquetas desteñidas por el sol; otras, sin etiquetas. Algunas estaban brillantes e intactas, con marcas reconocibles como Coca-Cola y PepsiCo. “Ver los productos internacionales ayudó a que los jóvenes entendieran que forman parte de un esfuerzo científico internacional”, dijo Muñoz-Araya. “No solo están limpiando una playa”.

Cada botella fue registrada por científicos ciudadanos, quienes anotaron su condición y elementos identificadores como logotipos, códigos de barras e idioma. Las botellas etiquetadas en español y producidas por empresas regionales se atribuyeron a fuentes locales, mientras que aquellas con idiomas asiáticos sugerían orígenes internacionales.

Más de la mitad de las botellas que se originaron dentro de Costa Rica fueron arrastradas por los sistemas fluviales desde centros urbanos, incluido San José, hacia las costas rurales. El resto probablemente recorrió océanos enteros: las botellas con etiquetas en chino o japonés probablemente viajaron miles de kilómetros, transportadas por corrientes del Pacífico que atraviesan rutas marítimas comerciales, explicó Garcés-Ordóñez.

En Panamá, aproximadamente el 60 % de las botellas eran extranjeras, lo que revela cómo las rutas de navegación, especialmente a través del Canal de Panamá, contribuyen a la contaminación. Este patrón refleja lo observado en islas como las Galápagos en Ecuador, donde con frecuencia aparecen botellas provenientes de Asia, particularmente de China.

En el estudio, las islas acumularon constantemente más botellas extranjeras que las costas continentales. Esto podría deberse a que muchas islas están más cerca de rutas marítimas importantes y reciben una exposición más directa a los vientos y a las corrientes. Ubicadas en zonas donde convergen grandes corrientes del Pacífico, algunas islas actúan como trampas naturales que interceptan desechos flotantes que, de otro modo, permanecerían dispersos en el mar.

Los hallazgos regionales reflejan una crisis mayor que se desarrolla en los océanos del mundo. Globalmente, más de 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresan al mar cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una cifra que podría triplicarse en las próximas dos décadas.

Aunque estas cifras muestran la magnitud del problema, los investigadores también lo aterrizan en la costa, revelando cómo la contaminación plástica está profundamente entrelazada con la infraestructura local. El consumo de bebidas embotelladas suele surgir de un acceso poco confiable al agua potable, explicó Garcés-Ordóñez. En regiones sin sistemas municipales funcionales, las bebidas embotelladas se vuelven una fuente esencial, pero ambientalmente costosa, de hidratación.

Grandes barreras educativas impiden que muchos municipios latinoamericanos operen sistemas de reciclaje eficientes, explicó Salma Terrazas, de Ecolana, una startup mexicano dedicada a facilitar el acceso al reciclaje. “Una gran parte de la población no sabe lo que es la cadena de reciclaje en México, solo llega al proceso de que alguien se lleva su basura, pero desconoce a dónde va o qué hacen con ella”, dijo. “Esto hace que los residuos se entregan revueltos, sucios y limita más el proceso de reciclaje”.

En algunos países latinoamericanos, la devolución de botellas ya incluye compensación económica. Ampliar estos incentivos podría aumentar la participación y reducir la contaminación marina, añadió Garcés-Ordóñez. “La recomendación principal es implementar un sistema estandarizado de botellas plásticas retornables que puedan devolverse en cualquier país y a cualquier empresa”.

REFERENCIA
Garcés-Ordóñez, O., Ergas, M., Baeza-Álvarez, J., Honorato-Zimmer, D., López-Xalín, N., Vásquez, N., … & Thiel, M. (2025). Abundance, provenance, and characteristics of plastic beverage bottles in human settlements and on beaches of the Latin American Pacific region: a citizen science study. Journal of Cleaner Production, 521, 146234.

Imagen principal: clasificación de botellas plásticas recolectadas en Costa Rica para su análisis. Foto: cortesía Juan Manuel Muñoz-Araya.

El artículo original fue publicado por Olivia Maule en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

Leer más | De Ecuador a Brasil, flotilla de pueblos indígenas navega para hacerse escuchar ante los líderes mundiales en la COP30

Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

Leer más | La misteriosa empresa que quiere extender el triángulo del litio a Paraguay

La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

Leer más | Sentencia inédita del Tribunal Agroambiental de Bolivia para la protección del jaguar

El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

Lee más |Expertos temen que proyecto minero de cobre en Chile amenace al gato andino, uno de los felinos más raros de América

Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

Leer más |Bolivia: la autonomía indígena avanza a paso lento, entre obstáculos y retos

Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

Leer más |En Colombia asesinan a un defensor de derechos humanos cada dos días y medio | INFORME

Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

Leer más | Se agudizan la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos | INFORME

La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.