Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las serpientes son animales enigmáticos, su presencia genera temor y en términos bíblicos se las identifica con el mismo ‘demonio’. En cambio, en algunas culturas precolombinas, –en la mitología andina se la conoce como Amaru— la serpiente era una deidad que simbolizaba la sabiduría y expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, por la forma de su cuerpo, los pueblos indígenas la relacionan con los ríos y los flujos de agua.

Las serpientes también cumplen un rol central en la cadena trófica, pues son depredadores y presas a la vez. También son especies amenazadas y los principales peligros que enfrentan están la pérdida de su hábitat y la interacción con las personas, justamente por el temor que inspiran, lo que las convierte en víctimas de los humanos.

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En el Día Mundial de las Serpientes, que se celebra cada 16 de julio para despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies, Mongabay Latam presenta tres historias de investigadores que desde diferentes perspectivas estudian a estos animales. En Perú dos herpetólogos recorren lugares poco estudiados y áreas protegidas para rastrearlas. En Costa Rica, una veterinaria investiga el uso del veneno de la serpiente al mismo tiempo que se dedica a explorar en la salud de estos reptiles. Y en Argentina, un investigador que participó en la elaboración de la principal lista de serpientes en el país ahora las monitorea a través de equipos de radiotelemetría.

Perú: en busca de las serpientes para llenar vacíos de información

James William Ttito y Michel Gulman, investigadores del Instituto Peruano de Herpetología, recorren lugares poco explorados en Perú y áreas naturales protegidas para hacer inventarios biológicos y colectar ranas, lagartijas y serpientes. “Las serpientes han sido poco estudiadas, son poco conocidas y, muchas veces, nos encontramos con registros nuevos, nunca vistos en la zona que estamos visitando, especies que posiblemente estaban ahí, pero nunca nadie las había encontrado para la ciencia”, cuenta Gulman durante la conversación con Mongabay Latam.

“Serpientes hay prácticamente en todos lados. Lo que más las limita para conquistar un hábitat es el frío extremo”, comenta Gulman sobre estas especies y agrega que “los reptiles suelen ser endémicos”. Por eso, en Perú, donde abundan los bosques nublados, separados por cañones, y cordilleras, con cuencas que tiene su propio ecosistema de bosque geográficamente aislado, suele haber mayor especiación y potencial de descubrir especies nuevas.

Sus recorridos están llenos de sorpresas y de historias que los inspiran en su tarea. “Encontrar una serpiente en campo no es tan común. Si hacemos estudios con ranas y sapos, en una noche podemos encontrar cinco, seis, hasta diez, pero si queremos encontrar una especie de serpiente, en una noche encontraremos una o dos, en el mejor de los casos”, cuenta Ttito, quien también es investigador del Centro de Investigación Vertebrate de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y del Museo de Historia Natural de la misma universidad.

“Vamos a lugares donde hay vacíos de información, donde no se han hecho estudios herpetológicos”, agrega Ttito. Uno de los lugares recorridos recientemente por Ttito ha sido el Santuario Histórico de Machu Picchu, para ubicar anfibios y reptiles. “Ahí apareció una serpiente enigmática, llamada Oxyrhopus erdisii, que fue descrita en 1911”, durante la expedición de la Universidad de Yale, cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu. “Es una serpiente super rara de ver y la hemos encontrado en una expedición de casi 20 días. Ese ejemplar para nosotros es muy valioso e importante”.

Ttito cuenta otra experiencia de un herpetólogo argentino que llegó a Perú con la esperanza de poder ver dos especies de serpientes: Bothrocophias microphthalmus y Bothrops Taeniatus. “Había pasado casi una semana de la expedición y apareció la Bothrops Taeniatus. El colega que tenía el sueño de ver esa serpiente se puso a llorar porque era su especie soñada y consiguió verla. Fue un momento lleno de emociones”, cuenta el herpetólogo peruano.

Los investigadores han realizado juntos algunas de las expediciones, entre ellas, un recorrido por el Parque Nacional Cordillera Azul; pero también hacen exploraciones por separado. Ttito ha viajado principalmente por los departamentos del sur de Perú, en los Andes amazónicos, así como por algunos lugares de la Amazonía; mientras que Gulman recorre principalmente los departamentos del norte peruano. “Yo soy de Piura y él [Ttito] es de Cusco, entonces, naturalmente, resulta más fácil explorar los lugares cercanos a tu zona”, comenta Gulman.

“Poco a poco estamos recorriendo varios lugares y para el siguiente año tenemos una expedición supergrande en Codo de Pozuzo, en la región de Huánuco”, agrega Ttito.

Mientras tanto Gulman acaba de participar en una larga expedición en el Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes. “Ha sido increíble para todos porque hemos promediado más de siete u ocho serpientes por noche”, comenta.

Ttito comenta otro aspecto del trabajo que realizan durante sus expediciones: el esfuerzo para que las personas de las localidades que recorren tengan un acercamiento y mayor conocimiento sobre las serpientes. “Las personas tienen mucho miedo y cualquier serpiente que ven, las matan”.

Gulman reafirma lo que dice su colega y menciona las dos principales amenazas para las serpientes. Uno de ellos es la interacción con los humanos “porque las matan, en todos lados, la gente tiene una imagen negativa de las serpientes, es un tema cultural, muy profundo y tiene una connotación religiosa porque la Biblia pone a la serpiente como un ser malvado”.

El otro riesgo es la pérdida de hábitat. “Es el mayor de los problemas”, dice Gulman. “En todos lados hay cierto nivel de pérdida de hábitat y eso afecta mucho más a las poblaciones de serpientes”. En ese sentido, menciona a la minería ilegal, la expansión ganadera, la tala y la expansión urbana como las principales causas de esta pérdida de hábitat.

Gulman explica que cuando encuentran una nueva especie para la ciencia es importante ponerle un nombre para que así pueda ser ubicada en una categoría de protección, “porque muchas de esas especies cuando se las encuentra ya están en situación vulnerable o en peligro de extinción, sobre todo si habitan en parches de bosques o en espacios reducidos por la deforestación”. “Queremos que por lo menos haya un registro de que existieron, porque muchas de estas especies se podrían extinguir antes de que se pueda hacer algo”, agrega Gulman.

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Costa Rica: en busca de los beneficios del veneno

A Natalia Montero Leitón le fascinan las víboras cascabeles. “Son demasiado curiosas y es un animal que cuesta mucho mantener en cautiverio, es un reto. Yo creo que ella conoce su potencial porque tiene un veneno muy fuerte, muy poderoso”, dice la médica veterinaria de fauna silvestre del Serpentario del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica.

Aunque asegura que las cascabeles son animales tranquilos, también advierte que se deben manejar con mucho respeto. “Me parece un animal muy bonito, físicamente es precioso, un gigante noble, pero cuando se enoja, hay que darle su espacio”.

Quizá su fascinación por las serpientes empezó cuando de niña observó uno de estos animales subiendo un árbol. Como veterinaria, se ha dedicado a estudiar a los reptiles. “En Costa Rica tenemos 147 especies de serpientes en total, de las cuales 25 son venenosas”, aclara.

Montero cuenta que en el instituto donde trabaja se investiga la producción de sueros antiofídicos que se usan como antídotos ante la mordedura de una víbora, es decir, una serpiente venenosa. En este proceso, comenta Montero, se analizan, por ejemplo, combinaciones de venenos que pueden potenciar la eficiencia del suero. “Podemos usar un grupo de tres especies, por ejemplo, para elaborar el suero y estudiar qué combinaciones de venenos nos sirven para cubrir más especies en caso de un accidente [mordedura]. Así vamos mejorando el antídoto”.

Pero este veneno también es útil en medicina. Uno de estos usos ocurre en los fármacos para controlar la presión arterial. “En Brasil, por ejemplo, muchos de los productos que se usan para controlar la presión se elaboran en base a una toxina que tiene el veneno de las Bothrops [género de serpientes venenosas]. Se produce de manera sintética en el laboratorio y lo aplican para bajar la presión”, comenta la veterinaria.

Montero agrega que en el Instituto Clodomiro Picado también se está estudiando el veneno de las serpientes para la industria cosmética, además de que se investigan las propiedades físicas de sus pieles.

Las investigaciones de Montero, sin embargo, están principalmente enfocadas en la salud de las serpientes. La investigadora cuenta que cuando realizaba sus investigaciones para su tesis del sistema reproductor de las serpientes logró apreciar una torsión uterina en una hembra. Cuando la hembra se apareaba y recolectaba el esperma, su cuerpo tenía la capacidad de hacer una torsión del útero para almacenar el esperma durante años. “Es impresionante. Imagínese lo fuerte que tiene que ser la torsión para que no escape un espermatozoide, pero al mismo tiempo que le permita al órgano seguir llevando sangre y no morir el tejido”.

“Son un reto porque son pacientes muy difíciles, no solo por su carácter y porque son venenosas, sino porque son animales muy poco expresivos y es difícil darse cuenta de que el animal está enfermo”, comenta Montero sobre sus estudios con las Bothrops.

Montero explica que con estas especies muchas veces solo pueden darse cuenta que algo les sucede cuando se ve un signo clínico mínimo, “como una postura diferente, un cambio de temperamento, algo mínimo”. señala la veterinaria. Sin embargo, al hacer los análisis, descubren que la situación puede ser crítica. “A veces no entendemos cómo el animal está vivo”, comenta.

“Son increíblemente resistentes ante cosas que ningún otro animal aguantaría. Uno entiende que es parte de su evolución”, explica Montero y cita un ejemplo de cuando una serpiente “tenía un puntito chiquito” y la atendieron con antibióticos, pero el animal murió. “A la hora de hacer la autopsia vimos que el animal tenía un absceso en la parte interna que le había perforado el hígado. Me preguntaba cómo ha estado vivo. Había estado sufriendo toda esta enfermedad durante mucho tiempo”.

El Serpentario del Instituto Clodomiro Picado también tiene una función social, dice Montero, que se concreta a través de charlas y capacitaciones en la comunidad, en las instituciones, escuelas, con el fin de prevenir los accidentes con serpientes.

También se habla sobre la coexistencia de las personas con las serpientes para evitar que las maten. “Se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, se hizo incluso una aplicación para identificar serpientes venenosas y algunas de las más comunes. Y estamos viendo un cambio, las personas nos llaman y preguntan por las serpientes, se interesan en estos animales. ‘¿Qué puedo hacer? No la quiero matar’, nos dicen”.

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Argentina: una lista de serpientes y nuevas investigaciones

En 2021, un equipo de tres herpetólogos argentinos elaboró una lista de las serpientes registradas hasta ese momento en el país. Los datos que mostró el estudio correspondían a “ocho familias y 129 especies que habitan en el territorio argentino”, según la publicación.

“Era una lista de todas las serpientes de la Argentina que existían o que estaban descritas hasta esa fecha, porque lo que sucede en biología es que es muy dinámico el asunto de las especies y con el tiempo se van describiendo más especies o surgiendo cambios en las clasificaciones de los animales”, comenta a Mongabay Latam David Gustavo Vera, uno de los investigadores que realizó el estudio. “En 2023 [dos años después de la publicación] se describieron una o dos especies más”, recuerda.

La investigación se centró principalmente en la revisión de otros estudios y artículos científicos, experiencias de ciencia ciudadana y el trabajo de campo de los propios investigadores. “Trabajamos mucho con las colecciones biológicas de los museos en Argentina para recopilar esa información”, recuerda Vera, quien actualmente es docente investigador en el Museo de la Plata, en Argentina.

La investigación realizada hace cinco años, dice el herpetólogo, actualmente sirve a los investigadores para tener un punto de partida, por ejemplo, al seleccionar una especie de estudio. “Un trabajo de estas características con serpientes no se hacía por lo menos hacía unos 20 años o más”, agrega Vera.

En la actualidad, las investigaciones de Vera se han centrado en una especie en particular, la Bothrops alternatus, conocida como víbora de la cruz o yarará grande. “Es una especie de importancia médica que causa bastantes accidentes físicos [mordeduras] en el país. Me interesa conocer los aspectos de zoología, es decir, dónde se encuentra, qué tipo de hábitat usa, porque todo está asociado a la problemática de los accidentes”.

En sus investigaciones, Vera también utiliza la radiotelemetría, una técnica usada para monitorear “por dónde se mueven, cuánto se mueven, qué área de actividad tienen, en qué rango se pueden desplazar”, comenta Vera. “Lo que busco es tratar de predecir cuánto podría moverse un individuo en la naturaleza para poder establecer algunas medidas de prevención o zonas más probables de encuentro con estos animales en mi área de trabajo, los pastizales de la provincia de Buenos Aires”, agrega.

“Hace dos años sacamos una publicación corta sobre el primer caso en Argentina de la colocación de un radiotransmisor a una serpiente venenosa”, menciona sobre sus investigaciones. Los radiotransmisores, explica Vera, son aparatos similares a una pila doble AA, que emite ondas de radio, cuya señal se recoge en equipo receptor similar a una radio antigua conectada a una antena.

En el caso de las serpientes, estos transmisores se colocan dentro del cuerpo. Vera dice que resulta más complicado en comparación con otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, a los que se les colocan los radiotransmisores de manera externa, acoplados a un collar, y también las aves y lagartijas, a las que se les pone una especie de arnés alrededor del cuerpo.

En cambio, como las serpientes no tienen extremidades, es mucho más complicado, porque si se coloca externamente corre riesgo de que se desprendan o que afecte sus movimientos, pues “se pueden enganchar la antena del transmisor con algo del ambiente como pastos, arbustos, roca y desprenderse”. Por tanto, en el caso de las serpientes, el método que existe “es hacerle directamente una intervención quirúrgica”. “Se abre una pequeña parte del cuerpo y se introduce el radiotransmisor, luego se cierra y se les deja en recuperación para luego liberarlas en el campo”. Lo particular del método es que una vez que se concluye el estudio, se debe hacer una nueva intervención para retirar el aparato, por tanto, se debe capturar dos veces a la misma serpiente.

En una primera investigación liderada por Vera —que lleva por título Primera experiencia de implantación de radiotransmisores en la víbora Bothrops alternatus— se instalaron radiotransmisores a tres serpientes. “Fueron individuos de prueba, pero seguimos investigando con más individuos en campo para poder obtener más información y sacar conclusiones”, comenta con relación a una segunda investigación que aún no ha sido publicada.

Sin embargo, ya existen algunos datos. “Tuvimos pistas de cuánto se pueden mover en un año y cuáles son las estaciones en las que más se mueven. Como son animales que regulan la temperatura corporal con el ambiente, dependen mucho de la estacionalidad de la zona donde viven”, comenta y aclara que estos animales “se mueven más en primavera y en verano, mientras que en otoño baja la actividad y el invierno lo pueden pasar sin moverse”.

En el Museo de la Plata, comenta Vera, también se investiga la ecología de las especies y su relación con el cambio climático. “Nos llama la atención indagar sobre cómo van a responder los animales al cambio climático”.

Estas investigaciones están a cargo de Diego Di Pietro, otro de los herpetólogos que participó en la investigación de 2021. Una de las recientes publicaciones de Di Pietro —Impactos del cambio climático en la herpetofauna endémica y amenazada de los pastizales pampeanos en Argentina—, de enero de 2025, señala que “el conocimiento detallado sobre los impactos del cambio climático en la mayoría de las especies de la región neotropical es incipiente y la herpetofauna de los pastizales pampeanos no es la excepción”.

El documento explica que para esta investigación se modelaron los hábitats adecuados de nueve especies endémicas de anfibios y reptiles que habitan los pastizales pampeanos de Argentina, bajo las condiciones climáticas actuales y escenarios futuros de cambio climático. Lo que encontraron fue una pérdida significativa tanto en las superficies de hábitat adecuadas como en las poblaciones conocidas de la mayoría de las especies estudiadas.

“Estamos investigando si las especies van a poder sobrevivir en el tiempo, de acá a 100 años; si van a tener una mayor distribución; si el cambio climático va a favorecer que se expandan en el país o si va a acotar su distribución”, finaliza Vera.

*Imagen principal: el Día Mundial de las Serpientes busca despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies. Foto: cortesía Natalia Montero.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos“, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron», dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

*Imagen principal: los tiburones se encuentran en la cima de la pirámide trófica. Al cazar, también se alimentan de peces heridos o enfermos, lo que regula las poblaciones de otras especies, manteniendo la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Foto: Joshua Vela.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Esto representó una disminución de cerca del 17 % de los asesinatos contra este sector, respecto a los 81 casos que la misma Defensoría reportó en los primeros cinco meses del 2025. Sin embargo, los patrones de violencia se mantienen, pues la institución sostiene que los homicidios se concentran en territorios donde “comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes defienden la tierra y el medioambiente frente a la presencia de grupos armados”.

En casi 10 años de registro, la Defensoría del Pueblo documentó 1732 casos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia.

A las cifras dadas a conocer por la Defensoría del Pueblo se suman también 58 masacres con 238 víctimas, las cuales ocurrieron en 20 departamentos del país, así como el asesinato de tres personas firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila.

De acuerdo con el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los liderazgos comunales, políticos, comunitarios e indígenas fueron los más afectados en este periodo.

En lo que va de 2026, los departamentos que concentran la mayoría de los asesinatos son Cauca, con 16 casos; Antioquia, con 11; y Arauca, con seis homicidios. Estos territorios coinciden como focos de violencia en el país. Durante 2025, por ejemplo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo concentraron casi el 39 % del total de las agresiones contra personas defensoras, de acuerdo con el informe “Promesas rotas”, realizado por el Programa Somos Defensores y que sostiene que se trató del año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro, con 165 asesinatos.

Un informe global de la organización Front Line Defenders dado a conocer el pasado 15 de junio también documentó 165 asesinatos de defensores en Colombia durante 2025, colocando al país, nuevamente, como el más letal para quienes se dedican a esta labor.

De acuerdo con el informe, la inestabilidad en los procesos de paz a lo largo de 2025 estuvo acompañada por la expansión de actores armados en áreas rurales estratégicas, así como en la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la expansión de la ganadería.

“En este contexto, la violencia contra los defensores de derechos humanos está estrechamente vinculada a los esfuerzos por controlar la tierra, los recursos y los flujos económicos. Líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos, así como excombatientes que promueven alternativas comunitarias, han sido amenazados, silenciados y asesinados por desafiar estos sistemas”, destaca el informe global.

*Imagen principal: los departamentos que concentran la mayoría de los asesinatos de defensores, incluyendo defensores indígenas del territorio, son Cauca, Antioquia y Arauca. Sin embargo, los asesinatos de defensores se han cometido en 20 departamentos de Colombia. Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A Nohora Alejandra Quiguantar, indígena pasto, no le contaron de inmediato que a su abuela María Quiguantar la habían torturado y asesinado. Era 17 de febrero de 2002. Había regresado del colegio más tarde de lo habitual, en el resguardo indígena Mallamues, en Nariño, en el suroeste de Colombia. Tal vez se quedó jugando o recogiendo moras en el camino; no lo recuerda con claridad. De ese día le quedaron apenas fragmentos: la casa llena de gente, el murmullo espeso de la comunidad, los rostros tensos y ese silencio extraño del miedo cuando todavía no se entiende del todo la tragedia, pero ya se siente en el cuerpo.

María Quiguantar no era solo su abuela. Era partera, médica tradicional y lideresa de un proceso de recuperación de tierras que colonos, terratenientes y miembros de la Iglesia Católica les habían arrebatado a decenas de familias indígenas en Nariño. Su asesinato condenó a la familia al desplazamiento. Pero antes de la violencia, también había sembrado una herencia más profunda: la chagra -huerta-, las plantas medicinales y la certeza de que la salud nace de la relación con la tierra.

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Fue allí, junto a ella, donde Nohora Alejandra Quiguantar aprendió el poder de las mujeres indígenas en el cuidado y la sanación. Vio a su abuela curar enfermedades con lo que la tierra daba e incluso asistir el parto de una de sus hermanas. Ese saber sembrado en la infancia, la llevó años después a convertirse en una de las pocas científicas indígenas de América Latina con voz en escenarios de Naciones Unidas y en cumbres como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco para el Cambio Climático. Esta es su historia.

El color de las hojas

Nohora Alejandra Quiguantar creció entre las montañas de Nariño, en una zona que colinda con el Pacífico y el Amazonas. La escuela quedaba a dos kilómetros de su casa, pero el trayecto casi nunca era directo: se detenía a trepar árboles, a mirar hojas, a preguntarse por qué unas eran verdes y otras rojizas. La curiosidad empezó así, caminando. En casa, un pequeño espacio de barro y de una sola habitación donde vivía con su mamá, su abuela y sus hermanas, encontró sus primeras respuestas. “Mi mamá fue mi primera maestra de biología”, dice a  Mongabay Latam y Vorágine para el especial Científicas Indígenas.

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Su madre, Lupe Quiguantar, le enseñó que la ciencia también estaba en la chagra: en la sopa de quinoa, en el maíz, el trigo, los tubérculos y las plantas medicinales que sostenían la vida familiar. Su abuela le dejó la selección de semillas, el trabajo de huerta y la defensa del territorio. Su familia ha sido un matriarcado y el cuidado, en su comunidad, también ha sido una cuestión de mujeres. De ellas aprendió no solo a curar, sino a liderar y desafiar el destino que parecía escrito para ella: ser esposa y madre.

El asesinato de María Quiguantar terminó de empujar esa decisión. “Quería buscar justicia por lo de mi abuela. Para eso tenía que acceder a información y la información estaba en la escuela”, afirma. Quiso ser abogada o médica, pero las brechas de la educación que recibió en el resguardo le cerraron esas puertas y eligió biología. Fue la primera profesional de su familia materna y una de las pocas mujeres de su generación en llegar a la universidad. A la Universidad del Quindío.

Allí, Nohora Alejandra Quiguantar por fin encontró la respuesta a por qué las hojas de los árboles que la vieron crecer tenían colores distintos. Pero la academia también fue otro escenario de disputa. Era la única indígena en su clase. A los prejuicios se sumaba la ausencia de profesores indígenas y de espacios donde los sistemas de conocimiento de comunidades como la suya dialogaran en igualdad con la ciencia occidental.

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De esa incomodidad nació el primer cabildo indígena universitario, un organismo estudiantil para reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, sus lenguas, creencias y prácticas. Sin embargo, las tensiones continuaron, especialmente cuando llegó el momento de su tesis de grado. Para ella, las plantas no eran únicamente materia, también eran memoria, protección y espiritualidad. Sus profesores, sin embargo, veían esas ideas como algo ajeno al método científico. Sus resultados no eran considerados datos y, por eso, eran invalidados.

El legado de las abuelas

Pese a la resistencia, Quiguantar decidió cambiar las reglas. Implementó una metodología comunitaria y colectiva, se deshizo de la rigidez del lenguaje académico y empezó a narrar la historia de sus antepasadas a través de las plantas y de los usos que les habían dado durante generaciones.

En mingas alrededor de la tulpa -el espacio de encuentro de su resguardo- habló con madres, mujeres líderes, parteras, docentes y taitas que identificaron 90 plantas medicinales. Las organizó en categorías: espirituales y protectoras, curativas, tintóreas y usadas en la partería. Guante blanco como insecticida; jujún para el dolor de estómago y para “sacar el frío”; culantrillo para los trastornos menstruales. Ese fue su trabajo de grado al que tituló: “Plantas medicinales utilizadas en el resguardo indígena de Muellamués, pueblo de los pastos”.

Desde el inicio supo que esa investigación no era solo una tesis, sino una forma de sostener una memoria sagrada que estaba desapareciendo. El cambio climático había hecho más difícil encontrar algunas plantas. Muchos jóvenes se habían ido del resguardo y quienes guardaban ese conocimiento estaban muriendo. “Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, dice. A pesar de la resistencia frente a su metodología, se graduó como bióloga, demostrando que el conocimiento heredado de su comunidad también podía reclamar su lugar en la ciencia.

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Su cercanía con la Amazonía la llevó a indagar en la necesidad de políticas públicas que protejan los conocimientos tradicionales de esa zona y el rol de los sabedores tradicionales en espacios académicos. Ese reclamo terminó plasmado en un artículo que hace parte del libro “Evaluación rápida de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos de la cuenca/región amazónica”, publicado por la Universidad Javeriana. Fueron 19 los casos de estudio que le permitieron a ella, junto a otros colegas, abordar el papel de las mujeres en la transmisión de conocimiento, los modelos de gestión de la biodiversidad y la bioeconomía.

Su trayectoria la llevó a retornar a su territorio, ser parte del Panel Científico por la Amazonía, una iniciativa regional para evaluar el estado de los ecosistemas amazónicos y proponer soluciones sostenibles, y a llegar a más de 200 jóvenes en América Latina mediante talleres que ella lideró. Su objetivo es construir un manifiesto colectivo sobre los problemas de las comunidades amazónicas, la tenencia de tierras y el rol de las juventudes en la preservación de la selva.

Descolonizar el conocimiento

Crisseyda Roman conoció a Nohora Alejandra Quiguantar en septiembre de 2024,  durante una cumbre de cambio climático en Nueva York. Entre los asistentes había dos grupos, recuerda: los que dominaban el inglés y los que no. Ambas estaban en el segundo y se volvieron cercanas. “Nohora tiene esa habilidad para conectar a pesar de las barreras lingüísticas. Me decía: ‘Yo no entiendo nada, pero estoy allí, y quiero entender’”.

Si acceder a investigaciones científicas ya era difícil desde su resguardo, el idioma levantaba otra frontera. La mayoría de los textos estaban en inglés, un idioma distante de su experiencia como mujer indígena de un pueblo que, hasta hace apenas diez años, creía extinta su lengua ancestral, el pastos, y que hoy solo unos pocos preservan.

También faltaban referentes: quienes habían trabajado metodologías similares a las que ella buscaba aplicar escribían en otros idiomas o circulaban poco en los espacios académicos tradicionales. “Busqué muchos referentes de las epistemologías del sur [la rama de la filosofía que estudia cómo se construye, valida y limita el conocimiento]. No eran tan mencionados, pero ya de una u otra manera venían trabajando ciertos temas”, dice a Mongabay Latam y Vorágine.

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Esa búsqueda la llevó también a enfrentarse a lo que llama extractivismo científico: investigaciones que llegan a los resguardos, toman conocimiento y nunca regresan. Las comunidades no saben qué pasó con su participación, dónde se publicó o para qué sirvió. Quiguantar se opone a esa lógica. Por eso insistió en una ciencia que devolviera algo a su gente.

Con la promesa de retornar lo investigado, pudo confirmar que eran las abuelas quienes guardaban la mayor parte del conocimiento sobre plantas medicinales y que las parteras ocupaban un lugar central en ese saber hoy en riesgo de desaparecer. “Estos sistemas tienen que aterrizar en los espacios de toma de decisiones que tienen los gobiernos para que así puedan responder a las necesidades más cercanas que tienen los pueblos indígenas. Que se reconozca su trabajo desde otras miradas”, explica.

Quiguantar todavía nota la cara de asombro de quienes escuchan que es científica e indígena. Ese debate, insiste, no está en si los pueblos originarios pueden hacer ciencia, sino en que todavía no se les reconoce plenamente como expertos.

Llevar el territorio

Nohora Alejandra Quiguantar ya rompió varios precedentes en su familia: construir un hogar en el lugar del que fue desplazada tras la muerte de su abuela, estudiar, y ocupar espacios donde antes no había mujeres como ella. “A nosotras nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta.

Roto ese molde, su camino científico se convirtió, también, en conocimiento reconocido por aquello que su abuela María y su madre Lupe le enseñaron desde niña. Llevarlo a escenarios donde ese saber no era considerado ciencia. Eso le ha abierto las puertas a paneles científicos en la Amazonía, a la Cumbre de Clima de Nueva York, a ser integrante de la Coalición de Acción Feminista por la Justicia Climática de ONU Mujeres, a coordinar talleres en la COP30 en Belém, Brasil, y a crear Tejiendo Pensamiento. En esta organización, que busca empoderar a las mujeres y niñas en la conservación de ecosistemas, sigue haciendo lo mismo que aprendió en la chagra: escuchar, cuidar y defender el territorio.

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Su amiga Julie Topf dice que ha conocido Colombia a través de sus relatos: las montañas, el páramo, la biodiversidad y la riqueza de las comunidades indígenas de las que, casi siempre, Nohora Alejandra Quiguantar es la única representante en la mesa. “Gran parte de nuestra sociedad todavía está caminando y entendiendo el trabajo de los pueblos indígenas”, dice  Topf.

Un último reto, por ahora, mora en su comunidad. Los cargos de liderazgo suelen estar reservados para personas casadas y, hasta hoy, no ha habido ninguna mujer liderando las autoridades del resguardo. Incluso quienes se postulan, difícilmente son elegidas. Señalar esas desigualdades le ha costado distancias y cuestionamientos profundos dentro de su propio pueblo, pero también se ha convertido en parte de su propósito.

Todavía cuando alguien se sorprende de que una mujer indígena sea científica, recuerda que su primer laboratorio no fue una universidad, sino la chagra de su abuela. Allí aprendió que la ciencia también se siembra, se hereda y se cuida.

El asesinato de María Quiguantar sigue impune.

*Imagen principal: Nohora Alejandra Quiguantar, lideresa indígena y bióloga, forjó una carrera científica en Colombia y el mundo. Foto: cortesía Ricardo Vejarano/Vorágine.

El artículo original fue publicado por Mariana Guerrero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tres pares de medias térmicas y otras de lana. Dos licras. Dos pantalones. Suéter, chaqueta. Guantes plásticos hasta el hombro y un traje de pescador de cuerpo completo. Con estas prendas se prepara el profesor Mario Londoño antes de cada inmersión en el océano Antártico. Lo esencial, explica, es evitar que el agua, con una temperatura inferior a la de un refrigerador, toque alguna parte del cuerpo.

Una vez abajo, el fondo marino se convierte en su laboratorio. Con ayuda de una pala remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de gusanos marinos casi imperceptibles: los poliquetos (Polychaeta). En estos organismos diminutos, enterrados en la arena, Londoño busca respuestas sobre la temperatura, la acidez y la salud del agua.

Ese mismo trabajo lo ha hecho durante más de dos décadas en el Caribe colombiano, aunque con muchas menos capas de ropa. Allí ha estudiado a los poliquetos como bioindicadores del estado ecológico de los ecosistemas marinos. Estos invertebrados acuáticos habitan el fondo oceánico, se alimentan del sedimento y su presencia, o ausencia, puede revelar alteraciones ambientales, contaminación o cambios en la dinámica del océano.

Con esa experiencia a cuestas, Londoño ha participado en cuatro de las 12 expediciones científicas que Colombia ha realizado en la Antártida, uno de los lugares donde el calentamiento global muestra avances más acelerados. Allí el investigador estudia cómo responden estos gusanos al aumento de la temperatura y a la acidificación del mar, y qué pueden anticipar sobre el futuro de la vida oceánica.

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En entrevista con Mongabay Latam, Mario Londoño habla sobre sus más de 20 años estudiando poliquetos, los hallazgos que han dejado las expediciones colombianas al continente blanco y las preguntas que estos organismos plantean frente al avance del cambio climático.

—¿Cómo llega usted a estudiar los poliquetos?

—Siempre quise estudiar organismos marinos, los que no todo el mundo quiere estudiar. Quienes se han dedicado al mar han preferido estudiar delfines, ballenas, tortugas marinas, todos estos animales carismáticos, pero yo quise irme por un grupo que no fuera tan estudiado.

A finales de los 90, un profesor del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional con sede en San Andrés, Colombia, me ofreció estudiar unos gusanos marinos asociados a las raíces de los manglares de San Andrés y Providencia. Me pareció que era una muy buena oportunidad para trabajar con organismos que no fueran ampliamente estudiados en Colombia.

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—¿Por qué es importante estudiar los poliquetos? ¿Qué se puede conocer a través de estos gusanos?

—Todos los grupos tienen su importancia ecológica, solo hay que descubrirla. La importancia de los gusanos marinos es que son indicadores de la calidad del agua. Algunos de ellos resisten condiciones extremas de contaminación, por lo tanto, si uno encuentra estos organismos, pero no otros, uno puede decir que esa agua está contaminada. Por el contrario, si uno encuentra aquellos que son muy sensibles a la contaminación es porque esa agua está poco contaminada.

De esta forma se van convirtiendo en bioindicadores del estado de salud del ecosistema. No solamente en cuanto a contaminación sino también a nivel ecológico sin intervención humana. Si están presentes es porque hay un recurso alimenticio debajo de ellos y ellos son a la vez el recurso alimenticio de otros organismos. Así como los tiburones son carismáticos por su forma y comportamiento, los gusanos marinos tienen el carisma de revelar secretos del ecosistema.

—Usted investiga los poliquetos en las costas de Colombia. ¿Cómo terminó vinculándose a las expediciones científicas que ha hecho el país en la Antártida?

—Me involucré en la segunda expedición (2015/2016) para estudiar los gusanos marinos como indicadores de la riqueza de biodiversidad en el lugar que teníamos más cercano y con más posibilidades de estudiar, que era la Isla del Rey Jorge en la Península Antártida.

Para la tercera expedición colombiana nos planteamos la pregunta de si la Península Antártida es la que más está cambiando con el impacto del aumento de la temperatura superficial del océano. ¿Cómo este cambio climático afectará a estos gusanos marinos? ¿Qué pasaría si estos gusanos se estuvieran acalorando? ¿Cuál sería la respuesta fisiológica de ellos? Para nosotros es muy fácil: respirar y tomar agua fría, pero ellos no tienen esa opción, no pueden evadir este aumento de la temperatura.

Entonces, lo que hicimos fue estresar térmicamente a los gusanos y evaluar fisiológicamente, a través de biología molecular, cuál es su respuesta a todo el estrés celular que provoca el aumento de la temperatura. Los estresamos a 2 y 4 grados centígrados por encima de la temperatura en la que los encontramos.

—¿Al poner los gusanos a una temperatura mayor a la que se encuentran, se busca predecir cómo se van a comportar cuando el océano llegue a ese punto?

—Exactamente. Lo que estamos viendo en este momento, y hacia el futuro cercano, es un evento acelerado de cambio climático donde la temperatura superficial del océano va a aumentar en la Antártida, en el Caribe, en todas partes. Por lo tanto, los organismos, no solamente los gusanos marinos, sino todos, van a tener que resistir ese aumento de la temperatura superficial. Si no resisten, van a desaparecer. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en la Antártida lo estamos haciendo en el Caribe colombiano para evaluar qué grupo de organismos va a resistir más ese efecto del aumento de la temperatura y cuáles podrían extinguirse en un futuro cercano.

Lo que hemos encontrado es que los gusanos y, en general, los organismos antárticos, tienen mayor resistencia al cambio de temperatura que los caribeños porque en el trópico no cambia tanto el rango de temperatura en el océano, mientras que en la Antártida el cambio es mucho más fuerte. Entonces, la fisiología de los gusanos marinos está adecuada a esos grandes cambios a lo largo del año. Tenemos una hipótesis que estamos corroborando, en la que pensamos que los organismos antárticos posiblemente sean los que más resistan un evento de estrés térmico en el océano, más que los tropicales. Los gusanos marinos nos están mostrando cómo está cambiando el océano.

—¿Cuál es la especie de gusano que están estudiando puntualmente y por qué?

—Se llama Microspio moorei. Lo seleccionamos porque lo encontramos en abundancia, sobrevive mucho tiempo y se puede tener muy fácilmente cautivo en peceras porque es del tamaño de un grano de arroz.

Lo interesante de este gusano es que no se había identificado desde 1911, cuando el autor [Charles Gravier] lo hizo por primera vez para la ciencia. Nosotros, al hallar un montón de organismos, comparamos la descripción original y vimos que le faltaban muchos datos de morfología, entonces completamos toda esta información, [lo redescribimos] para que alguien que venga detrás de nosotros a estudiar este gusano sepa realmente cómo identificarlo.

Fue importante aclarar la taxonomía y la identidad del poliqueto para poder tener la seguridad de que estábamos trabajando con la misma especie.

Yo me encargo, entre comillas, del trabajo sucio: meterme al agua, recolectarlos e identificarlos desde la morfología. Mis colegas trabajan más desde la biología molecular. Esa combinación de áreas nos ha permitido incluso avanzar en la identificación de nuevas especies de gusanos para la ciencia en la Bahía Fildes.

—Ahora están realizando una investigación secundaria de este mismo tema, lo que llaman un espejo de investigación. ¿En qué consiste?

—A la par de que hacemos todo esto de biología molecular con cambio climático, estamos evaluando la diversidad y riqueza de especies de la Bahía Fildes porque la zona está llenándose cada vez más de buques, barcos, turistas e investigadores de otros países. Pensamos que el estudio de los poliquetos puede ser una oportunidad para estudiar el impacto ambiental de todo esto.

Hemos encontrado alrededor de 35 especies diferentes de poliquetos en la Bahía Fildes. Evaluamos estos organismos que son susceptibles o resistentes a los contaminantes ambientales, a la vez que estamos creando una base de datos con información que sirva para comparar en un futuro cercano la información: qué especies vienen, qué especies desaparecen, y eso nos va dando un flujo ecosistémico de deterioro o de cambio ambiental.

—¿Y qué cambios han podido identificar entre las diferentes expediciones?

—A nivel del océano hemos podido medir, siempre en febrero, un aumento de la temperatura del agua de alrededor de un grado centígrado entre la primera expedición y la última, que parecería muy poco, pero es demasiado. Por eso es que hemos insistido en el tema del estrés térmico.

En la expedición más reciente también empezamos a jugar con otra variable: la acidificación del océano. Hemos observado una disminución progresiva del pH, asociada a la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte del mar. Ese CO2 forma ácido carbónico y modifica lentamente la química del agua.

—¿Cómo funciona la articulación con otros países? ¿Qué aporta Colombia a la investigación en la Antártida?

—Nos tenemos que unir a aquellos que llevan un recorrido enorme en la Antártida, como Chile o Rusia. No podemos desconocer a aquellos países que han hecho tanta investigación y que nos están dando un espacio para que podamos ser países consultivos, que es lo que queremos.

En este momento somos un país adherente al Tratado Antártico, es decir, con voz pero sin voto. Al ser un país consultivo tendríamos voto y podríamos pensar incluso en instalar una base científica en la Antártida. Mientras no tengamos esa denominación tenemos que unirnos a quienes tienen experiencia. Nosotros, como biólogos en un país megadiverso, tenemos una experiencia enorme midiendo biodiversidad. Estamos más que preparados para estudiar la diversidad en la Antártida.

*Imagen principal: una pala es el instrumento con que el profesor Londoño remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de los poliquetos. Foto: cortesía Mario Londoño.

El artículo original fue publicado por Luis Bonza en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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