Las flores de las orquídeas del género Dracula se asemejan a animales fantásticos. Esta particularidad las pone en el centro de un comercio internacional con dificultades para comprobar que los ejemplares tienen un origen legal. Este es el hallazgo central del artículo Dracula bajo amenaza: demanda persistente de un taxón de orquídeas amenazado y de distribución restringida, publicado en junio pasado en la revista Biological Conservation.

“Sabemos que las Dracula son de las orquídeas más deseadas entre los coleccionistas”, dice Edicson Parra-Sánchez, autor principal del artículo e investigador senior del Christ’s College de la Universidad de Cambridge. Además de la apariencia, su nombre fantástico, que viene del latín y significa “pequeño dragón” –no hace referencia directa al famoso vampiro de la ficción de Bram Stoker–, y su amplia gama de colores están entre las características que las vuelven atractivas, de acuerdo con el especialista.

El género Dracula comprende 133 especies que se distribuyen desde México por Centroamérica y hasta Perú. Sin embargo, la diversidad se concentra en Colombia y Ecuador. Solo este último país alberga 62 especies.

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Parra-Sánchez y un equipo de especialistas de Ecuador, Colombia, Costa Rica y el Reino Unido analizaron 34 087 registros de comercio reportados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) entre 1977 y 2022.

Los autores encontraron datos que indican irregularidades e incluso tráfico ilegal. Más especies amenazadas por la extracción que las reportadas como comercializadas, países de exportación no nativos, altos volúmenes reportados como propagados artificialmente cuando se trata de especies difíciles de reproducir en laboratorio y venta incluso antes de que la especie exista formalmente para la ciencia son algunas de las alertas.

Para Marco Monteros, especialista en orquídeas, el trabajo de sus colegas permite corroborar con datos algo que para los orquideólogos es evidente desde hace años. “Las personas que trabajamos en la parte taxonómica nos damos cuenta de que existen muchas especies nuevas floreciendo en el extranjero”, dice el director ejecutivo de Fundación Ecominga, una organización no gubernamental ecuatoriana.

Lo anterior quiere decir que los ejemplares salieron de manera ilegal e irregular de los países de origen, con graves impactos para la conservación de especies únicas que están restringidas a pequeñas zonas geográficas de bosques nublados y bosques húmedos de montaña, precisa Monteros.

Exportaciones con volúmenes sospechosos

Según el estudio, entre 1981 y 2022 se exportaron 112 083 individuos vivos de 121 especies de Dracula, lo que equivale al 91 % de especies del género. Sin embargo, un porcentaje mayor, el 93 % está amenazado por la sobreexplotación, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El volumen anual pasó de 29 plantas en 1982 a un pico de más de 8200 en 2004, cuando Taiwán envió a Bélgica un solo cargamento de 4650 ejemplares de Dracula cordobae, una especie que hasta ahora solo ha sido registrada en el suroccidente de Ecuador.

“Si hubieran salido de Ecuador, tendría algo de sentido”, dice Luis Baquero, biólogo especialista en el género Dracula y coautor del artículo. Aun así, el volumen le parece sospechoso, pero no solo en este caso. En todos los registros de la base de datos se reportó que los ejemplares fueron propagados artificialmente.

Obtener permisos del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador para colectar ejemplares en la naturaleza es “sumamente difícil”, asegura Baquero. De conseguirlos, después aparece otro reto, que es domesticar la planta y hacer varios ensayos hasta lograr la reproducción en laboratorio. Obtener una planta con flor puede tomar al menos cinco años.

Además, dice, las Dracula no son especies comerciales, es decir, no es común encontrarlas en las perchas de los supermercados como sí sucede con las del género Phalaenopsis o Cymbidium. “Es un nicho más específico, quienes compran Dracula son gente que sabe cultivarlas”, asegura Baquero.

“Se sospecha que bajo el nombre de Dracula cordobae deben haberse exportado muchas más especies, considerando que es muy difícil distinguir la mayoría de especies cuando se encuentran sin flor”, dice sobre el caso de Taiwán.

Pasar una especie por otra es lo que estaría sucediendo de manera general en el comercio de orquídeas, pues las autoridades portuarias no están capacitadas para corroborar que lo que se declara corresponde a lo que se exporta o importa, explican los especialistas.

Este caso ilustra uno de los principales hallazgos del artículo: el 49 % del comercio registrado se originó en países donde la especie no crece de manera natural.

Ecuador controló el 64 % del total de las exportaciones, lo que señala que desde el país también están saliendo especies no nativas, de acuerdo con Baquero. Le sigue Colombia, con el 18 % de las exportaciones. Mientras tanto, Alemania recibe el 68 % de todos los individuos importados. Estados Unidos desempeña un papel clave como intermediario al conectar con los principales países exportadores e importadores.

Especies no conocidas para la ciencia, a la venta

Los autores encontraron que el 89 % de las especies del género, 118 de 133, fueron descritas a partir de plantas que ya estaban en viveros. De esos casos, el 69.2 % de los especímenes usados para la descripción estaba fuera del país donde la especie crece de manera silvestre, principalmente en Estados Unidos.

“La mayoría de las especies Dracula estaban disponibles comercialmente sin que se conociera su identidad taxonómica, sus requerimientos de hábitat natural o incluso antes de que sus identidades estuvieran debidamente establecidas”, se lee en el artículo. Parra-Sánchez hace una analogía: esto es como si un niño sin documento de identidad saliera de su país de nacimiento.

En relación al momento de la descripción formal, los investigadores revelaron que D. fuligifera fue comercializada antes, D. tsubotae fue comercializada el mismo año y otras 20 especies fueron comercializadas menos de dos años después. Juntas representaron el 18 % de la base de datos.

Los investigadores identificaron algunas de estas especies a través de imágenes que promocionan su comercialización en redes sociales y páginas web. Los orquideólogos también identifican especies nuevas, todavía no descritas para la ciencia, en ferias y exposiciones internacionales, añade Baquero.

“A los pocos años de descubrir una Dracula no puede ser exportada. No hay forma en la que se haya tenido un número [de plantas cultivadas en laboratorios] para exportarla, necesitas volumen”, asegura Parra-Sánchez. Aquí es importante precisar que los ejemplares colectados de la naturaleza no pueden ser comercializados porque pertenecen al patrimonio natural de cada país.

Solo los reproducidos en laboratorio pueden ser comercializados, pero como explica Baquero, para pedir permisos de colecta, la especie debería estar descrita científicamente y, si es que se lo realiza de manera regular, los ejemplares para la venta deberían salir al menos cinco años después. Por eso, se sospecha que muchos de los ejemplares comercializados estén siendo extraídos de la naturaleza.

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El estudio también documenta que cerca del 10 % de todo el comercio internacional de Dracula, más de 11 000 individuos, se registró bajo identidades inciertas o incompletas. Por ejemplo, se registraron exportaciones bajo la etiqueta “Dracula sp.”, sin especificar a qué especie exacta pertenecía cada planta.

“Deberían cambiar las leyes para que la exportación suceda con nombres completos”, sugiere Parra-Sánchez. La regulación actual estaría permitiendo que los exportadores comercialicen diferentes especies con un solo permiso, sin necesidad de obtener autorizaciones nuevas, explica el investigador.

A Monteros le preocupan las implicaciones de este comercio ilegal. Muchas especies son endémicas y algunas incluso microendémicas, lo que significa que existen en espacios bastante reducidos. El director ejecutivo de Ecominga ha acompañado casos en los que las personas involucradas en la extracción de vida silvestre no solo remueven individuos aislados, sino que extraen poblaciones enteras. “Se genera un grave riesgo para su permanencia en estado silvestre e incluso se puede conducir a extinciones locales”, asevera.

Otro problema, señala Baquero, es que los países de origen están perdiendo el control sobre sus recursos genéticos, principalmente en los casos en los que la reproducción en viveros extranjeros está establecida. Esto implica la distribución desigual de los ingresos generados en la comercialización, afectando a los países de origen de las orquídeas.

Propuestas para disminuir la ilegalidad y la irregularidad

Todas las especies de Dracula están listadas en el Apéndice II de CITES, que permite el comercio regulado. Esto sucede a pesar de que el 71.5 % de las especies evaluadas por la UICN están catalogadas como amenazadas y que la sobreexplotación es señalada como la principal amenaza para cerca del 90 % de ellas.

Por eso, los autores proponen que el género pase al Apéndice I, que prohíbe el comercio a excepción de que se haya verificado que los especímenes fueron propagados en cautiverio. La medida “proporcionaría protección crítica para especies recién descritas, cuyas poblaciones silvestres permanecen completamente desprotegidas durante el periodo entre la descripción científica y el establecimiento de stocks cultivados verificables”, se lee en las conclusiones.

Además, proponen cuatro acciones regulatorias. En primer lugar, eliminar reportes a nivel de género, lo que Baquero considera que podría ayudar a la trazabilidad.

Como segundo punto, plantean documentar el hábitat natural de origen de las especies que todavía carecen esta información; tercero, usar código de barras genético/metabolómico para verificar si se trata de plantas silvestres o cultivadas; y, cuarto, establecer periodos de espera obligatorios entre la descripción de nuevas especies y su autorización comercial.

“No son acciones demandantes, son esfuerzos que se pueden hacer a pequeña escala y que van a tener una repercusión en toda la red de comercialización”, dice Parra-Sánchez. Aunque reconoce que el puente entre investigación e implementación es largo, este es el primer paso para proteger a las especies del género Dracula.

REFERENCIA

Parra-Sánchez, E., Baquero, L., Ordóñez-Blanco, J. C., Gil-Amaya, K., Edwards, D. P., & Morton, O. (2026). Dracula under siege: Persistent demand for a threatened and range-restricted orchid taxa. Biological Conservation, 321, Article 111986. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111986

*Imagen principal: la orquídea Dracula cordobae es especie endémica de Ecuador. Los autores del informe encontraron irregularidades en su comercio internacional. Foto: cortesía Luis Baquero.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Reserva Natural El Dorado, un equipo de ornitólogos esperaba el anochecer para comenzar la búsqueda de un pequeño búho. En cada punto de conteo, se separaban unos 20 metros entre sí y reproducían una grabación del canto de la especie. Luego esperaban en silencio. Si un búho respondía desde algún lugar del bosque, orientaban sus brújulas hacia el origen del sonido para determinar su posición. De punto en punto, los recorridos se extendían hasta la madrugada. Así estudiaron a Megascops gilesi, el búho de Santa Marta, la única ave rapaz endémica de Colombia, con una distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, buscaba comprender cómo responde esta especie a la transformación del hábitat y así entender qué tipo de bosque necesita para vivir. Para hacerlo, los investigadores compararon tres ambientes dentro de la reserva: bosques primarios, que conservan buena parte de su estructura original; bosques secundarios antiguos, que llevan años recuperándose; y pastizales con árboles dispersos.

La diferencia apareció con claridad. En los bosques con mejor estado de conservación —tanto primarios como secundarios antiguos— encontraron alrededor de diez veces más búhos que en los pastizales con árboles.

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“Pudimos confirmar que el búho es una especie especialista de interior de bosque”, explica Sergio García-Murcia, ornitólogo colombiano e investigador del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. “Eso quiere decir que su hábitat óptimo es un bosque con árboles grandes, con una cobertura de dosel abundante, y que todas sus funciones ecológicas no las puede llevar a cabo en un pastizal porque no encuentra las condiciones para realizar su vida”.

El estudio también permitió identificar qué características del bosque estaban asociadas con una mayor presencia del búho. Los registros fueron más frecuentes donde había árboles altos, un follaje más cerrado y bromelias. En cambio, había menos búhos en lugares con sotobosque abierto, pendientes pronunciadas y cerca de carreteras, viviendas y bordes del bosque.

Pero el estudio tiene un alcance concreto: describe únicamente lo observado en una reserva, por lo que todavía no permite calcular cuántos individuos existen en toda la Sierra Nevada ni cómo ha cambiado su población con el tiempo.

Un búho que había escapado a las investigaciones

El búho de Santa Marta fue descrito como especie en 2017. Es pequeño, presenta un plumaje en tonos rojizos o grises y habita los bosques montanos de la Sierra Nevada. Su distribución restringida a esta región contribuye a que esté clasificado como especie Vulnerable a escala internacional. Pese al interés que despertó su descripción, hasta ahora faltaban estudios detallados sobre las condiciones del hábitat que necesita.

“Es una especie desconocida en todos sus aspectos, en su ecología básica”, explica García-Murcia, autor principal del artículo. “A partir de esa información es que uno puede tomar medidas de conservación”.

Para encontrar las respuestas, el equipo primero recorrió sus distintos ambientes y registró cómo era la vegetación: midió el tamaño de los árboles, su grosor, la cobertura del bosque y las características del terreno. Después regresó durante la noche para buscar al búho en diferentes puntos de conteo.

“Salía a buscarlos a las siete de la noche, empezaba mis muestreos y en los puntos más lejanos terminaba hasta a las tres de la mañana”, relata García-Murcia.

El método de búsqueda empleado, utilizando grabaciones del búho, permite detectar aves nocturnas que pueden ser difíciles de encontrar solo con la vista. A partir de la dirección de los llamados, los investigadores podían ubicar a los animales y registrar dónde aparecían con mayor frecuencia.

García-Murcia destaca un detalle de los registros obtenidos en pastizales arbolados: las respuestas venían de pequeños fragmentos de bosque cercanos a quebradas o ríos. “Nosotros nunca vimos al búho en un árbol aislado en un potrero o en un pastizal. Siempre provenían de pequeños fragmentos”, señala. Esta observación, dice, ayuda a explicar por qué dejar árboles dispersos en un área abierta no parece sustituir las condiciones que ofrece el bosque con una estructura más completa.

El bosque que necesita

La diferencia entre ambientes no significa que únicamente los bosques primarios puedan albergar al búho. En El Dorado, los bosques secundarios antiguos también registraron una densidad alta, aunque el estudio no evaluó si bosques secundarios más jóvenes ofrecerían condiciones semejantes. García-Murcia considera necesario conservar tanto los bosques mejor preservados como los que llevan más tiempo recuperándose.

“Lo que nos muestran estos resultados es que hay que conservar el bosque —no solo los bosques prístinos o en muy buen estado de conservación— sino esas sucesiones vegetales avanzadas que en la Sierra Nevada de Santa Marta son muy comunes”, dice.

Los árboles altos y el follaje cerrado forman parte de esa estructura. También las bromelias, plantas que crecen sobre los árboles y pueden ofrecer refugio a anfibios. García-Murcia plantea una posible relación con la alimentación del búho, aunque el estudio no demuestra que la presencia de bromelias aumente su densidad por proporcionar más presas. Existen registros de que come anfibios y cangrejos, pero faltan investigaciones para establecerlo con mayor detalle. Conocer aspectos como este permitiría entender mejor qué ocurre cuando un bosque pierde árboles grandes, cobertura o continuidad.

Jorge Luis Gutiérrez-Guillén, coautor del estudio e investigador de Otus Conservation, coincide en que el conocimiento sobre esta ave empezó a construirse recientemente. Antes de esta investigación, él y otros colegas habían trabajado sobre su uso del hábitat. Entre los aspectos que aún requieren estudio están precisamente su reproducción y el papel de distintas presas en su alimentación.

“Es una especie que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema al fungir como controlador de las poblaciones de sus presas”, describe Gutiérrez-Guillén. “Estamos hablando de una especie endémica que se está alimentando de especies endémicas también. Eso habla de la importancia de la Sierra Nevado de Santa Marta como centro de endemismo”.

El estudio también halló una relación negativa entre la densidad del búho y la cercanía a carreteras, casas y bordes forestales. Por ello, los autores recomiendan conservar los bosques primarios y secundarios antiguos, mejorar la conexión entre fragmentos y evitar que nuevas aperturas degraden los que permanecen.

“Es decir, al búho no le gusta la presencia humana, es muy susceptible a eso”, explica García-Murcia. “Además, en las regiones que son más escarpadas encontramos menos búhos porque allí el bosque es mucho más simplificado, no tiene muchos elementos. El búho prefiere los bosques estructuralmente mucho más complejos que se dan en las zonas más planas”.

Lo que falta conocer fuera de El Dorado

La investigación ofrece datos sobre una zona concreta de la cara noroccidental de la Sierra Nevada. Guido Spinelli, biólogo de Otus Conservation que ha trabajado con el búho pero no participó en este artículo, considera que estos resultados son una base para orientar nuevas búsquedas. Advierte, sin embargo, que hace falta estudiar otros sectores antes de asumir que las densidades observadas en El Dorado se repiten en toda la montaña.

“Uno lo que esperaría es que en el resto de bosques conservados estuviera la misma situación de la estancia del búho”, comenta. Se trata de una expectativa, no de una estimación de sus poblaciones fuera de la reserva. Entre las tareas que propone está explorar otras zonas mediante monitoreo acústico para confirmar la presencia de la especie y evaluar las condiciones de los bosques donde se encuentre.

García-Murcia y Gutiérrez-Guillén cuentan que el equipo trabaja en otra investigación sobre la distribución del búho y su riesgo de extinción, pero esos análisis aún no forman parte de los resultados publicados en este artículo. Para García-Murcia, también hacen falta planes de manejo que reúnan investigación, educación ambiental y decisiones de conservación tomadas con quienes habitan la Sierra.

“Algo muy importante también es involucrar a las comunidades: la conservación no solo se hace con un artículo científico, la conservación se tiene que dar desde los territorios”, afirma el investigador. Gutiérrez-Guillén coincide en que proteger el hábitat y ampliar el conocimiento de la especie son pasos complementarios porque permitirían identificar qué áreas requieren atención y seguir sus cambios a futuro.

Conservar estos bosques es también una forma de proteger el hábitat de otras especies de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grandes centros de endemismo de aves del mundo, explica García-Murcia.

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una joya no solo para las aves, sino para muchos otros organismos”, concluye el ornitólogo. “Es como una isla en el cielo donde solo las especies que están ahí se encuentran en ese pedacito de territorio”.

*Imagen principal: el búho de Santa Marta (Megascops gilesi) es un ave rapaz endémica de Colombia, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: cortesía Jorge Luis Gutiérrez-Guillén.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

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Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

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Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

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Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

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En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

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Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las diferentes especies de primates de América Latina padecen una crisis ecológica alarmante y se encuentran en las categorías de mayor riesgo según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una buena parte de los primates están a un paso de la extinción en estado salvaje debido a la destrucción masiva de sus hábitats, pero también debido a la caza y el tráfico ilegal. En diferentes países existen planes para salvar a estas especies.

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Mongabay Latam contactó a expertos de Bolivia, Colombia y Perú para conocer las amenazas que sufren las 217 especies de primates que viven en América Latina.

Entre los más afectados de la región figuran el mono araña o marimono (Ateles chamek), el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps). También, el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps). Estos datos son recogidos por la UICN.

El refugio en Bolivia que rescata a primates víctimas del mascotismo

Senda Verde es uno de los refugios de animales más grandes de Bolivia. Allí habitan 350 primates de al menos nueve especies, que, explica su directora, Vicky Ossio, fueron rescatados del tráfico ilegal. Muchos de ellos fueron capturados para ser vendidos como mascotas. Ahora, este refugio también enfrenta la amenaza de la minería ilegal que avanza sobre sus límites geográficos.

“Todos los primates que están ahora en el refugio fueron víctimas de tráfico ilegal. La mayoría de las especies que están en Senda Verde son el mono araña, los monos aulladores y los capuchinos, que, solo ellos, conforman un grupo de más de 140 individuos”, detalló Ossio en contacto con Mongabay Latam.

La experta relató que los primates llegan a Senda Verde en “pésimo estado” porque al ser víctimas de tráfico o ser utilizados como mascotas las condiciones de estas especies son “deplorables” debido a la alimentación que recibieron. Por ejemplo, contó que la última primate que llegó al refugio es una cría de mono araña y que la familia que la tenía le daba pan y leche de vaca.

“Llegan mal alimentados porque la gente que compra estos primates que son víctimas de tráfico piensa que hacen bien dándoles comida de humanos. Alimentar mal a un animal constituye maltrato y es importante que la gente sepa eso. Los primates llegan [a Senda Verde] físicamente y mentalmente muy dañados. Hay que recuperar la confianza y algunos no se recuperan nunca”, relató Ossio.

La directora de Senda Verde afirmó que en Bolivia la especie de primate más afectada por el tráfico ilegal es el mono araña o marimono, el primate más grande de ese país. “Esta especie es la más vulnerable no solo por tráfico, sino también porque son alimento de pueblos indígenas”, dijo Ossio.

Esta especie enfrenta un escenario cada vez más preocupante en Bolivia. La especie fue recategorizada en 2026 de Vulnerable (VU) a En Peligro (EN) en la nueva edición del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, debido al fuerte descenso de sus poblaciones y al incremento de las amenazas que enfrenta.

La evaluación científica establece que la población del mono araña o marimono a nivel global se redujo en al menos un 50 % durante los últimos 45 años. Entre las principales causas se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat por incendios, deforestación, construcción de caminos, minería y expansión agropecuaria. A esto se suman la cacería, el tráfico ilegal y el uso de estos animales como mascotas.

Estas actividades están prohibidas por la normativa boliviana que protege a la fauna silvestre, ya sea a través de la Ley 1.333 de Medio Ambiente como del Decreto Supremo 4489, que refuerza las disposiciones relacionadas con la conservación, bienestar y preservación de la fauna silvestre, incluyendo restricciones a la caza, comercialización y tenencia ilegal.

El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia explica que el mono araña o marimono permaneció en la categoría Vulnerable durante evaluaciones anteriores y que ahora su situación exige medidas de conservación más urgentes. Según Ossio, una de las mayores dificultades para recuperar las poblaciones de mono araña está relacionada con su baja capacidad reproductiva.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los cuatro y seis años y tienen, en promedio, una sola cría cada tres o cuatro años. Esto significa –dijo Ossio- que la pérdida de individuos adultos o de crías tiene consecuencias importantes para la supervivencia de las poblaciones.

Después de períodos de cacería o extracción, la recuperación puede tomar décadas, especialmente cuando la pérdida de animales ocurre al mismo tiempo que la destrucción de los bosques donde viven.

Ossio denunció que en Senda Verde, el refugio que está en los Yungas de La Paz, la minería ilegal está destruyendo sus límites. La ambientalista informó que una cooperativa minera excavó con maquinaria pesada sobre una superficie de 100 metros cuadrados y una profundidad de hasta 30 metros. Esa acción pone en riesgo el santuario que alberga a más de 1100 animales de más de 70 diversas especies. Hubo dos aprehendidos, pero recuperaron la libertad.

Colombia: primates que pierden sus bosques

Colombia es el tercer país con mayor diversidad de primates en América Latina, pero más de la mitad de sus especies enfrenta algún grado de amenaza, según el estudio Retos de la conservación y el conocimiento de los primates en el departamento de Tolima, Colombia, publicado en la Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales.

En ese país hay 38 especies de primates, nueve de ellas endémicas. Las dos especies más afectadas son el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el mono araña café (Ateles hybridus), que en Colombia están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Andrés Link, biólogo y profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, explicó a Mongabay Latam que el mayor riesgo que enfrentan los primates en Colombia es la pérdida de hábitat en todas las regiones del país. “Se siguen perdiendo los ecosistemas naturales, los bosques, sobre todo, y eso lleva de la mano el declive de las poblaciones de los primates que dependen de estos bosques para vivir”, dijo el experto.

Link añadió que el tráfico y la cacería son las otras amenazas que enfrentan los primates en Colombia. “Este sigue siendo un problema porque los primates tienen ciclos de vida muy lentos y les cuesta recuperarse de pérdidas de individuos de sus poblaciones. Hay un tráfico de vida silvestre bastante grande en Colombia y los primates son algunas de las especies que más se trafican”, afirmó el biólogo.

El experto es fundador de la Fundación Proyecto Primates, que se dedica al estudio y a proyectos de conservación de algunas de estas especies. Link es experto en el mono araña café, que en Colombia es uno de los monos más amenazados por el tráfico y la pérdida de su hábitat.

Los primeros pasos de Link cerca del mono araña café fueronen la zona de Macarena, donde trabajó como asistente de campo del científico Pablo Stevenson. Esa labor fue hasta que el conflicto armado lo obligó a salir en 2001, pues la extinta guerrilla de las FARC tomó el control de esa área. En 2005 regresó a Colombia y desde ese año no paró en su labor de defensor e investigador de los primates.

“Diría que lo primero que se debe hacer es tratar de detener la destrucción de los hábitats que todavía existen. En muchos sitios, por ejemplo, el bosque seco tiene menos del 5 % de lo que era el bosque seco original y la Amazonía se está perdiendo rápidamente. Entonces, la primera cosa para salvarlos sería proteger todos los hábitats donde ahora viven los primates”, dijo Link.

Un segundo paso, resaltó Link, será mejorar las condiciones de los primates a través de corredores y enriquecimiento de sitios que ya están degradados. “Pero lo más importante es detener la deforestación tan fuerte que se da en Colombia y tratar de detener el tráfico, que es la otra amenaza”, dijo el biólogo.

Como una medida de conservación, la Fundación Proyecto Primates construyó viveros de especies nativas y las plantó para crear corredores entre los bosques que aún quedan de pie. Con esta iniciativa los primates pueden moverse por una extensión más larga. Según esta fundación, hasta mayo de 2025 se sembraron alrededor de 15 de estos corredores.

“El proceso de recuperación del ecosistema es lento, realizado, precisamente, con la paciencia de personas que están acostumbradas a quedarse quietas por horas observando a monos araña en temperaturas que están por encima de los 30 °C y rodeados de mosquitos”, relató Link, quien añadió que, luego de tres años de plantar los primeros ejemplares, en los corredores se empezaron a ver pasar especies terrestres, como jaguares, pumas y paujiles. Y a los cinco o seis años comenzaron a transitar especies trepadoras de árboles, como los puercoespines y los mismos monos araña.

Perú: los regeneradores del bosque en peligro

En Perú, la situación de los primates tampoco es alentadora. Una de las principales amenazas para estas especies sigue siendo la pérdida y fragmentación de sus bosques.

Fanny Cornejo, directora ejecutiva de Yunkawasi y co-vicepresidenta de países andinos del grupo de especialista de primates de la IUCN, explicó a Mongabay Latam que esta pérdida se da principalmente por el cambio de uso del suelo, la expansión de actividades productivas no sostenibles y el desarrollo de infraestructura sin una adecuada planificación territorial.

“Como resultado, las poblaciones de primates quedan aisladas en espacios cada vez más pequeños, con menos alimento y mayores dificultades para desplazarse y reproducirse”, dijo Cornejo.

En el caso del tráfico ilegal, Cornejo explicó que muchas veces se mata a la madre primate para poder capturar a la cría. “Luego estos animales son trasladados durante días, escondidos en cajas o costales, sin alimento ni cuidados adecuados. Muchos mueren en el camino y los que sobreviven suelen llegar con heridas, desnutrición y un nivel muy alto de estrés”, lamentó.

Los primates, explicó Cornejo, cumplen un papel fundamental en la regeneración de los bosques porque dispersan las semillas de los frutos que consumen. “Por eso, cuando perdemos primates, también estamos perdiendo a algunos de los principales aliados que tienen nuestros bosques para recuperarse”, dijo la bióloga.

Según Cornejo, que obtuvo datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 3500 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal. Los mamíferos fueron el tercer grupo con más registros, después de las aves y los reptiles, y dentro de los mamíferos los primates fueron los más afectados.

“Pero esas cifras son solo una parte del problema. Por cada animal que logra ser recuperado, no sabemos cuántos otros recorrieron la misma ruta sin ser detectados o murieron durante la captura y el traslado. Mientras sigan existiendo personas que quieran comprar un mono, tenerlo como mascota, exhibirlo o utilizarlo para una fotografía, seguirá habiendo alguien dispuesto a sacarlo del bosque”, resaltó Cornejo.

La bióloga explicó que los primates que aparecen con mayor frecuencia en el tráfico son principalmente especies amazónicas, que son capturadas para venderlas como mascotas y trasladadas desde la Amazonía hacia otras regiones y ciudades. Según los últimos datos que obtuvo, los monos frailes o monos ardillas fueron los más encontrados por las autoridades, junto con los machines, los pichicos y los leoncitos.

“También se registran primates más grandes, como los monos choros, los maquisapas y los monos aulladores. En estos casos, el impacto puede ser todavía mayor porque para llevarse a una cría generalmente matan a la madre y estas especies tienen una reproducción lenta. La pérdida de un solo individuo adulto puede afectar a todo su grupo”, dijo Cornejo.

Además, la experta recalcó que un primate no debe vivir como mascota, ya que son animales muy sociales y que necesitan crecer junto con otros individuos de su especie, aprender de ellos y desplazarse por grandes áreas de bosque. “Una casa, una jaula o un patio nunca podrán reemplazar todo lo que necesitan para vivir y comportarse como primates”, dijo.

Como medidas de conservación, Cornejo explicó que se necesita mayor vigilancia en los lugares donde los animales son capturados, pero también en las carreteras y terminales de buses, puertos y aeropuertos, donde pueden ser transportados, y en mercados y redes sociales, donde suelen ser  comercializados.

Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027, que reconoce que este problema debe abordarse desde distintos puntos de la cadena: la captura, el transporte, la comercialización y la demanda. El reto es que estas acciones se mantengan en el tiempo y cuenten con recursos.

“Por ejemplo, en Amazonas, desde Yunkawasi trabajamos junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en la campaña ‘Yo no soy parte de la ruta del tráfico de fauna silvestre’. Nos enfocamos en uno de esos puntos de la cadena: el transporte. Trabajamos con empresas y transportistas para que pudieran reconocer posibles casos, conocer cómo actuar y comprender que también pueden convertirse en aliados para impedir que los animales sean trasladados fuera de sus territorios”, destacó Cornejo.

Sin embargo, aclaró que el control no será suficiente si no se reduce la demanda. “Todavía hay personas que piensan que comprar una cría es rescatarla o darle una vida mejor, cuando en realidad esa compra hace que otros animales sean capturados. Necesitamos hablar de este tema en las escuelas, con las familias, con los turistas, con las empresas y en las redes sociales”, resaltó.

*Imagen principal: Mono lanudo de cola amarilla en cautiverio. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.

Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad.  “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que «bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar» y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible,  reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

*Imagen principal: vista aérea de Caraballeda, estado de La Guaira, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool Photo vía AP

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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