Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

*Imagen principal: el Central Florida Zoo está colaborando con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para determinar la ubicación a largo plazo de los perezosos en otras instalaciones acreditadas por la AZA. Se espera que algunos de estos animales permanezcan en el zoológico. Foto: cortesía Central Florida Zoo.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

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Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie endémica de la frontera colombo-venezolana, enfrenta una nueva amenaza. Después de que por décadas la caza por su piel se disparó ante la demanda de la industria peletera, ahora vive un riesgo diferente. El Programa Nacional para su Conservación está paralizado desde hace meses por un conflicto administrativo en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), una de las entidades que integran este proyecto y que históricamente trabajó por evitar la extinción de esta especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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De los cerca de 500 cocodrilos en cautiverio a cargo del programa, actualmente hay cerca de 200 ejemplares —con alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre— que se encuentran en hacinamiento, sin alimento en meses ni atención médica por parte de las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales y la Universidad Nacional). Además, han ocurrido al menos dos muertes de ejemplares adultos y se han dejado de recolectar cerca de 1200 huevos producidos desde 2025, de acuerdo con una denuncia de investigadores interpuesta ante la Universidad.

La falta de claridad entre las instituciones responsables y el vencimiento de convenios con parques y universidades que han recibido a los cocodrilos fueron el argumento para detener este esfuerzo de conservación.

Sin embargo, para biólogos, investigadores y veterinarios que se han involucrado durante años en este proyecto el riesgo es claro y alarmante: advierten que está por perderse la última esperanza de recuperar a una de las 14 especies de cocodrilos que hay en el planeta.

Mongabay Latam consultó a los especialistas involucrados en este proyecto así como a las instituciones y autoridades responsables del único programa que existe en Colombia para salvar al cocodrilo del Orinoco y no existen hasta ahora señales para retomarlo.

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La crisis en una población clave y estudiada de cocodrilos

Los casi 200 cocodrilos que se encuentran en riesgo crítico pertenecen a dos grupos. De acuerdo con investigadores que participaron en este programa y con los que dialogó este medio, un grupo posee alta carga genética que permitiría la reproducción y sobrevivencia en su hábitat natural, mientras que otro grupo de cocodrilos debe ser puesto en liberación, pues se trata de ejemplares nacidos en vida silvestre y que fueron incorporados al programa para fortalecer la estrategia de conservación.

Son 180 de estos ejemplares los que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure. Otros 12 están en la Universidad de los Llanos (Unillanos), ambos ubicados en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, como parte de convenios con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se comprometieron a recibir a los cocodrilos sin cobro y de forma “provisional”, ante el hacinamiento en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que forma parte de la UNAL.

Pese a que los acuerdos establecen que la UNAL se haría responsable de la alimentación, el manejo, cuidado veterinario y recolección de huevos de los cocodrilos, diferentes documentos elaborados por la Unillanos y el Parque Merecure, y que fueron revisados por Mongabay Latam, denuncian que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 la Universidad ha incumplido con estas funciones.

Esto ya se ha traducido en muertes de ejemplares. Una de ellas ocurrió en 2026 dentro del Parque Merecure, que solicitó la intervención de la Universidad Nacional y el retiro de los animales. Hasta ahora tampoco se tiene una necropsia que certifique la causa del deceso del cocodrilo.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2025 dentro de la Estación Roberto Franco, donde uno de los cocodrilos fue agredido por otros ejemplares, de acuerdo con la necropsia consultada por este medio y que halló “mutilación de miembros anteriores y posteriores, además de la parte ventral del cuello” del animal.

Germán Preciado, veterinario y profesional universitario de la Estación Roberto Franco, confirma no solo las muertes, sino también las indicaciones de la Universidad de no atender la salud de los ejemplares que se encuentran fuera de la estación.

“En diciembre [de 2025] fue la última vez que nos autorizaron, desde la dirección de la estación, a ir hasta Unillanos y Merecure a hacer la revisión de los animales y la alimentación. En 2026 no hemos ido porque no hemos sido autorizados”, dice Preciado a Mongabay Latam y agrega que él mismo ha solicitado permiso para acudir a ayudar a los cocodrilos y a recolectar huevos de nidos, sin obtener autorización.

A principios de abril, comenta, se hizo un contrato de alimentación pero que aplica únicamente para los cocodrilos de la Estación Roberto Franco.

Al respecto, la UNAL niega tener responsabilidad en el programa de conservación al afirmar que su rol es de apoyo técnico y científico. Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, sostiene que son el Ministerio y las corporaciones ambientales los que deben definir el futuro de los cocodrilos.

“Nosotros somos un actor de buena fe, los tenemos cuidados esperando la indicación para entregarlos, porque en este momento no hay ninguna investigación científica desarrollándose con estos animales. Nuestra función no es alimentar caimanes, pero ahí los tenemos y éticamente tenemos que esperar hasta que la autoridad ambiental decida cuál es su destino final”, dijo la decana a Mongabay Latam.

Delgado negó las muertes de ejemplares adultos, pese a la documentación referida, y aseguró que sólo se ha registrado la muerte de un cocodrilo neonato por “una deficiencia en tiamina”.

Investigadores de la Universidad agregan que la falta de alimentación es solo un factor de la crisis, pues se han dejado de recolectar los huevos de alta diversidad genética para continuar con el programa de conservación.

“Tuve una reunión con el director y la oficina de gestión ambiental y dejé constancia de lo que está pasando en la estación, de la negligencia por la pérdida de 1260 huevos y manifesté mi preocupación por los animales sin alimento. Es un atentado contra esa especie que está en peligro crítico de extinción”, dice Willington Martínez, investigador de la Universidad Nacional a Mongabay Latam.

Este medio consultó también al Ministerio de Ambiente de Colombia, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para saber qué medidas se realizarán para atender a los cocodrilos y el futuro del programa de conservación, sin que hasta la publicación de esta nota exista una respuesta.

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Un programa que comenzaba a dar resultados tras décadas de estudios

Desde 1998, el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, establecieron el Programa Nacional del Caimán Llanero (ProCaimán), un documento donde se reconoce que la especie es clave para la biodiversidad de la región y que se encuentra en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este programa se establecen objetivos y responsabilidades no solo de la Universidad y de la Estación, sino también de especialistas, del Instituto Alexander von Humboldt, corporaciones y ministerios para proteger a la especie.

También se establece que la primera fase durará 10 años como mínimo, estando sujeta “al éxito de los eventos reproductivos y la tendencia de las poblaciones en procesos de reintroducción”.

Para detener su participación en el proyecto, la Universidad argumenta que los primeros 10 años del programa finalizaron en 2012 y que nunca se hizo una evaluación para continuar con el programa. Incluso, la decana Delgado acusa que algunos de los investigadores de ProCaimán solo se dedicaron a «reproducir caimanes cada año” y los responsabilizó del hacinamiento actual.

Sin embargo, existen elementos que muestran que el programa de conservación progresaba y que permitió liberar a más de 40 cocodrilos en áreas de la Orinoquía colombiana entre 2016 y 2024.

Mario Vargas Ramírez, director de la Estación Roberto Franco entre 2019 y 2023, explica que durante su gestión se intentó responder con investigación molecular cómo los cocodrilos que ya estaban cautivos podían ayudar a la recuperación de la especie.

Antes de liberar a los cocodrilos, explica, había que saber quiénes tenían características genéticas que les permitieran sobrevivir.

“Uno tiene que realmente soltar cocodrilos que tienen un potencial evolutivo que les permita mantenerse en tiempo y suficiente diversidad genética para formar una población saludable en el tiempo. Eso se hizo y se publicó en revistas científicas”, explica el investigador.

Una de las autoras clave en este proceso fue Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, quien se encargó de estudiar los perfiles genéticos de los ejemplares, para proponer combinaciones reproductivas y reestructurar los grupos que podrían ayudar al programa de conservación.

Los hallazgos de estos estudios se publicaron en revistas especializadas, como Nature Conservation, PLOS One y Oxford Academic con el objetivo de delinear las acciones de manejo de los cocodrilos.

“A raíz de esto se seleccionaron 25 cocodrilos para ser liberados en medio silvestre en sitios donde las características genéticas sí corresponden a los perfiles de estos individuos. Se hizo una liberación de 14 individuos en 2023 y luego una de 11 individuos en 2024, en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela en Colombia”, cuenta la especialista a Mongabay Latam.

Saldarriaga explica que en 2025 tuvo que detener el seguimiento a esta investigación ante los conflictos internos en la Universidad Nacional de Colombia, pues cuenta que ya no tuvo acceso a información o a la estación. Sin embargo, sostiene que las liberaciones, coordinadas con autoridades ambientales, son un elemento importante de que el programa de conservación funcionaba.

“Por fin se estaban viendo resultados tangibles. De 25 liberaciones 16 tenían un transmisor satelital, entonces, además de liberar individuos estábamos produciendo ciencia detrás, desde el área genética, pero también de la ecología espacial. Estábamos cubriendo un área muy grande de lo que debería ser un proyecto de conservación”, sostiene.

Aunque no existe una evaluación formal del programa, para Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, había bases científicas sólidas en el trabajo de reproducción que se realizaba en la estación.

“Es un trabajo ejemplar como programa de conservación y ya se ha logrado la liberación de varios individuos en la cuenca del Guaviare, en la cuenca del Orinoco, del Tomo. Sé que hay una situación de crisis, pero que esta situación no desdibuje el gran trabajo que se ha hecho desde el Plan de Conservación del Caimán Llanero y el gran liderazgo que ha tenido la Universidad Nacional también en todo este trabajo en más de 20 años”, dice el directivo a Mongabay Latam.

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Un desorden administrativo que está condenando a una especie

Actualmente, la Universidad Nacional tiene procesos de investigación en la Veeduría Disciplinaria, un organismo interno, contra algunos de los profesores que participaron en este programa por supuestas irregularidades en el manejo de los cocodrilos.

La decana Delgado aseguró a Mongabay Latam que estas irregularidades son por inconsistencias en el inventario de los animales, así como la falta de salvoconductos para trasladar a los animales durante las investigaciones.

“Tengo seis inventarios distintos de animales, no cuadran las fechas en que se han muerto versus las actas de defunción y las cremaciones. Se han trasladado animales sin salvoconductos a unos sitios donde la universidad hoy no tiene ningún convenio”, dijo la decana a este medio.

Los investigadores señalados sostienen que una de sus acciones fue precisamente llevar un registro y una base de datos de todos los ejemplares de cocodrilo del Orinoco que están en el programa de conservación.

Martínez y Preciado explican que todos los ejemplares que están en la Estación Roberto Franco, en el Parque Merecure y la Unillanos tienen un microchip implantado en la cola con un registro que funciona igual que una cédula, la cual puede consultar internamente la propia universidad.

“En 15 días de trabajo se podrían capturar todos los cocodrilos. Eso no es justificación para dejar aguantando hambre durante meses a los cocodrilos”, dice Carlos Moreno Torres, veterinario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en réplica a los señalamientos.

El especialista advierte que si bien los ejemplares pueden aguantar largos periodos sin comer, el hacinamiento, el estrés y las condiciones del clima pueden incidir en mayores ataques entre las poblaciones.

“Han muerto animales por agresión. Eso nunca se veía. Pero también los hemos sometido a estrés y el año pasado no permitieron la reorganización por tamaños. Estos animales cuando se acerca la época de celo se vuelven muy agresivos”, detalla.

En julio de 2024, Moreno fue el responsable de firmar un contrato con una empresa para “desarrollar y mejorar una plataforma de software” en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), un centro de atención de la misma UNAL, que permitiera a los investigadores, biólogos y médicos veterinarios de la Estación Roberto Franco manejar bases de datos relacionadas con la fauna cautiva en las instalaciones. Un informe firmado por una consultora de la Universidad, al cual tuvo acceso Mongabay Latam, concluye que este proceso se desarrolló con éxito.

Pese a que existen resoluciones de la propia Facultad de Ciencias que permitieron el traslado de cocodrilos al Parque Merecure y a la Universidad de los Llanos, hasta ahora no hay una intención de retomar planes de liberación o estrategia de manejo por parte de la UNAL.

“Tenemos una emergencia en esta Estación donde la Universidad está sacando plata para darle de comer a unos animales, cuyo destino todavía el Ministerio no nos dice cuál es. En el momento en que se desaloje un poco, en que se entreguen los animales, se volverá a reactivar la investigación”, sostiene la decana Delgado.

En tanto, investigadores llaman a no dejar morir a los cocodrilos de Merecure y Unillanos y a trabajar en conjunto para reactivar el programa de conservación en una especie que es considerada estructural para la Orinoquía.

“Esto requiere financiación de fondo que nos facilite poder respaldar ese trabajo científico que ha tenido la Universidad Nacional y otras organizaciones. Yo invito a que hagamos un trabajo de juntarnos y buscar cómo conseguir los recursos para que este programa pueda seguir en marcha y que la Estación Roberto Franco pueda mantener esa vocación por la cual fue creada, de trabajar de una forma rigurosa que promueva la conservación del caimán Llanero en Colombia”, señala el director del Instituto Humboldt.

Vargas, con más de 30 años de investigación en este programa, considera que los cocodrilos no deben estar pagando el precio de conflictos administrativos, por lo que hace un llamado a protegerlos y a mantener esfuerzos por su conservación.

“En el futuro a nadie le va a importar el problema que está pasando ahorita. Lo que van a decir es ‘¿cómo fue posible que nadie hiciera nada para salvar esos cocodrilos?’. Será una de esas situaciones en que los humanos nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde y hubiésemos podido hacer algo”, lamenta.

*Imagen principal: algunos cocodrilos por su baja diversidad genética fueron enviados a centros de educación ambiental, como Nápoles. Foto: cortesía Unimedios.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Paola Sangolquí creció yendo a la playa junto a lobos marinos, iguanas y zayapas en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Habitar un sitio donde la vida silvestre no teme a los humanos y que ella llama hogar le hizo sentirse muy privilegiada. Eso la motivó a dedicar su vida a proteger la naturaleza. Años después, sus esfuerzos por salvar al petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) de la extinción la hicieron ganadora del Premio Whitley 2026, el principal galardón ambiental del mundo.

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“Es un reconocimiento al trabajo colectivo de todas las personas con las que trabajo”, dice Sangolquí, bióloga marina, desde Londres, donde recibió una estatuilla de manos de la princesa Ana del Reino Unido. La conservación en Galápagos es posible gracias a guardaparques, biólogos, científicos, agricultores, pescadores y muchos otros actores, dice.

No recuerda la primera vez que vio un petrel, pero está segura de que le pasó lo que a muchos galapagueños: no sabía identificar la especie. La suelen confundir con la pardela de Galápagos (Puffinus subalaris). Aunque son similares, su padre, guía de aves, le enseñó a diferenciarlas. “Tienen una mancha en la parte frontal, son de tamaño mayor y son elegantes al volar. Entonces empecé a ver la belleza del ave”, relata.

El petrel de Galápagos, una especie que solo anida en el archipiélago, empezó a verse amenazado cuando los seres humanos llegaron a las islas. Con ellos llegaron roedores, gatos y cerdos, que crecieron de manera descontrolada y empezaron a alimentarse de huevos y crías de las especies que estuvieran a su alcance.

Como resultado, la población se desplomó de 27 000 parejas reproductoras en la década de 1970 a menos de 3500 apenas diez años después. La especie está clasificada como Críticamente amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de una categoría previa a la extinción en estado silvestre.

El premio no es solo un reconocimiento, sino que entrega a los ganadores fondos para continuar con sus iniciativas de conservación. Sangolquí y el equipo de la fundación Jocotoco ampliarán un proyecto en Santa Cruz que trabaja junto a comunidades locales para proteger los sitios de anidación del petrel, investigar los movimientos de esta ave oceánica y trabajar con niños de escuelas locales para fortalecer el conocimiento y protección de la especie.

En diálogo con Mongabay Latam, la bióloga marina explica por qué conservar al petrel.

El petrel conecta el océano con los cerros

—¿Qué la impulsó a conservar el petrel de Galápagos?

—Los petreles son aves oceánicas que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar y regresan después de seis o siete años a tierra, una vez que alcanzan la madurez sexual, solo para anidar.

Anidan exclusivamente en Galápagos, sin embargo, se conoce poco sobre ellos en nuestras islas. Tendemos a confundirlos con otra ave parecida o no le damos la importancia cultural y ecológica que tiene.

Algo que me encanta es que los petreles nos recuerdan que todos los ecosistemas están conectados, que somos uno con la naturaleza. Esta ave, a diferencia de otras aves marinas u oceánicas, no anida en las costas, lo hace en la parte alta de las islas, en bosques de Scalesia y Heliconia. Es un ecosistema diferente, donde hay humedad y garúa.

—¿Cuál es la importancia ecológica del ave?

—Los petreles traen consigo nutrientes del mar a las partes altas de la isla, a través de su guano dejan minerales en la tierra. También son indicadores de la salud oceánica. Usualmente están asociados a áreas de productividad, donde se alimentan, entonces, si tenemos productividad tenemos buenas condiciones ambientales.

—¿Cuáles son las mayores amenazas del petrel?

—Las mayores amenazas en sus sitios de anidación son las especies introducidas, como roedores, gatos ferales y cerdos salvajes [porque se alimentan de huevos y polluelos]. También hay especies introducidas de plantas que amenazan al petrel, como la guayaba (Psidium guajava) o la mora (Rubus niveus). En el mar les afecta el calentamiento global porque a mayor temperatura hay menos disponibilidad de alimento. Otra amenaza es la contaminación por plástico.

—¿Cuándo iniciaron el trabajo de conservación?

—La Fundación Jocotoco llegó en 2018 a Galápagos para proteger los petreles. Cuando empecé a trabajar con ellos, hace tres años, ya teníamos la reserva Los Petreles, en [la isla] San Cristóbal, donde cuidamos nidos de petreles. Con los años expandimos los esfuerzos y ahora trabajamos también en las islas Santa Cruz y Floreana.

70 nuevos nidos protegidos en Santa Cruz

En la parte alta de Santa Cruz y fuera del Parque Nacional Galápagos, que cubre el 97 % del archipiélago, se encuentran áreas destinadas a la agricultura y ganadería, donde también anidan los petreles. Allí, los científicos identificaron una zona que no estaba siendo monitoreada, pero que era importante por concentrar gran cantidad de nidos.

Cuando dieron con el sitio, la temporada de anidación estaba por finalizar. Muchos de los pichones habían sido atacados por los animales invasores y solo dos pichones alzaron el vuelo hacia aguas oceánicas, según registró la fundación. “Cuando empezamos a hacer acciones de control de especies introducidas, logramos que 24 pichones volaran”, dice Sangolquí con emoción.

Por eso, el equipo de Sangolquí presentó a la fundación Whitley una iniciativa que busca reforzar el trabajo en colaboración con fincas privadas. El objetivo es fortalecer los vínculos con la comunidad y desarrollar estrategias que beneficien a los finqueros al ampliar el control de las especies introducidas en las áreas de anidación de petreles.

El proyecto además tiene un componente de educación y comunicación. Consiste en organizar salidas de campo con estudiantes de las escuelas locales para que aprendan en los sitios de anidación sobre el ave y las amenazas que enfrenta.

Otra línea de trabajo es la colocación de marcas de rastreo satelital a las aves, una actividad que se realiza con la autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Los especialistas buscan conocer con precisión dónde se alimentan  y cuáles son sus rutas de movilidad.

—¿Cómo identificaron el área de trabajo?

—Hay muchas fincas en Santa Cruz que tienen anidación de petreles y personas y organizaciones que ya trabajan para proteger estas aves. Hay personas conscientes de que tienen nidos en sus propiedades.

Estos 70 nidos con los que estamos trabajando no estaban registrados, son nuevos. Encontramos una zona con un hábitat ideal para la anidación de petreles. Ubicamos los nidos y los georreferenciamos. Como encontramos presencia de aves y huevos, empezamos a intervenir el área.

La zona es como una quebrada. Adentro hay varios nidos entre roquitas o directamente en el suelo, en la tierra, donde se forman pequeñas madrigueras.

Los finqueros son aliados estratégicos

—¿Por qué a los finqueros les interesa ser parte de esta iniciativa?

—Cuando controlas especies introducidas hay un beneficio para los agricultores. En Floreana, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), estamos tratando de erradicar roedores introducidos. En 2023, provocaron la pérdida del 80 % del maíz. Después de concluir el primer intento de erradicación, los agricultores reportaron cosechar el 90 % del maíz.

Además, en Floreana se busca reintroducir especies localmente extintas, lo cual añade valor en lo turístico y ecológico.

—¿Qué estrategias de control usan?

—La magnitud o intensidad de control varía de isla a isla, pero de manera general usamos cebos que tienen atrayentes para estas especies. Hacemos anillos de estaciones cebaderas alrededor de las colonias. El primer anillo está a 20 metros y después hay otro unos metros más adelante. Los cebos se cambian cada dos semanas.

Nos apoyamos en cámaras que detectan el movimiento y envían señales en tiempo casi real en caso de reconocer algún roedor u otro mamífero introducido. Usamos una combinación entre métodos manuales convencionales y tecnología. Ahora queremos usar inteligencia artificial para mejorar el reconocimiento.

El reto: conocer mejor a los petreles

Los científicos todavía tienen importantes brechas de conocimiento sobre el petrel de Galápagos. El ave, que ronda el medio kilo en la adultez, pasa gran parte de su vida en el mar abierto, buscando alimento principalmente en el Pacífico Oriental, siguiendo rutas de hasta 2000 kilómetros.

Regresa a tierra en abril para anidar en cinco de las 18 islas principales del archipiélago. Es esquivo y anida silenciosamente en cavidades rocosas. Solo sale de noche, para evitar a otras aves que son sus depredadores naturales, para cazar en el mar abierto.

—¿Cómo es un día de trabajo?

—Un monitoreo en Santa Cruz es un día entero de trabajo, desde antes de que salga el sol hasta que oscurece. Las zonas de anidación de los petreles no son de fácil acceso, es un esfuerzo caminar y llegar a los nidos.

El área de anidación es como una grieta bastante rocosa por la que tienes que bajar. Cuando llueve se forma una especie de quebrada con mucha agua adentro. Puede ser desafiante por la cantidad de nidos.

Los petreles son aves nocturnas, por lo que para marcarlos esperamos a que lleguen. Lo sabemos porque hacen una vocalización muy linda, parecida a la de un pavo real. Llegan, aterrizan y van a su nido.

Entonces empiezas a trabajar. Es desafiante porque lo tienes que hacer en el menor tiempo posible para no perturbar a la especie. A veces llegan temprano y otras a las tres de la mañana. Hay que estar a la expectativa.

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—¿Cómo reaccionan las aves durante el marcaje?

—Marcamos 15 individuos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene guardaparques super experimentados en la manipulación del ave y nuestro equipo también tiene mucha experiencia. Si por alguna razón hay una ave nerviosa o inquieta no se lo hace, pero en términos generales, la naturaleza en Galápagos no responde de manera evasiva al ser humano.

A final del año esperamos tener un mapeo más claro de dónde se alimentan los petreles que anidan en Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal. Queremos conocer más de la ecología de la especie, que de momento no se ha descrito a totalidad. Tenemos datos preliminares que sugieren que las colonias de San Cristóbal y Floreana se alimentan en áreas diferentes.

La comunidad se involucra en la conservación

—¿Qué falta para proteger a los petreles y evitar su extinción?

—Dentro de Galápagos estamos dando los primeros pasos para estandarizar las metodologías de control de especies invasoras y de monitoreo de los petreles.

Buscamos que quien quiera monitorear el ave lo haga de tal forma que la información que se genere se entregue a la autoridad ambiental en un formato útil y con recomendaciones asociadas. El objetivo es que se sigan generando políticas de conservación, inclusive no solo dentro del área protegida, sino apuntando a formalizar algún tipo de colaboración entre la autoridad ambiental y los dueños de fincas donde sabemos que anidan las aves.

Si bien los petreles anidan dentro de Galápagos, cuando se alimentan lo hacen fuera de la Reserva Marina, [donde enfrentan riesgos como la pesca con palangre]. Además, a nivel regional hay otras especies que enfrentan amenazas similares.

Mirando a futuro, apuntamos a compartir este conocimiento y técnicas, pero también aprender de otros países y regiones va a ser clave para conocer el estado de la población del petrel y, a mediano o largo plazo, poder decir que la población se está recuperando.

—¿Qué le da esperanza para continuar con esta labor?

—Técnicamente hablando, me da esperanza ver que los números aumentan de un año a otro. Como tenemos cámaras trampa en los nidos, podemos ver el crecimiento del pichón y ver cómo entran y salen los padres para alimentarlo. Se vuelven como nuestros pequeños hijos y verlos volar es esperanzador.

Como miembro de la comunidad, ahorita hay momentum para conservación en muchas partes, no solo en Galápagos, porque vemos que la naturaleza ha respondido a las amenazas actuales con inundaciones y otros desastres naturales.

En el caso de los petreles hemos recibido muchos voluntarios locales que han ayudado en el monitoreo. Ver ese empoderamiento, ese involucramiento y poder visibilizar que la conservación en Galápagos puede ser hecha por personas de la comunidad es super esperanzador. ¿Si no protegemos nuestro hogar, quién lo va a hacer?

*Imagen principal: Paola Sangolquí es bióloga marina galapagueña y la segunda ecuatoriana en ganar el premio Whitley. Foto: cortesía Bryan Pérez Saltos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.https://www.youtube.com/embed/Eko2F5rZicQ?si=5GKZpSwWGIYJ3ZbD

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

*Imagen principal: el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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