Los cambios en el clima están modificando la vida en el planeta. Especies de plantas y animales migran de lugares donde las temperaturas se están elevando para buscar espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Esta sucede en la Amazonía y también en los Andes; en los bosques y las montañas; en los ríos y los lagos.

No son cambios en el futuro, sino situaciones que se presentan en el presente. Es por eso que este año el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, se centra en el cambio climático, en las señales urgentes que envía el planeta y en las respuestas que estamos dando.

Leer más | Uchuy es el primer polluelo de cóndor andino que lleva un transmisor satelital en Perú

En este día, Mongabay Latam ofrece una mirada a los aportes que se están haciendo desde la ciencia para investigar y entender cómo influye el cambio climático en Latinoamérica. Una investigación sobre corredores climáticos en la Amazonía, otra sobre los impactos del cambio climático en peces de los ríos de México y un análisis de cómo los incendios se han intensificado en la Patagonia argentina por el cambio climático son las tres experiencias que presentamos.

Corredores climáticos en la Amazonía

Los cambios del clima en los ecosistemas llevan a especies de plantas y animales a buscar otros espacios en los que puedan adaptarse para sobrevivir. En la Amazonía, muchas de estas migraciones ocurren desde las zonas bajas de la selva hacia gradientes más elevadas, hacia las montañas.

Estos movimientos de adaptación llevaron a un grupo de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos —con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore— a analizar los denominados corredores resilientes al cambio climático o corredores climáticos, es decir, espacios geográficos que conectan hábitats.

“Las plantas y animales amazónicas necesitan moverse para evitar el impacto del cambio climático y su válvula de escape son bosques intactos y conectados que suben desde elevaciones bajas a elevaciones más altas”, explica a Mongabay Latam Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica (ACCA) y una de las autoras de la investigación.

El estudio Evaluación a escala regional de corredores resilientes al clima y conectividad en la Amazonía, publicada en la revista científica Global Ecology and Conservation, permitió determinar que en la Amazonía occidental, principalmente en Perú, se concentran los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Estos son territorios clave para la resiliencia climática de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

También se identificaron áreas importantes en el este de Ecuador, el suroeste de Colombia, el norte de Bolivia, el norte de Brasil, el centro-norte de Guyana y la mayor parte de Surinam. “El Escudo Guayanés, en la Amazonía septentrional, representa otra región que puede contribuir a la resiliencia climática, importante para especies con menor capacidad de dispersión que no pueden alcanzar los Andes”, afirma el estudio.

En total se lograron determinar más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura, además de 10 corredores prioritarios aún no protegidos.

Vriesendorp señala que existe evidencia de que hay árboles subiendo la montaña en el Valle de Kosñipata, llamado “tierra de las nubes” y ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, en el sureste de Perú. Lo mismo ocurre con especies de árboles en el norte de Colombia. También menciona un estudio que demuestra que las aves se están moviendo hacia arriba en el Cerro de Pantiacolla, en Perú. “Es un área de investigación activa donde los estudios a largo plazo, en áreas bien conservadas, son los que más nos iluminan en este momento”, comenta.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas principalmente por la deforestación asociada con carreteras, actividades extractivas como gas, petróleo, minería y agricultura. “Actualmente la presión de petróleo y gas es más fuerte en la parte norte de la cadena andina, Colombia y  Ecuador, mientras que la minería es más fuerte en la parte sur de la cadena andina, Perú y Ecuador, igual que en el Escudo Guayanés, Venezuela, Guyana y Surinam”, agrega la experta.

Vriesendorp dice que para que se puedan conservar esta áreas se deben reconocer los bosques que cubren gradientes altitudinales [cambios progresivo en las condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad) y en la biodiversidad a medida que varía la altura sobre el nivel del mar] como zonas prioritarias para la conservación, trabajar con la población local para entender la mejor forma de proteger esos bosques, lograr el establecimiento de áreas nuevas de conservación y manejo de esos bosques y restaurar bosques en áreas claves para la conectividad altitudinal.

Leer más | Los códigos del canto: los algoritmos revolucionan el estudio poblacional de la gallineta chica en Argentina

Enfrentando el fuego en la Patagonia

Los incendios registrados en la Patagonia este año han sido los peores en seis décadas, según un informe de la organización Greenpeace. Este reporte indica que entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego destruyó 60 845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en el sur de Argentina. Entre las zonas afectadas por el fuego se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años.

“Los incendios siempre estuvieron en la Patagonia, son ecosistemas en los cuales el fuego siempre estuvo presente. Sin embargo, desde hace 20 ó 25 años lo que estamos observando es un comportamiento distinto de los incendios. Se están transformando en más severos, en más recurrentes”, señala a Mongabay Latam Javier Grosfeld, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Patagonia Norte.

Grosfeld afirma que hay una serie de drivers climáticos -factores que modifican el clima- que explican el comportamiento del “fuego excepcional que estamos viendo en los últimos años”. Uno de ellos es la disminución de las precipitaciones, lo que significa que hay un déficit hídrico sostenido desde hace unos 20 años, explica el experto. Esto, sumado al aumento de las temperaturas en la Patagonia ocasiona la desecación del material orgánico combustible que se encuentra en los bosques y favorece la propagación extrema del fuego. “Lo que está pasando es que tenemos temporadas de incendio más largas, con olas de calor más largas que afectan el comportamiento del fuego”.

Otro driver importante, comenta Grosfeld, es que desde el año 2000, las probabilidades de tormentas eléctricas, disparadoras de los incendios naturales, que antes eran excepcionales en Patagonia Norte, aumentaron unas 70 veces. “Entonces, tenemos menos agua, más calor y más tormentas eléctricas”, argumenta.

“Lo que pasa en la Patagonia es una combinación entre el cambio climático y el factor humano porque tenemos mucha más gente viviendo en el bosque y eso también desencadena la complejidad de los incendios forestales en la Patagonia Norte”, agrega Grosfeld.

Para enfrentar los incendios que se agudizan por el cambio climático, Grosfeld considera que una iniciativa importante sería establecer un observatorio de los fuegos del sur, “un lugar de aprendizaje, de transferencia de conocimientos y de reflexión sobre el proceso que trae el cambio climático respecto a los incendios forestales en la Patagonia”.

Bajo esa perspectiva, el experto señala que desde los sectores académicos, científicos, organizaciones ambientalistas y activistas por el medioambiente están promoviendo “una especie de observatorio-foro-escuela” que permita canalizar las experiencias. “Es un trabajo a largo plazo. Aún no hay una organización que nos unifique, pero sí hay muchas voces. Cooperativas, partidos políticos, sindicatos se han acercado al tema del fuego porque los incendios empezaron a tocar a todos”, reafirma el experto.

Grosfeld también considera fundamental la “detección temprana del fuego” así como el “ataque inicial proactivo”. “Llegar rápido y poderlo contener a tiempo es fundamental”, agrega. Sin embargo, Grosfeld también menciona los desafíos que se presentan para una respuesta rápida. Una de ellas es la gran extensión de la Patagonia y la otra es la atención en las zonas de interfase, es decir, en el espacio entre el bosque y las ciudades, donde también hay viviendas establecidas.

En estos casos, dice el experto, se debe manejar el bosque, reducir la vegetación que se pueda convertir en combustible para el fuego. “Se deben despejar las vías de acceso, contar con reservorios de agua en el territorio para que cuando lleguen los bomberos no se queden sin agua. Estamos hablando de superficies extensas. Todo eso requiere inversión que históricamente no se ha hecho. La prevención es un tema a largo plazo y si no se empieza siempre vamos a estar tarde”, comenta Grosfeld. “La discusión actual pasa por tener comunidades más resilientes, mejor preparadas para los incendios forestales, con mayor prevención y eso es lo que está exigiendo la sociedad”, concluye el experto.

Leer más | México: 40 años de rescatar y reintegrar monos nativos en la selva veracruzana

Los peces en México

“México alberga 677 especies nativas de peces de agua dulce, que además tienen un alto endemismo y muchas de ellas sostienen la mesa y el ingreso de familias enteras de pescadores artesanales”, señala el biólogo Rafael Sebastián Muratalla-Miranda, autor principal de la investigación Peces de agua dulce mexicanos: identificación de prioridades de conservación y áreas de alto riesgo para la pesca en el contexto del cambio climático.

El cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de agua dulce, dice el estudio. Por eso, la conservación de estos ecosistemas, así como la seguridad que se basa en estas especies pueden estar en riesgo. “La vulnerabilidad de los peces de agua dulce al cambio climático podría ser más pronunciada que la de los animales terrestres, ya que su movimiento a nuevas áreas no garantiza necesariamente que habrá condiciones ambientales adecuadas disponibles”, señala la investigación.

La investigación realizada por Muratalla-Miranda junto con otros tres científicos —Luis Fernando Del Moral-Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo y Carolina Ureta— aborda estas dos premisas con el fin de colaborar en la planificación de la conservación y a la vez conocer dónde se encuentran en mayor riesgo estas especies acuáticas y las comunidades que dependen de la pesca de esas especies.

Para lograrlo, reunieron en una sola base de datos información taxonómica, ecológica y pesquera de las especies nativas de importancia económica y nutricional de peces de agua dulce en México, explica el autor a Mongabay Latam. “Trabajamos con registros históricos de las últimas siete décadas que abarcan la mayoría de los cuerpos de agua de nuestro país”, afirma Muratalla-Miranda, quien realizó esta investigación como parte de su maestría del Posgrado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM).

“Al momento de buscar la literatura nos dimos cuenta de que casi nadie había evaluado cómo el cambio climático iba a reconfigurar la riqueza de peces de importancia alimentaria en el territorio. Por tanto, modelamos 54 especies de esta importancia bajo escenarios de cambio climático”, agrega.

Cuando realizaron el análisis, encontraron que tenían mayor información en zonas específicas del centro, occidente y sur del país. “Estados como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas han sido zonas bastante monitoreadas”, comenta el investigador. Los resultados de las modelaciones con esas especies determinaron que estos lugares concentran una riqueza mayor en comparación con otras zonas. En cuanto a los riesgos, descubrieron que estos se concentran en el centro y en el occidente del país.

Muratalla-Miranda comenta que la investigación ha permitido saber que “la amenaza del cambio climático no es uniforme en todo el país”. Explica que hay especies que se denominan tropicales o euritermas, es decir, que toleran un rango amplio de temperaturas, que pueden expandir su distribución hacia el norte del país o hacia mayores altitudes.

Cita como ejemplo especies como Eugerres plumieri y Chirostoma sphyraena, este último conocido como charal, uno de los peces emblemáticos del país, “peces que pueden ganar más del 400 % de área de distribución en los escenarios de cambio climático con condiciones más extremas”.

Por otro lado, están las especies de aguas frías o las especies endémicas, que se encuentran  sobre todo en los estados de Michoacán y Jalisco, cuya distribución puede tener contracciones severas que van del 40 % al 86 % de su área con idoneidad climática. “Ahí tenemos un matiz crítico que sería que los peces de agua dulce son vulnerables porque no pueden simplemente nadar hacia un clima mejor, ya que muchos están atrapados en un cuerpo de agua o en una cuenca”. Si a ello se suma la presencia de presas en muchas de estas cuencas que cortan o impiden el paso de peces, así como la fragmentación de los ríos que se puede dar por cambios de uso de suelo, estos peces van a tener menos posibilidad de moverse, sostiene.

“Bajo el supuesto más estricto de los peces sin dispersión, las pérdidas de idoneidad climática llegan hasta un 73 %, lo que quiere decir que muchos hábitats actuales podrían volverse climáticamente inviables para las especies”, comenta el investigador.

Carolina Ureta, investigadora por México en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM) y coautora de la investigación, explica que en el estudio evaluaron la idoneidad climática de los ecosistemas teniendo en cuenta variables atmosféricas como precipitación y temperatura. De esta forma identificaron las zonas prioritarias para la conservación y las zonas de riesgo para las especies.

También determinaron si las zonas donde hay una mayor diversidad se superponen con áreas naturales protegidas o están fuera de ellas, en este último caso consideraron que estos espacios sin categorización pueden ser propuestas como sitios prioritarios para la conservación.

*Imagen principal: un estudio identificó los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA).

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

Leer más | La inteligencia artificial se convierte en aliada clave para conservar la biodiversidad de América Latina

Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

Leer más | Colombia: el largo camino judicial de los indígenas yukpa para resarcir los impactos de la minería de carbón

Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

Leer más | Con drones e inteligencia artificial monitorean la huella de un enorme incendio en los frailejones del Páramo de Berlín, Colombia

Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

Leer más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

Leer más | Conoce y regístrate en el Puma Fest: primer Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

Leer más | Colombia: el nuevo Congreso llega con el desafío de legislar sobre defensores, deforestación, energía y crisis climática

Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

Leer más | Desafíos ambientales de Colombia en 2026: incremento de la violencia, deforestación y defensores en riesgo en un año electoral

Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Leer más | En Colombia, 2025 fue el año más violento para defensores de DDHH desde la asunción de Gustavo Petro | INFORME

Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

Leer más | Chile: el emblemático glaciar Echaurren Norte perdió cerca del 65 % de su superficie | ESTUDIO

Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.https://www.youtube.com/embed/Eko2F5rZicQ?si=5GKZpSwWGIYJ3ZbD

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

Leer más | Argentina: por lo menos 160 aves murieron electrocutadas en tendidos de cables | ESTUDIO

En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

Leer más | Ecuador: comunidades del Chocó Andino se unen para salvar al mono capuchino y a la pava del Chocó, especies en riesgo de extinción

La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

*Imagen principal: el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

Leer más | Reportaje fotográfico: invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia

Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

Leer más | La fórmula que redujo la deforestación en Brasil en el Siglo XXI | LIBRO

Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

Leer más | Desafíos ambientales de América Latina en 2026: violencia, minería ilegal y elecciones presidenciales marcan la agenda regional

Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

Leer más | Grupos armados, minería ilegal y mercurio: la tragedia silenciosa en la frontera amazónica entre Colombia y Venezuela

Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

Leer más | Bolivia alcanzó récord de pérdida de bosque nativo: es el segundo país más deforestado a nivel mundial

Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

Leer más | Entre la incertidumbre y el riesgo: Latinoamérica debe prepararse para la posible llegada de El Niño en 2026

Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

Lee más | Los pendientes con el Acuerdo de Escazú en Colombia: protección a defensores, impunidad y acceso a la información

Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

Lee más | Defensores indígenas impulsan la autoprotección mientras exigen más participación para incidir en el Acuerdo de Escazú

El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

Leer más | Elecciones en Perú: las propuestas sobre minería ilegal en los planes de gobierno son pobres y sin estrategias claras, plantean expertos

“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

Leer más | Guardianes de la Trocha: la banda que se disputa el oro y siembra el terror en La Pampa peruana

Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

Leer más| Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

Leer más | Imágenes satelitales revelan expansión ganadera en el Parque Nacional Sangay y en un corredor para la fauna

Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

Leer más: | Expertos alertan que la propuesta de reforma minera de Noboa afectaría derechos indígenas y protección ambiental

“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

Leer más | «La minería ilegal no solo está en la frontera con Colombia, está en todo Ecuador»

El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

Leer más | Desafíos ambientales de Ecuador en 2026: minería ilegal, crimen organizado y deforestación avanzan ante un Estado debilitado

Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Leer más: Guardianes de la Trocha: la banda que se disputa el oro y siembra el terror en La Pampa peruana

La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

Leer más | Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Leer más | Un sobrevuelo en la Amazonía peruana muestra los impactos de la minería ilegal en los ríos Marañón y Santiago

La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

Leer más | Perú: los ríos y bosques de Datem del Marañón están siendo invadidos por la minería ilegal

Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

Leer más | Amenazas de muerte de mineros ilegales obligan a evacuar Área de Conservación Panguana en Amazonía peruana: «Salimos por falta de garantías»

El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

Leer más | Perú: la minería ilegal acecha el área de conservación Panguana, símbolo de la supervivencia en la Amazonía

Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

Leer más: Colombia: el corredor de guerra que genera deforestación y desplazamientos en los pueblos indígenas nukak y jiw

Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

Leer más: Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.