Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras su captura en el departamento andino de Cundinamarca, el jaguar, transportado por aire en una pesada caja de madera, finalmente toca tierra. Luego de continuar su recorrido remolcado por un tractor, el momento aparece en un video grabado por la autoridad ambiental: un cuidador retira el candado y, con ayuda de una cuerda, desliza la puerta hacia arriba. Pasan unos segundos antes de que el gran felino asome la cabeza, observe a ambos lados para inspeccionar el nuevo entorno y, tras unos pasos cautelosos, se adentre veloz en la selva del norte del departamento de Vichada, en las llanuras orientales de Colombia.

En la madrugada del 18 de octubre de 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) coordinó la translocación de un jaguar macho (Panthera onca) de 95 kilos, tras múltiples reportes de finqueros sobre su presencia —desde mayo pasado— en las zonas rurales de los municipios de Apulo y Tocaima, en la cuenca baja del río Bogotá. La entidad envió un equipo técnico al área, donde encontraron rastros que indicaban el paso de un felino. En junio, las cámaras trampa instaladas captaron imágenes que confirmaron la presencia del jaguar. Para inicios de septiembre se ejecutó el operativo final: el jaguar fue capturado y sometido a protocolos de vigilancia médica, comportamiento y alimentación durante un mes, antes de su traslado y liberación.

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“Nos lo decían cuando denunciaban: ‘Si ustedes no lo cogen, lo vamos a matar, porque ya nos mató dos o tres vacas, y no vamos a permitir que nos maten más’”, afirma Alfred Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca, en entrevista con Mongabay Latam. Por ello, la autoridad ambiental presentó este caso, oficial y mediáticamente, como un “rescate”.

Sin embargo, la decisión de translocar al jaguar no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre. Desde su perspectiva, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

“La respuesta de una autoridad ambiental no puede ser mover, cada vez que aparezca, un felino o cualquier otro tipo de depredador”, sostiene José Fernando González Maya, director de la organización ProCAT Colombia. “Le dijimos a la CAR, cuando nos contactó, que nuestra recomendación era hacer una intervención integral. Es decir, ir a hablar con las comunidades, dar información y llevar métodos disuasorios para evitar que el jaguar siga comiendo vacas y que las comunidades lo maten. Al final, lo translocaron y cambiaron el discurso a un ‘rescate’, cuando acá lo que hubo fue una extracción de un individuo de su hábitat natural”.

Jaguares sin territorio

En Colombia se han identificado cinco grandes subpoblaciones de jaguares. Una se encuentra en el Chocó biogeográfico, al occidente del país, que conecta con Centroamérica; otra en la región Paramillo – San Lucas, en una zona de transición entre el Caribe y la cordillera central de los Andes; una más en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe; otra en la Serranía del Perijá-Catatumbo, hacia el oriente y limitando con Venezuela; y, finalmente, una gran población que se extiende por la Amazonía y la Orinoquía, explica Iván Mauricio Vela, investigador titular del Instituto Humboldt e integrante de la Sociedad Colombiana de Mastozoología.

El traslado del jaguar desde la región andina hacia la Orinoquía no es solo un viaje de cientos de kilómetros: para el felino significa enfrentarse a un ecosistema distinto, con nuevas estructuras de bosque y patrones de clima, explica Vela.

“La Orinoquía tiene muchas más sabanas y serranías, que son altitudes bajas, mientras que en los valles interandinos, a pesar de que también están en zonas bajas, tienen influencia de la Cordillera de los Andes”, detalla el especialista. “Entonces la composición de las plantas, la estructura de los bosques, la precipitación, la presencia o no de cuerpos de agua, y un montón de cosas cambian, porque son biomas diferentes, son regiones geográficas diferentes del país. Por eso hay que tener en cuenta esto en el momento de mover un animal desde los Andes a la Orinoquía”.

Vela también plantea que existen diferencias físicas entre las poblaciones de jaguares del país. Los individuos más cercanos a la Amazonía suelen ser más grandes y corpulentos, mientras que en los Andes, en teoría, tienden a ser más pequeños. Este contraste genera dudas sobre los efectos individuales que pueda tener la translocación de este ejemplar.

“No sabemos cómo le va a ir, por eso, para una translocación hay que tener muchas variables en cuenta para saber si es efectivo o no el movimiento del individuo de un lugar a otro”, explica Vela. “La UICN tiene un manual diseñado exclusivamente para la translocación de fauna silvestre, porque es un procedimiento muy complejo: es prácticamente una lotería, uno no sabe si le va a ir bien o no. Por eso es importante que la autoridad ambiental dé a conocer los criterios técnicos que justifican mover a un individuo”.

La presencia de jaguares en Cundinamarca no es algo nuevo. Años atrás, hubo registros que apuntaban a la presencia de estos felinos en la región, coinciden los especialistas.

“Hace unos siete u ocho años, registramos un jaguar en otro municipio de Cundinamarca, relativamente no tan lejos de esa zona”, describe José Fernando González Maya. “La CAR hizo cobertura de medios sobre la presencia de jaguar en la jurisdicción. Nosotros en ese momento teníamos un proyecto con ellos y la información se manejó bien, en términos de celebrar que estaba el jaguar allí. Poco después, enfrente de Cundinamarca —que se divide con otros dos departamentos por el río Magdalena, el más importante en Colombia—, cruzando el río, en la zona baja, publicamos registros de jaguar también. Es decir, hay poblaciones alrededor”, sostiene el especialista.

El rango de distribución del jaguar se ha reducido alrededor de un 49 % en Latinoamérica, mientras que en Colombia la pérdida alcanza aproximadamente el 39 %, recuerda Laín Pardo, especialista en biodiversidad de la organización WWF Colombia.

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“Por eso, cuando ocurren nuevos registros, a los biólogos y a los ecólogos nos gusta mucho esa información: quiere decir que algo está pasando y la especie se está moviendo por territorios donde antes no se veían mucho. Lo primero que llama la atención es eso”, describe el biólogo.

Precisamente, agrega, habría que indagar las razones por las cuales este jaguar se desplazó hacia una zona con alta densidad poblacional, cercana a varios pueblos. “No es anormal tampoco: realmente la gente cree que los animales tienen que estar por allá, en sitios muy recónditos, pero no. Y la zona de Apulo, en Cundinamarca, es bastante interesante, porque allí se están dando procesos de restauración pasiva, con pasturas que se han abandonado y se restauran de manera natural”, agrega Pardo.

Y, de pronto, eso es precisamente lo que el jaguar pudo estar mostrando. “Algo está pasando y probablemente hay más cobertura forestal en donde él podía desplazarse con más tranquilidad. Iba rumbo a algún lado, pero nos perdimos esa oportunidad de saberlo; hay procesos que nos perdimos de indagar un poco más a profundidad”, concluye Pardo.

Siguiendo al jaguar

La autoridad ambiental confirmó a Mongabay Latam que el jaguar fue equipado con un collar de telemetría y GPS satelital, herramienta que permitirá conocer en tiempo real sus desplazamientos, comportamiento y adaptación. Además, informó que implementará un monitoreo permanente mediante cámaras trampa para garantizar el bienestar del felino y la estabilidad ecológica de la zona. Sobre el uso de la información recopilada, aclaró que no está prevista una publicación abierta de los datos, los cuales se emplearán internamente para el seguimiento del ejemplar y como insumo en futuros estudios o investigaciones.

“La zona donde él estaba no es un corredor felino. Todavía no tenemos la certeza de cómo apareció en estos municipios, que son densamente poblados, donde el distrito capital tiene cerca de 10 millones de habitantes”, explica Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca. “Desafortunadamente, cuando se da el avistamiento de esta clase de especie, también aparecen los cazadores a querer llevarse el ‘trofeo’. Por eso hablamos de ‘rescate’, porque, de no haberlo localizado pronto y haberlo llevado, y luego liberado, seguramente los cazadores lo habrían matado o los finqueros, en defensa de sus animales”.

Para definir el lugar de la translocación, la CAR Cundinamarca solicitó la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). “Es la autoridad que tiene jurisdicción en el corredor felino de la Orinoquía y con sus expertos se identificó el sitio exacto en donde se debía liberar. La Fuerza Aérea colaboró en el traslado del jaguar en avión hasta un punto y, desde allí, fueron varias horas en vehículo para poder llegar al sitio que la autoridad ambiental nos indicaba como adecuado para su liberación”, detalló el funcionario.

Ballesteros Alarcón aclaró que, aunque la CAR Cundinamarca trabaja actualmente en iniciativas como el “Corredor de los Felinos del Río Negro” —una nueva área protegida, ubicada en los municipios de Yacopí y Caparrapí, donde se han logrado acuerdos de conservación de varias especies con las comunidades—, trabajar en la coexistencia en la zona donde este jaguar fue capturado, no fue una opción debido al posible riesgo de cacería retaliativa, e insistió en que “el jaguar no es oriundo de esa zona, porque no es un corredor ecosistémico de jaguares. Él allí no tenía especies silvestres con las cuales alimentarse porque es una zona densamente poblada”.

Crear paisajes de coexistencia

Los expertos consultados coincidieron en que uno de los mayores retos en la conservación de grandes carnívoros es promover paisajes de coexistencia, donde las comunidades humanas desarrollen percepciones positivas frente a la presencia de estas especies. Este trabajo, señala Iván Mauricio Vela, solo es posible mediante un reiterado proceso de diálogo y educación comunitaria.

En esa línea, el Grupo de Especialistas en Interacciones entre Humanos y Vida Silvestre de la UICN elaboró un manual de coexistencia, que propone los pasos para manejar de manera responsable y sostenible la relación entre las comunidades y la fauna silvestre.

“Ahora que ocurrió la translocación, es muy importante que se documente e invitamos a la autoridad —dentro de su independencia— a que estos datos sean públicos: será el primer ejercicio de telemetría de un jaguar sobre cálculos de rango de hogar”, señala Vela. Es decir, un estudio que permitirá conocer cuánto se mueve un animal dentro de su área habitual de actividad, pudiendo obtener datos del área que utiliza, un ejercicio sin precedentes en Colombia.

“Es invitar a un proceso de ciencia abierta —concluye Vela—, que desde muchas orillas académicas estamos invitando continuamente a todas las organizaciones, gobiernos e instituciones para que haya ese cooperativismo académico y científico, y que esto se dé a conocer”.

Imagen principal: un jaguar que había sido reportado por finqueros en la cuenca baja del río Bogotá, en Colombia, fue capturado y translocado en el departamento de Vichada, al oriente del país. Foto: cortesía CAR Cundinamarca.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

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En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.

Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.

En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.

“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.

Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.

Las regiones más violentas

Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.

“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.

Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.

“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.

Mongabay Latam no obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.

La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.

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La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.

Actores desconocidos

El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.

Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).

Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.

Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.

Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.

“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Imagen principal: la organización Programa Somos Defensores contabilizó 78 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2025. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La seguridad de la selva es la seguridad de la humanidad”. Con esa frase concluyó su discurso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Encuentro de Presidentes de Países Amazónicos con Autoridades Indígenas y Sociedad Civil. Sin embargo, mientras el discurso resalta la urgencia de salvar la Amazonía, la realidad muestra otra cara: la degradación de la selva avanza y los compromisos climáticos de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú —las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)— siguen sin traducirse en resultados efectivos. Así lo advirtieron especialistas de la sociedad civil durante la V Cumbre Amazónica, al debatir el papel de las NDC frente a la Amazonía y la política climática regional.

En términos simples, las NDC son los compromisos que los países que firmaron el Acuerdo de París asumieron para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptarse y mitigar los efectos  del cambio climático.  

En el caso de los 8 países que comparten el bioma amazónico, su responsabilidad es inmensa: proteger el bosque tropical más grande del planeta, que no solo produce buena parte del agua en Sudamérica, sino que alberga la mayor biodiversidad del mundo y contribuye a estabilizar el clima global.

Realidades en retroceso: un balance de las NDC en la región

La deforestación continúa siendo la principal fuente de emisiones en la región, y es la causa de casi una quinta parte de los GEI a nivel mundial. En Colombia, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportaron un aumento del 43% en 2024 con respecto al año anterior. Esto se traduce en 113.608 hectáreas deforestadas, concentradas sobre todo en el Arco Amazónico, es decir la zona más deforestada que afecta principalmente a los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Aunque la tendencia de los últimos tres años muestra una reducción, este repunte vuelve a encender las alarmas.

Andrea Prieto, experta en cambio climático de la Asociación Ambiente y Sociedad, explicó algunos de los problemas estructurales de estos compromisos climáticos: la inestabilidad institucional que impide dar continuidad a las políticas, la incoherencia entre planes económicos y climáticos, la falta de datos e información clara, la ausencia de un sistema de monitoreo transparente que permita verificar el avance de los planes que buscan disminuir la deforestación, así como la carencia de metas específicas para la Amazonía.

El panorama en otros países no es más alentador. En Ecuador, los compromisos son “mínimos” y no reflejan una acción climática real, según Natalia Greene, de Global Alliance for the Rights of Nature. En Bolivia, solo se ha cumplido alrededor del 15% de las metas anteriores, de acuerdo con Juan Carlos Alarcón, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Por otro lado, en Perú, la falta de coordinación entre ministerios y la ausencia de una metodología única de reporte dificultan el avance, señaló  Denisse Linares, jefa de Proyecto del Programa de Sostenibilidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

Otro punto crítico es la expansión de los combustibles fósiles, pues muchos países no incluyen compromisos claros en las NDC para detener su expansión en la región. En Ecuador, por ejemplo, la transición energética ni siquiera aparece en la NDC, y el gobierno ha incumplido demandas ciudadanas como la que pide detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Además, países como Bolivia dependen en gran medida de la cooperación internacional para cumplir sus metas, lo que limita la ambición de estos planes. En el caso colombiano, aunque se reciben recursos significativos para frenar la deforestación, estos no parecen ejecutarse de forma efectiva: “la tasa de deforestación sigue siendo altísima”, advirtió Prieto.

NDC con la gente para resultados reales

Un punto común en todos los países es la débil participación ciudadana en la actualización de las NDC. En Colombia, por ejemplo, aunque se han realizado múltiples talleres y espacios de diálogo, estos no han logrado ser lo suficientemente masivos ni claros en su sistematización. Además, persiste la incertidumbre sobre cómo se articulan con los sectores clave y, sobre qué tanto se reflejan realmente en las medidas finales de la NDC. La meta de deforestación cero a 2030 es un ejemplo: más que el resultado de un proceso participativo, fue definida como una decisión principalmente política, no técnica, advirtió Prieto.

Las y los expertos coinciden en que la participación vinculante de pueblos indígenas y comunidades amazónicas es indispensable para garantizar que las NDC reflejen sus voces y contar con su experiencia para  frenar la deforestación. En este sentido, el Acuerdo de Escazú se mencionó como un marco clave para garantizar inclusión y transparencia en América Latina y el Caribe.

El compromiso a prueba en la COP30

La próxima COP30, que se celebrará en Belém do Pará (Brasil), representa una oportunidad histórica para avanzar en la agenda climática de la región. La sociedad civil latinoamericana ha instado a la presidencia de la cumbre a impulsar resultados concretos, entre ellos:

• NDC ambiciosas, basadas en ciencia y coherentes con la meta de 1.5° C del Acuerdo de París: los países desarrollados y del G20 deben presentar, antes de septiembre, sus NDC 3.0 con compromisos robustos y participación ciudadana.
  
• Metas claras, medibles y financiables: una meta explícita de deforestación cero para 2030 y compromisos cuantificables con presupuestos específicos.
  
• Visión regional e integral: reforzar la OTCA como espacio de articulación amazónica y consolidar el Observatorio Regional para verificar avances.
  
• Indicadores claros: permitiendo un seguimiento público y financiamiento transparente para los territorios amazónicos y sus comunidades.

La Amazonía es un ecosistema vital para regular el clima global. Las NDC son la promesa que los países hicieron al planeta, pero solo tendrán sentido si pasan del papel al territorio. Si bien las NDC se consideran compromisos voluntarios, el Acuerdo de París establece que cada país debe presentarlas, mantenerlas y garantizar que cada actualización represente mayor ambición que la anterior. En el caso de Colombia, que ratificó este Acuerdo, la presentación de la NDC 3.0 no es opcional: es una obligación y, al mismo tiempo, un mensaje político, un instrumento de planificación climática y una herramienta para movilizar recursos. Por eso, la sociedad civil insiste en que, más allá de la retórica, las metas sean claras, sectoriales, basadas en evidencia científica y con respaldo normativo y financiero. En otras palabras: que la NDC deje de ser solo un compromiso en papel y se convierta en un plan vinculante, participativo y que realmente busque proteger la Amazonía.

En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

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Un análisis de la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia estima que en 2024 la deforestación en Guaviare repuntó con pérdidas de hasta 20 000 hectáreas de bosque. El estudio, basado en un modelo de Inteligencia Artificial e imágenes satelitales, ha permitido detectar focos de deforestación en la región, principalmente por cambios de uso de suelo.

Incluso, el análisis sostiene que los incendios forestales detectados entre enero y junio de 2025, especialmente en bosques primarios de los municipios de Calamar y San José del Guaviare, siguen un patrón y rutas marcadas por economías ilícitas.

Estos incendios forestales han impactado en áreas como La Sierra de la Macarena, ubicada en el departamento de Meta, y la Reserva Nacional Natural Nukak, cuyos territorios no solo son de gran importancia biológica, sino cultural para pueblos indígenas, quienes históricamente han sido desplazados por conflictos armados y actividades ilegales.

Descenso y repunte de la deforestación

De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Guaviare había disminuido notablemente la pérdida de bosques con un registro de 17 000 hectáreas, luego de que en 2018 alcanzó máximos de 45 000 deforestadas.

Esta reducción fue incluso regional, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registró una disminución histórica del 38 % en la deforestación de la Amazonía colombiana respecto a 2022. En el caso de Guaviare, la reducción fue del 27 %, según los registros oficiales.

Sin embargo, la misma institución advirtió desde el año pasado un aumento en los focos de deforestación. Además, en los primeros tres meses de 2025 detectó 18 núcleos de Alerta Temprana de Deforestación, el 21 % de ellos en territorio de Guaviare, algunos dentro de resguardos indígenas como Yaguará II y la Reserva Nukak-Makú. El colindante departamento de Meta acumuló otro 20 % de las detecciones.

Autoridades detectaron como causas directas el acaparamiento de tierras, obras de transporte no planificadas, ganadería extensiva y cultivos ilícitos.

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Angélica Rojas Moncada, coordinadora regional de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Guaviare, señala que estas actividades siguen siendo los principales delitos ambientales en la región, donde los grupos armados se involucran cada vez más.

«El Guaviare ha tenido un proceso [de deforestación] que está auspiciado o permitido por los grupos armados. En la medida en dejan la negociación de paz con el Gobierno, las zonas que dominan van siendo más ocupadas y dañadas”, explica.

En el caso del Parque Sierra de La Macarena, área de gran biodiversidad y punto de encuentro entre la Amazonía, los Andes y la Orinoquía, la especialista recuerda la complejidad de su manejo, pues antes de ser decretada como área protegida ya vivía procesos de ocupación y deforestación que siguen sin resolverse.

Además, destaca Rojas, fue también un centro de ocupación del conflicto armado donde se fortaleció la producción de coca. “Actualmente está retomándose esa producción coquera, además del cambio por ganadería en unas zonas y por cultivos intensivos en otras que obviamente sigue afectándola”, dice a Mongabay Latam.

En el caso de la Reserva Natural Nukak, hogar de las comunidades indígenas Puinave, Curripaco y Nukak, los cultivos de coca, la construcción de vías y la presión ganadera se han convertido en serias amenazas para el área natural.

Mongabay Latam ha documentado la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación, principalmente en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, donde también se impactan áreas protegidas y resguardos indígenas.

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Crisis ambiental y humanitaria en Guaviare

El departamento de Guaviare acumula, desde 2010, casi el 60 % de la deforestación total de Colombia, principalmente por el cambio de bosques a pastizales, de acuerdo con una investigación científica publicada en 2024.

Otra de las complejidades que tiene es que las unidades ambientales y las 26 reservas indígenas cubren casi todo el departamento, pues abarcan más del 90 % de la superficie, por lo que los impactos de la deforestación van directamente contra las comunidades que ahí habitan.

Además, la disputa de los grupos armados por el control de los territorios y sus recursos han generado una crisis humanitaria en los territorios.

La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza advirtió desde los primeros días de 2025 una alerta en Guaviare por las desapariciones, el reclutamiento y asesinato de adolescentes por grupos armados, así como comunidades confinadas por la disputa territorial entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el grupo disidente Estado Mayor Central.

En especial, destaca la situación de los pueblos Nukak y Jiw, a quienes considera en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento forzado de las comunidades.

Rojas afirma que el manejo de los resguardos indígenas bajo una estructura cultural diferente ha permitido la conservación de los bosques.

“Su papel es protagónico y algo aún más importante es que conocen los bosques, los han utilizado históricamente para proveer medicina, alimento, vivienda, vestido. Ese conocimiento implica usarlo adecuadamente”, sostiene la investigadora de la FCDS.

Imagen principal: pese a una disminución de la deforestación en 2023, este proceso repuntó en 2024 y su tendencia aumenta este año. Foto: cortesía Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo último, una caja llena de tortugas de río (Podocnemis unifilis), también conocidas como petas de río, fue encontrada en un mercado en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Esa caja tenía al menos diez tortugas y huevos, y su destino era la ciudad de La Paz. Luego, pasarían hacia Chile. El tráfico de esta especie boliviana se incrementó en los últimos años con destino a Brasil y Perú, donde su carne y huevos son codiciados y llegan a pagar hasta 50 dólares por tortuga. Ante el avance de esta actividad ilícita, las instituciones públicas se están uniendo para frenar el tráfico de estos animales amazónicos.

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La tortuga de río es la segunda especie más grande de su género, después de la Tataruga (Podocnemis expansa). Según algunas investigaciones, en Bolivia los machos llegan a medir 33.5 centímetros y las hembras pueden llegar a 50 centímetros. Suelen pesar entre nueve y 12 kilogramos. Tienen su nombre por las manchas amarillas que llevan en la cabeza, las que tienen un mayor brillo en los individuos juveniles, se mantienen en los machos y con el paso del tiempo se desvanecen en las hembras. Son conocidas también como tortugas de cuello lateral, ya que no pueden meter completamente sus cabezas dentro de su caparazón. En vez de ello, doblan el cuello hacia los costados para introducirla, dejando una parte expuesta.

Esta especie se distribuye en las cuencas hidrográficas de la Amazonía y del Orinoco, que incluye a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil.

En Bolivia la peta de río habita en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de los Vertebrados de Bolivia, esta especie de tortuga está categorizada como “Vulnerable”, lo que evidencia que enfrenta un riesgo moderado de extinción, ocasionado principalmente por el tráfico de la especie silvestre y los efectos del cambio climático. En muchas localidades de la Amazonía su carne y sus huevos son parte de la dieta de sus habitantes, pero existen amenazas que llevan a los investigadores a otros países.

El departamento de Pando es una de las regiones bolivianas donde hay más tortugas o petas de río. Las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi son las ideales para que estas tortugas entierren sus huevos, debido a sus cálidas arenas. Las petas dejan sus huevos sin conocer el riesgo que corren: hay personas que esperan ese ciclo natural para desterrar los huevos de estas tortugas y luego llevarlos a Perú o Brasil. Estos traficantes también esperan a los reptiles para cazarlos y aprovechar su carne.

El director de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Denis Navarro Tuno, explicó que el comercio ilegal de esta especie se da a partir de julio, que es cuando las tortugas llegan a las playas para dejar sus huevos. El guardaparque detalló que en la zona del Manuripi, que es un área nacional protegida en el departamento de Pando, existen planes de cuidado para preservar a este reptil.

“Se hacen muchos tipos de trabajo para evitar que esta especie desaparezca. Por ejemplo, existe el Programa de Monitoreo y Conservación de la peta de río, que tiene como objetivo incrementar las posibilidades de supervivencia de los huevos. En su época, las petas salen del agua a desovar en las playas y los huevos son recolectados e instalados en nidos en una playa artificial para que, después de tres meses, los huevos eclosionen. Se trabaja en la conservación y repoblamiento de la especie”, destacó Navarro Tuno.

Según Homali Flores, secretaria departamental de Gestión Integral de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Pando, los traficantes de esta especie optan por llevar la carne de la tortuga y sus huevos a ciudades grandes, pero también pasan la frontera hacia Perú y Brasil. A Perú lo hacen por la frontera norte, hasta llegar a la ciudad de Puerto Maldonado. En cambio, a Brasil es más fácil llevar a la peta, ya que la capital de Pando, la ciudad de Cobija, es fronteriza con las localidades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia.

“Los contrabandistas se enfrentan a varios peligros inminentes, como ataques de caimanes y de sicuris (anacondas), y el constante acecho de las autoridades, pero no se conforman con la extracción de un solo nido de huevos de peta, sino que saquean hasta 50 nidos a la vez. Cada uno de los nidos alberga entre 30 y 35 huevos y el valor en el mercado negro puede llegar, por unidad, a quintuplicar el precio de uno de gallina, es decir que cada huevo puede llegar a costar unos seis bolivianos», casi un dólar, remarcó Flores.

Navarro Tuno afirmó que por lo general los cazadores de tortugas llegan a las playas de los ríos amazónicos por las noches y que luego de extraer los huevos y cazar las petas realizan sus transacciones clandestinas en algunas comunidades. “Ponen las petas en cajas, las suben a sus barcos y las llevan para la venta”, detalló.

El costo de la peta de río

Según una investigación de la Red Ambiental de Información (RAI), que se realizó en 2024, los cazadores de petas llegan al río Tahuamanu, en Pando, donde sacan los huevos de petas y luego pasan a Cachuelita, una comunidad en medio de la selva amazónica pandina. Ahí, realizan la venta de las tortugas y de los huevos. Los compradores llegan a pagar 300 reales por tortuga, el equivalente a 50 dólares.

En el trabajo de RAI se muestra a la comunidad de Cachuelita como una zona roja no solo para el tráfico de vida silvestre, sino también para otras actividades ilegales. “Es un punto clave, tanto de narcotráfico, de contrabando de productos, de (venta de) petas. Ahí está el punto de todos los ilícitos. El otro día nomás han cogido droga”, afirmó un policía a la RAI.

Según Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma del Beni, la peta de río es sensible a los cambios ambientales, por lo tanto, funciona como un indicador biológico para determinar las variaciones en el ecosistema. Moreno afirma que la peta de río contribuye con una proporción significativa de biomasa a los ecosistemas acuáticos y también tiene un aporte valioso al ciclo de nutrientes. “Al ser una especie principalmente frugívora ingresa a los bosques inundados y se transforma en un importante dispersor de semillas en la Amazonía boliviana’’, explicó.

Durante la época seca, que va de agosto a septiembre, depositan entre seis y 52 huevos en las playas de los ríos amazónicos, a unos 20 centímetros de profundidad, los que luego incuban entre 60 y 80 días, aunque en algunos casos pueden llegar a los 90, dependiendo de las precipitaciones. El desove suele realizarse de noche y los huevos tienen un diámetro aproximado de cuatro por 25 centímetros.

En Pando, la carne y los huevos de peta de río tienen diferentes usos: el consumo de los huevos por sus supuestas propiedades afrodisíacas; la aplicación del aceite de la grasa corporal en tratamientos cutáneos y en la cura de hemorroides; el consumo de la carne en diferentes platos; el caparazón, como adorno; los huevos para hacer tortillas y la elaboración del “mushangué”, una preparación culinaria a base de huevos de peta crudos batidos con azúcar y leche.

La legislación boliviana prohíbe la captura, acopio y acondicionamiento de animales silvestres y sus productos derivados. Los artículos 110 y 111 de la Ley 1333 de Medio Ambiente establecen una pena de hasta tres años de privación de libertad para las personas que capturen y comercialicen especies de vida silvestre.

Asimismo, el artículo 223 del Código Penal determina hasta seis años de privación de libertad para las personas que deterioren o destruyan bienes del Estado y la riqueza nacional. Además, el Decreto Departamental 03/2022, en su artículo segundo, aprueba la veda anual de captura y caza de tortugas y recolecta de huevos en Pando, en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 31 de diciembre.

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Las mafias y las rutas

En el norte de Bolivia opera el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, especialmente dedicado al narcotráfico. Sacan la droga boliviana a suelo brasileño por diferentes vías, pero esas rutas también son utilizadas por los traficantes de fauna silvestre, que en este caso hacen contrabando de las tortugas de río y sus huevos. Un policía que radica en Cobija relató a Mongabay Latam que no son los mismos clanes que se dedican a ambos delitos.

“Las mafias del narcotráfico son más grandes, son clanes familiares, son brasileños que están radicados en Bolivia. En cambio, los traficantes de fauna silvestre utilizan esas mismas vías para llevar su mercancía a Brasil, pero son los mismos, eso está claro”, destacó el efectivo policial.

Esa misma fuente confirmó que las rutas de salida a Brasil son por el norte, principalmente por Cobija y Santa Rosa del Abuná. Además, el policía también ratificó que el tráfico de fauna silvestre boliviano sale hacia Perú. “Lo hacen por Bolpebra y llegan a Puerto Maldonado. Ahora, también hay casos de salida de animales silvestres a Chile, y para eso utilizan las rutas a La Paz, también a Cochabamba”, dijo.

Al pequeño municipio pandino de Santa Rosa del Abuná, que está en plena frontera con Brasil, llegan contrabandistas brasileños desde la localidad de Capixaba, quienes se aventuran a cruzar esta intrincada frontera en la búsqueda de su tan codiciado botín: los huevos de peta. “Vienen por la noche en movilidades (camionetas) y se dirigen hacia Puerto Rico (municipio) y desde allí ya cogen su ruta hacia (los ríos) Manuripi, Orthon y Tahuamanu”, comentó otro policía a RAI.

Imagen principal: las petas de río suelen asolearse sobre troncos caídos y playas con diferentes sustratos, a las cuales migran en la época de reproducción, durante la estación más seca del año en Bolivia (agosto-octubre). Foto: Eduardo Franco Berton

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“No sabíamos nada”, dice Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), sobre la entrega de una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza, en territorios ancestrales indígenas, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera licencia ambiental a favor del entonces proyecto Panantza – San Carlos, pues vulneró el derecho a la consulta de la población indígena.

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Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó que el Estado ecuatoriano realice un mecanismo de consulta previa, libre e informada dirigida a la población shuar que habita en el área de influencia del proyecto y en un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia.

Dos años y medio después, Ankuash, líder histórico de la nacionalidad shuar y una de las cuatro personas que presentaron este caso ante la Corte, ni siquiera había sido informado sobre la nueva autorización entregada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

“Tenemos dudas de que se pueda sostener la constitucionalidad de esa licencia”, dice Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch Ecuador, una organización no gubernamental que acompaña la defensa de este caso.

La Corte Constitucional también ordenó que el Ministerio ofrezca disculpas públicas, en shuar y español, mediante carteles fijados en lugares visibles y en un banner web por un plazo mínimo de seis meses.

Mongabay Latam solicitó información al organismo sobre el cumplimiento de ambas disposiciones, pero no respondió hasta la publicación del artículo.

Explorcobres SA (EXSA), una empresa china a cargo de este proyecto minero de cobre, molibdeno y oro, es titular de 13 concesiones en la provincia de Morona Santiago. Cinco de ellas, llamadas Curigen 2, Curigen 3, Curigen 8, Panantza y San Carlos, conforman el proyecto Panantza – San Carlos, abarcando una superficie de 14 000 hectáreas. La nueva licencia se entregó solo a la concesión Panantza, que tiene una superficie de 1197 hectáreas.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) si la concesión se sobrepone a territorios indígenas titulados o a áreas protegidas. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Lo que sí se conoce es que la zona es territorio ancestral shuar. Los nombres de las localidades e hitos geográficos en lengua shuar, como Panantza, dan testimonio de ello.

Una población shuar fue desplazada

Para la implantación de este proyecto, que recibió una primera licencia ambiental en 2011, la comunidad de Nankints fue desalojada. El 11 de agosto de 2016, un grupo de policías, con una orden judicial, dio a la población dos minutos para recoger sus cosas y salir, según recogió un artículo de Mongabay Latam sobre el caso. Los habitantes no tuvieron tiempo de retirar todas sus pertenencias ni sus animales de granja. Con maquinaria pesada, la fuerza pública tumbó las casas y las enterró. Los cerca de 30 habitantes de la comunidad, entre los que había niños, adultos mayores y mujeres, tuvieron que refugiarse en comunidades vecinas.

Sobre lo que un día fue Nankints se construyó el campamento minero La Esperanza. Aunque está considerado como provisional por un documento de 2024 de la empresa, sigue en funcionamiento. Allí, guardias de seguridad resguardan las instalaciones de EXSA.

Días después del desplazamiento, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunciaron el atropello en diferentes instancias, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, no hubo reparaciones.

El 20 de noviembre de 2016, varias decenas de shuar tomaron el control del campamento minero. A la madrugada siguiente, vino la arremetida de policías y militares, que retomaron el sitio. Días después, los shuar volvieron a La Esperanza, pero se encontraron con decenas de policías y militares. Se desató un enfrentamiento tras el que los shuar tuvieron que huir y un policía murió.

La Fiscalía abrió unos 30 expedientes por el caso, de acuerdo con el abogado Tarquino Cajamarca, pero con el paso del tiempo y la falta de pruebas, los procesos se extinguieron. Ankuash fue uno de los perseguidos. Algunos líderes permanecieron ocultos en la selva por años, otros fueron capturados y encarcelados, relata el abogado que defendió a los implicados.

“Ya no existe una evidente persecución como lo hubo entre 2016 y 2019”, dice, pero la persecución y encarcelamiento dejó una marca. “Si ahora vemos una cierta pasividad en algunos dirigentes, no es por falta de gallardía, hay una afectación psicológica y ese fue el logro diseñado por el Estado”, asegura el abogado.

Casi 10 años después del desplazamiento y de los enfrentamientos, la oposición a la minería ha perdido fuerza en territorio shuar. Ankuash reconoce que los gobiernos de turno y las ofertas laborales y educativas y los regalos de EXSA y otras empresas que operan en Morona Santiago han dividido a los shuar. “Estoy tratando de reorganizar la unidad”, asegura el dirigente.

La pelea legal

En junio de 2015, Ankuash y otros tres dirigentes presentaron una acción de protección -un recurso para la defensa de los derechos- porque consideraban que la entrega inconsulta de la licencia ambiental para exploración avanzada de 2011 vulneró sus derechos colectivos. La demanda y la apelación fueron rechazadas.

En agosto de 2015, los demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección que fue admitida por la Corte Constitucional en marzo de 2016. Recién en octubre de 2021, después de que los shuar enfrentaran el desplazamiento y la persecución, la jueza constitucional Carmen Corral Ponce asumió el caso. Luego de las audiencias y la recabación de pruebas, en septiembre de 2022, el tribunal declaró que hubo vulneración a la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en el artículo 57 de la Constitución.

Este es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos a realizarse en sus territorios ancestrales o en la zona de influencia de sus territorios ancestrales. La Corte precisó que este procedimiento no se limita a la emisión de un permiso administrativo, sino que debe ser previo a la planificación, oferta u otorgamiento de áreas de interés extractivo.

Además de dejar sin efecto la licencia ambiental, ordenar que el Ministerio ofrezca disculpas públicas y que se realice un mecanismo de consulta previa, los jueces constitucionales delegaron a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

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El mecanismo está en construcción

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, dice que el último informe que la entidad presentó a la Corte Constitucional fue en enero de 2025. Hasta esa fecha, la Defensoría recabó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía “tienen una confusión respecto de qué entidad es la que tiene que dar las disculpas públicas”. Esto a pesar de que la sentencia establece claramente que debe ser el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) el que lo haga.

El representante de la Defensoría del Pueblo dice que los ministerios de Energía, Ambiente y de la Mujer y Derechos Humanos ya han iniciado los procesos para la construcción del mecanismo, incluyendo reuniones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (la consulta previa es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT) y las comunidades en la zona de influencia del proyecto minero.

En otras sentencias, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa, libre e informada debe ser normada por una ley orgánica y, por lo tanto, su construcción debe estar a cargo de la Asamblea Nacional. No obstante, esta sentencia habla de un “mecanismo”, explica Varela, como una alternativa a la ausencia de una norma para aplicar el artículo 57 de la Constitución.

El informe señala que en septiembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas solicitó un monto de 800 000 dólares al Ministerio de Finanzas para el proceso. El presupuesto sería usado en logística, participación de expertos, difusión de información y participación activa de las comunidades. A la fecha de este artículo, Varela no pudo confirmar si los fondos se transfirieron.

Supuesta consulta ambiental

Los abogados Cajamarca y Yépez lograron recabar que antes de la entrega de la licencia ambiental se realizaron reuniones en localidades cercanas a la concesión minera. Para Cajamarca, se trató de reuniones entre amigos y autoridades locales que apoyan la actividad minera. “Con eso se trató de justificar la consulta previa, alzaron manos los que estaban de acuerdo y estaba de acuerdo cualquier persona menos el pueblo shuar”, dice el abogado.

“La licencia ambiental para nosotros es un cuento, es un camuflaje para seguir atentando contra los territorios de las nacionalidades indígenas”, asegura el líder Ankuash.

Mongabay Latam le consultó su posición a Explorcobres SA, pero la empresa no respondió hasta la publicación del artículo.

Yépez señala que las reuniones se habrían realizado entre agosto y septiembre de 2024 y que la posición mayoritaria habría sido en contra de la extracción minera. Aclara, además, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Constitucional señala que el objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. “Pero toman los resultados como una opinión”, reclama, y no como una sentencia. El equipo de Amazon Watch está haciendo solicitudes de información a los ministerios para conocer en detalle cómo fue el proceso.

La Defensoría del Pueblo también está solicitando información al respecto para enviar un nuevo informe a la Corte Constitucional. Esa entidad, dice Varela, es la que tendrá que determinar si la sentencia se está cumpliendo o no.

Foto principal: Domingo Ankuash interviene durante el I Congreso Unidad y Defensa Territorial. Foto: cortesía FICSH Comunicación

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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