“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ese dato revela algo profundo: una ruta puede seguir abierta en el mapa, pero cerrarse en la práctica si aumenta el costo de transitarla. Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina: la victoria ya no se mide en banderas clavadas, sino en pólizas canceladas.

Tendemos a imaginar los grandes cuellos de botella de una manera dramática: minas, fragatas, drones, misiles. Sin embargo, el comercio global también depende de una capa invisible: el cálculo financiero.

Una zona no necesita estar bloqueada por fusiles y tanques para convertirse en un problema real. Basta con que se vuelva demasiado incierta, cara o riesgosa para sus operadores.

Por eso el conflicto en torno a Irán no puede leerse, únicamente, como una secuencia de ataques y represalias. Debe leerse también como una batalla por alterar las condiciones de circulación. Los caminos se cierran si los aseguradores retroceden, los armadores dudan, los fletes se recalculan o si el riesgo es incierto. La presión sobre el comercio se realiza sin la necesidad de batallones o baterías de misiles. Los bombardeos destruyen; la incertidumbre regula el desgaste.

Trump no solo ha bombardeado; su gobierno ha tenido que plantearse algo menos fotogénico: mecanismos de aseguramiento público y escoltas navales para algunos barcos en el Golfo. Esa es la confesión de que el problema ya no cabe en las acciones militares.

La pregunta principal ya no es quién puede derrotar militarmente, sino quién puede hacer más difícil la economía de su enemigo.

En este momento el objetivo no es la destrucción del rival, sino aumentar el costo de sostener la guerra, elevar la ansiedad de los ciudadanos, perturbar las rutas de abastecimiento y obligar a los gobiernos a gastar más dinero y energía en preservar la normalidad.

Por eso resulta insuficiente leer la coyuntura solo con categorías militares. La guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es una combinación de violencia armada, dislocación económica y castigo a la infraestructura. Un ataque no solo se mide por el cráter que deja, sino por las pólizas que multiplican el valor, los servicios que encarece y el miedo que siembra en los habitantes y las bolsas de valores.

Cuando el riesgo financiero empieza a rozar la infraestructura, la guerra cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta mover petróleo, sino de cuánto cuesta sostener ciudades.

Ahí entra el segundo frente: el agua.

Diversos análisis advierten que las plantas desalinizadoras del Golfo han pasado a ser objetivos militares. No porque muevan mercados, sino porque sostienen vidas. Esa observación debería bastar para cambiar la manera en la que pensamos esta crisis. Cuando una región depende de infraestructuras de desalinización para sostener su vida urbana, un ataque contra ellas no es un episodio técnico: es un golpe directo contra la supervivencia y la habitabilidad.

El petróleo domina la conversación porque mueve mercados. El agua, en cambio, debería preocupar más porque sostiene el tejido social. Una interrupción de suministro afectaría hospitales, hogares, saneamiento, electricidad y orden público.

Aquí emerge la paradoja iraní. Mientras participa en una crisis regional que puede poner en jaque la infraestructura hídrica de sus enemigos, Irán arrastra su propia emergencia de agua: presas en niveles críticos, racionamiento en Teherán y la advertencia sobre una posible evacuación de la capital si la escasez empeora.

Eso significa que el agua no es solo una vulnerabilidad del entorno, sino una fractura de Irán. Irán puede resistir sanciones, aislamiento o bombardeos, pero es difícil, prácticamente imposible, resistir el deterioro de las condiciones mínimas de vida. Cuando falta el agua, la geopolítica deja de ser un juego de élites y entra en la casa de las personas.

El conflicto está mostrando algo más amplio que una simple escalada regional: la transformación de la guerra en un sistema de presión distribuida. Ya no basta con contar bajas o medir el avance de la tropa. Hay que evaluar qué pasa con los seguros, las infraestructuras civiles, los recursos hídricos y la capacidad social de soportar una crisis prolongada.

Por eso no interesa la pregunta por el vencedor militar, sino por la sostenibilidad. ¿Cuál sociedad puede soportar, durante más tiempo, la combinación de miedo, costo, precariedad y desgaste? ¿Cuál Estado puede seguir prometiendo control si no garantiza circulación, abastecimiento y servicios?

Los titulares seguirán prefiriendo el estruendo, pero la guerra, como la vida, se decide en una póliza que no se renueva o en el grifo que no provee agua. Mientras las cámaras sigan buscando el destello del próximo misil, la verdadera guerra seguirá ganándose en el silencio de un despacho o en el eco de la tubería vacía.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales alto andinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

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Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB también firmó el 11 de septiembre de 2024 otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

Ahora, el tratamiento de ambos contratos está estancado en el Legislativo boliviano. Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Bolivia –que se celebraron el 17 de agosto- la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa rusa, con presencia policial y con denuncias de irregularidades. Este acuerdo pasó al pleno de Diputados, pero ahora está congelado por la decisión judicial. El contrato con el consorcio chino sigue pendiente en esa comisión.

“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, explicó a medios locales el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

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El 28 de julio, la Defensoría del Pueblo informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Estudio de impacto ambiental

La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.

La medida judicial se mantendrá hasta que se realicen estas medidas, informó Callisaya. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá solicitar, antes de continuar con el tratamiento legislativo de estos contratos, el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados para la consideración de sus contenidos.

En contacto con Mongabay Latam, Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), celebró la decisión judicial que se emitió en La Paz. El dirigente informó que su organización presentó el 12 de mayo una Acción Popular ante un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

En primera instancia, la Justicia de Colcha K determinó un fallo a favor de la organización que lidera Calcina, pero una semana después decidió revocar esa determinación. Es por eso que la CUPCONL decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que determine si el dictamen procede o no. “Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, afirmó Calcina.

Según el dirigente, la Justicia de Colcha K dispuso en mayo como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios hasta que se resuelva de fondo la acción legal. Todas esas decisiones luego fueron anuladas.

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“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar de acá a cinco o diez años. Al no contar con ningún tipo de información, se oponen las comunidades”, resaltó Calcina.

De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.

Según estos convenios, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socioambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al 100 % porque hubo reclamos de los comuneros.

Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.

El análisis

José Carlos Solón, sociólogo y miembro de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, dijo a Mongabay Latam que es “motivo de celebración” la decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino y con la empresa rusa.

“Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales del departamento de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos”, detalló Solón. El experto valoró el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Las medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. “En este tiempo es fundamental mantenerse alerta”, destacó Solón.

Tras enterarse de esta decisión judicial, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió en una conferencia de prensa que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio será un “precedente negativo” que perjudicaría en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería por la “judicialización de la economía”.

El mandatario dijo que esta decisión “es una mala señal” porque los contratos supuestamente iban a significar una inversión de 2000 millones de dólares, porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio. “Esto va tener un precedente negativo, no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos. El problema central está en que se desconoce y se está poniendo en riesgo la inversión en minería”, dijo.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, alertó a Mongabay Latam que, si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo la autoridad.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas -por ser los tres países miembros de los BRICS– sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es la reserva de litio más grande del planeta. Foto: Iván Paredes

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La lucha contra la contaminación plástica tiene un papel relevante este 2025. No solo forma parte del lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, también se espera que en este año la mayoría de los países del mundo logren (ahora sí) un tratado global contra la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones quedaron pausadas desde finales del año pasado.

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La promesa de este instrumento debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Sin embargo las diferencias entre los países en áreas críticas persistieron durante la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), realizada en Busan, Corea.

En un reciente mensaje, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los negociadores a retomar las conversaciones en agosto próximo con “la determinación de encontrar una vía común para superar sus diferencias y lograr el tratado que nuestro mundo necesita”.

Aun así, la producción de plásticos a nivel mundial sigue creciendo. Del año 2000 a 2019, la producción anual pasó de 234 millones de toneladas a 460 millones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que la cantidad de residuos plásticos se triplicará para 2060, sin políticas nacionales y cooperación internacional.

En medio de una creciente producción de plásticos y a dos meses de que los países vuelvan a reunirse para negociar un tratado mundial que intente frenar esta contaminación, Mongabay Latam comparte algunos esfuerzos en Latinoamérica que buscan comprender y atender esta problemática.

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Científicos de la basura: mapear la ruta de los plásticos

En Chile, un grupo de científicos trabaja desde 2008 en proyectos que involucran a estudiantes, docentes y voluntarios para tratar de entender la contaminación principalmente en playas y ríos.

Se trata de Científicos de la basura, una iniciativa que ha logrado conformar un red de colaboradores por toda la costa oeste del Océano Pacífico, para investigar las causas de la contaminación en zonas costeras y marinas.

En 16 años de trabajo, este proyecto ha realizado desde muestreos en Chile para medir la basura en playas del país, hasta coordinar personal de 50 escuelas de Latinoamérica para averiguar el origen de las botellas plásticas en el mar.

En 2023, por ejemplo, la red impulsó una investigación con más de 1000 voluntarios de nueve países que recolectaron y clasificaron botellas y tapas plásticas de 92 playas del continente para identificar el origen de la contaminación. El estudio confirmó que el 59 % de las botellas de plástico provenían de la misma localidad donde fueron recolectadas.

“A los voluntarios les pedimos ir a sus playas, tomar botellas plásticas y contarnos los códigos que hay en ellas. Hay códigos distintos de una botella que pueden dar mucha información y esto también nos ayudó a poder decir que la mayor parte tiene un origen local”, explica Mauricio Ergas L’Homme, coordinador de proyectos de Científicos de la basura.

Para el biólogo marino, generar este conocimiento permite tomar acciones en localidades para difundir la problemática de la contaminación por plásticos.

“Si la mayor parte de la basura viene de la gente que está utilizando una playa o un río, significa que si hacemos conciencia local, nuestro río, nuestra playa podrían estar mucho más limpios”, señala el investigador.

Ergas señala que a nivel latinoamericano hay un problema serio de contaminación principalmente por plásticos de un solo uso, por lo que se requieren regulaciones a nivel internacional, que los países emitan un tratado global, el cual debe contemplar impuestos y medidas para las empresas productoras de plásticos.

El biólogo también destaca que la ciencia colaborativa de estos proyectos ha logrado resultados en política ambiental a nivel local.

“En Chile nuestras investigaciones fueron una base importante para la ley que nos hizo prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Toda esa idea y buena fe venían en parte de las investigaciones que habíamos hecho”, cuenta Ergas a Mongabay Latam.

También destaca que en Panamá, una profesora colaboradora de Científicos de la basura alcanzó una diputación, por lo que ahora busca replicar más esfuerzos de colaboración en colegios del país.

“Existen diferentes caminos y posibilidades, también con alianzas con ONG que permiten esta articulación, en la que nos concentramos en hacer estas investigaciones, que a la vez nutren a agrupaciones para avanzar en el tema político”, sostiene.

Actualmente, la red de Científicos de la basura trabaja en el Proyecto “Viajeros del Océano”, en el que también a través de la participación de voluntarios investigan la basura flotante, especialmente plásticos, en los océanos y en organismos epibiontes, como son las algas, percebes y hongos.

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Regular plásticos del comercio electrónico en México

El comercio electrónico en México, principalmente en la capital del país, ha provocado un problema ambiental por la generación de más de 235 toneladas diarias de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 29 camiones de basura plástica, de acuerdo con un informe de la organización Oceana México.

Esto ha motivado a ambientalistas y organizaciones a promover un cambio en la ley donde se detenga el uso de estos plásticos innecesarios y de un solo uso en el envío de comercio electrónico en la Ciudad de México.

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia Política de Oceana México, explica que la llegada de empresas chinas de comercio electrónico probablemente incrementó la cantidad de basura plástica de un solo uso que se ha reportado desde 2021, por lo que señala la urgencia de regular el exceso de plástico a través de la ley de la ciudad.

“Lo que estamos pidiendo es que esta legislación exista, que se ponga un freno para que la Ciudad de México siga siendo la pionera en ponerle freno a la contaminación plástica, como ha sido en los años anteriores”, comenta Gocher en referencia a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que en 2020 estableció la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, la prohibición de desechables como cubiertos, popotes, mezcladores o platos.

La propuesta, explica, busca modificar el artículo 3 de la ley para definir el embalaje como el material que contiene los productos enviados mediante comercio electrónico, pues la norma actual se emitió previo a la pandemia de COVID-19, época donde la compraventa de productos mediante plataformas como Amazon o Mercado Libre se disparó.

Gocher sostiene que la iniciativa busca modificar los artículos 23 y 25 de la misma ley, donde se indican las responsabilidades de las empresas responsables de la producción, recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de productos, pues se busca que generen planes de tratamiento para los residuos plásticos.

De acuerdo con una investigación de Oceana México, solo en 2021, la Ciudad de México gastó más de 2.7 millones de dólares en la gestión de basura plástica innecesaria del comercio electrónico, por lo que señalan una omisión de las empresas de comercio electrónico en la cadena de suministro.

La investigadora señala que la iniciativa fue presentada ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México para su revisión, pero la iniciativa no avanzó a ninguna etapa legislativa.

“Eso ocurrió en la legislatura pasada, pero ahora tenemos grandes posibilidades [de que avance la iniciativa] porque va iniciando la legislatura, va iniciando el gobierno que tiene una línea de erradicar el consumo de plásticos. Estamos ahí trabajando para que sea posible”, sostiene.

Educación ambiental en las juventudes de Perú

Ante la ola de contaminación plástica que viven desde hace años las playas de la Zona Metropolitana de Lima, Perú, una iniciativa de educación ambiental organiza jornadas de acción contra esta problemática.

La asociación Canto Vivo trabaja desde hace 25 años la educación ambiental especialmente en infancias y juventudes, con el objetivo de que se involucren en proyectos comunitarios sensibles a los problemas ambientales de la capital peruana.

Dayamis Torino Véliz, responsable del área infantil y juvenil de Canto Vivo, cuenta que precisamente ante la falta de limpieza permanente y de una política local para el tratamiento de residuos, la iniciativa realiza campañas de sensibilización ambiental y saneamiento en playas de Lima, donde encuentran principalmente plásticos.

“En los veranos tenemos muchos problemas con el desecho en las playas. Felizmente ha habido un avance gracias a las iniciativa de varias organizaciones, en las que hacemos partícipes a los jóvenes como voluntarios de esta jornadas de recolección”, expone.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, esto representa el 46 % de los residuos de este tipo a nivel nacional.

Por este motivo, Torino sostiene que los esfuerzos por inculcar el reciclaje se ven opacados por la ausencia de normas y leyes que contemplen el tratamiento de residuos o limiten su producción.

“Una vez que reciclamos, ¿cuál es el destino final de esos residuos? Simplemente llega el camión de basura y lo junta todo. (El reciclaje) queda como una nebulosa en el limbo, sino fuera por los trabajadores informales que separan los residuos”, sostiene.

La integrante de Canto Vivo cuenta que pese a este panorama han logrado construir proyectos resilientes con juventudes en educación ambiental, como el programa de Huertos Solidarios, en el cual utilizan ciertos desechos plásticos para sembrar alimentos en colegios en zonas urbanas.

“Los espacios verdes son casi nulos, entonces usamos botellas y bidones para hacer utensilios para cavar la tierra e implementar huertos en escuelas”, explica Torino.

El proyecto —que cuenta ya con 25 huertos— está basado en los principios de la cooperación y la solidaridad que también involucra a padres y madres de familia para replicar formas más responsables de consumo en los hogares, así como fomentar la seguridad alimentaria, afirma la ambientalista.

Uno de los huertos está ubicado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima como parte de los esfuerzos de reinserción social y sensibilización ambiental para adolescentes que han sido privados de la libertad.

Imagen principal: voluntarios de al menos 9 países de Latinoamérica colaboraron con científicos para identificar el origen de la contaminación por botellas plásticas en sus playas. Foto: cortesía Mauricio Ergas / Científicos de la basura

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

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Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

Lee más: Minería ilegal se expande en cuatro áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana

El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

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Cuando Fredy Yavinape era pequeño, no sabía que conocía el concepto biológico de especie sombrilla. Las “especies sombrilla” son aquellas que requieren grandes extensiones de territorios poco intervenidos por el ser humano para sobrevivir, por eso se convierten en un indicador del estado de conservación de todo el ecosistema. Hoy, a sus 48 años, Yavinape sabe que lo sabe.  Lleva más de una década recopilando muestras y registrando lo que ocurre a diario en el inmenso territorio de caños, lagunas y ríos en que vive: la Estrella Fluvial del Inírida, un importante complejo de humedales al oriente de Colombia, entre los departamentos de Guainía y Vichada, donde la selva Amazónica se confunde con las sabanas inundables de la Orinoquía.

“Cada vez que uno salía mi papá nos decía: ‘ojo con el abuelo, que debe estar por ahí, no lo molesten, debe estar pescando o cazando, hay que respetarlo’”. El abuelo al que se refería su padre es el jaguar, ancestro de los indígenas curripacos según su tradición. Fredy lleva una parte de él en los apellidos, pues en su lengua materna Yavinape significa “brazo del jaguar”.

“Él siempre está cuidando, donde está el jaguar quiere decir que hay comida”, asegura Yavinape. La última vez que se topó con uno fue en diciembre de 2024, durante un monitoreo de la Mesa RAMSAR, de la que él es presidente.

La Mesa es un espacio de gobernanza creado por las comunidades locales y los pueblos indígenas de la zona, tras la declaratoria por parte del Gobierno Nacional de la Estrella Fluvial del Inírida como sitio RAMSAR en julio de 2014. Con ello el país se comprometió a la especial protección de 253 000 hectáreas de caños, humedales, lagunas y cuerpos de agua en la confluencia de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, que suman sus torrentes con el Ventuari, del lado venezolano de la frontera, y juntos conforman el nacimiento del gran río Orinoco.

La Convención RAMSAR, es un tratado internacional suscrito por 172 países, entre ellos Colombia. Busca proteger los humedales considerados “un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Ello, debido a su importante función como “reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas”.

Desde el mismo año de la declaratoria RAMSAR para la Estrella Fluvial del Inírida se formuló un plan de manejo. De la mano con las comunidades indígenas locales, comenzó un proceso para realizar un monitoreo pesquero que permitiera entender mejor el estado de conservación de las especies de las que se alimentan los indígenas.

Las comunidades campesinas de la región, así como los siete resguardos indígenas que albergan a los pueblos puinaves, curripacos, tukanos, piapocos, cubeos, sikuanis y wananos, abarcan parte de las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. Esto convierte a la Mesa RAMSAR en una herramienta para proteger sus territorios, amenazados por fenómenos ilegales como el narcotráfico y la minería, pero también por la pesca descontrolada y el uso irracional de los recursos naturales.

Un modelo exitoso de gobernanza comunitaria

“Esa es la seguridad alimentaria de nosotros; ese monitoreo nos ayuda a tener claridad para un diagnóstico”, observa Fredy Yavinape. Las malas prácticas pesqueras, sumadas a una bonanza de minería informal que empezó en la década de 1980 en los ríos de la región, llevaron a la disminución de muchas de las especies, asegura. Delio Suárez, un líder indígena del pueblo tukano, puede corroborar por su propia experiencia en los sesenta años vividos, el agotamiento del recurso.

“Yo crecí acá. Era muy diferente. Había muchos peces, peces grandes. Uno nunca iba lejos a pescar. Había mucho. Con una jornada se sacaba para la semana”, recuerda. “Hoy en día todo eso ha cambiado. Es como un sueño esa riqueza de peces de esa época. Ahora la población ha crecido, las necesidades han crecido y hay muchos pescadores que usan malla, eso ha sido el problema”.

Suárez coincide con que las mallas de nylon eran desconocidas por los pueblos indígenas de la región hasta que llegó la bonanza de la minería de oro a mediados de la década de 1980, impulsada por mineros brasileños informales que dragaron el río Inírida durante “veinte años consecutivos”. “Los brasileños trajeron las mallitas y todavía siguen existiendo”, dice. Las mallas significaron un cambio radical en las formas ancestrales de pesca, pues de acuerdo con Suárez, permiten atrapar muchos más ejemplares de todos los tamaños, lo que ha contribuido al agotamiento del recurso pesquero.

Suárez aprendió de sus mayores lo que estos habían aprendido a su vez de los suyos: las artes de tejer  “cacures”, unas trampas que se sumergen en la corriente y permiten atrapar los peces, atraídos por carnadas. Delio Suárez recita de memoria que para coger pirañas —en la región llamadas “caribes” (Pygocentrus cariba)— deben usarse carnadas de lagartija. Pero si se utiliza la baba de la espina del cubarro (Bactris maraja) entonces sólo caerán bocachicos en la trampa. Las ciruelas silvestres, en cambio, atraen a las palometas (Pygocentrus palometa).

Las artes de pesca tradicionales incluyen desde complejas trampas elaboradas con palmas y bejucos para atrapar ejemplares vivos con cebos y carnadas, hasta arpones, flechas e incluso el cuestionado uso del barbasco. Ese es el nombre común con el que se conoce a varias plantas amazónicas de los géneros Caryocar, Lonchocarpus, Thephrosia, Clibadium y Phyllantus que liberan toxinas capaces de paralizar o incluso de matar a los peces. A pesar de ser un método milenario de pesca, ahora está proscrito por la mayoría de comunidades dado el impacto perjudicial que tiene sobre las poblaciones de peces.

La Estrella Fluvial del Inírida es habitada por comunidades de los pueblos curripaco, puinave, piapoco, desano y tucano. En tiempos más recientes, también han llegado desde el Vichada miembros de la etnia sikuani y colonos atraídos por la bonanza minera. Todos dependen de la pesca para su supervivencia. En la región hay 476 especies distintas de peces, el 50% de todas las que habitan en la gran cuenca del río Orinoco, según datos del Plan de Manejo. La zona es un importante reservorio de biodiversidad, pues la caracterización biológica para declararla como sitio RAMSAR también encontró que es el hábitat de 100 especies de anfibios y reptiles, 324 especies de aves y más de doscientas especies de mamíferos, que recientemente comenzaron también a ser monitoreados por las comunidades locales en sus recorridos y faenas en la selva.

Jaime Cabrera es biólogo y coordinador de monitoreo del Fondo Mundial de la Naturaleza, más conocido por sus siglas en inglés (WWF), la ONG que apoya este proceso. Explica que el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recopilan en sus faenas diarias juegan un papel crucial para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona, sus ciclos de desove y reproducción, así como los impactos que el cambio climático con las sequías y temporadas lluviosas más prolongadas están causando sobre el ecosistema.

El monitoreo pesquero ha detectado 108 especies de peces diferentes que sirven a la dieta de las comunidades y aportó datos clave para modificar las restricciones que imponía en la región la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

“Desde el principio los indígenas dijeron ‘esas vedas están mal’”, cuenta Jaime Cabrera, explicando cuál fue su respuesta: “ustedes ya lo saben, pero tenemos que demostrarle eso a la autoridad ambiental”. El proceso que siguió —y que aún realizan las comunidades— consiste en llevar un registro detallado después de cada faena pesquera, anotando hora de salida, tiempo en el sitio, cuántos individuos fueron capturados, de qué especies, entre otros datos.

En respuesta para este reportaje la AUNAP ha reconocido el valor de este proceso, indicando que la normatividad y los acuerdos están “adaptados a las particularidades y características de cada comunidad” una regulación que no solo “protege al ecosistema y su biodiversidad, sino que también garantiza una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad pesquera para las comunidades locales”.

“Es una faena normal de pesca, ya en la casa uno los pesa y los mide, para saber si son adultos, les abre las vísceras y revisa el contenido estomacal. Así se fue plasmando la información de todos los peces que tenemos en nuestros ríos”, detalla Delio Suárez, refiriéndose a mediciones que se han hecho en las cuencas del Atabapo, el Guaviare y el Inírida, así como en lagunas y humedales conectados.

Todos estos datos son anotados y sistematizados con apoyo de la WWF. Con la evidencia tomada en cinco años, entre 2014 y 2019, los indígenas le demostraron a la AUNAP que las vedas y restricciones estaban mal estipuladas, pues algunas de las especies eran más pequeñas en su talla de reproducción sexual de lo que la AUNAP presumía.

Entre los hallazgos más relevantes se demostró que para el caso de cuatro especies muy apetecidas la madurez sexual ocurre en tamaños menores a los que la AUNAP permitía pescar. Estos fueron los casos del bocón (Brycon sp), que empieza a reproducirse desde que tiene 31 centímetros, aunque la veda prohibía capturar ejemplares menores de 40. El chancleto (Angeneiosus sp), que también alcanza su madurez sexual a los 31 centímetros, sólo se permitía capturar ejemplares de más de 35. En los casos de la palometa (Mylossoma sp) y el bocachico (Prochilodus sp), que comienzan su reproducción a los 21 y 25 centímetros respectivamente, la autoridad pesquera únicamente permitía su captura cuando los ejemplares tenían 23 y 27 centímetros de talla.

En una primera resolución, la 2575 de 2020, la AUNAP reconoció lo que los indígenas probaron con evidencia científica: que “la talla media de madurez sexual se da en un rango más pequeño” y que “entre las especies con mayor abundancia registradas en los monitoreos se encuentran: caribe (Serrasalmus sp.), bocachico (Prochilodus sp), pampano (Myleus sp.), palometa (Mylossoma sp.), chancleto (Ageneiosus sp.), pavón (Cichla spp.), cabeza palo, guabina y payarita”.

La misma resolución reconoció artes tradicionales de pesca conocidas como caucures y nasas, un tipo de trampas confeccionadas con bejucos y astillas de palma que sirven para capturar peces vivos dentro del río. También, las sagallas, arpones, arcos y flechas con que los indígenas pescan desde hace cientos o quizá miles de años.

Se incluyeron igualmente técnicas modernas aprendidas de los colonos como las caretas y mallas, prohibidas expresamente para la pesca comercial en muchos de los puntos del sitio RAMSAR, aunque aprobadas para la pesca de subsistencia en algunas comunidades de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo, siempre que el “ojo” de la malla, es decir, el espacio entre los hilos de nylon, sea superior a tres pulgadas o 6.7 centímetros.

Una segunda resolución de la AUNAP, la 2663 de 2022, retomó nuevos datos sobre la reproducción de especies ornamentales y de consumo como la sapuara (Semaprochilodus laticeps), cambiando los tiempos de veda y prohibición de la pesca, pues se detectó con un estudio gonadal —un análisis de los órganos reproductivos de cada ejemplar— que su periodo de desove y reproducción ocurre entre marzo y junio, y no a partir de mayo como se creía antes.

No obstante, los cambios acelerados que el calentamiento global está produciendo en los ciclos hídricos preocupan a los científicos y a las comunidades indígenas, pues ahora las temporadas de lluvia y sequía, que antes ocurrían en periodos determinados del año, se han desdibujado, alterando el comportamiento de las especies.

Delio Suárez cuenta que los peces tienen sitios específicos para el desove: “con el cambio climático ha habido mucho problema, porque a veces el río está seco y ellos no saben dónde poner los huevos. Tenemos un problema grave, los peces se están extinguiendo”, dice refiriéndose al río Guaviare, que sufrió los rigores de la temporada seca en 2024 llegando a niveles de apenas tres metros con setenta centímetros, según la prensa local, cuando podía superar los nueve metros en algunos tramos.

Fredy Yavinape cuenta que “sus paisanos” ahora han descubierto en las faenas diarias que, como ellos mismos dicen, “los peces andan locos, andan desorientados” debido a la inestabilidad climática. “Los ciclos de tiempos antes estaban muy definidos, el verano iba desde noviembre hasta marzo, de ahí seguían las lluvias, pero ahora con el cambio climático a veces llueve y se crece el río, el pescado anda desorientado porque cree que ya llegó el invierno, eso se ha podido detectar con el monitoreo”.

Asegura que esta información servirá para tomar medidas urgentes y posiblemente incidir en nuevas regulaciones pesqueras, pero además han detectado la afectación a otros animales de agua dulce, como sucede con varias especies de tortugas en estado de amenaza, por ejemplo, las terecay (Podocnemis unifilis) y las charapas (Podocnemis expansa). “Se ha encontrado que ellas desovan en las playas, pero en tiempo de desove está inundado y no tienen condiciones. O a veces está seco pero el río crece y los huevos se dañan”, comenta Yavinape.

Lagos de Tarapoto: otro bastión de la conservación indígena

Los efectos del cambio climático ya son un grave problema para la cuenca amazónica, donde la sequía extrema ha llegado al punto de afectar la navegación en los ríos. Así lo explica Lilia Java desde los Lagos de Tarapoto, un complejo de 22 humedales y cuerpos de agua que abarcan 45 mil hectáreas, conectados con el gran río Amazonas, que fueron declarados en 2018 como el primer sitio RAMSAR de la Amazonía colombiana.

Cuando se le pregunta a Java si los Lagos fueron golpeados por las últimas sequías que redujeron a niveles inéditos los caudales del Amazonas y varios de sus afluentes en los últimos meses del año, tanto en 2024 como en 2023, ella ofrece una respuesta contundente: “golpeados no, quedaron secos. Golpeados fuimos nosotros, porque no teníamos peces para comer”.

Java pertenece al pueblo Kokama, que habita en un resguardo compartido con las etnias Tikuna y Yagua, donde también se ha implementado un monitoreo pesquero de la mano con las comunidades indígenas, llamado Vigías de los Lagos de Tarapoto.

“Ha sido difícil pero seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha”, asegura ella, quien pide más apoyo oficial para esta iniciativa. De acuerdo con Java, a los monitores que ejercen vigilancia y control dentro de los Lagos se les da un incentivo económico para apoyarlos en su alimentación y necesidades básicas, pero aspiran a formalizar su labor con un salario.

Los monitoreos comenzaron en 2012 y ahora contribuyen al cuidado territorial con una balsa de control y vigilancia ubicada a la entrada de los Lagos, desde donde se vigila que se cumpla con las disposiciones pesqueras y los acuerdos comunitarios de pesca que han sido autorizados por la AUNAP. También han ayudado a reintroducir ejemplares de mamíferos acuáticos al ecosistema, como manatíes amazónicos.

Desde 2009, en Tarapoto se han pactado acuerdos de pesca responsable que fueron reconocidos por la AUNAP en una resolución de 2017. Los acuerdos hacen parte del Plan de Vida del resguardo Ticoya y por lo mismo se erigen como normas internas de la comunidad, limitando la cantidad de pescado autorizada para ser capturada por cada grupo familiar, las artes de pesca permitidas y prohibiendo la captura de algunas especies como el pirarucú (Arapaima gigas). Además, prohibieron el ingreso de barcos pesqueros comerciales a los Lagos, así como el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.

Esto ha permitido que regresen tres especies que “ya estaban desapareciendo del ecosistema”, según explica Lilia Java: el emblemático pirarucú (Arapaima gigas), la gamitana (Colossoma macropomum), que es un tipo de cachama muy apetecida en la dieta local, e igualmente el acarahuazu (Astronotus ocellatus). “Se han recuperado esas especies, no en grandes cantidades, pero volvieron a aparecer registros a través del monitoreo, también identificamos nidos del pirarucú, eso nos ha servido para seguir incentivando el monitoreo”.

El biólogo Jaime Cabrera insiste en que procesos como estos son cruciales para tener información actualizada y de primera mano desde la zona, algo que sólo es posible con el apoyo de las comunidades locales. Mientras un equipo de expertos puede viajar por temporadas cortas y tomar muestras y datos parcializados, los indígenas habitan e interactúan con el ecosistema las veinticuatro horas al día durante todo el año, lo que constituye una fuente de información de un valor incomparable.

Para él, la conservación se hace con la gente, no sin ella, por eso acude a tres conceptos que resumen la gobernanza cultural que los indígenas hacen de su territorio: cuidarlo, gobernarlo y utilizarlo, algo que según el experto es, en esencia, una misma práctica. “No puedes cuidar lo que no conoces. La base para cuidarlo es conocer y saber qué está pasando en los territorios”.

Cabrera insiste en que los saberes tradicionales son tan importantes como los aportes que se hacen desde la ciencia occidental. Incluso defiende la idea de que “todo es ciencia, lo nuestro es ciencia y lo que ellos hacen también”.

Antes, en el Caño Cunubén, aguas arriba sobre la margen derecha del río Guaviare, al norte del departamento de Guainía, la abundancia de babillas era tanta que por la noche sus ojos alumbraban a ras de agua como si fueran “arbolitos de navidad”. La imagen la trae a la memoria Fredy Yavinape, quien creció en las orillas de esa quebrada y añora todavía la profusión de peces y animales de caza que ahora escasean.

“Uno interactuaba con las pirañas, con el jaguar, con la anaconda, todos parecían de la familia de uno, eran uno más de la casa, uno más del patio”, dice con una mezcla de entusiasmo y nostalgia, resumiendo en sus palabras la encrucijada que significa enfrentarse al cambio climático y al colapso de las especies en uno de los lugares más biodiversos del planeta. “Uno vive pendiente del vecino, ¿qué pasó con tal güio [anaconda] o con tal babilla que teníamos en el puerto del caserío? El día en que no los vimos, como que nos hacían falta”.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Baudó Agencia Pública y Mongabay Latam.

**Imagen principal: Ilustración de Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Camilo Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia existe una región con 23 487 especies de fauna y flora, lo que representa el 29 % del total de especies observadas en el país, según los registros biológicos que se tienen hasta el momento. Aquí se han registrado 761 especies de aves (38 % de la avifauna colombiana), es una de las regiones con mayor cantidad de especies de peces (767), alberga el 48 % de los humedales continentales del país y aporta el 26 % de la disponibilidad hídrica de Colombia.

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Estos datos hacen referencia a la Orinoquia y aparecen en el Reporte Bio Orinoquia, una reciente publicación del Instituto Humboldt de Colombia, que se encarga de estudiar la biodiversidad del país. En palabras de su director, Hernando García, “esta es una de las regiones donde hay muchas expectativas de desarrollo, pero donde también hay grandes expectativas para la conservación de la biodiversidad”. García explica que el informe pretende ser una ayuda para entender, por ejemplo, que esta es una región anfibia, donde los pulsos de inundaciones de departamentos como Arauca y Casanare pueden llevar a que hasta el 60 % de su territorio esté bajo un humedal en ciertos momentos del año.

La riqueza ambiental de la Orinoquia colombiana, región que también es conocida como los Llanos Orientales, enfrenta grandes retos: 491 de sus 23 487 especies de fauna y flora se encuentran en alguna categoría de amenaza, cifra que corresponde al 23 % del total de especies amenazadas en el país. Además, las actividades agroindustriales están transformando de forma acelerada los ecosistemas y el incremento del uso del agua ya está causando problemas. “La huella espacial humana ha sido intensa en las últimas tres décadas”, asegura García.

Una olla de presión sobre el paisaje llanero

El Reporte Bio Orinoquia destaca que la región tiene una gran riqueza hídrica, sin embargo, la transformación de sus ecosistemas, debido a factores como la deforestación, la agroindustria, la ganadería extensiva, la infraestructura vial y urbana, la extracción de minerales y el déficit de sistemas de tratamiento de agua, tiene impactos negativos sobre el agua, entre los que destacan la desconexión de hábitats, la liberación de contaminantes a la atmósfera, la pérdida de navegabilidad y el control de inundaciones. “Esto pone en riesgo la disponibilidad y calidad del agua, así como la calidad de los hábitats que brindan soporte a la biodiversidad”, se lee en el documento.

El reporte muestra que durante las últimas cuatro décadas, la huella espacial humana —magnitud de la influencia acumulada de las actividades humanas sobre los paisajes y ecosistemas— en la Orinoquia ha experimentado un incremento del 35 %. Además, los análisis hechos por los expertos sugieren que este aumento podría ascender un 6 % en los próximos diez años.

“La huella espacial humana está asociada a procesos de construcción y expansión de vías que permite acceso a actividades como cultivo y ganadería. Esto hace que las zonas naturales tengan una tendencia más alta a ser impactadas”, le dice a Mongabay Latam Daniel Cruz, investigador de la Universidad Javeriana que participó en el desarrollo de este tema para el Reporte Bio Orinoquia.

Cruz menciona que los análisis muestran al departamento de Vichada como una de las zonas de la Orinoquia con alto impacto según el índice de huella humana, “precisamente porque tiene altos índices de asentamientos humanos y asimismo de vías que los conectan e impactan las zonas naturales aledañas”.

Otro dato importante es que gran parte de las zonas que están en riesgo de impacto humano están muy asociadas a los cuerpos de agua, ya que esto les permite abastecer sus actividades productivas.

Los científicos también destacan que los parques nacionales y resguardos indígenas limitan el avance de valores altos de huella espacial humana al interior de estas áreas. Sin embargo, la capacidad de contener este avance varía en función de la categoría de manejo y el tamaño de cada área.

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Alerta a la expansión agropecuaria

Entre los desafíos que enfrenta la región está la expansión agroindustrial, ya que, en las últimas dos décadas, la frontera agrícola de la Orinoquia se ha expandido de 1000 kilómetros cuadrados a 8000 kilómetros cuadrados de área cultivada, y se espera que la demanda hídrica de la agricultura se duplique para 2040 debido al aumento en las áreas de cultivo, principalmente de arroz y palma de aceite.

Esta presión no es un factor sorpresa para los expertos, ya que en diversos momentos el gobierno nacional y los gobiernos locales han dicho que la Orinoquia podría ser “la última gran despensa agrícola del país” y, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 150 000 kilómetros cuadrados de esta región son aptos para la agricultura, lo que representa aproximadamente el 45 % de la cuenca del Orinoco.

El Reporte Bio Orinoquia tiene un capítulo dedicado a los efectos de la expansión agroindustrial sobre los ríos y allí se menciona que, para 2040, se prevé un incremento del 13 % en la demanda de agua para el cultivo de arroz, una de las principales actividades en la región.

Una modelación hidrológica que considera el desarrollo agroindustrial revela reducciones de hasta un 85 % en más del 50 % de la cuenca del Orinoco colombiano en periodos de lluvias escasas. “En los escenarios más extremos, los ríos Meta, Vichada y Guaviare experimentarán reducciones en sus flujos de hasta 95 %, 98 % y 50 %, respectivamente”, señala el reporte.

Jonathan Nogales, investigador de The Nature Conservancy (TNC) y coautor del capítulo, asegura que el arroz y la palma son los mayores motores de transformación de la dinámica hídrica de la Orinoquia.

Nogales menciona que se están viendo cambios drásticos en la cuenca del río Ariari, en el departamento del Meta, con los cultivos de palma de aceite y un fenómeno llamativo en el departamento de Casanare, donde personas que hacen ganadería extensiva alquilan predios a los arroceros porque son zonas inundables (condición favorable para el cultivo de arroz) y esto ha generado una degradación en los suelos y los ecosistemas, comenta.

“Si bien la Orinoquia tiene un potencial bastante grande y siempre se plantea que es la última frontera agrícola que tiene el país, hay que hacerlo de una manera responsable y controlada”, dice Nogales, y agrega que “puede parecer que en la región hay bastante agua, pero realmente está concentrada en un periodo de tiempo, no está presente durante todo el año, y los meses secos, cuando se necesita el riego de cultivos, los flujos hídricos se vuelven críticos”.

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Eje de conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales son otro de los grandes desafíos de la Orinoquia. Si siguen escalando, y no llegan a soluciones, pueden poner en riesgo los territorios y la gran biodiversidad de la región. De acuerdo con el Instituto Humboldt, identificarlos es una herramienta útil para fomentar espacios de diálogo que promuevan la comprensión mutua, el análisis de las controversias y la construcción de entendimientos.

El reporte analizó estos conflictos y destacó 29 que se encontraban latentes hasta 2024. Allí encontraron choques entre distintas formas de ver y entender la Orinoquia: una productivista, en la que el territorio se entiende como proveedor de recursos naturales que se pueden explotar para generar riquezas; otra conservacionista, que promueve la protección del territorio para la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brinda; y una de hábitat, que comprende el territorio como el lugar donde se desarrolla la vida cultural, social, material y simbólica de las comunidades que lo habitan.

Los investigadores lograron agrupar las conflictividades socioambientales en tres grandes tipos. El primero son los conflictos derivados del uso y apropiación de territorios indígenas para desarrollar actividades agropecuarias, que emergen de las disputas entre grupos étnicos y grupos de colonos o empresas agropecuarias por el acceso y uso de los territorios colectivos.

El segundo son los conflictos por la gestión y conservación de áreas protegidas, producto del desencuentro entre las visiones de conservación del Estado (principalmente autoridades ambientales) y las visiones de producción de las empresas petroleras, agroindustriales, actores armados y algunas comunidades locales.

El tercero son los conflictos asociados con el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que nacen por discrepancias entre grupos étnicos, comunidades campesinas y empresas petroleras.

“Uno de los impactos más relevantes de los diferentes conflictos socioambientales es la transformación del paisaje, es decir, de humedales, bosques y diferentes ecosistemas. Esto reduce el territorio, el hábitat de las especies que allí habitan y por supuesto redunda en una pérdida de biodiversidad”, asegura Omar Ruiz, investigador del Instituto Humboldt.

Ruiz comenta que los conflictos socioambientales son procesos que van cambiando a lo largo del tiempo y aunque en todos los departamentos de la Orinoquia hay conflictos. Meta y Arauca son dos de los más críticos.

Muchos de los conflictos se dan con la industria petrolera, ya que esta región es la principal productora de hidrocarburos de Colombia. Sin embargo, Ruiz dice que también hay muchos conflictos entre comunidades y autoridades ambientales por la presencia de áreas protegidas y de estrategias de conservación en zonas de traslape con territorios de comunidades locales, campesinas o indígenas.

El investigador destaca que hay conflictos socioambientales que han escalado a la violencia y que también están relacionados con el conflicto armado. Un caso emblemático, dice, es el desencuentro entre comunidades indígenas y campesinas con empresas petroleras, principalmente relacionadas con el funcionamiento del campo petrolero Caño Limón – Coveñas, en el departamento de Arauca, “donde es común el ataque a la infraestructura petrolera por parte de grupos armados [particularmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN]”, dice Ruiz.

A pesar de esto, el investigador indica que desde el Instituto Humboldt no ven tanto las conflictividades como obstáculos para la sostenibilidad, sino como oportunidades para generar transformaciones hacia esa sostenibilidad.

*Imagen principal: Una hembra de la especie mono aullador rojo (Alouatta seniculus), junto a su cría, en los llanos orientales colombianos. Foto: Rhett Butler

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Advertencia: Este cuento contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del lector.

Los ángeles habían dejado de llorar sobre la ciudad.

Se levantó a las 6:00 a.m. como de costumbre, y, tras observar que el bebé dormía plácido, fue directo al baño. Abrió el grifo para lavar sus dientes y pegó un grito de los mil demonios cuando vio que no salía ni gota de agua. De la rabia, se arrancó un poco de pelo. La boca seca le sabía a sangre, se sentía como la superficie de una lija. Sudó frío y secó el sudor con un pañuelo sucio.

A través del espejo inteligente, un artefacto de última generación comprado por Amazon, constató la noche de perros que pasó. Apenas durmió tres horas mal dormidas; era evidente que estaba flaco, ojeroso, cansado pero todavía con ilusiones. Saldría, como siempre, a las siete menos cuarto para enfrentar la monotonía de los horribles días grises bogotanos. Era un lunes 31 de agosto del año 2099.

Sobre el mismo espejo, tras un chasquido de dedos, proyectó la primera plana de El Espectador, para ver qué decían las noticias. Y las noticias decían que el Alcalde Mayor huyó la noche anterior con su amante ante la amenaza de linchamiento por la mala gestión del racionamiento del agua. Con Bogotá al garete, las autoridades ofrecieron una jugosa recompensa por la captura del burgomaestre.

De la noche a la mañana, la capital de Colombia retrocedió 200 años y las costumbres de antes estaban de vuelta. En hogares y baños públicos se instalaron letrinas secas, que en vez de agua funcionaban con tierra.

En otras noticias, la periodista Victoria Devil, tataranieta de la “reina amarillista”, Viqui Devil, anunciaba que el calor y la sequía seguían matando bogotanos y que de China venía un barco cargado de bacinillas a bajo costo, porque también las micas estaban en tétrico furor. El contenedor traía además un ejército de robots de compañía, a tamaño real, para personas solitarias.

El mayor problema de la metrópoli eran la escasez de agua, los calores intensos que sancochaban gente en vivo y en directo, y los colados en el recién inaugurado servicio público de carros voladores autónomos. Desde 2080, la temperatura era de 30 grados centígrados. Bogotá era tierra caliente y la gente cubría sus vergüenzas con cualquier trapo. Se lamentaban de la ineptitud de sus antepasados, pues nadie hizo nada para impedir este infierno ambiental. La muerte acechaba a los dos millones de habitantes.

Si bien en 2050 se encontró una cura para el cáncer, ahora la gente moría, principalmente, por olas mortales de calor y afecciones cardiopulmonares, debido a la alta concentración atmosférica de ozono tóxico. Un dispositivo acoplado al torrente sanguíneo monitoreaba la salud en tiempo real, pero los médicos no podían salvar a nadie a distancia, ya que la corrupción mantenía a Bogotá en el atraso.

Ancianos morían en la calle de agotamiento por calor; los paros cardiacos y los accidentes laborales se volvieron frecuentes entre quienes debían trabajar al aire libre. Los trabajos en vía pública solo se hacían de noche y la vida se volvió nocturna. Daba pavor salir de día a la calle.

En otros países, se crearon centros de enfriamiento: los pacientes eran sumergidos en tinas heladas o acostados sobre bloques de hielo para bajarles la temperatura antes de que el golpe de calor los matara. O se les aplicaban inyecciones de fluidos fríos. En Bogotá, un lujo así estaba a años luz, gracias a la burocracia y el desgreño.

Con todo, nadie sospechaba que lo peor estaba por suceder. 

Los páramos Chingaza, Guerrero y Sumapaz, se transformaron en semi-desiertos, y los embalses tenían menos del 10% de reservas para salvar a los últimos sedientos. Ni el Indio Amazónico, que atendía desde el más allá con sus menjurjes y charlatanería, revivido por la Inteligencia Artificial, pudo ver la doble tragedia que se venía. En cuestión de días se desataría el acabose.

—No quedará piedra sobre piedra, ni cachaco, ni rolo, ni forastero como testigo, presagiaban los catastrofistas.

A través del espejo, Alejandro Olmos observó con desdén las bacinillas chinas y recordó que debía comprar la suya. La quería blanca y esmaltada, en contra de su voluntad.

Así, sin bañarse los dientes, sin beber su café diario y sin preparar el primer tetero del día, se vistió rápidamente, se sentó en la sala, se puso las gafas de última generación que reemplazaron los teléfonos móviles, y se conectó con el supermercado más cercano. El bebé seguía durmiendo como un bebé. Eran él y el niño, pues su pareja se había largado un mes atrás, sin dar explicaciones. La señora de por días no llegaba.

Sin necesidad de abrir la boca, pidió un litro de agua, pero el dependiente, sin necesidad de abrir la boca, le hizo saber que solo podía venderle una botella de las pequeñas y nada más.

—Una por día, una por persona. Nada más. El decreto es claro —le gritó. Y pase por ella, porque el domiciliario murió ayer de insolación.

—Tocará, respondió de mala gana Alejandro Olmos. Los 350 mililitros de agua debían alcanzar para cepillarse los dientes, bañarse las partes nobles, preparar el tetero y hervir el tinto para mojar el pan duro que guardaba desde hacía quince días.

Alejandro Olmos se dirigió a su biblioteca y vio que allí estaban su viejo revólver, su máscara antigás y la biografía del poeta José Asunción Silva. Agarró primero la máscara. Los dos círculos de vidrio a la altura de los ojos funcionaban como cámara a control remoto para controlar las cosas de la casa. Un filtro al interior de la máscara permitía respirar aire limpio, y un diafragma de voz circular de metal permitía comunicarse con otras personas, además de que un pequeño tubo, conectado a un botellín, dispensaba agua, eso cuando podía llenarlo. 

Ajustó la máscara a la cabeza como casco y salió de su apartamento en Chapinero Alto. Observó la misma escena: gente de todas las edades yendo de un lado hacia otro, conectada al mismo artefacto incómodo, como si la ciudad estuviera en medio de una guerra química.

La mañana de aquel lunes lucía letalmente tranquila. Bogotá estaba irreconocible, toda gris: el cielo, el suelo y los rostros de las personas. Grises también los cerros orientales, convertidos en un peladero, por los sucesivos incendios forestales del último medio siglo. El cielo azul se transformó en naranja a causa del fuego y el humo formó nubes negras, como en la canción de Los de adentro, que ya nadie cantaba. El verde desapareció, y ahora el aspecto lúgubre y desértico de Bogotá daba miedo. Parecía, en parte, el escenario de Mad Max Fury Road, sin los mutantes. Algunas familias pudientes se largaron a tiempo.

Donde alguna vez estuvo la iglesia de Monserrate, se instaló un Gran Ojo para monitorear el cambio climático; pero eran mentiras, porque más que nada se usaba para vigilar secretamente a los ciudadanos; solo a las autoridades les estaba permitido el acceso al lugar. Desde el cerro, el Gran Ojo lo sabía todo, incluso si alguien había cambiado de sexo, porque tenía el poder, mediante escáner, de ver su presente y el pasado de las personas, algo realmente perturbador. 

Después de una fila de hora y media en el supermercado, la cajera leyó el chip en el brazo izquierdo de Alejandro Olmos y, muy enojada por hacerle perder el tiempo, le informó que con ese número de registro alguien más reclamó la dosis diaria del preciado líquido. Con el pañuelo sucio limpió el sudor frío. Su chip fue hackeado. Los hackers encontraron en las guerras del agua un negocio lucrativo, pues mediante el robo de información obtenían agua suficiente para sobrevivir y la de sobra para revenderla a las Mafias del Agua, una red peligrosa que se extendió por todo el continente, fundada por los disidentes del Tren de Aragua. El agua se vendía hasta cinco veces más de su valor real, que de por sí era impagable para los más vaciados.

Angustiado, el hombre empezó a andar sin saber hacia dónde. Le echaba un ojito al bebé a través del visor de la máscara. Observó que la criatura seguía durmiendo y la señora de por días no daba señales de vida.

Siguió caminando. Se hizo leer el chip en otros lugares y la respuesta fue la misma: —“No nos haga perder el tiempo, señor”. En muchos negocios, a puerta cerrada, colgaron el mismo letrero: “No hay agua, no insista”. Pero las neveras estaban repletas de gaseosas y jugos artificiales. Las únicas autorizadas para disponer de agua y desperdiciarla a su antojo eran las empresas embotelladoras, que pagaban impuestos altos para permitirse tal desfachatez en medio de aquel caos.

En cuestión de días los bares quebraron y no hubo una gota de licor más. La sobriedad empeoró el drama, y ya no hubo agua ni para preparar guarapo. Chicha tampoco. Se dieron cuenta que a palo seco, y sin literatura, la vida era desdichada.

Ofreció su reloj ultra inteligente a cambio de una botella de agua a quienes llevaban la suya con recelo. No consiguió más que insultos. Ya nadie robaba celulares o billeteras. Los ladrones en moto despojaban del agua a quien daba papaya.

—Tengo un bebé por Dios, suplicaba Olmos, sin recordar en su desespero que invocar a Dios servía de poco, pues en el año 2040 los científicos probaron su inexistencia, y en adelante curas y pastores debieron buscar otros oficios para no morirse de hambre.

Sin un lugar para Dios sobre la Tierra, los capitalinos volvieron a adorar Chibchacum, el dios muisca de la lluvia y el trueno, al cual le levantaron un monumento y un altar en el centro de la plaza de Bolívar, en lugar de la estatua del Libertador, de quien ya nadie recordaba por qué era famoso. Chibchacum, enfermo de los oídos, no escuchó sus ruegos.

Siguió caminando, cual zombi, hasta llegar al Nuevo Parque Nacional, donde los árboles fueron reemplazados por columnas de cemento que funcionaban como fuentes de agua.

En esa Bogotá, que otra vez se asemejaba a una aldea, la vida ya no tenía sentido. Sonrió sin muchas ganas cuando un ex sacerdote, en mitad del parque, aseguró ser la reencarnación del padre Francisco Margallo. El hombre batió su sotana negra percudida y maloliente en medio de aquel calor infernal antes de escupir una profecía: “El 31 de agosto de un año que no diré sucesivos terremotos destruirán Santafé”. Con las insolaciones aumentaron los trastornos mentales y ocurrió lo impensable: las iglesias se transformaron en manicomios, donde los ex curas, convertidos en loqueros, cuidaban de los enfermos pero de lejitos.

Sin agua para preparar los alimentos, cundió la inanición.

Como alma que lleva el diablo, Alejandro Olmos continuó hacia el sur por la desierta Avenida Circunvalar.  De vez en cuando se detenía para observar al bebé que nada que se despertaba. Y la señora de por días nada que llegaba.

Se respiraba un aire nauseabundo, de halitosis y sobaquina, que empeoraba con el hedor de la caca humana, pues mucha gente defecaba en la calle ante las largas filas en las letrinas públicas. De niño, los abuelos le contaron a Alejo que en otro tiempo llovía tanto en Bogotá que la gente era feliz empapándose en las calles, los adultos cantaban bajo la lluvia, las niñas hacían figuritas con el granizo y los niños construían barquitos de papel, que navegaban desde Chapinero hasta Ciudad Bolívar, y viceversa.

Otros, sin embargo, renegaban por las inundaciones.  Los que más odiaban aquellos diluvios eran los pobres, porque sus casas de pobres se inundaban y perdían sus corotos de pobres.

Todo era distinto ahora. Imagínese: No llovía desde la muerte del último Papa, que murió de pena moral cuando le dijeron que Dios fue inventado por el hombre, y no al revés. Las lluvias tropicales se habían desplazado hacia los países del norte. Los arco iris se borraron para siempre y una granizada era prehistoria faltando poco para la llegada del año 3000. En Navidad ya nadie podía mirar los peces bebiendo en el río, porque los peces y el río se murieron con la última lluvia ácida.

El río Bogotá corrió la misma suerte de los demás: fue canalizado cuando se secó. La muerte, al igual que la porquería y los olores irrespirables, aparecían por doquier, en el norte y en el sur, al oriente y al occidente. Donde ricos y donde pobres. 

La ciudad estaba irreconocible, pero los políticos mañosos no. Esa gentuza traficaba votos por agua. Se hicieron gestiones ante la NASA con el fin de adquirir la tecnología necesaria para bombardear las nubes y hacer llover, con tan mala suerte que se robaron los equipos al llegar al aeropuerto.  En 1948, se provocó artificialmente la lluvia por vez primera, por medio de anhídrido carbónico, el cual disparado a la nube producía su enfriamiento y condensaba el vapor de agua, haciendo llover.  

Alguien propuso crear unos “pozos romanos”, como lo hicieron veintiún siglos atrás en la Antigua Roma. Tocaba excavar sobre las rocas de los cerros orientales para obtener y almacenar el agua lluvia… pero entre tanto anémico no hubo quien hiciera esa tarea.  

—¡Maldita sea! ¡A ningún alcalde se le ocurrió desarrollar sistemas para almacenar la lluvia cuando la hubo! —refunfuñaba Alejandro Olmos, que se rasgó la camiseta de la Selección Colombia, rojo de la ira. El año anterior ganamos la Copa Universal de Fútbol por primera vez en la historia, durante el campeonato que se realizó en la Luna en el año 2098. Los hinchas colombianos se pusieron eso de ruana por allá.

Los pocos ricachones que quedaban en Bogotá, recibían el agua a domicilio, gracias a un decreto del alcalde marrullero ahora en fuga. Los que no tenían en qué caerse muertos debían recogerlas en las pilas, y no siempre alcanzaba para todos.

También por decreto se transformó la razón social de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, pues el agua dejó de llegar a las casas y a los conjuntos residenciales, así que baños e inodoros pasaron a mejor vida, así también en escuelas públicas y hospitales. Se prohibió la irrigación de sembrados y cultivos dentro del Distrito, el riego de árboles y plantas en jardines, antejardines y zonas verdes y el lavado de vehículos automotores en residencias, estaciones de servicio, fábricas y centros comerciales. Se decretaron multas y arrestos para los infractores.

Quienes no perdieron el empleo, ahora debían vigilar las fuentes de agua, con apoyo del SMAD para evitar alteraciones del orden hídrico. De esa manera revivió el oficio de los aguadores y prosperó el negocio de la cría de burros para cargarla. Reinó la envidia. Los envidiosos les disparaban adentro a los burros, metiéndoles el revólver por el culo, como si hubieran tomado la idea de La mala hora, una novela que en otro siglo escribió un tal Gabriel García Márquez, del que nadie sabía nada, porque la gente se olvidó de los libros, ¡qué desgracia tan grande!  

Los avivatos hicieron su agosto de enero a diciembre. Se disparó la venta de abanicos y ventiladores para sofocar los fuertes calores a la sombra, la venta de pañuelos especiales para reutilizar el sudor y la venta de sombrillas con pequeños chorros de aire para protegerse de las altas temperaturas.

A esas alturas el agua era ya un bien suntuoso, más caro que la gasolina, más caro que cualquier cosa. Las señoras lavaban la ropa en lavaderos comunales y a la intemperie bañaban a los niños menores de cinco años, una vez por semana, como mucho. Tocaba madrugar para coger turno; quien no madrugaba por pereza pagaba para que le guardaran el puesto, en los lavaderos y en las pilas.

La Secretaria de Obras autorizó la construcción de duchas públicas y canales en las calles para que circularan los desechos humanos, a la vista de todos, como antaño, pues no todas las casas contaban con letrina. La gente debía hacer filas enormes desde las 4:00 de la mañana para acceder a las duchas, usando el sistema de pico y placa por reconocimiento facial. La lucha de clases se libraba ahora en estos lugares. La gestión clasista del agua privilegió a los ricos sobre los pobres: los primeros se “duchaban” cada quince días con totuma y los segundos cada mes sin totuma. De resto, cada quien debía ingeniárselas para bañarse lo esencial.

Los carrotanques daban prioridad a los barrios ricos, y si quedaba, que no quedaba, se pensaba en los demás. Se pagaban cifras astronómicas por botellas de agua y hasta el sexo se usó como moneda de cambio, un lujo reservado para la gente adinerada, aunque con los malos olores el sexo dejó de ser una prioridad.

Al principio, los ricos tenían duchas aparte de los pobres y por lo general cercanas a sus residencias, pero los pobres se juntaron al grito de “El pueblo unido jamás será vencido” (una consigna que no se escuchaba desde tiempos inmemoriales) y a la gente de bien le tocó de mala gana juntarse con la plebe.

El precio de los limones, usado ahora como desodorante, se puso por las nubes, y se acudió a los sahumerios y las hierbas aromáticas para mantener aireadas las casas, que por lo general olían a diablo.

La Secretaría de Salud ordenó esterilizar a todas las mascotas para controlar la población y dar prioridad a los humanos con un mínimo vital de agua por familia. Un concejal del Partido Anti-Animalista, presentó un proyecto de acuerdo para poner a dormir a perros y gatos, pues le parecía inaudito que en los albores del siglo veintidós fueran más importantes los animales que las personas, pero los del Partido Animalista se rebelaron, encadenándose, para impedir la matazón. Ganó la ultraderecha. Y no se salvó ni la perra del alcalde, a la que abandonó en su huida.

La verdad es que había mil problemas en qué pensar: por ejemplo, definir el manejo que se le daría al espacio aéreo con la llegada de los primeros autos voladores para evitar atascos y accidentes. Entonces, Monserrate fue habilitado como aeropuerto privado destinado a las primeras aeronaves autónomas.

Como consecuencia del excesivo calor, la sequía y las aguas contaminadas, la peste mental cayó sobre la ciudad. La población parecía loca, yendo de un lado a otro, con angustia reactiva y depresión. La agresión y psicopatías complejas se apoderaron de los habitantes, y los que no morían por la peste, morían a manos de los otros desquiciados. Las ratas sedientas empezaron a salir de sus nidos para morir en calles y avenidas, y el olor a cadaverina empeoró la epidemia. De los dos millones de personas, se pasó a 120.000, hasta que la población se redujo a tres mil, que ese era el número de habitantes hacia 1623. Ningún anciano y ningún niño quedó vivo.  El Estadio El Campin, Corferias y el Movistar Arena se transformaron en hospital, morgue y cementerio, respectivamente.

Por pura intuición masculina, Alejandro Olmos pensó que era buena idea subir a Monserrate, a pesar de que el acceso estaba restringido a particulares. A 3152 metros de altura, la muerte no lo alcanzaría, pensó. Quitándose la máscara antigás, emprendió el ascenso a pie. Exhausto, sudando a cántaros, con muchos kilos de menos y las piernas temblando, llegó hasta la cima del cerro, más cerca de las estrellas y del cataclismo, y vio que allí estaba el Alcalde Mayor de Bogotá bebiendo Coca Cola en bermudas, guayabera y gafas de sol de las costosas, tomado de la mano de su esposo, el de Alejandro, del que no tenía noticias desde hacía un mes.

—No me crean tan marica —exclamó con evidente rabia, y ambos se percataron de su presencia antes de que pudieran abordar el avión de pasajeros impulsado por motores de hidrógeno, que los llevaría al desierto amazónico brasileño.  

Alejandro Olmos recordó la jugosa recompensa por entregar al funcionario, pensó que era dinero suficiente para garantizarse agua para el resto de su vida y la del bebé que adoptaron en un viaje a Palestina. Y hablando de la criaturita, se colocó de afán la máscara antigás y observó a la señora de por días, una mujer menuda y de baja estatura con el niño en brazos, gritando enloquecida, como si el pequeño estuviera muerto. Y en efecto el pequeño ya estaba en el más allá. Murió deshidratado de tanto llorar. Cuando Olmos creía que él dormía, en realidad veía una imagen congelada, pues también hackearon su máscara.

Se despojó de ella otra vez. Con ira e intenso dolor, sacó su revólver Smith & Wesson, y verificó el número de balas. ¡Dos! Disparó primero la del alcalde. Sudó frío y limpió el sudor con el pañuelo, antes de disparar la segunda bala en su propio corazón, emulando a Silva, su poeta favorito. Eran las seis de la tarde de ese jueves 31 de agosto, la hora en que se cumplió la maldición del padre Margallo. “Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. ¡Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande!”. (Apocalipsis 16:18).

De los tres mil habitantes de Bogotá, ninguno sobrevivió, salvo quien esto escribe. Siri me despertó a tiempo de aquella pesadilla.

Entonces, encendí la radio: el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el regreso de los cortes diarios de agua, debido al bajo nivel del embalse de Chingaza por los calores intensos. Me metí a la ducha; tan de malas, que se fue el agua. Mojado y enjabonado, me asomé a la ventana y el único burro al que vi fue al vecino que lavaba su carro con manguera, mientras que la pareja del 405 se alejaba, tomados de la mano, con el bebé palestino en su cochecito. En ese momento quitaron la luz. Y aquí estoy, en el peor de los mundos, preguntándome por qué los ángeles no quieren llorar sobre Bogotá.

(TODAVÍA NO ES EL FIN PERO ESTÁ CERCA SI NO HACEMOS LO CORRECTO)

Nota: Este autor no utiliza inteligencia artificial (IA) en la escritura de sus textos. Sin falsas modestias, con mi IN (Inteligencia Natural) me basta. Todavía soy un humano que escribe para humanos. Ejerzo mi derecho a pensar y por lo tanto me niego a que una máquina remplace mi cerebro. Las imágenes de este relato sí fueron creadas con ayuda de IA.

Este miércoles 11 de septiembre comienza la cuarta edición de El Cine Suma Paz, festival internacional de cine que tiene como objetivo promover la producción audiovisual nacional e internacional relacionada con la protección del medio ambiente.

Este 2024 la curaduría está enfocada en el cuidado del agua y la promoción de la conciencia hacia el cuidado del páramo, que en los últimos meses ha sido víctima de los incendios forestales.

Es importante destacar que el festival se desarrolla en un contexto ambiental complejo, caracterizado por la pérdida significativa de páramos debido a incendios forestales y racionamientos de agua en algunas ciudades por la sequía.

El Cine Suma Paz, organizado por la Fundación Cine Social, tiene como objetivo principal este 2024 generar conciencia sobre el cuidado del agua y promover acciones a favor de los páramos para proteger este vital recurso hídrico.

El cortometraje documental “Guardianas de semillas” de Juan Sebastián Malaver (Colombia) sobre la tradición semillera de la comunidad Zenú colombiana, el cortometraje de ficción de Turquía “Agrietada”, sobre una niña que vive en un pueblo donde es escaza el agua; el corto documental de Ecuador “El río de nuestros hijos” o el largometraje de Perú y España “Este fue nuestro castigo” son algunas de las 25 producciones que se pueden ver gratis en la plataforma virtual www.elcinesumapaz.com, que además transmite conferencias y charlas.

Para quienes disfrutan los eventos presenciales, El Cine Suma Paz tiene organizados unos en Bogotá, Cota, Sibaté, Villavicencio, Soacha y Fusagasugá.

“El Cine Suma Paz busca reafirmar nuestro compromiso con la educación ambiental y la defensa del medio ambiente, así como con las personas que luchan por transformar social y ambientalmente sus comunidades en todo el mundo. Esta es una valiosa oportunidad para visibilizar las problemáticas ambientales de nuestro país, sensibilizar sobre la importancia del cuidado del agua y movilizar a la comunidad hacia acciones que ayuden a su preservación”, manifiesta Cristhian Ossa, director del festival y de la Fundación Cine Social.

Por otra parte, la Fundación Cine Social ha creado un contenido audiovisual titulado “Siembra Agua”, que explora una serie de crónicas sobre el concepto de sembrar agua y los frutos que provienen del páramo.

Cabe recordar que “Siembra Agua” es un capítulo de la serie transmedia que el festival ha desarrollado desde su inicio y que actualmente cuenta con más de 12 capítulos relacionados con el páramo y las temáticas del festival.

liartedialogosobrearte@gmail.com – @LiarteconArte 

El calentamiento global actual es real y es causado principalmente por las actividades del ser humano. Sus consecuencias nos afectan a todos y será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro, si la humanidad no toma medidas drásticas de inmediato, como preservar los bosques del mundo. Dos expertos en este tema nos explican de qué se trata este fenómeno y cuál es su relación con los bosques.

Calor extremo, sequías, inundaciones catastróficas, epidemias, migraciones masivas, conflictos sociales y pobreza globalizada son algunas de las consecuencias del cambio climático que, según advirtió el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU, podría enfrentar la humanidad si no limita el calentamiento global a 1.5 grados de temperatura en 2030.

Hablamos con el profesor de la Universidad Nacional y director del Grupo de Investigación en Ciencias Atmosféricas, Daniel Hernández Deckers, y con el director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, José Francisco Charry, para entender en qué consiste este fenómeno y por qué los bosques tropicales constituyen una herramienta natural para enfrentarlo.

IRI Colombia: ¿Qué es el cambio climático?

Daniel Hernández Deckers: Se tiene la idea de que el clima es muy estático, pero en realidad nunca ha estado quieto. Desde la formación de la Tierra el clima ha cambiado de muchas formas, pero en escalas de tiempo muy largas; es decir, lentamente. Hace unos 20.000 años, por ejemplo, gran parte del planeta estaba cubierto de hielo.

Desde entonces, el nivel del mar ha subido unos 130 metros; aunque es un cambio muy grande, se dio en un lapso de tiempo muy largo. Estos son cambios climáticos naturales a escala geológica. Sin embargo, hoy en día cuando hablamos de cambio climático nos referimos a los efectos del calentamiento global —el promedio del calentamiento de todo el planeta—, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en especial el dióxido de carbono y el metano.

IRI: ¿Qué es el efecto invernadero?

D.H.D.: La temperatura de la Tierra está determinada principalmente por la radiación solar, es decir, la cantidad de energía que nos llega del sol. A su vez, el planeta emite la misma cantidad de energía que le llega, de manera que si recibe más radiación del Sol, se calienta más y emite más radiación.

Si el planeta no tuviera atmósfera, esa temperatura estaría determinada simplemente por su distancia al sol: entre más lejos esté del astro, estaría más frío y, entre más cerca, más caliente; sin embargo, la atmósfera no permite que la radiación emitida por la tierra escape al espacio y desaparezca, sino que absorbe parte de esa radiación y la emite de vuelta a la Tierra, haciendo que se caliente aún más. Ese es el efecto invernadero.

IRI: ¿Cuáles son esos gases que producen el efecto invernadero?

D.H.D.: El más importante de todos es el vapor de agua, que está presente de manera natural en la atmósfera y se encarga de que la temperatura de la Tierra sea en promedio de unos 15 grados centígrados. Aunque es el más abundante de todos y genera el grueso del efecto invernadero, se regula de manera natural a través del ciclo hidrológico: el agua de los océanos, los ríos y lagos se evapora, este vapor forma las nubes y vuelve a caer en forma de precipitaciones. Otros gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono y el metano.

“Probablemente todos los bosques del mundo no sean suficientes para absorber el CO2 de la atmósfera, porque la cantidad de dióxido de carbono que emitimos es altísima y esto no va a cambiar de un día a otro. Sin embargo, es una gran contribución para evitar que el problema sea aún peor”.

Daniel Hernández Deckers.

IRI: ¿Qué papel juega el ser humano en la generación de esos gases de efecto invernadero?

D.H.D.: Desde la Revolución Industrial, a finales de 1700, hemos venido extrayendo una gran cantidad de carbono que se había acumulado en el subsuelo durante millones de años —combustibles fósiles como el petróleo y el gas—, y lo hemos quemado para producir energía. Al hacerlo, ese carbono se libera principalmente en forma de dióxido de carbono, que tiene unas propiedades parecidas al vapor de agua: atrapa la radiación infrarroja emitida por la Tierra y la re-emite en parte hacia el planeta —efecto invernadero—. Al incrementarse las concentraciones de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera, aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra.

IRI: ¿Cuánto tiempo permanecen en la atmósfera estos gases?

D.H.D.: El metano tiene una vida media de una o dos décadas, lo que quiere decir que una vez emitido a la atmósfera, permanece allí ese tiempo antes de ser absorbido por la superficie o el océano. El dióxido de carbono tiene una vida media de varios siglos; el problema es que durante los últimos 200 años hemos extraído una gran cantidad de carbono acumulado en el subsuelo y la hemos lanzado a la atmósfera muy rápidamente, entonces no alcanza reabsorberse a la velocidad necesaria y empieza acumularse aumentando la temperatura del planeta.

IRI: ¿Por qué es tan preocupante el cambio climático actual?

D.H.D.: Estamos en niveles de temperatura que no se habían visto hace miles de años. En los últimos 10.000 años la temperatura ha sido más o menos constante; sin embargo, según las proyecciones en los próximos 50 y 100 años la temperatura aumentará rapidísimo debido al calentamiento global. Es decir, el tiempo de transformación es muy corto comparado con los cambios climáticos naturales a escala geológica.

Si en 2100 llegamos a más de 5 grados centígrados por encima del promedio, estaríamos viviendo algo que no se ha visto hace unos 10 millones de años. Para el planeta esto no necesariamente es un problema, se transformará y sobrevivirá; el problema es principalmente para nosotros, los seres humanos, que tendremos que adaptarnos a esas nuevas condiciones.

IRI: ¿Cuáles son las consecuencias de ese cambio climático?

D.H.D.: La primera es el cambio de temperatura y ésta, a su vez, tiene muchos efectos. Por ejemplo, si aumenta en promedio 2 grados centígrados, que suena poco, la primera consecuencia grave es que se van a derretir muchos glaciares. Todo ese hielo convertido en agua terminará en el océano y el nivel del mar subirá.

Eso es un problema grave porque mucha gente vive a lo largo de las costas en el mundo entero, entonces estaría en riesgo la vida de las personas. Por otra parte, en algunos lugares empezarán a surgir problemas de salud y enfermedades. Podrían aumentar los eventos extremos, como las oleadas de calor, provocando la muerte de muchas más personas por deshidratación. Esos son los efectos más directos, pero además hay una gran incertidumbre sobre qué otras cosas podrían ocurrir. Podría modificarse la circulación atmosférica —los vientos— lo cual generaría cambios en las lluvias; de tal manera que se transformaría todo el clima del planeta.

IRI: ¿Por qué el cambio climático afecta la permanencia de la humanidad en el planeta?

D.H.D.: Uno de los peligros es que este cambio no sea reversible en un tiempo razonable, afectando a varias generaciones. Por ejemplo, un aumento en el nivel del mar de un par de metros sería catastrófico para muchas ciudades y por lo tanto para gran parte de la población mundial, ocasionando graves desplazamientos. El costo económico sería mucho mayor al costo de actuar pronto para reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero.

IRI: ¿Cómo se puede reducir el dióxido de carbono en la atmósfera?

DHD: La primera alternativa es disminuir las emisiones de CO2, pero como este gas tiene una vida media de siglos, incluso si hoy paramos de emitirlo, todavía habrá mucho dióxido de carbono en la atmósfera por cientos de años, causando el efecto invernadero y haciendo que siga aumentando la temperatura. Por otra parte, en la actualidad se están desarrollando métodos para capturar el CO2 de la atmósfera; sin embargo, hacerlo no es fácil, es costoso y su almacenamiento seguro es un problema complejo.

Foto: Freepik

Un arma natural contra el cambio climático

IRI: ¿Cuál es el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático?

José Francisco Charry: Los bosques son una manera natural de reducir el CO2 de la atmósfera, puesto que las plantas y árboles que lo componen ayudan a capturar el dióxido de carbono, reduciendo su concentración y evitando la acumulación de gases de efecto invernadero. Gracias a esto contribuyen a detener el calentamiento del planeta.

IRI: ¿Cómo captan y retienen el dióxido de carbono?

J.F.C.: Los árboles y plantas aprovechan la energía lumínica procedente del sol para, mediante el proceso de fotosíntesis, producir nutrientes a partir de compuestos inorgánicos como el agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2). Gracias a la clorofila que contienen sus hojas, la luz solar desencadena una serie de reacciones que convierten la energía lumínica en energía química. En dicho proceso se genera oxígeno y grandes cantidades de glucosa que, en el caso de las especies leñosas, se conoce como celulosa. En ella se fija el carbono procedente del dióxido de carbono que el árbol ha absorbido de la atmósfera.

IRI: ¿De qué manera incide en la producción de CO2 la deforestación?

J.F.C.: La deforestación implica la conversión de la materia orgánica viva en materia orgánica muerta. Esta última se descompone —por la acción de microorganismos y las condiciones del entorno, como la humedad y el calor— reduciéndose en compuestos más simples. Durante este proceso se libera carbono en forma de CO2. Entre mayores extensiones de bosques sean taladas, más cantidades de CO2 serán liberadas.

IRI: ¿De qué manera influyen los incendios forestales en la captación de dióxido de carbono?

J.F.C.: En los incendios forestales los bosques pierden grandes cantidades de carbono como resultado de la combustión de la biomasa, la cual produce un efecto diametralmente opuesto al de la captura, puesto que provoca la liberación de CO2, convirtiéndose en una amenaza para el clima del planeta.

IRI: ¿Cuántas toneladas de CO2 pueden almacenar los bosques?

J.F.C.: Difieren debido a las características propias de los ecosistemas. En el caso de Colombia, los bosques pueden almacenar entre 50 a 148 toneladas de carbono por hectárea.

“Al capturar dióxido de carbono de la atmósfera, los bosques ayudan a reducir la concentración de este gas y por lo tanto evitan la acumulación de gases de efecto invernadero, que contribuyen a aumentar la temperatura del planeta”.

José Francisco Charry

IRI: ¿De qué manera afecta el cambio climático a los bosques?

 J.F.C.: El cambio climático puede modificar las condiciones del medio biofísico, incidiendo en los ecosistemas forestales. Por ejemplo, puede afectar el patrón de lluvias anuales, lo cual podría reducir la disponibilidad de agua, vital para el sostenimiento de estos ecosistemas. También puede incrementar los efectos de fenómenos climáticos previamente establecidos, como las sequías relacionadas con el fenómeno de El Niño, lo que aumentaría la posibilidad de incendios forestales con la consecuente liberación de dióxido de carbono.

IRI: ¿La desaparición de los bosques de qué manera afectaría al planeta?

J.F.C.: Los bosques juegan un papel esencial en el clima planetario. Su desaparición supondría un aumento dramático de la temperatura por efecto de las emisiones de CO2 que se concentraría en la atmósfera; además, se reduciría la disponibilidad de oxígeno para la biota terrestre. Las consecuencias de la desaparición de la cobertura vegetal suponen una catástrofe global que acarrearía la extinción de muchas especies, incluida el ser humano.

IRI: ¿Los bosques tropicales eliminan dióxido de carbono con mayor celeridad?

J.F.C.: Debido a las condiciones propias del trópico, como temperaturas más altas, mayor radiación solar y más alta disponibilidad hídrica, la tasa fotosintética de estos bosques es mucho más rápida. Por esta razón, la dinámica de fijación de carbono en ecosistemas tropicales es mayor debido a que su tasa de crecimiento es más veloz que la de otro tipo de bosques.

Foto: Renzo D’souza en Unsplash

Perfiles:

Daniel Hernández Deckers

Físico y magíster en Meteorología, de la Universidad Nacional de Colombia; Ph.D. en Geociencias, con especialidad en Modelamiento climático, del Instituto Max Planck de Meteorología, de Hamburgo. Permaneció en Australia durante 3 años, tiempo durante el cual realizó un posdoctorado sobre Convección tropical en el Climate Change Research Centre de la Universidad New South Wales, y en la actualidad es docente de la maestría en Meteorología y director del grupo de investigación en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional de Colombia.

José Francisco Charry

Experto en cambio climático, gestión ambiental y energética, el ingeniero mecánico de la Fundación Universidad de América, magíster en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones, de la Universidad de la Rioja, dirige en la actualidad el departamento de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde lidera las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la adaptación, mitigación del cambio climático y la gestión del riesgo en Colombia, entre otros.

Texto publicado en: El bosque es vida, Edición enero- febrero de 2021.

Lea más de la Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales en https://colombia.interfaithrainforest.org/