En marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa de ese país que se presentó como una alianza regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese momento fueron 12 países de América Latina los que se unieron a la iniciativa. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago fueron parte de esa primera foto en la que aparece Trump sentado en una mesa rodeado de estos mandatarios, todos de pie. Chile, sin embargo, estuvo presente solo como observador, su adhesión formal al Escudo de Las Américas se concretó en septiembre.

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Ahora son 17 los países de América Latina y El Caribe que forman parte del Escudo de Las Américas. Entre los últimos que se han sumado están Colombia, con Abelardo de la Espriella, y Perú, con Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones presidenciales. Guatemala, Jamaica y Belice también se han unido a esta coalición, mientras Bahamas permanece como observador. Todos los presidentes que se han unido a esta propuesta impulsada por Estados Unidos son afines, en términos ideológicos, a la política de Estados Unidos.

“No es un acuerdo amplio en que todos los países pueden intervenir, sino que es una propuesta que surge desde Washington y que tiene que ver con intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es una iniciativa vertical que tiene connotaciones políticas, económicas y militares”, dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Acosta agrega que el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un pretexto de Estados Unidos para establecer “un manejo económico que le garantice el control del suministro de los recursos estratégicos«, entre los que se encuentran minerales como el litio y el cobre.

Desde Chile, el economista Fernando Estenssoro, director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es más duro en su crítica a esta iniciativa, a la que cataloga como “nefasta para la soberanía de la región” y enmarcada en la pugna geopolítica de Estados Unidos con China.

Estenssoro agrega que el interés de Trump está en “los recursos naturales, en el petróleo, en el cobre”, en los minerales críticos y las tierras raras porque “Estados Unidos está en el proceso final de su declinación hegemónica, por tanto, ellos consideran que los recursos de nuestro continente, sobre todo Sudamérica, no pueden ir a parar a manos del ‘enemigo’ [China], sino que tienen que quedar en manos de Estados Unidos”.

El interés por los recursos naturales

“Tenemos más de 20 millones de kilómetros cuadrados y nuestros países son privilegiados en todo tipo de recursos naturales. También en tierras raras y en los minerales estratégicos que son necesarios para la digitalización y para las nuevas tecnologías”, comenta Estenssoro sobre el interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.

Estenssoro menciona que en Sudamérica está “la mayor reserva de petróleo del mundo”, refiriéndose a Venezuela. “Tenemos litio, tenemos Amazonía en Sudamérica, una gran fuente de recursos naturales y, además, un recurso en sí mismo porque presta servicios ecosistémicos. Tenemos agua, desde México hasta la Patagonia”, advierte.

En América del Sur, por ejemplo, se ubica el denominado Triángulo del litio, un espacio geográfico entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra la mayor cantidad de reservas mundiales de este elemento, que es un componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros equipos.

Sudamérica también tiene grandes reservas de otro mineral estratégico: el cobre. Un material de gran demanda en la industria de la construcción por su importancia para la fabricación de cables eléctricos, tuberías y sistemas térmicos, además de ser importante para la industria automotriz por su uso en la fabricación de motores y componentes electrónicos. El primer productor de cobre en el mundo es Chile, mientras que Perú ocupa el tercer lugar en la lista. En ambos países, China es el principal comprador de este mineral.

Sin embargo, el interés en el cobre no está solo en estas dos naciones. Aunque Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, actualmente  buscan abrirse paso en el mercado global, señala una investigación publicada por Mongabay Latam en julio de este año. El potencial es claro: el 40 % de las reservas mundiales de este metal se encuentran en Latinoamérica por lo que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea están en la búsqueda de nuevas alianzas con los países de la región.

En la Declaración conjunta relativa a la soberanía del hemisferio, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, se mencionan los tres pilares del Escudo de Las Américas: económico, de seguridad y coordinación multilateral.

El que se refiere a la economía dice específicamente que se va a potenciar “la cooperación económica, explorando mecanismos de control de las inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

“Es un juego de palabras, porque lo que quieren es asegurarse el control de los recursos naturales”, comenta Acosta sobre el texto que se incluye en la declaración de Estados Unidos. En ese contexto, menciona los tratados bilaterales de inversiones que el país norteamericano está firmando con los países que forman parte del Escudo de Las Américas. Por ejemplo,  menciona el convenio suscrito con Ecuador, en marzo de este año, “para asegurar el acceso a los recursos estratégicos”.

El 4 de febrero de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para la cooperación que incluye el suministro y procesamiento de minerales estratégicos como oro, cobre, plomo y tierras raras, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero. El acuerdo ha sido cuestionado por el Legislativo ecuatoriano.

En marzo de 2026, Chile y Estados Unidos también firmaron una Declaración Conjunta para establecer consultas de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Ese mismo mes, Perú y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras.

“Lo que se quiere es minimizar la presencia de China en el continente”, dice Acosta sobre la importancia geopolítica de esta iniciativa. Pero también suma otro componente detrás del Escudo de Las Américas: “la militarización de las sociedades”.

¿Territorios militarizados?

Para Acosta lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para asegurarse el control de nuestros países”. Pone como ejemplo “la ley que se aprobó [en Ecuador] hace un par de meses [en agosto]” porque “abre la puerta a la militarización de los territorios donde hay minerales para romper la resistencia de las comunidades que defienden esos espacios vitales, señalándolos como narcoterroristas de ser del caso”.

Y es que Donald Trump, durante su intervención en la versión 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, dijo que «Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos».

Trump aprovechó la asamblea de la ONU para realizar una reunión con los presidentes y representantes de los países que forman parte del Escudo de Las Américas que estuvieron en Nueva York. Durante la cita mencionó la riqueza natural de estos países y les pidió evitar que potencias externas hostiles se apoderen de ella.

Ricardo Soberón, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, también habla de lo que significa el Escudo de Las Américas para el país y para  Latinoamérica. “El costo de haber suscrito ese acuerdo político es demasiado grande para Perú porque acarrea acuerdos sobre inversiones, sobre explotación de minerales estratégicos, una posición frente a China y al puerto de Chancay. Hay muchas cosas por fuera de la lucha contra la criminalidad. A mi juicio, ha sido un terrible error. No ha habido una interlocución, un diálogo, un acuerdo entre países”.

Soberón considera lamentable que Perú y otros países de la región hayan “agachado la cabeza a este acuerdo” que, supuestamente, no es vinculante porque no es un tratado internacional, sino un acuerdo político. El problema es que “debajo de ese paraguas van a venir una serie de cartas, acuerdos, memorándum de entendimiento”.

El experto peruano también menciona los acuerdos sobre minerales estratégicos firmados con Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y lo sucedido en Venezuela, donde Estados Unidos “se ha adueñado del sector petrolero a partir de una decisión militar”. El ex jefe de Devida precisa que el Escudo de Las Américas ha logrado “asentar su presencia en la región sin ofertas financieras concretas” y recuerda que iniciativas como el Plan Colombia contaban con fondos comprometidos, pero que en esta ocasión solo se trata de “discursos vacíos de Donald Trump y Marco Rubio, utilizando la mayor presión política posible y los hechos del 3 de enero en Caracas que  permiten dar cuenta de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en la región”.

Los minerales detrás de la tecnología

Para Alberto Acosta, lo que Estados Unidos pretende es asegurar la tecnología para la inteligencia artificial, la cual requiere gran cantidad de minerales. “Actualmente, el consumo de minerales no solo es para la transición energética, sino que hay otros dos rubros que no siempre aparecen: el armamentismo y la inteligencia artificial”, precisa.

En el caso de las armas se requieren minerales de punta para su elaboración y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La lista de minerales usados para la fabricación de armas incluye grafito, cobalto, aluminio, litio, manganeso y tierras raras, entre otros. En el caso de la inteligencia artificial están el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, entre otros. “Ambas cosas tienen mucho que ver con los intereses de Washington. Estados Unidos es un imperio en decadencia y su talón de Aquiles es la tecnología”, asegura Acosta.

El economista ecuatoriano agrega que el gobierno de Trump está tratando de “disputar espacios tecnológicos con China” y parte de esa disputa es asegurar el acceso a minerales estratégicos. “No sólo son minerales, agua, biodiversidad, sino que, simultáneamente, Washington cuenta todavía con una gran ventaja comparativa que es su fortaleza militar”, menciona.

Estenssoro también entra al campo de la disputa por los minerales estratégicos y las tierras raras y pinta un panorama para los próximos 15 o 30 años cuando “la escasez de los recursos sea brutal”. “Eso lo saben todas las agencias estratégicas, está probado por Naciones Unidas, solo que antes se veía como un futuro muy lejano y hoy día está aquí”.

En la pugna con China por la tecnología, dice Estenssoro, “los últimos espacios que se están disputando son los microchips”, comenta, pues la industria automotriz, que era la gran industria de Estados Unidos y de Europa, ahora está siendo copada por marcas chinas. “Es cuestión de tiempo, quizá en cinco años la Boeing sea de capitales chinos. La tendencia es que China va subiendo y Estados Unidos va bajando”. En este contexto, añade Estenssoro, “el Escudo de Las Américas busca establecer un protectorado económico sobre nuestros países. Es una política de recolonización”.

Ricardo Soberón agrega que para el caso peruano, “en términos de minerales tradicionales como oro, plata, níquel, zinc”, lo que busca Estados Unidos es “asegurar las cadenas de suministro”, y en el caso de los minerales estratégicos, “generar las condiciones para que la empresas norteamericanas y no las chinas sean las que aseguren la compra y venta de esos minerales”. “Estamos en un proceso de confrontación empresarial donde la capacidad de influencia china es fuerte, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que en el hemisferio occidental nadie va a entrar a reemplazarlo”.

*Imagen principal: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas en marzo de 2026 . Foto: cortesía Casa Blanca.

Para miles de familias samarias, la cotidianidad se ha convertido en una condena marcada por el cansancio de almacenar agua en baldes, la angustia de esperar carrotanques inciertos y la humillación de pasar semanas o meses enteros en una sequía inducida por la desidia. Vivir sin agua no es un simple inconveniente técnico; es una herida abierta en el corazón de la dignidad de todo un pueblo.

En medio de esta penumbra institucional, la bandera que hoy levanta la exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, no es solo un llamado a la acción: es un grito de indignación transformada en esperanza. Al tomar las calles junto a la gente para reunir más de 50.000 firmas, Navarro está encendiendo la chispa de una ciudadanía que decidió no callar ni agachar la cabeza nunca más.

Esta movilización no busca pañitos de agua tibia; encarna la lucha sagrada por el futuro de Santa Marta. Cuidar con uñas y dientes los $786.000 millones garantizados para el agua es un deber moral con cada hogar que hoy sufre la escasez, pues esos recursos le pertenecen al pueblo y no pueden diluirse en el olvido de la burocracia o en mezquinas disputas de poder.

Del mismo modo, abrazar sin vacilaciones proyectos definitivos como las desalinizadoras significa romper de una vez por todas con las cadenas de la dependencia y la resignación. Ya no más carrotanques que perpetúen la miseria; lo que se debe garantizar y ejecutar es la infraestructura que devuelva el progreso y la tranquilidad a quienes no la tienen.

Y quizás lo más transformador de esta causa es que deposita la fuerza en la propia comunidad. La conformación de un Comité Cívico del Agua y la movilización popular son la prueba reina de que la ciudadanía ha decidido tomar el control de su propio destino, haciendo valer sus derechos a través de la veeduría viva y la acción jurídica.

Como de manera contundente lo ha recordado María José Navarro, “el agua es un derecho, no un favor de los políticos”. Los samarios están exhaustos de discursos vacíos, de diagnósticos eternos y de ver cómo el bienestar de sus familias se convierte en moneda de cambio electoral.

La recolección de firmas que inicia no es un simple trámite en un papel; es el despertar de un pueblo heroico que sale a marchar con el alma para exigir respeto. Firmar esta causa es levantar la voz por el niño que no puede lavarse las manos para ir al colegio, por la madre cansada de trasnochar esperando un hilo de agua en la pluma y por una ciudad histórica que merece florecer.

La paciencia se agotó y los discursos prometedores y deben acabarse y traducirse en hechos y para eso la ciudadanía de Santa Marta debe vigilar y hacer cumplir las obras que desde hace mucho debieron ejecutarse.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ese dato revela algo profundo: una ruta puede seguir abierta en el mapa, pero cerrarse en la práctica si aumenta el costo de transitarla. Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina: la victoria ya no se mide en banderas clavadas, sino en pólizas canceladas.

Tendemos a imaginar los grandes cuellos de botella de una manera dramática: minas, fragatas, drones, misiles. Sin embargo, el comercio global también depende de una capa invisible: el cálculo financiero.

Una zona no necesita estar bloqueada por fusiles y tanques para convertirse en un problema real. Basta con que se vuelva demasiado incierta, cara o riesgosa para sus operadores.

Por eso el conflicto en torno a Irán no puede leerse, únicamente, como una secuencia de ataques y represalias. Debe leerse también como una batalla por alterar las condiciones de circulación. Los caminos se cierran si los aseguradores retroceden, los armadores dudan, los fletes se recalculan o si el riesgo es incierto. La presión sobre el comercio se realiza sin la necesidad de batallones o baterías de misiles. Los bombardeos destruyen; la incertidumbre regula el desgaste.

Trump no solo ha bombardeado; su gobierno ha tenido que plantearse algo menos fotogénico: mecanismos de aseguramiento público y escoltas navales para algunos barcos en el Golfo. Esa es la confesión de que el problema ya no cabe en las acciones militares.

La pregunta principal ya no es quién puede derrotar militarmente, sino quién puede hacer más difícil la economía de su enemigo.

En este momento el objetivo no es la destrucción del rival, sino aumentar el costo de sostener la guerra, elevar la ansiedad de los ciudadanos, perturbar las rutas de abastecimiento y obligar a los gobiernos a gastar más dinero y energía en preservar la normalidad.

Por eso resulta insuficiente leer la coyuntura solo con categorías militares. La guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es una combinación de violencia armada, dislocación económica y castigo a la infraestructura. Un ataque no solo se mide por el cráter que deja, sino por las pólizas que multiplican el valor, los servicios que encarece y el miedo que siembra en los habitantes y las bolsas de valores.

Cuando el riesgo financiero empieza a rozar la infraestructura, la guerra cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta mover petróleo, sino de cuánto cuesta sostener ciudades.

Ahí entra el segundo frente: el agua.

Diversos análisis advierten que las plantas desalinizadoras del Golfo han pasado a ser objetivos militares. No porque muevan mercados, sino porque sostienen vidas. Esa observación debería bastar para cambiar la manera en la que pensamos esta crisis. Cuando una región depende de infraestructuras de desalinización para sostener su vida urbana, un ataque contra ellas no es un episodio técnico: es un golpe directo contra la supervivencia y la habitabilidad.

El petróleo domina la conversación porque mueve mercados. El agua, en cambio, debería preocupar más porque sostiene el tejido social. Una interrupción de suministro afectaría hospitales, hogares, saneamiento, electricidad y orden público.

Aquí emerge la paradoja iraní. Mientras participa en una crisis regional que puede poner en jaque la infraestructura hídrica de sus enemigos, Irán arrastra su propia emergencia de agua: presas en niveles críticos, racionamiento en Teherán y la advertencia sobre una posible evacuación de la capital si la escasez empeora.

Eso significa que el agua no es solo una vulnerabilidad del entorno, sino una fractura de Irán. Irán puede resistir sanciones, aislamiento o bombardeos, pero es difícil, prácticamente imposible, resistir el deterioro de las condiciones mínimas de vida. Cuando falta el agua, la geopolítica deja de ser un juego de élites y entra en la casa de las personas.

El conflicto está mostrando algo más amplio que una simple escalada regional: la transformación de la guerra en un sistema de presión distribuida. Ya no basta con contar bajas o medir el avance de la tropa. Hay que evaluar qué pasa con los seguros, las infraestructuras civiles, los recursos hídricos y la capacidad social de soportar una crisis prolongada.

Por eso no interesa la pregunta por el vencedor militar, sino por la sostenibilidad. ¿Cuál sociedad puede soportar, durante más tiempo, la combinación de miedo, costo, precariedad y desgaste? ¿Cuál Estado puede seguir prometiendo control si no garantiza circulación, abastecimiento y servicios?

Los titulares seguirán prefiriendo el estruendo, pero la guerra, como la vida, se decide en una póliza que no se renueva o en el grifo que no provee agua. Mientras las cámaras sigan buscando el destello del próximo misil, la verdadera guerra seguirá ganándose en el silencio de un despacho o en el eco de la tubería vacía.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales alto andinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

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Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB también firmó el 11 de septiembre de 2024 otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

Ahora, el tratamiento de ambos contratos está estancado en el Legislativo boliviano. Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Bolivia –que se celebraron el 17 de agosto- la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa rusa, con presencia policial y con denuncias de irregularidades. Este acuerdo pasó al pleno de Diputados, pero ahora está congelado por la decisión judicial. El contrato con el consorcio chino sigue pendiente en esa comisión.

“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, explicó a medios locales el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

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El 28 de julio, la Defensoría del Pueblo informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Estudio de impacto ambiental

La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.

La medida judicial se mantendrá hasta que se realicen estas medidas, informó Callisaya. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá solicitar, antes de continuar con el tratamiento legislativo de estos contratos, el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados para la consideración de sus contenidos.

En contacto con Mongabay Latam, Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), celebró la decisión judicial que se emitió en La Paz. El dirigente informó que su organización presentó el 12 de mayo una Acción Popular ante un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

En primera instancia, la Justicia de Colcha K determinó un fallo a favor de la organización que lidera Calcina, pero una semana después decidió revocar esa determinación. Es por eso que la CUPCONL decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que determine si el dictamen procede o no. “Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, afirmó Calcina.

Según el dirigente, la Justicia de Colcha K dispuso en mayo como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios hasta que se resuelva de fondo la acción legal. Todas esas decisiones luego fueron anuladas.

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“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar de acá a cinco o diez años. Al no contar con ningún tipo de información, se oponen las comunidades”, resaltó Calcina.

De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.

Según estos convenios, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socioambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al 100 % porque hubo reclamos de los comuneros.

Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.

El análisis

José Carlos Solón, sociólogo y miembro de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, dijo a Mongabay Latam que es “motivo de celebración” la decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino y con la empresa rusa.

“Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales del departamento de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos”, detalló Solón. El experto valoró el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Las medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. “En este tiempo es fundamental mantenerse alerta”, destacó Solón.

Tras enterarse de esta decisión judicial, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió en una conferencia de prensa que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio será un “precedente negativo” que perjudicaría en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería por la “judicialización de la economía”.

El mandatario dijo que esta decisión “es una mala señal” porque los contratos supuestamente iban a significar una inversión de 2000 millones de dólares, porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio. “Esto va tener un precedente negativo, no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos. El problema central está en que se desconoce y se está poniendo en riesgo la inversión en minería”, dijo.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, alertó a Mongabay Latam que, si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo la autoridad.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas -por ser los tres países miembros de los BRICS– sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es la reserva de litio más grande del planeta. Foto: Iván Paredes

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La lucha contra la contaminación plástica tiene un papel relevante este 2025. No solo forma parte del lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, también se espera que en este año la mayoría de los países del mundo logren (ahora sí) un tratado global contra la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones quedaron pausadas desde finales del año pasado.

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La promesa de este instrumento debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Sin embargo las diferencias entre los países en áreas críticas persistieron durante la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), realizada en Busan, Corea.

En un reciente mensaje, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los negociadores a retomar las conversaciones en agosto próximo con “la determinación de encontrar una vía común para superar sus diferencias y lograr el tratado que nuestro mundo necesita”.

Aun así, la producción de plásticos a nivel mundial sigue creciendo. Del año 2000 a 2019, la producción anual pasó de 234 millones de toneladas a 460 millones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que la cantidad de residuos plásticos se triplicará para 2060, sin políticas nacionales y cooperación internacional.

En medio de una creciente producción de plásticos y a dos meses de que los países vuelvan a reunirse para negociar un tratado mundial que intente frenar esta contaminación, Mongabay Latam comparte algunos esfuerzos en Latinoamérica que buscan comprender y atender esta problemática.

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Científicos de la basura: mapear la ruta de los plásticos

En Chile, un grupo de científicos trabaja desde 2008 en proyectos que involucran a estudiantes, docentes y voluntarios para tratar de entender la contaminación principalmente en playas y ríos.

Se trata de Científicos de la basura, una iniciativa que ha logrado conformar un red de colaboradores por toda la costa oeste del Océano Pacífico, para investigar las causas de la contaminación en zonas costeras y marinas.

En 16 años de trabajo, este proyecto ha realizado desde muestreos en Chile para medir la basura en playas del país, hasta coordinar personal de 50 escuelas de Latinoamérica para averiguar el origen de las botellas plásticas en el mar.

En 2023, por ejemplo, la red impulsó una investigación con más de 1000 voluntarios de nueve países que recolectaron y clasificaron botellas y tapas plásticas de 92 playas del continente para identificar el origen de la contaminación. El estudio confirmó que el 59 % de las botellas de plástico provenían de la misma localidad donde fueron recolectadas.

“A los voluntarios les pedimos ir a sus playas, tomar botellas plásticas y contarnos los códigos que hay en ellas. Hay códigos distintos de una botella que pueden dar mucha información y esto también nos ayudó a poder decir que la mayor parte tiene un origen local”, explica Mauricio Ergas L’Homme, coordinador de proyectos de Científicos de la basura.

Para el biólogo marino, generar este conocimiento permite tomar acciones en localidades para difundir la problemática de la contaminación por plásticos.

“Si la mayor parte de la basura viene de la gente que está utilizando una playa o un río, significa que si hacemos conciencia local, nuestro río, nuestra playa podrían estar mucho más limpios”, señala el investigador.

Ergas señala que a nivel latinoamericano hay un problema serio de contaminación principalmente por plásticos de un solo uso, por lo que se requieren regulaciones a nivel internacional, que los países emitan un tratado global, el cual debe contemplar impuestos y medidas para las empresas productoras de plásticos.

El biólogo también destaca que la ciencia colaborativa de estos proyectos ha logrado resultados en política ambiental a nivel local.

“En Chile nuestras investigaciones fueron una base importante para la ley que nos hizo prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Toda esa idea y buena fe venían en parte de las investigaciones que habíamos hecho”, cuenta Ergas a Mongabay Latam.

También destaca que en Panamá, una profesora colaboradora de Científicos de la basura alcanzó una diputación, por lo que ahora busca replicar más esfuerzos de colaboración en colegios del país.

“Existen diferentes caminos y posibilidades, también con alianzas con ONG que permiten esta articulación, en la que nos concentramos en hacer estas investigaciones, que a la vez nutren a agrupaciones para avanzar en el tema político”, sostiene.

Actualmente, la red de Científicos de la basura trabaja en el Proyecto “Viajeros del Océano”, en el que también a través de la participación de voluntarios investigan la basura flotante, especialmente plásticos, en los océanos y en organismos epibiontes, como son las algas, percebes y hongos.

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Regular plásticos del comercio electrónico en México

El comercio electrónico en México, principalmente en la capital del país, ha provocado un problema ambiental por la generación de más de 235 toneladas diarias de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 29 camiones de basura plástica, de acuerdo con un informe de la organización Oceana México.

Esto ha motivado a ambientalistas y organizaciones a promover un cambio en la ley donde se detenga el uso de estos plásticos innecesarios y de un solo uso en el envío de comercio electrónico en la Ciudad de México.

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia Política de Oceana México, explica que la llegada de empresas chinas de comercio electrónico probablemente incrementó la cantidad de basura plástica de un solo uso que se ha reportado desde 2021, por lo que señala la urgencia de regular el exceso de plástico a través de la ley de la ciudad.

“Lo que estamos pidiendo es que esta legislación exista, que se ponga un freno para que la Ciudad de México siga siendo la pionera en ponerle freno a la contaminación plástica, como ha sido en los años anteriores”, comenta Gocher en referencia a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que en 2020 estableció la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, la prohibición de desechables como cubiertos, popotes, mezcladores o platos.

La propuesta, explica, busca modificar el artículo 3 de la ley para definir el embalaje como el material que contiene los productos enviados mediante comercio electrónico, pues la norma actual se emitió previo a la pandemia de COVID-19, época donde la compraventa de productos mediante plataformas como Amazon o Mercado Libre se disparó.

Gocher sostiene que la iniciativa busca modificar los artículos 23 y 25 de la misma ley, donde se indican las responsabilidades de las empresas responsables de la producción, recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de productos, pues se busca que generen planes de tratamiento para los residuos plásticos.

De acuerdo con una investigación de Oceana México, solo en 2021, la Ciudad de México gastó más de 2.7 millones de dólares en la gestión de basura plástica innecesaria del comercio electrónico, por lo que señalan una omisión de las empresas de comercio electrónico en la cadena de suministro.

La investigadora señala que la iniciativa fue presentada ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México para su revisión, pero la iniciativa no avanzó a ninguna etapa legislativa.

“Eso ocurrió en la legislatura pasada, pero ahora tenemos grandes posibilidades [de que avance la iniciativa] porque va iniciando la legislatura, va iniciando el gobierno que tiene una línea de erradicar el consumo de plásticos. Estamos ahí trabajando para que sea posible”, sostiene.

Educación ambiental en las juventudes de Perú

Ante la ola de contaminación plástica que viven desde hace años las playas de la Zona Metropolitana de Lima, Perú, una iniciativa de educación ambiental organiza jornadas de acción contra esta problemática.

La asociación Canto Vivo trabaja desde hace 25 años la educación ambiental especialmente en infancias y juventudes, con el objetivo de que se involucren en proyectos comunitarios sensibles a los problemas ambientales de la capital peruana.

Dayamis Torino Véliz, responsable del área infantil y juvenil de Canto Vivo, cuenta que precisamente ante la falta de limpieza permanente y de una política local para el tratamiento de residuos, la iniciativa realiza campañas de sensibilización ambiental y saneamiento en playas de Lima, donde encuentran principalmente plásticos.

“En los veranos tenemos muchos problemas con el desecho en las playas. Felizmente ha habido un avance gracias a las iniciativa de varias organizaciones, en las que hacemos partícipes a los jóvenes como voluntarios de esta jornadas de recolección”, expone.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, esto representa el 46 % de los residuos de este tipo a nivel nacional.

Por este motivo, Torino sostiene que los esfuerzos por inculcar el reciclaje se ven opacados por la ausencia de normas y leyes que contemplen el tratamiento de residuos o limiten su producción.

“Una vez que reciclamos, ¿cuál es el destino final de esos residuos? Simplemente llega el camión de basura y lo junta todo. (El reciclaje) queda como una nebulosa en el limbo, sino fuera por los trabajadores informales que separan los residuos”, sostiene.

La integrante de Canto Vivo cuenta que pese a este panorama han logrado construir proyectos resilientes con juventudes en educación ambiental, como el programa de Huertos Solidarios, en el cual utilizan ciertos desechos plásticos para sembrar alimentos en colegios en zonas urbanas.

“Los espacios verdes son casi nulos, entonces usamos botellas y bidones para hacer utensilios para cavar la tierra e implementar huertos en escuelas”, explica Torino.

El proyecto —que cuenta ya con 25 huertos— está basado en los principios de la cooperación y la solidaridad que también involucra a padres y madres de familia para replicar formas más responsables de consumo en los hogares, así como fomentar la seguridad alimentaria, afirma la ambientalista.

Uno de los huertos está ubicado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima como parte de los esfuerzos de reinserción social y sensibilización ambiental para adolescentes que han sido privados de la libertad.

Imagen principal: voluntarios de al menos 9 países de Latinoamérica colaboraron con científicos para identificar el origen de la contaminación por botellas plásticas en sus playas. Foto: cortesía Mauricio Ergas / Científicos de la basura

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

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Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

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El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

El artículo original fue publicado por Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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