No es que la oposición pacífica como la que hace Maria Corina Machado en Venezuela no merezca reconocimiento. Claro que sí. En tiempos donde disentir puede costar la libertad o la vida, resistir sin armas es un acto valiente. Pero cuando el Nobel se convierte en un guiño —en este caso, contra Maduro— pierde parte de su valor y esencia. Se vuelve un trofeo de ocasión, una medalla que no honra el esfuerzo de quienes construyen paz en trincheras invisibles.

¿Dónde queda Gaza, donde la resistencia civil se enfrenta a bombardeos diarios? ¿Dónde están las comunidades del Catatumbo, donde se sobrevive entre fusiles y promesas rotas? ¿Y Ucrania, donde los voluntarios cruzan campos minados para entregar medicinas y esperanza? Ellos no tienen lobby en Oslo ni portavoces en Bruselas. Pero su mérito es tangible, doloroso, urgente.

El Nobel debería incomodar al poder, no alinearse con él. Debería premiar a quienes incomodan con su Paz, no a quienes encajan en la narrativa del momento. Este año, el galardón se politizó tanto que parece más una resolución del Parlamento Europeo que una decisión del Comité Noruego.

La paz no se mide en comunicados ni en aplausos internacionales. Se mide en vidas salvadas, en territorios recuperados, en silencios que ya no son miedo. Y en ese sentido, este Nobel quedó corto. Muy corto.

En primera medida, esto es otra reconfirmación de cómo el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial ha fracasado. El esquema de Naciones Unidas cada vez se parece más al modelo de la Sociedad de Naciones, que poco o nada hizo en el periodo entreguerras hace un siglo. Adicionalmente, la lucha por los objetivos de desarrollo se ha convertido en un ideal supremo que parece inalcanzable debido a la desconexión de las decisiones políticas de cada uno de los países.

Asimismo, la ejecución de consejo supremo para evitar conflictos como lo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con representación desigual, con vetos de algunas superpotencias y con incapacidad de evitar o de frenar conflictos en cualquier rincón del planeta hace pensar que aquella nación que desee romper el frágil orden internacional podría hacerlo sin repercusiones y con una vía libre para la consecución de sus objetivos.

También es de gran reflexión que haya un gran policía global que determine quienes pueden y quienes no hacer algunas cosas. Estados Unidos se convirtió en ese supremo juez que permite quiénes pueden tener relaciones con algunos países, quienes pueden tener armas nucleares o quienes pueden tener intereses contrarios a los suyos.

Ahora bien, el hecho de que Israel y Estados Unidos estén en conflicto hace reflexionar sobre la línea de suministros para la defensa estratégica y los activos bélicos de Colombia. Con respecto a Israel, Colombia depende enormemente de su ala aérea y de armamento para la infantería del ejército. En tanto a Estados Unidos, dependemos en términos de inteligencia, Fuerza Aérea, armamento pesado del Ejército, armamento de la policía y parte de las armas de la Armada. Con la adición de que EEUU cuenta con la Ley de Control de Exportación de Armas (Arms Export Control Act, AECA, lo que le da opción al Congreso de derecho de revisar y, en ciertos casos, bloquear las exportaciones de armas a otros países.

Lo anterior pretende decir que a pesar de la existencia de la INDUMIL y de COTECMAR, aún Colombia depende en extremo de otros países para poder contar con su propio material bélico y de defensa, lo cual se convierte automáticamente en una confirmación para encontrar el camino que permita la autonomía en la producción de armas.

Esto se puede lograr con avances como el realizado por la Fuerza Aérea al elegir a la empresa SAAB para el reemplazo de los aviones supersónicos, que incluye la transferencia de conocimiento para el mantenimiento dentro del territorio nacional y la posibilidad del desarrollo de armamento en el país. También es una buena ruta la contratación de las Plataformas Estratégicas de Superficie, reemplazo de las fragatas clase Almirante Padilla, a través de una empresa francesa que usaría los recursos de COTECMAR como una forma de fortalecer la industria nacional y de garantizar que Colombia pueda fortalecer la autonomía de defensa.

Sin embargo, no logra ser suficiente ese esfuerzo. Es pertinente que haya una alianza público-privada que permita crear una entidad que desarrolle armamento pesado para no depender de proveedores que pueden bloquear la venta de armas o que por su estado de conflictividad no garantice la línea de abastecimiento para el país.

Nota al pie de página: Esta propuesta debe ir muy alineada con una propuesta de desarme en Colombia. Se debe garantizar el monopolio de las armas en el país, no solo en el ámbito del conflicto armado sino dentro de los civiles. Se debe reducir la cantidad de armas blancas y armas de fuego que son portadas legal e ilegalmente para garantizar bienestar en la población y que las fuerzas armadas puedan cumplir a cabalidad su función.

Haciendo un seguimiento en redes sociales se observan bastantes detractores por diferentes razones. Unos consideran que es un monto insignificante, otros que es un abuso con los más pobres pues se les traslada un costo y de paso se enriquecen las arcas de las empresas productoras, y los últimos muestran una gran preocupación por el destino que vaya a tomar el dinero recolectado.

(Vea: A pagar 20 pesos por cada bolsa plástica)

Tienen razón quienes alegan que la medida sería más efectiva si el cobro fuera más alto. Pero esto podría resolverse de una manera distinta a aumentar el impuesto. Aunque la sensación general es que los grandes supermercados regalan las bolsas, la realidad es que este gasto nada despreciable (entre 30 y 200 pesos por unidad) termina agregado en el precio final de los productos. El mejor ejemplo en Colombia es el almacén D1 que para ofrecer precios más bajos no “regala” las bolsas.

De acuerdo a esta lógica, lo ideal sería legislar para que los almacenes cobren y facturen por separado las bolsas plásticas, de este modo el precio sería más significativo como muchos opinan y el ahorro beneficiaría a la población que decida usar alternativas a la bolsa plástica.

Que el impuesto afecte en especial a los pobres es discutible, pues basta con dejar de usar bolsas plásticas y pasarse a otras alternativas como el carrito, un morral, el canasto, las bolsas de tela o tejidas a crochet. Y Sobre el supuesto beneficio a las empresas productoras de bolsas plásticas cabe anotar que el impuesto lejos de favorecer esta industria la pone en aprietos pues aumenta el valor de las bolsas sin que las empresas capten este recargo .

Respecto a la preocupación por el destino del dinero recolectado no hay defensa, es legítimo y cabe una crítica al Ministerio de Ambiente, pues aún no se ha establecido un fin determinado para el dinero. Aunque Carlos Díaz, representante de la oficina de Negocios Verdes del Ministerio de ambiente, en una publicación de Semana Sostenible mantiene que el fin del impuesto no es recolectar dinero sino desestimular el uso de las bolsas, y que un caso de éxito sería una nula recaudación, lo cierto es que se recaudará una cifra importante:

“una disminución de 25 por ciento en el uso de bolsas plásticas significaría el recaudo de 145.000 millones de pesos para las arcas de la nación, tan solo en el primer año. La proyección moderada indica que si el consumo decrece el 50% se recogerán 119.000 millones de pesos. Por último, una reducción del 75 por ciento se traducirá en 94.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto del país.” Semana Sostenible junio 29 de 2017

(Ver: Bolsas plásticas: todo lo que tiene que saber sobre el nuevo impuesto – Semana Sostenible)

Es flojera metodológica haber implementado el impuesto sin antes haber establecido cómo debería usarse este recurso, en especial en un país en donde el presupuesto para la cartera de ambiente es famélico. Es tarea del Ministro de Ambiente definir a través de acuerdos con otras instituciones el uso del dinero, ojalá con un sistema de transparencia que permitiera la veeduría ciudadana y de organizaciones ambientales, lo cuál crearía un ambiente de confianza que afianzaría el objetivo final de la medida.

Pero profundizando más allá del cobro y su monto, se debería plantear la reflexión sobre la influencia de esta medida en el diario vivir de la sociedad colombiana. La existencia de este impuesto obliga a los consumidores a pensar sobre el tema de manera cotidiana, a discutir sobre el uso de las bolsas plásticas, su impacto y por qué algunos están interesados en que disminuya. Es importante anotar, que anteriores al impuesto se han gestado en Colombia diferentes campañas pedagógicas de concientización, pero al parecer no han sido tan efectivas.

El consumo de bolsas plásticas en Colombia es realmente alto. Mientras en Alemania una persona usa en promedio 70 bolsas por año y ésta cifra es cuestión de preocupación (Nabu, 2017), según el Ministerio de Ambiente en Colombia esta cifra es de 288 bolsas. El consumo debe disminuir, pues en buena parte de los municipios de Colombia las bolsas plásticas son un problema insostenible, los rellenos sanitarios no aguantan y en regiones con vientos fuertes como en el Caribe, los restos de bolsas ancladas en palos, cercas, rejas y cuánto obstáculo encuentran son parte del paisaje urbano, rural y natural.

Es evidente que en Colombia tocaba hacer algo para regular el consumo de bolsas, y el impuesto es una medida que ha tenido gran éxito en otras partes del mundo.

Según cifras de Earth Policy Institute para el 2014 en Africa 19 países habían implementado la medida, en Asia 15, en Europa 31 y en América 8 incluidos Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Haiti y Uruguay.

En Irlanda, que es un caso de éxito mundial, después de 5 meses de implementado el impuesto el consumo de bolsas disminuyó en un 90% (Larsen & Venkova, 2014). En octubre del 2015 Inglaterra implementó un impuesto de 5 centavos de libra por cada bolsa, y para julio del 2016 el consumo había disminuido en un 85% (Smithers, 2016). En Botsuana, Africa, en el 2007 se implementó el impuesto y 18 meses después el consumo había decrecido en un 50% (Dikgang & Visser, 2010). En Washington, Estados Unidos, se implementó otra medida, un bono para aquellos que reutilizaran las bolsas plásticas, de este modo el 80% de las personas continuaban usando bolsas nuevas, pero después de implementar el impuesto esta cifra bajó al 40% (Homonoff, 2016).

La polémica sobre el beneficio o no de la implementación del impuesto parece ser la constante en todos los países en los que se aplica, lo cuál lleva a pensar que podría ser una de las consecuencias directas de la medida: la reflexión ciudadana.

En algunos países en los que la medida lleva años, como Alemania, existe además una conciencia colectiva que ha llevado a una dinámica en la que la gente se rehusa a recibir las bolsas así sean regaladas; los almacenes a pesar de venderlas no las ofrecen; e incluso hay acciones voluntarias como el convenio entre Nabu, una organización ambiental alemana y dos de las cadenas de supermercados más grandes del país: REWE y Peny, que han abolido la venta de bolsas plásticas, reemplazándolas por bolsas de papel o cartón.

No solo en Frankfurt, en todo el país! El acuerdo se aplica a nivel nacional, Alemania completa ? https://t.co/cTLVDCxu77

— NABU e.V. (@NABU_de) July 7, 2017

También el discounter Penny! Otros 62 Mio de bolsas plásticas menos cada año ? https://t.co/GpS0RwnyLT

— NABU e.V. (@NABU_de) July 7, 2017

De acuerdo a la experiencia internacional, es poco probable que la medida fracase. En el peor de los escenarios el impuesto disminuirá el consumo de bolsas plásticas en un 20%, es decir alrededor de 2.800`000.000* bolsas plásticas menos cada año, lo cuál en la situación actual sería una ganancia.

De otra mano, el debate que se ha generado en las discusiones cotidianas de las personas es enriquecedor y positivo, pues surgen reflexiones colectivas y nuevas ideas, la base perfecta para un cambio de paradigma que lleve incluso a los más resistentes a encontrar bondades en cambiar nuestros deficientes hábitos de consumo.

¿Debemos llevar bolsas en el bolsillo cuando salimos?

— Moisés Wasserman (@mwassermannl) July 8, 2017

Referencias

Smithers, R. (julio de 2016). England’s plastic bag usage drops 85% since 5p charge introduced. The Guardian.

Dikgang, J, Visser, M. (2010). Behavioral Response to Plastic Bag Legislation in Botswana. Environment for Development Discussion Paper Series. Recuperado de:  http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/EfD-DP-10-13.pdf

Homonoff, T. (Noviembre 23 de 2016). Do Bag Fees Affect Consumer Behavior? Plastic Pollution Coalition.

Larsen, J, Venkova, S. (Mayo de 2014). The Downfall of the Plastic Bag: A Global Picture. Earth Policy Institute. Recuperado de: http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2014/update123