A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados.

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva.

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio.

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega.

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen.

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio.

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”.

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %.

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados.

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice.

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional.

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente.

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”.

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces.

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen.

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona.

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma.

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé.

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos.

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena.

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”.

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención.

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados.

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su “ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (…) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan”. Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados.

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral.

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados.

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente.

Las promesas incumplidas

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento.

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta.

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas.

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta.

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función.

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce.

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración de portada: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

—
Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El escalamiento del conflicto armado y las disputas territoriales para el control de actividades ilegales siguen complicando el panorama de los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Este 10 de abril, la organización Somos Defensores publicó el informe Sin Protección, en el que revela que durante 2024 se presentaron 727 agresiones contra 655 defensores.

Dentro de la categoría de agresiones, la organización considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (56 %), seguidas de los asesinatos (22 %), los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (6 %) y los secuestros (3.3 %).

En 2024 se presentó una disminución del 5 % sobre el total de agresiones en comparación con 2023 (38 hechos menos). Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una reducción, al pasar de 168 en 2023 a 157 en 2024.

Sin embargo, el informe destaca que la disminución es poco representativa y no se puede interpretar como una mejora en cuanto a la situación de riesgo. De hecho, el peligro para los defensores es generado en gran medida por el accionar de los grupos armados ilegales que durante el año pasado decidieron agudizar las agresiones y sumir al país en un ambiente de violencia exacerbada. Así, se han ido postergando los procesos de negociación en busca de la paz que se llevan a cabo con el Gobierno Nacional.

Lee más |Detenciones, amenazas y un asesinato: el clima de violencia que enfrentan los defensores que se oponen al Tren Interoceánico en México

La violencia detrás de las cifras

“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, señala el documento.

Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, el silenciamiento de los líderes y lideresas tiene un efecto directo en la capacidad de mostrar y evidenciar lo que realmente está pasando en los territorios.

“Más allá de eso, el silencio de líderes y lideresas es también una estrategia para salvaguardar su vida. Es un impacto al tejido social y a los procesos organizativos”, comenta Torres, y agrega que “se va extinguiendo la posibilidad de lograr transformaciones reales, sobre todo para los contextos de enorme desigualdad y vulneración, que es donde acontecen principalmente estos silenciamientos”.

Al igual que los asesinatos, las amenazas también descendieron, al pasar de 436 en 2023 a 404 en 2024. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 44 cuando en 2023 se registraron 35. Es decir, hubo un incremento del 26 %. Por su parte, los secuestros se triplicaron al pasar de 8 a 24 casos.

“Es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro como hechos previos al asesinato”, señala el informe. En el caso del desplazamiento forzado, los expertos aseguran que implica el desarraigo y es un golpe directo no sólo al líder y a su familia, sino a los procesos organizativos, que se van quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocerías.

En 2024 las noticias nacionales no sólo registraron casos de desplazamiento sino de confinamiento debido al conflicto armado y a las órdenes de los grupos ilegales para que nadie salga o entre de los territorios. Esta situación se ha vivido fuertemente en el departamento de Chocó.

Si bien el informe no incluye cifras sobre este tema, Torres asegura que los líderes y lideresas que están confinados no pueden hacer su ejercicio de defensa y no pueden hacer nada por sus comunidades.

La coordinadora de Somos Defensores menciona que antes los líderes abogaban ante los grupos armados para poder entrar alimentos a las zonas confinadas o para garantizar la atención médica de las personas que lo necesitaran. Sin embargo, esto cada vez ocurre menos porque los territorios tienen minas de explosivos. “Con el confinamiento muchas veces se limita totalmente el ejercicio del derecho a defender derechos”, dice Torres.

Lee más |Violencia contra defensores, crimen organizado, crisis climática: desafíos ambientales que enfrenta Latinoamérica en 2025

Presos de los grupos armados

A finales de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó su informe Retos Humanitarios 2025 sobre la situación que se vive en Colombia. Allí aseguran que el confinamiento de comunidades se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas, ya que, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88 874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior.

El CICR destaca que la restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos. Además, el informe resalta que el desplazamiento continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados, pues 41 228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente.

“La intensificación de los enfrentamientos armados, el mayor control de los actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis”, dice Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Hamilton asegura que desde el CICR, al igual que desde otras organizaciones humanitarias, siguen trabajando para reducir los riesgos y atender las consecuencias de los conflictos armados, pero que ningún esfuerzo humanitario puede sustituir el compromiso de las partes de respetar las normas del derecho internacional humanitario.

Lee más |Pueblos indígenas en 2024: la violencia fue constante para los defensores y sus territorios en la región

Las zonas más críticas

Las 727 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos durante 2024 ocurrieron en Bogotá Distrito Capital y en 28 de los 32 departamentos del país.

Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (197), Antioquia (81), Valle del Cauca (67), Norte de Santander (48), Santander (42), Cesar (37), Bogotá (37), Arauca (29), Magdalena (27) y Bolívar (23). En estos departamentos ocurrieron 588 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.

Cauca lleva varios años siendo el departamento más peligroso para los liderazgos, en gran medida porque su ubicación en la región pacífica es geoestratégica para actividades como el narcotráfico y el paso de armas y grupos ilegales. “Se han exacerbado los enfrentamientos con ocasión de la presencia de los actores armados ilegales, que han convertido varias regiones en campos de batalla, donde los liderazgos, en su mayoría indígenas, arriesgan a diario su vida en defensa del territorio en su integralidad”, indica el informe.

En Cauca ocurrieron 197 de las agresiones registradas en 2024 y 144 corresponden a liderazgos indígenas, los cuales fueron víctimas de 12 asesinatos, 107 amenazas, 19 atentados, una desaparición forzada, cuatro secuestros y un desplazamiento forzado.

El departamento de Valle del Cauca también se ubica en la región Pacífica y ha sufrido un recrudecimiento de la violencia en contra de sus líderes: 18 asesinatos ocurrieron en este territorio.

Walter Ágredo es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), una organización que tiene como objetivo instar al Estado a respetar la democracia y los derechos humanos. Ágredo trabaja en Valle del Cauca y asegura que en su departamento han entrado a operar grupos armados que antes del Acuerdo de Paz con las FARC no tenían presencia. Esto se debe, según comenta, a que este territorio también es parte de una ruta importante para las actividades de los grupos armados.

“Las comunidades dicen que la situación ha empeorado porque antes se podía mantener un diálogo sobre las vulneraciones de derechos humanos con las estructuras armadas, que tenían un mando y una cabeza visible”, dice Ágredo. La diferencia, añade, es que los armados ahora no tienen una jerarquía organizacional, ni premisas políticas o líneas éticas claras.

El informe de Somos Defensores destaca que el departamento de Nariño (también el Pacífico), que en las cifras de 2023 aparecía en tercer lugar con 67 agresiones, descendió al puesto 13 en 2024 con 14 casos, lo que equivale a una reducción del 79 %. “Esto puede estar asociado con el silenciamiento de zonas como el occidente y la cordillera de este departamento, así como con la estrategia del Gobierno Nacional de adelantar diálogos regionales con los grupos postacuerdo [aquellos conocidos como disidencias de las FARC] y el ELN”, plantea el informe.

Esto último podría considerarse como un logro que también proviene de las fracturas y divisiones internas que están teniendo estos grupos. De hecho, el presidente Gustavo Petro al enterarse del fraccionamiento de la Segunda Marquetalia (una disidencia de las FARC) en noviembre pasado señaló que “esta división en los grupos violentos es un avance en la paz”.

Sin embargo, Somos Defensores advierte que en un mediano plazo podría provocar un recrudecimiento de la violencia debido al rearme de los grupos y a las disputas armadas con estructuras de más capacidad como el ELN.

Astrid Torres es enfática al indicar que es peligroso que el Gobierno tenga la idea de que las atomizaciones o fragmentaciones de los grupos armados pueden contribuir a la paz, cuando se ha visto que eso no es así. “Es algo muy contradictorio”, asegura.

Ágredo coincide con Torres y asegura que las comunidades tienen “una preocupación por la multiplicación de actores armados a partir de la firma del Acuerdo de Paz”. Para él, las agresiones las sufren todas las personas de las comunidades, pero se centran en los hombres y mujeres que asumen liderazgos. “Han aumentado las amenazas, los desplazamientos y los seguimientos. En el caso de las mujeres se ha vuelto común que las amenacen con matar a sus hijos o con violarlas y ultrajarlas”, dice.

Lee más |“Los defensores ambientales están muy solos” | ENTREVISTA

Los agresores

El liderazgo más afectado en Colombia durante 2024 fue el indígena, con 195 agresiones, de las cuales el 74 % se dieron en el departamento de Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (157), el comunitario (109), el campesino (83), el de víctimas (45) y el de derechos humanos (39).

Torres menciona que la agresión al liderazgo comunal, representados en juntas de acción comunal formadas por vecinos que se unen para resolver problemas y promover el desarrollo de su comunidad, aumentó un 40 %.

Otro de los puntos que se destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 268 (37 %) de los hechos violentos en contra de los líderes se desconoce quién fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 177 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las FARC fueron señalados en 160 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 42.

El informe eleva su preocupación por casos en los que se desconoce quiénes son los agresores porque esto se relaciona con el aumento de los niveles de impunidad en las investigaciones. “A los autores desconocidos se les atribuyen 134 amenazas, 61 asesinatos, 43 atentados, dos torturas, siete desapariciones forzadas, seis secuestros, cinco robos de información y 10 desplazamientos forzados”, menciona el documento.

Y es que según cifras de la Fiscalía de Colombia, entre 2016 y 2024, se recibieron 1322 casos por homicidios contra defensores, de los cuales sólo 227 han llegado a sentencias sancionatorias (17 %).

“Esto nos muestra que seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Todos siguen en la impunidad porque nadie nos muestra cifras de eso”, asegura Torres.

El último gran llamado que hace el informe de Somos Defensores es para que todas las instituciones del Estado que tengan relación con temas que involucren a los defensores trabajen coordinadamente. No sólo se trata de reconocer la presencia de riesgos, sino de generar respuestas estructurales a los contextos de agresiones, sostiene el documento. “Si bien esto ha sido documentado y recomendado en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las instituciones del Estado no han presentado una respuesta oportuna, dando lugar a la materialización de numerosos riesgos advertidos previamente”.

*Imagen principal: velorio de dos indígenas de la etnia awá, en Nariño (Colombia). Foto: Asociación Minga

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.