El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (exministro de Comercio, Industria y Turismo), lo que anticipa que la diplomacia económica y la política comercial serán pilares centrales del nuevo gobierno. Esto es, a la vez, una oportunidad y una obligación. Durante más de tres décadas, Colombia equiparó la política comercial con la negociación de tratados de libre comercio y la promoción de exportaciones de sus materias primas. Esa estrategia generó, como logros reales, una de las redes de acuerdos comerciales más amplias de América Latina, pero dejó pendiente la tarea más difícil: convertir el acceso a mercados en crecimiento productivo sostenido, diversificación económica y resiliencia.

La economía internacional de hoy exige algo fundamentalmente distinto. La política comercial ya no se limita a las negociaciones arancelarias ni a la promoción de exportaciones. Se ha convertido en un instrumento de política exterior, estrategia industrial, seguridad nacional, competencia tecnológica y resiliencia económica. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de cadenas de suministro, los subsidios industriales, la regulación climática y la coerción económica han transformado el entorno en que los países persiguen el desarrollo.

En este nuevo contexto, la pregunta ya no es si los países deben ser abiertos al comercio. La pregunta es si poseen una estrategia coherente para competir en una economía internacional cada vez más fragmentada. Por eso, Colombia debería prestar atención a un concepto que ha recibido escasa atención en América Latina: la “Diplomacia del Bambú” de Vietnam.ⁱ

El concepto es extraordinariamente sencillo, pero a la vez creativo. Al igual que el bambú, la política exterior debe tener raíces profundas en los intereses nacionales, un tronco estratégico firme y estable, y ramas lo suficientemente flexibles para doblarse sin romperse. Vietnam ha resistido la tentación de plantear las relaciones internacionales como una disyuntiva entre Washington y Pekín. En cambio, ha profundizado simultáneamente sus relaciones con Estados Unidos, mantenido vínculos económicos estables con China, expandido alianzas con Japón, Corea del Sur, India, Australia y la Unión Europea, y convertido esa red diplomática diversificada en inversión, transferencia tecnológica, modernización industrial y crecimiento exportador.

Los resultados de Vietnam son contundentes. Las exportaciones de mercancías de Vietnam pasaron de unos

14.48 mil millones de dólares en el año 2000, pasando a 176.58 mil millones en 2016, hasta alcanzar aproximadamente 404.82 mil millones de dólares en 2024, según datos del Banco Mundial, lo que supone un aumento de veinticinco veces, al tiempo que el país mantenía relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, sus dos principales socios comercialesⁱⁱ. La inversión extranjera directa registrada alcanzó aproximadamente los 12 600 millones de dólares en 2016 y los 20 170 millones de dólares en 2024, mientras que en el año 2000 la cifra apenas alcanzaba los 1.300 millones de dólares.ⁱⁱⁱ La canasta exportadora migró de materias primas a electrónica, maquinaria y manufactura de alto valor, maquinaria eléctrica y equipos solo representaron más del 40 % de las exportaciones de mercancías en 2025.^iv Esa transformación no fue fruto de la geografía ni de la suerte. Fue el resultado de una estrategia deliberada y coherente: la diplomacia del bambú plasmada en una política industrial.

La lección no es que Colombia deba copiar a Vietnam. Las realidades estratégicas son distintas. La pregunta pertinente es si Colombia puede adoptar el principio subyacente: una política comercial firmemente anclada en los objetivos claros de desarrollo nacional y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para relacionarse constructivamente con potencias económicas en competencia.

¿Cómo se vería esa política de Bambú en el contexto colombiano?

Primero, Colombia debe redefinir su diplomacia comercial. Las embajadas no pueden seguir funcionando principalmente como representaciones políticas en el exterior. Deben convertirse en plataformas de diplomacia económica—medidas por resultados concretos: acceso a mercados conquistados, inversión atraída, cooperación regulatoria avanzada y apoyo efectivo a empresas colombianas.

El rol que se perfila para el vicepresidente Restrepo como “supercanciller” coordinador de la política comercial y exterior ofrece una columna institucional concreta para esta reforma, que debe traducirse en mandatos específicos, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. El nuevo Gobierno ya ha dado a entender que el cuerpo diplomático será evaluado en función de los resultados económicos, un principio que la comunidad ampliada de la política comercial debería ayudar a poner en práctica mediante mandatos específicos, indicadores de rendimiento y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

Segundo, Colombia debe superar el debate cada vez más artificial sobre si su futuro está con Estados Unidos o con China. Ambas economías seguirán siendo socios indispensables de Colombia, al igual que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India, la ASEAN y América Latina. Una Política Comercial del Bambú no buscaría neutralidad; buscaría la diversificación estratégica. En lugar de reducir la dependencia de un socio sustituyéndolo por otro, Colombia debería ampliar su abanico de relaciones económicas.

Hoy, Estados Unidos y China concentran cerca del 50 % del comercio exterior colombiano,^v una concentración que nos hace estructuralmente vulnerables. Según Analdex, solo 411 empresas generan el 91 % de las exportaciones de Colombia,^vi un nivel de concentración que excluye a la gran mayoría de las empresas colombianas de los mercados internacionales. Corregir este desequilibrio no es una opción política: es una necesidad económica.

Tercero, Colombia debe fortalecer sustancialmente sus instituciones de política comercial. A medida que los mercados globales se ven más afectados por subsidios industriales, intervención estatal y distorsiones comerciales, los países necesitan instituciones de defensa comercial más sólidas, no más débiles. Una economía abierta debe contar también con la capacidad institucional necesaria para garantizar una competencia leal.

Esto implica robustecer los mecanismos de antidumping y derechos compensatorios administrados por el Ministerio de Comercio, invertir en la dotación de los medios técnicos adecuados para sus organismos de investigación y control. Un país que carece de instrumentos efectivos de defensa comercial no está más abierto: simplemente está más expuesto. En una época en la que incluso Estados Unidos ha recurrido a los aranceles de la Sección 301, a las medidas de salvaguardia y a los controles de exportación como

instrumentos geopolíticos, fortalecer la capacidad de Colombia para hacer cumplir las normas de competencia leal no es opcional.

Cuarto, las mayores barreras a la competitividad internacional de Colombia siguen siendo domésticas. Los cuellos de botella logísticos, la fragmentación regulatoria, los trámites excesivos, la infraestructura insuficiente y el limitado acceso a capital de trabajo continúan imponiendo costos a los exportadores que con frecuencia superan los de los aranceles extranjeros. La “Gran Revolución de Desregulación” y la política “Una Entra y Dos Salen” anunciadas por el gobierno entrante^vii son señales alentadoras. Pero la desregulación debe ser consciente del comercio exterior: no basta con simplificar trámites internos si esas reformas no se sopesan contra los costos reales que enfrentan los exportadores a lo largo de toda la cadena logística.

Quinto, Colombia debe ampliar significativamente su arquitectura de financiación del comercio exterior. Las garantías de crédito a la exportación, el financiamiento de cadenas de suministro, el seguro de riesgo político, la financiación pre-embarque y otros instrumentos financieros siguen siendo insuficientes.

Bancóldex, como banco de comercio exterior, tiene el mandato institucional para liderar esta expansión, pero requiere mayor capitalización, una gama más amplia de productos y una coordinación más estrecha con ProColombia y la red diplomática. La alternativa sería crear una agencia especializada concentrada solo en crédito de exportación. Corficolombiana ha estimado que Colombia podría alcanzar exportaciones adicionales de 2.500 millones de dólares anuales, con café, oro, flores, aguacates y transformadores eléctricos a la cabeza, una meta que solo es alcanzable si se moderniza la infraestructura financiera de apoyo a los exportadores.

Finalmente, Colombia debe redefinir el objetivo mismo de la política exportadora. El éxito no puede medirse únicamente por volúmenes de exportación, sino por sofisticación exportadora. Una economía resiliente no puede depender indefinidamente de productos básicos. La competitividad de largo plazo dependerá de sectores intensivos en conocimiento, servicios empresariales, software, inteligencia artificial, tecnologías médicas, industrias creativas, agroindustria sofisticada y biotecnología, y del ascenso sistemático de Colombia en las cadenas globales de valor.

La lección más importante de Vietnam trasciende la diplomacia. Su éxito refleja la notable coherencia entre política exterior, política industrial, inversión en infraestructura, promoción de inversiones, educación y estrategia exportadora. Estos no son escenarios de política separados; son componentes mutuamente potenciadores de una única estrategia de desarrollo nacional.

Colombia posee muchos de los ingredientes necesarios: acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, una posición geográfica privilegiada que conecta dos océanos, abundantes recursos naturales, empresarios capaces y un ecosistema de innovación cada vez más dinámico. Lo que ha faltado no es la oportunidad, sino la coherencia estratégica.

La administración De la Espriella–Restrepo enfrenta una disyuntiva concreta en el arranque de su mandato: puede seguir tratando la política comercial como un conjunto de TLC y programas de promoción exportadora, que es el enfoque que ha prevalecido por treinta años, o puede adoptar una visión más ambiciosa: aquella en que la política comercial se convierte en un instrumento integrado de desarrollo nacional, resiliencia económica y relevancia geopolítica. Las bases institucionales para ese salto están a la

mano. Lo que se necesita ahora es la voluntad política de construirlas de manera deliberada, sistemática y con un horizonte de largo plazo que trascienda cualquier período presidencial.

Una Política Comercial del Bambú para Colombia no buscaría imitar a Vietnam. Buscaría emular algo más fundamental: la disciplina de alinear política exterior, política comercial y desarrollo económico detrás de un objetivo nacional común. En otras palabras, sería una genuina y permanente política de estado.

El adecuado diseño de esa estrategia, rigurosa, basada en evidencia y anclada en la posición geopolítica y económica específica de Colombia, es la tarea más urgente que tiene hoy el nuevo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

ⁱ El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, introdujo por primera vez la metáfora del «bambú» en la 29.ª Conferencia Diplomática Nacional, celebrada el 22 de agosto de 2016, y posteriormente la formalizó como doctrina — con la frase «raíces fuertes, tronco robusto, ramas flexibles»— en la primera Conferencia Nacional sobre Relaciones Exteriores, celebrada el 14 de diciembre de 2021. Nota: algunos sitios en inglés ubican el origen del concepto exclusivamente en 2016 o exclusivamente en 2021; ambas fechas son correctas en lo que respecta a diferentes etapas de su desarrollo.

ⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Exportaciones de mercancías (en dólares estadounidenses corrientes) – Vietnam (2024).

ⁱⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Inversión extranjera directa, entradas netas (Balanza de pagos, en dólares estadounidenses corrientes)

^iv La maquinaria y los equipos eléctricos (código SA 85) representaron 189,2 mil millones de dólares, es decir, el 41,8 % del total de las exportaciones de mercancías de Vietnam en 2025.

^v Estados Unidos y China concentraron en conjunto cerca del 50% del comercio exterior total de Colombia en 2025.

^vi Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, tras la elección de Abelardo de la Espriella, tan solo 411 empresas concentran el 91 % de las exportaciones de Colombia.

^vii Los cambios normativos que Abelardo de la Espriella tiene pensados – Ámbito Jurídico

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

En las entrevistas que ha concedido a diferentes colegas periodistas, he observado cómo no permite que se le contradiga, que se le contrapregunte o que se le sugiera siquiera la posibilidad de estar equivocado.

Hay un viejo adagio que dice que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Si así actúa Abelardo De La Espriella como candidato a la Presidencia, no quiero imaginar cómo será si llega a ser elegido presidente, cargo desde el cual debe generar confianza, pues se gobierna para todo un país y no únicamente para el sector que lo eligió.

¿Serán estas sus actuaciones como presidente de la República? ¿Demandará a todos los periodistas que, ejerciendo su oficio, se atrevan a cuestionar su labor y la de sus colaboradores? ¿Actuará contra todo aquel que ejerza su derecho a la crítica y a la veeduría ciudadana?

Le recuerdo, señor De La Espriella, que ejercerá un cargo público si es elegido y que su labor, así como la de todos sus colaboradores, estará sometida a la crítica y al control ciudadano. Si sus pretensiones son llegar a la Presidencia para que se le rinda culto, es mejor que se quede donde está. Puede que allí continúe rodeado de un séquito de aduladores, pero, a partir del 8 de agosto, quienes voten por usted esperarán resultados, y los exigirán rápidamente.

Le recuerdo además, señor De La Espriella, que el periodismo existe para vigilar, preguntar, cuestionar e incluso incomodar. Todas las personas que pretendan ocupar un cargo público bajo su gobierno, si usted resulta elegido presidente, estarán sometidas a estos procesos, les guste o no.

Si su intención, señor De La Espriella, es instaurar un régimen como los de Cuba o Venezuela, donde discrepar se convierte en un delito, lo invito entonces a que lo diga de frente.

Oscar Sevillano

Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.

No es posible que justamente el partido que en el pasado se puso la camiseta para que Colombia expidiera una ley que permitiera la reparación a las víctimas del conflicto armado y la restitución de las tierras a quienes fueron despojados, hoy decida apoyar a un personaje como Abelardo De La Espriella, a quien poco o nada parecen importarle esas víctimas y que, por el contrario, ha utilizado su profesión como abogado para defender a narcotraficantes y paramilitares responsables de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y despojo de tierras.

Tampoco se entiende cómo un partido que defendió a capa y espada la firma del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC hoy termine al lado de quienes se opusieron a él mediante campañas cargadas de mentiras, desinformación y posverdades, y que desde entonces han buscado hacerlo trizas a cualquier costo.

De igual manera, resulta incomprensible que el partido que defendió la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respalde ahora a un candidato que ha prometido cerrarla, siguiendo motivaciones que nadie termina de explicar con claridad.

Ese tipo de incoherencias son las que han provocado que muchos colombianos desconfíen de la política y de los partidos políticos, porque, en lugar de entender lo que pide y necesita la sociedad actual, se han dedicado a darle rienda suelta al apetito burocrático de sus dirigentes y congresistas, defendiendo causas y visiones propias de la Constitución de 1886 más que los principios consagrados en la Constitución de 1991.

Lo más preocupante es que estas decisiones no parecen obedecer a una discusión ideológica seria ni a una revisión programática de fondo, sino a la simple búsqueda de cuotas de poder y espacios de influencia.

El Partido Liberal, que durante décadas se presentó como una fuerza reformista, progresista y comprometida con la ampliación de derechos, da hoy la impresión de haber renunciado a cualquier identidad política reconocible. Sus dirigentes parecen más interesados en acomodarse al candidato que mejor garantice su supervivencia burocrática que en defender las banderas históricas que alguna vez le dieron sentido a su existencia.

Si esa tendencia continúa, el liberalismo corre el riesgo de convertirse en una simple franquicia electoral sin principios, capaz de respaldar cualquier proyecto político independientemente de sus contradicciones con la historia del partido. Y cuando una colectividad deja de actuar con base en ideas y valores para hacerlo únicamente en función de conveniencias coyunturales, deja de ser un actor relevante para la democracia y se transforma en uno de los principales factores del desencanto ciudadano.

Después, los mismos dirigentes se preguntan por qué crece la abstención, por qué aumenta el rechazo hacia los partidos tradicionales y por qué cada vez más colombianos consideran que la política se ha convertido en un ejercicio de oportunismo antes que en una herramienta para transformar la sociedad.

Peor aún, el Partido Liberal parece haber llegado al punto en el que ya ni siquiera intenta justificar sus contradicciones. Ha pasado de ser una colectividad con una visión reconocible del país a convertirse en una organización que adapta sus principios a las conveniencias del momento.

Lo que antes se presentaba como una defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de la paz y de las instituciones democráticas, hoy parece reducirse a un discurso vacío que se abandona tan pronto aparecen cálculos electorales o beneficios burocráticos. Si el liberalismo puede respaldar sin mayor reparo a quienes cuestionan o combaten las causas que durante años afirmó defender, entonces la conclusión inevitable es que para buena parte de su dirigencia esas banderas nunca fueron convicciones profundas, sino simples herramientas retóricas utilizadas mientras resultaron políticamente rentables.

Esa es una degradación política que no solo traiciona su propia historia, sino que contribuye a erosionar aún más la credibilidad de las instituciones democráticas ante una ciudadanía cada vez más cansada de la incoherencia y el oportunismo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Petro y Uribe son los grandes perdedores de la primera vuelta

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.

Sin embargo, hay algo que todos comparten, sin importar de qué tipo de tigre se hable: son animales seguros y valientes. El tigre calcula muy bien si puede intimidar una amenaza o si debe retirarse. Al ser el superdepredador de su ecosistema, no huye inmediatamente; por el contrario, utiliza advertencias físicas y sonoras antes de recurrir a un ataque defensivo si el peligro persiste.

Analizando la manera de actuar del tigre, me surgió inmediatamente una pregunta: ¿qué clase de tigre es el autodenominado “tigre colombiano”, es decir, Abelardo De La Espriella?

El tigre es un animal que genera respeto entre los demás habitantes del territorio donde se encuentra. No huye ni se esconde en medio de una manada, porque es un ser solitario por naturaleza. Abelardo, en cambio, cuando se presenta en público se refugia detrás de un séquito de escoltas que no permiten que nadie se le acerque.

Por eso, dudo que muchos de quienes están enceguecidos con él, y se emocionan con la extravagancia de sus gritos y la agresividad de sus palabras, hayan tenido la oportunidad de estrecharle la mano o compartir una empanada o una arepa de huevo, como suelen hacer los candidatos en campaña. Entre otras cosas, porque Abelardo parece desentenderse de la comida típica colombiana, algo extraño que incluso me lleva a otra pregunta: ¿acaso durante su niñez en el departamento de Córdoba nunca probó el calducho? ¿En Semana Santa no comía mongo mongo, bollo dulce, arroz con frijoles o enyucado?

El tigre es valiente. Abelardo, más bien, parece una de esas personas a quienes les falta valor para enfrentarse a la realidad de un país que vive entre la incertidumbre y la zozobra, pero a quienes les sobra lengua para destilar veneno y lanzar insultos a diestra y siniestra, creyendo que con eso intimidan, cuando en realidad lo que generan es risa.

Lo anterior lo digo porque basta observar el escenario desde el cual le habla a su fanaticada, sin importar si se trata de una plaza pública o de un recinto cerrado. Habla detrás de una urna de cristal, rodeado de un séquito de personas que parecen sacadas de la Fuerza Delta, y cuando recorre las calles lo hace protegido por escoltas que llevan escudos para impedir que alguien se le acerque. ¿Qué otro candidato hace eso? Ni siquiera Gustavo Petro, quien durante la campaña presidencial de 2018 —según él mismo ha contado— estuvo a punto de ser asesinado en una plaza pública de Cúcuta, apareció rodeado de semejante despliegue.

El tigre conoce su territorio. Abelardo, en cambio, parece no conocer ni comprender las necesidades de las regiones de Colombia, porque durante los últimos años se ha dedicado a darse la gran vida entre Italia y Miami, actuando como si perteneciera a la alta sociedad europea emparentada con la élite neoyorquina. En otras palabras, haciendo alarde de su ya conocida extravagancia.

Para concluir, Abelardo De La Espriella ha construido toda una puesta en escena para presentarse como “el tigre”, pero dicha imagen resulta completamente contraria a lo que realmente representa un tigre de verdad. Y precisamente por eso vuelvo a preguntarme: ¿qué clase de tigre es Abelardo?

La encuesta refleja un escenario político altamente polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Aunque Iván Cepeda lidera con una amplia ventaja del 35,3%, el verdadero foco del debate político se concentra en la disputa por el segundo y tercer lugar entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes representan dos sectores ideológicos distintos de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, con el 27,5% de intención de voto, demuestra una consolidación importante como figura política tradicional del uribismo y del conservadurismo institucional. Su desempeño evidencia que aún existe una base electoral sólida que busca continuidad en propuestas asociadas con seguridad, autoridad y defensa del modelo económico tradicional. Además, el hecho de que su porcentaje de rechazo (“nunca votaría”) sea del 17%, considerablemente menor que el de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, le otorga una ventaja estratégica. Esto significa que, aunque no sea la candidata favorita de todos, genera menos resistencia entre sectores moderados y podría crecer en una eventual segunda vuelta.

Por otro lado, Abelardo de la Espriella alcanza un 20,4%, una cifra significativa para un candidato cuya trayectoria ha estado más vinculada al debate mediático y contestatario, más que a la confrontación de ideas y a la política electoral tradicional. Su crecimiento parece apoyarse en un discurso confrontacional y de oposición fuerte frente a la izquierda. Sin embargo, su principal debilidad está en el nivel de rechazo: el 28% asegura que nunca votaría por él. Esto indica que, aunque posee una base de apoyo considerable, tiene dificultades para ampliar su electorado hacia sectores independientes o moderados.

El caso de Iván Cepeda es particularmente interesante porque, a pesar de liderar ampliamente la intención de voto con el 35,3%, también encabeza el nivel de rechazo con un 31,5% de personas que afirman que nunca votarían por él, quizás por el lastre que carga al ser el candidato del Pacto Histórico, partido de Gobierno.

Cepeda parece concentrar el respaldo de sectores progresistas, sindicales y de izquierda que respaldan cambios estructurales en el país, especialmente en temas sociales y de paz. Sin embargo, el alto rechazo demuestra que todavía existe un temor o resistencia importante frente a proyectos políticos asociados a la paz total y los malos resultados que hoy arroja la presidencia de Gustavo Petro en esta materia. Su principal reto será convertir su liderazgo inicial en una mayoría más amplia, capaz de atraer votantes independientes y moderados que podrían definir una eventual segunda vuelta presidencial.

Continúa Claudia López quien aparece débil en esta medición con apenas un 2,1% de intención de voto. Aunque fue una figura política de gran relevancia durante los últimos años y logró posicionarse como una alternativa de centro y anticorrupción, la encuesta refleja dificultades para recuperar apoyo ciudadano. Su porcentaje de rechazo, aunque relativamente bajo frente a otros candidatos principales, tampoco se traduce en intención efectiva de voto. Esto podría indicar que muchos electores no la consideran una opción prioritaria dentro del panorama actual, posiblemente debido al desgaste político de su gestión en Bogotá o a la pérdida de fuerza del discurso de centro frente a una elección dominada por la polarización ideológica.

El resto de candidatos presenta cifras marginales que muestran poca capacidad de consolidar una opción competitiva. Sergio Fajardo, Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Roy Barreras y Mauricio Lizcano no superan el 2% individualmente, lo que refleja dificultades para conectar con un electorado que parece inclinarse hacia figuras más visibles y polarizantes. Algunos de estos candidatos representan sectores regionales o técnicos, pero aún no logran construir un discurso nacional fuerte. También llama la atención el porcentaje de voto en blanco (5,7%), superior al apoyo de la mayoría de candidatos minoritarios, lo que evidencia un nivel importante de inconformidad o falta de identificación política entre los ciudadanos.

También resulta relevante observar que la encuesta muestra una participación electoral potencialmente alta: más del 88% afirma que votaría o probablemente votaría. Esto indica un ambiente político de fuerte movilización ciudadana, posiblemente motivado por la polarización y la incertidumbre económica y social del país.

La composición de género de la encuesta —48,7% hombres y 51,3% mujeres— sugiere además un electorado equilibrado, donde las campañas deberán conectar tanto con preocupaciones económicas y de seguridad como con temas sociales y de representación. En este contexto, Paloma Valencia podría beneficiarse de una imagen de liderazgo político institucional, mientras Abelardo de la Espriella mantiene atractivo entre votantes inconformes que buscan figuras más radicales y disruptivas.

En conclusión, aunque Iván Cepeda lidera actualmente la intención de voto, la verdadera batalla política parece estar ocurriendo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Valencia proyecta mayor viabilidad electoral por su menor nivel de rechazo y capacidad de atraer votantes de centro-derecha, mientras De la Espriella representa un fenómeno de opinión fuerte pero más limitado por la polarización que genera.

Por su parte, Cepeda deberá enfrentar el desafío de reducir la resistencia que despierta en amplios sectores del electorado.

“Quien actúa en público, por más sencillo que sea, suele valerse de artificios que deforman su íntima personalidad”. (Frase del libro “Laureano Gómez: Psicoanálisis de un resentido”, de José Francisco Socarrás).

El Tigre no es como él se pinta.

“Yo soy de la derecha pura y dura”, dice Abelardo De La Espriella en una entrevista. Traducidas, esas palabras lo sitúan en la llamada extrema derecha. Empezando el año se reunió con la ultraderecha de España, el partido Vox. Lo delata además el lenguaje virulento que usa para descalificar a quienes no se parecen a él, no piensan como él y no tienen tanto dinero como él.

En esencia, es un costeño burgués, el petimetre de traje impecable, accesorios de marca y bebedor de ron fino y buen vino; eso que en otros tiempos llamaban metrosexual.  Quiere ser presidente de la República sin experiencia en lo público, salvo sus apariciones públicas en el pasado como defensor de clientes en los estrados judiciales.

“Tú, Abelardo, defiendes criminales; yo los he denunciado”, le gritó no hace mucho tiempo Vicky Dávila a través de las redes sociales, esa alcantarilla moderna por donde insulto va, insulto viene.

Pero Vicky ya no es la misma: anda suavecita con él. Derrotada en su aspiración presidencial, regresó a Semana como entrevistadora y, de manera simultánea, a las redes sociales con sus arengas contra Iván Cepeda, quien gana en todas las encuestas. Se la ve estresada tratando de convencer a Paloma Valencia para que le cargue la maleta a El Tigre, en caso de que sea él y no ella quien pase a segunda vuelta para enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

Semana parece celebrar a través de sus titulares: “Paloma Valencia se desploma en Polymarket y llega al 16%, mientras Abelardo de la Espriella se dispara y registra 40%”. Más osado, o quizás más ingenuo, el exsenador Rodrigo Lara le dijo a María Isabel Rueda: “De la Espriella puede ganarle a Cepeda en primera vuelta”. Si El Tigre pasa a las finales, es seguro que una derecha vergonzante respaldará su candidatura, empezando por la propia Paloma Valencia, la candidata del uribismo, que por ahora ocupa el lugar de las princesas en todas las encuestas: es tercera.

Abelardo es el mismo personaje que a la hora del desayuno habla de sus enemigos (“entre esa gente y yo no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gustos, porque plata la puede tener cualquiera, pero ellos no tienen el gusto para entender las cosas buenas de la vida”), y en el almuerzo se autoproclama el candidato de los pobres. Pobres que consumen changua, plato que él detesta lo mismo que el ajiaco (“potaje carcelario para presos” lo llama).

Candidato con fama de “pelar gatos”, porque cuando era una  inocente criatura les ponía voladores para hacerlos volar: los gatos no volaban pero sí explotaban. “Ya la Sociedad Protectora de Animales no puede denunciarme porque eso fue hace veinte años”, dijo en el programa The Susos Show (2019).

Adorador de Nayib Bukele, aquel que volteó la Constitución de El Salvador para reelegirse en 2024 con ayuda de la Corte Suprema de Justicia, Abelardo se autodenomina El Tigre aunque todavía no se le ven los colmillos con los que prometió destripar a la izquierda. “Yo la tengo clara: en la casa soy un gatito domado y en la calle soy una fiera insaciable”, dijo.

Su posible llegada a la Casa de Nariño podría significar la costeñización del poder y lo que sea que eso signifique en el país político, aunque aclaremos que Bogotá, siendo sede del poder central, sabe a Caribe hace rato.

La derecha no lo ve como un digno candidato suyo para derrotar a la izquierda (“fantoche” lo llamó Mauricio Cárdenas), pero ya es muy tarde, porque el enano se les creció, y es innegable que de plan B pasó a ser Plan A tras el fiasco de Vicky Dávila.

Hay preguntas que nadie le está haciendo al candidato de Defensores de la Patria: ¿Quiénes integrarían su gabinete? ¿Cuánto vallenato y cuánto ron se consumiría en Palacio durante los próximos cuatros años? ¿Habría un alto cargo en la administración para el joven Polo Polo y la señora Marbelle, dos de sus más entusiastas admiradores?

La Costa es una región que ha querido poner presidente otra vez y proclamar su independencia. No ha logrado (todavía) ni lo uno, ni lo otro. No hubo durante el siglo XX un solo presidente costeño en Colombia. La historia nos remite, en el siglo XIX, a dos figuras: Juan José Nieto Gil, atlanticense, y Rafael Núñez, cartagenero. Gustavo Petro es más bien un costeño atípico, criado y educado desde muy joven en el interior del país.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con pinta de presidenciable, ha tenido más ganas que perrenque. Lleva años insistiendo en la autonomía territorial de la Región Caribe, por la vía de un referendo. Y aunque parece un señor serio y con juicio, esas se volvieron virtudes sobrevaloradas. Porque la mesura desapareció cuando aparecieron las redes sociales.

Ilustración de Omar Figueroa, Turcios, especial para este blog.

Abelardo De La Espriella podría ser una caricatura -o la copia al carbón- de un personaje que la historia recuerda con desdén: Laureano Gómez, aquél al que llamaban El Monstruo, el político conservador que en 1940 arengaba con fiereza: “… llegaremos hasta la acción más intrépida y el atentado personal…, y haremos invivible la República”. La frase está recogida en el libro “Discordia y progreso”, del historiador Carlos Roberto Pombo. El autor cuenta además que en aquel tiempo, jóvenes conservadores hicieron apología de Hitler y Mussolini, y el propio Laureano Gómez se declaró partidario de Francisco Franco, el dictador español que descuartizó a España durante Guerra Civil española, apoyado por la Alemania Nazi y la Italia fascista.

Se preguntarán qué tienen que ver Laureano y Abelardo. Nada distinto a que un nieto del primero, Enrique Gómez Martínez, —un frustrado excandidato presidencial, recién elegido senador—, le puso alas a la candidatura del segundo desde el Movimiento de Salvación Nacional. Un evento en el Movistar Arena de Bogotá selló este matrimonio político. La candidatura fue avalada por 5.049.855 firmas, pero la Registraduría anuló el 62% de éstas, por lo que al final solo una de cada tres resultó válida (en total, 1.978.000 firmas), de acuerdo con lo reportado por Caracol Radio.

Enrique Gómez (1968), nieto de Laureano Gómez y sobrino de Álvaro Gómez, y Abelardo De La Espriella (1978) Foto tomada de las redes sociales de la campaña.

Entre los dos, Enrique y Abelardo, están empeñados en buscar el ábrete sésamo de la presidencia de la República, y lo hacen con camándula en mano y prometiendo mano dura: “A Dios rogando y con el mazo dando”, decían los abuelos.

Nada de lo que debemos extrañarnos, porque desde tiempos bíblicos, donde hay tropel ahí está Dios, quizás contra su voluntad.

De hecho, Abelardo ya propuso sacar a Fecode de la enseñanza y “meter a Dios en las clases”; así que toca recordarle al inflamable candidato que en Colombia existe la libertad de culto –y eso incluye el derecho al ateísmo y el agnosticismo-, a partir de la separación de Iglesia y Estado en la primera mitad del siglo XX, y luego mediante la Constitución del 91, la cual reafirmó a la nuestra como una sociedad secular. Lo que significa que el gobierno no se rige por creencias religiosas y por tanto la religión no tiene un rol oficial en la política ni en la vida pública. Pero se entiende la presencia divina en campaña cada cuatro años: Dios es moneda de cambio para juntar votos en elecciones.  

Las palabras envalentonadas de De La Espriella nos recuerdan que así de bravucón era Laureano Gómez, el mismo que mandó a cinco mil colombianos a pelear en la Guerra de Corea (1950-1953), un conflicto ajeno, pero que al papá del doctor Álvaro Gómez Hurtado le sirvió para congraciarse con los gringos y su cruzada anticomunista.  

Fíjense que la historia es un continuo reciclarse a sí misma: Abelardo promete derrotar el comunismo y defender al ejército. Con tanto conflicto bélico en el mundo, ojalá no esté pensando en poner a soldados colombianos de estratos bajos como carne de cañón en tierra ajena. Muchos se preguntan si prestó el servicio militar para que ahora esté usurpando el saludo de los verdaderos defensores de la Patria.

Habla como si fuera un soldado más y poco le ha faltado para compararse con el gran Julio César. Ya lo dijo: “Hay que imponer la paz romana. No hay que negociar con nadie”. Y como Santos logró esa paz negociada, tras décadas de plomo que solo han dejado muertos y dolor, recordemos la advertencia que le hizo al expresidente: “Santos no se puede ir de este mundo sin pagar lo que le ha hecho a Colombia”.

En el lenguaje del jurista, que de “pelagatos” se convirtió en tigre, es difícil encontrar una palabra amable que apele al comportamiento del buen cristiano.  

Volviendo a Laureano Gómez, en “Psicoanálisis de un resentido”, considerado el primer libro sobre psicoanálisis en Colombia, (editorial Siglo XX, 1942 y editorial Planeta, 1994), el doctor José Francisco Socarrás revela rasgos tremendos de la personalidad del político conservador. Por tratarse de una pieza exquisita y valiente, casi literaria, publicada hace más de 80 años, aquí condenso una parte de su prólogo, el cual desempolvé tras una visita a la biblioteca Luis Ángel Arango.

“Socarrás desarrolla la tesis de que Laureano Gómez representa una forma específica de perversión de La Violencia colombiana, aunque confía en que esta sea un fenómeno pasajero: ´el nervioso ejerce atracción sobre los nerviosos´. Gómez ejercía la oposición al liberalismo como parlamentario y director del periódico conservador El Siglo. (…) Laureano Gómez es un ´inquieto´ (hoy diríamos un hiperactivo) que no concluyó nada y sueña con descansar en el campo; un ingeniero que nunca ejerció porque lo que buscaba era destruir; un político que desprecia el poder en la medida en que le exige construir; un periodista, cuyos principales talentos son la meledicencia y la doble moral indiscriminada, es decir, la permisiva para él y la restrictiva para los demás.

´Furor sagrado´ y ´pugnacidad demoníaca´ caracterizan los discursos de Gómez, su principal expresión de afectividad. Allí es emotivo en el sentido de que ´toma a pecho asuntos sin importancia´, sobre todo los que se refieren a su propio ego; se exalta con facilidad, desconfía de todo el mundo y tiene el don profético de anunciar desgracias de las que, por supuesto, son responsables sus enemigos. La afectividad de Gómez es destructiva sin mayor discriminación: ´Pero hay algo más; y es la propensión de Gómez a los chismes sobre homosexualismo. No hay hombre público en Colombia a quien no le haya colgado el sambenito de tal aberración…´.

(…) para Socarrás, Gómez es un resentido, es decir alguien cuya pasión dominante es ´el odio indiscriminado, una forma de compensación del sentimiento de inferioridad´. La pasión destructiva de Gómez estaría mostrada antes. ´¿Por qué se engendró el sentimiento de inferioridad en Gómez? Bastante hincapié hice sobre su debilidad constitucional, manifiesta en los rasgos feminoides de su niñez y su adolescencia´. Rasgos feminoides de tipo físico de Gómez, apodado “San Luis” al final de su adolescencia son, por ejemplo, la tersura de su piel y lo lampiño de su rostro; “rasgos feminoides” psicológicos serían la timidez y su manifestación más visible: ´El Monstruo se ruboriza como una colegiala´.

 (…)

“Más de medio siglo de perspectiva histórica nos permiten enumerar las circunstancias en que el país terminó siguiendo a Gómez, sobre todo en La Violencia. Gómez “sabe” de las reacciones que suscitan sus discursos, de la misma manera que “sabe” de su conflicto latente entre “una perversión sexual inconsciente y una moral postiza”. Cuando se ve enfrentado a ese “saber” desplaza su responsabilidad a otros (mala fe) y/o proyecta su propio conflicto en otros”…

Corresponde a los psicoanalistas modernos diseccionar la personalidad del candidato Abelardo De La Espriella a partir de sus frases, gestos y atuendo. Sin embargo, no creo que el estilo y la buena vida, de lo que tanto presume en las redes sociales, sean “virtudes” suficientes para conducir a una nación. O tal vez sí… si hablamos de la posibilidad de conducirla al abismo, como la República invivible de Lauareano. 

Dado que el cuestionario consta de veintidós preguntas distribuidas en cinco secciones temáticas, hemos solicitado a los aspirantes responder al menos tres (3) preguntas por cada sección, que serán publicadas en este blog:

1. Política exterior: visión y prioridades
2. Agenda internacional: temas prioritarios
3. Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico del Estado
4. Programa de gobierno y servicio exterior
5. Atención a colombianos en el exterior

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES.

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?
2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?
4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS.

• Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?
• ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?
• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a la promoción de exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?
• En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?
• ¿Cuál será su estrategia frente a desafíos transversales emergentes como la ciberseguridad, la gobernanza de la inteligencia artificial, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?
2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?
3. Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería dado que actualmente solo representan el 9,4% de los cargos directivos del Ministerio?
4. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?
5. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y asegurar la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales?

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR.

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?
2. Considerando el rol de la Cancillería durante la pandemia de COVID-19 y su papel central ante situaciones de emergencia, conflictos y desastres en otros países, ¿qué lecciones toma para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?
3. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?
4. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a sus misiones en el exterior, acorde con las responsabilidades crecientes del servicio exterior colombiano?
5. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR.

• ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?
• ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?
• ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

*ASODIPLO, Junta Directiva 2026-2027