El oficio de “Neutralizar”

Por eso confía a la Fuerza Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo más apropiado, pues permite reconciliar –vaya ironía más letal– a los pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer presidente del Frente Nacional: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.

El Palacio del Horror, no del Honor Militar.

Quizá esta tradición de obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique en parte acontecimientos tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19, con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios, normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de al menos una docena. Es peor aún que 41 años después continúe imponiéndose un relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y, de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron, así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda. Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado, a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.

¿Un orden terrorista?

Por eso no solo es absurda e indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido, apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial, justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”, lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19 por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de hechos semejantes, arguyendo de nuevo salvar la integridad del Estado de derecho y la democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de impunidad absoluta.

¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?

En tal caso, no cabría hablar de “Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y los desaparecidos del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales, medios de comunicación e incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo, como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos “héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el estadounidense y el israelí.

Más civiles rescatistas sin armas

Especialmente, precisamos de esos miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios, fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que su seguridad dependerá de tener un arma de fuego. Entonces corran a comprarla al flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán y leyeran el libro Un país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la página 170, que “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran, portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.

Los Derechos Humanos como Fe

El padre Javier Giraldo asumió ese desafío y contradicción teológica desde su dimensión más secular, articulando la promoción y defensa de los Derechos Humanos con la vida y dignidad de todas las personas y comunidades, especialmente de aquellas que sufren la vulneración violenta de sus derechos fundamentales. Por eso, su obra es también un legado inmortal y pertenece a todas las comunidades y personas que afirman su dignidad y rechazan radical y civilmente a quienes vulneran sus derechos e identidades. Vulneración que suele perpetrarse en defensa de un orden político sin justicia y en aras de mayor seguridad para la prosperidad de minorías o, peor aún, que es violentamente ejecutada por aquellos que reivindican y luchan por la justicia social sin respetar la vida, libertad y dignidad de las personas y comunidades que dicen representar. Con radicalidad, entonces, se consagró el padre Giraldo a defender los cuerpos de todas las víctimas para así también conservar y quizá salvar sus almas. De allí su compromiso vital con la Comunidad campesina de San José de Apartadó, asediada, atacada y ultrajada violentamente por todos los actores armados del conflicto, precisamente por su empeño pacífico y civilista de no dejarse arrastrar por esa vorágine de violencias aniquiladoras y consolidar su autonomía. Autonomía que no debe confundirse con neutralidad, pues la Comunidad siempre afirmó y defendió sus derechos, como continúa haciéndolo hasta hoy. Derechos inclaudicables a una vida libre, digna y justa, es decir, disfrutada con plena vigencia de los Derechos Humanos en su dimensión integral: civil, política, social, económica, cultural y ecológica.

Derechos Humanos como Paz y Democracia

Así los asumió y promovió siempre el padre Giraldo, más allá de las incomprensiones y descalificaciones maniqueas de gobernantes y políticos de extrema derecha, que lo tildaban de solo defender los “izquierdos humanos”. Una sindicación completamente absurda, pues la misma Constitución en su artículo 95, numeral 4, nos señala como un deber de todos los colombianos: “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”, en consonancia con el artículo 22, complemento imprescindible para la existencia de la democracia: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Porque mientras persista la violencia política, más allá de las motivaciones o intereses de sus perpetradores, sean estos la pura codicia, la rebelión o ambas juntas, y a ella se le sume la respuesta militar y represiva del Estado como la única solución milagrosa para contener o eliminar a los “terroristas”, incluso con la ayuda de Cristo Rey, los derechos humanos inevitablemente seguirán siendo violados y conculcados. Ya sucedió con los exitosos miles de “falsos positivos” de la “seguridad democrática”, cuando se nos anunciaba que faltaba poco para “matar la culebra”. Así llevamos más de medio siglo y continuará sucediendo, como ya lo empezamos a ver con los eficaces bombardeos de las Fuerzas Militares, que en estas tres semanas de la “Patria Milagro” dejan al menos 4 menores de edad sin vida. Y la cifra seguirá creciendo, pues se calcula que han sido reclutados más de mil menores de edad por organizaciones cuyos comandantes no solo son criminales de guerra, sino que carecen del más mínimo honor y valor militar, pues los utilizan como escudos y carne de cañón para salvaguardar sus vidas.

Estado y Derechos Humanos

Por eso el padre Giraldo siempre sostuvo que el primer responsable de la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos es el Estado[iii], pues éste históricamente surgió precisamente para proclamarlos y garantizarlos, como aparece ya en la Declaración del 26 de agosto de 1789 de la Asamblea Nacional Francesa, en su artículo 2: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Esa Asociación Política hoy la conocemos, en nuestra Constitución, con el nombre de Estado Social de derecho. De otra parte, sustentado también en la declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, en donde se reafirma que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, el padre Giraldo consideró que históricamente se podía explicar, lo que no significa justificar y menos legitimar, el surgimiento de las guerrillas en Colombia hacia 1964. Lo hizo en su ensayo: Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos (páginas 423 a 467) en el libro: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, más conocido como Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Pero su rechazo radical a la legitimación o justificación de la violencia armada, independiente de la identidad del actor responsable de la misma y de sus razones, motivaciones o intereses, fue demostrada con su compromiso, acompañamiento y defensa permanente de la comunidad campesina de San José de Apartadó. Ese compromiso lo realizó sin escatimar los riesgos para su propia vida, denunciando los crímenes y llevando ante la justicia a sus presuntos responsables. Así sucedió con el general (r) Rito Alejo del Rio, condenado en 2012 a 25 años y 10 meses de prisión por el caso del asesinato del líder social chocoano Marino López en 1997. “En el fallo se sostiene que la operación “Génesis” y las actuaciones paramilitares fueron una única unidad de propósitos entre la brigada 17 y los paramilitares de las AUC y que formaba parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorios y sometimiento de un enemigo común”[iv]. En contraste con esta decisión judicial, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, consideraba que “nadie mejor que el general Del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, y a fe que avanzó notablemente”, siendo por ello condecorado y llamado “el pacificador de Urabá”.

San José de Apartado, enclave de espiritualidad terrenal

Ese legado inmortal como defensor inclaudicable de los derechos humanos, lo forjó el padre Giraldo junto a la Comunidad de San José de Apartadó, resistiendo con el poder de la organización, la palabra y la espiritualidad los embates de todos los actores armado, junto a la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas. Lo hicieron con eficacia mediante la denuncia pública y judicial veraz de todas las agresiones y violaciones perpetradas por los distintos actores armados contra la vida, bienes y autonomía civil de sus pobladores, campesinos y campesinas. Comunidad que hasta el día de hoy persiste con valor en ese empeño, convertida en un enclave de espiritualidad terrenal. Para comprender mejor ese alcance de civilidad y las profundidades de esa espiritualidad telúrica, arraigada en San José de Apartado y sustentada en la secularidad de los derechos humanos a través de la defensa de la paz y la democracia, nada mejor que consultar y leer los escritos del padre Javier Giraldo en su portal Desde los Márgenes: https://www.javiergiraldo.org/ y la gesta de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: https://www.cdpsanjose.org/ .

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Giraldo

[ii] https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/javier-giraldo-padre-homenaje-buscador-humanitario-agosto-2026/

[iii] https://www.elespectador.com/colombia-20/javier-giraldo-cuando-el-aparato-de-estado-es-rechazado-por-su-corrupcion-o-injusticia/

[iv] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/

Resulta casi imposible precisar la fecha desde la cual la política y el crimen rigen los destinos de Colombia. Pero, al menos desde la Constitución de 1991, sabemos que estamos extraviados en un intrincado y violento laberinto cuando ambas se fusionaron en el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Ese laberinto político, social y económico está formado por la yuxtaposición de poderes de facto ilegales con los legales e institucionales, que cada presidente de turno maneja y oculta difícilmente. De allí la sempiterna “corrupción”. Es un laberinto en cuyo frontispicio aparece en grandes letras un luminoso y deslumbrante aviso que nos anuncia: “Bienvenidos a la Democracia”. Un aviso tan engañoso y efímero como el “Bienvenidos al futuro” que proclamó, hace ya 35 años, el entonces presidente César Gaviria Trujillo y hoy, con la llegada de un Tigre a la Presidencia, puede convertirse en un “Bienvenidos a la selva” y no a esa inverosímil “Patria Milagro” que promete como un profeta armado y un demagogo redomado.

El laberinto “democrático”

Al ingresar y deambular por los pasadizos secretos y las habitaciones penumbrosas de ese laberinto “democrático” se corre el riesgo de ser asaltado, extorsionado, secuestrado, desplazado, torturado, desaparecido y hasta ejecutado extrajudicialmente en nombre y defensa de la estabilidad y la seguridad democrática. Ese rutilante aviso democrático adquiere especial embrujo y un encanto irresistible, casi incuestionable, después de las elecciones, cuando la mayoría de sus agobiados ciudadanos celebran en forma jubilosa su reincidencia en las urnas desde 1957. Nos acontece algo parecido a lo que vivimos hace 40 años, cuando un aviso mucho menos ostentoso y casi ilegible, anunciaba a los visitantes del desaparecido, calcinado y derruido antiguo Palacio de Justicia: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”. Pero en su interior sucedió todo lo contrario. Primero, por el asalto y las armas de un alucinado comando guerrillero del M-19 y luego por el uso incontenible y desaforado de las armas de la Fuerza Pública, que arrebataron cientos de vidas. Tampoco las leyes garantizaron la libertad sino la desaparición de más de 12 personas, cuyo destino todavía se ignora. Ha sido precisamente esa extraña amalgama de las leyes con las armas, las palabras con la violencia y las urnas con las tumbas, lo que nos ha impedido salir de este tenebroso laberinto “democrático”.

Minotauros y Medusas

Un laberinto que cada día se hace más lúgubre y escabroso, pues entre sus desesperados y extraviados ciudadanos, como en una manada, vuelve a resurgir la idea de que solo a través de la violencia y la fuerza se podrá salir de él, sin importar el número de lesionados y víctimas mortales que semejante estrategia arroje. Parece volverse a imponer la brutal fórmula de que una supuesta seguridad castrense, lo más discrecional posible y sin límites en su ejercicio, como la desplegada en el Palacio de Justicia, nos permitirá supuestamente eliminar temibles Minotauros formados por centenares de organizaciones criminales que nos amenazan y están devorando. Quizá por eso el Tigre quiere posesionarse en una guarnición militar, desconociendo de entrada la Constitución del 91 y el principio democrático según el cual el poder emana de la ciudadanía y no de las armas, como aún creen y predican las anacrónicas y criminales guerrillas. Pero el resultado de semejante estrategia belicista puede llegar a ser más devastadora y deplorable que la utilizada en el Palacio de Justicia, afectando a cientos de miles de colombianos que ocupan las habitaciones más recónditas y lejanas del centro citadino e institucional del laberinto. Incluso, hasta el mismo centro del laberinto institucional, que se considera inexpugnable, puede sufrir los coletazos rabiosos y terroristas de esos Minotauros heridos, atacándolo al azar como Medusas agónicas con sus numerosas y mortíferas cabezas, como fue el letal atentado terrorista de las Farc al Club El Nogal en plena “seguridad democrática”.

Medusas “parainstitucionales”

Vale la pena recordar que esas estrategias ya se utilizaron en el pasado reciente, combinando precisamente lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, como lo hizo el entonces presidente César Gaviria Trujillo con la creación de las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, promovidas en forma entusiasta por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Cooperativas legales que sirvieron de mampara para el surgimiento ilegal de las AUC, argumentando una supuesta “legítima defensa” frente a las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de las guerrillas. Por eso Carlos Castaño consideraba las AUC una organización legítima en defensa de la clase media. Entonces ya no se habló de asesinatos sino de ajusticiamientos de colaboradores de la guerrilla. Y ésta, a su vez, llamó retenciones y “pescas milagrosas” –que ironía para el Tigre– a sus miles de secuestros y convirtió la extorsión generalizada en “impuesto revolucionario”. Así se hizo la apología a la “justicia privada” pues resultaba más rápida y “efectiva” que la justicia estatal, limitada y maniatada por principios e instituciones como la presunción de inocencia y el debido proceso, que para muchos amparaba a los delincuentes y les garantizaba impunidad. Incluso se llegó a considerar el linchamiento como un ejercicio de “justicia por mano propia” ante la inseguridad y hasta se contempló la posibilidad de armar a los “ciudadanos de bien” contra las hordas delincuenciales, como una eficaz estrategia de “limpieza social” y de seguridad ciudadana. A tales extremos podemos volver con propuestas como los frentes de seguridad ciudadanos, mencionados por el Tigre durante su campaña electoral. Esas estrategias que combinan todas las formas de lucha en nombre de la seguridad, con mascotas tan incontrolables como un tigre, saludos militares y llamados a una manada de entusiastas seguidores en defensa de una imaginaria “Patria Milagro”, suelen terminar criminalizando la oposición, la protesta pacífica ciudadana, las críticas y la libertad de opinión, como en el reciente caso del encarcelamiento del periodista Beto Coral en Estados Unidos y su deportación a Colombia, al parecer por petición del mismo Tigre, y  ahora le está sucediendo a la periodista Ana Cristina Restrepo, acosada en forma sistemática por cuentas de redes sociales que apoyan al presidente electo.

El hilo de Ariadna del poder ciudadano

En rechazo a todo lo anterior y para salir de una manera civilizada y lo menos cruenta posible de este milagroso e infernal laberinto que se avecina, no queda otra opción que tejer con miles de manos ciudadanas un hilo de Ariadna, como el del laberinto de Cnosos, que permitió a Teseo salir del mismo, después de matar el sanguinario Minotauro. Ese hilo de Ariadna no es otro que el poder ciudadano, definido de manera inequívoca por Hannah Arendt como aquel “donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde la palabra no se emplea para velar intenciones sino para descubrir realidades y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. Exactamente lo contrario hace el poder político estatal cuando sus gobernantes vacían las palabras de contenido y las llenan de demagogia como la “Patria Milagro” o con promesas irrealizables como la “Paz Total”. Pero, sobre todo, cuando establecen relaciones con poderes de facto criminales, pues estos utilizan la palabra para velar intenciones y sus actos suelen violar y destruir en lugar de establecer relaciones para crear nuevas realidades, lo que nos impide salir del laberinto en que vivimos y morimos. Así nos sucedió con la “seguridad democrática” y sus miles de falsos positivos, pero también con la “Paz total” y su contemporización frente a organizaciones criminales. ¿Podrá suceder algo diferente cuando llega a la Casa de Nariño un presidente “cargado de tigre” que invoca como horizonte una supuesta “Patria Milagro”? ¿Un gobernante que llama y trata como una manada a la ciudadanía? ¿Y, además, el mismo dice no ser político, tiene como santo y seña el saludo militar y quiere jurar su cargo desde una guarnición militar ante las armas en lugar de hacerlo en el Congreso y frente a los representantes de la ciudadanía, como manda la Constitución? ¿Será un gobierno democrático o una autocracia militarista y cacocrática?  Más nos convendría a todos que el Tigre dejara de rugir, amenazar, prometer milagros escatológicos y comenzara por respetar la Constitución, el Estado Social de derecho y la ciudadanía, sin las cuales desaparece todo remedo de democracia. Pero, sobre todo, que tuviera claro que su máxima responsabilidad es gobernar a Colombia y no ser el primer presidente del partido republicano de Trump, como lo afirmó con orgullo en campaña, y depender de su tutela, su protección e incierto temperamento de “gobergánster” con su doctrina Donroe y el Escudo de las Américas, pues toda esa parafernalia de Maga puede tambalearse e incluso venirse abajo en las próximas elecciones de noviembre que renovará el Congreso de America First.

“Odio a ese hombre que esconde una cosa en su corazón y habla otra”: Homero, en La Ilíada

¿Cómo le diremos a Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto, ya posesionado como presidente en una guarnición militar? ¿Mi General? o ¿Mi General, “salve usted la Patria… Milagro”? No creo, porque los únicos soles que lo acompañan son los que recibe en la calurosa Barranquilla.

Un cementerio, una fosa común o los vestigios de un horno crematorio podrían ser el lugar ideal para una posesión presidencial en un país marcado por el sino trágico.

Tres milenios atrás, Homero, el célebre poeta ciego de la Antigua Grecia a quien debemos las inmortales epopeyas de La Ilíada y La Odisea, pronunció una sentencia lapidaria para repudiar la hipocresía, la simulación y la falsedad. Aquella máxima sintetiza el abismo imperdonable que existe entre la palabra pública y la auténtica intención del alma. En el convulso escenario de la política colombiana contemporánea, evocar a Homero se vuelve un imperativo ético para desentrañar los discursos pomposos y leer con rigor hermenéutico cada gesto del presidente electo, Abelardo de la Espriella.  

Su intención de realizar un acto de posesión inédito en el departamento del Cauca no constituye una anécdota folclórica ni un afán descentralizador; por el contrario, deja al descubierto un profundo e inequívoco desprecio hacia Bogotá y sus élites tradicionales.

No es la primera vez que Abelardo da muestras de tal desaire, habiendo renegado en el pasado de símbolos gastronómicos y culturales tan bogotanos como la changua y el ajiaco santafereño. Sin embargo, su pugna política va mucho más allá del plano cultural, y lo prueba incluso el hecho mismo de nombrar en el Ministerio de Cultura a Paola Holguín, una persona ajena a ese sector.

Ya dijo que promoverá una reforma constitucional para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. Lo que quiera que esto signifique —especialmente en términos mercantiles, aprovechando la cercanía geográfica, marítima y aérea con los Estados Unidos—, entraña un velado grito de independencia y el eventual germen de una fractura territorial: ¿asistimos, acaso, al primer choque de una soterrada guerra política entre el litoral costeño y el interior cachaco? Si se le permite hacer su voluntad, justificada o no, ¿después qué sigue? ¿Tentar al fantasma de la reelección, como ya lo hizo el empresario Nayib Bukele en El Salvador? ¿Acaso para cuántos periodos presidenciales está presupuestada “La Patria Milagro”?

En adelante, cada declaración del presidente electo se debería examinar con pinzas, a la luz de las leyes y principalmente, de la Constitución.

A mi modo de ver, este despliegue busca congraciarse con seis de los siete departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre; el séptimo es San Andrés), pretendiendo no solo erigirla en una potencia económica regional, sino conformar nuevas élites políticas y financieras para garantizar la longevidad de su proyecto político denominado “Defensores de la Patria”. Valdría la pena preguntarse si los empalmes regionales y la batería de decretos anunciada no son más que piezas de esta misma arquitectura.

Dentro de la lógica de la costeñización del poder, resultaba estratégico para el presidente electo promover al congresista guajiro Alfredo Deluque como presidente del Congreso; no obstante, su frustrada elección representó el primer traspié formal de su ambición independentista.  

Ahora bien, el mandatario denota una preocupante falta de creatividad y, quizás, un craso desconocimiento de la trágica dinámica del conflicto armado interno colombiano, o peor aún, la negación de éste.

Conocedores de su carácter guerrerista —hasta ahora sostenido desde el plano retórico—, De la Espriella ha mostrado una obstinada insistencia en posesionarse en una guarnición militar. Resulta paradójico que un civil, que ni siquiera prestó el servicio militar, pretenda iniciar su mandato en un recinto castrense, desafiando el ordenamiento tradicional que exige tomar juramento ante el Congreso de la República en Bogotá, sede histórica de las tres ramas del poder. Solo falta que pretenda lucir de camuflado para estar a tono con la ocasión.

Con este afán belicista, De la Espriella no solo evoca una caricaturesca versión moderna de Napoleón Bonaparte o Simón Bolívar —a quienes apenas se asemeja en la estatura física—, sino que evidencia un desdén hacia los colombianos, legítimamente representados en el Congreso, casa de la democracia por excelencia. Valdría la pena recordarle al presidente electo —pero sobre todo a los propios legisladores—, el mandato vinculante del Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Es decir, ¿están las fuerzas militares por encima del pueblo? No, y tampoco lo está el presidente de turno.

Toda afrenta a la institucionalidad reitera la fragilidad de nuestra democracia. De ahí que no pocas voces le estén pidiendo al Congreso de la República hacer respetar su propia majestad, entre ellas el editorial de El Espectador, titulado El presidente electo no debe posesionarse en zona militar. Por su parte, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy cuestionó el uso reiterado del saludo militar por parte del presidente y su círculo.

“Involucrar de manera activa a las fuerzas militares en un evento de naturaleza política envía un mensaje contrario a su requerida subordinación al poder civil”: Editorial de El Espectador.

El silencio de los inocentes

Si la intención del mandatario electo es realizar un acto de posesión cargado de simbolismo dramático, desde este blog le sugerimos muy respetuosamente una lista de escenarios infinitamente más acordes con la lamentable historia que ha teñido de rojo a Colombia desde el principio de los tiempos, allá donde reina el silencio de las víctimas inocentes de todas nuestras violencias.

Por ejemplo, podría acudir a las regiones donde la población civil campesina, afrodescendiente e indígena sufrió la ferocidad de las guerrillas, los paramilitares y el propio Estado, según la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Lugares como el Urabá (antioqueño y chocoano); Antioquia (el departamento con mayor número acumulado de víctimas en el Oriente, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio); el Catatumbo en Norte de Santander; los Montes de María (Sucre y Bolívar, desolados por más de cien masacres); el Pacífico Sur (Tumaco y el Norte del Cauca); o El Caguán y las Sabanas del Yarí en Caquetá y Meta.  

Los cementerios oficiales convertidos en fosas comunes son otro escenario de nuestra lúgubre historia. Podría optar por tomar juramento en camposantos intervenidos por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde yacen miles de víctimas no identificadas (N.N.) de ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) y desaparición forzada. Entre ellos, el Cementerio de Nuestra Señora de La Macarena en el Meta (con más de 2.300 cuerpos enterrados de forma anónima), el Cementerio del Sur en Bogotá, el Cementerio Las Mercedes en Dabeiba, el Cementerio Central de Valledupar, o los de Puerto Berrío y Aguachica en el Magdalena Medio.  

En el inventario de nuestro horror también están las fosas comunes clandestinas y centros de exterminio: El país cuenta con más de 5.300 fosas comunes y cementerios ilegales registrados por la UBPD. Escenarios como La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín (la fosa urbana más grande del mundo), las fosas de San Onofre (Finca El Elbano), Puerto Torres en Casanare, o la Hacienda Villa Linda en Córdoba.  

Añádase a la lista los hornos crematorios y los ríos de sangre. En Juan Frío (Villa del Rosario, Norte de Santander), el Bloque Catatumbo de las AUC construyó hornos crematorios artesanales para desaparecer los cuerpos de sus víctimas; o a orillas del Río Cauca en Marsella (Risaralda).

La paz, siendo un mandato constitucional (artículo 22 de la Constitución de 1991), no se edifica con alardes militaristas, sino honrando la memoria irrebatible de los muertos.  

Señor presidente Abelardo: nuestra Constitución no está pintada en el papel. Jure el 7 de agosto que será el primero en respetarla y obedecerla.

Lo único que podría salvarnos de un (posible) gobierno autoritario, dispuesto a imponerse a punta de decretos, es que los otros dos poderes (las cortes y el legislativo, que deben servir de contrapeso), funcionen como un relojito. Porque el Congreso existe esencialmente para hacerle control político al gobierno y sus funcionarios, no para amangualarse con ellos.

Durante casi 50 años la espada no tuvo mayor relevancia hasta que Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República. Una de las primeras solicitudes formuladas como presidente electo fue que la espada estuviera presente durante su ceremonia de posesión. Aunque inicialmente la petición fue negada, una vez asumió la Presidencia ordenó que fuera trasladada para ser exhibida durante el acto oficial.

Posteriormente volvió a empuñarla en un evento público para respaldar políticamente las reformas promovidas por su gobierno, presentándola como un símbolo de lucha frente a quienes, según su interpretación, impedían las transformaciones que el país necesitaba.

Hace apenas unos días, a pocas semanas de concluir su mandato, el propio presidente volvió a referirse a la espada y planteó la posibilidad de llevársela o ubicarla en un lugar donde nadie pudiera dañarla ni opacar su significado.

Bajo este escenario, el país debería tener la conversación de ¿Qué hacer con la espada de Bolívar?

Al no tratarse de un símbolo que represente a las Fuerzas Armadas y haber sido utilizado y vandalizado por quienes se levantaron en armas contra el Estado, convirtiéndose en un referente de organizaciones ilegales, dicha espada debe ser destruida.

Este podría ser el primer paso de Colombia para desmontar las narrativas que glorifican, justifican o romantizan el terrorismo y el narcotráfico. Así como Alemania decidió no exaltar los símbolos del nazismo para evitar su reivindicación y preservar la memoria histórica desde una perspectiva crítica, Colombia también debe reflexionar sobre cuáles símbolos contribuyen a fortalecer la democracia y cuáles perpetúan la legitimación de la violencia.

Obviamente, quienes primero deben obedecer y cumplir la Constitución del 91, son quienes gobiernan y legislan. En la controversia actual, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el opositor constitucional, el senador Iván Cepeda, según los artículos constitucionales 188 y 112 respectivamente. Cumplirla y acatarla, en lugar de atacarla, sin recurrir a ingeniosas argucias políticas o legales para desconocerla o eventualmente violarla. Argucias que pueden ir desde la “Patria Milagro” por encima de la Constitución o incluso la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer el “milagrito”, dada la probable mayoría con que el Tigre contaría en el Congreso, respaldado por los que NUNCA han dejado gobernar en beneficio de las mayorías y ahora aspiran a continuar haciéndolo en nombre de la doctrina Donroe, Maga, el Escudo de las Américas y un poderoso entramado de gremios y socios locales. Doctrina Donroe que apoya con entusiasmo el presidente electo, pero que está totalmente en contravía del preámbulo de la Constitución del 91 que ordena “impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, no su subordinación a MAGA. Pero, también la Carta nos obliga como ciudadanos, según el numeral 3 del artículo 95 a “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” y el 6 “propender al logro y mantenimiento de la paz”, numerales cuyo eventual desconocimiento por el Tigre, en ejercicio de sus funciones presidenciales, serían el sustento constitucional para la expresión masiva de la desobediencia civil en defensa de la Carta del 91.

La Constitución no es un comodín

Porque si algo demuestra nuestra historia política y constitucional, desde tiempos remotos hasta el presente, es la diestra capacidad de los voceros del establecimiento para burlarla y utilizarla como un comodín en función de sus objetivos políticos, económicos y sociales. Y lo hacen con maestría, invocando supuestos fines superiores a la Constitución. Hace un poco más de 20 años se le cambió un artículito en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, la inseguridad, la corrupción y la continuidad de la “seguridad democrática” para descabezar “la culebra de las Far”, en palabras de su beneficiario, el reelecto Álvaro Uribe Vélez. Incluso éste intentó hacerlo por una segunda vez en 2010, diciéndonos que el “Estado de opinión” era superior al Estado de derecho. Afortunadamente la mayoría de magistrados de esa Corte Constitucional no fue tan complaciente como la anterior, que acogió la ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, avalando la constitucionalidad del “articulito”. Tremenda ironía, uno de los promotores de la séptima papeleta, siendo asesor constitucional del presidente Virgilio Barco, terminó traicionando su espíritu al validar la reelección, una especie de “falso positivo constitucional”.

Un delito de lesa constitucionalidad

Y, lo más grave de esa reforma, fue que se realizó ilegalmente, mediante la inducción del presidente Uribe Vélez para la comisión del delito de cohecho a dos de sus más leales ministros: Sabas Pretel de la Vega, ministro de Justicia y del Derecho y Diego Palacio Betancourt, de Seguridad Social y por eso ambos terminaron en la cárcel. Fue el famosos escándalo de la Yidispolítica, expresión de la máxima corrupción política del Estado de derecho: reformar su Constitución ilegalmente. Es decir, perpetrando un delito de lesa constitucionalidad. Un delito que luego fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, que bien demuestran la flexibilidad ética y política de esa mayoría, a quien poco le importó el escándalo de la Yidispolítica. Una mayoría de electores con una precaria conciencia de la responsabilidad política y ética, que todo auténtico ciudadano debería tener al votar, para no legitimar así el delito como fuente de gobernabilidad presidencial. Es lo que hay en esta Colombia Malograda, ahora con el respaldo de cerca de 13 millones de electores que votaron en manada por un Tigre para la presidencia de la República. Esto sucede cuando el elector se convierte en manada y no se expresa como un ciudadano ética y políticamente comprometido con la vigencia de la Constitución del 91. Por eso, citaré de nuevo a nuestro más lúcido y realista analista político, Gabriel García Márquez, en su “Proclama por un País al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es lo que ha venido sucediendo desde siempre en esta Patria Malograda. Por eso millones celebran la picardía y la trampa y fustigan la decencia, auspician los atajos y el cambio de normas para la conveniencia de quienes son electos. Lo importante es enriquecerse y ganar, poco importa las artimañas que se utilicen para ello. De allí que las recientes campañas electorales victoriosas para la presidencia violarán los umbrales legales de financiación, pero ese ilícito solo lo conocemos cuando ya es demasiado tarde, como sucedió con la campaña del expresidente Santos y ahora con la del Pacto Histórico. Será cuestión de tiempo saber los miles de millones gastados en la estrambótica y festiva campaña del Tigre, así como conocer sus generosos financiadores y el origen de tan ilimitados recursos. Recursos al parecer procedentes la mayor parte del patrimonio De la Espriella, cuya fuente probablemente se encuentra en su asesoría a Alex Saab y otros delincuentes de cuello blanco, cuyas identidades están siendo investigadas en Estados Unidos, según el periodista Gerardo Reyes, y entre los que figura un narcotraficante conocido como “Boliche”, convertido luego en informante de la DEA. ¿Será que su condición de presidente y el padrinazgo de Donald Trump lo protegerán y detendrán el curso de esa investigación que adelante un fiscal de Miami en Estados Unidos?

En defensa de la Constitución del 91

Por eso, ahora la urgencia vital es defender la Constitución del 91 apelando a la desobediencia civil. Defensa para la cual quizá no sea suficiente la Corte Constitucional y se necesite una firme y radical conciencia ciudadana que exprese masivamente la desobediencia civil. Porque la esencia de la desobediencia civil, como la formuló David Thoreau y la practicaron Gandhi y Martin Luther King, es “romper una ley específica que se considera injusta, aceptar las consecuencias, y hacerlo sin violencia para generar debate público” (Meta IA). Por ejemplo, las leyes imperiales de carácter injusto, como los impuestos al té de la Corona británica que catalizaron la declaración de independencia de las 13 provincias de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, hoy en víspera de conmemorar sus 250 años. También la lucha denodada y victoriosa de Mandela contra el Apartheid y de Martin Luther King contra la segregación y la injusticia racial. Por eso resulta absurdo considerar que la desobediencia civil pacífica sea inconstitucional e implica desconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella. Todo lo contario, puede llegar a ser la mejor defensa de la Carta, siempre y cuando el senador Cepeda la convoque desde su legítimo ejercicio como opositor que le confiere el artículo 112 y respete todo el articulado de la Carta, lo que implica, obviamente, reconocer sin ambages la presidencia de Abelardo de la Espriella.

Un Tigre convertido en Bambi

Así ese Tigre ahora se parezca cada vez más al Bambi de Disney, vanidoso y juguetón, que depende del respaldo del Tío Donald Trump. Por eso se apresuró a suscribir su intervencionista y depredadora doctrina “Donroe”, la de América para Maga y sus negocios. Pero, además, a llevar y portar el belicoso “Escudo de las Américas”. Alianzas Políticas que, de llevarse a cabo, en nombre de un anunciado supuesto Plan Patriota, menoscabarían casi por completo el principio de nuestra soberanía estatal, la integridad de nuestro territorio al someterlo al ritmo extractivista de “perforar, perforar, perforar” y afectaría la vida de miles de colombianos por los telebombardeos de MAGA, cuyo número de víctimas civiles por los llamados “daños colaterales” sería incontable, como ha venido sucediendo con los bombardeos contra lanchas supuestamente con alijos de cocaína en el mar caribe y pacífico. El desarrollo de tales planes conllevaría la violación del numeral 6 del articulo 189 de la Constitución, que le exige al presidente “proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio”. Además, el uso intensivo del fracking para “perforar, perforar y perforar”, también desconocería el artículo 59, que señala que a la propiedad “le es inherente una función ecológica”, pues los territorios en donde se realice sufrirán un grave deterioro ambiental.

¿Patria Milagro o Malograda?

Frente a semejante admiración, amor y desenfreno por MAGA, esa “Patria Milagro” puede llegar a ser una Patria Malograda para la mayoría de colombianos y sus riquezas horadadas en beneficio de Maga y sus socios locales. De manera que la desobediencia civil nada tiene que ver con un “golpe de Estado”, mucho menos es una carta de malos perdedores. Es, simplemente, el ejercicio civilista de una oposición pacífica en defensa de la Constitución del 91, que debe empezar por el reconocimiento pleno de la presidencia de Abelardo de la Espriella por parte del senador Iván Cepeda y no darle así coartadas para desatar una represión violenta y creciente de quienes estamos comprometidos, como ciudadanía, con la vigencia y defensa pacífica de la Constitución del 91. Aunque las consecuencias puedan ser las anunciadas por Thoreau, si el Tigre desata una violencia arbitraria contra los opositores, cuando señala que “bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar correcto para un hombre justo es también la prisión”.

Homenaje a Gustavo Gallón Giraldo

De esta forma, quizá podríamos rendir un homenaje póstumo al jurista, sociólogo y politólogo Gustavo Gallón Giraldo, oriundo de Cali y quien murió el 30 de junio pasado en forma repentina en Ginebra, Suiza, en donde representaba como embajador al Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus numerosos y lúcidos libros, destaca “La República de las armas”, donde develó la inexistencia de la democracia cuando ella es sustituida por el uso represivo del estado de sitio durante más de 15 años y las facciones liberales-conservadoras se repartieron “miti-miti” el Estado por 16 años, hasta llegar al extremo de burlar el triunfo electoral de la ANAPO y del general Rojas Pinilla, utilizando como coartada la “defensa de la democracia y la estabilidad institucional”. Tales son las argucias de los que siempre han usufructuado el Estado para su beneficio particular y ahora pretenden seguir haciéndolo en nombre de la “Patria Milagro”. Es decir, los que en realidad NUNCA han dejado de gobernar y ahora cínicamente estigmatizan a la desobediencia civil pacífica como un “golpe de Estado” y hasta una amenaza comunista a la “democracia”. “Democracia” cuya verdadera esencia es la mercadocracia imperial cacocrática de Donroe y Maga, que al parecer tiene los días contados hasta el 3 de noviembre de este año, cuando se celebren las elecciones para la Cámara de Representantes y otros comicios federales, estatales y locales que forman parte del ciclo electoral bienal del Congreso de los Estados Unidos. Amanecerá en noviembre y entonces veremos si todavía hay lugar para milagros democráticos, al menos en el norte. Entonces la “Patria Milagro” del presuntuoso Bambi quedaría sin el padrinazgo político del Tío Donald, sin el cual no podrá realizar “milagrito” alguno a favor de Maga, Donroe, El Escudo de las Américas y sus insaciables mercaderes, asistidos por mercenarios profesionales y bombardeos teledirigidos desde el Pentágono.

Hoy hay dos verdades en Colombia: Abelardo De la Espriella ganó por un chiripazo, y media Colombia votó contra un político que le cae gordo; la otra mitad también.

Algo bueno hay que reconocerle a la tal polarización: más gente salió a votar esta vez; no en vano, la votación fue histórica: más de 26 millones de personas: 12.960.166 votaron por Abelardo y 12.708.312 por Cepeda. Demasiada gente para destripar, si nos atenemos a la amenaza que sonó en campaña contra los “zurdos”. Según mis cuentas: a razón de 8 por día durante los cuatros años.

Hubo una época en que Colombia era la suma de muchos estados (después de una guerra civil), y por eso se llamaba Estados Unidos de Colombia, así establecido por la Constitución de 1863. Varios países dentro de un mismo país. Hoy no tenemos tantos, pero sí dos Colombias que en nada se parecen entre sí. En realidad vendrían a ser tres, si contamos la Colombia abstencionista, cuya apatía no ha sido estudiada con juicio.  

• Un informe de Dejusticia de 2025 dice lo siguiente: “En una democracia la abstención electoral puede interpretarse de varias maneras: desencanto de la política, protesta silenciosa o castigo a dinámicas de corrupción. En Colombia, ha sido relativamente alta, fluctuando entre el 40 y el 60%. Aunque este comportamiento es palpable en todo el país, es más notable en territorios históricamente apartados del centro político y económico, donde las precarias condiciones socioeconómicas, la desconfianza institucional o el limitado acceso a puestos de votación acentúan la inasistencia a las urnas”.

Tras los resultados electorales del 21 de junio, podría pensarse que se necesitan dos presidentes en Colombia: uno que gobierne para el centro andino (donde ganó mayoritariamente Abelardo de la Espriella) y otro presidente que gobierne para la periferia (donde ganó mayoritariamente Iván Cepeda). La diferencia fue de 250 mil sufragios, más o menos la cantidad de habitantes que tiene la localidad de Puente Aranda en Bogotá.  

Yo si quiero ver al presidente electo llegando a Chocó, Cauca y Nariño. Lo quiero ver abrazando a sus hermanos chocoanos, caucanos y nariñenses, que así los llamó en campaña.  ¿Será capaz de reconciliar esas Colombias tan desiguales? Triste sería que por complacer a una, la otra siga pagando los platos rotos, debatiéndose entre la miseria y el azote de disidencias y bandas criminales.

Cambiemos la narrativa. Si bien la polarización existe en términos políticos, nada tiene que ver con el trato injusto que recibe la   periferia. Bien lo dijo en X el exministro Luis Gilberto Murillo, en respuesta a una Vicky Dávila insensata que llamó “vacas arriaras” a sus habitantes: “Ni el Chocó, ni el Pacífico, ni ningún otro territorio históricamente olvidado del país merecen el desprecio de quienes nos consideran ciudadanos de segunda o tercera categoría, y que además solo respetan la democracia cuando les favorece. Llamar “vacas” a un pueblo porque votó distinto, de manera legítima y auténtica, es negar su dignidad, su conciencia y su derecho a decidir en libertad. Los votos de los territorios olvidados no valen menos que los del resto del país”.

Hay dos Colombias y la vemos con claridad en el mapa. Cepeda ganó en 19 departamentos y Abelardo en 14, pero el mandatario electo recibió una paliza en su propia casa, la región Caribe: así que Colombia tiene un nuevo presidente costeño sin el afecto de los costeños. Cepeda arrasó en los siete departamentos (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar) y sus capitales.

La sabiduría caribeña explicó en X este fenómeno con desparpajo: “Creyeron que los costeños nos tragaríamos el verso de costeño vota costeño, como si no supiéramos reconocer a un hablador de mondá”.

Para desconsuelo del Pacto Histórico, ganó donde hay menos habitantes. Con el triunfo de Abelardo, los colombianos castigaron a la izquierda por ocuparse de los más pobres. No culpen de la derrota a Petro, porque si bien hay algo de verdad en el voto castigo a su gestión en asuntos como la seguridad o la Paz Total, también es cierto que termina su gobierno con un 50% de aprobación; las cifras en las urnas así lo demostraron. Dejará el cargo con su partido fortalecido. El Pacto Histórico obtuvo 11.281.000 votos en 2002 y 12.700.000 votos en 2026.

Iván Cepeda regresará al Senado tras perder la banda presidencial por las razones que cada quien esgrima. Agréguese a ello que fue el David enfrentado a dos Goliat: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina, que sin ningún rubor metieron sus narices en las elecciones colombianas a favor de Abelardo, violando la soberanía nacional, sin contar el respaldo de algunos medios masivos de comunicación, que hicieron oposición a Cepeda.

Incluso, jugaron en contra suyo aquellos columnistas que se burlaron de sus dientes y su incipiente joroba; Mauricio Vargas y Luis Guillermo Vélez lo llamaron comunista sin serlo. En cambio, jamás le reconocieron tres décadas de trabajo ininterrumpido como el defensor de derechos humanos que carga con el dolor de las víctimas de la violencia colombiana, a partir del asesinato de su propio padre en 1994. 

De mala leche lo que hizo el podcast Deja Vu, de La Silla Vacía, al presentar una mirada sesgada sobre la familia Cepeda Castro y minimizar el genocidio contra la Unión Patriótica, hasta casi ponerlo en duda, en tanto que, en otro episodio, pintaron a un Abelardo De la Espriella tranquilo, pasando de agache ante los cuestionamientos que pesan sobre su fortuna y relaciones non sanctas. 

Lecciones de una derrota

Mientras el país no reconozca que existen dos Colombia, a la derecha le quedará más fácil ganar elecciones que a la izquierda y demás fuerzas progresistas. El centro del país bulle en lo económico. La periferia sobrevive a punta de chichiguas presupuestales.

No pregunten neciamente porqué los territorios ninguneados expulsan a su gente. El político que quiera defender esa otra Colombia, de entrada tiene una doble desventaja geográfica y numérica. Es como nacer condenado, y con el agua lejos. En territorios inhóspitos, cientos de ciudadanos realizan desplazamientos extenuantes hasta los puestos de votación, mientras los demás vamos en coche, como se dice.

• Afirma Dejusticia: “Algunas investigaciones sostienen que en departamentos donde predomina la pobreza, la baja educación y la falta de información política, las tasas de abstención son más altas. Entonces, la abstención no solo refleja decisiones individuales, sino también la débil legitimidad democrática del Estado en territorios en los que no logra garantizar condiciones básicas para el ejercicio de derechos”.

En medio de los errores que cometió Gustavo Petro, la historia debe reconocerle un mérito: el enrostrarle al país esa Colombia que está llevada del hi, recordando el hablar de mi abuelo materno, distinta a la Colombia del centro con una vida relativamente cómoda, pero ajena a esa otra nación a la que llaman la Colombia profunda, como si nombrarla así produjera algún milagro instantáneo. Los libros de historia dirán que Gustavo Petro fue, en el siglo que corre, el primer mandatario en poner en el mapa a los desahuciados por el Estado.

Luego del pírrico triunfo de Abelardo, la izquierda y el centro deben unirse para crear una gran fuerza de centroizquierda que adelante pueda contener a la derecha y a la ultraderecha, que vienen siendo harina del mismo costal ahora que el uribismo se declaró partido de gobierno, y ya María Fernanda Cabal se autoproclamó próxima presidenta.

¿Les suena Iván Cepeda como próximo alcalde de Bogotá?

Infografías tomadas de EL ESPECTADOR. El color morado corresponde a los votos del Pacto Histórico. El rojo, a los votos de Firmes por la Patria.

Aunque el progresismo ganó en Bogotá por margen estrecho, hoy cuenta con los votos para hacerse con la Alcaldía de Bogotá en 2028 y, en consecuencia, desyerbar el camino para gobernar a Colombia en 2030, siempre y cuando haga bien la tarea gerenciando ese país pequeño que es la capital de la República.

No me parece descabellada la idea de que Iván Cepeda asuma su curul de senador y renuncie después para ser el siguiente alcalde de Bogotá, no como premio de consolación, ni revancha. Los casi trece millones de colombianos que votaron por un modelo de país más igualitario sentirán que tienen en la pequeña Colombia bogotana a un hombre decente que podría hacer en la capital lo que no pudo hacer en el resto del país.  

Por otro lado, si el centro insiste en ir solo, lo más seguro es que seguirá coleccionando derrotas. En todo caso, que nadie cuente con Sergio Fajardo. Demostró pequeñez de espíritu cuando se le pidió sacar la casta para impedir la llegada de la extrema derecha a la Casa de Nariño. La suerte ya está echada en todo caso. La exalcaldesa Claudia López, por el contrario, al respaldar a Cepeda mostró gallardía y coherencia con su discurso antiAbelardista, pero también, hay que decirlo, ese apoyo llegó demasiado tarde; pudo haber hecho más que meras declaraciones.

Me atrevo a decir que el voto en blanco (426.848) le dio el triunfo a De La Espriella; en total fueron 675.000 sufragios perdidos contando los votos nulos y los no marcados. Nadie ha dicho en qué estratos ocurrió esto, otro tema digno de análisis. Preguntas inocentes: ¿Cómo saber que a un tarjetón no le marcaron un segundo voto para anularlo o cómo determinar que a un tarjetón sin marcar no se le marca el voto a favor de x o y?

La izquierda y sus aliados perdieron la elección sí, pero ganaron en experiencia; a partir de ahora esa izquierda debe aprender a tragarse su soberbia. Pensaron que con la popularidad de Petro la tarea estaba resuelta y no pararon bolas cuando desde este blog se les dijo que estaban confiados y alejados de la clase media (12 de abril).

Tienen cuatro años para preparar a los tecnócratas progresistas. Tienen cuatro años para hacerse sentir en el Congreso de la República presentando reformas sociales vía legislativa y con trabajo decoroso en Senado y Cámara. Tienen cuatro años para conquistar a los estratos 3 y 4, porque no hacerlo es abonar una siguiente derrota.

Ganó Abelardo de la Espriella sí, pero no por eso vamos a olvidar los señalamientos que pesan sobre el pasado del nuevo presidente, ampliamente documentado por la prensa. Así que, henchido de orgullo, puedo decir que somos casi 13 millones los colombianos que reconocimos en las urnas el valor de la decencia. No hay un señalamientos de mala conducta sobre Iván Cepeda. En adelante, el país debe repensarse en función de las cualidades humanas y morales de sus gobernantes.

También la prensa perdió esta elección: al tomar partido de manera descarada, ahuyentó la posibilidad del debate público entre candidatos. El periodismo quedó en deuda con el país. Los intelectuales aparecieron en el último segundo. Si el país se reacomoda con un gobierno con tintes de derecha extrema, la prensa debe preguntarse si está a la altura para lo que se avecina, o jugará un rol complaciente con el nuevo mandamás de Palacio.

Sí, el nuevo presidente ganó por un chiripazo y sin siquiera alcanzar la mitad más uno de los votos; para bien de Colombia, ojalá sea mejor gobernante de lo que fue como candidato. 

Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado