Hoy hay dos verdades en Colombia: Abelardo De la Espriella ganó por un chiripazo, y media Colombia votó contra un político que le cae gordo; la otra mitad también.

Algo bueno hay que reconocerle a la tal polarización: más gente salió a votar esta vez; no en vano, la votación fue histórica: más de 26 millones de personas: 12.960.166 votaron por Abelardo y 12.708.312 por Cepeda. Demasiada gente para destripar, si nos atenemos a la amenaza que sonó en campaña contra los “zurdos”. Según mis cuentas: a razón de 8 por día durante los cuatros años.

Hubo una época en que Colombia era la suma de muchos estados (después de una guerra civil), y por eso se llamaba Estados Unidos de Colombia, así establecido por la Constitución de 1863. Varios países dentro de un mismo país. Hoy no tenemos tantos, pero sí dos Colombias que en nada se parecen entre sí. En realidad vendrían a ser tres, si contamos la Colombia abstencionista, cuya apatía no ha sido estudiada con juicio.  

• Un informe de Dejusticia de 2025 dice lo siguiente: “En una democracia la abstención electoral puede interpretarse de varias maneras: desencanto de la política, protesta silenciosa o castigo a dinámicas de corrupción. En Colombia, ha sido relativamente alta, fluctuando entre el 40 y el 60%. Aunque este comportamiento es palpable en todo el país, es más notable en territorios históricamente apartados del centro político y económico, donde las precarias condiciones socioeconómicas, la desconfianza institucional o el limitado acceso a puestos de votación acentúan la inasistencia a las urnas”.

Tras los resultados electorales del 21 de junio, podría pensarse que se necesitan dos presidentes en Colombia: uno que gobierne para el centro andino (donde ganó mayoritariamente Abelardo de la Espriella) y otro presidente que gobierne para la periferia (donde ganó mayoritariamente Iván Cepeda). La diferencia fue de 250 mil sufragios, más o menos la cantidad de habitantes que tiene la localidad de Puente Aranda en Bogotá.  

Yo si quiero ver al presidente electo llegando a Chocó, Cauca y Nariño. Lo quiero ver abrazando a sus hermanos chocoanos, caucanos y nariñenses, que así los llamó en campaña.  ¿Será capaz de reconciliar esas Colombias tan desiguales? Triste sería que por complacer a una, la otra siga pagando los platos rotos, debatiéndose entre la miseria y el azote de disidencias y bandas criminales.

Cambiemos la narrativa. Si bien la polarización existe en términos políticos, nada tiene que ver con el trato injusto que recibe la   periferia. Bien lo dijo en X el exministro Luis Gilberto Murillo, en respuesta a una Vicky Dávila insensata que llamó “vacas arriaras” a sus habitantes: “Ni el Chocó, ni el Pacífico, ni ningún otro territorio históricamente olvidado del país merecen el desprecio de quienes nos consideran ciudadanos de segunda o tercera categoría, y que además solo respetan la democracia cuando les favorece. Llamar “vacas” a un pueblo porque votó distinto, de manera legítima y auténtica, es negar su dignidad, su conciencia y su derecho a decidir en libertad. Los votos de los territorios olvidados no valen menos que los del resto del país”.

Hay dos Colombias y la vemos con claridad en el mapa. Cepeda ganó en 19 departamentos y Abelardo en 14, pero el mandatario electo recibió una paliza en su propia casa, la región Caribe: así que Colombia tiene un nuevo presidente costeño sin el afecto de los costeños. Cepeda arrasó en los siete departamentos (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar) y sus capitales.

La sabiduría caribeña explicó en X este fenómeno con desparpajo: “Creyeron que los costeños nos tragaríamos el verso de costeño vota costeño, como si no supiéramos reconocer a un hablador de mondá”.

Para desconsuelo del Pacto Histórico, ganó donde hay menos habitantes. Con el triunfo de Abelardo, los colombianos castigaron a la izquierda por ocuparse de los más pobres. No culpen de la derrota a Petro, porque si bien hay algo de verdad en el voto castigo a su gestión en asuntos como la seguridad o la Paz Total, también es cierto que termina su gobierno con un 50% de aprobación; las cifras en las urnas así lo demostraron. Dejará el cargo con su partido fortalecido. El Pacto Histórico obtuvo 11.281.000 votos en 2002 y 12.700.000 votos en 2026.

Iván Cepeda regresará al Senado tras perder la banda presidencial por las razones que cada quien esgrima. Agréguese a ello que fue el David enfrentado a dos Goliat: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina, que sin ningún rubor metieron sus narices en las elecciones colombianas a favor de Abelardo, violando la soberanía nacional, sin contar el respaldo de algunos medios masivos de comunicación, que hicieron oposición a Cepeda.

Incluso, jugaron en contra suyo aquellos columnistas que se burlaron de sus dientes y su incipiente joroba; Mauricio Vargas y Luis Guillermo Vélez lo llamaron comunista sin serlo. En cambio, jamás le reconocieron tres décadas de trabajo ininterrumpido como el defensor de derechos humanos que carga con el dolor de las víctimas de la violencia colombiana, a partir del asesinato de su propio padre en 1994. 

De mala leche lo que hizo el podcast Deja Vu, de La Silla Vacía, al presentar una mirada sesgada sobre la familia Cepeda Castro y minimizar el genocidio contra la Unión Patriótica, hasta casi ponerlo en duda, en tanto que, en otro episodio, pintaron a un Abelardo De la Espriella tranquilo, pasando de agache ante los cuestionamientos que pesan sobre su fortuna y relaciones non sanctas. 

Lecciones de una derrota

Mientras el país no reconozca que existen dos Colombia, a la derecha le quedará más fácil ganar elecciones que a la izquierda y demás fuerzas progresistas. El centro del país bulle en lo económico. La periferia sobrevive a punta de chichiguas presupuestales.

No pregunten neciamente porqué los territorios ninguneados expulsan a su gente. El político que quiera defender esa otra Colombia, de entrada tiene una doble desventaja geográfica y numérica. Es como nacer condenado, y con el agua lejos. En territorios inhóspitos, cientos de ciudadanos realizan desplazamientos extenuantes hasta los puestos de votación, mientras los demás vamos en coche, como se dice.

• Afirma Dejusticia: “Algunas investigaciones sostienen que en departamentos donde predomina la pobreza, la baja educación y la falta de información política, las tasas de abstención son más altas. Entonces, la abstención no solo refleja decisiones individuales, sino también la débil legitimidad democrática del Estado en territorios en los que no logra garantizar condiciones básicas para el ejercicio de derechos”.

En medio de los errores que cometió Gustavo Petro, la historia debe reconocerle un mérito: el enrostrarle al país esa Colombia que está llevada del hi, recordando el hablar de mi abuelo materno, distinta a la Colombia del centro con una vida relativamente cómoda, pero ajena a esa otra nación a la que llaman la Colombia profunda, como si nombrarla así produjera algún milagro instantáneo. Los libros de historia dirán que Gustavo Petro fue, en el siglo que corre, el primer mandatario en poner en el mapa a los desahuciados por el Estado.

Luego del pírrico triunfo de Abelardo, la izquierda y el centro deben unirse para crear una gran fuerza de centroizquierda que adelante pueda contener a la derecha y a la ultraderecha, que vienen siendo harina del mismo costal ahora que el uribismo se declaró partido de gobierno, y ya María Fernanda Cabal se autoproclamó próxima presidenta.

¿Les suena Iván Cepeda como próximo alcalde de Bogotá?

Infografías tomadas de EL ESPECTADOR. El color morado corresponde a los votos del Pacto Histórico. El rojo, a los votos de Firmes por la Patria.

Aunque el progresismo ganó en Bogotá por margen estrecho, hoy cuenta con los votos para hacerse con la Alcaldía de Bogotá en 2028 y, en consecuencia, desyerbar el camino para gobernar a Colombia en 2030, siempre y cuando haga bien la tarea gerenciando ese país pequeño que es la capital de la República.

No me parece descabellada la idea de que Iván Cepeda asuma su curul de senador y renuncie después para ser el siguiente alcalde de Bogotá, no como premio de consolación, ni revancha. Los casi trece millones de colombianos que votaron por un modelo de país más igualitario sentirán que tienen en la pequeña Colombia bogotana a un hombre decente que podría hacer en la capital lo que no pudo hacer en el resto del país.  

Por otro lado, si el centro insiste en ir solo, lo más seguro es que seguirá coleccionando derrotas. En todo caso, que nadie cuente con Sergio Fajardo. Demostró pequeñez de espíritu cuando se le pidió sacar la casta para impedir la llegada de la extrema derecha a la Casa de Nariño. La suerte ya está echada en todo caso. La exalcaldesa Claudia López, por el contrario, al respaldar a Cepeda mostró gallardía y coherencia con su discurso antiAbelardista, pero también, hay que decirlo, ese apoyo llegó demasiado tarde; pudo haber hecho más que meras declaraciones.

Me atrevo a decir que el voto en blanco (426.848) le dio el triunfo a De La Espriella; en total fueron 675.000 sufragios perdidos contando los votos nulos y los no marcados. Nadie ha dicho en qué estratos ocurrió esto, otro tema digno de análisis. Preguntas inocentes: ¿Cómo saber que a un tarjetón no le marcaron un segundo voto para anularlo o cómo determinar que a un tarjetón sin marcar no se le marca el voto a favor de x o y?

La izquierda y sus aliados perdieron la elección sí, pero ganaron en experiencia; a partir de ahora esa izquierda debe aprender a tragarse su soberbia. Pensaron que con la popularidad de Petro la tarea estaba resuelta y no pararon bolas cuando desde este blog se les dijo que estaban confiados y alejados de la clase media (12 de abril).

Tienen cuatro años para preparar a los tecnócratas progresistas. Tienen cuatro años para hacerse sentir en el Congreso de la República presentando reformas sociales vía legislativa y con trabajo decoroso en Senado y Cámara. Tienen cuatro años para conquistar a los estratos 3 y 4, porque no hacerlo es abonar una siguiente derrota.

Ganó Abelardo de la Espriella sí, pero no por eso vamos a olvidar los señalamientos que pesan sobre el pasado del nuevo presidente, ampliamente documentado por la prensa. Así que, henchido de orgullo, puedo decir que somos casi 13 millones los colombianos que reconocimos en las urnas el valor de la decencia. No hay un señalamientos de mala conducta sobre Iván Cepeda. En adelante, el país debe repensarse en función de las cualidades humanas y morales de sus gobernantes.

También la prensa perdió esta elección: al tomar partido de manera descarada, ahuyentó la posibilidad del debate público entre candidatos. El periodismo quedó en deuda con el país. Los intelectuales aparecieron en el último segundo. Si el país se reacomoda con un gobierno con tintes de derecha extrema, la prensa debe preguntarse si está a la altura para lo que se avecina, o jugará un rol complaciente con el nuevo mandamás de Palacio.

Sí, el nuevo presidente ganó por un chiripazo y sin siquiera alcanzar la mitad más uno de los votos; para bien de Colombia, ojalá sea mejor gobernante de lo que fue como candidato. 

Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

Abelardo y las AUC

De una parte, Abelardo, prestando asesoría legal y política a los paramilitares en su proceso de desmovilización y sometimiento a la ley 975 de 2005 para desmantelar las AUC, esa temible federación narco-criminal que se propuso refundar la Patria, sembrándola de masacres, fosas comunes, desplazados, desaparecidos y miles de campesinos despojados de sus terruños. Todo bajo el pretexto de salvar a Colombia del comunismo. Por eso perpetraron el mayor número de homicidios, según las cuentas de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición[i], 205.028 víctimas, el 45 % del total. De otra parte, los grupos guerrilleros cometieron 122.813 asesinatos, el 27 %, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) los más despiadados y, por último, agentes estatales en acciones ilegales dejaron 56.094 víctimas, el 12 % del total, entre 1985 y 2018.  Lo más horripilante de esa estadística mortal es que el 80% de las víctimas fueron civiles.

Cepeda y las Farc-Ep

Por eso mismo, Iván Cepeda lideró la creación del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y también jugó un importante papel en la desmovilización de las FARC-EP durante las conversaciones en La Habana con el gobierno del expresidente Santos, que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Seguramente por encontrarse ambos candidatos en las antípodas, no tenga lugar esta semana el debate público entre los dos y nos quedemos sin conocer sus argumentos para esclarecer su aportes y responsabilidades en esa lacerante división y confrontación entre víctimas y victimarios. Ya falta menos de una semana para la segunda vuelta y el miércoles 17 juega la Selección –vulgarmente convertida en bandera electoral— frente a Uzbequistán, cuyo resultado –que todos esperamos sea una victoria– no podrá ser reclamada por ningún candidato, pues ella será una victoria de todos los colombianos y obra exclusiva de sus jugadores, Néstor Lorenzo y su equipo técnico. Algo todavía más impensable sería que algunos celebren su derrota, achacándola a quienes han pretendido apropiarse su camiseta, desvirtuando así su carácter nacional, como es lo propio de todos los símbolos patrios, que ningún partido o líder legalmente puede hacerlo, so pena de mancillar la Patria, atentar contra la unidad nacional y hasta promover pasiones cercanas a una guerra civil.

Sin debate y deliberación no hay democracia

Por eso la ausencia de ese debate, mucho más necesario e importante que la victoria de la Selección, sería un auténtico autogol contra todos los colombianos. Nos privaría del derecho que tenemos a deliberar y discernir, teniendo suficiente información e ilustración, para decidir por quién votar el próximo domingo 21 de junio o hacerlo en blanco. Sería un pésimo final de campaña, ya que sin debate y deliberación no existe democracia, sino esa continua y mutua confrontación y deslegitimación en la que ambos candidatos están entrampados, que es el escenario más propicio para prolongar indefinidamente y profundizar dolorosamente la victimización reciproca en que estamos atrapados los colombianos desde hace más de 80 años. Todavía es más deplorable que el debate político se haya trasladado a los estrados judiciales, pues en la política los jueces de última instancia somos los ciudadanos, con nuestros votos en las urnas, y no los magistrados con sus sentencias. Entre muchas razones, porque en la política lo que cuenta es la responsabilidad de los candidatos y los líderes frente a bienes públicos que a todos nos afectan, como la paz, la vida, la justicia, la seguridad y la prevalencia de los intereses generales sobre los particulares. Lo importante es poder conocer las propuestas, las ejecutorias, la formación y el compromiso de los candidatos frente a tales cuestiones cruciales, más allá de su culpabilidad o inocencia en sus relaciones con los victimarios y delincuentes de cuello blanco en el pasado. En una campaña electoral se debe fijar más la atención en la responsabilidad política de los candidatos y sus propuestas frente a las víctimas y en cómo evitar su aumento y perpetuación, en lugar de obsesionarnos con la búsqueda de su mayor o menor culpabilidad penal y personal frente a los victimarios en el pasado.

Las Víctimas en el centro

De allí que las víctimas deban estar en el centro del debate electoral, no tanto para conquistar sus votos, sino para reconocer su existencia y sus verdades y así intervenir y cambiar desde el Estado las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que las generan. Por ejemplo, en el campo, reconocer la propiedad de la tierra a quienes la trabajan y cuidan, brindándoles crédito y vías para la comercialización de sus cosechas, en lugar de condenarlos a ser carne de raspachines para los narcotraficantes o de reclutamiento, despojo, confinamiento, asesinatos y desplazamientos forzados por las organizaciones armadas ilegales que controlan su territorio. Por eso las preguntas que debemos formularnos antes de marcar el tarjetón y depositar nuestro voto en la urna pueden ser las siguientes: ¿Vamos a continuar siendo una Nación y sociedad dividida por ese foso insondable de odios, rencores y sangre entre víctimas y victimarios? ¿Será posible superar esa dolorosa confrontación sin conocer las verdades de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, así como las responsabilidades de los victimarios y las circunstancias en qué actuaron para cometer impunemente sus crímenes? ¿Cuáles han sido las iniciativas y compromisos en el pasado de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con todas las víctimas, pero también para evitar que los victimarios continúen cometiendo sus crímenes e injusticias? ¿Cómo se proponen desde el Estado superar esa vergonzosa historia de víctimas irredentas, sin verdad, justicia y reparación, frente a la impunidad y soberbia de sus principales victimarios?

La democracia no perpetúa víctimas y victimarios

En fin, ¿Será posible vivir democráticamente en una sociedad cuyo Estado es incapaz de impedir el aumento crónico de víctimas civiles y el afianzamiento político de victimarios impunes? Obviamente estas últimas preguntas deberían responderlas en un debate público los dos candidatos, pero todo parece indicar que no tendrá lugar. Ante semejante irresponsabilidad histórica, apenas comparable con la inimaginable eliminación de la Selección en el mundial en curso por no presentarse en el campo de juego, no tenemos otra opción que investigar y examinar el pasado de cada candidato frente a las víctimas y los victimarios y discernir sobre su responsabilidad para evitar que esa relación letal se prolongue indefinidamente. ¿Hasta qué punto sus actuaciones han contribuido al conocimiento de la verdad de lo acontecido o, por el contrario, a su ocultamiento? ¿Qué han aportado para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia y cumplan sus penas, así ellas jamás reparen plenamente a sus víctimas, como está sucediendo en la JEP con los excomandantes de las Farc y numerosos miembros de la Fuerza Pública responsables de ejecuciones extrajudiciales? ¿Apoyarán el trabajo de la JEP, como es su deber constitucional, o la desfinanciarán y desmantelarán? En conclusión, ¿Cómo desde la jefatura del Estado podrían comprometerse a poner fin a la historia política de Colombia más allá de esa disputa interminable entre victimarios impunes y víctimas irredentas y así empezar a convivir democráticamente?

Patriotismo Constitucional

De la forma cómo votemos el próximo domingo, dependerá que las urnas no se conviertan, una vez más, en terribles cajas de Pandora de las que saldrán en los próximos cuatro años, recargados de revancha, los males que nos han diezmado: el odio, la violencia, las discriminaciones, las persecuciones, las desigualdades y los privilegios, amasijos de todas las guerras, que sepultan en el fondo de las urnas las esperanzas de vida, justicia y paz por un tiempo incierto, ese en el que ya no existan más víctimas y victimarios, y sí una comunidad política de ciudadanos. Esa comunidad política se llama democracia y solo será realidad el día que votemos teniendo en cuenta al menos estos dos artículos de la Constitución. El 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y el 95 que nos dice que “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional” si cumplimos los siguientes nueve deberes: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano y 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Esto dos artículos condensan el patriotismo constitucional, que es lo único que nos posibilitará algún día dejar de ser “esta federación de rencores y archipiélago de egoísmos”, según acertada expresión de Belisario Betancur,en la que nos hemos convertido. Hoy somos una nación dividida entre víctimas y victimarios, supuestamente en defensa de una idea belicosa y salvaje de la Patria o de una democracia popular, radical y revanchista, que nos impide resolver política y civilizadamente nuestros principales conflictos, sin perpetuar exclusiones económicas, sociales, regionales y étnicas pero, sobre todo, sin apelar a la violencia y la guerra como fórmulas salvadoras y milagrosas, que a la postre terminan engendrando nuevas generaciones de víctimas y sus posteriores vengadores implacables. En esas estamos desde que tenemos uso razón, ¿será que esta vez sí recuperamos el juicio político y dejamos atrás tanta insensatez, indolencia, irresponsabilidad y apasionamiento sectario e inhumano? Ese sí sería un verdadero milagro.

[i] https://www.comisiondelaverdad.co/el-informe-final-en-cifras

Invitaría de manera directa, con la fuerza de la esperanza, a quienes alguna vez depositaron su confianza en mí, así como a todos los políticos, movimientos y líderes independientes, a acompañar este proyecto bajo una premisa clara: las formas importan.

Lo haría, en primer lugar, porque considero que el gobierno progresista de Gustavo Petro, más allá de sus evidentes errores, ha impulsado transformaciones y bondades sociales que difícilmente pueden ser ignoradas. La ampliación de los programas sociales, la apuesta prioritaria por la educación, la búsqueda de una mayor equidad territorial y el esfuerzo por poner en el centro del debate a quienes históricamente han permanecido en los márgenes de la sociedad constituyen avances históricos que merecen ser preservados, explicados con pedagogía y profundizados.

Sin embargo, también reconocería sin ambages que muchos de esos logros han quedado opacados y empañados por las formas de la actual administración. La política no consiste únicamente en tener la razón o gritar más fuerte; la política exige la capacidad de construir consensos, tender puentes y convocar voluntades diversas alrededor de objetivos comunes. El estilo de confrontación, la soberbia y la estricta estridencia terminan por desgastar las mejores intenciones.

Y es precisamente allí donde veo una diferencia fundamental y una oportunidad histórica para el país. Todo aquello que hoy se percibe como “lo feo” o lo turbulento en el método de Gustavo Petro, va a florecer y a encauzarse de mejor manera bajo el liderazgo de Iván Cepeda. Él representa una forma distinta y digna de ejercer el poder; posee las virtudes de la serenidad, la paciencia, la calma y la magnanimidad. Quines lo conocen de cerca saben que es un hombre de convicciones firmes, pero de maneras respetuosas, capaz de escuchar y de actuar como un verdadero hombre de Estado. Él no necesita elevar la voz para defender una causa ni convertir al contradictor en un enemigo a destruir para sostener sus ideas. En una nación agotada por décadas de enfrentamientos y de rabia, esa templanza es una herramienta pedagógica y política de enorme valor.

Por eso, si yo fuera Sergio Fajardo Valderrama, no me limitaría a ofrecer un respaldo electoral pasivo y coyuntural. Ofrecería mi apoyo, mi experiencia y mi acompañamiento decidido para trabajar junto a él, paso a paso, en la construcción de ese Gran Acuerdo Nacional que por fin saque a Colombia de la insulsa y estéril polarización en la que vive actualmente.

Haría este movimiento estratégico porque estas no serán unas elecciones cualquiera; se trata de salvar la institucionalidad de un verdadero peligro estructural. La alternativa que se asoma en el horizonte opuesto no es una oposición legítima, sino un auténtico salto al vacío. Quien liderará ese proyecto contrario representa un riesgo absoluto para el país, no solo por su total ignorancia de cualquier tipo de actividad administrativa del Estado, sino por un factor ético insalvable: se trata de una mala persona. Alguien cuya trayectoria no se ha tejido en el debate de las ideas, sino en la preocupante cercanía con las más oscuras y sórdidas empresas criminales, y con los delincuentes más sórdidos del país. Permitir que nuestras instituciones, la fuerza pública y la administración de justicia caigan en esas manos, sería desmantelar el Estado Social de Derecho.

La dignidad de la política nos exige deponer los egos y el frío cálculo electoral para blindar el futuro. Yo daría este paso al frente convencido de que el centro político no puede ser un espectador pasivo del naufragio nacional. Colombia necesita menos estridencia y más serenidad; menos polarización y más acuerdos; menos miedo al futuro y la sensatez madura que se requiere para sanar a la nación.

Los colombianos debemos escoger ahora entre un candidato que pretende, como lo manda la Constitución, seguir apostando por la paz, y otra alternativa que quiere hacernos retroceder con rabia hacia la guerra; un candidato que es víctima de la violencia y que desde siempre ha sido un digno representante de las víctimas, frente a otra opción que ha estado del lado de los victimarios.

Las personas que tenemos acceso a la educación y a los espacios de opinión en este país tenemos la responsabilidad histórica de salirle al paso a esta situación y defender a esas comunidades que, en este momento, parecen hipnotizadas por una campaña de marketing político y hasta religioso, vacía, llena de efectos especiales, globos, luces y frases disparadas al inconsciente para capturar la voluntad popular, detrás de la cual sólo se puede vislumbrar muerte, desempleo, pobreza, hambre, y un periodo de autoritarismo absolutamente ajeno a nuestra historia.

Debemos evitar que, cuando la ciudadanía despierte, se encuentre viviendo la pesadilla de otros países que cayeron en manos de personajes similares, a quienes ni siquiera vale la pena mentar aquí.

Ese camino significaría el retroceso de los avances logrados desde la Constitución de 1991, poniendo en peligro la convivencia. De cumplirse, así sea sólo algunas de sus promesas, el país se verá bloqueado sistemáticamente por un estallido social que no tardará en aparecer.

Debemos apostar con humildad de espíritu, entereza de carácter y con vehemencia por la vida, la concertación y el diálogo, dejando la muerte por iniciativa del Estado sepultada en nuestra prehistoria.

Y tú, amigo lector, ¿qué harías si fueras Sergio Fajardo Valderrama?

Siyofuera777@gmail.com

Las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre una eventual salida de Colombia de la ONU y de la OEA han provocado una intensa discusión pública. Sus críticos las interpretan como una señal de aislamiento internacional y de debilitamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Sus partidarios, por el contrario, las entienden como una reivindicación de la soberanía nacional frente a organismos burocráticos que ofrecen pocos beneficios concretos para el país. Sin embargo, el verdadero interés de estas declaraciones no radica en la política exterior. Su importancia consiste en que permiten comprender con mayor claridad la lógica que articula el conjunto de su programa de gobierno.

Cuando De la Espriella afirma que la permanencia en estos organismos debe evaluarse preguntando «¿qué le produce eso a Colombia?», está formulando una concepción específica de la política. Las instituciones no se justifican por sí mismas ni por principios abstractos. Su legitimidad depende de los beneficios concretos que generen para la nación. Lo que no produzca resultados debe ser reformado, reducido o eliminado.

La lógica que atraviesa todo el programa de la llamada «Patria Milagro».

El primer apartado del documento lleva por título «Salvar la Patria Milagro». Allí se sostiene que Colombia enfrenta cuatro amenazas fundamentales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Frente a ellas se propone convertir la elección presidencial en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República.

La elección de las palabras no es accidental. No se habla simplemente de administrar mejor el Estado ni de corregir errores gubernamentales. Se habla de salvar la patria, reconstruir la República y recuperar instituciones supuestamente capturadas. La política adopta así un lenguaje de regeneración nacional como en la época de Miguel Antonio Caro.

Esta narrativa posee una larga historia en América Latina. Desde el siglo XIX, diversos movimientos políticos han legitimado sus proyectos presentando la nación como una comunidad amenazada que requiere una intervención excepcional para restaurar su rumbo histórico. En estos discursos, el gobernante no aparece únicamente como un administrador eficiente, sino como el intérprete de una misión de rescate colectivo.

Sin embargo, como veremos a continuación el programa de De la Espriella incorpora un elemento adicional que merece atención: el llamado patriotismo constitucional.

¿Qué es eso del “patriotismo Constitucional’?

En principio, cuando se lee el apartado titulado «Patriotismo Constitucional en la Patria Milagro» pareciera que este se inscribe dentro de la tradición clásica del constitucionalismo democrático. Allí se propone un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una asamblea constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, la protección de la separación de poderes y el fortalecimiento de la independencia judicial.

Estos elementos podrían interpretarse como una reafirmación del Estado de derecho. No obstante, una lectura más detenida revela una tensión significativa. El programa sostiene que la democracia sólo será posible si la Constitución vuelve a ser «el límite del poder y el consenso central de la República» y si los colombianos obedecen «a la libertad y el orden que orienta nuestro propio escudo nacional».

La expresión resulta particularmente relevante porque el concepto de patriotismo constitucional tiene una historia intelectual específica. Desarrollado inicialmente por Dolf Sternberger y posteriormente popularizado por Jürgen Habermas, surgió en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial como una alternativa al nacionalismo tradicional. Su objetivo consistía en construir una identidad política basada no en la etnia, la religión o la homogeneidad cultural, sino en la adhesión compartida a los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.Para Habermas, los ciudadanos debían sentirse vinculados por procedimientos democráticos comunes y no por una identidad nacional excluyente. El patriotismo constitucional buscaba precisamente proteger el pluralismo.

En la formulación propuesta por De la Espriella, sin embargo, el concepto parece adquirir un significado distinto. Junto a la defensa de la Constitución aparecen referencias permanentes a la patria, la reconstrucción nacional, la mayoría moral, la seguridad, el orden y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La Constitución ya no aparece únicamente como un conjunto de límites al poder. También se convierte en un instrumento de cohesión moral y de reafirmación nacional. Esta diferencia resulta fundamental para comprender otras propuestas del programa.

En materia de seguridad, por ejemplo, el documento sostiene que «el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad». La afirmación expresa una visión según la cual la principal amenaza para los derechos ciudadanos no proviene del exceso de poder estatal sino de la incapacidad del Estado para garantizar el orden. La libertad aparece entonces estrechamente vinculada a la autoridad. Desde esta perspectiva se entienden propuestas como la destrucción de las economías ilegales, la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la fuerza pública y la reafirmación del monopolio estatal de las armas.

Algunos interrogantes fundamentales

Una de las propuestas más llamativas que plantea la propuesta de la “Patria Milagro” – resaltando el término milagro para asociarlo con ideas como la de Regeneración de Nuñez o la Restauracion conservadora después de la guerra de los Mil Días – consiste en la creación de una «Primera Línea de Seguridad» integrada por veteranos y reservistas para apoyar la seguridad barrial. Aunque el programa insiste simultáneamente en desmontar poderes coercitivos paralelos y reafirmar el monopolio estatal de las armas, la experiencia colombiana obliga a examinar con cautela cualquier iniciativa que amplíe la participación de civiles o exmilitares en tareas relacionadas con la seguridad comunitaria, pues ha derivado en paramilitarismo y para-estatalismo.

Las Convivir de la década de 1990 constituyen un antecedente ineludible. Originalmente concebidas como mecanismos de colaboración ciudadana con las autoridades, en varios territorios terminaron facilitando dinámicas que contribuyeron a la expansión de estructuras paramilitares. Esto no significa que ambas propuestas sean equivalentes, pero sí plantea preguntas legítimas sobre los mecanismos de control institucional que impedirían una evolución semejante. Es en este punto donde consideramos que las declaraciones sobre la ONU y la OEA no son casuales sino que corresponden a algo que guarda consonancia con su propuesta.

Cuando De la Espriella afirma que estas organizaciones son «pura burocracia» y se pregunta «¿qué le producen a Colombia?», no está cuestionando únicamente a dos organismos internacionales concretos. Está expresando una determinada concepción de la soberanía, que rechaza la intervención de estas instituciones y al mismo tiempo llama “terroristas urbanos” a cualquier posible manifestación o protesta en contra de un posible gobierno suyo.

La pertenencia a instituciones multilaterales deja de justificarse por razones normativas o por compromisos universales asociados a los derechos humanos y pasa a evaluarse según criterios de utilidad inmediata para la nación. Colombia, por ejemplo, no podría ser juzgada o condenada a nivel internacional por violación de los Derechos humanos.

Aquí emerge otra diferencia significativa con la tradición del patriotismo constitucional desarrollada por Habermas. Mientras este último concebía la democracia constitucional como compatible con la creciente internacionalización de los derechos y las instituciones, con el disenso y el desacuerdo, la propuesta de De la Espriella desplaza el énfasis hacia la autonomía nacional, la eficiencia administrativa y la capacidad de las instituciones para producir beneficios concretos para los ciudadanos. Se trataría también, en principio, de un Estado mínimo, autoritario y al servicio del mercado, que no se compadece con la apuesta del Estado social de derecho de la carta de 1991.

La cuestión central, por tanto, no consiste en determinar si estamos ante un proyecto democrático o antidemocrático en términos absolutos. Tampoco parece suficiente describirlo simplemente como una reedición de la seguridad democrática ya que lo que emerge es una combinación particular de constitucionalismo, soberanismo, seguridad y regeneración nacional. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede un proyecto político que aspira a reconstruir moralmente la República preservar al mismo tiempo el pluralismo, la diferencia, la diversidad que caracteriza a las democracias contemporáneas? Después de todo, las constituciones no existen únicamente para proteger aquello que una mayoría considera valioso. También existen para garantizar que quienes piensan distinto continúen siendo reconocidos como ciudadanos legítimos dentro de una comunidad política compartida.

Referencias

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (M. Jiménez Redondo, Trad.). Trotta.

Habermas, J. (1999). La inclusión del otro: Estudios de teoría política (J. C. Velasco Arroyo & G. Vilar Roca, Trads.). Paidós.

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

Conocidos los resultados de la votación del pasado domingo y la próxima definición de la presidencia de la República entre Abelardo y Cepeda en tres semanas, el 21 de junio, todos los colombianos nos encontramos frente a una encrucijada histórica. La de avanzar hacia una democracia ciudadana, decidida a dejar atrás la división y confrontación inmemorial entre víctimas y victimarios o, por el contrario, seguir profundizándola bajo dos banderas que hasta ahora han sido irreconciliables en nuestra violenta historia política.

Más allá de banderías irreconciliables

La bandera de la extrema derecha, hoy enarbolada por Abelardo con la parafernalia feroz de su tigre, su saludo militar y su grito autoritario de “firmes por la Patria”. Sin duda, es una bandera que logra ocultar bien la defensa de un establecimiento profundamente inicuo y discriminatorio, que también arropa el comprensible miedo de millones de electores que sufren cotidianamente el asedio de la inseguridad y la violencia. A esa bandera, se suma ahora la efectista y mentirosa fantasmagoría de Uribe augurando una futura Colombia a semejanza de la Venezuela chavista si se vota por Cepeda, eco de su vulgar y fracasada profecía de las “FAR” en la presidencia de la República si se aprobaba el Acuerdo de Paz en 2016. De otra parte, Cepeda en la izquierda iza la bandera de la justicia y la continuidad de reformas sociales estructurales inaplazables, dejadas a medio camino por el “Gobierno del Cambio”, dada la feroz oposición y bloqueo que sufrieron en el Congreso. Esa bandera también convoca a millones de electores con sus esperanzas y legítimas aspiraciones a una vida digna y decente, sin estar sometidos por más generaciones a la violencia del hambre, la ignorancia, la discriminación social, étnica y regional que hasta la fecha los ha condenado a ser unos “nadies”, estigmatizados como zarrapastrosos y vagos.  

Más allá de la “Paz Total”

De alguna forma, podría decirse que es la tensión entre el miedo de muchos y la esperanza de todavía más colombianos, sin desconocer que ambas banderas son rasgadas y sus seguidores vapuleados por la violencia, la inseguridad y la criminalidad organizada, que todos los días aumenta el número de victimas civiles y de victimarios armados impunes. Saldo en rojo que se achaca solo a la “Paz Total”, más con odio y búsqueda oportunista de votos, como si en el pasado hubiésemos vivido en una arcadia de seguridad y paz, sin masacres, miles de secuestros y “falsos positivos”. Sin desconocer la improvisación y los errores propios de la “Paz Total”, la verdad es que ésta recibió un legado de ingobernabilidad, inseguridad e impunidad dejadas por procesos y fórmulas de paz también fallidas en anteriores administraciones. Entre ellas, la supuesta exitosa desmovilización de las AUC promovida por Uribe, que terminó mutando en muchas más estructuras delictivas y narco-ejércitos, siendo el “Ejército Gaitanista de Colombia” el más violento y tenebroso. Algo semejante sucedió con la paz liderada por Santos y la desmovilización de las Farc-Ep, pues a ella siguieron numerosas disidencias convertidas en narco-guerrillas, que hoy incluso se están aniquilando entre sí en el Guaviare, sacrificando cruelmente menores reclutados, así como en la disputa sangrienta del Catatumbo contra el ELN. Una historia sin fin de victimización de la población civil, alentada y catalizada con los recursos de economías ilícitas, que continuará escalando hasta tanto el Estado no sea capaz de complementar su obsesión belicista y punitiva con una presencia civilista, emprendedora y productiva, que brinde alternativas de desarrollo y vida a miles de familias campesinas, comunidades afro e indígenas. Por eso, no es solo impreciso, sino una indolente frivolidad, llamar polarización a esa continúa victimización impune de la población civil, consecuencia de políticas públicas improvisadas y coyunturales.

La Mama-Coca Vital

Un desafío sobre el cual, seguramente, tendrán que debatir Abelardo y Cepeda, más allá de insultos y deslegitimaciones mutuas, como hasta ahora lamentablemente ha sucedido. Solo, entonces, todos los colombianos podremos discernir y decidir en las urnas sobre quién presenta las políticas más democráticas, respetuosas con la vida, los derechos de la población y la protección del medio ambiente, que es lo propio de un Estado social de derecho y de las normas de nuestra Constitución política, además de lo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016. De lo contrario, seguiremos envueltos en una disputa absurda, sustentada en visiones tan erradas como la de aquella letal campaña publicitaria de la “mata que mata”, que estigmatizaba las portentosas propiedades de la coca, en lugar de aprovecharlas canalizándolas en la industria legal de bebidas, alimenticia y farmacéutica, arrebatándole de paso a los narcotraficantes y todo su entramado criminal esa fuente inagotable de astronómicas ganancias. Así ha venido sucediendo con la marihuana, que pasó de planta maldita a bendita, cuando se decidió legalmente aprovechar su potencial para el tratamiento de algunas dolorosas y terminales enfermedades. Además, la mayor ganancia de todo lo anterior, es que pondría fin a esa brutal victimización del campesinado marginado y a la devastación ecocida con glifosato de la biodiversidad de nuestros bosques y la Amazonia. Solo entonces el Estado podrá ganar reconocimiento y legitimidad democrática. Incluso, dejaríamos de escuchar todos los días la cantinela de muchos periodistas sobre el terrible flagelo del narcotráfico, como si fuera una maldición divina, y a prestantes analistas repetir esa falsa letanía de la polarización política y social, pues ya no habría bandos de insensatos que lancen a los demás a la fracasada guerra contra las drogas, mientras unos pocos se enriquecen comprando y comerciando el glifosato, estimulado la industria armamentística en desarrollo de futuros “Planes Colombia” o defendiendo y negociando con grandes capos su entrega a la justicia para salvarse de la extradición y asegurarse penas benignas en Colombia. A semejante sainete de impunidad, desde Gaviria con Pablo Escobar y los extraditables, pasando por Uribe con los narcoparamilitares hasta la actualidad con Petro y el Ejército Gaitanista, se ha reducido la política criminal del Estado contra esas poderosas organizaciones narco-crimínales, que combinan con destreza todas las formas de lucha y cuentan con la asesoría de famosos penalistas y exfiscales, ampliamente conocidos, que se escudan en el secreto y la confidencialidad profesional, como es el caso de Abelardo con sus asesorías a los excomandantes de las AUC y recientemente con su amigo y cliente, Alex Saab, para ocultárselas a Daniel Coronell y de paso a toda la sociedad. Algo muy diferente, hay que reconocerlo, han sido las gestiones públicas de Cepeda en los procesos de negociación con comandantes de las Farc-Ep durante las conversaciones de paz en La Habana, e incluso con condenados por paramilitares en las cárceles, que dio origen al todavía inconcluso litigio con el expresidente Uribe, pendiente de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Victimización recíproca contra la democracia

Por eso, bajo ambas banderías hay víctimas y victimarios y tenemos una Colombia ensangrentada, fácil de polarizar y radicalizar, como bien lo han hecho Uribe y Petro, apelando a los miedos, las pasiones, los prejuicios y las reivindicaciones sociales. Entonces ya no hay ciudadanos sino “paracos” y “güerillos”, “gente bien” contra “comunistas”, y así se va generando eso que muchos llaman polarización, que no es otra cosa que una irresponsable radicalización de las emociones que nos impide reconocernos a todos los colombianos como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. Lo más grave es que ahora Abelardo y Cepeda parecen dispuestos a tomar ese triste y nefasto relevo. Obviamente, bajo semejantes liderazgos nunca será posible la democracia, mucho menos la paz política y la convivencia ciudadana, pues ambos se deslegitiman y tratan como enemigos. Y la responsabilidad de líderes democráticos no es perpetuar una sociedad radicalizada y fragmentada entre millones de víctimas y miles de victimarios, como sucede en la nuestra. Víctimas y victimarios recíprocos, pues los que ayer sufrieron violencia y vejámenes, hoy se convierten en implacables vengadores de sus pasados victimarios, prologando así generaciones irreconciliables, estimuladas por el odio y la sed de venganza. Y, lo que sería más nefasto, es que ello se intente hacer de nuevo desde el Estado en nombre de la democracia o en defensa de la patria. Así se va intrincando esta especie de laberinto mortal, con infinitos pasillos de violencias y venganzas del que es imposible salir indemne, como nos ha venido sucediendo desde hace casi un siglo en esta Colombia en la que pocos viven muy bien –pertrechados de seguridad y escoltas—y la mayoría estamos expuestos desde el raponazo del celular, la extorsión consuetudinaria, el secuestro hasta encontrar una azarosa muerte en medio del fuego cruzado.

Geografía de la victimización recíproca

Por eso los recientes resultados electorales se reflejan en el territorio en forma casi idéntica a la geografía de la votación obtenida por el malogrado acuerdo de paz[i], como puede apreciarse al yuxtaponer ambos mapas[ii]. Es una geografía electoral muy reveladora de una periferia, en su mayoría azotada por la violencia estructural de la marginalidad y la directa del conflicto armado interno, con un brutal legado de colombianos victimizados. Colombianos que en algunas regiones votan coaccionados por grupos armados ilegales y en otras lo hacen porque lo que más desean es vivir en paz y no continuar muriendo bajo amenazas, combates y ataques letales del fuego cruzado de todas las partes y flancos. Desde los bombardeos del Ejército a los desplazamientos forzados, los confinamientos y las masacres de los grupos armados ilegales. Frente a esa periferia, encontramos el centro de la región andina y las regiones limítrofes con Venezuela, donde su población vota casi con desespero y miedo buscando la protección de la Fuerza Pública y cree ilusamente que solo con mayor fuerza se conquistará la seguridad, fórmula que a la postre solo recicla y genera la mutación de más grupos armados ilegales, como lo constatamos con las AUC y sus actuales herederos, el Ejército Gaitanista de Colombia, además de las numerosas y no menos criminales disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

Deliberemos, más allá de víctimas y victimarios

Tal es la encrucijada que los colombianos debemos resolver en tres semanas y para ello no tenemos otra opción que pensar, deliberar, actuar y votar responsablemente como ciudadanos, sin dejarnos arrastrar por esa vorágine de prejuicios y pasiones que nos convierte en potenciales víctimas sin derechos o, por el contrario, en victimarios arrogantes en defensa violenta de  derechos, convertidos así en privilegiados autócratas, plenos de buena conciencia y superioridad moral que desconfían del resto de colombianos y los sindica de antipatriotas y mamertos. Pero, para superar esa encrucijada, tanto Abelardo como Cepeda, primero deben darnos a todos ejemplo de civilidad y democracia, entrando al foro de la deliberación y la argumentación, dejando atrás la arena de los insultos y la descalificación, como auténticos demócratas y no como enconados e irreconciliables enemigos. Sin duda, gracias a los debates, podremos saber quién estará a la altura de liderar una transición hacia la democracia o, por el contrario, puede llevarnos hacia un régimen autoritario y cacocrático, donde sea la fuerza, la violencia y los intereses de unos cuantos cacos los que prevalezcan sobre los de toda la ciudadanía. Por eso, en la segunda entrega, continuaré con el análisis de ese debate impostergable y urgente, que todos los colombianos esperamos con ansias y esperanzas para decidir a conciencia nuestro voto el próximo 21 de junio.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Colombia_(resultados_plebiscito_acuerdo_de_paz_2016_por_departamentos).svg

[ii] https://90minutos.co/elecciones-2026/mapa-electoral-colombia-2026-asi-votaron-departamentos-primera-vuelta-01-06-2026/

UMBERTO ECO.

En la noche del pasado 31 de mayo Iván Cepeda, el candidato progresista a la presidencia de Colombia, al referirse a Abelardo de la Espriella, usó la expresión “Fascismo criollo mafioso”. Más allá del adjetivo “criollo”, que se usa para calificar, denigrar o despreciar “lo tropical”, lo que surge desde América Latina, y que por eso mismo no me gusta, es válido preguntarse si la expresión “fascismo mafioso” tiene pleno sentido, y si configura un riesgo para la sociedad colombiana, pues implicaría el peligro de que se instaure un régimen político y social autoritario, dictatorial, excluyente, violento y violador de los derechos humanos. Es urgente preguntarse si Abelardo de la Espriella representa ese peligro y si encarna la posibilidad de que ese fascismo se instaure en el pais. Pero ¿qué es el fascismo, por qué es peligroso? ¿Puede decirse que de la Espriella lo representa?  

Cuando hablamos del “fascismo histórico”, el que se materializó en Alemania con Hitler, pensamos en una ideología totalitaria, como lo vio Hannah Arendt, una ideología que pretende tener una explicación única, verdadera y omnicomprensiva de la realidad social, de la historia, y que a través de la propaganda moviliza a las masas. El fascismo toma fuerza en momentos de crisis y aparece como una solución a los problemas de la sociedad, ya sea la crisis económica, la descomposición social, el hambre, el desempleo, la falta de perspectivas de futuro, y por eso logra la adhesión de la gente. Lo movilizan las clases altas en el poder, y se encarna en las clases medias y populares. Por eso, el fascismo es mesiánico y se muestra como salvador. El fascismo tiene la pretensión de resolver los problemas que enfrenta una sociedad en un momento determinado y por eso aparece con la pretensión salvacionista.

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo. Todos estos son “afectos inmunitarios” para decirlo con la filósofa Laura Quintana, que legitiman la expulsión, el encerramiento y la eliminación del Otro, el cual es visto como un virus, una enfermedad oun peligro para el cuerpo social.

El fascismo actúa con una lógica defensiva y agresiva contra ese otro, el enemigo en la lógica de Carl Schmitt, busca controlarlo o extirparlo. Para ello crea una narrativa de la nación, la patria o el pueblo, los cuales, según la ideología fascista, es corrompido, degenerado, dañado  o imposibilitado por el Otro, por el enemigo, el comunista, el judío, el guerrillero. El fascismo imagina una Edad Dorada de un tiempo pasado que fue mejor, al que hay que volver; imagina una sociedad pura, virginal, adánica o edénica, que ha sido corrompida por el Otro, por eso imaginan un paraíso al cual se desea volver o el cual se desea restaurar en el futuro. De ahí que el fascismo suele tener tintes conservadores. Ahora, esas ideas con las cuales se construye la imagen idealizada de la patria, la nación, el pueblo, suelen ser simplísimas, básicas, de poca profundidad tal como la “superioridad de la raza aria”. Esto es así porque ante todo tienen que poder ser traducidas en frases cortas o eslóganes efectistas, que puedan ser hábilmente difundidas por el aparato mediático de propaganda (sean estatales o privados). El fascismo busca una comunicación efectiva que movilice los afectos de odio y de miedo hacia el Otro; es, también, profundamente dogmático y cerrado, lo cual también se expresa cuando expele el fondo bestial de su entusiasmo que actúa como combustible en su operación inmunológica frente al “enemigo”.

Pero una vez en el poder, una vez ha logrado la legitimación social o una vez ha logrado la hegemonía en la sociedad, el fascismo se vuelve más peligroso porque se institucionaliza. Crea una vigilancia generalizada hacia la sociedad; crea cierto aparato burocrático y fuerzas policiales (estatales o paramilitares) para el control de los disidentes, de los críticos, de la oposición; busca criminalizar la protesta social o eliminar la oposición política. Es ahí donde aparecen los señalamientos, las estigmatizaciones, las desapariciones, los encarcelamientos, los internamientos, las cárceles, las deportaciones o la tortura; surge la violación de las libertades de expresión, pensamiento, movimiento, etc., en fin, de los derechos humanos. Emerge una dictadura fascista que se impone sobre el cuerpo social, y que actúa con una complicidad de parte de la sociedad, tal como ocurrió en Alemania, donde muchos ciudadanos sabían y otros se hicieron los ciegos frente al exterminio judío.

En otro escrito he sostenido que en la actualidad Estados Unidos camina hacia un fascismo, debido a que en el gobierno de Donald Trump se ha dado una

“vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores”.

Creo que estos mismos peligros corre la sociedad colombiana con el “tipo de ideas” que encarna Abelardo de la Espriella. Esta clase de ideas son claramente de tipo fascista. De la Espriella [a] ha creado la narrativa de un “país milagro”, escatológica, al que [b] hay que salvar. [c]Rellena esa narrativa con frases simples o eslóganes como “Firmes por la patria” y [d] promueve las banderas de la defensa de la propiedad (de los más ricos) y de la seguridad. También crea [d] una narrativa del enemigo, del chivo expiatorio culpable de todos los males del país, en este caso, la izquierda comunista y guerrillera. Esa izquierda es el “gran Otro” del que hablamos atrás. Esa izquierda es el virus al que hay que eliminar para mantener sano ese “cuerpo social” que es la patria. La patria aparece como un significante afectivo, romántico, efectista, que promueve [e] la militarización de la sociedad en su conjunto y la proliferación de miles de cárceles. A esto se suma [f] la promoción de la virilidad tóxica patriarcal del fuerte, de la fortaleza. El “tigre” es ese símbolo de fortaleza pero que también tiene un componente violento: es el que destroza a los enemigos de Colombia, a los enemigos de la “gente de bien” que la derecha que encarna defiende. Esto es así porque, entre otras cosas, [g] este neofascismo es profundamente clasista y elitista. Estas dos características las epidermiza y encuerpa el propio candidato (en realidad un “rastacuero recienvenido”) con su estética personal y sus actitudes (esos “desprecios que matan”). A esto se suma la [h] vieja defensa de los sagrados valores familiares por medio de una religión. Y cuando la religión aparece mezclada con la política, el cóctel es peligroso, ya lo sabemos por múltiples experiencias históricas.

El fascismo que encarna Abelardo de la Espriella es manifiesto en el [i] ataque continuo a la prensa y la persecución de periodistas, [j] la animadversión que ha mostrado frente a la educación pública, crítica y secular; sus [k] ataques a la diversidad, su misoginia, su homofobia, su sexismo y su machismo explícitos. Este último aspecto lo convierten en un candidato anti-derechos, algo tan propio de los neofacismos que buscan conculcar los logros históricos de las luchas de las mujeres y los movimientos LGTBIQ+.

Abelardo de la Espriella no solo encarna elementos del “fascismo histórico”, sino que adopta elementos más recientes [l] como la lucha contra lo que llaman “ideología woke”, que en sus comienzos fue progresista y que, posteriormente, devino en fundamentalismo identitario. Pero el problema es que dentro de lo “woke”, que ellos asimilan a “progresismo”, el fascismo actual incluye todo aquello que es de su desagrado o que defiende demandas y valores emancipatorios que el fascismo detesta. Esto es parte de la batalla cultural que el fascismo actual o sus manifestaciones (Con Trump, Milei, Vox o Bukele) asumen como tarea en los medios y en el proselitismo político diseñado para confundir y movilizar a las masas, asimilados más a creyentes. Asimismo, [m] parte de los nuevos dispositivos que incorpora este neofascismo es la pornopolítica, en la cual la política misma se vacía de contenido y se convierte en espectáculo, en show, en escena, dejando de lado los debates esenciales para la sociedad como la salud, la naturaleza, la justicia social, la equidad, el arte, la educación y la cultura. Esto es así porque el fascismo se basa en un régimen de simplificación que minimiza lo complejo, ensalza exageradamente ciertos valores y contenidos y rehúye la complejidad y la heterogeneidad de lo real, entonces, resulta más simple hablar de patria, emprendimiento o seguridad.   

El “fascismo criollo mafioso” como lo llamó Cepeda es, en verdad, el que [n] representa un peligro para la institucionalidad, la constitución y la democracia real. Ya se anunció un gobierno como el de Trump en el cual se gobierna por medio de una avalancha de decretos presidenciales, soslayando el debate en el congreso, en el legislativo, y presionando a las Cortes para su aprobación. Con métodos de captura y amenaza constante de la institucionalidad fue que Bukele logró cambiar la constitución para instaurar la reelección indefinida en el Salvador. Así podrá perpetuarse en el poder por los próximos años. Y todo eso se fundamenta y legitima en el dogma del securitismo y en su papel de salvador de la patria. De este modo, la alternación democrática es la primera damnificada, al igual que la participación del ciudadano en los asuntos que le conciernen.  

En 1995 Umberto Eco dictó su célebre conferencia “Il fascismo eterno” traducida al español como “Contra el fascismo” en el cual señala varias características “esenciales”, “eternas del fascismo” que permiten reconocerlo, entre ellas: el culto a la tradición, al pasado, el irracionalismo, el culto a “la acción por la acción” pues “la vida es para la lucha”, la sospecha hacia el  mundo intelectual o el anti-intelectualismo (pues los intelectuales críticos siempre son una molestia o un peligro), el rechazo al desacuerdo o a la disidencia argumentada, pues “el desacuerdo es traición”; el miedo a la diferencia y la búsqueda de un consenso homologante impuesto en la sociedad; su apoyo en las clases medias, el culto a la identidad nacional; el “elitismo popular”, pues los ciudadanos defensores de sus ideas son “los mejores” ciudadanos; el heroísmo, el “culto a la muerte” y la lógica del sacrificio (hacerse matar por la patria) y, por su puesto, comenta Umberto Eco, el machismo y el culto a las armas. Quien lea bien el texto de Eco podrá hacer una tabla comparativa y comprobar si el abogado, “estafador de estafadores” como lo llamó Cepeda, encarna muchas de esas características.

Finalmente, el fascismo “mafioso” se representa en que el candidato ha sido un comprobado defensor jurídico de la mafia, en lo cual no ha mostrado escrúpulos pues al fin y al cabo la “ética nada tiene que ver con el derecho”, según dice, sino además porque los regímenes que se están configurando en la región, como el de Ecuador con Noboa, han mostrado un entronque entre el narcotráfico y todo tipo de economías ilícitas con sectores políticos y con el aparato estatal. De configurarse el fascismo mafioso en Colombia, las expresiones “enriquecimiento sin causa” o “enriquecimiento ilícito” serían moneda de cada día. Este es el molotov que se avecina para Colombia si los ciudadanos deciden elegir el pasado securitista, excluyente y oligárquico por sobre un modelo de sociedad más justo y equitativo.

Referencias bibliográficas claves

Arendt, Hannah. (1951). The origins of totalitarism. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Eco, Umberto. (2025). Contra el fascismo. Barcelona: Lumen.   

Cruz, Edwin. (2025). Pornopolítica. Bogotá: Desde abajo.

Pachón, Damián. (2026). “El fascismo americano y las ultraderechas autoritarias”. En: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/el-fascismo-americano-y-las-ultraderechas-autoritarias/

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.