Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bueno, muchas gracias por esta entrevista, yo quiero empezar hablando un poco de estos años, de ese reto de asumir la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y quizás de todo lo que te ha tocado aquí, pero sobre todo ese reto más difícil. ¿Cuál es el reto más difícil de lo que te ha tocado, la complejidad más grande de haber asumido la dirección del Centro Nacional de Memoria?

A ver, esa pregunta es sustancial para entender lo que hemos hecho en todos estos meses de gobierno. Al entrar al Centro, de las palabras más comunes que escuché fue producto. Y yo, fue una de las cosas que más me interpelaron, porque yo no considero que ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni las investigaciones, ni el conflicto sean un producto, sino que se necesita un proceso. Y si nosotros no entendemos la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad como un proceso y lo manejamos como un producto, no va a tener las consecuencias tan importantes que implican escuchar, y para escuchar se requiere un proceso, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a nosotros no nos enseñan culturalmente a escuchar, ni en el colegio, ni en la casa, ni en la sociedad escuchamos. Entonces es quizás uno de los retos más significativos, y eso estamos aprendiendo, eso ha sido la fuerza de escuchar todas las memorias, todas. Me acuerdo en un territorio que me decían María, no señora, usted no puede escuchar a los paramilitares, usted no puede escuchar a los guerrilleros, usted no puede escuchar a los delincuentes, y yo les decía, pero si no escucho a los responsables, ¿cómo voy a entender sus acciones para poder explicar este conflicto? Tengo que escuchar, eso no quiere decir que sea empática con lo que hicieron, eso no quiere decir que justifique lo que hicieron, pero nosotros tenemos que escuchar, escuchar no implica aceptar lo que el otro está diciendo, y eso es dificilísimo. Porque nosotros, y eso me pasa, yo no quiero decir que yo soy la maestra de la escucha, lejos de ahí, pero estamos en un proceso absolutamente auténtico y veraz de aprender a escuchar, porque muchas veces uno está escuchando al otro ya con todo un universo cultural y personal que nos impide recibir lo que estamos escuchando, y estamos siempre en una escucha reactiva, no receptiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, una escucha receptiva, y no solamente receptiva para recoger la memoria colectiva, que es lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica desde su primer día de nacimiento, y convertirla en memoria histórica, y memoria histórica es triangular la información, yo escucho a la víctima, o el hecho victimizante, al responsable, y también lo cotejo con archivos. Esa triangulación es la que le da fuerza al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica, porque en Colombia la memoria colectiva es quizás de las expresiones también tan diversas como nuestra geografía, porque la memoria colectiva en Colombia se baila, se canta, se llora, se grita, se insulta, se pone en teatro, se escribe, se compone, se conversa, y esa diversidad es la que nos permite saber que como cantan en La Guajira, no cantan como en el Llano, y como cantan en el Llano, no cantan en el Chocó, y en el Chocó no cantan como en el Amazonas, y escuchar a todos esos cantos nos permite tener una sinfonía colectiva que nos permita construir el país que queremos, o el país que soñamos, y el país que sueña La Guajira no es el mismo país que sueña el Amazonas, ni que sueña el Chocó, ni que sueña Nariño, ni que sueño yo, porque yo qué país sueño, el de la restauración moral y democrática de la República que Jorge Eliécer Gaitán encarnó toda su vida, y por eso el 9 de abril no solamente les rindo homenaje a las víctimas del conflicto, que para mí, más allá de ser víctimas, que sí han habido un centenar de miles de víctimas del conflicto, les rindo homenaje a los líderes, lideresas y resistencias, que además han escuchado la palabra de Jorge Eliécer Gaitán, porque Jorge Eliécer Gaitán buscó ser asesinado, y claro, asesinaron su cuerpo, y eso deshizo una familia, violentó una esperanza que estaba surgiendo, pero sobre todo, destruyó una familia, una familia que tenía vocaciones distintas, y que muchos, o la gran mayoría, mujeres, hemos optado por mantener firme el legado de Jorge Eliécer Gaitán, porque es un legado que este país tiene que escuchar, entonces cuando digo que Gaitán está vivo es porque está en el territorio presente, como me dice un compañero que lo repito tantas veces, yo, María Gaitán, me convierto en el territorio en una rockstar, porque no soy yo, es Gaitán, y que Gaitán, como él decía, yo no soy yo, personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque lo he interpretado, y yo no soy yo, María Gaitán, yo soy Gaitán porque es un pueblo que se siente interpretado todavía por lo que dijo Gaitán hace más de 78 años, cuando fue asesinado.

Me gustaría hablar de las acciones, porque las acciones siempre cuentan mucho, este 9 de abril, quizás, no sabemos si usted va a seguir al frente del Centro Nacional de Memoria el próximo año, pero por ahora sabemos que este 9 de abril es el último en este mandato, y usted está al frente, ¿qué va a pasar este 9 de abril?

Este 9 de abril nos vamos a encontrar con más de 80 líderes y lideresas y resistencias de todo el país, que vienen a que conversemos, a que articulemos y tejamos las experiencias de los otros, a que escuchemos dolor, pero sobre todo lo más importante es a contarles que reanudamos la obra del Museo de Memoria de Colombia, y logramos reanudarla en esta administración, difícil, difícil, duro, duro, pero logramos limpiar todo un proceso administrativo que era tan complejo, que era muy difícil de darle ruta si no se hacía este trabajo metódico de ordenar la casa para poder empezar a pensar en la idea de retomar la obra. Y en este museo de más de 14.700 metros cuadrados, y con un espacio público que estamos buscando que se integre a Bogotá, que eso también lo estamos haciendo, integrar el museo a Bogotá, que no sea un edificio aislado, sino que sea un edificio que haga parte de la ciudad, de una ciudad además que tiene que escuchar el territorio, porque nosotros decimos en permanencia el territorio habla, que también Bogotá es territorio, pero es que a Bogotá le cuesta mucho escuchar al resto del país. Entonces, en este lugar es donde realmente el territorio va a hablar y el centro tiene que escuchar, y el centro es Bogotá, el centro es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y este 9 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán vamos a escuchar el territorio, en el centro, y en un lugar muy emblemático de la ciudad que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Hay un tema sobre todas las memorias que a mí me fascina porque realmente creo que es lo que necesita el país, encontrarse, pero vemos la polarización, vemos que esto parece que somos descendientes de ese bipartidismo que tanto nos hizo daño y del que su abuelo tanto también le hizo daño a él, y tanto lo criticó también como esa falta de dignidad moral, que me parece muy interesante esa idea que usted está devolviendo, de devolverle dignidad al país, porque cuando se ven todas las memorias se devuelve dignidad a todas las memorias también, pero…¿por qué nos cuesta tanto?

Porque yo creo que nosotros fuimos formados culturalmente y socialmente a mantener tres elementos de los cuales yo considero que son los combustibles más efervescentes para este conflicto, que son el racismo, el clasismo y la desigualdad, y eso no viene desde el bipartidismo, eso viene desde la ocupación colonial española, cuando vinieron aquí a arrebatar territorios que no les pertenecían con una arrogancia que todavía tenemos, porque los criollos recuperaron y mantuvieron la arrogancia española, y eso es lo que nos está también impidiendo escucharnos, y que todas las memorias sean tenidas en cuenta. Entonces, cuando se habla de polaridad, yo creo que esta polarización no es de ahora, sino de siempre, y como tú lo dices, Gaitán, esa polarización fue la que más atacó, pero la razón por la cual, o sea, la esencia que él atacó es por la cual a él lo atacan, Gaitán unió al país de todos los partidos, al país nacional de todos los partidos, y unió al país político de todos los partidos, y ahí sí crea una división, pero es una división distinta, es una claridad política, que es la que tenemos, pero que es súper confusa. Entonces, a partir de la Constitución del 91, ya no son liberales y conservadores esa polarización, pero sí unos totalmente polarizados, en una explosión de partidos que representan al país político y que siguen manipulando al país nacional. Pero yo creo que poco a poco ese país nacional se está despertando, y yo pienso en los jóvenes con el estallido social. El estallido social abrió un trecho y un sendero muy importante en Colombia. Y esos estallidos sociales, como el 9 de abril, fue un estallido social. El 9 de abril de 1948, que mal llaman Bogotazo, porque eso no fue en Bogotá, fue en toda Colombia. Y cuando hablan de Bogotazo es como si se limitaran para que la historia oficial piense en incendios, en asesinatos, en un país emborrachado. Sí, se emborracharon, incendiaron, pero hay que saber quiénes incendiaron también, quiénes emborracharon, porque yo sé que también el país político brindó y se emborrachó de la felicidad de haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, quiénes se emborracharon hay que saberlo, porque se emborracharon unos y otros. Entonces, la polaridad, yo creo que hay una frase de Gaitán que a mí, o un concepto de Gaitán que me parece muy importante. “Para que haya luz, tienen que existir dos polos, el negativo y el positivo.” De lo contrario no hay luz. Entonces, el problema no es que haya dos fuerzas polarizantes que permiten la luz, sino que esas dos fuerzas polarizantes no produzcan luz, que es lo que nos sucede. Por eso Gaitán decía tan sabiamente que existía un país político liberal y conservador, y un país nacional liberal y conservador, pero que si ese país político —el liberalismo y el conservatismo— no eran el polo positivo y negativo, lo que producía luz era que el pueblo fuera superior a sus dirigentes para poder nivelar y darle dignidad a este pueblo que históricamente ha sido destrozado, humillado, denigrado, convertido en miseria, por eso somos el tercer país más desigual del mundo.

Hablemos de la administradora pública también, que le tocó llegar a administrar el CNMH después de Darío Acevedo y de todo el planteamiento, de una ruptura que venía del Centro, de una ruptura del Centro con muchos historiadores, con muchos sectores también del país, ¿cómo fue retomar eso desde la administración, desde darle una vuelta también a esta institución?

Mira, yo voy a decir una frase que puede ser tomada de distintos ángulos dependiendo de quien la escuche. Cuando yo llegué a esta entidad, te digo sinceramente que yo nunca me había acercado a ella, porque inclusive en momentos en que fue muy importante en investigación, a mí la academia, como decía Jorge Eliécer Gaitán, la frialdad dolosa del académico me parece que no transforma. Da de pronto luces y claridades, pero no transforma. Por eso esos ocho años de investigaciones tan académicas, donde recogían la memoria colectiva, la convertían en memoria histórica y se quedaba enterrada en productos en bibliotecas, era algo que no me interesaba. Nunca me acerqué. Después entra ese momento con esta idea de que el conflicto no existe, sino una mano de bandoleros criminales terroristas, y que el Ejército y la Fuerza Pública eran los defensores de la patria, y eran defensores de la patria que estaban cometiendo falsos positivos. Entonces yo dije, bueno, esta institución no es ni de centro, ni de memoria, ni de historia, ni nacional. Entonces yo siempre estuve muy, muy alejada. Y cuando entré, ¿qué me pasó? Que la Fuerza Pública estaba muy empoderada de la entidad, siendo los “héroes de la patria”. Pero por el otro lado, yo había escuchado permanentemente, con gran admiración y respeto, a las madres buscadoras y a las madres de Soacha buscando a sus hijos, y donde el Ejército también cometió de las cosas más criminales que puede tener un país contra su mismo pueblo, que son los falsos positivos. Y además sabiendo que en la época de Gaitán existió la chulavita y que cuando vino el Ejército el 9 de abril, los curas les dieron aguardiente con pólvora para que asesinaran violentamente. Entonces, esta Fuerza Pública también tiene… sí, ha habido víctimas dentro del mismo Ejército, de la misma Fuerza Pública, y a ellos los escucho y avanzo con ellos. A la otra también. Pero lo que me ha parecido absolutamente fantástico es que las conversaciones iniciales que tuvimos con la Fuerza Pública, que llegaban uniformados y acartonados, pues en este momento nos estamos escuchando. Y eso para mí es un éxito y un agradecimiento infinito, porque realmente ha habido una transformación en el diálogo. Porque tanto ellos empezaron a escuchar como yo, porque esto no es de un solo lado. Yo tampoco los escuchaba porque culturalmente, históricamente, tengo mis diferencias. Pero al mismo tiempo, el último debate de Jorge Eliécer Gaitán en la madrugada del 8 de abril fue por el honor militar. Entonces traté de escuchar a Gaitán todavía y decir: quiero encontrar el honor militar de la Fuerza Pública.

Hablando de un tema que es importante para la memoria ¿Qué hacer cuando un grupo paramilitar, un grupo narcotraficante como el Clan del Golfo quiere tomar el nombre de su abuelo?

Mira, eso hace parte de lo que sí es realmente la polarización. Eso para mí sí es polarización, porque la polarización en Colombia está cargada de mentiras, está cargada de estigmatización y de tergiversación de la verdad. Y eso es lo que está haciendo este grupo criminal del Clan del Golfo, usurpando un nombre que no se le mide por ninguno de los ángulos que ellos buscan que les cuadre. El Clan del Golfo hace parte de esas pocas intenciones en este país de destruir un legado, porque lo que están buscando es destruir un legado. Pero este pueblo no es bobo. Este pueblo sabe perfectamente que Gaitán lo que buscó fue la restauración moral y democrática de la República, cosa que es absolutamente opuesta a lo que estos criminales están haciendo en este país, que es toda la falta de ética, la falta de moral, y todo por la plata, con una corrupción, con una violencia, una criminalidad que no roza a Gaitán. Yo sé que esta lucha la convertí sinceramente en algo personal, y recuerdo mucho frases que contaba mi abuela sobre su vida con mi abuelo. Cuando Gaitán había tenido un momento muy estelar en alguna parte de Colombia, los medios de comunicación, por lo general El Tiempo en ese momento, lo atacaban y decían que era un populista, negro, indio, lo insultaban utilizando además expresiones que para él eran un orgullo. Porque si uno va a la esencia misma del populismo, eso fue lo que fue Gaitán: el pueblo superior a sus dirigentes. Entonces mi abuelo leía siempre el periódico en el desayuno, y mi abuela se enfurecía, y Gaitán le decía: no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que Gaitán me diría eso frente a lo del Clan del Golfo, que no me preocupe, pero a mí sí me toca, porque tengo una rebeldía que no me permite quedarme tranquila frente a la distorsión de un legado que fue una esperanza para Colombia. Entonces, lo que decía mi abuela, y es lo que yo le respondo a Gaitán cuando hablo de esta lucha, es: tú preocúpate por las cosas importantes que yo me preocupo por las pequeñas. Y mi abuela cogía el teléfono y llamaba al director de El Tiempo y le reclamaba. Yo tampoco permito que este grupo criminal y otros estén usurpando a Gaitán, como mi mamá siempre dice, muchos políticos hablan de Gaitán, pero al mismo tiempo la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán está en ruinas, se está cayendo, y el Exploratorio Nacional está abandonado hace más de 20 años, está en ruina, y el legado de Gaitán, el sitio donde está enterrado mi abuelo, se lo comió la maleza. Y la Universidad Nacional no hace nada y el gobierno tampoco hace nada. Entonces eso también es una agresión contra el legado gaitanista, no solamente la usurpación de su nombre.

Bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno porque finalmente toca hablar, no puedo dejar de hablar del gobierno al cual usted también pertenece.

¿El presidente Petro escucha? ¿O a usted la escucha?

Mira, yo creo que en los pocos momentos que he tenido con Gustavo Petro han sido conversaciones muy afectuosas, muy fraternas y supremamente constructivas, porque independientemente de la cantidad de veces que haya o no haya hablado con el presidente, las veces que he logrado conversar con él, es un hombre audaz, tan creativo, que lo que uno conversa se convierte en mucho más poderoso y le abre, florecen nuevas ideas. Entonces esos momentos para mí son sagrados, son importantes.

 ¿Cuál es el legado de este gobierno frente a la memoria del país, en cabeza suya además?

 A ver, nosotros estamos dejando un Centro Nacional de Memoria Histórica con enorme sentido, y yo digo sinceramente que ese sentido no se lo pueden arrebatar, porque si se lo arrebatan pierde el Estado su deber con el país. Este Centro Nacional de Memoria Histórica no puede darle otra forma distinta a lo que hemos construido, porque lo que hemos construido es la escucha con el territorio. Eso es lo que se necesita. Hay todavía muchos procesos por afinar, porque construir y transformar en cuatro años es muy corto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya se retomó la obra del museo, y el museo ya tiene sentido por dentro, pero ese sentido no se lo pueden transformar, porque si se transforma estamos haciendo una negación de lo que es un conflicto contado y escuchado desde el centro para el territorio. Yo creo que nosotros hemos dejado armado el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo más importante es la lucha de convertir esta entidad en una institución permanente, porque otra de las apuestas que consideré fundamentales era que no solamente Colombia tenía que escuchar, sino que el mundo tenía que escuchar a Colombia, y siempre uno vive que uno sale colombiano y le hablan de Escobar y se limitan a unas ignorancias informativas que son agotadoras. Lo otro es esa apuesta de contarle al mundo quiénes somos, y me encontré con una cosa maravillosa, y es que muchos museos del mundo lo que están buscando es crear en su interior centros de memoria, y nosotros hicimos al revés, pensado o no pensado, pero fue muy bien pensado en la Ley 1448 crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero lo que no fue positivo es que le hubieran dado un tiempo limitado a esta entidad, primero además porque seguimos en conflicto, y segundo porque experiencias de otras latitudes han demostrado que la memoria es un proceso largo, largo, largo. Pero además, por algo que usted ha dicho en algún lado, y es que la memoria es necesaria para que un país encuentre constantemente un sentido, usted no puede prescindir de la memoria, y sobre todo que nosotros somos memoria, permanentemente somos resultado de unos ancestros también, que a su vez tenían memoria, y si nosotros escuchamos a científicos, sobre todo a neuro-científicos, hablan de la importancia de la memoria en las células. Entonces si estamos permanentemente bloqueando la posibilidad de la memoria, estamos bloqueando la posibilidad de construir ese después que tanto necesitamos, y no es solamente que queramos, es que necesitamos. ¿Qué hubiera pasado en una Colombia donde no hubieran asesinado a Gaitán? ¿Qué hubiera pasado con una Colombia donde no hubiera existido esa polarización de los privilegiados? Entonces eso es lo que el Centro Nacional de Memoria tiene que seguir construyendo.

Voy a finalizar esta con una pregunta un poco psicoanalítica, me va a perdonar. ¿Qué le diría a su abuelo de eso que está haciendo usted? Si pudiera tenerlo hoy, ¿qué le diría de eso que ha hecho? De lo que está haciendo?

Pues yo le diría que lo escucho mucho y lo escucho de verdad. Pongo mucho sus discursos, muchos.

El Me Too Colombia, propio de esta fase feminista en clave digital del siglo XXI, estalló en todas las redes y, a manera de búmeran, visibilizó casos de denuncia de violencia, abuso sexual, abuso de poder y otras formas de acoso en el mundo del periodismo y en otros escenarios. Esto, sin duda, removió y dio oxígeno —no solo de manera simbólica, sino real— al movimiento dedicado a estas causas nobles, a las mujeres víctimas que se atrevieron a denunciar, hoy y siempre, y a las colectivas dedicadas al litigio violeta, muchas de ellas igualmente perseguidas, estigmatizadas e incluso denunciadas por los victimarios.

Pero también cuestionó, entre otras instituciones, al Estado patriarcal y a su justicia lenta, responsable en parte de la impunidad frente a la infinidad de casos que llegan —o que deberían llegar— a su conocimiento. El #MeTooColombia dejó al descubierto “el pacto de silencio” en torno a esta crueldad normalizada por todos y todas, en donde el Estado y la justicia han quedado en cuestión significativa. Ni hablar del silencio del primer gobierno de izquierda ante tantas denuncias, en el que ha preferido premiar a los denunciados, dejándolos en condiciones privilegiadas para la construcción de estrategias de silenciamiento y violencia sistemática.

Gracias a la lucha de siglos y décadas de las colectivas feministas, se han logrado avances en el mundo y en Colombia en la construcción de un marco jurídico de protección. En el caso colombiano, ese marco parte de la propia Constitución Política, de su bloque de constitucionalidad —con instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará— y de normas como la Ley 1257 de 2008, gran ley contra todas las formas de violencia de género; la Ley 1542 de 2012; la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio y es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely; la Ley 2126 de 2021; la Ley 2365 de 2024; el Código Penal, en su componente violeta; y el Código de Procedimiento Penal. A ello se suman las sentencias violetas de la Corte Constitucional, de las demás altas cortes de cierre, los aportes de la justicia transicional impulsada por la JEP y la lenta transformación de la justicia patriarcal colombiana. Aun así, la impunidad ha seguido siendo la regla.

Todo este ordenamiento jurídico —en muchos casos de carácter punitivo— se ha tenido que implementar ante la prevalencia de una cultura que sigue viendo a las mujeres como propiedad, como subordinadas, como cosas, como objetos y hasta como amenaza. Así lo reflejan las cifras, en donde las mujeres constituyen el 75,6 % de las víctimas de violencias basadas en género (VBG), dato que evidencia la feminización de la crueldad en este ámbito, sin desconocer que otros géneros e identidades sexuales también son susceptibles de estas violencias estructurales e históricas.

Son estas mismas instituciones las que conocen de primera mano los hechos aberrantes o reciben las denuncias y, por lo tanto, tienen la enorme responsabilidad de recepcionar, acompañar, investigar y administrar justicia en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio, acoso sexual, trata y toda forma de violencia simbólica. Al final, todo se convierte en un viacrucis —como he denominado esta columna— que culmina en la revictimización o crucifixión de las víctimas: una especie de Semana Santa permanente, pero sin resurrección, sin la más mínima esperanza.

Por fortuna —y lo digo así— las estrellas se alinearon en el caso de #MeTooColombia: algunos agresores fueron removidos de escenarios de poder (ya los veremos en otros escenarios, como si nada), se activaron redes de mujeres y mecanismos de protección, y el tema logró visibilidad gracias a voces femeninas influyentes en el mundo de la comunicación, un asunto impensable para mujeres de otras geografías en Colombia. Sin embargo, esto no puede quedarse en la reacción coyuntural. Se requiere ir más allá de comités de investigación —el show mediático que están haciendo las instituciones ante lo que denominan crisis— y avanzar hacia la creación urgente de culturas organizacionales con enfoque de género e interseccionalidad.

En esa línea, resulta relevante el anuncio de la Fiscal General de la Nación sobre la creación de grupos especializados con enfoque de género, la revisión histórica de casos bajo su conocimiento —¿qué pasó?— y la valoración y el seguimiento del derecho fundamental al escrache, identificado por la Corte Constitucional de Colombia como la libertad de expresión que “permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia” (Sentencia T-289 de 2021). Un derecho fundamental que, en el contexto colombiano, culmina con la criminalización de las víctimas y de las colectivas, quienes terminan denunciadas por injuria y calumnia por parte de sus agresores. Lo de la Fiscalía llega tarde, pero es mejor tarde que nunca.

Vuelvo entonces a la metáfora de los lentes: no todos los casos los requieren, pero los de VBG, indudablemente, sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de juzgar con perspectiva de género cuando los casos clamen dichos enfoques. Sin embargo, estos lentes resultan insuficientes si no se articulan con enfoques de interseccionalidad e interculturalidad. No es lo mismo estar en Bogotá que en las diversas geografías del país. Edad, etnia, condición migratoria, identidad sexual, discapacidad, ruralidad, pobreza y subordinación son variables que deben cruzarse para comprender la complejidad de estos casos, muchos de los cuales terminan en el olvido, mientras el viacrucis continúa.

La crueldad histórica contra las mujeres no ha terminado y no promete hacerlo pronto. Hablamos de siglos de sistema patriarcal, pero también de luchas, resistencias y avances —desde distintas geografías y miradas— que nos recuerdan que este proceso no es lineal ni homogéneo. En Abya Yala, por ejemplo, las luchas no solo son por igualdad, sino por comunidad, reconocimiento y vida digna. Allí, el feminismo comunitario también realiza la tarea.

Nota 1: Esta columna fue escrita en plena Semana Santa. Que la espiritualidad nos colme de empatía para comprender —y erradicar— tamaña crueldad histórica.

Nota 2: Un análisis más profundo de este tema se encuentra en el artículo escrito junto con Ana Lucía Caldas: La lucha por la inclusión de la perspectiva de género en la aún justicia patriarcal colombiana. Cuatro casos emblemáticos, el cual se puede consultar a texto abierto en el siguiente enlace:
https://www.rivistaianus.it/numero_30_2024/flipbook/html/05/05_Ianus_30_Achury_Caldas_117-148.html

Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Desde cerca, es algo más complejo: un intento de darle forma a una memoria que sigue en disputa.

Una tarde lluviosa de estos días entrevisté a su directora, Adriana María González Maxcyclack, para entender qué significa hoy la reactivación de la obra del museo.

En Colombia, la memoria no fracasa: se interrumpe. Se aplaza, se discute, se pone en duda, se vuelve sospechosa. Y, a veces, cuando intenta tomar forma concreta, cuando se vuelve edificio, presupuesto, cronograma, el país parece exigirle una pureza que no le exige a nada más.

Durante años, el Museo de Memoria de Colombia fue el blanco perfecto de esa impaciencia. Una estructura detenida, un esqueleto de concreto en Bogotá que permitía una conclusión fácil: aquí no pasó nada. “Elefante blanco”, repetían muchos, como si el nombre resolviera la incomodidad de fondo. Pero en Colombia, lo inconcluso rara vez es simple negligencia. A menudo es síntoma.

Porque mientras el museo parecía detenido, el conflicto no lo estaba.

“Esto sucede porque la ciudadanía aún no ve el avance que nosotros desearíamos, pero esa situación tiene una lógica y una razón de ser”, dice la directora del museo. Y en esa frase hay una defensa, pero también una constatación: el país mira rápido, juzga rápido, olvida rápido. La memoria, en cambio, funciona con otra velocidad.

El retraso, tres años acumulados desde que inició la obra en 2020, tiene explicaciones técnicas: un contratista que incumple, una Agencia Nacional Inmobiliaria que declara ese incumplimiento, un entramado de demandas que paraliza todo. Pero incluso esa explicación, precisa y necesaria, no alcanza a tocar el núcleo del problema.

Aquí la directora se detiene en lo que pocas veces se entiende afuera: “hay unos temas jurídicos asociados a esto que nos está atendiendo la Agencia Nacional Inmobiliaria. Ellos están demandando al contratista y a la interventoría, y el contratista, a su vez, está demandando al Estado. Entonces lo primero fue entender el estado real del contrato, organizar absolutamente toda la información y, a partir de ahí, saber cuánto cuesta reactivar el proyecto”.

Ese cálculo no es menor “Al cierre legal y financiero del proyecto a  2024, se requerían $101.608.985.093,83.  Dado que el proyecto contaba con recursos de $15.652.292.695,70, se solicitó en el nuevo proyecto de inversión el valor de $85.956.692.398,13. De este valor, fueron asignados $21.000 millones para la vigencia 2025 y $21.630.000.000 para la vigencia 2026, con un saldo de $43.326.692.398,13.(sin indexar)”:

Porque el museo no se retrasó solo por razones jurídicas. Se retrasó también en un país donde la memoria sigue siendo incómoda.

El reciente anuncio del reinicio de la construcción, presentado como “un hito de dignidad para las víctimas”, llega en un momento en el que hablar de memoria sigue siendo, en sí mismo, una toma de posición. No porque deba serlo, sino porque el país lo ha vuelto así.

En ese contexto, el lema que impulsa hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, “todas las memorias, todas”, suena menos a consigna y más a desafío.

¿Cómo se narra “todo” en un país donde el diálogo es frágil, donde las versiones del pasado no solo difieren sino que se excluyen mutuamente? ¿Cómo se construye un relato común en una sociedad atravesada por desconfianzas, miedos y silencios heredados?

La apuesta es, de facto, radical. Y también riesgosa.

“Había que poner la casa en orden”, dice la directora del museo sobre la llegada de la actual administración. Pero ordenar, en este caso, no fue solo resolver un litigio o conseguir recursos. Fue también hacerse una pregunta más difícil: qué memoria se está construyendo, y para quién.

Ahí aparece el nombre de María Valencia Gaitán, cuya gestión ha insistido en revisar y reactivar no solo la obra física sino el relato que la sostendrá. Porque un museo de memoria no es una colección de hechos, es una forma de organizarlos, de darles sentido, de decidir qué voces se escuchan y cómo.

“La obra es el cascarón, pero lo de adentro es lo que realmente se va a mostrar”, dice la directora del museo. Y enseguida aterriza esa idea en decisiones concretas: “hemos avanzado en las narrativas de las salas, en espacios como ‘Cacofonía’ o ‘Nuestra América, nuestra memoria’, y en todo el recorrido central. Pero eso solo es posible si la obra física avanza, porque sin ese espacio no hay dónde poner esa conversación”.

Y ese “adentro” es, quizás, el lugar más conflictivo de todos.

El museo propone tres salas iniciales: conflicto, territorios, resistencias. Una línea de tiempo que intenta explicar las causas estructurales de la guerra, desde las disputas por la tierra hasta la irrupción del narcotráfico y los distintos actores armados. Luego, una mirada a cómo esa guerra se vivió en las regiones. Y, finalmente, un espacio para las respuestas de las comunidades: sus formas de resistir, de narrar, de reconstruir.

Pero esa propuesta no nace de cero. “Esto es un trabajo que se ha venido haciendo con las organizaciones desde hace años”, explica. “El museo recoge procesos como ‘Voces para transformar Colombia’ y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que hicimos fue actualizar ese plan museológico bajo un concepto que llamamos ‘umbral’, que invita a las personas a entrar en experiencias donde van a ser parte del proceso”.

Sobre el papel, la secuencia es clara. En la práctica, no lo es tanto.

Porque contar el conflicto en Colombia implica inevitablemente tocar heridas abiertas. Implica nombrar responsabilidades en un país donde aún hay actores armados, donde las violencias mutan, donde el pasado no termina de pasar.

Dialogar, en ese contexto, no es fácil. Y quizás nunca debió serlo.

Tal vez haya algo que reconocer ahí: que la dificultad misma del diálogo es prueba de que sigue siendo necesario.

El museo insiste en que no es solo un edificio en Bogotá. Habla de una dimensión territorial, de más de 300 lugares de memoria en el país, de comunidades que deciden cómo quieren recordar. Habla de una dimensión virtual, de acceso abierto a esos relatos.

“Son espacios construidos por las comunidades para dignificar lo ocurrido”, dice la directora. “No necesariamente son lugares del horror. Pueden ser bosques, casas, senderos. Lugares donde la gente decide cómo recordar”.

Es, en teoría, un intento de descentralizar la memoria.

Pero incluso esa apuesta enfrenta un límite: el país sigue profundamente fragmentado. No todas las memorias quieren encontrarse. No todas confían en las otras. No todas creen en el Estado como mediador.

Y aun así, el museo propone reunirlas.

El 9 de abril habrá una puesta en escena: testimonios, música, una línea de tiempo, experiencias sensoriales. No será la inauguración del edificio, sino algo más provisional. Una especie de ensayo público de lo que podría ser el museo.

“Va a ser un evento muy emotivo”, explica. “Van a estar organizaciones de víctimas, cantaoras, familias buscadoras, pueblos indígenas. La idea es que la gente entienda el museo antes de que exista completamente”.

“Es conectar a la gente con algo: decirle ‘esto está vivo’”, añade.

La frase tiene algo de insistencia, casi de urgencia. Como si el mayor riesgo no fuera el retraso de la obra, sino la pérdida de sentido.

Sería fácil reducir esta historia a una narrativa de ineficiencia estatal o, en el otro extremo, a una épica institucional. Ninguna de las dos alcanza.

Lo que ha ocurrido con el Museo de Memoria es más incómodo: revela la dificultad de un país para mirarse a sí mismo sin simplificaciones.

Y, al mismo tiempo, evidencia el esfuerzo, parcial, discutible, pero real, de intentar hacerlo.

Hay que decirlo con claridad: reiniciar esta obra no era inevitable. Requería decisiones, recursos, voluntad política. Requería asumir el costo de continuar algo que muchos ya daban por perdido.

En ese sentido, la administración actual ha hecho algo que no siempre se reconoce: volver posible lo que estaba detenido.

Cualquiera que llegue después tendrá que entender ese punto de partida. Y, más aún, tendrá que decidir qué hacer con él.

En Colombia, la memoria no es un terreno estable. Es un espacio en disputa permanente.

Quizás por eso el museo, incluso antes de terminarse, ya es lo que intenta ser: un lugar incómodo.

Un lugar donde no todo encaja. Donde las versiones chocan. Donde el diálogo se hace urgente. Y donde, precisamente por eso, algo importante puede ocurrir. No porque el país haya resuelto su pasado. Sino porque, a pesar de todo, todavía insiste en no dejar de mirarlo.

Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Memoria, conflicto y fotolibro desde Manizales

En Manizales, una ciudad de montañas empinadas y neblinas persistentes, lejos del vértigo editorial de Bogotá o Medellín, Santiago Escobar Jaramillo decidió trazar una línea. Una raya como gesto mínimo y fundacional. Pensar el país de otra manera. Pensar la producción de textos y de sentido desde el libro como objeto vivo. Así nació Raya Editorial en 2019.

Hace unos años lo conocí en un evento que moderé en la Feria Internacional del Libro de Bogotá sobre memoria en el mundo editorial. Me impresionó por su trabajo, por la minucia y el sentido que le imprime a cada proyecto. Hablaba del libro no como mercancía sino como postura; no como objeto decorativo sino como espacio de pensamiento. Desde entonces entendí que lo suyo no era solo editar, sino construir una ética alrededor del papel.

En Colombia existía una tradición del libro de fotografía y del libro de artista, pero no necesariamente del fotolibro entendido como lenguaje propio. Para Santiago, el fotolibro combina el ritmo de las películas con la narrativa de las novelas; la materialidad de la arquitectura con la reproducción industrializada de las rotativas. Es soporte y es experiencia. Es objeto, secuencia, respiración. Desde el libro como soporte y como lenguaje.

La fotografía en el país ha tenido maestría y fondo por la pulsión de los temas y la urgencia para expresarse. Décadas de conflicto armado, desplazamientos forzados, desigualdad estructural y tensiones políticas han producido una generación de fotógrafos que entienden la cámara como herramienta ética. Sin embargo, la edición —entendida como ejercicio de selección y secuencia, no de posproducción— estaba limitada a los medios tradicionales: periódicos, agencias de publicidad, registros institucionales del arte. Las imágenes quedaban subordinadas a formatos que no les permitían desplegar su potencia narrativa.

Santiago comenzó autoeditando su trabajo y el de otros autores. Hasta que el artista visual boliviano River Claure le pidió publicar el suyo con una condición: debía salir bajo un sello editorial. Esa exigencia formalizó una intuición. Así apareció el nombre y la poética:

Una raya es una idea.
Del papel salta un tigre.
De las tintas, un enigma.
De la historia, un fotolibro.

Desde entonces, Raya se enfoca en investigar, conceptualizar, editar, diseñar, publicar y presentar fotolibros de autores latinoamericanos. El libro es objeto-libro-experiencia: material, textura, formas y capas que componen una unidad coherente con el universo de cada proyecto. En pocos años han publicado 40 fotolibros y trabajan en siete más.

El arte —dice Santiago— logra lo que lo racional no alcanza. Está en los sentidos y en la experiencia conectar emociones. Allí afloran la empatía y el compromiso. Darle el peso a las fotografías abre un espacio de interpretación que cuestiona al lector en sus recuerdos e imaginarios. No todo debe estar explicado; deben quedar preguntas por resolver. En un país acostumbrado a discursos cerrados y versiones oficiales, el silencio también puede ser político.

Raya ha construido lo que él llama “una narratología sobre el conflicto armado en Colombia”: una serie de libros que cuentan vivencias y consecuencias de la guerra, documentan testimonios de víctimas y responsables, presentan hechos desde diferentes puntos de vista lejos del lugar común, resaltan la voz autoral y el compromiso con la memoria, enfatizan el derecho a la verdad y destacan actos simbólicos de reparación, acciones participativas y procesos colectivos. Un relato visual del conflicto y del posconflicto, en una nación que aún negocia las heridas abiertas tras los acuerdos de paz con las FARC y en medio de diálogos intermitentes con otros actores armados.

Colombia está atravesada por múltiples violencias, pero también por múltiples formas de resistencia: mingas indígenas, procesos comunitarios afrodescendientes en el Pacífico, redes de mujeres buscadoras, colectivos de memoria en barrios periféricos. En los libros de Raya esas tensiones se expresan materialmente: contraste de papeles; volumen y temperaturas; ruido y silencios; peso y gramaje; color y vacío; punto y línea. Si ante las atrocidades y la ausencia de justicia parece poco lo que pueden hacer las comunidades, la resistencia también se juega en lo cotidiano, en actos simples que aspiran a un porvenir.

La nacionalidad no es el centro. Lo esencial es el compromiso con la historia y el respeto por la gente. Menciona a Nadège Mazars, quien lleva más de 16 años viviendo en el país y cuyo conocimiento del Cauca —dice— supera al de muchos nacionales. La tinta impresa en el pasaporte no define la profundidad de la mirada.

La relación con las comunidades se construye desde la apertura y la claridad: ¿qué se quiere contar?, ¿cómo se debe hacer?, ¿cuál es el propósito?, ¿qué consecuencias puede traer? Si la situación excede esas preguntas, hay que volver a sentarse y replantear. En contextos de conflicto, donde toda representación es política, la dignidad está por encima del espectáculo. Cuando es inevitable retratar el horror porque es deber registrarlo, el compromiso implica regresar, seguir las historias o esperar pacientes otras formas de redención.

Cita el trabajo de Federico Rios en “Darién”, quien pasó años fotografiando a migrantes que cruzaban la selva y mantuvo contacto con muchos hasta que alcanzaron su meta; el epílogo muestra esos sueños cumplidos. O el de Alejandro Cegarra, que caminó con migrantes venezolanos por Centroamérica, incluso sobre el tren conocido como La Bestia, hasta el muro con Estados Unidos. En su propio trabajo ha explorado metodologías participativas como en “El pez muere por la boca”. En “Colombia, Tierra de Luz”, los actos simbólicos de reparación se alejan del sino trágico y se enfocan en la esperanza.

Ser una editorial independiente en Colombia significa libertad. Publicar lo que se quiera. Un acto revolucionario, comparable al pintor frente al lienzo en blanco o a los papalotes del maestro Francisco Toledo desplegándose en el viento. Muchos de sus libros parecen objetos de memoria más que productos comerciales. Para Santiago, el fotolibro es contenedor de memoria y nave hacia el futuro. Su condición física lo hace perenne, no depende de energía para activarse. Incluso imagina un escenario apocalíptico, un gran “black-out”: cuando despertemos, los libros seguirán allí.

Durante años —dice con ironía— Colombia guardó el mejor secreto de Latinoamérica. Desde Nueva York o México volaban hacia São Paulo o Buenos Aires sin “ver pistas de aterrizaje” en la ventana del avión. Creían que aquí todo era selva y bala —aunque también—, mientras se cocinaban recetas poderosas e invenciones colectivas. Y claro, “¡Shakira, Shakira!”, exclama, invocando a Shakira como símbolo inesperado de identidad compartida.

Mirando al futuro, quiere seguir publicando historias de resistencias frente a la violencia y al atropello de multinacionales. Menciona “Yoluja”, de Fernanda Pineda y Hanz Rippe, sobre el impacto de la extracción de carbón en comunidades Wayuú de La Guajira; “Jaidë”, de Santiago Mesa, sobre la alta tasa de suicidio en comunidades Emberá del Chocó; y el esperado “Transputamierda” de Federico Ríos, un viaje por ríos, carreteras, trochas, cielos y planicies para narrar la identidad contradictoria del país.

Este año lanzaron “El Caballero del Páramo” de Tatiana Aristizábal, sobre el secuestro de su hermano por el ELN; “Jarupia” del Chino Romero, un relato fantástico en la ciénaga de Ayapel; y “Antología 2025 – Palabras mayores” de las Vecinas del Cuento, mujeres jubiladas que decidieron narrar sus propias experiencias. Además, Santiago trabaja en un proyecto sobre la vigencia contemporánea de la Gran Colombia, explorando los lazos históricos y culturales entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Porque tal vez el conflicto —los conflictos— no pueden seguir contándose únicamente desde el parte oficial, la cifra o el titular urgente. Nuestra realidad no cabe en un solo formato, ni en una sola voz, ni en una sola imagen. Necesitamos narrativas que respiren, que se detengan, que permitan la duda. Contar de otras maneras es también una forma de justicia: desplazar el centro, abrir el encuadre, escuchar lo que quedó fuera del marco. En un país donde la violencia ha intentado imponer versiones únicas, insistir en la multiplicidad de relatos es una forma de resistencia cultural.

Y en esa apuesta el papel tiene un lugar irreemplazable. No como nostalgia, sino como territorio de permanencia. El libro se toca, se hereda, se subraya, se guarda debajo de la cama o en la biblioteca familiar. Se convierte en archivo íntimo y colectivo al mismo tiempo. Frente a la fugacidad de las pantallas, el papel sostiene la memoria con su peso y su textura. Cada página es una evidencia de que estuvimos aquí, de que alguien miró, editó y decidió que esa historia merecía permanecer. Todo empezó con una raya. Pero en esa línea —trazada sobre papel— cabe todavía la posibilidad de recordar distinto y, quizá, de imaginar un país diferente.

Al fin de cuentas, la política es la actividad que pone en juego, para bien o mal de todos, nuestra condición humana y su impredecible capacidad de acción, libertad y corruptibilidad.

Hernando Llano Ángel.

Al ser la política fundamentalmente una actividad ubicua y por eso toparnos con ella en todas partes al mismo tiempo, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, ella carece propiamente de un centro. Su dinámica es más centrífuga que centrípeta, ella se dispersa y proyecta en todos los ámbitos de la vida social y personal. Desde los más públicos hasta los más íntimos. Con mayor razón en los tiempos que corren donde no queda un vericueto sin su presencia en el espacio físico y en el cibernético con su infinidad de redes sociales, que invaden y buscan continuamente “hackear” nuestras mentes. Por eso quienes se definen como políticos de centro y se obsesionan en forma narcisista por convertirse en su epicentro, dedicándose a fustigar a los extremos, tildándolos de extrema derecha o extrema izquierda -según su propia visión e intereses- tienen demasiadas dificultades para ser escuchados y persuadir a los electores. De alguna forma son víctimas de su anacrónica imagen de la política. Todavía la piensan y sitúan en una especie de plano cartesiano con coordenadas precisas, donde es posible distinguir claramente la derecha de la izquierda, el centro con sus gradaciones de centro derecha, centro izquierda y los extremos antagónicos que se disputan el electorado.  A ello agregan en el plano internacional los puntos cardinales de norte y sur, este y oeste. Son incapaces de pensar la política como una correlación de fuerzas que define precisamente el plano en donde ella se desarrolla, así como los diversos lugares y puntos conflictivos, siempre contingentes, donde se desenvuelven sus protagonistas y actores. De suerte que los que ayer se reclamaban de derecha, hoy se mueven hacia la izquierda y viceversa, según sean sus objetivos y aspiraciones electorales. Lo vemos en las actuales campañas electorales, pues ahora resulta que para todos los candidatos la cuestión social y el empleo digno es una de sus máximas preocupaciones, obviamente después de la seguridad. Los que ayer fustigaban el salario vital, hoy salen a defenderlo. Y los que promovían la “Paz Total” hoy la fustigan como un fracaso letal.

Pero la Política no es Topografía

Pero la política no es topografía, su dinámica vertiginosa e impredecible es más afín con la física cuántica que con la geometría cartesiana. En todo caso, no es susceptible de ser fijada y representada sobre un plano cartesiano y mucho menos ser situada en un punto exacto de intersección entre la abscisa “X” (seguridad) y la ordenada “Y” (cuestión social). La política es una actividad demasiado viva y dinámica para ser sometida a la precisión geométrica y menos aún a la lógica matemática, como bien parece saberlo Roy que no conoce barreras en la búsqueda de votos e ignorarlo Fajardo, atrapado en su lógica matemática e imagen de profesor virtuoso que da clases de moralidad a todos los demás candidatos.  Al fin de cuentas, la política es la actividad que pone en juego, para bien o mal de todos, nuestra condición humana y su impredecible capacidad de acción, libertad y corruptibilidad. Si bien es cierto nuestra libertad está cada día más condicionada por los algoritmos y es más susceptible de ser manipulada por la IA y el vértigo de las Fake News en las redes sociales, aún conservamos nuestra capacidad de pensar críticamente y resistirnos a ese oscuro entramado de las elites tecnocráticas, fusionadas con las oligárquicas de la política, que están sustituyendo la democracia por la Infocracia, según lo advirtió Byung-Chul Han en su breve ensayo “Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia”.

Pensar críticamente y deliberar públicamente

Pero mientras seamos capaces de hacer elecciones éticas a partir de nuestra reflexión crítica y la deliberación pública, seremos nosotros quienes definamos qué significa ser de derecha, centro, izquierda o sus extremos y no permitir que solo sean los políticos o la IA quienes nos encasillen en esas categorías según sus ideologías, doctrinas, prejuicios, odios, fobias, intereses y, sobre todo, su obsesión demagógica y megalómana por ganar las elecciones. Más aun en este tiempo de la IA, que pretende definir por nosotros lo que queremos, pensamos y elegimos hasta conducirnos al centro más peligroso de todos, el agujero negro de las decisiones tomadas a partir de las pasiones más devastadoras y letales de la política: el miedo, el odio y la codicia, camufladas bajo doctrinas que se alimentan de ideas supremacistas de orden racial, nacional y de clase, como está sucediendo en Estados Unidos con el credo de MAGA y AMERICA FIRST. Lo más preocupante es que esa parece ser una tendencia exitosa en gran parte del planeta. Porque esa elite tecnopolítica y los asesores de marketing electoral sabe bien cómo deslumbrar y cautivar a las mayorías con consignas altisonantes que promueven líderes demagógicos con supuestas soluciones para todos nuestros problemas que nos conducirán a un “mundo feliz”. Un mundo sin inseguridad, violencia, desempleo, pobreza, enfermedades, así terminen cortándonos la cabeza para salvarnos y ellos llegar al Congreso y la casa de Nariño. Es casi inverosímil que ese carnaval de ilusiones se repita cada cuatro años y que lo celebren quienes más lo sufren, para luego consolarse diciendo “todos los políticos son iguales” o son “los mismos con las mismas”, pero vuelven y votan por ellos.

Dígannos al menos un par de verdades

Pero resulta que la mayoría de esos políticos, salvo muy contadas excepciones que casi siempre pierden las elecciones, se han pasado toda su vida sin resolver esos graves problemas, dedicados a prolongarlos y agudizarlos. Seguramente por ello ahora aspiran volver una vez más al Congreso e incluso hasta la Presidencia de la República. Son profesionales de la simulación y la incompetencia, cuando no de la contemporización y la celebración de acuerdos clandestinos con la codicia de poderosos grupos empresariales, financieros y criminales, que tras bambalinas “AVALAN” y financian sus costosas campañas electorales. Valdría la pena que en lugar de contarnos cómo nos van a salvar y hacer felices a todos, esos candidatos y candidatas nos dijeran un par de verdades, eso sí antes de las elecciones. Como, por ejemplo: 1) Cuánto valen sus campañas y sus innumerables vallas que oscurecen el horizonte de nuestras ciudades y campos, sus multitudinarias concentraciones populares, sus ágapes y correrías por todo el país, 2) Quiénes los están financiando[i] y, como todos son tan “transparentes, correctos y honestos”, también nos contarán cuáles son los acuerdos a los que han llegado con sus generosos patrocinadores. Si al menos conociéramos públicamente este par de verdades podríamos ir a las urnas con los ojos abiertos y sabríamos hasta qué punto lo que dicen y prometen tiene alguna veracidad o es pura demagogia, para no ir a botar nuestro voto.

Responsabilidad ciudadana

Claro que si somos  ciudadanos y nos reconocemos como el epicentro del poder político, no solo como electores situados en la periferia de banderías partidistas, deberíamos responder ese par de preguntas consultando portales como la Registraduría, https://www.registraduria.gov.co/, y otros que hacen seguimiento a las campañas como la MOE, https://moe.org.co/, PARES, https://www.pares.com.co/, Foro Nacional por Colombia, https://foro.org.co/, Ideas para la Paz, https://ideaspaz.org/, Indepaz, https://indepaz.org.co/, además de numerosas y valiosas revistas digitales como Razón Pública, https://razonpublica.com/, La Silla Vacía, https://www.lasillavacia.com/, Cuestión Pública, https://cuestionpublica.com/ y la Revista Raya https://www.revistaraya.com/ , entre muchos otros medios digitales no matriculados partidistamente, comprometidos con el rigor analítico y la información a la ciudadanía. Gracias a su consulta y lectura podríamos formarnos un juicio ciudadano responsable y así deliberar públicamente sobre la idoneidad, competencia y decencia de los miles de candidatos y candidatas en campaña, para ir más allá de ese perfil de patriotas, defensores y salvadores de Colombia que todos ellos exhiben sin pudor alguno frente a las cámaras de televisión, entrevistas radiales y vallas publicitarias. Entonces al votar en forma responsable, informada y consciente les demostraríamos que ellos no son el centro de la política, que somos los ciudadanos quienes estamos en el epicentro del poder público y definiremos con nuestro voto quiénes y qué políticas estarán en el centro de la actividad gubernamental, sin dejarnos confundir por esos espejismos de derecha, centro, izquierda y sus extremos tras los cuales ocultan bien sus ambiciones políticas y las de sus patrocinadores, induciendo a millones de cándidos electores a botar su voto en los próximos comicios del 8 de marzo, 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y seguramente en la segunda vuelta el 21 de junio.

[i] https://cuestionpublica.com/por-la-plata-baila-el-perro-o-el-candidato/?utm_source=cuestionp.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=quien-pone-la-plata-en-la-politica-y-a-que-partidos-va-nueva-investigacion&_bhlid=ffa0820bade1d453cde840a7ea429fc62e2887cb

POLÍTICA EX-CÉNTRICA Y CIUDADANÍA CENTRÍPETA

Hernando Llano Ángel.

Al ser la política fundamentalmente una actividad ubicua y por eso toparnos con ella en todas partes al mismo tiempo, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, ella carece propiamente de un centro. Su dinámica es más centrífuga que centrípeta, ella se dispersa y proyecta en todos los ámbitos de la vida social y personal. Desde los más públicos hasta los más íntimos. Con mayor razón en los tiempos que corren donde no queda un vericueto sin su presencia en el espacio físico y en el cibernético con su infinidad de redes sociales, que invaden y buscan continuamente “hackear” nuestras mentes. Por eso quienes se definen como políticos de centro y se obsesionan en forma narcisista por convertirse en su epicentro, dedicándose a fustigar a los extremos, tildándolos de extrema derecha o extrema izquierda -según su propia visión e intereses- tienen demasiadas dificultades para ser escuchados y persuadir a los electores. De alguna forma son víctimas de su anacrónica imagen de la política. Todavía la piensan y sitúan en una especie de plano cartesiano con coordenadas precisas, donde es posible distinguir claramente la derecha de la izquierda, el centro con sus gradaciones de centro derecha, centro izquierda y los extremos antagónicos que se disputan el electorado.  A ello agregan en el plano internacional los puntos cardinales de norte y sur, este y oeste. Son incapaces de pensar la política como una correlación de fuerzas que define precisamente el plano en donde ella se desarrolla, así como los diversos lugares y puntos conflictivos, siempre contingentes, donde se desenvuelven sus protagonistas y actores. De suerte que los que ayer se reclamaban de derecha, hoy se mueven hacia la izquierda y viceversa, según sean sus objetivos y aspiraciones electorales. Lo vemos en las actuales campañas electorales, pues ahora resulta que para todos los candidatos la cuestión social y el empleo digno es una de sus máximas preocupaciones, obviamente después de la seguridad. Los que ayer fustigaban el salario vital, hoy salen a defenderlo. Y los que promovían la “Paz Total” hoy la fustigan como un fracaso letal.

Pero la Política no es Topografía

Pero la política no es topografía, su dinámica vertiginosa e impredecible es más afín con la física cuántica que con la geometría cartesiana. En todo caso, no es susceptible de ser fijada y representada sobre un plano cartesiano y mucho menos ser situada en un punto exacto de intersección entre la abscisa “X” (seguridad) y la ordenada “Y” (cuestión social). La política es una actividad demasiado viva y dinámica para ser sometida a la precisión geométrica y menos aún a la lógica matemática, como bien parece saberlo Roy que no conoce barreras en la búsqueda de votos e ignorarlo Fajardo, atrapado en su lógica matemática e imagen de profesor virtuoso que da clases de moralidad a todos los demás candidatos.  Al fin de cuentas, la política es la actividad que pone en juego, para bien o mal de todos, nuestra condición humana y su impredecible capacidad de acción, libertad y corruptibilidad. Si bien es cierto nuestra libertad está cada día más condicionada por los algoritmos y es más susceptible de ser manipulada por la IA y el vértigo de las Fake News en las redes sociales, aún conservamos nuestra capacidad de pensar críticamente y resistirnos a ese oscuro entramado de las elites tecnocráticas, fusionadas con las oligárquicas de la política, que están sustituyendo la democracia por la Infocracia, según lo advirtió Byung-Chul Han en su breve ensayo “Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia”.

Pensar críticamente y deliberar públicamente

Pero mientras seamos capaces de hacer elecciones éticas a partir de nuestra reflexión crítica y la deliberación pública, seremos nosotros quienes definamos qué significa ser de derecha, centro, izquierda o sus extremos y no permitir que solo sean los políticos o la IA quienes nos encasillen en esas categorías según sus ideologías, doctrinas, prejuicios, odios, fobias, intereses y, sobre todo, su obsesión demagógica y megalómana por ganar las elecciones. Más aun en este tiempo de la IA, que pretende definir por nosotros lo que queremos, pensamos y elegimos hasta conducirnos al centro más peligroso de todos, el agujero negro de las decisiones tomadas a partir de las pasiones más devastadoras y letales de la política: el miedo, el odio y la codicia, camufladas bajo doctrinas que se alimentan de ideas supremacistas de orden racial, nacional y de clase, como está sucediendo en Estados Unidos con el credo de MAGA y AMERICA FIRST. Lo más preocupante es que esa parece ser una tendencia exitosa en gran parte del planeta. Porque esa elite tecnopolítica y los asesores de marketing electoral sabe bien cómo deslumbrar y cautivar a las mayorías con consignas altisonantes que promueven líderes demagógicos con supuestas soluciones para todos nuestros problemas que nos conducirán a un “mundo feliz”. Un mundo sin inseguridad, violencia, desempleo, pobreza, enfermedades, así terminen cortándonos la cabeza para salvarnos y ellos llegar al Congreso y la casa de Nariño. Es casi inverosímil que ese carnaval de ilusiones se repita cada cuatro años y que lo celebren quienes más lo sufren, para luego consolarse diciendo “todos los políticos son iguales” o son “los mismos con las mismas”, pero vuelven y votan por ellos.

Dígannos al menos un par de verdades

Pero resulta que la mayoría de esos políticos, salvo muy contadas excepciones que casi siempre pierden las elecciones, se han pasado toda su vida sin resolver esos graves problemas, dedicados a prolongarlos y agudizarlos. Seguramente por ello ahora aspiran volver una vez más al Congreso e incluso hasta la Presidencia de la República. Son profesionales de la simulación y la incompetencia, cuando no de la contemporización y la celebración de acuerdos clandestinos con la codicia de poderosos grupos empresariales, financieros y criminales, que tras bambalinas “AVALAN” y financian sus costosas campañas electorales. Valdría la pena que en lugar de contarnos cómo nos van a salvar y hacer felices a todos, esos candidatos y candidatas nos dijeran un par de verdades, eso sí antes de las elecciones. Como, por ejemplo: 1) Cuánto valen sus campañas y sus innumerables vallas que oscurecen el horizonte de nuestras ciudades y campos, sus multitudinarias concentraciones populares, sus ágapes y correrías por todo el país, 2) Quiénes los están financiando[i] y, como todos son tan “transparentes, correctos y honestos”, también nos contarán cuáles son los acuerdos a los que han llegado con sus generosos patrocinadores. Si al menos conociéramos públicamente este par de verdades podríamos ir a las urnas con los ojos abiertos y sabríamos hasta qué punto lo que dicen y prometen tiene alguna veracidad o es pura demagogia, para no ir a botar nuestro voto.

Responsabilidad ciudadana

Claro que si somos  ciudadanos y nos reconocemos como el epicentro del poder político, no solo como electores situados en la periferia de banderías partidistas, deberíamos responder ese par de preguntas consultando portales como la Registraduría, https://www.registraduria.gov.co/, y otros que hacen seguimiento a las campañas como la MOE, https://moe.org.co/, PARES, https://www.pares.com.co/, Foro Nacional por Colombia, https://foro.org.co/, Ideas para la Paz, https://ideaspaz.org/, Indepaz, https://indepaz.org.co/, además de numerosas y valiosas revistas digitales como Razón Pública, https://razonpublica.com/, La Silla Vacía, https://www.lasillavacia.com/, Cuestión Pública, https://cuestionpublica.com/ y la Revista Raya, https://cuestionpublica.com/, entre muchos otros medios digitales no matriculados partidistamente, comprometidos con el rigor analítico y la información a la ciudadanía. Gracias a su consulta y lectura podríamos formarnos un juicio ciudadano responsable y así deliberar públicamente sobre la idoneidad, competencia y decencia de los miles de candidatos y candidatas en campaña, para ir más allá de ese perfil de patriotas, defensores y salvadores de Colombia que todos ellos exhiben sin pudor alguno frente a las cámaras de televisión, entrevistas radiales y vallas publicitarias. Entonces al votar en forma responsable, informada y consciente les demostraríamos que ellos no son el centro de la política, que somos los ciudadanos quienes estamos en el epicentro del poder público y definiremos con nuestro voto quiénes y qué políticas estarán en el centro de la actividad gubernamental, sin dejarnos confundir por esos espejismos de derecha, centro, izquierda y sus extremos tras los cuales ocultan bien sus ambiciones políticas y las de sus patrocinadores, induciendo a millones de cándidos electores a botar su voto en los próximos comicios del 8 de marzo, 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y seguramente en la segunda vuelta el 21 de junio.

[i] https://cuestionpublica.com/por-la-plata-baila-el-perro-o-el-candidato/?utm_source=cuestionp.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=quien-pone-la-plata-en-la-politica-y-a-que-partidos-va-nueva-investigacion&_bhlid=ffa0820bade1d453cde840a7ea429fc62e2887cb

En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.

Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.

“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.

Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.

La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Los grupos armados se disputan el departamento de Arauca

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).

El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.

A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.

“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).

Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.

Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.

Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).

Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.

“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

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La impunidad y la falta de investigación en Arauca

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).

La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.

Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una Justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.

Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Imagen principal: entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026 ya fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento de Arauca. Foto: cortesía Colombia Informa.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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