Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

Una tropa de monos al amanecer. Su líder ve un árbol cargado de fruta al otro lado de la calle, pero el bosque está desconectado y la única forma de cruzar es usando el cableado eléctrico. Varios de ellos no murieron por el ataque de un depredador sino electrocutados: el líder de la tropa y la madre de una cría. Esta es una escena que se repite cada día en Costa Rica.

En las zonas costeras costarricenses, los monos llevan años enfrentándose a lesiones graves o incluso a la muerte al utilizar los cables del tendido eléctrico para cruzar de un lado de la calle al otro.

De acuerdo con el biólogo Ronald Sánchez, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y quien continúa trabajando con primates, cada año mueren cerca de 1000 monos de cuatro especies distintas, debido a la electrocución en el cableado. Esta situación surge del aumento del desarrollo urbanístico en las costas, donde además se concentra una gran parte de las poblaciones de primates del país.

“Cuando el turismo empieza a construir hoteles, restaurantes y casas, se pierde hábitat. Entonces se cortan las rutas alimentarias establecidas de los monos y tienen que buscar otras alternativas. Ahí es donde empiezan a decidir si caminan, si se van por los cables o por los techos. De esa forma comenzaron los problemas”, señala Sánchez.

Diversas ONG han trabajado en la búsqueda de soluciones. Por el momento, una de las principales ha sido la instalación de pasos de fauna aéreos: pequeños puentes diseñados específicamente para brindar una alternativa más segura a los primates y que han demostrado ser altamente eficientes.

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De acuerdo con un estudio realizado por las investigadoras Inés Azofeifa y Tremaine Gregory, luego de haber colocado 111 pasos elevados entre 2015 y 2021, junto con cableado aislado, la población de monos congos (Alouatta palliata) en Playa Hermosa de Guanacaste, en la costa del Pacífico de Costa Rica, aumentó de 59 a 99 individuos, mientras que las muertes anuales bajaron de cinco a una.

Un desarrollo urbano que empuja a los monos al peligro

Los primates de Costa Rica han visto su hábitat reducirse cada vez más durante las últimas décadas. Esto implica que deben cruzar calles y exponerse al riesgo de ser electrocutados en cables de alta tensión para buscar comida para sí mismos o para sus crías.

Además, en el territorio costarricense existen cuatro especies de monos y todas se encuentran en peligro de extinción local: el mono congo (Alouatta palliata), el mono carablanca (Cebus capucinus), el mono tití (Saimiri oerstedii) y el mono araña (Ateles geoffroyi).

De hecho, del mono araña, que podía verse en todo Costa Rica, hoy solo quedan pocos grupos en la zona norte del país, comenta Sánchez.

De acuerdo con datos de la ONG Salve Monos, la electrocución lidera la mayor causa de muerte en monos en los reportes que reciben anualmente. En 2023 y 2024, más del 60 % de los accidentes denunciados ocurrieron por esta causa, muy lejos de los accidentes por atropellos que corresponde al segundo lugar, con un 19.5 %.

“Las cuatro especies de monos que tenemos en Costa Rica están en peligro de extinción. Tenemos dos en estado crítico: el mono araña, que ya prácticamente no se encuentra en algunas costas, y los monos tití, que son una subespecie endémica de Costa Rica”, indica Shirley Ramírez, asesora en Conservación y Manejo de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Los investigadores aseguran que la raíz de este problema es el aumento acelerado de la urbanización sin planificación adecuada. Esto ha limitado las zonas en las que los animales pueden vivir y ha provocado la fragmentación del bosque, poniendo en riesgo sus vidas.

“El problema de fondo es un cambio en la habitabilidad de las especies. Nuestra forma de habitar, como seres humanos, está modificando la de otras especies y poniendo en riesgo su supervivencia. Sustituimos la matriz boscosa por suelo cultivable, carreteras y edificaciones. Ese es el principal problema que enfrentamos, no solo como país, sino como planeta”, señala Inés Azofeifa, bióloga de Salve Monos.

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Vecinos de comunidades del distrito de Cóbano, en la provincia de Guanacaste, se han organizado para reportar cuando observan a un mono lesionado o fallecido. Según Daniel Gutiérrez, presidente de la ONG Somos Congos, quienes se dedican a hacer de este distrito un lugar más seguro para los monos congos, han creado un chat con cerca de 200 personas para facilitar estos reportes.

Marianne Fischel pertenece a la comunidad de Santa Teresa y afirma que presenciar electrocuciones de monos es una experiencia traumática que ha observado durante varios años. De hecho, en la zona ya no se observa al mono cara blanca. Por ello, la comunidad coordinó junto a Somos Congos y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la forma de aislar los transformadores y ayudar a los primates.

“Los vecinos de calle Jaguar, pudimos recolectar la plata para poder pagar por la instalación del aislamiento del transformador y desde la comunidad lo vemos como algo súper positivo”, señala Fischel.

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Reconectando lo que el desarrollo separó

Para evitar que los monos sufran electrocuciones, biólogos y comunidades han impulsado la instalación de pasos de fauna aéreos. Estas estructuras permiten que los primates se desplacen entre árboles de forma más segura.

“Los pasos elevados sí contribuyen a la conectividad y, por ende, al bienestar de las tropas de monos. Al evitar la electrocución, las poblaciones retoman su ritmo reproductivo y aumentan nuevamente, con un promedio de dos a tres crías por año, lo que puede representar un incremento cercano al 30 % anual”, explica Sánchez.

Debido a que el desarrollo de estos puentes requiere de materiales específicos, asegurar la tensión correcta y una construcción segura para los primates, Ronald Sánchez publicó una guía para el desarrollo de los puentes aéreos que puede ser consultada por quienes deseen implementar este tipo de soluciones y proteger a los monos.

De acuerdo con Sánchez, a la hora de elegir los materiales, la clave está en la durabilidad y la seguridad. Deben resistir el sol, la humedad y el uso constante, sin soltar residuos o calentarse al punto de lastimar las extremidades de los animales. Además, requieren mantenimiento constante para garantizar su funcionamiento.

El anclaje debe hacerse desde la base de los árboles, no solo en las ramas o la copa. El diseño también incluye una cuerda superior donde los monos apoyan su cola prensil para mayor estabilidad: a este modelo se le conoce como “escalera vertical”.

Tanto Sánchez como Azofeifa, quienes han construido puentes durante décadas, aseguran que, una vez instalados, los monos suelen preferir los pasos de fauna por encima de los cables eléctricos. Según su experiencia, incluso si el puente se instala en la mañana, ya en la tarde los animales pueden estar utilizándolo.

“Los pasos de fauna no son soluciones temporales, sino herramientas que buscan compensar el impacto de la infraestructura humana. A través de estructuras artificiales o semiartificiales se restablece la conectividad del dosel y se permite que los mamíferos arbóreos continúen desplazándose con menor riesgo”, indica Azofeifa.

Vecinos y biólogos se han unido a través de distintas iniciativas ciudadanas, como ONG o colaboraciones con el ICE. Gracias a este trabajo conjunto han logrado instalar puentes en sus comunidades para proteger a los monos. Como resultado, ya se han colocado cientos de pasos de fauna aéreos en distintas zonas del país, principalmente en las provincias que poseen costas en el Pacífico, como Guanacaste y Puntarenas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos puentes no pueden instalarse de cualquier manera. Aunque no existe una “receta” universal y perfecta, es necesario realizar estudios de comportamiento en la forma en que se mueven las tropas de monos para colocarlos en los lugares por los que ellos transitan.

“Independientemente del diseño del paso aéreo que se instale, para que funcione es indispensable contar con estudios previos realizados por especialistas. Si no se determina con precisión la ruta que utilizan los monos y otros vertebrados arbóreos para desplazarse, cualquier paso de fauna se convertirá en simple contaminación visual”, señala el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Óscar Chaves.

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Los pasos de fauna dentro de una estrategia integral

A pesar del aporte de los puentes elevados, los especialistas coinciden en que no pueden ser la única respuesta ante el problema de la electrocución. Una de las medidas complementarias más importantes ha sido la instalación de cables y transformadores con materiales aislantes para reducir el riesgo.

Víctor Castro, coordinador de Gestión Socioambiental del ICE, explica que los cables que están utilizando cuentan con un recubrimiento de tres capas de polietileno que aísla el elemento conductor y evita que se genere un arco eléctrico cuando entra en contacto con los animales.

Marianne Fischel, por ejemplo, asegura que en la comunidad de Santa Teresa se aislaron los transformadores en enero de 2026, en coordinación con el ICE, y no han vuelto a observar monos electrocutados en la comunidad.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que la solución definitiva para terminar con las electrocuciones es el cableado subterráneo. El abogado ambiental Walter Brenes señala que esta es la única medida que eliminaría completamente los incidentes.

“La única forma de eliminar el problema de raíz es que las empresas electrificadoras instalen el tendido eléctrico bajo tierra. No existe otra solución que garantice la eliminación total de los incidentes por electrocución”, asegura el abogado.

Ronald Sánchez coincide en que el cableado subterráneo en zonas costeras es una necesidad y no un lujo, ya que su objetivo no es mejorar la estética del paisaje, sino proteger la vida de la fauna silvestre.

“Los pasos son una alternativa ante la falta de conectividad del bosque. Sin embargo, debemos aprender que los árboles pueden ser manejados adecuadamente para devolver la verdadera conectividad. El uso de puentes no debe interpretarse como un permiso para seguir deteriorando las rutas de muchos animales arbóreos”, asegura Sánchez.

Azofeifa insiste en que lo más importante es reconectar el bosque, ya que si se decide únicamente instalar el cableado de forma subterránea, pueden surgir otros problemas para la vida silvestre, como el atropello de animales o ataques de perros. Según explica, lo que los animales realmente necesitan es una cobertura boscosa segura donde puedan habitar.

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Un desarrollo costero que piense en quienes ya viven ahí

Los primates cumplen un papel clave dentro del ecosistema, ya que su capacidad para dispersar semillas los convierte en actores fundamentales para la regeneración del bosque.

“En conjunto con los murciélagos y algunas aves de gran tamaño, los primates son de los principales ‘jardineros’ del bosque. Entre ellos, los monos congo destacan por ser los frugívoros más abundantes en la mayoría de los bosques, incluso en fragmentos pequeños. Su alta presencia y biomasa les otorgan un papel aún más relevante en la dispersión de semillas”, explica Oscar Chaves.

Es por eso que las acciones para protegerlos no sólo responden a una responsabilidad humana frente a la fauna silvestre, sino también a la necesidad de mantener ecosistemas saludables.

Esto plantea la necesidad de un desarrollo urbano en las costas que piense en los animales que habitan en estas zonas. Garantizar la conectividad entre los fragmentos de bosque es clave para que los animales puedan desplazarse de forma segura.

“Los bosques deben mantenerse continuos para garantizar la supervivencia de muchas especies. No solo permiten una distribución adecuada de las poblaciones, sino que también favorecen el intercambio genético y reducen el riesgo de procesos endogámicos [reproducción entre individuos estrechamente emparentados] que pueden debilitar a las especies a largo plazo”, señala Sánchez.

De hecho, especialistas como Azofeifa consideran necesario fortalecer la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica para garantizar medidas que protejan la conectividad de los bosques y a la fauna que vive en ellos.

“Con una modificación a la Ley de Vida Silvestre se buscaría que los pasos de fauna sean obligatorios tanto en la infraestructura ya existente como en los futuros desarrollos. De poco sirve enterrar el cableado o mejorar la planificación si se mantiene la cobertura boscosa, pero sin conectividad entre los fragmentos”, enfatiza.

Mientras se discuten transformaciones más profundas en la forma en que se desarrolla la infraestructura en las zonas costeras, iniciativas como los pasos de fauna, el aislamiento del cableado y los reportes comunitarios buscan que los monos sufran menos electrocuciones y puedan moverse con mayor seguridad por los bosques que aún quedan en Costa Rica.

*Imagen principal: los pasos de fauna aéreos representan una herramienta para ofrecerle a los monos una ruta segura, lejos del tendido eléctrico que cada año cobra la vida de decenas de individuos. Foto: cortesía Salve Monos.

El artículo original fue publicado por Mario Fernández Calderón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En este punto vale anotar que la Inteligencia Artificial (IA) también impactó a esta industria: ya no basta con almacenar datos, ahora hay que procesarlos a velocidades y densidades que exigen instalaciones radicalmente más sofisticadas. Un data center diseñado para IA puede consumir más electricidad que una ciudad intermedia.

Ante este panorama, la inversión global en este tipo de infraestructura de datos está desatada: en 2025, según estimaciones de Gartner y TechJury, superó los 405.000 millones de dólares. Grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta, Amazon, anunciaron inversiones que no tienen comparación histórica.

América Latina no es ajena a esta ola. Brasil y México lideran la expansión regional, pero Colombia gana terreno con rapidez. El mercado colombiano de centros de datos podría pasar de 450 millones de dólares en 2025 a casi 1.500 millones en 2031, de acuerdo con las estimaciones de Arizton.

Las inversiones ya confirmadas, refrendan esta creciente tendencia. En octubre del año pasado, ODATA anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para dos data centers en Colombia; en febrero pasado, una inversión colombiana y de los Emiratos Árabes construirán otras tres instalaciones. Las señales son claras: el país está en el radar de los grandes operadores globales.

Cali, hub de tecnología

Hay una ciudad que debería estar más presente en esa conversación: Cali. ¿Por qué? Ya mismo se los cuento.

Cuando un operador global decide dónde construir un data center, no solo busca un terreno barato: evalúa energía —disponibilidad, estabilidad y costo—, conectividad digital, agua para refrigeración, costos de construcción, régimen tributario y talento humano. En cada uno de esos criterios, Cali tiene mucho que decir y aportar. Y, en algunos, tiene ventajas que destinos como Ciudad de México, Santiago de Chile o la capital del país no pueden replicar.

La más subestimada de estas variables es el agua. Pocos saben que un data center de escala media puede consumir millones de litros de este líquido al día solo para mantener sus equipos fríos. Es un factor que los inversionistas sofisticados ya están midiendo con el mismo rigor con el que miden la energía, por ejemplo.

Según el índice WRI Aqueduct —referencia global de estrés hídrico— Colombia tiene un índice cercano a cero, mientras que México supera el nivel 4 sobre 5. Dicho de otra forma: Colombia está en el cuadrante ideal a nivel mundial (junto con Brasil y Costa Rica). México, que hoy concentra buena parte de los data centers de la región, enfrenta un riesgo hídrico que a mediano plazo será un obstáculo operativo y regulatorio real. Y al revisar las condiciones dentro de Colombia, es claro que el Valle del Cauca, bañado por varias fuentes hídricas, ofrece una ventaja comparativa con respecto a otros departamentos del país con menos acceso a fuentes de agua.

A esto se suma la energía. El Valle del Cauca generó 190 GWh de energía solar en 2025, un logro significativo si se tiene en cuenta que partió prácticamente de cero hace seis años. El departamento alberga la primera granja solar de gran escala del país y el primer sistema de almacenamiento con baterías. Además, la región tiene una red eléctrica estable con 17 subestaciones y sus costos industriales están entre los más competitivos del país. Y, como ñapa, algo que no siempre se menciona: Cali es la única gran ciudad andina con conexión directa a cables submarinos del Pacífico —MAYA, SAM, PAN-AM, entre otros— lo que le da rutas de datos internacionales que otros grandes centros urbanos del país simplemente no tienen.

El desarrollo del ecosistema tecnológico local tampoco es menor: el sector IT en Cali crece al 23% anual; cuatro de las diez principales empresas de software de Colombia tienen sede en la capital vallecaucana, y 14 de las 22 compañías líderes globales en IA ya emplean talento nativo caleño. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de inversión universitaria y de un ecosistema que produce ingenieros de calidad a costos que otras ciudades de la región no pueden ofrecer.

Entonces, ¿qué falta?

Para reforzar su presencia, Cali y el Valle del Cauca deben evidenciar, explícitamente, que quieren jugar en esta liga. En ese sentido, iniciativas como Cali Home4Tech —una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global—, y la narrativa ‘Valle Verde’ —que evidencia las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización— son decididas apuestas que demuestran la voluntad de la región por hacer parte de esta carrera por los datos y en las que convergen autoridades departamentales, locales y los demás actores del tejido empresarial de la región.

Por otra parte, Turner & Townsend —consultora global que publica el único índice mundial de costos de construcción de datacenters— ha identificado, una y otra vez, los obstáculos que tienen el freno de mano puesto para Colombia: la lentitud en permisos, la necesidad de expandir infraestructura eléctrica para cargas de alta densidad y la ausencia de una política pública local que articule suelo, energía y zonas francas con los requerimientos específicos de esta industria. Ninguno de estos es insuperable, por el contrario, todos son, en el fondo, decisiones políticas y de gobernanza que se pueden sacar adelante.

En definitiva, el mundo está construyendo la infraestructura que va a sostener la próxima década de economía digital. Las ciudades que ganen esa carrera no serán necesariamente las más grandes ni las más conocidas: serán las más preparadas. Cali tiene los cables, el agua, la energía limpia, el talento y los costos competitivos. Ahora, como en cualquier carrera, hay que emplearse a fondo para evidenciar estas ventajas y lograr así que Cali se sume al lote que lidera esta competencia global.

*Por: Valery Sanclemente, gerente de inversión en Invest Pacific

Crédito foto: Cotel Wave DC.

Las huestes del Imperio Romano habían abandonado hacía poco Britannia, y el espacio estaba abierto para que los nuevos reinos anglosajones que se repartían el poder tomaran el camino de retorno al paganismo. Circunstancia que entendió Berta y lo mismo el Papa Gregorio I, llamado “el grande”, como oportunidad para acometer una tarea evangelizadora que el pontífice encomendó a Agustín, abad de un monasterio benedictino en Roma. Ese es el origen de “la silla de San Agustín” que después de 1400 años ha venido a ocupar una mujer, la arzobispa Sarah Mullally. 

Agustín, que según la estrategia del papa debía ir a Londres, prefirió quedarse en Kent, donde Berta y su esposo le ofrecieron tierra. Llegó con cuarenta monjes, construyó una abadía y desarrolló una admirable campaña de conversiones, hasta que fue designado por el Papa como Arzobispo de Canterbury en 597, con lo cual se abrió el camino a la tradición del cristianismo británico que llegó a ser tan importante como para convertirse desde entonces en aliado fundamental del poder político, particularmente a partir de la fundación de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, a instancias de Enrique VIII. 

Si bien hubo cristianos en las islas británicas desde el Siglo I, y sus creencias figuraban como una de las muchas que pululaban en comunidades todavía primitivas, la conversión de Æthelberht, a instancias de su mujer, fue un punto culminante en el rumbo que tomarían las cosas, pues ese primer rey convertido a la fe cristiana poco a poco se convirtió en ejemplo y referente para otros. El “secreto”, aunque parezca pagano y pragmático decirlo, es que la adopción del cristianismo llevaba la ventaja de imitar al emperador oriental Constantino, descubridor del poder de la integración de iglesia y Estado. 

A partir de entonces, la importancia de Canterbury fue definitiva en la evolución de la vida británica, y ello se manifestó en el desarrollo mismo de la lengua inglesa, lo mismo que en eventos y avances democráticos que vinieron a tener eco que todavía resuena en los más variados escenarios del mundo. Todo esto además de mantener una vigencia fundamental en el desarrollo de una organización religiosa que incluyó nada menos que la fundación de una iglesia propia, la anglicana.

El 29 de diciembre de 1170 Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue brutalmente asesinado por cuatro caballeros al servicio del Rey Enrique II en el interior de la catedral, después de haber reñido con el monarca, anteriormente su amigo, en cuanto a la supremacía de la autoridad real sobre la de la iglesia. Como suele suceder, quedó la duda de si los asesinos recibieron la orden de matar a Becket, o si le quitaron la vida como gesto exagerado de busca de privilegios del monarca. Lo cierto es que, desde entonces, Becket se convirtió en santo y el sitio de su asesinato en lugar de peregrinación con profundo sentimiento popular. 

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en 1215, jugó un papel importante en las negociaciones entre el Rey Juan y los barones, al punto que se dice ayudó a redactar nada menos que la Carta Magna, que vino a establecer el principio de que nadie está por encima de la ley, incluido el monarca. Fundamento de la futura democracia inglesa, anterior a las demás de occidente y sobreviviente a todas las vicisitudes de la historia interna e internacional, que no han sido pocas.  

Geoffrey Chaucer se instaló allí entre 1387 y 1400 para escribir sus 24 célebres Cuentos de Canterbury, que representaron la “liberación” de la lengua inglesa al adquirir su propia identidad literaria, separada del francés anglo-normando y del latín, de los cuáles conservó elementos embellecedores. Con ello contribuyó a que la lengua inglesa, con base en el londinense vernáculo, se popularizara ,y pudiera ser vehículo de comunicación de sutilezas, complejidades y expresiones poéticas.    

La ruptura con la Curia Romana, y con la autoridad de los papas en el Siglo XVI ha sido tal vez el hito más importante de la relevancia del arzobispado de Canterbury. Declarada la independencia de la Iglesia de Inglaterra, luego de los conocidos enfrentamientos del rey Enrique VIII con el papado de Roma, Thomas Cranmer se convirtió en el primer arzobispo de la nueva iglesia protestante, y en consecuencia tuvo a su cargo el diseño de The Book of Commmon Prayer, que marca la identidad del cristianismo anglicano.

Cuando la reina Mary I, católica, llamada por los británicos “Bloody Mary”, llegó al trono en 1553, se puso por oficio vengar a los autores y cómplices del divorcio de su padre Enrique VII con Catalina de Aragón, su madre, y de la apertura forzada a la reforma protestante en Inglaterra, según la conveniencia del monarca. Cranmer fue acusado de traición y herejía, pero fundamentalmente de la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, así como de la degradación de ésta última. Por lo cual terminó quemado vivo, a pesar de haber renegado varias veces por escrito de su fe protestante. Gesto del cual se arrepintió a la hora de morir, por lo cual puso su mano derecha a quemar primero que todo por haber firmado semejantes documentos. 

A partir de Cranmer se ha mantenido, con sede en Canterbury, una “sucesión apostólica” que otorga a quien ocupe la silla de San Agustín la calidad de “primus inter pares” en el mundo entero de la denominación anglicana, que se extiende a más de 160 países. Y desde el año 973 existe la tradición según la cual al arzobispo corresponde la coronación de los monarcas británicos. 

Esta es, con la mención de unos pocos hechos, la tradición que hereda y representa Dame Sarah Elisabeth Mullally, originalmente enfermera, casada con Eamonn, de quien tomó su apellido, madre de dos hijos, miembro de la Cámara de los Lores, anterior obispa de Londres, ahora arzobispa de Canterbury y por lo tanto suprema referente de la Iglesia Anglicana para el mundo entero. Desde ahora, eso sí, bajo el patronazgo del Rey Carlos III, estandarte y protector de la Iglesia Anglicana. 

La selección de Sarah se desarrolló a lo largo de un proceso complejo, que tomó más de un año a partir de la renuncia del arzobispo Justin Welby, quien dejó el cargo en noviembre de 2024 por no haber actuado con suficiente diligencia frente al abuso de niños por parte de un amigo suyo. Así quiso evitar que se mancharan el prestigio y la autoridad que deben caracterizar a quien ostente el arzobispado. Renuncia sin precedentes en 1427 años, que demuestra encomiable celo por la preservación de la rectitud en el ejercicio de funciones de alta responsabilidad pública. Nada de “aquí me quedo”.

Antes de convertirse en la persona que ostenta, por centésima sexta vez el arzobispado, y hasta su ascenso en Canterbury, Sarah Mullally continuó ejerciendo como obispa de Londres. La escogencia estuvo a cargo de un comité de 17 personas, presidido por Lord Evans de Weardale, antiguo jefe del espionaje, cinco miembros no ingleses, entre ellos un arzobispo palestino, un ingeniero argentino y un profesor ghanés, seis representantes del Sínodo General de la Iglesia, tres de la Diócesis de Canterbury y dos del obispado de Norwich. Asistieron además dos miembros sin voto.

La comisión abandonó la tradición de que los candidatos fuesen blancos, graduados de Oxford o Cambridge, del género masculino, y procedentes del sureste de Inglaterra. La escogida, que por primera vez no estudió ni en Oxford ni en Cambridge sino en una universidad discreta del sur de Londres, fue puesta a consideración del primer ministro, quien recomendó al rey su nombramiento. Luego de lo cual vino la ceremonia de confirmación de la elección en reunión secreta en Canterbury, la confirmación pública de la elección en la Catedral de San Pablo de Londres y finalmente la entronización en la catedral de su ejercicio como arzobispa de ahora en adelante.

La ascensión de la arzobispa no estuvo libre de controversias y dificultades, y existen todavía elementos que ponen a prueba la aceptación profunda de su presencia y su condición de primus inter pares en el variado mundo de una iglesia que no limita su presencia a las islas británicas. Su condición de mujer, aceptada con entusiasmo por algunos sectores, no es vista con los mismos ojos en otros, y su talante liberal y abierto a una interpretación no restringida de la fe cristiana y más bien inclusiva y permisiva respecto de asuntos como las uniones homosexuales, estarán en adelante a prueba frente a las vicisitudes de su ejercicio.

Por ahora, no deja de ser un acontecimiento loable el relevo en el cumplimiento de funciones tan importantes reservadas hasta aquí a los hombres, que han producido suficientes altibajos como para que sea sano dejar instituciones de alta trascendencia en manos de mujeres virtuosas. En eso va la tradición instalada hace 1429 años por Berta, pionera del cristianismo británico. 

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Así nos lo relatan nuestros APRECIADOS..: Fabio Colagrande y Eugenio Murrali 

La misión Artemis II tuvo previsto su lanzamiento el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera con astronautas a bordo. Transporta una tripulación de cuatro cosmonautas que volarán más allá de la órbita terrestre para realizar un sobrevuelo prolongado de la Luna, sin alunizaje. Este es el paso intermedio hacia Artemis III, la misión que busca traer de vuelta a los astronautas para caminar sobre la Luna, 53 años después de la misión Apolo 17, que finalizó el 14 de diciembre de 1972. El espacio se ha convertido en un tema de debate cada vez más frecuente en las Naciones Unidas. El número de satélites en órbita ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo que demuestra cómo el espacio se ha convertido en un tema constante en los debates relacionados con la geopolítica, la seguridad y las relaciones internacionales.

El arzobispo Ettore Balestrero durante la presentación del VIDEO.

Para explorar el significado de las misiones espaciales, la Fundación Caritas in Veritate, presidida por el arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra , ha producido y publicado un vídeo. Este vídeo da continuidad a la publicación, el pasado mes de febrero, de « El espacio exterior y la humanidad en la encrucijada: una nueva frontera del bien común». El vídeo retoma y resume la reflexión sobre los motivos para explorar el universo —estableciendo un diálogo entre la ciencia, la teología y el derecho internacional— y sobre los principios que deben regir nuestra relación con él y entre los seres humanos ante esta obra de Dios.

Excelencia, ¿por qué es tan urgente reflexionar sobre las opciones políticas y normativas en materia de espacio?

La Misión de la Santa Sede en Ginebra y la Fundación Caritas in Veritate, que colabora con ella, se preocupan por el espacio, que es obra de Dios y obedece a sus leyes.
Para alcanzar el cielo, un concepto sobrenatural, el ser humano debe comportarse bien en el espacio, que es un concepto geográfico, un orden físico y biológico. El espacio no es tierra de nadie, no es un campo de conquista sin ley, donde impera el principio de «el primero en llegar es el primero en ser atendido». De ahí el título de la publicación, «El espacio y la humanidad en una encrucijada», y también el contenido del vídeo que hemos producido. La humanidad ya está tomando decisiones sobre el espacio, decisiones morales que tendrán un impacto a largo plazo y que, por lo tanto, pueden construir o destruir a la humanidad. Por consiguiente, la Iglesia no puede permanecer indiferente.

¿De qué manera?

Analizar el espacio desde una perspectiva ética nos invita a preguntarnos: “¿Es correcto perseguir todo lo que podemos lograr tecnológicamente? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tipo de realidad y orden queremos construir?”. Esta perspectiva ética y multilateral es la que propone el documento y el vídeo de la Fundación Caritas in Veritate.

¿Qué acciones específicas son necesarias?

El espacio debe seguir siendo un bien común, con normas legales claras que, cuando sea necesario, se actualicen con un sentido de responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. Cuando presentamos la publicación en las Naciones Unidas en Ginebra, el testimonio de un astronauta, que regresaba tras casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (Michael Scott Hopkins, ed. ), impresionó profundamente a la audiencia. Describió el llamado overview effect (efecto perspectiva).

El astronauta de la NASA Michael Scott Hopkins

¿En qué consiste?

Es el cambio de perspectiva que experimentan todos los astronautas en el espacio, porque la Tierra parece pequeña, frágil, sin fronteras ni divisiones, un símbolo de pertenencia compartida y responsabilidad colectiva. Y es una imagen que, lamentablemente, choca con la realidad de las guerras, los abusos y la violencia que afloran cuando volvemos a observar el planeta de cerca. El Papa Benedicto XVI recordó esto, con palabras que siguen siendo relevantes, cuando dialogó con los astronautas en la Estación Espacial Internacional . En un momento dado, les dijo: «Creo que les resulta evidente que todos vivimos juntos en una sola Tierra y que es absurdo luchar y matarnos unos a otros».

Entonces, el Espacio también es un hogar compartido y tiene normas que respetar. ¿Qué contribución específica puede ofrecer la doctrina social de la Iglesia para orientar el desarrollo del Espacio hacia el bien común?

El mensaje central de la Iglesia es que no debemos convertir el espacio en una jungla. Ofrece a la humanidad una segunda oportunidad, invitándonos a evitar muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra. El espacio debe explorarse con responsabilidad, solidaridad y respeto al principio de subsidiariedad, para el bien de las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo?

Debemos evitar que se convierta en un escenario de competencia feroz y, peor aún, de conflicto. El primer paso práctico que la Santa Sede insta a dar es respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por aproximadamente ciento veinte Estados, incluyendo a todas las principales naciones con capacidad espacial. Este tratado lleva en vigor casi sesenta años (desde 1967) y establece claramente que la exploración y el uso del espacio deben ser en beneficio e interés de todos los países. El tratado define el espacio como un «dominio común de la humanidad». La Santa Sede insta a que se fortalezca la legislación vigente, en lugar de abandonarla, para evitar que los países se queden atrás y para preservar el cuidado de la creación, por ejemplo, mediante proyectos conjuntos para la eliminación de desechos espaciales.

La Tierra y la Luna

¿Existe también el riesgo de militarización del espacio?

Por supuesto. El derecho internacional vigente prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio. Este es el artículo 4 del Tratado de 1967. Sin embargo, no prohíbe explícitamente las armas convencionales ni, por ejemplo, los ciberataques, ni tampoco la interferencia de señales de radio, algo que, lamentablemente, ya ocurre. Es importante distinguir entre el uso del espacio para apoyar operaciones militares terrestres, por ejemplo, mediante el uso de satélites, lo cual ya es una realidad, y el despliegue físico de armas y su uso directo en el espacio.

¿Es esta última también una posibilidad real?

Algunos Estados se acercan cada vez más al lanzamiento de armas en órbita, lo que incrementa la inestabilidad internacional, debilita la confianza mutua y transforma el espacio, que según el Tratado es una “provincia de la humanidad”, en otro escenario de conflicto. Debemos comprender, sin embargo, y esto es fundamental, que si un conflicto involucrara directamente el espacio, probablemente no perdonaría a nadie en la Tierra.
Aquí en Ginebra, se afirma que una guerra en el espacio jamás podría ganarse ni debería librarse. Por ejemplo, no está claro cómo podría respetarse el principio de distinción, piedra angular del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, muchas voces, incluida la de la Santa Sede, abogan por el fortalecimiento de las normas, la transparencia e incluso la cooperación multilateral, precisamente para preservar el uso pacífico del espacio.

¿Cómo se puede transformar la competencia espacial en un mecanismo positivo para el beneficio de todos? ¿Cómo puede el espacio contribuir a la dignidad humana en la Tierra?

La competencia debe equilibrarse con la cooperación. La competencia sin cooperación conduce a la inestabilidad, enfrentamientos irracionales, violencia e incluso conflictos. La competencia, orientada hacia objetivos pacíficos y canalizada hacia formas de cooperación, estimula la investigación y, sin embargo, debe traducirse en bienes compartidos, estándares comunes e incluso alianzas internacionales.

¿Con qué efectos?

Un equilibrio entre competencia y cooperación ayuda a evitar que el uso comercial del espacio se convierta en un fin en sí mismo y exacerbe las desigualdades existentes. Un equilibrio saludable entre competencia y cooperación permite que el espacio sirva directamente a la dignidad humana y al bien común, por ejemplo, en tiempos de crisis, con comunicaciones de emergencia, datos satelitales para asistencia humanitaria o vigilancia para la protección de lugares de culto. En otras circunstancias, sin embargo, mejora la predicción meteorológica, la agricultura, la atención médica y el transporte, y llega a países y comunidades que de otro modo quedarían excluidos.

¿Cómo pueden la ciencia y la fe ir de la mano en este campo de la investigación espacial?

La ciencia y la fe pueden ir de la mano y fortalecerse mutuamente, pues la ciencia busca la verdad científica y la fe la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios y de Dios, que ilumina el camino de la humanidad. La fe y la ciencia no se confunden ni se contradicen. La ciencia explica el cómo, la fe ilumina y guía el porqué último de la acción humana, y en el ámbito espacial esto significa utilizar la experiencia técnica y científica para el bien común, evitando que el progreso se convierta en dominación o destrucción.

¿Qué papel puede desempeñar la Santa Sede?

La Santa Sede puede y debe desempeñar un papel en los debates actuales sobre el espacio, principalmente los intergubernamentales. Debe iluminar conciencias y, por supuesto, dirigirse al mundo entero, incluyendo el mundo comercial e industrial. A nivel internacional, con la misión en Ginebra y otras en Nueva York y Viena, proponemos un marco ético centrado en la dignidad humana y colaboramos en el diálogo multilateral y la paz, haciendo un llamado a un sentido de responsabilidad compartida centrado en el espacio como bien común. Además, la Fundación Caritas in Veritate, en colaboración con la Misión en Ginebra, organiza eventos en Ginebra, Bruselas, Viena y Nueva York, y produce publicaciones y videos como los que hemos difundido recientemente. No debemos olvidar que la Santa Sede posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen, el Observatorio Vaticano, establecido en su forma actual por el Papa León XIII, en 1891, lo que confirma que la Iglesia, como se afirma en el motu proprio que estableció el Observatorio, no se opone a la ciencia verdadera y sólida, sino que, de hecho, la alienta y promueve con todo el compromiso posible.”

Mientras tanto en el ESPACIO… ARTEMIS II sigue con su REALITY SHOW avanzando al lado OSCURO de la LUNA… y UD lo puede seguir en su MINUTO a MINUTO…

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CONTINUARÁ

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Una de las primeras acciones políticas del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, fue materializar las zanjas que había prometido en campaña electoral en las fronteras con Bolivia y Perú. Esa medida dividirá la planicie del Altiplano logrando una barrera artificial al paso natural de la fauna silvestre del lugar, como pumas (Puma concolor), suris (Rhea pennata), vicuñas (Lama vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi) y tarucas (Hippocamelus antisensis), entre otras especies. Según expertos, la profundidad de las zanjas también podría alterar los cursos de agua dañando a los bofedales que comparten Chile y Bolivia.

El proyecto de Kast se llama “Plan Escudo Fronterizo”. El 16 de marzo, solo cinco días después de jurar como presidente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Arica para supervisar la construcción de las zanjas en la frontera con Perú. Días después, ese plan se llevó a cabo en la frontera con Bolivia.

Según el gobierno de Chile, este plan “considera medidas firmes con un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal -es decir, el cierre de los pasos no habilitados- sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

En uno de los puntos del plan se menciona la construcción de un sistema de contención física y tecnológica “infranqueable”, combinando muros o vallas de seguridad de cinco metros de altura “equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

Leer más: Chile: Kast frena las áreas protegidas en salares y otras 37 normas ambientales aprobadas por Boric

A eso se suma la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y tres metros de ancho “en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”.

Solange Vargas es doctora en Biología y Ecología Aplicada y actualmente es académica del departamento de Química y Biología, Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama de Chile. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la implementación de una infraestructura de estas dimensiones en el Altiplano constituye una “intervención drástica” que altera la conectividad biológica de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.

“La apertura de una zanja de estas magnitudes genera fragmentación de hábitat. En el Altiplano, la fauna no reconoce fronteras políticas”, explicó la bióloga. “Especies como la vicuña, el suri o ñandú cordillerano y el zorro culpeo dependen de grandes extensiones de terreno para encontrar alimento y agua, recursos que son extremadamente escasos y estacionales. El movimiento de animales, grandes y medianos, es fundamental para sobrevivir en este ambiente”, resaltó Vargas.

La experta, que hace más de 15 años se dedica al estudio de la fauna silvestre en el norte chileno, añadió que estas zanjas pueden generar un efecto barrera o interrumpir rutas migratorias. Por ejemplo -dijo-, para los suris, que son aves que no vuelan, una zanja de tres metros puede ser un obstáculo no menor si es que no es insuperable. “Esto en el tiempo genera división de las poblaciones, reduciendo su variabilidad genética y, en caso de mantenerse por largos periodos de tiempo, podríamos incluso hablar de dejar a las especies más vulnerables o provocar extinción local”.

Una “trampa mortal”

Vargas afirmó que estas zanjas con el tiempo se pueden volver una “trampa mortal”, ya que podría comenzar a registrarse caída de animales, animales lesionados y causar incluso muerte. Los animales pequeños, como roedores o reptiles, difícilmente podrían salir, muriendo por inanición, estrés o exposición, explicó.

En el caso de los felinos andinos, como el puma, o el zorro andino, Vargas afirmó que la situación es compleja, ya que técnicamente un puma tiene la capacidad de salto horizontal, en caso de ser animales saludables. La experta detalló que tres metros de ancho para felinos más pequeños, como el gato andino y el colo colo, puede ser más difícil de sortear. “Por lo que esta zanja podría volverse un obstáculo también para ellos. Si la zanja posteriormente estará acompañada de muros o vallas, hará que la conectividad de la fauna en este ambiente se vea drásticamente reducida”, destacó Vargas.

Por su parte, Cristian Bonacic, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó a Mongabay Latam que las barreras artificiales tienen un impacto sobre la fauna silvestre.

El profesor acotó que en el caso de las zanjas y otras medidas entre Chile y Bolivia aún no se conoce la real continuidad de estas barreras artificiales, su manutención, trazado y si van a ser continuas o no.

Señaló que las principales especies de interés para evaluar son las vicuñas, guanacos, pumas y tarucas, a pesar de que son extremadamente hábiles para sortear acantilados, sitios de difícil acceso y escalar. “Habría que ver si se puede establecer un monitoreo con cámaras trampa para evaluar si hay algún impacto en ellas”, resaltó.

Bonacic recordó que el muro entre México y Estados Unidos sí tuvieron un impacto en especies migratorias estacionales de tamaño medio y grande y se han separado poblaciones de especies que se movían entre ambos países en algunas zonas con el consiguiente impacto sobre las especies, aunque resaltó que ese tipo de infraestructura es mucho más agresiva que una zanja.

Compartido por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el Altiplano es junto al Tíbet una de las mesetas más elevadas del mundo, alcanzando un promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La baja presión de oxígeno a esta altura y sus condiciones climáticas extremas no impidió el desarrollo de una flora y fauna únicas en el mundo por su grado de adaptación a este medio hostil.

En esta zona se pueden encontrar una gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Allí, viven camélidos sudamericanos domésticos, como la llama y la alpaca; y silvestres, como el guanaco y la vicuña. En esta área viven los pueblos indígenas aymara y quechua.

Desde la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota se informó a Mongabay Latam que el objetivo de este plan impulsado por Kast contempla la instalación de barreras físicas, zanjas y sistemas de vigilancia con el objetivo de frenar la migración irregular, la trata y tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado en la zona limítrofe chilena con Perú y Bolivia.

La institución no informó sobre los impactos ambientales del plan, al igual que la Delegación Presidencial de la región de Tarapacá. Mongabay Latam también se comunicó con voceros de Ambiente del gobierno chileno para consultar sobre los impactos ambientales de esta medida, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Reclamos desde Bolivia

En Bolivia, Magín Herrera, ingeniero zootecnista y exviceministro de Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam que el plan de Kast constituye una “alta amenaza para el delicado bioma altiplánico”, ya que tendría consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

“Con las zanjas se está prohibiendo el paso y libre tránsito de la fauna silvestre que es totalmente inocente, y cumplen un rol productivo para la humanidad; sin embargo, se está destruyendo el hábitat y ecosistemas de la vida silvestre. Ahí tenemos quirquinchos, guanacos, vicuñas, pumas y aves, y se estaría destruyendo sus madrigueras, las crías estarían en la frontera del otro país y las madres al otro lado. Si eso sucede, ¿qué va a pasar?”, cuestionó Herrera.

El experto resaltó que la alimentación para el ganado camélido es por lo general especies vegetales que se desarrollan en humedales únicos en el mundo de esta zona altiplánica. Esta alimentación –dijo- comprende hierbas de baja altura, desarrolladas gracias al escurrimiento superficial y subterráneo de agua proveniente desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, además de precipitaciones directas.

“Estos bofedales están protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito Chile, también Bolivia, por su incalculable valor ecológico y alta fragilidad. En esta zona también podemos encontrar a la paja brava, forraje natural que se agrupa en pajonales; y la llareta, arbusto densamente compacto antiguamente utilizado como combustible y con propiedades medicinales”, dijo Herrera.

Por su parte, Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi, detalló a Mongabay Latam que estas barreras afectan más a la fauna pequeña, como invertebrados, lagartijas, quirquinchos, zorros y felinos pequeños.

“Además, estas zanjas se pueden llenar con agua y los animales corren el riesgo de caer y  morir [ahogados]. Los pumas y vicuñas son animales muy ágiles y si su vida depende de cruzar estás barreras, ya sea por hambre o sed, posiblemente podrían saltar estas zanjas, pero su primera reacción al ver estas zanjas sería evitarlas. Así que realmente es un problema y estarían rompiendo los corredores ecológicos de la fauna silvestre”, dijo Rechberger.

El Gobierno de Bolivia respetó la decisión de Kast sobre la construcción de zanjas. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó a medios locales que la decisión de Chile no afecta a Bolivia y que respeta la posición asumida por Kast. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, sin mencionar a su colega chileno, dijo: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”.

Mientras, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a este medio que la Cancillería boliviana debería enviar una nota de reclamo expresando su molestia por la construcción de zanjas, que no solo afecta a la movilidad humana, sino al hábitat de numerosas especies.

“Hay familias enteras, hay niños y niñas que se mueven por la frontera, pero también la fauna silvestre de la zona está en riesgo. Eso amerita un reclamo, pero seguro no lo harán, ya que Rodrigo Paz y José Kast son de la misma ideología”, afirmó Bilbao.

*Imagen principal: el Gobierno de Chile inició la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de evitar la migración ilegal, entre otras problemáticas fronterizas, pero esa decisión afecta a la fauna y a los humedales del Altiplano. Foto: cortesía Chile Noticias.

El artículo original lo publicó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La palabra “eutanasia” viene del griego eu (bueno) y thanatos (muerte): la “buena muerte”. En la Antigua Grecia, la idea no estaba completamente ajena a ciertas discusiones filosóficas sobre la dignidad, pero su uso moderno surgió mucho después, en el siglo XIX, en el marco de la medicina y la ética clínica. Hoy, en países como España, ha pasado de ser un tabú a convertirse en una política pública regulada, un derecho cuidadosamente delimitado.

Pero el verdadero trasfondo de esta conversación no está en cómo morimos, sino en cómo vivimos.

Durante décadas, el progreso se ha medido en cifras: crecimiento del PIB, ingreso per cápita, acceso a bienes. Sin embargo, algunos economistas comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. Richard Easterlin formuló en los años 70 una observación inquietante: más riqueza no necesariamente produce más felicidad. La llamada “paradoja de Easterlin” sugiere que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el bienestar subjetivo deja de crecer al mismo ritmo que los ingresos.

Más recientemente, economistas como Amartya Sen han insistido en que el desarrollo no puede reducirse a la acumulación de riqueza, sino que debe medirse en términos de capacidades reales: la posibilidad de vivir una vida que uno tiene razones para valorar.

La pregunta, entonces, cambia de eje. Ya no es cuánto tenemos, sino qué podemos ser.

En 1932, Aldous Huxley imaginó una sociedad donde el sufrimiento había sido prácticamente eliminado. En su novela Un mundo feliz, la estabilidad social se sostenía sobre el placer constante, la ingeniería genética y una droga, el soma, que anestesiaba cualquier malestar. Era, en apariencia, una civilización feliz.

Pero esa felicidad tenía un costo: la libertad, la profundidad emocional, el conflicto que hace posible la identidad.

Huxley no describía un infierno, sino algo más perturbador: un paraíso superficial.

La inquietud no es nueva. Mucho antes, Thomas Malthus advirtió que el crecimiento de la población podía superar la capacidad de los recursos, generando tensiones inevitables. Hoy, paradójicamente, muchas sociedades enfrentan el problema inverso: envejecimiento, baja natalidad, soledad estructural.

Y Colombia, tradicionalmente joven, rural, expansiva, comienza a parecerse cada vez más a ese espejo. La transición demográfica avanza. La población envejece. La natalidad cae. Millones han migrado del campo a la ciudad en pocas décadas, rompiendo tejidos comunitarios que durante generaciones funcionaron como amortiguadores emocionales.

La modernidad llegó rápido. Quizás demasiado.

Se habla de una “pandemia de salud mental”. Ansiedad, depresión, aislamiento. No son fenómenos marginales, sino síntomas extendidos de una forma de vida. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que estemos diseñando sociedades materialmente más exitosas pero existencialmente más frágiles?

Porque la prosperidad, por sí sola, no enseña a vivir.

Tal vez la discusión sobre la eutanasia no deba agotarse en los marcos jurídicos o médicos. Tal vez deba empujarnos hacia una reflexión más incómoda: si alguien quiere morir, ¿qué dice eso del mundo en el que le tocó vivir?

No se trata de romantizar el sufrimiento ni de negar la autonomía individual. Se trata de entender que la felicidad no es un subproducto automático del progreso.

Es, más bien, una construcción colectiva.

¿Y qué es la felicidad?

No es una cifra. No es una curva ascendente. No es una ausencia total de dolor.

Quizás es, como sugería Aristóteles hace más de dos mil años, la posibilidad de florecer: de desarrollar nuestras capacidades en relación con otros, en comunidades que tengan sentido, en vidas que se sientan propias.

Colombia está entrando, silenciosamente, en esa conversación global. Ya no somos solo un país en busca de crecimiento. Somos un país enfrentado a las preguntas del bienestar.

Y eso exige algo más difícil que producir riqueza: exige imaginar formas de vida.

Porque al final, la verdadera pregunta no es si podemos construir un mundo más próspero.

Es si queremos, y sabemos cómo, construir un mundo más feliz.