La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La izquierda colombiana no necesita una cohorte de aduladores ni un comité de aplausos. Necesita saber que camina sobre arenas movedizas. Que si bien Gustavo Petro deja un legado social que debe capitalizarse, continuar, afianzarse y mejorarse, ese solo argumento por sí solo no garantiza el triunfo de Iván Cepeda el 31 de mayo.

Diferentes encuestas le otorgan al Pacto Histórico alrededor de un 35% de intención de voto —la última de Invamer le concede un extraordinario 44,9%—. Eso quiere decir que sigue faltando el centavo pa´l peso: todavía no completa la mitad más uno para ganar cómodamente en primera vuelta. La izquierda no puede fiarse de los números, ni llamarse a engaños.

Me gusta Cepeda porque representa la conciencia social de ese país sometido a la persecución y el destierro hasta el exterminio, pero no veo una estrategia de comunicación efectiva y convincente para hacerse con los votos faltantes.

Más allá de la malquerencia justificada hacia Álvaro Uribe, no hay un mensaje que apele a las emociones de aquel electorado meditabundo sobre el que nadie sabe qué está pensando, y probablemente ni siquiera figura en las encuestas.

Mucha gente no tiene claras las propuestas de Iván Cepeda, o esa es la idea que flota en el ambiente. No hay tampoco una frase –a manera de slogan- que enmarque el espíritu progresista de la campaña. Los discursos en plaza pública deben condensarse en frases contundentes que se graben en la memoria, y se puedan repetir ante un interlocutor apático.  

¿Cómo es que sabemos tanto de Sócrates, si el filósofo griego no escribió nada en su vida? Cuenta la leyenda que Sócrates no escribió nada por considerarlo una forma inferior de transmisión de conocimiento, prefiriendo el diálogo vivo y directo. Bueno, creo que aquí hay un mensaje poderoso para, en lo que resta de campaña, sacarle todo el jugo posible a la calle y conectar con la gente, pero no con los que salen a vitorear en la plaza, porque esos ciudadanos ya están alineados con un proyecto político en el que pusieron sus esperanzas.

Insisto: En esta recta final, sobran los halagos. Se necesita una estrategia de persuasión más clara con mensajes cortos y bien construidos que se traduzcan en titulares. Una foto oficial del candidato ayudaría mucho.  

Iván Cepeda está confiado en ganar en primera vuelta, y lo pregona a los cuatro vientos. Creo que peca por exceso de confianza. El triunfalismo mal manejado podría hacer que muchos se crean el cuento y, confiados en el triunfo, opten por no salir a votar el 31 de mayo.

Los partidos se ganan en la cancha y con goles, del mismo modo que las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas. Humildad es prudencia. Y lo que necesita el Pacto Histórico para ganar es que los ya convencidos, convenzan a los indecisos (un 28%, según análisis de La Silla Vacía); a los inconformes, (los que no votan asqueados de la política y los políticos), y a los que votarán en blanco.

Todo candidato es un producto y ese producto se vende puerta a puerta, uno a uno. Hablando de tú a tú, quiero decir. Las horas corren.

Se perdió tiempo valioso respondiendo las andanadas de Uribe, que esa es su táctica para desgastar al contendor y mantenerse vigente en el ocaso de su vida política. Cualquier ruido le sirve. Darle importancia a Uribe es hablarle a esa base antiuribista que no necesita argumentos, pues conocen la historia que antecede al expresidente. A los indecisos se les conquista por el oído con propuestas audaces que calen en el corazón pero que tengan efecto directo en sus bolsillos y sus problemas cotidianos.

Concuerdo con el analista Shameel Thahir Silva cuando interpela a la izquierda en el periódico Desde Abajo: “Nos dejamos meter en la trampa de que la política son las personas y sus liderazgos, y perdimos la capacidad de plantear problemas a largo plazo: las estructuras y los intereses colectivos que mueven la rueda de la historia”. (…) mucha gente (…) cree que si el Presidente chasquea los dedos aparecerán las escuelas, las vías y los hospitales que reducirán las profundas brechas de desigualdad”.

Se menciona en los discursos el término “revolución ética”, pero en la práctica falta su desarrollo. Las palabras no pueden ponerse en el papel y olvidarse. El por qué y el para qué deben socializarse. La figura de Cepeda como filósofo, siendo poderosa, tampoco ha sido suficientemente explotada; no entiendo ese descuido, si partimos del hecho de que ética y filosofía tienen sangre común, como generadores de conciencia social en un país donde la desigualdad es proporcional a los altos niveles de corrupción política y la evasión de impuestos por parte de las clases altas. (En una próxima columna analizaré estos fenómenos).

Para despetrizar la izquierda, sus líderes deben ser capaces de cuestionar lo que no se hizo bien y ofrecer la cura para el mal, mientras agitan las banderas por lo bueno. Gallardía es quitarse la paja del propio ojo.  

Simón Rubiños, analista y magíster en políticas públicas, hace la siguiente reflexión: “El gobierno Petro abrió puertas a sujetos y territorios históricamente relegados: instaló la idea de que el Estado debía mirar de frente la desigualdad y asumirla como mandato. Pero ese giro –en sí mismo valioso y con logros tangibles– dejó una tensión: no basta con representar sectores marginados ni ponerlos en el centro del relato si la política pública no traduce esa centralidad en cambios tangibles en su vida cotidiana”.

En su artículo para el periódico Desde Abajo, Rubiños pone como ejemplo el caso mexicano. “Un gobierno que logró amalgamar –y con ello seducir a su pueblo- fue el de AMLO en México, quien logró una continuidad narrativa disciplinada, apoyada en organización, control de agenda y ejecución coherente”.

La izquierda no debe temerle a la autocrítica. Debe empezar por aceptar que bajo el mandato de Gustavo Petro muchas promesas quedaron incumplidas: las plegarias no atendidas de las que hablaba Santa Teresa.

Queda apenas una semana para la elección presidencial y ningún candidato tiene las mayorías para cantar victoria. ¡Humildad!

La izquierda tiene, eso sí, un candidato serio como Iván Cepeda, con porte intelectual y demócrata, para ganar en junio. La derecha uribista, con dos candidatos en contienda, está dando la pelea. Abelardo y Paloma se batirán en un duelo (electoral) a muerte, aunque por ahora El Tigre ruge más que lo que vuela su rival.

Promesa de político: Si el candidato del Pacto Histórico gana en primera vuelta, prometo dejar en paz a Uribe en mis escritos. 

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Frente a este panorama, UCompensar desarrolló una respuesta concreta.

La práctica como punto de partida

La Fundación Universitaria Compensar lleva años trabajando con empresas de distintos sectores. De ese vínculo han surgido no solo profesionales capacitados, sino también diagnósticos reales, patrones identificados y necesidades recurrentes en la gestión empresarial. A partir de ese conocimiento acumulado nació Escala Empresarial.

La plataforma permite a las organizaciones realizar una evaluación integral en tres frentes estratégicos: finanzas, logística y sostenibilidad, y recibir en tiempo real, un diagnóstico de su situación y un plan de acción priorizado. Todo ello sin depender de procesos externos prolongados ni de grandes inversiones en consultoría.

Escala Empresarial: tres frentes, un plan de acción

Escala Empresarial utiliza inteligencia artificial entrenada en variables específicas de cada área para generar alertas y recomendaciones personalizadas:

• En el componente financiero, analiza flujo de caja, costos, endeudamiento y rentabilidad.
• En logística, evalúa la cadena de suministro, inventarios y eficiencia operativa para identificar cuellos de botella y sobrecostos.
• En sostenibilidad, mide el desempeño ambiental, social y operativo frente a los estándares vigentes.

El resultado es un plan de acción estructurado y aplicable directamente por los equipos de la organización, reduciendo la dependencia de intermediarios externos y facilitando la implementación de mejoras con los recursos disponibles.

“Los principales diferenciales son que brindamos a las empresas un servicio inmediato, potencializado con IA especializada. Una vez la empresa completa el cuestionario, los empresarios pueden conocer en tiempo real su situación y comenzar a tomar decisiones informadas, sin procesos prolongados”, explica Natalia Arbeláez, Directora de Innovación en UCompensar.

Escala Empresarial: validada con más de 60 empresas

Escala Empresarial no partió de supuestos teóricos. La plataforma fue validada con más de 60 empresas en sus tres áreas de evaluación antes de su lanzamiento, lo que permitió ajustar su enfoque y garantizar que las recomendaciones respondan a necesidades reales del sector productivo colombiano.

De esta manera, las pymes que representan la mayor parte de las unidades productivas del país, acceden a una herramienta de diagnóstico que anteriormente solo estaba al alcance de organizaciones con capacidad para financiar consultorías especializadas.

“Además de formar talento, buscamos entregar soluciones aplicables que ayuden a las empresas a crecer, ser más productivas y sostenibles”, señala Natalia Arbeláez.

Esta iniciativa refleja la evolución del modelo Universidad-Empresa de UCompensar: una institución que no se limita a la formación académica, sino que co-crea con el sector productivo, entiende sus retos y responde con herramientas concretas. Escala Empresarial es una expresión de ese compromiso, y posiciona a UCompensar como un actor activo en la discusión sobre competitividad, productividad y sostenibilidad empresarial en Colombia.

Conoce Escala Empresarial y realiza el diagnóstico gratuito de tu empresa escalaempresarial.ucompensar.edu.co

fuera un gobernante responsable, cosa que no es. En la agonía de su gobierno busca salir del
paso, dejando a su sucesor y al país, engrampado: en déficit, sobre endeudado y con la caja vacía.

El resultado por el que Arrow es más conocido se denomina teorema de imposibilidad de Arrow, enmarcado en un campo de investigación situado entre las matemáticas y la economía: la teoría de la elección social, desarrollada a partir de su libro de 1951 Social Choice and Individual Values.

El teorema de imposibilidad de Arrow aborda el problema de elegir una opción dentro de un conjunto de alternativas mediante métodos basados en las preferencias individuales, que se transforman en una única preferencia colectiva. Un ejemplo típico es la elección de un representante de una comunidad cuando existen tres o más candidatos.

El significado fundamental del resultado de Arrow es que, sean cuales sean los detalles precisos del mecanismo de selección, resulta imposible que el procedimiento satisfaga simultáneamente ciertas condiciones que, consideradas de manera aislada, parecen naturales e irrenunciables. Esto implica que no existe sistema de elección capaz de evitar, en algún caso, resultados abiertamente contrarios a los fines que el propio diseño del mecanismo pretendía alcanzar.

Estas consecuencias pueden aparecer en determinadas situaciones, y aunque podamos evitarlas mediante una modificación del sistema de selección, al desaparecer las que se pretendía eliminar, inevitablemente surgen otras consecuencias indeseables.

Ante la pregunta de si es posible encontrar un sistema óptimo para establecer la preferencia colectiva —donde cada individuo debe poder ordenar, según su criterio, las opciones de su preferencia—, el teorema de Arrow ofrece una respuesta categórica: no existe sistema alguno capaz de satisfacer simultáneamente las siguientes cuatro condiciones:

1. Universalidad: el sistema produce siempre un resultado para la preferencia colectiva, sean cuales sean las preferencias individuales.
   
2. Unanimidad (eficiencia de pareto): Si para todos los electores A es preferible a B, entonces la elección no puede recaer en B.
   
3. Independencia de alternativas irrelevantes: el resultado no debe depender de las preferencias de los electores por alternativas que ya no están en juego. Si se elimina una opción, el orden de las demás, no excluidas, debe mantenerse.
   
4. Ausencia de dictadores: el sistema garantiza que no exista ningún elector —denominado en este contexto “dictador”— cuyas preferencias coincidan siempre con el resultado, independientemente de las preferencias de los demás.

Originalmente, el enunciado del teorema de Arrow afirma lo siguiente:

“Todo sistema de establecimiento de preferencias colectivas que satisfaga las propiedades 1, 2 y 3 anteriores necesariamente tiene un dictador.”

Esto significa que las condiciones 1, 2 y 3 constituyen requerimientos mínimos de democracia.

Naturalmente, el teorema de imposibilidad de Arrow conduce a paradojas. Consideremos el siguiente ejemplo: los votantes, integrantes de un congreso compuesto por 99 miembros, ordenan sus preferencias entre tres proyectos de desarrollo vial A, B y C, clasificándolos de mejor a peor para decidir cuál de los tres será aprobado. Supongamos que el resultado es el siguiente:

33 votos: A > B > C. Es decir, un tercio del congreso prefiere el proyecto A sobre B, y B sobre C.

33 votos: B > C > A. Otro tercio prefiere B sobre C, y C sobre A.

33 votos: C > A > B. Finalmente, el último tercio prefiere C sobre A, y A sobre B.

En este escenario, al comparar por pares:

A es preferido sobre B (66 votos contra 33).

B es preferido sobre C (66 votos contra 33).

C es preferido sobre A (66 votos contra 33).

Esto presenta un resultado paradójico: 

A > B > C > A.

Es decir, no existe un ganador claro, y el sistema de votación arroja un desenlace contradictorio con la idea de una preferencia colectiva coherente.

No obstante, las paradojas solo aparecen cuando existen tres o más alternativas. A pesar de las implicaciones del teorema, los métodos de votación entre dos opciones no presentan dificultad; y esta es una de las razones por las que se recurre con frecuencia a la eliminación de múltiples alternativas hasta reducir la decisión únicamente a dos. Decidir entre múltiples candidatos cuál goza de mayor favorabilidad conduce a situaciones paradójicas que no se producen cuando únicamente se enfrentan dos candidatos.

El teorema de imposibilidad de Arrow revela los desafíos inherentes a los sistemas de votación basados en el orden de las preferencias, al mostrar que ningún método puede satisfacer simultáneamente todas las condiciones clave de equidad, y pone de relieve las paradojas que entraña la búsqueda de un sistema de elección colectiva perfecto. Se trata de un concepto fundamental en la teoría de la elección social, que subraya la complejidad y los desafíos de la toma de decisiones colectivas.

Gracias a esta investigación, en 1972 Arrow se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Economía.

@MantillaIgnacio

Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

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Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. Comenzamos con las enviadas por la candidata Claudia López, por el movimiento Imparables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

Nuestra política exterior responderá a intereses nacionales asociados a la seguridad, el aumento de la productividad, y la protección del patrimonio ambiental de Colombia, siendo una voz relevante como país del Sur Global en el contexto de los profundos cambios que experimenta el orden mundial en la actualidad. Desarrollaremos a una diplomacia estratégica, moderna y enfocada en resultados. 

Los principios tradicionales de la política exterior colombiana —soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de controversias y multilateralismo— seguirán siendo fundamentales. Pero debemos actualizarlos en un mundo multipolar, tecnológicamente competitivo y geopolíticamente inestable desde un enfoque pragmático, responsable y que apunte a la diversificación de nuestras apuestas estratégicas. 

Por eso, nuestro gobierno impulsará tres grandes prioridades.

Primero, fortalecer la seguridad nacional mediante cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las amenazas híbridas, incluyendo la ciberseguridad y la desinformación. Venezuela será una prioridad estratégica por el impacto que tiene la inestabilidad fronteriza sobre nuestra seguridad y economía. 

Segundo, diversificar las relaciones económicas y comerciales de Colombia. Durante décadas concentramos excesivamente nuestra dependencia en un solo socio. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado, pero Colombia debe ampliar mercados, atraer inversión con transferencia tecnológica y fortalecer su inserción en Asia-Pacífico. Asimismo, debe abrirse camino en los mercados de Medio Oriente y del mundo musulmán, que se perfilan como algunos de los de mayor crecimiento en los próximos años.

Tercero, posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda climática global. Somos una potencia ambiental y debemos convertir la Amazonía, la transición energética y la biodiversidad en instrumentos de liderazgo internacional, movilización de recursos y generación de nuevas industrias sostenibles. 

Gobernaremos con firmeza y mesura, alejándonos de la diplomacia de micrófono y bravuconerías, privilegiando una política exterior seria, profesional y predecible. 

2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

La política exterior de Colombia vive una transición histórica: de un orden unipolar dominado por Estados Unidos hacia una inserción estratégica en un entorno multipolar más inestable. El multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado ser insuficiente para prevenir conflictos como la invasión rusa a Ucrania o el genocidio en Gaza. Las reglas que rigieron las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas están cambiando, y Colombia debe estar preparada para navegar ese entorno con inteligencia, apego a sus valores y su liderazgo como país de renta media del Sur Global.

Bajo mi gobierno, Colombia defenderá activamente los bienes públicos globales: la biodiversidad amazónica, el agua, la paz y los derechos humanos. En foros como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, Colombia actuará desde sus ventajas comparativas: su experiencia en construcción de paz, su biodiversidad, su posición geográfica y su rol como referente en justicia transicional. La defensa de los derechos humanos y la condena contundente a quienes los violen —sean Estados, organizaciones o personas— serán una constante. Colombia no guardará silencio frente a violaciones graves.

3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Desarrollar agendas claras, diferenciadas y complementarias con cada actor global estratégico, será la clave para las relaciones bilaterales. Desplegaremos un esfuerzo de gobierno, a nivel intersectorial y subnacional, para construir agendas de trabajo con los países más estratégicos para Colombia. El contexto actual nos exige entender que hoy el mundo es multipolar. Mi gobierno reconocerá las relaciones que se han consolidado en el tiempo, reduciendo dependencias inconvenientes, y navegando con pragmatismo y responsabilidad los cambios geopolíticos en curso.

• Estados Unidos. Es la relación más consolidada y, en consecuencia, prioritaria del país que se extiende por más de 200 años. Hoy la agenda de Colombia con EEUU pasa por la restauración de la democracia en Venezuela. Tenemos el interés común de estabilizar el país vecino para mejorar las inversiones, el comercio, y la capacidad de respuesta conjunta frente al crimen organizado transnacional. Al presidente Donald Trump mi gobierno le propondrá un Plan Colombia Venezuela con tres componentes: i) inversiones público-privadas de desarrollo productivo en la frontera; ii) formación del recurso humano asociado a la industrialización de la economía en la frontera; y iii) cooperación militar para fortalecer la efectividad de las operaciones contra las estructuras del crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad en zonas donde la Paz Total ha facilitado el control territorial de esos grupos ilegales. Se institucionalizarán nuevamente los canales diplomáticos, se restaurará la agenda bipartidista con el Congreso estadounidense y se transitará de la “lucha contra las drogas” —enfocada en el campesino— hacia una cooperación contra el crimen organizado transnacional focalizada en sus finanzas, cabecillas y estructuras. Retomaremos la colaboración en inteligencia y capacidad operativa con EEUU desde un enfoque de corresponsabilidad, subrayando la obligación que tiene Colombia de aumentar sus inversiones y capacidades propias en materia de defensa, seguridad y justicia. 
• China: se construirá una agenda estratégica con tres ejes: transferencia de tecnología, reequilibrio de la balanza comercial y cooperación contra prácticas desleales. En los primeros 100 días de mi gobierno se presentará un plan de acción con una agenda concreta. China debe ocupar el lugar que le corresponde como segunda economía mundial y segundo socio comercial de Colombia. El déficit de más de 12.000 millones de dólares con China se gestionará con inteligencia: los bienes de capital que aumentan la productividad son bienvenidos; la competencia desleal y el contrabando, no. Promoveremos mayor cooperación educativa para que ´más colombianos conozcan el idioma y se familiaricen con su cultura.
• Unión Europea y Canadá: se preservarán y profundizarán los acuerdos existentes, aprovechando los capítulos de cooperación y apoyo a PYMES. También será una prioridad la colaboración alrededor de inversiones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como país con importantes activos ambientales y potencial de desarrollar energías limpias, y generar capacidades en el talento humano para los negocios asociados.  Europa es clave también en cooperación militar, y justicia.
• India, Emiratos Árabes Unidos y países del Golfo: EAU será el canal de entrada a Medio Oriente y al mercado musulmán, particularmente de productos agroindustriales. India es una potencia tecnológica y demográfica con la que Colombia puede avanzar en ciencia, tecnología e innovación.
• Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia): Japón será socio en movilidad limpia, educación técnica y ciudades inteligentes. Corea del Sur —con quien Colombia tiene historia de cooperación desde la guerra de los años 50 y un TLC vigente— será el principal aliado para la manufactura avanzada y la digitalización. Con Vietnam y Tailandia se profundizará la cooperación frente a prácticas agroindustriales y esquemas de formación para mejorar su productividad.
• África y Sur Global: Como país de renta media con el peso que nos corresponde en las dinámicas mundiales a nivel económico, político e institucional, lideraremos activamente espacios en los que la perspectiva del Sur Global sea determinante en el contexto actual, bajo los principios del derecho internacional. Colombia profundizará la cooperación cultural y educativa con África, consolidando la búsqueda de nuevos mercados. Adicionalmente, participará activamente en espacios como los BRICS y el AIIB, no como receptor pasivo sino como socio aportante en biodiversidad, energías limpias y conocimiento.

4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

Colombia necesita una acción fronteriza y regional enfocada, menos en disputas políticas e ideológicas, y más en resultados concretos en temas estratégicos para el país como seguridad, protección ambiental, infraestructura, energía, movilidad humana, y comercio. Priorizaremos agendas estratégicas con los mecanismos de integración regional, en función de la vocación, potencial y límites de cada uno de ellos en el contexto hemisférico actual.

Con la CELAC fortaleceremos la efectividad de la coordinación de la respuesta regional en materia de cambio climático, transición energética, movilidad humana, y crimen organizado transnacional, particularmente. 

Con OTCA gestionaremos cooperación en seguridad, conservación ambiental y desarrollo productivo con énfasis en bioeconomía y agroindustria. Impulsaremos mecanismos coordinados para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en fronteras y corredores amazónicos. La cooperación regional será esencial para combatir narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos. La Amazonía será un eje prioritario de articulación regional. Colombia promoverá acuerdos para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y movilizar financiación climática internacional. 

Reanimaremos la Alianza del Pacífico para intensificar la colaboración entre Colombia, Chile, México y Perú en materia de productividad. Debe convertirse nuevamente en nuestra principal plataforma de inserción hacia Asia, teniendo como base la innovación y cadenas regionales de valor. En el marco de la OEA impulsaremos temas como seguridad, crimen organizado y migración. 

La estabilidad democrática y económica de Venezuela representa una prioridad de seguridad nacional para Colombia. Por lo tanto, creemos que el camino es que los venezolanos elijan su gobierno en las urnas de manera libre y transparente. Acompañaremos una transición que restaure su democracia y libertad, que promueva las inversiones productivas que beneficien a los dos países, y que contrarreste el accionar de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

En materia migratoria, mi gobierno ampliará las oportunidades de educación y empleo en el país para que nuestros jóvenes no sean expulsados a desarrollar su proyecto de vida en otros destinos. Así mismo, trabajaremos para atraer talento que contribuya a las mejoras de productividad, facilitando tanto la repatriación de colombianos como la gestión de visas de inversión y trabajo en sectores estratégicos. Frente a las medidas antinmigración adoptadas por países receptores, mi gobierno trabajará para que nuestros connacionales en el exterior sean tratados con dignidad, agilizará los procesos de repatriación y facilitará el retorno voluntario. Frente a la migración venezolana, el enfoque será desarrollar de manera paralela la integración de los venezolanos que ya están en el país y deseen contribuir al desarrollo de Colombia, y generar condiciones para el retorno voluntario mediante el desarrollo productivo fronterizo.

En política antidrogas, se realizará una transformación de fondo: se abandonará el enfoque punitivo contra el campesinado para concentrar los esfuerzos en desmantelar las mafias: ir tras sus cabecillas, atacar sus finanzas y reutilizar los bienes incautados en proyectos productivos que generen empleo legal. Profundizaremos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la cooperación en inteligencia y capacidad operativa, particularmente con EEUU y los países fronterizos, en la respuesta a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Colombia. Se impulsará internacionalmente que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas, para habilitar usos ancestrales e industriales lícitos. El consumo se tratará como asunto de salud pública. 

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Colombia cuenta con activos ambientales de valor global —la Amazonía, el Chocó biodiverso, más de 2.000 especies de aves, el agua— que serán defendidos y proyectados como instrumentos de diplomacia y financiación internacional. Si bien el país es altamente vulnerable al cambio climático, no es un emisor relevante de gases efecto invernadero a nivel global. El mayor problema de Colombia es la pobreza y necesitamos aprovechar todos nuestros recursos para superarla, al tiempo que desplegamos nuestro potencial para el desarrollo de energías limpias. La industrialización de Colombia en la economía del Siglo XXI dependerá del acceso a energía barata, estable y limpia. Para conciliar la protección de nuestros activos ambientales con la sofisticación de nuestra matriz energética, las líneas de acción serán:

• Conservación de activos ambientales: Aumentar el liderazgo político global y la cooperación internacional para preservar la Amazonía y otros activos ambientales con impacto global que tiene el país.
• Restauración: Desarrollar instrumentos de cooperación y financiación internacional para escalar la implementación de programas para restaurar los ecosistemas y activos ambientales del país.
• Movilidad: Establecer, con la banca de desarrollo internacional y los gobiernos subnacionales y locales, una estrategia de aceleración de proyectos de movilidad limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Transición energética. Fortalecer las condiciones habilitantes para profundizar las inversiones público-privadas-comunitarias en energías limpias, particularmente solar y eólica, volviendo a las comunidades socias de los proyectos; y contribuir al establecimiento de la Red de Interconexión Eléctrica de América del Sur.

• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?

Durante el último año hemos constatado a nivel global cómo la diplomacia económica y comercial se ha convertido en un instrumento de política exterior. En esa medida, y para un país como Colombia, la política exterior debe convertirse en una herramienta que contribuya al aumento de la productividad del país. Embajadas de países estratégicos tendrán metas medibles en apertura de mercados, atracción de inversión, transferencia tecnológica y promoción exportadora. 

La articulación entre política exterior y diplomacia económica se materializará en mi gobierno mediante una profunda transformación de la arquitectura institucional del Estado. El Viceministerio de Comercio Exterior, actualmente adscrito al Ministerio de Comercio, pasará a integrarse a la Cancillería, mientras que ProColombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC— serán fusionadas para consolidar una sola plataforma de promoción internacional, y atracción de inversión extranjera directa, inversión de impacto y cooperación.

Esta reforma tendrá dos efectos fundamentales para la productividad y el desarrollo económico del país. Primero, permitirá alinear la política exterior con la diplomacia económica y comercial de Colombia, convirtiendo nuestras embajadas en verdaderas herramientas de apertura de mercados, atracción de inversión y transferencia tecnológica. Segundo, permitirá que el Ministerio de Comercio concentre plenamente sus capacidades en el fortalecimiento industrial, productivo y turístico del país. Colombia no le venderá más al mundo si no produce más y mejor. Y producir más y mejor exige una estrategia agresiva de atracción de inversión con transferencia tecnológica, articulada desde una diplomacia económica moderna y efectiva. Nuestro objetivo será incorporar esas nuevas capacidades tecnológicas al tejido empresarial colombiano para aumentar la productividad, sofisticar nuestra oferta exportadora y generar más empleo de calidad.

Nos anima transformar la inserción internacional de Colombia en los mercados globales. Hoy seguimos exportando principalmente materias primas y la productividad de nuestra economía ha estado estancada por 20 años. Desde la apertura económica nuestro mayor producto de exportación es el petróleo y el carbón, con muy poca diversificación. Eso demuestra la necesidad urgente de sofisticar nuestra oferta exportable y fortalecer exportaciones no tradicionales con valor agregado.

Vamos a priorizar agroindustria, transición energética, movilidad limpia, infraestructura, manufactura con transferencia tecnológica, y sectores asociados a biodiversidad y economía sostenible. 

Frente a Asia-Pacífico, Colombia no puede seguir llegando tarde al centro de crecimiento del mundo. Profundizaremos relaciones económicas con China, Corea, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos, manteniendo siempre un equilibrio responsable con Estados Unidos, como principal socio económico y comercial. 

También impulsaremos la reactivación de la Alianza del Pacífico como plataforma de integración productiva, tecnológica y comercial hacia Asia. 

En cuanto a la OCDE, Colombia debe pasar de ser un miembro formal a un miembro activo y relevante. Aprovecharemos ese espacio para acelerar estándares en productividad, educación, innovación, transparencia y transformación digital, conectando mejores prácticas internacionales con las necesidades regionales del país. 

Finalmente, en materia de revisión de acuerdos comerciales, será necesario examinar con detenimiento aquellos acuerdos internacionales de inversión cuya primera vigencia concluya durante el cuatrienio de gobierno, con el fin de proponer ajustes acordes con los desarrollos más recientes. Asimismo, revisaremos los capítulos de cooperación y de fortalecimiento de las PyMES en los acuerdos comerciales, para impulsar iniciativas de cooperación empresarial articuladas con los proyectos estratégicos de las regiones. En otras palabras, es fundamental alinear la internacionalización de la economía con el desarrollo productivo del país.

También promoveremos acuerdos orientados a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de la inversión extranjera directa. Los incentivos a la inversión deberán priorizar los proyectos más estratégicos para el desarrollo regional y estarán condicionados a una transferencia efectiva de tecnología, así como a la integración de las PyMES colombianas en las cadenas de suministro.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Colombia debe actuar con pragmatismo, autonomía estratégica y defensa del derecho internacional. El mundo atraviesa una transición geopolítica profunda marcada por la competencia entre democracias y regímenes autoritarios, el debilitamiento del multilateralismo y la fragmentación económica global. 

Frente a la guerra en Ucrania, mantendremos una posición clara de defensa de la soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. Colombia no puede normalizar invasiones ni violaciones al orden internacional. En Medio Oriente, promoveremos el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de civiles y la implementación de soluciones diplomáticas preferiblemente multilaterales. 

En Asia-Pacífico, Colombia debe entender que es donde se juega buena parte del crecimiento económico y tecnológico del siglo XXI. Por eso fortaleceremos relaciones comerciales y científicas con Asia, sin caer en dependencias geopolíticas ni alineamientos automáticos. 

Respecto a la rivalidad entre Estados Unidos y China, Colombia no debe escoger entre uno u otro bloque. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado estratégico y comercial, pero China representa una enorme oportunidad para diversificar mercados, atraer inversión y ampliar exportaciones. Debemos saber implementar el Acuerdo de Franja y Ruta de la mano con los acuerdos de transferencia de tecnología y fomento a la inversión extranjera directa que diseñará, negociará e implementará nuestro gobierno. 

Nuestra postura será clara: defenderemos los intereses nacionales de Colombia, manteniendo relaciones responsables y pragmáticas con ambas potencias, evitando caer en dependencias excesivas y fortaleciendo nuestras capacidades propias en seguridad, tecnología, comercio y transición energética. 

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Los miembros de la Carrera Diplomática y Consular (CDC) jugaron un papel fundamental durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando la continuidad de la gestión de nuestra política exterior. Reconozco el activo que representa para el país el conocimiento y la experiencia que poseen los funcionarios de carrera diplomática y consular de la Cancillería. Todo mi agradecimiento para sus miembros por reducir los daños asociados a una política exterior politizada y de redes sociales. En mi gobierno volveremos a institucionalizar la política exterior, devolviéndole la majestad que merece en términos de los canales y mecanismos institucionales que corresponden. 

Colombia necesita una diplomacia profesional, competente y moderna. Construiré sobre lo construido en este gobierno en términos de mejorar la manera como la CDC refleja las características de la población colombiana, pero asegurando los estándares de calidad mínimos que se requieren para que el país tenga la representación que merece en su servicio exterior. En tal sentido, revocaremos los instrumentos normativos del gobierno Petro que comprometieron la calidad y profesionalización del servicio exterior.

Aprovecharemos el conocimiento y experiencia de los miembros de la CDC, en articulación con los actores sectoriales relevantes, para definir e implementar las agendas bilaterales y multilaterales, con prioridades y métricas de seguimiento y éxito claras.

2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?

El mundo evolucionó hacia una realidad multipolar, donde hay temas (i.e. políticas arancelarias, energía, Inteligencia Artificial, migración, salud global, inversión de impacto) y competencias (i.e. comunicación estratégica, trabajo en equipo, orientación al resultado) que ganan centralidad. Necesitamos aprovechar los activos de conocimiento de la CDC y cultivar nuevas herramientas y conocimientos para desarrollar una política exterior que sirva a los intereses nacionales del país.

Así como se reconfigura el orden global, se hace necesario actualizar los conocimientos y las competencias de los miembros de la CDC para responder a las agendas y retos actuales. En tal sentido, los contenidos y metodologías de formación y evaluación deberán apuntar a fortalecer el talento humano de los miembros de la CDC prioritaria, pero no exclusivamente, extendiéndose a todos los miembros del servicio exterior. Se hará una apuesta por utilizar herramientas digitales asincrónicas, y con formatos innovadores, para que haya un proceso de aprendizaje continuo que responda a la velocidad de los cambios que se están produciendo a nivel global.

Los embajadores serán seleccionados por mérito, trayectoria y resultados, con comprensión de las prioridades productivas, ambientales y científicas de los países donde representarán a Colombia. Habrá diversidad de talentos: empresarios, académicos, científicos con vocación pública y, por supuesto, miembros de la CDC. El servicio exterior será la vitrina de lo mejor de Colombia. En esa medida, aumentaremos la representatividad de los miembros de la CDC, particularmente de embajadoras en el marco de la implementación efectiva de la política exterior feminista, en nuestras representaciones diplomáticas y consulares. No menos del 30% de los cargos directivos de la Cancillería serán asignados a miembros de la CDC.

3. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?

Resulta fundamental, por una parte, consolidar un sistema de gestión del conocimiento que sistematice los activos de conocimiento de los miembros de la CDC y los ponga en diálogo con los tomadores de decisión a nivel sectorial y subnacional. De esta manera, tendrán un impacto más dinámico en las apuestas de desarrollo del país.

De otra parte, la mejor manera de construir políticas públicas, incluyendo la política exterior, es asegurando el equilibrio entre datos, conocimiento y competencia técnica, con la participación de todos los actores de interés relevantes. 

Los funcionarios de la CDC, tanto los que están en Bogotá como quienes están en planta externa, serán fundamentales en el diseño del documento base de discusión, definiendo intereses, objetivos, y apuestas estratégicas. También serán protagonistas de los espacios de construcción colectiva de una política exterior de Estado con vocación de largo plazo. 

Utilizando herramientas digitales y de IA se podrán canalizar las contribuciones de los diversos actores de interés para construir conjuntamente una política exterior estratégica, que responda a intereses nacionales y objetivos claros, y proyecte a Colombia como un líder relevante del Sur Global.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?

La Cancillería no puede operar sólo como bisagra, desconectada de los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales. Las representaciones diplomáticas y consulares deben identificar y gestionar información y contactos relevantes para el desarrollo de las apuestas estratégicas del país. Para lograrlo, se creará una Mesa de Trabajo Interministerial con el fin de alinear los procesos de internacionalización sectorial con la política exterior. 

De otra parte, dada la centralidad de las apuestas productivas regionales en mi programa de gobierno, crearemos la Dirección de Diplomacia Subnacional que facilitará la articulación entre la acción internacional de los territorios con las agendas que desarrolla la Cancillería tanto a nivel bilateral como multilateral.

2. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?

Las decisiones sobre la red de embajadas y consulados responderán a criterios estratégicos: presencia de comunidades colombianas; peso comercial, de inversión y de transferencia tecnológica actual o potencial; importancia geopolítica; posibilidad de influencia desde la cooperación Sur-Sur; y capacidad de generar retorno productivo para el país. Asia recibirá una atención diplomática significativamente mayor a la actual.

3. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

La diplomacia cultural y científica será un instrumento activo, coordinado con las entidades del Estado pertinentes y con los gobiernos subnacionales. Colombia tiene un enorme capital de poder suave: Shakira, Karol G y miles de artistas reconocidos globalmente; y una cultura de paz que maravilla al mundo. Contamos con universidades y centros de investigación de calidad creciente que requieren insertarse en redes de conocimiento globales para fortalecer la productividad del país. 

La coordinación se realizará en el marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial y de la Dirección de Diplomacia Subnacional, como instancias formales para el diálogo conducente a la definición de las agendas bilaterales y multilaterales y el establecimiento de un esquema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Lo anterior asegurará el flujo de información y conocimiento continuo y en tiempo real frente a las agendas que se definan.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

Los consulados serán fortalecidos como casas abiertas con servicios de orientación en educación, cultura, salud y apoyo empresarial. Se digitalizarán los trámites, se ampliarán horarios con apoyo de pasantes y alianzas universitarias, y se transformará la cultura interna del servicio al ciudadano. Chile será un referente en digitalización consular.

2. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

Se creará una red global de colombianos en el exterior para fortalecer la cooperación en educación, cultura, ciencia y emprendimiento. Las remesas —que en 2024 representaron el 2,3% del PIB— serán orientadas hacia proyectos productivos, compra de vivienda y seguridad social, siguiendo modelos exitosos como el de Pereira. Trabajaremos para que un porcentaje de esos recursos puedan destinarse a proyectos locales (acueductos, parques, bibliotecas). El programa Casas Colombia y el programa Colombia Nos Une serán profundizados.

Se defenderán activamente los derechos de los colombianos en situación migratoria irregular, se humanizarán los procesos de deportación y se ofrecerá orientación para el retorno voluntario digno. Desde el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana se coordinará toda la política migratoria bajo la responsabilidad de la Cancillería.

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Los trámites consulares —apostillas, documentos de identidad, nacionalizaciones— serán accesibles en línea, con tiempos de respuesta reducidos y canales de atención claros. Ningún colombiano deberá sentirse lejos del Estado, viva donde viva.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.