Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Las respuestas que he recibido coinciden en varios puntos y, debo admitirlo, comparto buena parte de esos análisis. Durante la campaña del Pacto Histórico se cometieron errores que hoy tienen a sus dirigentes lamentando no haber atendido las advertencias que se hicieron a tiempo. Entre ellos, destacan los siguientes:

1. La fórmula vicepresidencial

No entiendo a quién se le ocurrió la idea de escoger a la senadora Aída Quilcué como compañera de fórmula de Iván Cepeda, ya fuera por decisión del propio candidato o por recomendación de su equipo. Lo cierto es que allí comenzaron algunos de los errores más evidentes.

No se trata de descalificar a la líder indígena, quien posee grandes méritos gracias a su lucha por los derechos de las comunidades indígenas y de las víctimas del conflicto armado. El problema radica en que no es una figura que conecte fácilmente con la opinión pública. Con frecuencia se mostró distante frente a la prensa y pareció desconocer que quien ejerce funciones públicas y aspira a un cargo de elección popular está obligado a responder preguntas y rendir cuentas, incluso cuando estas resulten incómodas. Además, nunca logró motivar, cautivar o entusiasmar al electorado como sí lo hizo Francia Márquez durante la campaña de 2022.

2. La ausencia en los debates

Confiarse en una competencia electoral suele ser uno de los peores errores que puede cometer un candidato. Aunque Iván Cepeda afirmaba que asistiría a los debates, en repetidas ocasiones rechazó invitaciones de gremios económicos, universidades y medios de comunicación que promovían espacios de discusión entre los aspirantes. Parecía convencido de que tenía asegurado el triunfo en primera vuelta.

Esa estrategia terminó pasándole factura. El costo político fue evidente en la primera vuelta y, cuando intentó corregir el rumbo en la segunda, Abelardo De La Espriella ya había fortalecido su posición y logró imponer condiciones que evitaron escenarios que pudieran favorecer una eventual remontada de Cepeda.

3. Una campaña anclada en el pasado

Aunque a muchos no les guste, la política moderna se trasladó en gran medida a las redes sociales. Es allí donde millones de personas se informan, debaten y conocen las propuestas de los candidatos.

Hoy, las tarimas y los discursos tradicionales tienen un impacto limitado si no están acompañados de una estrategia de comunicación adaptada a los nuevos tiempos. A diferencia de Abelardo De La Espriella, quien construyó una marca política reconocible y la posicionó con éxito en plataformas digitales, Cepeda desarrolló una campaña que parecía sacada de los años ochenta: sin una narrativa atractiva, sin una identidad visual sólida y sin un mensaje capaz de conectar emocionalmente con amplios sectores del electorado.

4. El fantasma de la Constituyente

Aunque Iván Cepeda insistía en que no impulsaría una Asamblea Constituyente y que, por el contrario, promovería un gran acuerdo nacional, la recolección de firmas para convocar una Constituyente durante sus recorridos y actos públicos terminó enviando un mensaje contradictorio.

La percepción pública suele construirse más a partir de los hechos que de las declaraciones. Por eso, para muchos ciudadanos, las acciones observadas durante la campaña hablaron más fuerte que las explicaciones posteriores.

5. La intromisión de Gustavo Petro

Los constantes mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X terminaron convirtiéndose en un factor que jugó en contra de la campaña. Lejos de fortalecer a Cepeda, en algunos momentos generaron dudas sobre el grado de autonomía que tendría un eventual gobierno suyo e incluso llevaron a ciertos sectores a preguntarse si el presidente realmente estaba comprometido con la candidatura de su supuesto sucesor.

Hay que reconocerle a Iván Cepeda, sin embargo, que mantuvo distancia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, así como de otros dirigentes cuya presencia podía afectar la imagen de su campaña. Esa decisión reflejó coherencia con su discurso de transparencia y rectitud, atributos que incluso sus adversarios suelen reconocerle.

La derrota de Iván Cepeda no puede explicarse por una sola causa ni atribuirse exclusivamente a los errores de campaña. Sin embargo, los factores mencionados contribuyeron de manera significativa a debilitar una candidatura que, en otros momentos, parecía tener opciones reales de triunfo. Si el Pacto Histórico aspira a recuperar la confianza de una mayoría de colombianos en futuras elecciones, deberá hacer una revisión profunda de sus estrategias, escuchar las críticas con mayor atención y entender que las campañas modernas se ganan tanto con propuestas sólidas como con una comunicación efectiva y una lectura acertada del momento político. La principal lección de esta elección es que ningún proyecto político puede darse el lujo de ignorar las señales de advertencia cuando aún está a tiempo de corregir el rumbo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Mis preguntas a Abelardo De La Espriella

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Colombia es una nación de innumerables riquezas, de enormes capacidades y de una resiliencia que pocas sociedades tienen. Hoy llegamos a una elección en la que Abelardo de la Espriella aparece como el candidato más opcionado. Sin embargo, estamos viendo una contienda extraordinariamente cerrada, cercana al empate técnico, algo que resulta significativo por muchas razones complejas. La izquierda llega a este momento con una posibilidad real de triunfo. Durante estos cuatro años tuvo una oportunidad única de gobernar y, más allá de los balances que cada ciudadano haga de ese periodo, hay algo que resulta evidente: logró conectar con una parte muy importante de la sociedad colombiana.

En primera vuelta fueron cerca de diez millones de personas. Hoy, con seguridad, serán más. Alguna fibra profunda del pueblo colombiano tocó Gustavo Petro, el progresismo y, ahora, esa misma corriente encuentra continuidad en la figura de Cepeda, un hombre que además carga una historia profundamente ligada a la izquierda colombiana.

A mí me produce una sensación de justicia histórica y humana que hoy Cepeda, hijo de un padre asesinado por hacer política, sea el candidato de un sector amplio del país. Eso es un triunfo de la democracia. Es la demostración de que las armas no lograron silenciar las ideas. Independientemente de si somos de izquierda, de centro o de derecha, eso es algo que deberíamos celebrar.

En ciertos sectores de la izquierda persiste una idea antigua y compleja: la lucha de clases. Pero la Colombia de hoy no parece explicarse por esa lógica. Si los más de diez millones de votantes de Abelardo de la primera vuelta fueran ricos, seríamos Suiza. No lo somos. Con él votan hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las regiones, de todas las realidades económicas.

Nuestra división no es entre ricos y pobres. Es más profunda y más compleja. Cruza familias, amistades y generaciones. Está presente entre hermanos, compañeros de trabajo y vecinos. Pero quizás eso tampoco sea tan malo. Lo que demuestra es que nuestro viejo bipartidismo, transformado y reinventado, sigue vivo a través de nuevas identidades políticas, nuevas emociones colectivas y nuevos liderazgos.

Y precisamente porque la diferencia atraviesa a todos los colombianos, mañana tendremos que volver a encontrarnos.

Porque mañana seremos un solo país.

No sabemos quién ganará hoy. Puede ser Cepeda. Puede ser Abelardo. Lo que sí sabemos es que mañana el reto será el mismo para cualquiera de los dos: gobernar una nación profundamente diversa, con enormes desafíos y también con oportunidades extraordinarias.

Tenemos cinco fortalezas macroeconómicas que deberían llenarnos de optimismo. La primera es nuestra diversidad productiva: pocas economías de la región cuentan con una combinación tan amplia de agricultura, servicios, industria, energía y recursos naturales. La segunda es nuestra ubicación estratégica, con acceso a dos océanos y una posición privilegiada para integrarnos a las cadenas globales de comercio. La tercera es la estabilidad institucional y macroeconómica que, con dificultades y errores, Colombia ha construido durante décadas. La cuarta es nuestro potencial energético y de transición hacia nuevas economías sostenibles.

A todo esto se suma una oportunidad histórica que no durará para siempre: nuestro bono poblacional. Colombia todavía cuenta con una población mayoritariamente joven, con millones de personas en edad de trabajar, emprender, innovar y producir. Si somos capaces de ofrecer educación de calidad, empleo formal y oportunidades reales, podremos sacar a millones de colombianos de la pobreza y acelerar nuestro desarrollo durante las próximas décadas. Además, la reducción de la tasa de natalidad abre una ventana de oportunidad adicional: hogares con menos hijos pueden concentrar más recursos en educación, salud, nutrición y bienestar, generando mayores posibilidades de movilidad social y prosperidad para las nuevas generaciones.

También tenemos una ventaja ambiental única. Somos uno de los países más biodiversos del planeta. En un mundo que busca soluciones sostenibles, Colombia puede convertirse en una potencia ambiental, científica y turística.

Y si algo logró posicionar el gobierno Petro fue una idea poderosa: Colombia como el país de la belleza. Más allá de los eslóganes, existe una realidad innegable. Tenemos montañas, selvas, mares, cultura, gastronomía, música y una diversidad humana extraordinaria. El turismo global apenas comienza a descubrir el potencial de Colombia. Allí existe una fuente inmensa de crecimiento económico, empleo y oportunidades para regiones históricamente olvidadas.

Pero quizá nuestra mayor riqueza no está en nuestros paisajes ni en nuestros recursos. Está en nuestra gente.

Basta observar cuántos colombianos, provenientes de todos los orígenes posibles, ocupan posiciones destacadas en universidades, empresas, centros de investigación, organizaciones internacionales y escenarios culturales alrededor del mundo. El talento colombiano es reconocido mucho más allá de nuestras fronteras.

Por eso hay razones para tener esperanza.

Y la esperanza somos nosotros.

Mañana volveremos a ser un solo país. Un país imperfecto, dividido, apasionado y muchas veces contradictorio. Pero también un país con todas las posibilidades de construir un mejor futuro.

El verdadero llamado, gane Cepeda o gane Abelardo, es trabajar para que Colombia sea un lugar más justo, menos desigual, más plural, más democrático y más próspero.

Las elecciones terminan hoy. El país continúa mañana.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

«Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras», recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.https://www.youtube.com/embed/eJ2w6CRTfM8?si=XAWtnbiuwwYOaRxU

Tortuga golfina anidando en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.https://www.youtube.com/embed/97Sta8sVHIc?si=LOOWgIB6ncCwzNIk

Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero «ser área protegida no garantiza el cien por ciento», advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola», cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. «Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo». Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como «el viril» o «la picha», tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. «Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía«, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. «A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas», cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.https://www.youtube.com/embed/trMDUNQhxU8

Científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Video: Proyecto Tortuga Laud-Argentina

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. «Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos», reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

*Imagen principal: científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Foto: cortesía Proyecto Tortuga Laud-Argentina.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Años después volví a encontrarlo en Villa de Leyva. Nos vimos en el marco del Festival de Letras, donde una selección de sus fotografías formaba parte de una exposición abierta al público. En una sala de piedra que mira las montañas que ascienden hacia el páramo, sus imágenes dialogaban con visitantes, lectores y curiosos que se detenían frente a escenas llegadas desde Etiopía, Myanmar o la Amazonía colombiana. Pero fue más tarde, lejos de la exposición y de las conversaciones propias de cualquier festival, cuando entendí mejor quién era el hombre detrás de aquellas fotografías.

Nos sentamos en su casa, también abierta hacia las montañas de Villa de Leyva. La luz de la tarde comenzaba a cambiar sobre los tejados del pueblo y la conversación regresó naturalmente a los temas de aquella travesía por el Güejar. Hablamos de viajes, de libros, de fotografía, de memoria y de las personas que uno encuentra en el camino. Mientras escuchaba sus historias y observaba algunas de sus imágenes fuera del contexto formal de la exposición, comprendí que ambas cosas —el hombre y la obra— estaban unidas por una misma búsqueda. Lo que Xavier Kara persigue con su cámara no son lugares extraordinarios. Lo que busca son momentos en los que el tiempo deja de correr y se vuelve visible.

Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Nunca antes la humanidad había producido tantas imágenes y probablemente nunca antes las había olvidado con tanta rapidez. Fotografiamos todo: lo que comemos, lo que pensamos, los lugares que visitamos, las personas con las que compartimos una tarde. Millones de imágenes nacen cada día para desaparecer pocas horas después bajo el peso de nuevas imágenes. En medio de esa avalancha visual, encontrarse con la obra de Xavier Kara resulta una experiencia extraña porque sus fotografías parecen provenir de otro ritmo. Son imágenes que no exigen ser consumidas. Exigen ser contempladas.

Quizás por eso permanecí más tiempo del habitual frente a ellas. Algo en esas fotografías obligaba a desacelerar la mirada. No había espectacularidad ni artificio. No parecían concebidas para impresionar. Parecían concebidas para observar. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Impresionar es relativamente sencillo. Basta con sorprender. Observar, en cambio, requiere paciencia. Requiere atención. Requiere una disposición que se ha vuelto cada vez más escasa en un mundo gobernado por las distracciones.

La exposición presentada durante el Festival de Letras ofrecía una magnífica puerta de entrada a ese universo. Sin embargo, las fotografías adquirían una dimensión diferente después de conversar con su autor. Lo que en las paredes parecía una colección de imágenes tomadas en distintos continentes revelaba, en la conversación, una coherencia mucho más profunda. Cada fotografía era una estación de un mismo viaje intelectual y humano. No importaba si el escenario era una iglesia excavada en la roca en Etiopía, una ciudad perdida entre la niebla de Myanmar o una montaña amazónica en Colombia. Todas parecían responder a una misma pregunta: ¿qué cosas merecen ser conservadas cuando el mundo cambia?

Más tarde, conversando con Kara, comprendí que esa impresión inicial no era accidental. Me dijo algo que terminó convirtiéndose en la clave para entender toda la exposición. “Me considero un humanista. La fotografía me da una forma de tender puentes entre culturas”. La frase podría pasar desapercibida en una conversación cualquiera, pero en realidad contiene una visión completa del mundo. Porque lo que aparece una y otra vez en sus fotografías no son las diferencias entre las personas sino aquello que comparten. No importa si la imagen fue tomada en Etiopía, Colombia o Myanmar. Lo que interesa no es el exotismo del lugar sino la humanidad de quienes lo habitan.

Eso es precisamente lo que distingue a los grandes viajeros de los simples coleccionistas de destinos. Hay quienes recorren el mundo acumulando fotografías como quien acumula estampillas. Regresan con miles de imágenes y muy pocas preguntas. Xavier Kara parece pertenecer a una tradición distinta. Después de haber viajado por cinco continentes, sus fotografías transmiten menos fascinación por la diferencia que curiosidad por los puntos de encuentro. Hay en ellas una búsqueda constante de aquello que une a los seres humanos más allá de la geografía, la religión o la historia.

Hay algo más que me llamó la atención al conversar con él. A diferencia de muchos fotógrafos contemporáneos, Xavier Kara no habla del viaje como una conquista. No hay en su discurso la épica del explorador ni la ansiedad de quien necesita coleccionar lugares para justificar una identidad. Más bien habla del viaje como una forma de aprendizaje. Como una manera de descentrarse. Como un ejercicio permanente de humildad. Tal vez por eso sus fotografías producen una sensación tan poco frecuente en nuestros días: la sensación de que quien sostiene la cámara está dispuesto a escuchar.

Escuchar es una palabra importante. Durante siglos los viajeros occidentales recorrieron el mundo convencidos de que su tarea consistía en describirlo. Eran observadores que llegaban con respuestas. Los mejores viajeros, sin embargo, han sido siempre aquellos que llegaban con preguntas. Pienso en Ibn Battuta recorriendo el mundo islámico durante casi treinta años. Pienso en Alexander von Humboldt intentando comprender las conexiones invisibles entre geografía, naturaleza y cultura. Pienso incluso en Bruce Chatwin, para quien viajar era una forma de interrogar el deseo humano de movimiento. Lo que une a esas figuras no son las distancias recorridas sino la curiosidad intelectual con la que enfrentaron el mundo.

Las fotografías de Kara parecen nacer de esa misma tradición. No intentan demostrar nada. No buscan confirmar teorías previas. Son el resultado de una atención sostenida hacia aquello que aparece delante de la cámara. Quizás por eso transmiten una serenidad poco habitual. Vivimos rodeados de imágenes que nos dicen qué debemos sentir. Imágenes que buscan indignarnos, emocionarnos o sorprendernos de manera inmediata. Las fotografías de Kara operan de otra forma. Nos ofrecen espacio para pensar. Nos permiten entrar en ellas sin imponernos una conclusión.

Mientras observaba sus retratos etíopes recordé una frase de Ryszard Kapuściński que siempre me ha acompañado. Decía que para ejercer cualquier oficio relacionado con las personas hay que ser, ante todo, buena persona. Puede sonar ingenuo en una época dominada por el cinismo, pero sigue siendo una observación extraordinariamente lúcida. Uno termina viendo el mundo según la calidad de su atención moral. Y la fotografía, como la literatura o el periodismo, termina revelando tanto sobre quien mira como sobre aquello que es mirado.

Quizás por eso la palabra humanismo aparece una y otra vez cuando uno intenta describir la obra de Xavier Kara. Un humanismo que no nace de los discursos sino de la observación. Que no consiste en proclamar principios abstractos sino en reconocer la dignidad de las personas, de las culturas y de los paisajes que aparecen frente al lente. En tiempos de polarización, de identidades enfrentadas y de relatos que insisten en subrayar aquello que nos separa, resulta refrescante encontrarse con una obra construida sobre la convicción opuesta: la idea de que el mundo es más grande que nuestras diferencias y de que todavía es posible encontrar puntos de encuentro entre seres humanos que nacieron a miles de kilómetros de distancia y bajo tradiciones completamente distintas.

Esa búsqueda aparece de manera particularmente poderosa en las imágenes tomadas en Lalibela, Etiopía. En una de ellas observamos las manos de un hombre sosteniendo un antiguo manuscrito escrito en ge’ez, la lengua sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En otra, un anciano inclina el rostro sobre aquellas páginas desgastadas por siglos de uso. Lo interesante es que las fotografías nunca caen en la tentación de convertir la escena en una curiosidad antropológica. No estamos observando una rareza cultural. Estamos observando algo mucho más universal: la relación entre una persona y aquello que considera sagrado.

Mientras contemplaba esas imágenes pensé que las civilizaciones sobreviven gracias a personas como aquellas. No necesariamente gracias a los grandes conquistadores o a los protagonistas de los libros de historia, sino gracias a quienes dedican su vida a custodiar una tradición. Un monje copiando manuscritos medievales. Un bibliotecario protegiendo documentos durante una guerra. Un abuelo transmitiendo historias familiares a sus nietos. Un sacerdote etíope leyendo palabras escritas hace siglos. La historia humana es también la historia de quienes mantienen viva una llama para que otros puedan encontrarla después.

Algo parecido ocurre con la extraordinaria fotografía de una joven sosteniendo una vela durante la celebración del Genna, la Navidad etíope. La imagen está construida alrededor de una paradoja elemental: la oscuridad domina el encuadre, pero es la pequeña llama la que termina capturando toda nuestra atención. En tiempos donde la grandilocuencia suele imponerse sobre la sutileza, la fotografía parece recordarnos una verdad antigua: muchas veces basta una pequeña luz para desafiar a toda la noche. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad han comprendido siempre esa idea. También la literatura. También la filosofía.

La misma sensibilidad aparece cuando Kara dirige la cámara hacia los Cerros de Mavecure. He visto muchas fotografías de ese lugar extraordinario en la Amazonía colombiana, pero pocas consiguen transmitir lo que realmente significa encontrarse frente a esas montañas. Sabemos que son algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Sabemos que han permanecido allí durante más de mil millones de años. Sin embargo, conocer el dato geológico no equivale a comprenderlo. La fotografía de Kara logra algo más difícil. Nos hace sentir el peso del tiempo. Nos obliga a confrontar nuestra propia escala frente a una realidad infinitamente más antigua que nosotros.

Quizás por eso una de las frases de la muestra quedó resonando en mi memoria. Refiriéndose a Mavecure, Kara escribe que la naturaleza no aparece allí como telón de fondo sino como protagonista. La observación parece sencilla, pero en realidad cuestiona una de las ideas más arraigadas de la modernidad: la noción de que el ser humano ocupa siempre el centro de la historia. Frente a esas montañas comprendemos lo contrario. Somos apenas visitantes temporales en una historia mucho más larga que la nuestra.

Esa misma reflexión atraviesa sus imágenes de Mrauk-U, la antigua ciudad de Myanmar cuyos templos emergen entre la niebla como recuerdos materializados. Hay lugares que parecen existir simultáneamente en el pasado y en el presente. Lugares donde la historia no ha desaparecido sino que continúa respirando bajo distintas formas. Las fotografías de Kara capturan precisamente esa sensación. No muestran una ciudad despertando. Muestran una ciudad soñando.

Conversando con él descubrí que buena parte de su formación ocurrió en Londres, donde fue miembro de la Ealing Photographic Society, fundada en 1890 y considerada una de las sociedades fotográficas más antiguas del mundo. Allí desarrolló muchas de sus habilidades técnicas. Sin embargo, sería un error atribuir el valor de su obra únicamente al dominio del oficio. La técnica es indispensable, pero nunca suficiente. Lo que distingue a una fotografía memorable de una fotografía correcta es la mirada que existe detrás de la cámara.

Y la mirada de Xavier Kara está profundamente influenciada por una tradición que reconoce en Sebastião Salgado, Fan Ho, Henri Cartier-Bresson, Nereo López y Jimmy Nelson algunas de sus principales referencias. Hay algo que une a todos esos nombres. Ninguno utilizó la cámara únicamente para registrar lo que veía. Todos intentaron comprender algo sobre la condición humana. Todos entendieron que una fotografía podía ser también una forma de conocimiento. Una manera de interrogar el mundo.

Antes de despedirnos, Kara mencionó una frase de Marco Aurelio que considera una guía personal: “Recibe sin gloria. Pierde sin preocupación”. Pensé entonces que existe algo profundamente estoico en su trabajo. Sus imágenes no parecen desesperadas por llamar la atención. No buscan el aplauso inmediato ni el impacto efímero. Se limitan a permanecer. Como permanecen las montañas. Como permanecen los libros antiguos. Como permanecen las ciudades que sobreviven a los imperios y las tradiciones que sobreviven a los siglos.

Salí de su casa cuando comenzaba a caer la tarde sobre Villa de Leyva. Las montañas seguían allí, inmóviles, observando desde la distancia. Recordé entonces aquella travesía por el Güejar años atrás. Después de todo, quizás nunca dejamos de cruzar ese río. Algunos lo hacen con una cámara, otros con libros, otros simplemente conversando. Lo importante no es la orilla a la que se llega. Es la forma en que se recorre el camino. Porque viajar, en el fondo, es una manera de estar en el mundo. Una forma de vivir.

América Latina atraviesa un momento de inflexión. En varios países de la región, gobiernos han impulsado reformas que debilitan las instituciones ambientales, reducen las garantías para las personas defensoras y limitan el acceso a la información y la participación en decisiones que afectan territorios y comunidades. Estas tendencias, lejos de ser aisladas, configuran un patrón regional que demanda análisis colectivo y respuestas coordinadas desde la sociedad civil.

El seminario ¿Está la democracia bajo presión? se planteó como un espacio propositivo donde organizaciones con trayectoria en litigio ambiental, incidencia política y acompañamiento territorial compartieron evidencia concreta sobre los impactos de la desregulación ambiental, el retroceso de derechos y la criminalización de la protesta en sus respectivos países.

Lo que se discutió

El evento abrió con la presentación del informe Participación cercada, a cargo de Dalile Antunez, investigadora colaborativa de la Coalition for Human Rights in Development, que documenta cómo en el contexto de proyectos de desarrollo se vulnera sistemáticamente el derecho a la participación en América Latina. Antunez señaló que los compromisos de participación y transparencia de los bancos de desarrollo no son opcionales, y que muchas organizaciones están utilizando precisamente esas obligaciones para presionar a estas instituciones a pronunciarse cuando hay restricciones al espacio cívico, resaltando cómo dichas restricciones impactan el cumplimiento de sus propias salvaguardas.

En ese marco, el panel reunió a cuatro expertas y expertos de organizaciones líderes en la región, quienes desarrollaron cuatro bloques temáticos:

Desregulación ambiental y cambio climático: Las y los panelistas identificaron reformas recientes que han debilitado los marcos de protección ambiental en sus países y analizaron cómo estas medidas comprometen la capacidad de responder a la crisis climática y de cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

Rol de la sociedad civil y reducción del espacio cívico: El bloque visibilizó las restricciones que enfrentan organizaciones, personas defensoras, periodistas y movimientos sociales, e identificó patrones regionales de criminalización, limitaciones al financiamiento y reducción del acceso a información pública. Constanza Dougnac, de FIMA Chile, advirtió que dividir comunidades y organizaciones es una estrategia deliberada para impedir que puedan conformar un frente unido, e instó a utilizar todas las instancias internacionales disponibles: “Estamos en un contexto en el que pareciera que la institucionalidad internacional se está degradando, pero sigue siendo la forma que tenemos para dejar registro de lo que está pasando.”

Impactos económicos y sociales: Las y los panelistas examinaron quiénes asumen realmente los costos de estas reformas, con especial atención a los impactos sobre comunidades locales, la conflictividad socioambiental y los costos de largo plazo asociados al deterioro ambiental y climático. Fátima Contreras Téllez, de la SPDA Perú, subrayó que la crisis climática nos afecta a todos y que los espacios cívicos son fundamentales para representar al conjunto de la sociedad: “Es muy necesario poder trasladar cuáles son los esfuerzos, las necesidades y las brechas, y tomar decisiones para definir estrategias nacionales. Los impactos son globales y las respuestas también deben serlo.”

Estrategias y respuestas: El último bloque estuvo dedicado a las propuestas y aprendizajes de las organizaciones. Cristian Fernández, de FARN Argentina, destacó la importancia de ampliar las alianzas más allá del campo ambiental: “Conversar con colegios profesionales, universidades y movimientos sindicales aumenta las sinergias y amplía el frente de respuesta.” Por su parte, Edgard Vanegas, de ASDEPAZ El Salvador, llamó a no perder la fe en el litigio internacional: “Hay personas valientes que se han puesto al frente para dar la lucha. Existen mecanismos donde es importante poder visibilizar estas situaciones frente al panorama que enfrentamos.”

Este intercambio confirmó que el deterioro del espacio cívico no es un fenómeno aislado, sino una tendencia estructural que requiere respuestas igualmente estructurales. Vanessa Torres, subdirectora de AAS, cerró el encuentro destacando el valor de estos espacios de diálogo: “Salir de las burbujas de opinión es fundamental. Acceder a información de calidad y crítica es necesario. Si tenemos estos debates, podemos hacerlos con argumentos.”

Para Ambiente y Sociedad, el encuentro representó un espacio de construcción colectiva de conocimiento, en el que las comunidades y organizaciones que habitan y defienden los territorios son protagonistas del análisis y no simplemente objetos de estudio. La sociedad civil latinoamericana no se limita a denunciar el retroceso democrático;  también propone, actúa y construye alternativas para fortalecer la participación, la justicia y la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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