Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una de esas sendas, fue la relación que se estableció entre el marxismo y el feminismo. En este sentido, la concepción materialista de la historia permitió a las feministas realizar un análisis más concreto de la explotación de la mujer en el sistema capitalista actual. Si bien Marx y Engels fueron conscientes de que “para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción” y de que se “trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer” (1968, p. 56), pensadoras como Silvia Federici han mostrado algunos puntos ciegos del marxismo. En su teoría, la periferia de Europa, por ejemplo, América Latina, ha jugado un papel importante para “corregir” ciertas posiciones marxistas. Para ella, el marxismo de Marx y los sobrevinientes han sido ciegos al tema de la reproducción del trabajo, específicamente, en dos niveles: el primero, en la reproducción de la fuerza de trabajo misma, es decir, la reproducción de los seres humanos que no tienen medios de vida y que, por lo tanto, sólo poseen su fuerza vital, su cuerpo, para vender por un salario. Es claro que la reproducción de la fuerza de trabajo se da, en primer lugar, en la procreación. La procreación es la fábrica de seres humanos, de carne viviente, necesitada, sufriente, de mano de obra trabajadora, lista para ser explotada en el capitalismo. En otras palabras: las mujeres son fábricas de producción de cuerpos para el capital. De tal manera, que no se trata sólo del análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía, u observando el salario mínimo permitido que el dueño de los medios de producción o empresario paga al obrero para que se mantenga vivo y reponga sus energías para seguir trabajando. No. La procreación, realizada por las mujeres, no es valorada ni tenida en cuenta en el mantenimiento y en la reproducción general del orden capitalista. No hay capitalismo sin seres humanos procreados para la reproducción del sistema. En este sentido, todo el tema de la crianza y el trabajo invertido en ella, es invisibilizado o naturalizado. La pregunta es: ¿por qué esta actividad no es tenida en cuenta como agregación de valor al trabajo, como un medio más que contribuye a la dinámica capitalista?

 El segundo nivel o punto ciego del análisis marxista, es el tema del trabajo doméstico no pago. Este trabajo, el que realizan las mujeres en la casa, también es fundamental para la reproducción del orden social capitalista, y, sin embargo, poco es tenido en cuenta en el análisis marxista. Sólo en las revueltas que realizaron las mujeres en los años 60 y 70 del siglo pasado en contra del trabajo doméstico se visibilizó el tema que

desenmascaró la centralidad del trabajo doméstico no retribuido en la economía capitalista, reconfigurando nuestra imagen de la sociedad como un inmenso circuito de plantaciones domésticas y líneas de ensamblaje, en que la producción de los trabajadores está sobre las bases cotidianas y generacionales. Las feministas no sólo plantearon que la reproducción de la fuerza de trabajo involucra un rango más amplio de actividades que el mero consumo de mercancías, puesto que la comida debe ser preparada, las ropas deben lavarse, y los cuerpos necesitan ser procurados y lavados. [Este análisis] confirmó que el capitalismo no es necesariamente identificable con el trabajo formal y asalariado: argumentó que en esencia es trabajo no libre, y reveló la conexión umbilical entre la devaluación del trabajo reproductivo y la devaluación de la posición social de la mujer. (Federici, 2013, p. 29).

Este análisis del trabajo doméstico no pago, puso de presente ciertos límites del marxismo, por ejemplo, el expresar sólo los intereses del proletariado mundial, aquél de los trabajadores hombres, adultos y blancos, que tienen su poder por su lugar en las posiciones principales de la producción capitalista; igualmente, mostró el carácter eurocéntrico de esta concepción. En estos análisis, la mujer quedó al margen, por fuera del análisis concreto de la dinámica transformadora.

Creo que un aporte fundamental del marxismo, con su atención a las condiciones materiales,  consiste en superar la llamada meritocracia. A menudo uno escucha, incluso de gente muy solvente intelectualmente, que hay mujeres que triunfan en distintas ramas de las artes, como la música, la pintura, o en la literatura, la ciencia, la academia, la empresa, etc., por sus méritos, sin necesidad de estar reivindicando el hecho de ser mujeres, es decir, sin poner de presente su sexo o su género. Pues bien, la meritocracia tan arraigada en el sistema neoliberal, según la cual “cada individuo ocupa la posición social para la cual reúne las destrezas más adecuadas, en función de los méritos desarrollados y acumulados a lo largo de su vida”, pasa por alto el hecho de que “cada individuo posee diferente capital social según su origen social (Uña y Hernández, 2004, p. 898-899). Es cierto que algunos individuos logran superar las barreras sociales, sin embargo, este hecho no sirve como argumento para desmentir el problema estructural de desigualdades reproducidos por el capitalismo. En fin, la meritocracia, que nació en el marco de la sociología funcionalista en Estados Unidos, no es un argumento contra el feminismo, pues si algunas lo logran, muy bien por ellas, pero la meritocracia en sí misma no cuestiona las condiciones sociales materiales que generan y reproducen la desigualdad. Este mismo argumento sirve para pensar el problema de la pobreza, pues el hecho de que algunos salgan de pobres, lo cual logran muy pocos, no cuestiona ni mucho menos lleva a la superación de las condiciones que hacen posible la pobreza.

La educación popular

Otra de las sendas que abrió el marxismo de Marx y Engels fue el de la educación. En el Manifiesto del partido comunista Marx y Engels son plenamente conscientes de que la cultura no “es para la inmensa mayoría de los hombres más que el adiestramiento que los transforma en máquinas” (Marx y Engels, 1968, p. 54). La educación es vista como un medio para la reproducción de la sociedad dominante, donde “la gran industria destruye todo vínculo de familia para el proletariado y transforma a los niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de trabajo” (Ibíd., p. 56).

Por eso Marx y Engels sostienen, que, durante la dictadura del proletariado, cuando éste toma el poder y lo ejerce en miras a la transformación paulatina del orden, una de las medidas necesarias es la “educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas” (Ibíd., p. 60). Desde luego, la educación pública de la que se hablan aquí, no es aquélla ofrecida por el Estado burgués. Es otro tipo de educación, con otros valores. Esto es claro en la Crítica del programa de Gotha de 1875, donde Marx rechaza el que el Estado financie la educación de la clase burguesa, a la vez que sostiene que: “Eso de educación popular a cargo del Estado es absolutamente inadmisible […] lejos de esto lo que hay que hacer es sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la iglesia” (1986, p. 31). El Estado no puede ser el educador del pueblo, pues al ser Estado de clase, ofrece una educación de clase que reproduce el orden social capitalista y con él, la explotación.

La Educación en Marx está ligada a la división social del Trabajo. De hecho, la organización de la escuela busca reproducir una educación al servicio de las distintas ramas de la producción y de los oficios. Por eso el niño, termina siendo una especie de máquina prefigurada, “esquemas, especie de espectros amaestrados” (Cioran, 2005, p. 197), para desempeñar labores específicas dentro del capitalismo, lo cual es visto como una forma de limitación de sus posibilidades. De hecho, como ha mostrado Lukács, esa especialización en las funciones es una cosificación, pues con ella, la persona pierde la visión global del proceso productivo y se dedica a su limitada función:

El proceso de trabajo se descompone cada vez más en operaciones parciales abstractamente racionales, con lo que se rompe la relación del trabajador con el producto como un todo, y su trabajo se reduce a una función especial que se repite mecánicamente (1984, II, p. 13).

En conclusión, podemos decir, que para Marx la educación reproduce la sociedad existente, es un dispositivo disciplinario que busca normalizar los valores de la sociedad burguesa. La educación es, por consiguiente, educación de clase que está al servicio de la dominación capitalista, a la vez que promueve la división social del trabajo para mantener ese orden social. Ésta división social del trabajo obliga al individuo a moverse “en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del que no puede salirse” (Marx y Engels, 2014, p. 27) y que termina reproduciendo la posición de clase del individuo, su relación con los demás y su relación con los productos. Por ejemplo, si soy pobre no podré estudiar ciertas carreras y estaré condenado a realizar ciertas labores, a la vez que mi círculo social estará limitado probablemente a los de mi clase. Igualmente, tendré cierto consumo limitado, pues no podré acceder a productos costosos.

Muchas de estas cuestiones se han transformado evidentemente. Por ejemplo, la creación de la clase media, permitió rebasar algunos escollos, pero hoy tal clase pasó a ser esclava de la deuda y el crédito. En la actualidad, las tarjetas de crédito, son una cárcel para la vida de las personas, pues con ellas se empeñan el desgaste de la vida futura. La deuda es biopolítica, es una fagocitosis prematura de la existencia.  

En Marx, pues, la educación es “funcionalista” y, por ende, no es libre, pues está permeada, tal como las universidades actuales, por la función que los Estados y los grupos económicos le asignan. Podríamos decir, que en Marx encontramos ya la idea de la mercantilización de la educación. 

Esta lectura de la educación ha influido mucho en América Latina: la encontramos, en cierta forma, en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire (1981), en las distintas corrientes de la educación popular y, en Colombia, por ejemplo, en la obra de Estanislao Zuleta (2006). Los puntos de encuentro, son, entre otros:

1º. La Educación popular concibe la historia como un producto humano; es decir, la historia es producto de la actividad práctica humana como decía Antonio Gramsci.

2º. La sociedad está compuesta por opresores y oprimidos o, como en Marx, por explotadores y explotados.

3º. El hombre hace la historia, por esa misma razón, puede transformarla.

4º. Como dice Freire, “ninguna realidad se transforma así misma” (1981, p. 46), por eso es necesaria la toma de conciencia de los sujetos subalternos, para que ellos mismos, en concurso con el educador, dirijan su proceso de liberación. En el marxismo, como bien ha mostrado Löwy, se trata de la auto-emancipación obrera, pues la emancipación no viene desde arriba o por medio de un hombre providencial. Es la toma de conciencia y la acción revolucionaria. “Es necesario que las mismas masas pesen, que ya han comprendido ellas mismas de qué se trata, por qué intervienen (con su cuerpo y con su vida)” (Engels citado por Löwy, 2010, p. 43).

5º. La transformación implica y requiere una comprensión de la realidad, se requiere “ganar la conciencia crítica de la opresión”, dice Freire. Es la misma idea del marxismo, tal como está expuesta en la tesis 11 (en su correcta comprensión).

6º. En Freire, como en Marx, hay una unidad dialéctica entre teoría y práctica. En la Pedagogía del oprimido se dice que la praxis es “reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido”.

7º. Por eso la Educación popular es una práctica social, tal como el proceso emancipador en Marx.

8º. Hay en la educación popular, “una lectura crítica del orden social vigente y un cuestionamiento al papel integrador que ha jugado allí la educación formal”, tal como está presente en los esbozos marxistas sobre la educación.

9º. “Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante” (Torres, 2016, p. 14). Y, diría,

10º. Un uso de los instrumentos conceptuales del marxismo, sus categorías y, como ya se dijo, su método, tomados como “caja de herramientas” para el análisis social y de los contextos, aspectos relevantes para lo que Freire llamó “inserción crítica” en la realidad, la cual ya es una forma de praxis. 

Estas dos sendas mencionadas solo ponen de presenta que Marx es un pensador clásico que aún conserva un potencial inaudito (no audible aún, en palabras de la filósofa María del Rosario Acosta) para pensar el mundo que tenemos. 

Referencias

Federici, Silvia (2013). Mujeres, reproducción social y lucha por lo común. Bogotá: Ediciones Desde abajo.

Freire, Paulo (1981). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores.

Löwy, Michael (2010). La teoría de la revolución en el joven Marx. Buenos Aires: Herramienta y El Colectivo.

Lukács, Georgy. (1984). Historia y conciencia de clase, tomos I y II, Madrid: Sarpe.

Marx, Karl (1986). Crítica del programa de Gotha. Moscú: Editorial Progreso.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1968). Manifiesto del partido comunista. Pekín: Edición en Lenguas Extranjeras.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (2014). La ideología alemana. Madrid: Akal.

Torres, Alfonso (2016). La educación popular. Trayectoria y actualidad (2ª ed.). Bogotá: Editorial El búho.

Uña, Octavio y Hernández, Alfredo (2004). Diccionario de Sociología. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

Zuleta, Estanislao (2006). Educación y democracia. Medellín: Hombre Nuevo Editores. Fundación Estanislao Zuleta.

Aunque están relacionados, la risa y el humor no son lo mismo. Las cosquillas nos hacen reír sin que medie nada humorístico; por el contrario, el humor no siempre culmina en una carcajada. En el reino animal, los seres humanos somos los únicos que poseemos el sentido del humor, pero no somos los únicos que reímos.

Charles Darwin describió la risa como un sonido producido por una inspiración profunda, seguida de contracciones cortas, interrumpidas y espasmódicas del pecho y el diafragma. Debido a estas sacudidas, la cabeza se mueve de un lado a otro y la mandíbula tiembla, de forma similar a lo que ocurre en ciertas especies de babuinos cuando están contentos.

Estos primates emiten un jadeo rítmico, distinto a nuestra carcajada vocalizada; una exhalación e inhalación rápidas que parecen ser el ancestro evolutivo de nuestra risa. Científicos como Robert Provine sugieren que la risa evolucionó a partir de este control respiratorio, indispensable para el juego físico entre primates.

La risa y el llanto son dotaciones instintivas, pero pueden controlarse a voluntad: podemos reprimirlos, liberarlos o incluso exagerarlos. Los actores, por ejemplo, poseen una capacidad excepcional para manejar ambas expresiones. Es notable que tanto las personas ciegas como las sordas de nacimiento ríen y lloran de la misma manera que el resto de los mortales, lo que refuerza su carácter innato.

La historia muestra que no hemos comprendido el rango de los asuntos propiamente humanos y le hemos temido a la risa. Desde la Grecia antigua hasta el siglo 18, reír a carcajadas estaba mal visto; se consideraba una pérdida de control propia de los locos. Para los filósofos griegos, la risa era un asunto serio —y peligroso—. En La República, Platón advirtió que los guardianes del Estado no debían reírse demasiado para no perder el dominio de la razón. Para Aristóteles, la carcajada ruidosa era propia de personas vulgares o de baja moral.

En Europa, en la Edad Media como todos los caminos conducían a Jesús, y en los Evangelios nuestro señor Jesucristo lloró, pero nunca se rio, la Iglesia mantuvo un debate teológico sobre si la risa era pecaminosa. Recordemos la importancia para los religiosos del silencio monástico, o el silencio para las monjas de clausura que nunca hablan, ni entre ellas, y mucho menos se ríen.

Durante el Renacimiento y la Ilustración, la risa se tildó de “vulgar”. Tener clase implicaba mantener el decoro, y alguien decoroso no se carcajeaba. En Europa, abrir la boca para emitir sonidos espasmódicos se percibía como un acto animal.

Este miedo a parecer “salvaje” no fue exclusivo de Occidente. En culturas del sudeste asiático, como Vietnam o Filipinas, se creía que solo los perros y los espíritus salvajes tenían dientes blancos y prominentes. Por ello, se limaban los caninos y se teñían los dientes de negro (práctica conocida como Ohaguro en Japón o Răng đen en Vietnam), demostrando así que el individuo había dominado su naturaleza primitiva.

Resulta irónico que la mente humana realice analogías tan arbitrarias, prohibiendo y escondiendo rasgos casi puramente humanos por equipararlos con lo animal.

Mostrar los dientes en una pintura era tan inusual que, en 1787, la pintora Élisabeth Vigée Le Brun escandalizó a la Academia de París con un autorretrato junto a su hija en el que sonreía sutilmente. La sociedad consideró la obra una afrenta al decoro. Por la misma época, Lord Chesterfield escribió a su hijo: “No hay nada tan iliberal y mal visto como la risa audible… es la manera en que la multitud expresa su alegría ante cosas tontas”.

Retrato de Élisabeth Vigée Le Brun

Solo a finales del siglo 18 y durante el 19 cambió la percepción. La clase media comenzó a valorar la “simpatía” y el buen humor como virtudes sociales, y la ciencia empezó a reconocer la risa como una arma terapéutica (En la revista Selecciones hubo siempre un sección llamada “La risa remedio infalible”).

En la risa, el hecho de mostrar los dientes no constituye una amenaza, sino un gesto amistoso, acogedor y alegre. Funciona como un mecanismo para apaciguar la agresión y disipar la tensión en momentos de malestar; después de todo, no es sencillo agredir a alguien mientras uno se ríe. El etólogo austriaco Konrad Lorenz señala que, en el reencuentro de dos amigos íntimos tras una larga separación, el comportamiento y las risas suelen ser escandalosos. Según Lorenz, estas reacciones brotan de capas profundas del encéfalo, escapando por completo al control voluntario.

Las personas ríen mucho más cuando están acompañadas que cuando están solas, lo muestra que la función social de la risa es importante. Los niños ríen durante los juegos, y cuando cometen travesuras ríen nerviosamente para calmar los nervios. Las mujeres reímos más con los apuntes graciosos de los hombres que al revés. En la risa hay machismo innato. Las comediantes son menores en número que los comediantes. La risa no es solo contagiosa, sino que aumenta en velocidad para surgir y en cantidad cuando ya nos reímos por una vez.

La risa, dicen los expertos, sirve también para burlarse de los otros y rebajarles el estatus. Cito del libro El humor, de Antonio Vélez Montoya:

“Quien es blanco de una broma tiene que ser considerado como alguien que no merece la dignidad ni el respeto que aparenta, y el episodio humorístico debe rebajarle un poco el ego, aclara Steven Pinker (1997). Es víctima de un “dignicidio”, según expresión afortunada del mismo autor, quien sostiene que la risa es un arma contra la dominación (inefectiva, por cierto)”.

Ya Darwin había mencionado que implicaba de cierta manera una muestra de superioridad del que se ríe. Nos reímos con el jefe o con el mandatario hasta de sus chistes pendejos. Es una forma de alabanza, de reconocer que estamos por debajo en rango social.

En el libro de Antonio Vélez Montoya hay una investigación exhaustiva sobre las explicaciones sobre el humor. Citaré algunas ideas:

“Muchos pensadores lo han dicho y repetido infinidad de veces: una parte considerable del humor surge de la incongruencia, esto es, de la repentina percepción de una relación consistente con dos contextos incompatibles mutuamente. Quien escucha o presencia percibe en forma simultánea una situación en dos marcos de referencia consistentes, pero incompatibles. En términos más simples, se trata del doble sentido, que se puede percibir con una doble impre­sión: de lógica y de absurdo. Dos as­pectos irreconciliables, y cuanto más dispares sean entre sí, mayor será la comicidad lograda. El neurocientífico argentino Tristán Bekinschtein y su equipo de trabajo han encontrado por medio de resonancia magnética que el doble sentido o ambigüedad semántica es uno de los resortes principales para desencadenar la sonrisa, especialmente si la palabra con significados múltiples se presenta al final”.

La teoría del autor es la siguiente (en su libro está explicada con detalle): “En el mundo de la realidad, el triunfo genera placer, y este desencadena la risa como aplauso y como muestra del goce; en la ficción, el triunfo simulado también genera goce, y este, risas. En la ficción humorística se simula la acción que se debe alabar o corregir, se engaña al cerebro ya condicionado, pero la risa y la sonrisa siguen brotando en ­su forma natural: unas veces para “premiar” las historias de éxitos y aciertos; otras, para “sancionar” por medio de la burla aquellas de fracasos y desaciertos. Porque el humor es un montaje cultural ficticio, verbal o escénico, diseñado ex profeso para divertir y generar la risa. Más aún, si lo deseamos, el montaje puede realizarse en nuestro espacio mental, privado, entonces reímos solos. En la ficción, lo dramático se puede transformar en humorístico; la tragedia, en comedia. Y el humor pasa a ser uno de sus más destacados ingredientes”.

El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

Leer más | Colombia, 2025 fue el año más violento para defensores desde la asunción de Gustavo Petro | INFORME

Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia sigue necesitando un centro político. Pero no cualquier centro: uno que no esté obsesionado con caerle bien a todos. El país requiere un centro que convoque desde la diversidad, que represente de verdad una pluralidad de voces y visiones, y que no tema enfrentarse —con la misma claridad— a los extremos. Porque hay un problema evidente en querer quedar bien con todo el mundo: en el intento de no perder un electorado, se puede terminar perdiéndolos todos. Experiencias internacionales del siglo XX lo muestran con claridad: liderazgos como el de Adolfo Suárez en la transición española o el de Helmut Kohl en la reunificación alemana consolidaron proyectos de centro con vocación de poder porque asumieron posiciones definidas, mientras otros intentos centristas naufragaron precisamente por su ambigüedad.

Convocar implica tomar riesgos. Implica medirse, pero también construir con los cercanos antes de intentar seducir a los lejanos. En ese sentido, la consulta con Claudia López no solo era conveniente: era necesaria. No únicamente para contar votos, sino para consolidar un liderazgo dentro de un sector que hoy luce disperso, casi huérfano. Ese liderazgo —claro, firme, reconocible— es precisamente lo que más urge.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde están los otros nombres? ¿Dónde está Alejandro Gaviria? ¿Dónde está Luis Gilberto Murillo? incluso en el centro izquierda ¿Dónde está Roy? ¿Dónde están quienes, en distintos momentos, parecían llamados a estructurar una alternativa de centro con vocación de poder? El vacío no es solo de candidaturas; es de dirección, de narrativa, de propósito.

Porque el centro que Colombia necesita no puede ser tímido. Tiene que ser intenso, incluso agresivo en términos electorales. Debe estar dispuesto a meterse en el fango de las preguntas difíciles: defender sin ambigüedades la Jurisdicción Especial para la Paz y el sistema integral de justicia, insistir en que la desigualdad y la falta de creación de riqueza son problemas estructurales —no narrativas ideológicas—, y rechazar la tentación de normalizar un país partido en dos. Ese tipo de firmeza, en contextos complejos, también se vio en liderazgos como los de Franklin D. Roosevelt, que enfrentó la desigualdad con reformas profundas, o Konrad Adenauer, que entendió que la reconstrucción exigía decisiones difíciles y sostenidas.

No hay excusas para que la mitad de Colombia siga atrapada en la pobreza y la informalidad. Y decir esto no es una consigna contra la riqueza; al contrario. Ojalá haya más riqueza y más ricos, más empresas, más inversión. Pero también más responsabilidad. Porque un país menos desigual no solo es éticamente superior: es, también, un mejor negocio para todos.

Ese centro debe ser capaz de sostener posiciones incómodas: enfrentarse a veces a los grandes capitales, a veces a los gremios, a veces a los sindicatos, y sí, también a ciertas demandas de las propias comunidades. No es una tarea sencilla, ni una sociedad fácil. Pero es precisamente ahí donde aparece la necesidad de un liderazgo con carácter, con método, con ética y con una comprensión clara de que el cambio es necesario, pero debe ser posible. Lo que el país necesita no es una gran sociabilidad ni una gran empatía; lo que se necesita es una enorme responsabilidad y la fuerza para enfrentar lo que se avecina.

Y ahí es donde surge la duda y la oportunidad de fondo de Fajardo. No sobre su integridad, ni sobre su discurso, sino sobre una virtud esencial para el momento político que vive Colombia: la capacidad de liderar y convocar su propio sector. De ordenar, de representar con claridad la pluralidad del centro, de construir una fuerza que no solo exista en el plano moral, sino también en el electoral.

Porque al final, un centro sin liderazgo no es un punto de equilibrio: es un espacio vacío.

Contexto

Senador y candidato Iván Cepeda: le escribo desde mi lugar como ciudadana y educomunicadora que se niega a aceptar la decadencia del diálogo público y la ilusión de la autocrítica que hoy parece inexistente en su sector. Usted invita al centro a votar por su propuesta; sin embargo, resulta difícil confiar en una alternativa política que se niega a reconocer sus propias fallas. Recientemente, usted utilizó sus redes para tildar de “hipócritas” a quienes se escandalizan por las fiestas en las cárceles, recordándonos las tierras compradas y las masacres ordenadas por otros en el pasado. Ese mensaje es la confirmación de una metodología que el país ya no tolera: la evasión sistemática mediante el señalamiento de las atrocidades ajenas para justificar las indignidades del presente.

¿Acaso esto es una competencia para ver quién cometió los crímenes más atroces? Como sostiene la politóloga Chantal Mouffe en su obra La paradoja democrática: “La política se desnaturaliza cuando el conflicto de ideas se desplaza hacia un registro moralista de ‘buenos contra malos'”. Reducir la política a un show moral donde solo se exponen las culpas históricas del otro es destruir el tejido democrático y anular la figura del adversario legítimo.

La investidura no es un refugio: El secuestro de la izquierda colombiana

Usted debería, por ética, responder como el candidato que es a las preguntas que se le hacen. Existe una obligación moral y política de dar su opinión sobre la fiestecita en la cárcel, idéntica en su simbología de burla institucional a la época de Pablo Escobar. Me genera profunda tristeza que usted le haya entregado su marca personal al petrismo, imitando la metodología de Gustavo Petro de mencionar los crímenes y delitos ajenos cada vez que se le cuestiona a él. Ya no vemos al candidato de rigor con pensamiento propio; ahora muestra una absoluta tibieza que hoy es evidente en su propia candidatura.

A mi juicio, Gustavo Petro logró secuestrar la izquierda colombiana de la mano de aliados que históricamente trabajaron a la derecha. Gustavo Bolívar afirmó en su momento que para ganar había que hacer pactos con “Dios y con el diablo”, confirmando que Petro tuvo que ceder mínimos no negociables para llegar al poder. La historia reciente reafirma que ni la derecha ni la izquierda están libres de esos pactos. Como argumenta la politóloga Nadia Urbinati en Democracia discursiva, la representación exige una rendición de cuentas constante. Resulta inadmisible que ante cada pregunta se siga la táctica de Gustavo Petro de hablar de los delitos de los otros para omitir las responsabilidades propias.

Inclusión frente a No exclusión: El compromiso con la formación

Dentro de este escenario, es imperativo hablar de su propuesta de fórmula vicepresidencial. Reconozco la grandeza de la senadora Aída Quilcué, su liderazgo histórico y su admirable recorrido. Inclusión es que una indígena tenga la posibilidad de entrar al poder. La No exclusión significa garantizar que esa persona reciba las herramientas para alcanzar el nivel profesional, intelectual y cognitivo que exige ese cargo.

Desde la interculturalidad crítica, le hablo a usted y le hablo a ella; lo hago justamente por respeto a su trasegar, a la mujer que es y a lo que representa. Nadie debería ejercer el poder partidista sin haberse esforzado por salir del empirismo y fortalecerse desde lo estructural. Durante todos estos años en el legislativo, ella ha recibido la paga de su honorable trabajo con dinero de los contribuyentes; ese recurso público le dio la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, tal como lo hacen cientos de mujeres y miles de obreros en Colombia para sacar adelante sus propios proyectos de vida y los de sus familias. Cosa que no ha hecho.

Me angustia una vicepresidenta que no esté a la altura de las necesidades de la nación en caso de tener que ejercer como presidenta. La función de esa figura es quedar a cargo cuando quien preside se ausenta; cosa que no ha sucedido en este gobierno, donde Francia Márquez nunca fue delegada para esa función. Deseo dejar claro que no estoy en contra de que alguien sin estudios previos acceda a su derecho de ser elegido; tampoco pretendo que no se validen sus activismos, sus trabajos endógenos o su trascendencia en la ciudadanía. Lo que sostengo es que, una vez se ha llegado al poder, el deber ético es capacitarse e instruirse.

No hay una ley que obligue a ningún político a estudiar una vez llega al cargo. Qué tristeza que tenga que ser por ley; ojalá existiera un artículo que obligue a quienes llegan al poder a formarse para responder a la confianza del pueblo. No pusimos líderes para que nos gobiernen desde la ignorancia. Queremos que nuestros líderes, hombres y mujeres que conocen las realidades de las bases, lleguen a transformar el poder con herramientas y procesos idóneos. Esto se lo diría a cualquier persona de cualquier etnia, color o raza; hablo desde la interculturalidad crítica como activista y como mujer que proviene de las desventajas sociales. La formación es fundamental. El mensaje que se da cuando los líderes no se educan es que la mejora en la educación no importa. ¿Para qué fortalecer la educación en un país si no se necesita para gobernar?

El centro: huérfano de representación y cansado del espectáculo

Resulta profundamente hipócrita de su parte dedicarse a señalar los crímenes de otros en plena campaña mientras continúa en el ejercicio del poder partidista dentro del senado. Allí usted no solo debe estar ejerciendo su trabajo, sino abriendo diálogos de fondo más allá de las atrocidades históricas; el poder también debe ser la capacidad de accionar coherentemente. Es contradictorio que critique a los políticos de oficio por no ofrecer mucho, mientras usted imita esa misma conducta: se niega a dar debates, se dedica a pontificar sobre lo humano y lo divino, y no nos permite entender qué quiere hacer como presidente de manera diferenciada.

Usted debería darnos la altura que lo caracterizaba antes de ser petrista y alejarse de esa superioridad moral desde la cual parece negarse a dialogar con quienes considera inferiores intelectuales. Al evadir el debate, nos niega la oportunidad de elegir a conciencia y de saber si usted defenderá todos los procesos ejecutivos de este gobierno. El centro siempre ha tomado decisiones responsables; algunos han votado hacia la izquierda, otros a la derecha, y siempre nos han mantenido huérfanos de representación partidista. Quieren nuestros votos, mas no quieren nuestra veeduría y control político. Colombia no necesita un show de superioridad ni un espejo retrovisor eterno; necesita propuestas nuevas para un futuro en democracia.

A todas las personas: la derecha y la izquierda quieren que la gran mayoría no salga a votar o que lo hagamos movidos por el enojo. Sin información veraz y contrastada, no podemos darles ese gusto. Salgan a votar a conciencia; revisen trayectorias en esta era de sobreinformación donde no podemos dar nada por sentado.

¿Estamos dispuestos a permitir que el silencio entregue el poder a quienes solo saben responder mirando hacia atrás?

Colofón: Cartas a las candidaturas: Un ejercicio de veeduría ciudadana. Esta es mi primera entrega de un especial de cartas que haré a diferentes candidaturas presidenciales, aunque será imposible escribirle a cada una de ellas. Aclaro que esta serie de textos nace de mi lugar de enunciación como mujer demócrata, a título personal, desde la interculturalidad crítica y la educomunicación. Durante la semana estaré confrontando las posturas éticas de quienes aspiran al poder desde la razón y la responsabilidad civil.

Colombia y su futuro.

En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

Hablar de acoso laboral muchas veces llamado mobbing no es sencillo. No siempre se presenta de forma evidente, ni se limita a gritos o humillaciones directas. A veces es más sutil, más silencioso y, por lo mismo, más difícil de identificar. Se esconde en la manipulación, en los comentarios pasivo-agresivos, en los discursos disfrazados de liderazgo y en una constante sensación de incertidumbre que termina afectando la salud emocional y mental de quien lo vive.

Esta es una realidad que muchas personas enfrentan, y que yo misma experimenté.

Cambios no asertivos

Todo comenzó con la llegada de un nuevo jefe. Como suele ocurrir, uno espera que estos cambios traigan nuevas ideas, aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, no siempre es así. Hay líderes que no llegan a adaptarse a los equipos, sino a imponerse sobre ellos. Y en ese intento de imponer, muchas veces se pierde lo más importante: el respeto por las personas y ser escuchado.

Al principio, todo parecía normal. Un discurso estructurado, lleno de palabras sobre liderazgo, coaching, resultados y cultura organizacional. Pero con el paso del tiempo, ese discurso empezó a contradecirse con las acciones. Comentarios ambiguos, mensajes con doble intención y una comunicación cargada de pasivo-agresividad comenzaron a generar confusión.

Frases que, en apariencia, eran inofensivas, pero que en el fondo dejaban una sensación de incomodidad: dudas sobre tu desempeño, cuestionamientos indirectos, silencios incómodos y cambios de actitud difíciles de entender.

Todo esto empezó a afectar no solo mi trabajo, sino también mi tranquilidad.

Llegaron entonces los días sin dormir. La mente no descansaba. Pensar constantemente en qué hacer, cómo actuar, cómo responder, cómo adaptarme. Una preocupación permanente por no cometer errores, por cumplir expectativas poco claras y por tratar de encajar en una dinámica que no terminaba de definirse.

La manipulación también juega un papel importante

Ese es uno de los efectos más complejos del acoso laboral sutil: no siempre sabes con certeza qué está pasando, pero sientes que algo no está bien. Te cuestionas, dudas de ti mismo, y poco a poco el desgaste emocional empieza a hacerse evidente.

A través de discursos bien elaborados, algunos líderes logran justificar decisiones o comportamientos que, en otro contexto, serían claramente inadecuados. Se habla de exigencia, de crecimiento, de salir de la zona de confort, de no ser “reticente” pero en la práctica se genera un ambiente laboral tenso, poco claro y, en muchos casos, poco humano.

Este tipo de situaciones no solo afectan el desempeño laboral, sino que impactan directamente la autoestima, la seguridad y el bienestar de las personas. Y, sin embargo, muchas veces se guarda silencio.

El miedo es un factor determinante. Miedo a perder el empleo, a ser juzgado, a no ser escuchado o incluso a que la situación empeore. También está el miedo al “qué dirán” y la sensación de que tal vez es mejor adaptarse que confrontar.

Pero el silencio tiene un costo alto

Con el tiempo, entendí que el problema no estaba en mi capacidad ni en mi compromiso con el trabajo. Hacer bien las cosas, cumplir con las responsabilidades y tener vocación de liderazgo no significa aceptar dinámicas que afectan la dignidad y el bienestar personal.

También comprendí la importancia de la comunicación asertiva y el manejo de las emociones. No es fácil expresar lo que uno siente en estos contextos, pero es fundamental. Poner límites, buscar espacios de diálogo y, cuando es necesario, acudir a instancias formales dentro de la organización puede marcar la diferencia.

Así mismo, es importante reconocer que no todos los líderes son iguales. En mi camino también he tenido la oportunidad de encontrar excelentes mentores y líderes que no solo enseñan, sino que acompañan. Personas que creen en el crecimiento desde el respeto, la empatía y la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Esos liderazgos son los que realmente transforman

Hablar de acoso laboral no es solo contar una experiencia personal; es abrir la puerta a una conversación necesaria en los entornos laborales. Es reconocer que el bienestar emocional es tan importante como los resultados, y que un buen liderazgo no se basa en el control o la imposición, sino en la confianza y el respeto mutuo.

Hoy, más que nunca, es importante aprender a identificar estas situaciones, darles nombre y no normalizarlas. Porque lo que empieza como un comentario incómodo o una actitud ambigua puede convertirse, con el tiempo, en un entorno laboral dañino.

Y porque nadie debería tener que sacrificar su tranquilidad por conservar un trabajo.

¡Romper el silencio es el primer paso!

Sin embargo, la apuesta parece ser otra: no darle visibilidad a los contradictores, evitar las preguntas incómodas y, sobre todo, esquivar los cuestionamientos que inevitablemente lo conectan con el gobierno de Gustavo Petro y sobre los que obligatoriamente le pedirían explicaciones. El caso de la a corrupción en la UNGRD, las sombras sobre la llamada “paz total” —de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales arquitectos— y una implementación errática que, tras años de anuncios, el país aún no logra comprender del todo, son temas que flotan sin respuesta.

A esto se suman señalamientos recientes que rozan estructuras sensibles del Estado con los computadores de alias Calarca. Frente a ese panorama, surge una pregunta inevitable: ¿tiene hoy el gobierno una incapacidad real de enfrentar el aparato mafioso que corroe al país?

La historia de Cepeda es particular. Su irrupción en la gran política llega a su clímax por su confrontación directa con Álvaro Uribe Vélez. Pero más allá de ese episodio, su trayectoria lo ubica en una tradición política e intelectual muy específica. Su formación, cercana a la academia, su estilo pausado y argumentativo, lo convierte en una figura atípica en una política dominada por el ruido y la consigna.

Por eso resulta aún más llamativo su silencio.

He tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de veces. Es evidente su gusto por las palabras, por la construcción del argumento, por el debate sereno, por la decencia en las formas. Su oratoria no solo supera ampliamente la de Petro, sino que refleja una vocación auténtica por la conversación. En ese contexto, su decisión de no debatir sabemos que no es una limitación personal, sino una decisión estratégica.

La razón es evidente: mientras menos hable Cepeda, más se proyecta la continuidad de Petro. Pero esa es, precisamente, la paradoja. Porque en realidad son profundamente distintos. Quienes han seguido de cerca a la izquierda colombiana saben que sus estilos, sus formas y sus trayectorias difieren casi por completo. Cepeda no proviene de una guerrilla; su formación es más institucional, más académica. Es un profesor en un escenario que premia al agitador.

Incluso dentro de las tradiciones políticas que comparten, hay matices de élite. Cepeda es, en muchos sentidos, un producto de contextos más favorables, alguien que podría haber desarrollado su vida cómodamente en la academia colombiana o europea.

Y sin embargo, el país no sabe qué piensa sobre la economía. No hay claridad sobre su propuesta, sobre su modelo, sobre su visión de país. Ese vacío es, probablemente, su mayor debilidad y, al mismo tiempo, la fuente más real de incertidumbre que genera.

Las encuestas —que han fallado repetidamente— han contribuido a inflar su figura hasta ubicarlo como favorito en múltiples escenarios. Ese fenómeno ha creado una dinámica peligrosa: un candidato fuerte que no necesita explicar qué propone.

Mientras tanto, Petro conserva una fortaleza clave: el país no ha vivido el desastre que muchos de sus opositores pronosticaban. Ese error de cálculo de la extrema derecha terminó jugando a su favor. Bastaba con que el gobierno fuera modestamente mejor que el peor escenario imaginable para que el contraste lo beneficiara. Hoy, su sombra es enorme, incluso comparable —o superior— a la de Uribe, lo cual en Colombia es decir mucho, o todo.

Pero el problema de fondo es otro. La política actual parece atrapada en una pobreza de ideas alarmante. Hay escasez de propuestas, de imaginación, de visión. Los centros no están proponiendo un relato que enganche al país, no lo están interpretando, otra vez. El debate se ha reducido a un juego de personalismos donde todo gira, nuevamente, en torno a Uribe… o en torno a su contraparte…la mejor propuesta de un extremo es decir que no es Uribe y la mejor propuesta del otro extremo es decir que no son Petro.

Hay un detalle casi literario de esa matriz, una ironía incómoda y curiosa. La vida de Iván Cepeda Castro y la de Álvaro Uribe Vélez están marcadas por una herida idéntica: ambos son hijos de padres asesinados por las fuerzas más retardatarias, por esos extremos violentos que dicen combatir mientras lo devoran todo.

Dos tragedias casi calcadas. Antagónicos en todo: en el lenguaje, en la forma, en la idea de país, en la manera de ejercer el poder. Y, sin embargo, profundamente conectados por ese origen que los persigue como una sombra. Es casi una broma cruel de la historia: solo una prueba de como Colombia lleva décadas atrapada entre violencias que nunca acaban…entre oposiciones imposibles en las que tan difícil es construir un relato común.

Y aquí estamos otra vez.

Creo que una de las mayores pobrezas del momento político actual es la incapacidad —o la pereza— de construir algo distinto. No hay historias nuevas, no hay imaginación, no hay riesgo. Solo queda el personalismo, esa vieja adicción nacional que todo lo simplifica hasta volverlo caricatura. 

En ese juego, Cepeda no aparece como una propuesta sino como un reflejo invertido. No sabemos qué piensa, no sabemos qué propone, no sabemos qué haría. Pero lidera, sin hablar, sin exponerse. Sin debatir.

Una hazaña, si no fuera un síntoma.

La ligereza del debate nos ha llevado a una paradoja casi obscena: un candidato fuerte que no necesita decir qué quiere hacer con el país, y una democracia que parece dispuesta a aceptarlo sin exigirle nada.

Gobernar sin explicar. Ganar sin debatir. Convencer sin hablar.

Qué tragedia.

La pregunta de fondo no es, entonces, únicamente cuánto crece la economía, sino desde dónde lo hace, a qué niveles de productividad y con base en qué tipo de actividades. Plantear esta pregunta con rigor revela un problema estructural: cerca del 70% de la población ocupada no tiene educación terciaria, más del 55% del empleo es informal y el tejido productivo está formado por unos 5,3 millones de micronegocios, principalmente en sectores como el comercio, las actividades agropecuarias de baja tecnificación y el transporte. Estos factores permiten observar una configuración productiva persistente que limita las posibilidades reales de desarrollo del país.

En ese contexto, distintos análisis han convergido en un punto central: Colombia no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino, sobre todo, un problema de productividad. Dicho de otro modo, el país no ha logrado incrementar de manera sostenida su capacidad de generar valor ni ha avanzado con suficiente profundidad en la sofisticación de su base productiva. Y es precisamente allí donde el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del modelo de desarrollo resulta prioritario.

Aunque la ciencia y la tecnología aparecen de manera recurrente en el discurso público, su peso efectivo en la estructura económica y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitado. La inversión en I+D, cercana al 0,31% del PIB, resulta claramente insuficiente para impulsar una transformación productiva de fondo. El problema no es únicamente de financiamiento, sino también de la escala de la producción de conocimiento y de las capacidades que el país ha construido —o ha dejado de construir— en este ámbito.

En efecto, Colombia cuenta con aproximadamente 88 investigadores en I+D por millón de habitantes. Al comparar estas cifras a nivel internacional, un referente como Corea del Sur supera los 9.400 investigadores por millón, mientras que países latinoamericanos como Chile presentan niveles considerablemente más altos que los de Colombia. Esta diferencia no solo refleja un menor volumen de investigadores, sino que evidencia una brecha estructural en la capacidad del país para generar conocimiento, sostener procesos de innovación y vincularlos con su aparato productivo.

Así, las trayectorias de desarrollo más exitosas a nivel regional e internacional muestran un patrón bastante claro. Las economías que han logrado incrementar su productividad y diversificar su estructura lo han hecho sobre la base de inversiones sostenidas en ciencia, tecnología e innovación, acompañadas de la consolidación de un talento investigador robusto y de una articulación efectiva entre el Estado, la universidad y el sector productivo. Por ejemplo, Corea del Sur no solo invierte más del 5% de su PIB en I+D, sino que también ha construido un ecosistema capaz de sostener procesos de innovación continuos. En contraste, Colombia no solo invierte poco, sino que también dispone de una base científica limitada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de transformación.

Ahora bien, el problema colombiano no radica tanto en la ausencia de condiciones como en la subutilización de su verdadero potencial. El país cuenta con ventajas evidentes, incluso envidiables a nivel internacional, como su biodiversidad, su potencial agroindustrial y su riqueza cultural. Estas características, bien aprovechadas, podrían convertirse en motores de desarrollo. Sin embargo, esas ventajas no se traducen automáticamente en valor agregado. Su aprovechamiento depende de la capacidad para incorporarlas en procesos productivos directamente relacionados con su transformación a partir del conocimiento.

El sector agropecuario ilustra bastante bien este punto. Allí, particularmente, el aumento de la productividad no se basa en producir más, sino en producir mejor, mediante biotecnología, analítica de datos, trazabilidad y transformación industrial, entre otros. En ese contexto, el contraste regional también ofrece ejemplos concretos. Brasil, uno de los líderes regionales en este sector, no se consolidó como potencia agroindustrial solo por su escala productiva, sino también por su apuesta sostenida durante décadas por la investigación aplicada. El caso de Embrapa —la empresa pública brasileña de investigación agropecuaria— muestra que la articulación entre la ciencia, el Estado y el sector productivo puede transformar de manera estructural la productividad del campo.

Ahora, al revisar las apuestas recientes sobre política pública en Colombia, el panorama general resulta insuficiente, ya que los instrumentos impulsados —convocatorias, políticas emergentes en inteligencia artificial, programas de formación avanzada y mecanismos de financiación territorial— no han resuelto el problema de fondo: las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología operan en una escala limitada, sin una articulación clara con la estrategia de desarrollo productivo y sin prioridad real dentro del Estado.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa operando más como un espacio de validación discursiva que como un verdadero motor estratégico de transformación económica. El problema no es la inexistencia de instrumentos, sino la ausencia de un proyecto integrado, ambicioso y sostenido que sitúe el conocimiento en el centro del modelo de desarrollo del país.

De allí que el debate sobre el futuro económico de Colombia no pueda seguir reduciéndose a variables macroeconómicas de corto plazo. La discusión exige una pregunta clave: ¿qué economía quiere construir el país en las próximas décadas? Esa pregunta, en un contexto global cada vez más exigente, implica la necesidad de tomar decisiones estructurales en ciencia, tecnología e innovación. Decisiones que el próximo o próxima presidente de Colombia, sin posibilidad de renunciar a ello, deberá tomar para el futuro del país.

Quien llegue a la Casa de Ñariño deberá trazar una estrategia decidida para incrementar la inversión en investigación y desarrollo que permita alcanzar, a mediano plazo, al menos el 1% del PIB. Además, deberá reposicionar el lugar de la ciencia en el Estado, dotando la política de ciencia, tecnología e innovación de una capacidad real de incidencia en la planificación económica. También se le exigirá impulsar la formación de capital humano avanzado, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y territorios, y apostar por sectores en los que el conocimiento y la innovación sean el principal motor de la generación de valor. Finalmente, deberá propiciar ecosistemas regionales de innovación con capacidad real para interactuar con contextos glocales.

Nada de esto será accesorio. Por el contrario, será determinante para las apuestas de desarrollo de Colombia. Las experiencias internacionales muestran que las transformaciones productivas profundas no resultan de ajustes marginales, sino de decisiones técnicas y políticas sostenidas que sitúan el conocimiento en el centro del proyecto nacional.

Colombia aún tiene una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no es indefinida. En últimas, las decisiones del próximo gobierno —y, en particular, la composición y las capacidades de su gabinete— darán cuenta de si el país será capaz de construir una economía basada en el conocimiento o si continuará reproduciendo una estructura de baja productividad, alta informalidad y limitada generación de valor. Mientras en Colombia no se asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen un sector más, sino el fundamento mismo de la productividad, la generación de valor y la competitividad, estas seguirán ocupando un lugar marginal dentro de la estructura del Estado y, en esas condiciones, el país difícilmente podrá avanzar hacia la transformación productiva que requiere.