Un aparente cementerio de frailejones. Esa fue la desoladora imagen que dejó tras de sí el voraz incendio que el 22 de enero de 2024 arrasó con una parte del Páramo de Berlín, ubicado a una hora y media de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, y estas plantas nativas de Colombia. Durante casi cinco días el fuego ardió, consumiendo 317 hectáreas, de acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental en la región.

“El ingeniero Javier [Leal] me llamó como a las 4.30 de la mañana. Me dijo que se estaba presentando un incendio en el predio de Plan de Mesa y yo inmediatamente acudí al lugar. Cuando llegué me encontré algo muy impresionante: era un incendio ya muy avanzado. Fue terrible, las llamas, la altura, todo”, recuerda José Yamel Moreno, guardabosques del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre esos primeros momentos de la emergencia.

La dimensión del desastre no solo quedó registrada en las imágenes que se transmitieron a través de los medios de comunicación, sino también en las que investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tomaron días después de la tragedia, al sobrevolar el páramo con drones. “Estaba todo completamente negro, chamuscado. Solamente se veían los tallos de los frailejones”, relata Paula Uzcátegui, quien en ese momento era estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas de la UIS.

Uzcátegui, quien además había cursado dos años de biología, estaba por esos días buscando un proyecto de grado en el que pudiera unir sus dos carreras. Las imágenes de dron capturadas por estudiantes del profesor Björn Reu, un ecólogo alemán que desde hace 10 años vive en Colombia, fueron el punto de partida para que ella ayudara a resolver un interrogante: ¿cómo podían hacer uso de la inteligencia artificial para monitorear el estado de la vegetación de ecosistemas de difícil acceso como los páramos?

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Para Reu y sus estudiantes, el incendio representó al mismo tiempo una urgencia científica y una oportunidad inédita para estudiar el páramo y su respuesta ante el impacto del fuego, dada la cercanía del predio afectado con Bucaramanga.

Al llegar al terreno, seis días después del incendio, los miembros del grupo de investigación Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA) se propusieron observar dos aspectos: la recuperación general de la vegetación y el comportamiento particular de los frailejones. Lo que encontraron inicialmente llamó su atención: aunque gran parte del ecosistema había desaparecido, muchos frailejones habían resistido el fuego.

“Mientras toda la vegetación desapareció, los frailejones sobrevivieron; las hojas centrales persistieron y, pocos días después, incluso empezaron a florecer”, señala Reu. Esa resistencia planteó nuevas preguntas: ¿cuántos habían sobrevivido realmente? ¿Cuántos morirían con el tiempo? ¿Cómo monitorear un territorio tan amplio y de difícil acceso?

En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta para responder los interrogantes. Como Reu ya trabajaba con drones y sensores remotos, ahora necesitaba integrar capacidades de análisis de imágenes. El encuentro con Paula Uzcátegui permitió concretar esa posibilidad. Así nació un proyecto piloto que combinó vuelos de dron con algoritmos capaces de identificar frailejones uno por uno para contarlos y, de alguna manera, hacer un inventario de su presencia en el área de páramo afectada.

A diferencia de los métodos tradicionales, basados en pequeñas parcelas y extrapolaciones a áreas más amplias, Uzcátegui logró realizar un censo más completo, por lo menos de los ejemplares más grandes, registrando 86 000 frailejones en un área de 83 hectáreas.

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Una mirada desde gran altura

El proceso para entrenar un software de inteligencia artificial que sea capaz de contar frailejones, a partir de las imágenes capturadas por un dron, comienza desde el momento en que se hacen los sobrevuelos del área. “Primero se vuela el dron, que toma muchas fotografías que se sobreponen entre sí. Luego, con un software, esas imágenes se procesan y se convierten en un mapa continuo de toda el área”, cuenta la investigadora Uzcátegui.

No fue una tarea sencilla: la neblina, el viento y la menor duración de la batería en el páramo obligaban a trabajar en ventanas muy cortas de tiempo.

El encargado de esta misión fue Cristian Mateo Jaimes Prada, biólogo de la UIS, quien viene trabajando junto al profesor Reu en temas de teledetección y sensores remotos desde 2016. “Acá [en el Páramo de Berlín] estamos como a 3600 metros sobre el nivel del mar. Para el dron es un reto porque le cuesta más desplazarse por el aire menos denso de las alturas. Además, hay una cuestión de suerte para esperar una buena mañana, como la de hoy”, detalla Jaimes mientras la jornada de toma de imágenes llega a su fin por cuenta de la llegada inesperada de las nubes.

Jaimes señala que esa nubosidad —que apresuradamente convierte ante nuestros ojos un paisaje montañoso en una capa espesa de blanco que oculta los acantilados— muchas veces les juega una mala pasada en la toma de fotografías. Cuando se atraviesan, dejan un manchón blanco sobre el verde de las montañas y su vegetación.

En esta tarea, los investigadores también debían equilibrar altura y detalle. “Si vuelas muy alto cubres más área, pero pierdes resolución; si vuelas más bajo tienes más detalle, pero menos cobertura”, explica la ingeniera Uzcátegui.

Al final, para el estudio que ella lideró obtuvieron  —a partir de sobrevuelos realizados en agosto y diciembre de 2024 y en junio de 2025— tres ortomosaicos (mapas fotográficos aéreos) de alta resolución, donde cada píxel representa cerca de un centímetro. También obtuvieron otro ortomosaico de menor calidad, que abarcaba las 83 hectáreas quemadas, con una resolución de 3.6 centímetros por pixel y que es propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Ese contraste planteaba el primer reto técnico: lograr un modelo de IA que identificara automáticamente los frailejones tanto en imágenes muy detalladas como en otras más amplias y menos nítidas.

La segunda etapa de la investigación de Uzcátegui consistió en entrenar al algoritmo para reconocer cada planta. La investigadora partió de un modelo ya existente, diseñado para detectar objetos, y lo especializó. “Lo que hice fue entrenarlo con imágenes de frailejones. Corté los mapas y etiqueté alrededor de 12 000 plantas para crear un conjunto de datos de entrenamiento”, señala.

Con ese aprendizaje, el software se convirtió en un especialista capaz de identificar frailejones de manera automática en todo el mosaico. Aunque la precisión era mayor en las imágenes de alta resolución, los resultados en el mapa completo fueron suficientemente sólidos.

“En el área grande, de 83 hectáreas, detectamos cerca de 86 000 frailejones con un diámetro mayor a 20 centímetros”, señala la investigadora. De esta forma, el algoritmo no solo contó plantas una por una, sino que permitió construir un inventario detallado del ecosistema afectado, algo que habría sido casi imposible de lograr únicamente con trabajo de campo.

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Diagnosticar la salud de los frailejones desde el cielo

Paula Uzcátegui recuerda que, tras la visita al páramo realizada en diciembre de 2024, el equipo advirtió que la recuperación no era tan lineal como parecía en los primeros meses. El florecimiento de los frailejones, que en un inicio se había celebrado como esperanzador, podía no serlo tanto.

“Regresamos a finales de 2024 y fue cuando nos dimos cuenta de que estaban muriendo muchos de esos frailejones que se habían recuperado. Ahí dijimos que valía la pena no solamente contarlos, sino ver cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos”, explica la investigadora de la UIS.

La clave para dar ese paso estuvo en la incorporación de los datos del sensor multiespectral del dron, lo que permitió contar con información del infrarrojo cercano, una parte del espectro de la luz que no se puede ver con el ojo humano, pero que está muy cerca de la luz visible roja. En esa banda del espectro las plantas sanas reflejan la radiación, mientras que las dañadas la tienden a absorber porque las estructuras internas de la hoja ya no funcionan de la misma manera. Esta metodología se suele usar para el monitoreo de cultivos.

A partir de esa diferencia, el equipo calculó un índice de vegetación conocido como NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que compara la luz roja absorbida con el infrarrojo cercano reflejado. “Esa diferencia te dice qué tan saludable está la planta”, señala Uzcátegui.

Con los frailejones ya identificados por el algoritmo, el software calculó el promedio de ese índice dentro de cada ejemplar y estableció un umbral: por encima de él, la planta se consideraba viva; por debajo, muerta. Para comprobar los resultados, la investigadora también recolectó datos de validación en terreno poco después de haber capturado las imágenes de dron.

“El censo se hace con el mapa reconstruido con las imágenes de dron desde un celular, guiándonos por los datos del GPS. Esto nos permite estimar luego la mortalidad y tener certeza de que la estimación es buena, pero tiene cierto porcentaje de error”, señala. De esta manera, el ejercicio permitió estimar que cerca del 30 % de las plantas habían muerto un año después del incendio.

El hallazgo reveló, además, una dinámica inesperada: la mortalidad no ocurrió inmediatamente después del fuego. “Los frailejones no se murieron por completo por el incendio, murieron tiempo después”, señala el profesor Reu. Ese patrón coincide con reportes en otros páramos andinos, donde las plantas pueden morir incluso dos años después del evento, lo que hace necesario un seguimiento prolongado.

La posibilidad de repetir el análisis con nuevas imágenes abre, según Reu, una ventana inédita para estudiar la recuperación del ecosistema a largo plazo. “Con esta tecnología tenemos herramientas para hacer ese seguimiento en el tiempo”, afirma. Basta con nuevos vuelos periódicos para comparar los resultados: identificar cuántos individuos mueren, cuántos sobreviven y cómo aparecen nuevas plantas que, con el crecimiento, entrarán en el rango detectable por el algoritmo.

“Podemos tomar una foto cada año y contar los frailejones; así vamos a saber las dinámicas de mortalidad y regeneración”, explica. Para el ecólogo, el mayor valor del método es que permite realizar monitoreos continuos con pocos recursos, algo poco frecuente en estudios de este tipo. “Eso demuestra que con bajo presupuesto es posible hacer un seguimiento a largo plazo”, indica, y agrega que esto convierte a la herramienta en vital para comprender cómo se recuperan los páramos tras el fuego.

El enfoque, además, abre la posibilidad de replicar la metodología en otros ecosistemas de alta montaña. Desde el punto de vista técnico, el profesor Hoover Fabián Rueda Chacón, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explica que el modelo fue entrenado para reconocer la forma de roseta típica del frailejón.

“Es una forma similar [en las distintas especies de frailejón], desde el punto de vista de morfología. Tengo mucha esperanza de que sea aplicable directamente”, afirma el ingeniero de sistemas que también acompañó, junto a algunos de sus estudiantes, a los biólogos en su salida más reciente al páramo este año. Esta colaboración es algo poco común entre los profesionales de estas disciplinas, pero Rueda asegura que este proyecto lo ha hecho posible.

No obstante, el ingeniero advierte que podrían requerirse ajustes según las especies presentes en cada páramo, ya que en este proyecto se enfocaron en las características de Espeletia standleyana, la especie de frailejón que se ve con mayor frecuencia en el Páramo de Berlín. “En el peor de los casos puede que nos toque reentrenar, como lo hicimos acá, con un conjunto más reducido de imágenes de los frailejones particulares de otro páramo”, añade.

Sin embargo, para el investigador, esa flexibilidad es precisamente una de las fortalezas del método: la inteligencia artificial permite adaptar el análisis a distintos territorios y monitorear zonas de difícil acceso, ampliando las posibilidades de seguimiento y conservación de estos ecosistemas andinos. A pesar de esto, los científicos son enfáticos en que para darle continuidad a estos estudios se necesita financiación, un aspecto que suele ser un limitante para la ciencia en Colombia.

De momento, los investigadores de iBGA apuntan a seguir con los sobrevuelos para obtener más datos y desarrollar proyectos para mejorar el procesamiento y el monitoreo de la evolución y crecimiento de los frailejones a través del tiempo, incluso de manera individual. Con estas propuestas esperan participar en convocatorias para obtener más financiación.

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Un ecosistema que se recupera

En el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, el paisaje del páramo da cuenta de los cambios generados por la intervención humana. Sus frailejones, la especie más emblemática de estos ecosistemas, son más bajos y menos numerosos, en comparación con áreas más alejadas del complejo de Santurbán, del que forma parte el Páramo de Berlín.

Es un ecosistema que durante años ha sufrido las presiones de la ganadería y la agricultura, y en el que desde hace 15 años algunas de sus áreas empezaron a ser protegidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Es por esto que de las 317 hectáreas afectadas por el incendio de 2024 el 87.69 % (277.85) eran de predios pertenecientes a esta entidad.

De acuerdo con los expertos del AMB, dos años después del incendio, la recuperación en estas zonas del páramo avanza a ritmo lento, pero persistente. Javier Leal, ingeniero forestal enfocado en el proceso de conservación y gestión ambiental del acueducto, explica que la intervención humana ha sido mínima y deliberadamente cautelosa. “El área que fue quemada no la hemos tocado; lo único que hicimos fue delimitarla y aislarla para que no ingrese nadie y dejar que por sí sola se vaya recuperando”, señala.

La decisión, que contó con la asesoría de expertos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca, en primera instancia, permitirle al ecosistema recuperarse por su propia cuenta. Los especialistas han podido observar cómo la vegetación empieza a reorganizarse de manera natural.

Aunque el proceso es lento, el monitoreo constante, con apoyo de los investigadores de la UIS y de la inteligencia artificial, ha mostrado señales que el ingeniero Javier Leal considera alentadoras: “Si bien en este momento lleva una evolución adecuada, tenemos que esperar un poco más para ver cómo continúa el ecosistema”.

Sobre la duda de si reforestar es el camino para recuperar el páramo, Leal señala que aún es pronto para saberlo. “Si bien en este momento lleva una evolución que consideramos adecuada y significativa, tenemos que esperar un poco más para evaluar si es necesario hacer una intervención con frailejones y otras especies del páramo”.

Leal añade que cuando ocurren eventos que generan perturbaciones en áreas dedicadas a la conservación, la idea es que se vayan recuperando por sí solas, lo que se conoce como restauración pasiva. Intervenir inmediatamente, por ejemplo con la siembra indiscriminada de frailejones, puede amenazar la fragilidad del ecosistema porque la capa vegetal del suelo se ha visto destruida.

Desde la UIS, el equipo del profesor Reu también ha monitoreado en campo el progreso de la restauración del páramo. Un año después del incendio, la bióloga Andreina Ortiz López decidió observar el páramo a ras de suelo: no desde los drones, sino desde pequeñas parcelas distribuidas entre la zona quemada y otra que había permanecido intacta.

Entre noviembre y diciembre de 2024 comparó especies, coberturas y formas de crecimiento, y encontró señales discretas pero contundentes de recuperación. “Después de un año, al menos en el número de especies, eran muy similares; ya solo era cuestión de dejar que pase más tiempo para que la cobertura vuelva a ser comparable”, explica.

En los primeros meses, recuerda Ortiz, el paisaje había quedado “totalmente en ceros en cuanto a vegetación”, y la floración de los frailejones, un último esfuerzo reproductivo antes de morir, llamó la atención del equipo. El monitoreo posterior, a finales del 2024, mostró que el ecosistema comenzaba a reorganizarse por sí mismo: frailejones, pastos y otras plantas con semillas termorresistentes o estructuras protegidas rebrotaban lentamente, mientras aún persistían zonas con suelo descubierto.

Para la investigadora, el resultado más relevante es que el propio páramo parece tener la capacidad de recuperarse sin intervenciones directas.

Al visitar la zona en 2026 Mongabay Latam pudo ver un paisaje que sigue marcado por las cicatrices del fuego, pero que ya no es el mismo terreno desolado de los primeros meses. Ahora los frailejones más altos no están rodeados de tierra calcinada, sino del verde de los pastos y los musgos.

Según Javier Leal, el páramo comienza a mostrar una recuperación heterogénea, con áreas que avanzan con mayor rapidez que otras. “El ecosistema se va a recuperar; habrá zonas con un poco más de dificultad [en donde la restauración pasiva se puede quedar corta], y es en esas donde entraremos nosotros”, afirma sobre los posibles esfuerzos de reforestación a futuro. Es por eso que han aprendido a reproducir frailejones y otras especies de páramo en viveros.

La imagen del Páramo de Berlín hoy es la de un territorio en transición: menos negro –aunque aún están presentes los frailejones que murieron– y más verde. Aunque frágil todavía, el páramo está encaminado a reconstruir lentamente su equilibrio: diversas zonas llenas de pequeños brotes de nuevos frailejones son un reflejo de esperanza.

*Imagen principal: el Páramo de Berlín, justo después del incendio de 2024. Foto: cortesía Bjorn Reu.

El artículo original fue publicado por Alejandra López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Javier Pérez Burgos es economista e historiador egresado de la Universidad de los Andes, con una maestría en Economía de la misma institución y un doctorado en Planeación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell.

Su enfoque profesional se centra en impulsar el desarrollo rural sostenible y la inclusión económica de las comunidades locales.

El chocoano Mario Rivas Mena, un ingeniero industrial javeriano, llevará a la escuela de negocios número uno del mundo, la Sloan School of Management del Massachussetts Institute of Technology (MIT), realidades económicas de Tumaco, Buenaventura, norte del Cauca, Chocó, Urabá y Zona Bananera del Magdalena.

Mario Rivas es magister en finanzas de la Universidad de los Andes, con una destacada trayectoria en EY en Luxemburgo, Medio Oriente y Chile.

Este viernes 29, de 6:30 pm a 8:30 pm, recibirá un homenaje organizado por la Fundación Color de Colombia con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana.

Mario Rivas Mena, por Javier Pérez Burgos

Hoy honramos a Mario Rubén Rivas Mena, un líder afrocolombiano nacido en Quibdó, Chocó, el 18 de enero de 1984, cuya trayectoria combina excelencia académica, liderazgo profesional internacional y un compromiso sostenido con la inclusión financiera y el desarrollo de oportunidades económicas para Colombia.

En lo personal, Mario está casado con Liza Herrera y ha construido su vida familiar como ancla y motor de su vocación pública y privada. Su recorrido vital lo llevó de Quibdó a Bogotá y luego a una experiencia internacional que cruzó Europa y Medio Oriente: vivió dos años en Luxemburgo, donde nació su hija mayor (Emma), y posteriormente residió en el Medio Oriente, etapa en la que nació su hijo menor (Ismael), en Baréin.

Esa vivencia familiar en contextos multiculturales reforzó su convicción de que la diversidad, cuando se acompaña de excelencia, se convierte en una ventaja competitiva y en una responsabilidad con propósito.

En el plano académico, se graduó como Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en 2007 y posteriormente obtuvo un Certificado en Comercio y Negocios Internacionales en la misma universidad en 2009. Más adelante completó una Maestría en Finanzas en la Universidad de los Andes en 2013.

Su formación profesional incluye certificaciones y credenciales internacionales de alto rigor. Es candidato a Charter Financial Analyst Nivel III (del CFA Institute) y ha aprobado el módulo de Precios de Transferencia del ADIT (Advanced Diploma in International Taxation) del Chartered Institute of Taxation del Reino Unido.

Adicionalmente, ha completado credenciales en el Corporate Finance Institute como Investment Advisor, Financial Planner y finalmente, obtuvo el pasado mes de abril el certificado Wealth Management and Financial Planner Professional.

La carrera de Mario es, ante todo, una historia de construcción de capacidad institucional y liderazgo técnico en mercados complejos.

Inició su carrera en 2007 en Ernst & Young Colombia, donde evolucionó de analista a supervisor, gerente, y finalmente gerente senior en la práctica de Precios de Transferencia. En esta etapa desarrolló una base técnica robusta, además de liderazgo de equipos y gestión de proyectos a gran escala.

Posteriormente, se trasladó a Europa como Senior Manager en EY Luxemburgo, liderando equipos internacionales en documentación global y en la estructuración de transacciones financieras complejas, fortaleciendo su experiencia en entornos multinacionales y multiculturales.

Más adelante, asumió roles en EY Middle East, contribuyendo al desarrollo de prácticas locales en Arabia Saudita, Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. En esta fase se destaca por impulsar sistemas operativos, entrenamiento técnico y eficiencia de gestión, ayudando a consolidar capacidades en la región.

A su regreso al continente, trabajó como Consultor externo para EY Chile, apoyando temporadas de alta demanda y procesos de cumplimiento y controversia, mientras expandía su práctica hacia los servicios de valoración y due diligence financiero.

Actualmente se desempeña como Director en Kroll Colombia. En este rol ha liderado iniciativas de desarrollo de negocio, gestión y fortalecimiento de equipos, y coordinación regional. Su experiencia incluye la dirección y codirección de prácticas y proyectos transfronterizos en América Latina, incluyendo articulación con equipos en Brasil y México, y el posicionamiento de marca mediante eventos de alto impacto en Colombia.

Adicionalmente, mantiene una vocación docente activa: es profesor en programas de maestría, especialización y seminarios en la Universidad Externado de Colombia y ha dictado contenidos especializados en precios de transferencia e impuestos internacionales, integrando práctica profesional con formación de capital humano.

En paralelo a su carrera corporativa, Mario es fundador de AYSA Capital, desde donde desarrolla servicios y una visión de largo plazo orientada a vehículos de inversión y plataformas con propósito. En su experiencia emprendedora ha liderado soluciones en materia financiera y tributaria (cumplimiento, planeación y controversia) y ha ejecutado proyectos de due diligence financiero y asesoría estratégica, articulando capacidades técnicas con visión de impacto.

Adicionalmente, Mario es cofundador de Fundación Color de Colombia desde sus inicios en el año 2006, cuando el proyecto nació como una revista de nicho, siendo este su trabajo de grado de Ingeniero Industrial Javeriano.

Su liderazgo ha sido reconocido con distinciones relevantes: fue reconocido como Afrocolombiano del Año 2019 (Sector Privado) y es Aspen Fellow (del programa Liderando a Colombia 2050).

Estas distinciones reflejan una trayectoria que combina desempeño profesional con un compromiso explícito por ampliar la participación del talento afro en la economía y en el sector privado.

Finalmente, Mario es un ejecutivo multilingüe: domina el español, inglés, francés y portugués. Su combinación de especialidad técnica, liderazgo internacional, formación académica y propósito público lo posiciona como un constructor de puentes entre el capital, las instituciones y las oportunidades reales en Colombia.

Gracias por su atención.

• Si Semana es el poder detrás de Abelardo y los dueños de Semana son los Gilinski, ¿Qué están pensando a esta hora los otros cacaos sobre la competencia que se les vendría desde la Casa de Nariño? Es la pregunta del millón en todos los sentidos de la expresión.

• “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”: Antonio Gramsci, filósofo italiano.  

Imagínese a un político en mitin sincerándose con sus electores: “Yo les prometo: sangre y lágrimas”. Jamás ocurrirá, porque honestidad y política rara vez se la llevan bien.

Como ciudadanos tenemos tres opciones: escribir la historia, ponerla en manos de otros o dejársela al azar por nuestra indiferencia política. El domingo podríamos perder lo poco o mucho que hayamos ganado en materia de derechos. Mi temor tiene nombre y apellido: Abelardo De la Espriella, ADELE.

El profesor Timothy Snyder escribió un artículo y lo tituló: “Estados Unidos: El suicidio de una superpotencia”. Me dolería tener que escribir algo parecido después del 7 de agosto, si gana aquel: Colombia: el suicidio de una débil democracia. El candidato ha dado indicios de que algo así podría ocurrirnos.

Votarán por él aquellos que quisieran gozar de la buena vida que goza él, pero desconocen (o lo saben y se hacen los desentendidos), la manera cómo ha construido su fortuna en su condición de abogado: a quiénes ha defendido y con quiénes se ha relacionado. Basta con googlearlo.

Cada día aparece un titular de prensa con una revelación más aterradora que la anterior. El último corresponde a una denuncia del periodista Daniel Coronell: supuestamente, ADELE recibió en 2014 más de 370.000 dólares desde la empresa que el testaferro Alex Saab usó para desfalcar las arcas venezolanas.

Pero ¿importa lo que digan los periódicos o los periodistas en este país? A una parte de la prensa le aterra la posibilidad de que un tipo como él se ponga de ruana el poder, sin un solo mérito en la cosa pública, ¿pero acaso no es la prensa parte del mismo problema en el que ahora estamos metidos?

Colombia y sus males son la suma de todas sus élites: la élite política que manda, la élite económica que manda sobre la primera y la élite periodística, que cuando quiere y le conviene se junta con las otras dos, y cuando no están de amigos, se agarran de las greñas para volverse a contentar después. El destino del país para bien y para mal está y ha estado en manos de esas tres élites. Después de elecciones, nos merecemos el gran debate sobre qué es en realidad eso que llamamos contrapoder, quién lo ejerce, y hasta dónde le cabe responsabilidad a los periodistas del no debate electoral en esta campaña presidencial. Aceptémoslo: Los ciudadanos fuimos los primeros derrotados en esta contienda.

La prensa hizo de Abelardo una celebridad como abogado de gente famosa (y varios criminales) y ahora le aterra que sin ninguna preparación se quede con las llaves del palacio presidencial, que está en Bogotá, ciudad de la que ha despotricado. La prensa hace de las personas personajes. Recuerden la icónica tapa de Semana llamando a Pablo Escobar “Un Robín Hood paisa” (1983).

Si el país se desbarata, bajo un gobierno autoritario, la prensa independiente de los poderes —que la hay y ha sido acosada por él judicialmente— será la primera en llevar del bulto, como decimos. ¿O ya se nos olvidó cuando un presidente, Uribe, hizo cerrar la revista Cambio y otro, Duque, sacó de la señal abierta de televisión a Noticias Uno, en ambos casos por incomodar al uribismo que gobernaba entonces?

Si ADELE es presidente, la única revista que estaría a salvo de una posible censura se llama Semana. Pero ya alguien advirtió que Semana no es un medio periodístico, sino un partido político, al servicio de la campaña abelardista; una vez elegido él, se presume, estará al servicio de sus jefes banqueros. Se queja un colega porque Semana engaña a sus lectores. —Semana tiene electores, no lectores, lo corrijo.

Por otro lado, los dueños de la revista Cambio deberían pedirle a su flamante columnista Felipe López Caballero escribir una columna en su prosa somnífera para que cuente qué opina del negociazo que hizo al poner una marca emblemática como Semana, símbolo de periodismo serio y riguroso en sus mejores épocas, en manos de unos empresarios a los que el periodismo parece importarles un pito.

La llegada de ADELE a la Casa de Nariño significaría también la llegada de la familia Char al poder nacional, luego de décadas y generaciones mandando desde  Barranquilla en la región Caribe.

Ya los periódicos empiezan a alinearse, cada cual con candidato propio (lo que no es novedad en Colombia donde aún persiste la prensa hegemónica, aunque su poder se ve cada vez más menguado por las redes sociales); ahí están los casos de El Heraldo a favor de ADELE, y El Colombiano, pro-uribista. (Después de elecciones, prometo una columna para analizar el periodismo descarado que se viene ejerciendo en estas elecciones).

Sin embargo, a estas alturas del partido, a la gente le importa un bledo cualquier cosa mala que se diga sobre El Tigre. Saldrán a apoyarlo en masa, sin importar que sus reformas eliminarán puestos de trabajo y, con la misma tijera, derechos adquiridos, cuando lo que Colombia necesita es la ampliación de los derechos civiles.

A muchos no les importa, o les importa un sieso, lo difícil que fue devolverles a los trabajadores sus dominicales, festivos y horas extras, o aumentar en un digno 23% el salario mínimo. El riesgo mayor: empobrecer a los ciudadanos, tirar  por el caño avances en materia social y profundizar las desigualdades para congraciarse con los ricos. A eso se le llama un gobierno regresivo.

Cuando venga la motosierra económica de El Tigre, será muy tarde para lamentarnos. Solo quedará volvernos creyentes como él para rezar —o agradecer— que nunca vuelvan otras motosierras.  

En su cortísima estatura caben cuatro espíritus distintos, todos de la derecha extrema y todos de alguna manera nocivos para nuestra ya de por sí enclenque democracia:

Está poseído por Nayib Bukele, aquel que construye megacárceles y pisotea derechos humanos en El Salvador; poseído por el espíritu del desaliñado Donald  Trump, esa criatura rodeada con un aura de maléfica xenofobia y misoginia (se le abona al gringo que nunca ha presumido de su pene, debe ser que no tiene problemas en su entrepierna); poseído por el espíritu de Javier Milei que dejó sin empleo a miles de argentinos y a la economía de su país en cuidados intensivos, y poseído también por el espíritu de Daniel Noboa, que convirtió a Ecuador en el país más peligroso de América Latina.  

Los recortes que ha prometido ADELE traerán desempleo a Colombia. Pero eso a su fanaticada ¡qué les importa! Acaso se imaginan que su candidato llegará vestido de presidente a los barrios populares con las tulas llenas a repartir dinero o a invitarlos a un vuelo chárter en su jet privado. No seamos tan ingenuos. Podemos no ganar nada el domingo, pero sí perder lo poco que se ha conquistado en materia de derechos laborales. Aquí el rico es él y los de su entorno íntimo, y la primera vida que mejorará será la de ellos, que no pasan necesidades. Los demás tendrán (tendremos) que seguir madrugando… incluso a buscar trabajo.  

La gente corriente, como usted o como yo, está lejos de comer a manteles con un personaje así; al contrario, está cerca de que le cercenen derechos cuando pase la embriaguez política y venga el guayabo nacional. En ese caso, hacen bien los que votan en blanco por no contribuir con la debacle anunciada.

Si como candidato tildó de ignorante, en vivo y en directo, a una periodista con poder y querida por los colombianos—y ella ni siquiera se defendió al aire—, piense (pensemos), lo que nos corre pierna arriba al resto de los mortales cuando se ponga la banda tricolor, y en su primera alocución presidencial le exija a la nación entera hacer zoom en sus teléfonos celulares para hacernos partícipes de sus complejos sexuales.

El de ADELE es un voto vergonzante por fuera de la región Caribe, que no figura en las encuestas ni en las conversaciones. Eso forma parte de la muy solapada forma de ser del colombiano.

¿Por qué apostar por un personaje, recién aparecido en la política, que pordebajea a cualquiera que osa cuestionarlo? ¿Por qué ignoramos los señalamientos que pesan sobre él?

Impotente, aunque optimista, saldré a votar el domingo y que pase lo que tenga que pasar. Nadie se queje después cuando ya para qué, porque estábamos advertidos. Ojalá el temor no se convierta en un tumor difícil de extirpar. Salgan a votar, pero no con mentalidad cantinflesca. Voten por cualquiera, menos por un señor sin pinta de presidente que ofrece circo sin pan. 

La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

Mientras el debate público colombiano se consume entre polarización política, crisis coyunturales y disputas ideológicas, hay una realidad silenciosa que amenaza el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial del país: Colombia se está quedando rezagada en infraestructura, transporte y logística.

Y el costo ya lo están pagando los ciudadanos.

Hoy, de cada 100 pesos que factura una empresa colombiana, 15,6 se destinan a costos logísticos. Es casi el doble del promedio de los países de la OCDE. En otras palabras: producir en Colombia es más caro, transportar en Colombia es más lento y competir desde Colombia es más difícil. Esa ineficiencia termina encareciendo alimentos, bienes, exportaciones y oportunidades.

Lo más preocupante es que el deterioro no responde únicamente a problemas históricos. También refleja una pérdida reciente de capacidad institucional y de ejecución. Hace apenas una década, la inversión en infraestructura de transporte representaba cerca del 3 % del PIB. Hoy apenas alcanza el 1 %. La desaceleración del sector coincide con la parálisis de proyectos estratégicos, congelamientos presupuestales y un debilitamiento progresivo del modelo de asociaciones público-privadas (APP), precisamente el mecanismo que permitió transformar la infraestructura nacional en los últimos años.

Las cifras son contundentes. Mientras las autopistas 4G aún arrastran rezagos, la quinta generación (5G) permanece prácticamente detenida: solo cuatro proyectos han iniciado obras, mientras 18 continúan atrapados en etapa de preconstrucción pese a representar inversiones cercanas a los $49 billones. El resultado es un país más desconectado y menos competitivo.

El problema no termina en las carreteras.

Colombia sigue dependiendo excesivamente del transporte terrestre. Apenas el 17 % de la carga se moviliza por ferrocarril y casi toda corresponde al carbón. En materia portuaria, el país continúa rezagado frente a competidores regionales, mientras proyectos críticos como la profundización del canal de acceso a Buenaventura, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena o la modernización del canal del Dique avanzan con lentitud desesperante.

En los aeropuertos, el panorama tampoco es alentador. De las 23 recomendaciones realizadas por IATA en 2023 para aumentar en 47 % la capacidad operativa aeroportuaria del país, solo tres se han implementado. Entretanto, la fragmentación institucional y las dificultades de gestión amenazan incluso estándares internacionales de operación y certificación.

No se trata únicamente de cemento, puertos o pistas aéreas. Se trata de productividad, integración regional y oportunidades sociales. La infraestructura es la base sobre la que se construye el desarrollo moderno. Un país que no conecta sus regiones condena territorios enteros al atraso económico y a la exclusión.

Por eso el reciente pronunciamiento conjunto de universidades y centros de pensamiento merece atención nacional. Organizaciones como ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, Corficolombiana, la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín y la Universidad de Ibagué coincidieron en advertir que el país enfrenta una situación crítica en materia de conectividad, competitividad e inversión estratégica. Más allá de diferencias académicas o sectoriales, el mensaje es común: Colombia no puede darse el lujo de perder otro cuatrienio.

El próximo gobierno tendrá que asumir esta agenda como prioridad de Estado. La primera tarea será recuperar la confianza institucional y destrabar de inmediato la cartera de proyectos 5G. Sin señales claras de estabilidad jurídica, cumplimiento de vigencias futuras y reactivación presupuestal, la inversión seguirá paralizada.

También será indispensable acelerar iniciativas privadas ya estructuradas —como El Dorado MAX, Aeropuertos del Suroccidente, Bayunca o Conexión Centro— que no requieren grandes desembolsos fiscales inmediatos y podrían convertirse en motores rápidos de reactivación económica.

Pero el desafío exige algo más profundo: visión estratégica.

Colombia necesita ejecutar realmente el Plan Maestro de Transporte Intermodal, conectar Pacífico y Orinoquía, recuperar el modo férreo, modernizar puertos, fortalecer aeropuertos regionales y convertir la logística en política nacional de competitividad. Eso implica modernizar licencias, consultas previas y marcos regulatorios sin sacrificar sostenibilidad ambiental ni derechos de las comunidades.

No es una discusión técnica aislada. Es una conversación sobre el futuro económico del país.

Cada proyecto detenido significa empleo que no llega, exportaciones que no despegan, regiones que permanecen aisladas y empresas que pierden competitividad frente al mundo. Mientras otros países aceleran corredores logísticos, integración multimodal y modernización portuaria, Colombia corre el riesgo de quedarse atrapada en la infraestructura del siglo pasado.

La advertencia ya fue hecha por la academia, los centros de pensamiento y expertos del sector. Ahora corresponde decidir si el país reaccionará a tiempo o si seguirá administrando el rezago como si fuera normal.

Porque la infraestructura no da espera.

Y Colombia tampoco.

“A la gente le gusta hablar de la educación como la cura para la pobreza. No, el dinero es la cura para la pobreza”: Michael Sorrell en The New Yorker.

“Lo que debe hacer la izquierda es poner en el centro la dignidad del trabajo”: Michael J. Sandel, filósofo estadounidense.

Si “el pobre es pobre porque quiere”, ¿el rico es rico porque evade?

Querido lector: Si usted tiene una fortuna de $9.800 millones o más, considérese uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. Suspenda la lectura aquí y haga cuentas: ¿Cuántos siglos necesita trabajar una persona para acumular tal cantidad ahorrando los $2 millones de salario mínimo que recibe cada mes?

La única minoría colombiana con poder es la élite económica conformada por los archimillonarios. Y resulta que el 40% de esos millonarios (unas 1.480 personas), no tuvieron problemas en reconocer que evaden impuestos, de acuerdo con información oficial. 

Pongámoslo de esta manera: Si todos los ultrarricos de Colombia tributan como toca, habría una manera justa de redistribuir la riqueza, sin quitarle nada a nadie. Pero en vez de esto, prefieren llevarse su dinero fuera de Colombia, como lo muestra un artículo de El País de España.  

Sí, el problema del mundo son los ricos, que son poquísimos con muchísimo. Los hay que dan poco como si creyeran que nunca se van a morir o que en la otra vida reclamarán lo que dejen en esta. No hay forma de preguntarles a los faraones egipcios cómo les fue con eso. Hoy no tenemos faraones, pero si fanfarrones asquerosamente ricos queriendo poner una colonia humana en Marte, donde no hay condiciones para que sobreviva ni una mosca.

El mundo se divide en dos tipos de seres humanos extremos: aquellos que deliran sin saber qué hacer con sus fortunas descomunales y, en contraste, aquellos que si tienen pan no tienen con qué mojarlo. Se requiere con urgencia una clase política con algo de humanidad, capaz de reconciliar a unos y otros, porque como dijo José Alfredo Jiménez, “la distancia entre los dos es cada día más grande”.  

También tiene razón el escritor Gilmer Mesa cuando dice: “Ser pobre es nacer condenado”. Necesitamos un mundo donde cada nueva criatura nazca condenada… a la felicidad, a la posibilidad de ocupar un lugar digno en el mundo.

Hay una felicidad compartida que se llama justicia social. El derecho de todo los seres humanos sin excepción a disfrutar algo de la riqueza que se ha generado a partir de la explotación de los recursos de la Tierra, porque, en teoría, nos pertenecen a todos.  Con carencias, hambre  y mala salud, la vida se vuelve invivible. El que nació rico desde la cuna no tiene cómo saberlo.

“Gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia”, han dicho Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh.

Muchos siglos atrás, ya Aristóteles lo había dicho: “La ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres”. Poner en el centro de la política la dignidad del trabajo significa mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. No es regalarles nada. Es reconocerlos como agentes generadores de riqueza con su mano de obra. En Colombia, un trabajador gana en un día lo que en Estados Unidos otro recibe por una hora. Y a muchos no les importa matarse (léase, trabajar como mulas), anhelando que la vida les cambia algún día

Óyeme, Diosito Santo / Tú de aritmética nada sabías / Dime porque la platica / Tú la repartiste tan mal repartida / Óyeme, Diosito Santo / ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? / Por qué a uno le diste tanto / Y en cambio a otros no nos diste nada / Mira cómo son las cosas / Como en ti confío, te sigo rezando / Ya que no me diste plata / Dame salud para seguir luchando.  (De la canción Plegaria Vallenata)

Si la plata quedó tan mal repartida, como canta Jairo Paternina, y teniendo en cuenta que en Colombia hay clases alta, media y baja, a lo que una sociedad moderna debe aspirar es a llevar más personas de la clase baja a la clase media. Eso se consigue haciendo conscientes a los ricos de tributar en Colombia en vez de llevarse el dinero a paraísos fiscales. Solo la voluntad política permite combatir la evasión y la elusión. ¿Cuál de los presidenciables es capaz de ponerle el cascabel al gato?

Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza, según Oxfam. “Los 12 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población”, titula Valora Analitik.

Escribe Ernesto Rojas, ex director del DANE, en el libro “País posible”: “… los gobernantes actúan con orientación caritativa, destinada a paliar una situación conmovedora, sin la intención de pasar de las situaciones remediales a las soluciones definitivas. (…) tendrían que pasar al menos once generaciones para que una familia en el país salga de la pobreza y pueda llegar al promedio de ingresos de la clase media” (…) “De tanto repetirlo… se ha convertido en una verdad incontrovertible eso de que ´son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo´ y, por consiguiente, se deben atender todas sus exigencias si se quiere disminuir el desempleo reinante (…) En contraposición, debería recordararse lo sucedido durante la Gran Depresión de 1930, cuando Keynes se atrevió a contradecir a los clásicos al afirmar que el desempleo se corregía creando una mayor demanda, más compradores (…) con capacidad de comprar lo que producen las empresas”.

Escribe Enrique Serrano en el libro “¿Por qué fracasa Colombia?”: “Colombia sigue siendo un poco esa nación aldeana que se demora mucho en tomar grandes decisiones o dar saltos muy abruptos”.

Esa es una explicación lógica a tanta inequidad. Lo que ha faltado, insisto, es voluntad política para emprender las reformas, acaso retomar la conversación donde la dejó el difunto Alvaro Gómez Hurtado: Un acuerdo sobre lo fundamental. Y lo fundamental hoy y siempre es la desigualdad social.

Escribe Eduardo Lora en el libro “Los colombianos somos así”: “En los estudios sobre felicidad en cualquier país del mundo se encuentra infaliblemente que quienes tienen mayores ingresos, en promedio, son más felices.  La creencia de que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad no resulta ser cierta, de acuerdo con dichos estudios. Lo que sí ocurre es que, a partir de un cierto nivel de vida, las diferencias de ingresos deben ser muy grandes para que el impacto sea notorio: se necesitaría que el ingreso de alguien se multiplique por ocho para que pase, por ejemplo, del escalón 7 al escalón 8 de satisfacción con la vida”.

El mejoramiento de ingresos pasa por probar un nuevo modelo económico (o hacer ajustes al que existe), que restaure las brechas históricas entre ricos y pobres, un modelo que al asalariado le permita gozar de libertad financiera siendo participe de la riqueza que él ayuda a generar con su trabajo, y no contentarse con un salario pírrico que alcanza para tapar goteras.  

Redistribuir la riqueza no es quitarle nada al rico para dárselo al pobre. Es hacer consciente al rico de que el trabajador es un ser humano, con familia y sueños. Es reconciliar a ricos y pobres en favor de los segundos.

“Hay personas que trabajan toda la vida y no logran salir de la pobreza”: Andrés Ruiz, director del documental El juego de la vida, que retrata la pobreza a partir de historias reales.

Qué bueno sería que entre tantas bobadas que les preguntan a los candidatos presidenciales por estos días, alguien les pregunte por la justicia redistributiva, para ver si, al menos, el término les suena. Un buen ejemplo fue el aumento del salario mínimo. El país no se acabó como vaticinaron muchos. Porque la clase obrera debería tener derecho a disfrutar los beneficios de la riqueza que otros acumulan, habiendo contribuido con ella. La justicia redistributiva significa mejor calidad de vida. Y debería estar consagrada en la Constitución como derecho ciudadano legítimo.

Truman Capote decía que el dolor es la única experiencia que une al rico con el pobre. Del mismo modo, podríamos decir que el dinero es aquello que los separa. Los pobres son la inmensa mayoría y los ricos la  inmensa minoría. La pornomisería y la pornoriqueza son la cara de un mismo problema. El neoliberalismo creó una competencia social y económica que excluyó a los pobres. Así entiendo yo el capitalismo salvaje.

Cada  año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, según esta radiografía de El País de España. Eso es tanto como cinco reformas tributarias. Nadie se escandalizó con semejante revelación; en cambio, los gremios económicos brincaron cuando Petro aumentó en 23% el salario mínimo. Mejor dicho, podríamos decir que si todo lo del pobre es robado, pues lo del rico también, ¿o cómo llamamos a  esa conducta de evadir impuestos? Dénse cuenta de que si los ultrarricos evasores no le hicieran conejo al Estado, ningún gobierno tendría necesidad de buscar plata por la vía de las reformas tributarias, que tanto dolor de cabeza le causan a las clases medias y populares, que son el trompo de poner.

Tomado de El País de España: “El 40 % de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos. Para pagar menos, esconden su dinero en paraísos fiscales y crean empresas o fideicomisos que dificultan el seguimiento de su patrimonio. Cada año, la evasión en Colombia equivale al 8 % del PIB, cerca de 130 billones”.

“El más reciente informe de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025, revela que los multimillonarios colombianos pagan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres. Una persona que pertenece al 1% más rico pagó por cada dólar de ingreso un promedio de 17 centavos en impuestos hasta 2021. Mientras tanto, una persona del 50 % más pobre pagó por cada dólar de ingreso 21,1 centavos en impuestos. ´Esto desmiente el mito de que las personas pobres y las clases medias no pagan impuestos, y muestra que es todo lo contrario´, concluye el documento”.

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”.

Debemos abogar para que en Colombia los partidos políticos se modernicen en favor de una sociedad más justa con aquellos que pasan penurias. No podemos seguir comprando el discurso de que toca derrotar a la izquierda o derrotar a la derecha, sin mirar a los ojos a esa pequeña élite económica que parece intocable e insensible frente a la desigualdad.

De un candidato socialdemócrata como Iván Cepeda se espera que ponga el tema de la justicia redistributiva sobre la mesa de los empresarios, entre quienes se cuentan muchos de los ultrarricos. Quizás se gane unos cuantos enemigos como le está pasando al alcalde Zohran Mandami, que tiene enfurecidos a los multimillonarios de Nueva York por subirles impuestos, pero este desafío no lo pueden asumir  ni  Abelardo De La Espriella, ni Paloma Valencia, que esperan con ansías ocupar la Casa de Nariño para, como regalo de Navidad, rebajar impuestos  a los que más tienen. Los expertos han dicho que sí o sí toca robustecer el impuesto al patrimonio. Un impuesto a la riqueza “ayuda a nivelar la balanza de la desigualdad”, señala un informe de la Red de Trabajo Fiscal, publicado por El Espectador.

Si la riqueza de un país, incluidos sus recursos, es de todos sus habitantes, Colombia debería ser ese Tío Rico verdadero con el que todos tengamos derecho a soñar, y no un simple juego con fichas de cartón para matar el tiempo. 

Nota: ¿Hicieron la suma que les pedí al principio? Yo sí: se necesitan al menos 400 años, ahorrando $2 millones mensuales, para ser uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. ¡Como cinco vidas!

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los resultados de esta nueva encuesta muestran a Cepeda liderando con 34,3 % y a Valencia consolidándose con 27,9 %. Más allá de las cifras individuales, el dato políticamente más relevante es que ambos fortalecen la percepción de inevitabilidad de una segunda vuelta entre izquierda y derecha, dejando poco espacio para candidaturas de centro o figuras alternativas.

Sin embargo, al comparar esta medición con la primera encuesta publicada por la misma firma, aparecen movimientos interesantes que permiten interpretar tendencias más profundas del electorado.

Cepeda sigue arriba, pero pierde impulso

En la primera medición, Iván Cepeda registraba 35,1 %. Hoy marca 34,3 %. Aunque la caída es moderada —menos de un punto porcentual— sí puede interpretarse como una señal de estabilización de su techo electoral.

Cepeda conserva un voto sólido y altamente fidelizado. Su liderazgo sigue siendo claro y ningún otro candidato logra disputarle el primer lugar. Pero el descenso, aunque pequeño, sugiere que parte del electorado indeciso comienza a mirar otras opciones o que la capacidad de crecimiento del Pacto Histórico empieza a encontrar límites naturales fuera de sus bases tradicionales.

Aun así, el dirigente de izquierda mantiene una ventaja considerable y continúa siendo el candidato con mayor reconocimiento y estructura política entre todos los aspirantes medidos.

Paloma Valencia: la candidata que más crece

La gran ganadora de la encuesta es, sin duda, Paloma Valencia. En la primera medición obtenía 25,4 %; ahora alcanza 27,9 %, creciendo 2,5 puntos porcentuales.

Ese aumento no es menor. En escenarios electorales altamente fragmentados, subir más de dos puntos en tan corto tiempo suele indicar consolidación política, mejor posicionamiento mediático y transferencia efectiva del voto de opinión conservador.

Abelardo de la Espriella se mantiene, pero no despega

El abogado Abelardo de la Espriella pasa de 21,6 % a 21,7 %. En términos estadísticos, prácticamente no hay variación.

Esto revela un fenómeno interesante: De la Espriella tiene una base electoral muy visible mediáticamente, pero hasta ahora no logra expandirse más allá de ella. Su discurso confrontacional y altamente mediático le permite mantenerse competitivo, pero no crecer.

El problema para su candidatura es estratégico: mientras Cepeda conserva el liderazgo y Valencia sigue creciendo, De la Espriella empieza a correr el riesgo de quedarse atrapado en un “tercer lugar permanente”. Y en política presidencial, la percepción de viabilidad es casi tan importante como los votos mismos.

El centro político aparece prácticamente desaparecido

Los números de Claudia López y Sergio Fajardo son quizá los más preocupantes para el llamado centro político.

Claudia López cae de 3,6 % a 3,1 %, mientras Fajardo baja de 2,9 % a 2,4 %. Ninguno logra romper el umbral simbólico del 5 %, tradicionalmente considerado el mínimo para aspirar a protagonizar una campaña competitiva.

La lectura es contundente: el electorado colombiano parece haberse desplazado hacia posiciones más emocionales y polarizadas, reduciendo el espacio para discursos moderados o conciliadores.

La narrativa del “centro racional” que tuvo fuerza en elecciones anteriores hoy parece desconectada de un país marcado por la confrontación ideológica, la inseguridad y el desgaste institucional.

Roy Barreras y los demás: candidaturas testimoniales

El desplome de Roy Barreras también es significativo. Pasó de 0,7 % a 0,3 %, una caída que evidencia enormes dificultades para consolidar una opción propia.

Mientras tanto, nombres como Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros aparecen con porcentajes marginales que hoy no alteran el panorama electoral.

Lo que realmente está diciendo la encuesta

Más allá de quién sube o baja unas décimas, la encuesta deja tres conclusiones centrales.

Primero, Colombia se encamina hacia una elección altamente polarizada entre izquierda y derecha, con un centro político debilitado y sin narrativa movilizadora.

Segundo, Paloma Valencia emerge como la candidata con crecimiento relativo.

Y tercero, aunque Iván Cepeda sigue liderando, su candidatura parece haber entrado en una etapa de consolidación más que de expansión.

En el camino que falta, podrían darse alianzas que podrían alterar las cosas, aunque no mucho porque las cifras muestran un país dividido en dos grandes corrientes políticas que vuelven a convertir la presidencia en un plebiscito ideológico.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién llegará a la Casa de Nariño, sino qué tan profunda será la fractura política y social que dejará esta campaña presidencial.

Nota recomendada: Encuesta de la Fundación Génesis Crea pone a Iván Cepeda y Paloma Valencia en segunda vuelta

En el día de la Afrocolombianidad 2026.

Pido perdón por los trece, catorce, quince millones, uno, dos, diez, de niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, que fueron arrancados de África para ser vendidos como esclavos en las costas de los imperios europeos.

Pido perdón por los dos, tres millones, uno, dos, diez, niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, que murieron en los barcos esclavistas —el Brookes, el Clotilda, el Zong, el Henrietta Marie, el Guerrero, La Pinta, La Niña, La Santa María y La Santa Mano de Dios—, cuyos cuerpos moribundos fueron pasto de los tiburones del Atlántico.

Pido perdón por los dos, tres, millones, uno, dos, diez, niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, que fueron obligados a levantar las huelgas de hambre y a comer mediante el speculum oris, abriéndoles la boca como a gansos y llenándolos de inmundicia.

Pido perdón por los cuatrocientos ochenta y dos, seiscientos, quinientos, uno, dos, diez esclavos “bien estibados”, que sufrieron el horror de sus captores, “acomodados” como mejor se pudiera para el comercio en cada viaje que surcaba las aguas y llegaba a puertos desconocidos donde eran vendidos como ganado.

Pido perdón por las mujeres y hombres bañados en aceite de palma para cubrir las llagas del viaje, cubiertas sus canas y sus heridas con ceniza y brea, para ser vendidos en Bahía, Cartagena, La Habana, Veracruz, Kingston, Charleston y Chagres, Babeles impuestas donde reinaba la confusión.

Pido perdón por los curas y frailes cristianos, apostólicos y romanos; por los pastores bautistas, episcopalianos, metodistas y presbiterianos, que bendecían a los esclavistas, a sus barcos, a sus grilletes, a sus armas y a sus compradores; que levantaron iglesias y templos con las limosnas de éstos; y que se enriquecieron con la trata de personas durante más de trescientos años.

Pido perdón por la madre o el padre que prefirió asfixiar con sus propias manos a los recién paridos para librarlos de la pesada carga de la vida como esclavos.

Pido perdón por quienes vencieron el miedo a la muerte y se arrojaron temerarios por los costados de los barcos, muriendo libres entre ondinas y nácares, lejos de sus tierras.

Pido perdón por los hombres y mujeres que vencieron el miedo al látigo y mataron a sus captores, a los asesinos de sus hijos, de sus padres, de sus parejas, de sus hermanos, de sus amigos, de los otros reconocidos en la fraternidad del dolor.

Pido perdón por los hombres esclavizados obligados a levantar el látigo contra sus hijos, sus esposas, sus padres, sus hermanos y sus amigos, por miedo a la venganza de sus amos.

Pido perdón por los hombres y mujeres que tramaron su venganza incendiando las habitaciones, los graneros y los locales del amo, donde este violentaba a las mujeres para satisfacer su falsa hombría.

Pido perdón por los indiferentes, por aquellos que no hicieron nada y se tragaron sus propios miedos cuando el amo levantaba el látigo y castigaba, cuando prendía el hierro y marcaba, cuando se bajaba los pantalones y violaba, cuando asesinaba por placer, cuando mataba por capricho, cuando levantaba las manos y los puños contra niños y niñas, jóvenes y ancianos, contra hombres y mujeres para quienes la esperanza parecía una quimera.

Pido perdón por quienes denunciaron los planes de escape —por miedo, por terror, por envidia— e impidieron que trece, catorce, quince millones, uno, dos o diez alcanzaran la libertad.

Pido perdón por el dios hebreo, por el dios cristiano, por el dios musulmán, por el dios del hogar, por el dios de la aldea, por los dioses y las diosas que no escucharon los ruegos para salvarse del dolor de la esclavitud; por no concederles la muerte cuando la desearon, por prolongar el dolor cuando la angustia los consumía, por no favorecer el escape propio o el de los suyos, por no arrancarles la vida a la hija y al hijo, a la madre y al padre, al esposo y a la esposa, a la amiga o al amigo, al vecino, al conocido, cuando levantaron la mirada al cielo pidiendo su intervención.

Pido perdón por quien sembró, por quien taló y perfiló los maderos, por quien construyó los barcos para atravesar el mar llevando como carga los llantos y lamentos de niños y niñas, de jóvenes y ancianos, de mujeres y hombres que fueron cazados y luego vendidos como esclavos.

Pido perdón por el herrero que forjó el hierro para hacer las cadenas.

Pido perdón por quien curtió el cuero y por quien hizo los látigos para afrentar los cuerpos.

Pido perdón por quien extrajo el oro, por quien acuñó las monedas, por quien extendió el crédito sobre un papel para pagar los cuerpos.

Pido perdón por quien compró, por quien se antojó de una piel negra, por quien deseó unas caderas negras, por quien quiso cubrir sus manchas de pecado con cuerpos femeninos y masculinos negros.

Pido perdón por los asentistas que monopolizaron la venta de niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres arrancados de sus casas, de sus hogares, de sus pueblos, de sus naciones, de sus patrias.

Pido perdón por los agentes de factoría, representantes de las compañías europeas, que compraban niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres de África.

Pido perdón por los tratantes que transportaban como bestias a niños y niñas, a jóvenes y ancianos, a mujeres y hombres, desde sus hogares hasta costas desconocidas.

Pido perdón por los capitanes y grumetes que transportaban en sucios barcos a niños y niñas, a jóvenes y ancianos, a mujeres y hombres arrancados de sus hogares.

Pido perdón por las autoridades fiscales que autorizaban las licencias de niños y niñas, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres esclavizados.

Pido perdón por los veedores que se hicieron ciegos y sordos cuando debían certificar el estado en que llegaban los niños y las niñas, los jóvenes y los ancianos, las mujeres y los hombres traídos como animales desde África.

Pido perdón por quien no les ofreció una voz de consuelo, un pan como alimento, una oración como alivio, una mano amiga, a quienes llegaban martirizados desde lejanas tierras.

Pido perdón por el Papa, por los cardenales, arzobispos y obispos que se taparon los ojos para favorecer su simonía con la trata de esclavos.

Pido perdón por los hijos e hijas que desconocieron a sus progenitores negros para justificar su limpieza de sangre.

Pido perdón por quien tuvo en sus manos la posibilidad de concederles la libertad y no lo hizo, negándoles el más importante de los derechos divinos y humanos.

Pido perdón por quien los condujo a las minas, a las haciendas y a las mansiones para convertirlos en esclavos y torturarlos con el trabajo.

Pido perdón por quienes han contado la historia a su antojo para justificar el holocausto africano en tierras europeas y americanas.

Pido perdón por la xenofobia y el racismo imperantes en la sociedad actual.

Pido perdón por quien traicionó, ahorcó y descuartizó a Benkos Biohó.

Pido perdón por quien traicionó, denunció, atrapó y degolló a Zumbi dos Palmares.

Pido perdón por quien traicionó, atrapó y quemó vivo a François Makandal.

Pido perdón por el carcelero que negó la atención médica a Toussaint Louverture, dejándolo morir en medio del padecimiento, el dolor y el frío.

Pido perdón por quien ordenó, por quien ahorcó y por quien desmembró a siete mujeres y a veintiocho hombres esclavizados en México el 2 de mayo de 1612.

Pido perdón por quien asesinó y descuartizó a Carlota y por quien fusiló a Fermina, esclavas en un ingenio de Cuba.

Pido perdón por quien condenó a trabajos perpetuos a las cuatro reinas de las Islas Vírgenes: Mary Thomas, Axeline Elizabeth Salomon, Mathilda McBean y Susanna Abramson.

Pido perdón por quien condenó a trabajos forzados a la líder Zeferina en Salvador de Bahía, Brasil.

Pido perdón por quien condenó a doscientos latigazos y ordenó el destierro de Juana; por quien condenó y asesinó a su esposo Domingo; por quien capturó, latigó y revendió como esclavos a los doscientos cincuenta hombres y mujeres de Matudere, entre ellos los hijos de Juana y Domingo.

Pido perdón por quien apresó y desterró de Tumaco a Cartagena de Indias al negro liberto Vicente de la Cruz.

Pido perdón por los jesuitas, por tener un Papa negro y no jesuitas negros, y por todas las órdenes menores y mayores que los excluyeron o aún los excluyen.

Pido perdón por los ejércitos, las marinas, las aviaciones y las policías que han demorado en poner sobre los hombros de mujeres y hombres negros las estrellas del generalato.

Pido perdón por Robert Baden-Powell, invasor inglés que se inspiró en los guerreros africanos para fundar el movimiento scout y que durante tantas décadas no integró a niños y niñas negros en sus filas; por haber ordenado asesinar, en un juicio injusto, al líder y divinidad makalaka Uwini.

Pido perdón por los reyes y reinas europeos que invadieron África e hicieron del continente el deleite de sus riquezas y el escenario de sus propios oprobios.

Pido perdón por Leopoldo II, quien mutiló a niños y niñas, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres; pido perdón por “el Carnicero del Congo”, quien ordenó asesinar a quince millones de personas; pido perdón por los doscientos hombres y mujeres expuestos en un zoológico humano por este “rey constructor” durante la Exposición Universal de Bruselas de 1897.

Pido perdón por el olvido estructural de miles de mujeres y hombres que lucharon por su libertad y cuyos nombres se diluyeron en su propia sangre, en sus cuerpos sacrificados, convertidos en abono para la tierra de sus descendientes.

Pido perdón por el racismo latente, por el pan de cada día de hombres y mujeres que siguen siendo excluidos de trabajos, de clubes, de profesiones, de iglesias, de templos y de conglomerados por el color de su piel.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres que fueron esclavizados.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres que fueron esclavizados y asesinados.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres que fueron golpeados, mutilados y marcados.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres que vivieron y murieron como esclavos.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres esclavizados cuyos nombres han sido olvidados.

Pido perdón por los millones de mujeres y hombres que se opusieron a la esclavitud, lucharon por la libertad y cuyos nombres han sido olvidados.

Pido perdón, yo, uno más entre muchos.

Pido perdón en nombre de toda la humanidad.

Perdón.

Perdón.

Perdón.

J. Mauricio Chaves-Bustos