En la Reserva Natural El Dorado, un equipo de ornitólogos esperaba el anochecer para comenzar la búsqueda de un pequeño búho. En cada punto de conteo, se separaban unos 20 metros entre sí y reproducían una grabación del canto de la especie. Luego esperaban en silencio. Si un búho respondía desde algún lugar del bosque, orientaban sus brújulas hacia el origen del sonido para determinar su posición. De punto en punto, los recorridos se extendían hasta la madrugada. Así estudiaron a Megascops gilesi, el búho de Santa Marta, la única ave rapaz endémica de Colombia, con una distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, buscaba comprender cómo responde esta especie a la transformación del hábitat y así entender qué tipo de bosque necesita para vivir. Para hacerlo, los investigadores compararon tres ambientes dentro de la reserva: bosques primarios, que conservan buena parte de su estructura original; bosques secundarios antiguos, que llevan años recuperándose; y pastizales con árboles dispersos.

La diferencia apareció con claridad. En los bosques con mejor estado de conservación —tanto primarios como secundarios antiguos— encontraron alrededor de diez veces más búhos que en los pastizales con árboles.

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“Pudimos confirmar que el búho es una especie especialista de interior de bosque”, explica Sergio García-Murcia, ornitólogo colombiano e investigador del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. “Eso quiere decir que su hábitat óptimo es un bosque con árboles grandes, con una cobertura de dosel abundante, y que todas sus funciones ecológicas no las puede llevar a cabo en un pastizal porque no encuentra las condiciones para realizar su vida”.

El estudio también permitió identificar qué características del bosque estaban asociadas con una mayor presencia del búho. Los registros fueron más frecuentes donde había árboles altos, un follaje más cerrado y bromelias. En cambio, había menos búhos en lugares con sotobosque abierto, pendientes pronunciadas y cerca de carreteras, viviendas y bordes del bosque.

Pero el estudio tiene un alcance concreto: describe únicamente lo observado en una reserva, por lo que todavía no permite calcular cuántos individuos existen en toda la Sierra Nevada ni cómo ha cambiado su población con el tiempo.

Un búho que había escapado a las investigaciones

El búho de Santa Marta fue descrito como especie en 2017. Es pequeño, presenta un plumaje en tonos rojizos o grises y habita los bosques montanos de la Sierra Nevada. Su distribución restringida a esta región contribuye a que esté clasificado como especie Vulnerable a escala internacional. Pese al interés que despertó su descripción, hasta ahora faltaban estudios detallados sobre las condiciones del hábitat que necesita.

“Es una especie desconocida en todos sus aspectos, en su ecología básica”, explica García-Murcia, autor principal del artículo. “A partir de esa información es que uno puede tomar medidas de conservación”.

Para encontrar las respuestas, el equipo primero recorrió sus distintos ambientes y registró cómo era la vegetación: midió el tamaño de los árboles, su grosor, la cobertura del bosque y las características del terreno. Después regresó durante la noche para buscar al búho en diferentes puntos de conteo.

“Salía a buscarlos a las siete de la noche, empezaba mis muestreos y en los puntos más lejanos terminaba hasta a las tres de la mañana”, relata García-Murcia.

El método de búsqueda empleado, utilizando grabaciones del búho, permite detectar aves nocturnas que pueden ser difíciles de encontrar solo con la vista. A partir de la dirección de los llamados, los investigadores podían ubicar a los animales y registrar dónde aparecían con mayor frecuencia.

García-Murcia destaca un detalle de los registros obtenidos en pastizales arbolados: las respuestas venían de pequeños fragmentos de bosque cercanos a quebradas o ríos. “Nosotros nunca vimos al búho en un árbol aislado en un potrero o en un pastizal. Siempre provenían de pequeños fragmentos”, señala. Esta observación, dice, ayuda a explicar por qué dejar árboles dispersos en un área abierta no parece sustituir las condiciones que ofrece el bosque con una estructura más completa.

El bosque que necesita

La diferencia entre ambientes no significa que únicamente los bosques primarios puedan albergar al búho. En El Dorado, los bosques secundarios antiguos también registraron una densidad alta, aunque el estudio no evaluó si bosques secundarios más jóvenes ofrecerían condiciones semejantes. García-Murcia considera necesario conservar tanto los bosques mejor preservados como los que llevan más tiempo recuperándose.

“Lo que nos muestran estos resultados es que hay que conservar el bosque —no solo los bosques prístinos o en muy buen estado de conservación— sino esas sucesiones vegetales avanzadas que en la Sierra Nevada de Santa Marta son muy comunes”, dice.

Los árboles altos y el follaje cerrado forman parte de esa estructura. También las bromelias, plantas que crecen sobre los árboles y pueden ofrecer refugio a anfibios. García-Murcia plantea una posible relación con la alimentación del búho, aunque el estudio no demuestra que la presencia de bromelias aumente su densidad por proporcionar más presas. Existen registros de que come anfibios y cangrejos, pero faltan investigaciones para establecerlo con mayor detalle. Conocer aspectos como este permitiría entender mejor qué ocurre cuando un bosque pierde árboles grandes, cobertura o continuidad.

Jorge Luis Gutiérrez-Guillén, coautor del estudio e investigador de Otus Conservation, coincide en que el conocimiento sobre esta ave empezó a construirse recientemente. Antes de esta investigación, él y otros colegas habían trabajado sobre su uso del hábitat. Entre los aspectos que aún requieren estudio están precisamente su reproducción y el papel de distintas presas en su alimentación.

“Es una especie que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema al fungir como controlador de las poblaciones de sus presas”, describe Gutiérrez-Guillén. “Estamos hablando de una especie endémica que se está alimentando de especies endémicas también. Eso habla de la importancia de la Sierra Nevado de Santa Marta como centro de endemismo”.

El estudio también halló una relación negativa entre la densidad del búho y la cercanía a carreteras, casas y bordes forestales. Por ello, los autores recomiendan conservar los bosques primarios y secundarios antiguos, mejorar la conexión entre fragmentos y evitar que nuevas aperturas degraden los que permanecen.

“Es decir, al búho no le gusta la presencia humana, es muy susceptible a eso”, explica García-Murcia. “Además, en las regiones que son más escarpadas encontramos menos búhos porque allí el bosque es mucho más simplificado, no tiene muchos elementos. El búho prefiere los bosques estructuralmente mucho más complejos que se dan en las zonas más planas”.

Lo que falta conocer fuera de El Dorado

La investigación ofrece datos sobre una zona concreta de la cara noroccidental de la Sierra Nevada. Guido Spinelli, biólogo de Otus Conservation que ha trabajado con el búho pero no participó en este artículo, considera que estos resultados son una base para orientar nuevas búsquedas. Advierte, sin embargo, que hace falta estudiar otros sectores antes de asumir que las densidades observadas en El Dorado se repiten en toda la montaña.

“Uno lo que esperaría es que en el resto de bosques conservados estuviera la misma situación de la estancia del búho”, comenta. Se trata de una expectativa, no de una estimación de sus poblaciones fuera de la reserva. Entre las tareas que propone está explorar otras zonas mediante monitoreo acústico para confirmar la presencia de la especie y evaluar las condiciones de los bosques donde se encuentre.

García-Murcia y Gutiérrez-Guillén cuentan que el equipo trabaja en otra investigación sobre la distribución del búho y su riesgo de extinción, pero esos análisis aún no forman parte de los resultados publicados en este artículo. Para García-Murcia, también hacen falta planes de manejo que reúnan investigación, educación ambiental y decisiones de conservación tomadas con quienes habitan la Sierra.

“Algo muy importante también es involucrar a las comunidades: la conservación no solo se hace con un artículo científico, la conservación se tiene que dar desde los territorios”, afirma el investigador. Gutiérrez-Guillén coincide en que proteger el hábitat y ampliar el conocimiento de la especie son pasos complementarios porque permitirían identificar qué áreas requieren atención y seguir sus cambios a futuro.

Conservar estos bosques es también una forma de proteger el hábitat de otras especies de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grandes centros de endemismo de aves del mundo, explica García-Murcia.

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una joya no solo para las aves, sino para muchos otros organismos”, concluye el ornitólogo. “Es como una isla en el cielo donde solo las especies que están ahí se encuentran en ese pedacito de territorio”.

*Imagen principal: el búho de Santa Marta (Megascops gilesi) es un ave rapaz endémica de Colombia, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: cortesía Jorge Luis Gutiérrez-Guillén.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos“, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron», dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

*Imagen principal: los tiburones se encuentran en la cima de la pirámide trófica. Al cazar, también se alimentan de peces heridos o enfermos, lo que regula las poblaciones de otras especies, manteniendo la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Foto: Joshua Vela.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tres pares de medias térmicas y otras de lana. Dos licras. Dos pantalones. Suéter, chaqueta. Guantes plásticos hasta el hombro y un traje de pescador de cuerpo completo. Con estas prendas se prepara el profesor Mario Londoño antes de cada inmersión en el océano Antártico. Lo esencial, explica, es evitar que el agua, con una temperatura inferior a la de un refrigerador, toque alguna parte del cuerpo.

Una vez abajo, el fondo marino se convierte en su laboratorio. Con ayuda de una pala remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de gusanos marinos casi imperceptibles: los poliquetos (Polychaeta). En estos organismos diminutos, enterrados en la arena, Londoño busca respuestas sobre la temperatura, la acidez y la salud del agua.

Ese mismo trabajo lo ha hecho durante más de dos décadas en el Caribe colombiano, aunque con muchas menos capas de ropa. Allí ha estudiado a los poliquetos como bioindicadores del estado ecológico de los ecosistemas marinos. Estos invertebrados acuáticos habitan el fondo oceánico, se alimentan del sedimento y su presencia, o ausencia, puede revelar alteraciones ambientales, contaminación o cambios en la dinámica del océano.

Con esa experiencia a cuestas, Londoño ha participado en cuatro de las 12 expediciones científicas que Colombia ha realizado en la Antártida, uno de los lugares donde el calentamiento global muestra avances más acelerados. Allí el investigador estudia cómo responden estos gusanos al aumento de la temperatura y a la acidificación del mar, y qué pueden anticipar sobre el futuro de la vida oceánica.

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En entrevista con Mongabay Latam, Mario Londoño habla sobre sus más de 20 años estudiando poliquetos, los hallazgos que han dejado las expediciones colombianas al continente blanco y las preguntas que estos organismos plantean frente al avance del cambio climático.

—¿Cómo llega usted a estudiar los poliquetos?

—Siempre quise estudiar organismos marinos, los que no todo el mundo quiere estudiar. Quienes se han dedicado al mar han preferido estudiar delfines, ballenas, tortugas marinas, todos estos animales carismáticos, pero yo quise irme por un grupo que no fuera tan estudiado.

A finales de los 90, un profesor del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional con sede en San Andrés, Colombia, me ofreció estudiar unos gusanos marinos asociados a las raíces de los manglares de San Andrés y Providencia. Me pareció que era una muy buena oportunidad para trabajar con organismos que no fueran ampliamente estudiados en Colombia.

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—¿Por qué es importante estudiar los poliquetos? ¿Qué se puede conocer a través de estos gusanos?

—Todos los grupos tienen su importancia ecológica, solo hay que descubrirla. La importancia de los gusanos marinos es que son indicadores de la calidad del agua. Algunos de ellos resisten condiciones extremas de contaminación, por lo tanto, si uno encuentra estos organismos, pero no otros, uno puede decir que esa agua está contaminada. Por el contrario, si uno encuentra aquellos que son muy sensibles a la contaminación es porque esa agua está poco contaminada.

De esta forma se van convirtiendo en bioindicadores del estado de salud del ecosistema. No solamente en cuanto a contaminación sino también a nivel ecológico sin intervención humana. Si están presentes es porque hay un recurso alimenticio debajo de ellos y ellos son a la vez el recurso alimenticio de otros organismos. Así como los tiburones son carismáticos por su forma y comportamiento, los gusanos marinos tienen el carisma de revelar secretos del ecosistema.

—Usted investiga los poliquetos en las costas de Colombia. ¿Cómo terminó vinculándose a las expediciones científicas que ha hecho el país en la Antártida?

—Me involucré en la segunda expedición (2015/2016) para estudiar los gusanos marinos como indicadores de la riqueza de biodiversidad en el lugar que teníamos más cercano y con más posibilidades de estudiar, que era la Isla del Rey Jorge en la Península Antártida.

Para la tercera expedición colombiana nos planteamos la pregunta de si la Península Antártida es la que más está cambiando con el impacto del aumento de la temperatura superficial del océano. ¿Cómo este cambio climático afectará a estos gusanos marinos? ¿Qué pasaría si estos gusanos se estuvieran acalorando? ¿Cuál sería la respuesta fisiológica de ellos? Para nosotros es muy fácil: respirar y tomar agua fría, pero ellos no tienen esa opción, no pueden evadir este aumento de la temperatura.

Entonces, lo que hicimos fue estresar térmicamente a los gusanos y evaluar fisiológicamente, a través de biología molecular, cuál es su respuesta a todo el estrés celular que provoca el aumento de la temperatura. Los estresamos a 2 y 4 grados centígrados por encima de la temperatura en la que los encontramos.

—¿Al poner los gusanos a una temperatura mayor a la que se encuentran, se busca predecir cómo se van a comportar cuando el océano llegue a ese punto?

—Exactamente. Lo que estamos viendo en este momento, y hacia el futuro cercano, es un evento acelerado de cambio climático donde la temperatura superficial del océano va a aumentar en la Antártida, en el Caribe, en todas partes. Por lo tanto, los organismos, no solamente los gusanos marinos, sino todos, van a tener que resistir ese aumento de la temperatura superficial. Si no resisten, van a desaparecer. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en la Antártida lo estamos haciendo en el Caribe colombiano para evaluar qué grupo de organismos va a resistir más ese efecto del aumento de la temperatura y cuáles podrían extinguirse en un futuro cercano.

Lo que hemos encontrado es que los gusanos y, en general, los organismos antárticos, tienen mayor resistencia al cambio de temperatura que los caribeños porque en el trópico no cambia tanto el rango de temperatura en el océano, mientras que en la Antártida el cambio es mucho más fuerte. Entonces, la fisiología de los gusanos marinos está adecuada a esos grandes cambios a lo largo del año. Tenemos una hipótesis que estamos corroborando, en la que pensamos que los organismos antárticos posiblemente sean los que más resistan un evento de estrés térmico en el océano, más que los tropicales. Los gusanos marinos nos están mostrando cómo está cambiando el océano.

—¿Cuál es la especie de gusano que están estudiando puntualmente y por qué?

—Se llama Microspio moorei. Lo seleccionamos porque lo encontramos en abundancia, sobrevive mucho tiempo y se puede tener muy fácilmente cautivo en peceras porque es del tamaño de un grano de arroz.

Lo interesante de este gusano es que no se había identificado desde 1911, cuando el autor [Charles Gravier] lo hizo por primera vez para la ciencia. Nosotros, al hallar un montón de organismos, comparamos la descripción original y vimos que le faltaban muchos datos de morfología, entonces completamos toda esta información, [lo redescribimos] para que alguien que venga detrás de nosotros a estudiar este gusano sepa realmente cómo identificarlo.

Fue importante aclarar la taxonomía y la identidad del poliqueto para poder tener la seguridad de que estábamos trabajando con la misma especie.

Yo me encargo, entre comillas, del trabajo sucio: meterme al agua, recolectarlos e identificarlos desde la morfología. Mis colegas trabajan más desde la biología molecular. Esa combinación de áreas nos ha permitido incluso avanzar en la identificación de nuevas especies de gusanos para la ciencia en la Bahía Fildes.

—Ahora están realizando una investigación secundaria de este mismo tema, lo que llaman un espejo de investigación. ¿En qué consiste?

—A la par de que hacemos todo esto de biología molecular con cambio climático, estamos evaluando la diversidad y riqueza de especies de la Bahía Fildes porque la zona está llenándose cada vez más de buques, barcos, turistas e investigadores de otros países. Pensamos que el estudio de los poliquetos puede ser una oportunidad para estudiar el impacto ambiental de todo esto.

Hemos encontrado alrededor de 35 especies diferentes de poliquetos en la Bahía Fildes. Evaluamos estos organismos que son susceptibles o resistentes a los contaminantes ambientales, a la vez que estamos creando una base de datos con información que sirva para comparar en un futuro cercano la información: qué especies vienen, qué especies desaparecen, y eso nos va dando un flujo ecosistémico de deterioro o de cambio ambiental.

—¿Y qué cambios han podido identificar entre las diferentes expediciones?

—A nivel del océano hemos podido medir, siempre en febrero, un aumento de la temperatura del agua de alrededor de un grado centígrado entre la primera expedición y la última, que parecería muy poco, pero es demasiado. Por eso es que hemos insistido en el tema del estrés térmico.

En la expedición más reciente también empezamos a jugar con otra variable: la acidificación del océano. Hemos observado una disminución progresiva del pH, asociada a la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte del mar. Ese CO2 forma ácido carbónico y modifica lentamente la química del agua.

—¿Cómo funciona la articulación con otros países? ¿Qué aporta Colombia a la investigación en la Antártida?

—Nos tenemos que unir a aquellos que llevan un recorrido enorme en la Antártida, como Chile o Rusia. No podemos desconocer a aquellos países que han hecho tanta investigación y que nos están dando un espacio para que podamos ser países consultivos, que es lo que queremos.

En este momento somos un país adherente al Tratado Antártico, es decir, con voz pero sin voto. Al ser un país consultivo tendríamos voto y podríamos pensar incluso en instalar una base científica en la Antártida. Mientras no tengamos esa denominación tenemos que unirnos a quienes tienen experiencia. Nosotros, como biólogos en un país megadiverso, tenemos una experiencia enorme midiendo biodiversidad. Estamos más que preparados para estudiar la diversidad en la Antártida.

*Imagen principal: una pala es el instrumento con que el profesor Londoño remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de los poliquetos. Foto: cortesía Mario Londoño.

El artículo original fue publicado por Luis Bonza en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

Galápagos, en Ecuador, fue declarado el primer Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la biodiversidad única que alberga, pero monitorear esta formación de origen volcánico y suelos accidentados es un reto. Una de sus islas, Floreana, tiene 18 000 hectáreas, una superficie similar a la de Washington D.C. Guardaparques y equipos de conservación se tomaban 12 días para recorrerla y tras caminar 300 kilómetros recogiendo las tarjetas de memoria de 125 cámaras trampa, tenían que volver a sus oficinas a revisar manualmente miles de imágenes.

Si identificaban una de las 350 especies invasoras que amenazan la flora y la fauna del archipiélago, la información ya era antigua, explica Renato Pérez, coordinador de Innovación Tecnológica del Programa Galápagos de la Fundación Jocotoco. “Por eso, se cambiaron las cámaras convencionales a cámaras que de forma automática envían las imágenes a la central”, cuenta.

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Desde febrero, una red de 48 cámaras conectadas a internet, sensores y trampas envían alertas en tiempo real al detectar mamíferos invasores. Estos animales depredan huevos de diferentes especies y aves y reptiles de tamaños pequeños. La organización Island Conservation señala que los invasores contribuyeron a la desaparición de 13 especies de la isla, incluyendo el cucuve de Floreana (Mimus trifasciatus).

“Galápagos hoy está liderando el monitoreo inteligente”, afirma José Cabello, director general para América Latina y el Caribe de Island Conservation. Las tecnologías ya existían, pero esta es la primera vez que se usan en conjunto para monitorear una isla con fines de conservación, explica Pérez.

Si bien el objetivo más urgente del proyecto es erradicar las especies invasoras, las cámaras también permiten monitorear la reaparición y distribución de las especies nativas una vez que las amenazas desaparecen. Además, a través del sistema se están observando comportamientos entre especies nunca antes vistos.

Los sensores operan con tecnología LoRaWAN (Red de Área Amplia de Largo Alcance), un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado para el Internet de las Cosas. Mientras tanto, a través de transmisión inalámbrica, el camino que recorren las imágenes va de las cámaras trampa a antenas instaladas estratégicamente en la isla y después a una antena de internet satelital que manda las imágenes a un servidor donde la inteligencia artificial las analiza.

En caso de que se detecten depredadores invasores, las alertas llegan a los celulares de los equipos de la Fundación Jocotoco, del Parque Nacional Galápagos y de Island Conservation. También se despliegan en una pantalla en el centro de operaciones de la Fundación en Floreana y Santa Cruz.

La meta más próxima, asegura Pérez, es declarar a Floreana libre de gatos ferales en 2026. En una siguiente fase se buscará erradicar roedores.

Catorce años de combate a los invasores

Cristian Sevilla, director de ecosistemas del Parque Nacional Galápagos, asegura que la principal amenaza para Galápagos y Floreana son las especies invasoras. Piratas y balleneros que pasaron por la isla en siglos pasados liberaron cabras, cerdos y ganado como reserva de alimento, mientras que los roedores llegaron de manera inadvertida en las embarcaciones. Con los humanos también arribaron gatos y perros.

En el archipiélago hay alrededor de 1700 especies introducidas y, de ellas, unas 350 son consideradas invasoras. Desde hace décadas, el parque trabaja en el control de manera progresiva, enfocándose primero en las de mayor impacto ecosistémico.

En Floreana, el proceso de erradicación dio sus primeros pasos en 2011. Se trabajó junto a los 150 habitantes de la isla para encontrar alternativas que no tuvieran un impacto en sus cultivos y animales de granja, cuenta Sevilla. Era la primera isla habitada en la que se llevaría a cabo un proceso así, pero la experiencia en las islas sin habitantes humanos ya había dejado lecciones. Aún así, se realizaron estudios de mitigación.

En 2012 nació el Proyecto Floreana, a través del cual se logró controlar cabras ferales y burros. Desde 2023 se busca combatir roedores y gatos ferales con el uso de cebos.

Uno de los resultados más concretos de la disminución de los invasores es que se volvieron a registrar especies endémicas que habían desaparecido. A inicios de 2025 se redescubrió el pachay de Galápagos (Laterallus spilonota), un ave que no se veía desde hace 190 años. “La última vez que fue registrado fue con Charles Darwin y ahora se lo ve en todos lados”, dice con emoción Pérez.

Otro hito en la restauración ecológica de la isla fue la reintroducción de tortugas gigantes, que volvieron a caminar por Floreana después de 180 años de desaparecer localmente.

De Hong Kong a las piedras volcánicas

El concepto de «isla inteligente» o Smart Island fue desarrollado por la necesidad de vigilar islas mientras se disminuye el impacto en los monitores humanos y en el ambiente, explica Cabello, de Island Conservation.

En Floreana, la implementación del sistema tomó meses de coordinación entre múltiples organizaciones, incluyendo Wildlife Protection Solutions (WPS) y Smart Parks.

Las antenas se fabricaron en Ecuador continental, viajaron vía aérea hasta la isla Santa Cruz, luego vía marítima a San Cristóbal y finalmente a Floreana. Las antenas existentes para comunicaciones internas y el monitoreo de la Reserva Marina fueron integradas al sistema gracias a la “visión” de la Dirección del Parque Nacional, señala Cabello. En otras islas donde trabaja la organización, la apertura no ha sido la misma.

Las cajas que contienen el cerebro de Smart Island fueron fabricadas en Santa Cruz, Estados Unidos, y siguieron un camino similar a las antenas y una vez en la isla, algunas fueron llevadas hasta los puntos de instalación a espalda por los funcionarios del Parque y de Jocotoco.

La primera fase consistió en configurar el sistema. Probaron rangos de señal, identificaron obstrucciones del terreno y midieron la cobertura. “Hubo mucho testeo”, asegura Pérez. Las zonas rocosas, los acantilados y el interior ondulado y volcánico de la isla creaban interferencias, pero las resolvieron con expansores de señal.

“Con el fenómeno de El Niño puede haber florecimiento y crecimiento acelerado, lo que puede afectar cómo las ondas se transmiten en terreno”, explica el especialista de Island Conservation. El evento climático está pronosticado para mediados de año. Por eso, también tomaron en cuenta este factor para evitar interferencias.

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Las cámaras se importaron desde Hong Kong y se colocaron en sitios prioritarios, donde el equipo tenía mayor dificultad para acceder. Paralelamente se instalaron 600 trampas mandíbula, llamadas doggle traps, con sensores Smart Parks. Al cerrarse, la trampa genera una alerta automática que llega al sistema central. Toda la información se centraliza en Earth Ranger, una plataforma gratuita de monitoreo.

Sevilla señala que aunque la inversión inicial es alta, a largo plazo el sistema reducirá los riesgos de accidentes y el uso de recursos.

450 ojos para proteger a Floreana

El sistema de monitoreo inteligente opera de manera continua y en los primeros 100 días de operación captó más de 250 000 imágenes. La inteligencia artificial analizó cada una y filtró unas 3000 como alertas de posible presencia de mamíferos invasores. El equipo humano solo tuvo que revisar estas fotos y ya no el total como en el pasado.

No todo es perfecto. La IA todavía está siendo entrenada, por lo que Pérez estima que de los 3000 archivos, solo el 2 % correspondía a amenazas reales.

Cuando llega una alerta, el equipo activa de inmediato un protocolo. El tiempo de respuesta es de 30 minutos. Además, cada mañana, el líder del grupo de campo revisa la data acumulada antes de asignar zonas de patrullaje. Así los grupos se dividen con base en zonas prioritarias y no a partir de decisiones intuitivas. “Podemos tomar decisiones de una forma más inteligente basándonos en la data”, afirma Pérez. Asimismo, cuando las trampas emiten alertas, el equipo acude al punto.

¿Será posible liberar a Floreana de los gatos ferales este 2026? “Quisiera decir que sí, porque tenemos las capacidades y todos estamos alineados para que eso sea posible”, responde Cabello.

Este año no será fácil por el Fenómeno de El Niño, que al provocar un crecimiento vegetacional acelerado producirá más alimento disponible para los invasores y posibles cambios en su comportamiento.

Ahora está en curso la fase dos, para la que se compraron 100 cámaras adicionales. La meta es tener 450 cámaras. “Tendríamos ojos cada 35 hectáreas. Se podrá tener todo tipo de data sobre las especies endémicas de la isla”, dice Pérez.

Una vez que se instalen todas las cámaras, la isla tendrá cobertura total, lo que resultará en un beneficio adicional: el control del tráfico de especies. Pérez explica que estos equipos capturan imágenes en alta definición y permiten la identificación de personas que transitan por el área protegida. “Va a ser muy difícil que alguien llegue a la isla sin ser visto”, añade.

Sevilla espera que el sistema se replique en otras islas de Galápagos para mejorar la toma de decisiones para la conservación y la protección del archipiélago.

El Smart Island se instalará en otras islas del mundo, adelanta Cabello. Ahora, Island Conservation está trabajando en una campaña de levantamiento de fondos para adquirir los equipos para el Archipiélago de Juan Fernández, en el centro del mar chileno.

*Imagen principal: las cámaras trampa recientemente instaladas en Floreana tienen conexión a internet. Foto: cortesía Bryan Pérez.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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