Como vivimos en “modo electoral y mundial”, va este paralelo entre la política nacional e internacional con el mundial de fútbol. Para ganar en ambos campos, todo dependerá del número de votos obtenidos, de las bajas causadas al equipo y Estado contrario y de los goles anotados. Por eso las candidaturas presidenciales harán hasta lo imposible en busca de más votos y los jugadores de cada selección en el mundial por anotar más goles. Poco les importará los medios que utilicen para ello. Al final, lo que cuenta es la victoria, ya sea en el estadio o el campo de batalla. Vale denigrar al contrario y llamarlo terrorista o fascista, “guerrillo” o “para”, también las jugaditas sucias para lesionarlo y sacarlo del campo. Lo crucial es contar con una hinchada de fanáticos incondicionales, de barras bravas leales dispuestas al combate, incorruptibles y que vayan a las urnas y la guerra sin dudarlo. Claro que lo más importantes es contar con financiadores generosos, poco importa el origen de sus recursos y los compromisos que se adquieran con ellos tras bambalinas, asegurándoles futuras contrataciones públicas, nombramientos, decisiones y políticas sociales contra el resto de los adversarios y sus mayorías en las tribunas y fuera del estadio. De nada sirve jugar bien, lucirse y respetar todas las reglas si al final se pierde. Hay que contar con el mayor número de aliados e incluso aparecer como un outsider independiente, arrepentido de su pasado pecaminoso por no ser creyente y así cautivar a los miles devotos de iglesias cristianas que obedecen ciegamente a sus pastores, como lo hace Abelardo, el converso[i].

 Las victorias son irreversibles, no las derrotas.

Todos los candidatos y jugadores saben que una vez culmina el escrutinio electoral y suena el pitazo final, ya no hay vuelta atrás. La victoria será inobjetable y nadie creerá en las denuncias de los derrotados, que serán consideradas falsas y solo calumnias de la oposición. Así sucedió con el robo de las elecciones a la ANAPO en 1970[ii], que irónicamente dio origen al M-19 y llevaría al actual presidente Petro a la Casa de Nariño después de 52 años, pero esta vez con el pueblo y sus votos en las urnas, no con las armas, como pretendieron sus fundadores en respuesta al fraude electoral. Se repetiría la historia en 1994, pero al revés, pues los votos llevaron a Samper a la presidencia, gracias al generoso auxilio del narcotráfico en la segunda vuelta, ya que nadie creyó en las denuncias tardías de Andrés Pastrana. Tanto la victoria electoral de un candidato como el triunfo de un equipo de fútbol, una vez terminados los escrutinios y sonado el silbato del árbitro, son hechos irreversibles y concluyentes. De nada valen los cuestionamientos y las airadas protestas de los hinchas. Solo con el paso de los años nos enteraremos que algunas victorias no fueron legales y justas, pero ya de nada sirve. Basta recordar la “mano de dios” de Maradona y el triunfo espurio de Maduro en las últimas elecciones, que hoy tiene gobernando a Delcy Rodríguez en Venezuela y a su equipo de cacócratas auspiciados por MAGA. Todo parece indicar que hoy el juego sucio y el crimen si pagan, pero habrá lugar a revanchas históricas y electorales, como la reciente derrota del iliberal Orban en Hungría, primera baja en el equipo de Trump.

Falta el VAR en la política

Claro que en el mundial con el VAR los recursos y reclamos son más oportunos y eficaces que aquellos legales con los que cuentan los candidatos durante el escrutinio y sus posteriores litigios ante las instancias electorales. Bien lo sabe María Corina Machado, que ni siquiera regalándole a Trump su medalla del nobel de Paz le sirvió de algo. Por el contrario, en el mundial el VAR actuará de inmediato y anulará el gol fuera de lugar, resolverá una falta o decidirá la pena máxima. De haber existido el VAR en el mundial de 1986, la “mano de dios” de Maradona contra Inglaterra no hubiese anotado ese gol celestial que eliminó a los ingleses. Así Argentina cobró revancha de su derrota militar en las Malvinas en 1982. Pero las diferencias entre el juego del poder de la política en las elecciones y de la copa mundial en los estadios son sustanciales. Aunque ambos certámenes comprometen y afectan la vida de todos, desde las alegrías hasta las desdichas y definen la mayor o menor autoestima nacional, solo la política pone en juego de manera masiva e irreversible la vida o muerte de miles y millones de personas. Es verdad que algunos resultados de partidos de fútbol cobran con frecuencia víctimas mortales entre fanáticos. Pero nunca alcanzan la innumerable mortandad de las guerras internacionales y de algunos conflictos armados internos como el nuestro, que desconocen todas las reglas para la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario. Hoy se impone en el campo internacional el juego sucio y sangriento de la guerra, cuyos resultados en ocasiones son más inciertos que los del fútbol. Lo estamos viendo en la brutal asimetría militar de Trump y Netanyahu contra la resistencia sostenida de Irán, Palestina y Beirut, que no se doblegan. De hecho, tanto Estados Unidos como Israel ya perdieron política y legalmente ante la comunidad internacional y la conciencia moral universal, así se impongan militarmente, pues esa victoria los condena a la ignominia histórica en los anaqueles de los totalitarismos nazi, fascista y estalinista.

La política, un juego letal

Ello se debe, me dirán, a que en el fútbol no está en juego el poder geopolítico, cuya esencia es disponer de nuestras vidas, con o sin nuestro consentimiento, desde la cuna hasta la tumba. Que es una frivolidad y ligereza inadmisible cualquier comparación con el fútbol, que nunca pone en riesgo la vida de sus jugadores, ya que es una disputa agonal y sus reglas protegen la integridad y vida de todos en la cancha y hasta fuera de ella. Además, si bien es cierto que la FIFA hace parte del orden internacional y está afectada por el juego sucio del dinero en sus instancias directivas, al menos garantiza el juego limpio en la cancha de fútbol. Todo lo contrario de lo que suelen hacer muchos Estados en sus disputas internacionales. Pero resulta que este mundial enfrenta precisamente ese como su mayor desafío. Para Trump las únicas reglas válidas son las letales que está utilizando en su guerra contra Irán y ya desprecia incluso las del campo de fútbol, la organización del mundial y la competencia supraestatal de la FIFA. Sus reglas preferidas son las impuestas por las amenazas, los aranceles, los bombardeos y sus colosales mentiras, que están a punto de anotarle un autogol en el terreno y arco de su amada MAGA. Así lo indica su naufragio bélico en el estrecho de Ormuz[iii] y la opinión cada vez mayor de estadounidenses contra esa guerra, cuyo costo están pagando con el precio de la gasolina al alza y el aumento de la inflación. Todo parece indicar que las sombras de la guerra se proyectan cada día más sobre los campos de fútbol del mundial.

¿Se jugará el mundial de fútbol?

Bajo el arbitrio criminal de gánsteres como Trump, Netanyahu y Putin, la política internacional se ha convertido en un juego mortal cuyas reglas decisorias las dicta el poder de fuego de sus misiles y el uso intensivo de la IA como táctica militar en manos de sicarios informáticos[iv]. Sicarios que no distinguen entre población civil y combatientes, de una parte, y objetivos militares y civiles de la otra. Un poder militar genocida que desconoce de tajo el Derecho Internacional Humanitario y ha convertido a la ONU en un anfiteatro donde se lee e invoca, con la voz meliflua de su Secretario General, tratados y resoluciones que ofician la ceremonia fúnebre e inhumación del actual orden internacional en los escombros de Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán y Ucrania. Y de ese orden y caos internacional hace parte la FIFA, también sometida a la férula belicista de Trump, pues ya incluso amenazó con no garantizar la seguridad de la selección de fútbol de Irán, como lo escribió en su Truth Social: “La selección de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad“. Con semejante bienvenida lo que pone en juego es el propio mundial, ya que como anfitrión no se compromete con la seguridad de uno de sus clasificados, Irán, cuya población hoy está siendo bombardeada e incluso amenazó con destruir en una noche. De allí la pertinencia de la pregunta sobre si se realizará con seguridad y normalidad el próximo mundial de fútbol. Sus estadios, canchas de fútbol, centros comerciales y lugares públicos de sus ciudades pueden convertirse en objetivos militares semejantes a lo que hacen el mismo Trump y Netanyahu en el Medio Oriente contra civiles, solo que en el mundial sería con armas propias de un terror anónimo, ubicuo y personal, no por menor menos letal. Ese terrorismo que Trump denomina doméstico, consecuencia de su terrorismo internacional.

Todos contra MAGA

Lo anterior puede parecer una exageración casi apocalíptica, pero no está muy lejana de una aspiración deportiva cercana a la animadversión mundial que acompañará a la selección de fútbol estadounidense en sus encuentros. Todos los seleccionados jugarán contra MAGA y buscarán su rápida eliminación, sin provocar una lesión mortal en la cancha contra algún jugador estadounidense. Sin producirse ni una baja grave por causa deportiva, si acaso alguna expulsión por juego sucio. No me cabe la menor duda que la selección de las barras y las estrellas solo contará con el apoyo de su afición local, excluyendo obviamente la de millones de migrantes que han sido humillados y menospreciados en campos y ciudades y no la acompañarán, pues MAGA les niega sus derechos para jugar en esa cancha xenófoba e imperial. Es probable, entonces, que asistamos a un acto de justicia futbolística mundial y MAGA sea eliminada en la primera ronda en su propia casa. Entre tanto, esperemos que en noviembre la mayoría de su ciudadanía cobre revancha y dejé en minoría en el Congreso el partido republicano y castigue con una merecida tarjeta amarilla a su presidente, Trump, ese jugador sucio, grotesco y totalmente desleal con las reglas del juego democrático.

Tarjetas rojas para Trump y Netanyahu

Un jugador gansteril que ya tiene tarjeta roja, junto a su cómplice Netanyahu, en el campo del Derecho Internacional y la conciencia de toda la humanidad por las innumerables víctimas mortales de su criminalidad compartida, consecuencia de una codicia imperial sin límite, un fanatismo religioso genocida y una fanfarronería y falsedad que todos los días exhiben ambos en sus jugadas letales. Para muchos, ese desenlace solo sucede en películas dirigidas por Martin Scorsese[v] y está muy lejano del Hollywood imperial, donde casi siempre ganan los buenos del norte con sus legiones de sheriffs inmortales y héroes impunes en nombre del “bien, la libertad y la democracia de America First”. Esa MAGA triunfal que combate a muerte los bárbaros orientales y ahora con su “Escudo de las Américas” defenderá a sus indefensos hijos de las hordas invasoras de migrantes del sur y sus supuestas capilares redes delincuenciales. Pero estoy seguro que ese libreto no será el del mundial y la final se disputará entre una selección del Sur global contra otra de la Europa latina, la cual contará en sus filas con más de un jugador hijo de migrantes africanos, como las selecciones de España y Francia. Siempre y cuando lo permitan el delirio nuclear de Trump azuzado por la criminalidad de Netanyahu y los desvaríos de sionistas cristianos como Pete Hegseth con la legión de fanáticos que los respaldan en su patio e internacionalmente.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-12/abelardo-de-la-espriella-capitaliza-su-discurso-como-ateo-arrepentido-para-conquistar-el-voto-evangelico.html

[ii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[iii] https://elpais.com/internacional/2026-04-13/ultima-hora-de-la-guerra-de-estados-unidos-e-israel-contra-iran-en-directo.html

[iv] https://elpais.com/tecnologia/2026-04-13/destacamento-201-la-unidad-del-ejercito-de-ee-uu-dirigida-por-ejecutivos-tecnologicos.html

[v] https://www.imdb.com/es-es/list/ls566600255/

“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”. 

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin

Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Si Uribe es el papá de Paloma, ¿Quién gobernaría en caso tal? Por ahora, Álvaro Uribe encabeza el comité político de la candidata, aunque no sepamos lo que eso signifique.

¿A ustedes no les preocupa la falta de carácter de la candidata Valencia?

Hay quienes piensan, yo entre ellos, que ahora que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son fórmula para llegar a la Presidencia, ambos estarán sometidos a la voluntad del mismo amo: Álvaro Uribe Vélez.

Sócrates, el pensador griego, sabía que la mayor virtud del ser humano no eran ni el dinero, ni la belleza, pero sí el carácter, ese rasgo de la personalidad que se tiene o no se tiene. Y si no se tiene, decía el filósofo, podemos forjarlo. La voluntad propia: pensar y actuar por nosotros, sin esperar que una voluntad ajena nos gobierne, como quien tiene un control remoto que prende o apaga a su antojo.

El carácter de Paloma Valencia se percibe débil o, quizás, impostado. Varias veces le hemos visto arengando a todo pulmón en tarima, alzando la voz para no parecer dócil, queriendo posar de montañera, en el término paisa de la expresión, para parecerse a su jefe inmediato, el expresidente Álvaro Uribe. No son ganas de fregar mías, ahí están los videos.

Pero Paloma no tiene sangre arriera. Nació en cuna de oro en Popayán, arropada por los apellidos de la élite, Valencia y Laserna, y pronto se crio en Bogotá, bajo la tutela de su abuelo materno, Mario Laserna, fundador de la Universidad de Los Andes.

Tengo amigos caucanos, la mayoría son periodistas. A uno le pregunté qué tan caucana es en realidad Paloma Valencia, después de ver otro video donde la candidata habla de caucanidad.

“Ella no conoce el parque Caldas, a pesar de que la Casa Valencia queda a una cuadra”, me dijo uno de ellos.

“Lo interesante de esa casa –me respondió otro colega, vía WhatsApp- es que Álvaro Pío Valencia Muñoz, tío abuelo de Paloma, el más destacado intelectual de la familia, fue un abogado, pensador, escritor, conferencista, académico, historiador, educador y político, considerado el precursor del pensamiento marxista en Colombia. Fue rector de la Universidad Santiago de Cali y de la Autónoma de Occidente”.

Indagando, encontré que este intelectual fue un fervoroso militante del Partido Comunista y luego de la Unión Patriótica durante los años 80. Parte de las tierras que recibió como herencia, las donó a los indígenas caucanos.

Paloma Valencia al ser educada en Bogotá, no tiene la culpa de esa falta de sensibilidad con la gente indígena, negra y campesina de su tierra, porque ella ciertamente pertenece al bando contrario, al del privilegio; creo que se le hizo tarde para asumir falsamente las banderas de la caucanidad.

En este trino, la socióloga y escritora Olga González expuso el carácter racista de su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia.

La senadora tuvo tres periodos en el Congreso para hacer gestión en favor del Cauca, ¿y lo hizo? Molesta con los indígenas, por los paros y mingas que promueven para reclamar sus derechos, ella propuso partir al Cauca en dos, como queriendo convertir a las comunidades ancestrales en un gueto. Creo que es una mirada clasista, incluso xenófoba, de la realidad, pero insisto: pueden ser las consecuencias de criarse en la metrópoli bogotana.   

Volviendo al asunto del carácter, está ese otro video donde Uribe la mandó a regañar en plena tarima por distraerse chateando; ella, obediente como es con él, hace caso, luego de que una influenciadora le transmite la molestia del expresidente. Todo ocurrió el mismo día en que Uribe ordenaba que hicieran llorar en las redes sociales a la activista de izquierda María José Gómez.  

Esa escena nos devuelve dos siglos en el tiempo cuando las mujeres no podían cruzar la raya marcada por los hombres. La literatura decimonónica muestra ese universo en el que se arreglaban matrimonios para intercambiar la dote por el sometimiento de ellas. En política ese tipo de matrimonio disfuncional existe y funciona bajo las mismas lógicas. Si Paloma Valencia gana la presidencia, es probable que Uribe gobierne en cuerpazo ajeno, y no necesariamente desde la Casa de Nariño; quizás se sienta más cómodo dando órdenes a distancia desde cualquiera de sus haciendas.  

El problema de Paloma Valencia es su inocultable fanatismo uribista. Lo que trasluce un rasgo débil de su personalidad.

En campaña Uribe ya ha dicho: “No cometan el error de atacarla por mis errores”.

A Paloma no la atacan por los errores de Uribe. Uribe tiene que pagar los suyos si la justicia así lo determina. El error de Paloma es mantenerse fiel al hombre que gobernó dos veces a Colombia, la segunda de ellas volteando un articulito de la Constitución, no olvidemos.

Las frases que ha venido repitiendo la delatan: “Uribe es mi papá” o “Yo no me voy a separar de Uribe, me voy a morir uribista”.

Ahora entiendo porque la senadora María Fernanda Cabal y el uribismo partieron cobijas. Cabal ha enfrentado en más de una ocasión a Uribe y, que yo sepa, no hay evidencia de ningún comportamiento que la convierta en apéndice de él. Aunque no es santa de mi devoción, a la Cabal autoritaria hay que reconocerla que, frentera como es, le sobra el temple qué la falta a la mansa Paloma.

¿Hay un costo político de la sumisión? Yo creo que sí, especialmente en esta era de redes sociales en que todo lo que un político diga no solo se usa en su contra sino que se repite las veces que sea necesario para ridiculizarlo. La expresión “Uribe es mi papá” desnuda una actitud infantil de dependencia, que nada tiene que ver con el respeto entre pares. La mujer que aspire a ser presidenta de una nación debe demostrar autosuficiencia a lo largo de su vida pública, un modelo a seguir, en vez de usar un modelo prestado, menos si ese modelo representa al patriarcado.

Daría mayor confianza una mujer con sentido de la autonomía, porque gobernar una nación de 50 millones de personas implica en primer término autoridad. Y creo que la autoridad y el carácter se forjan como hermanitos a lo largo de la vida. El presidente de la República debe tener el control, no ser controlado; ustedes entienden de lo que hablo.   

Una mujer sin carácter se convierte en una criatura fácilmente gobernable, manipulable, maleable. Si Paloma Valencia gana la presidencia, el dicho podría ser al revés: detrás de toda mujer, hay un hombre que manda. Se llama Álvaro Uribe y de sobra hemos conocido y padecido su carácter belicoso.

Un país que empieza a civilizarse, apenas diez años después de la firma del Acuerdo de paz, no puede darse el lujo de abrir esa compuerta que nos arroje de bruces al pasado. Colombia no puede quedar expuesta otra vez a los caprichos de un hombrecito de 1,65 metros de estatura, ya en su ocaso político. Si queremos abrazar el futuro con esperanza, no hay de otra que darle una patada al pasado antes de que el pasado nos alcance.   

Continuando con el análisis de las duplas presidenciales, la de Iván Cepeda y Aída Quilcué, sin duda se inscribe en el horizonte histórico de la distinción Gaitanista entre el llamado “País político” y el “País Nacional”, que describió así el líder popular en un discurso pronunciado el 20 de abril de 1946 en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desentendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. El próximo mes se cumplirán 80 años de haber formulado Gaitán esa dramática distinción, que advertía no era exclusiva de Colombia, “según lo demuestran las leyes de la sociología”, pero en la que todavía todos continuamos viviendo pues ese divorcio y antagonismo parece insuperable. En él está el origen y epicentro real de la narrativa actual sobre la polarización de la campaña electoral en curso. En tanto una nación no logre reconocer y reconciliar las demandas y conflictos inherentes a la vida social a través de la representación y mediación de la vida política institucional y de la acción justa del Estado, siempre existirá esa tensión y polarización inevitable. Tal situación no se puede superar solo con buena voluntad y discursos más o menos convincentes sobre la necesidad de un supuesto “centro político” que la haría desaparecer, como es la obsesión y principal bandera de más de una dupla presidencial, que busca el respaldo de las mayorías en las urnas el próximo 31 de mayo.

Más allá del “centro político”

Según dichas duplas, profundizar esa polarización entre la derecha del “país político” y la izquierda del “país nacional”, nos arrastraría todavía más al abismo insondable del odio y las justificaciones maniqueas de una “violencia buena” –la institucional— contra una “violencia mala” –la social. La de los “ciudadanos de bien” contra el vandalismo de la “chusma” y la “primera línea”, que esperan agazapadas un pretexto para un nuevo “estallido social”. En el imaginario ciudadano más estigmatizador y primario, la derecha democrática contra la izquierda comunista, según la semántica sectaria de Uribe y Gaviria, los llamados jefes naturales de los partidos políticos. En el lenguaje de las cloacas de las redes sociales, los “patriotas” contra los “mamertos”. De allí que las demás duplas, exceptuando la de Abelardo y Restrepo, se disputen con tanto ahínco ese “centro político” moderado, ajeno a tan simplista y peligrosa manipulación. Para empezar, tenemos a Sergio Fajardo, como “buen profesor de lógica matemática”, con su rostro casi suplicante y compungido, diciéndonos: “no se dejen polarizar”, acompañado por Edna Bonilla. Ambos representan bien el valor de la educación y postulan la decencia y la deliberación argumentada, no el insulto personal, como expresión de su estilo político y gestión de lo público. Continuando con Claudia López y Leonardo Huerta, expresión de carácter y coherencia en su actuación pública contra la criminalidad narco-parapolítica tan afín a Uribe y contra la corrupción administrativa propia del “país político”, que siempre cuenta con el patrocinio de esforzados y transparentes empresarios favorecidos por la contratación pública. Sin duda, estas dos duplas son las más centristas, frente a las otras siete[i] conformadas por  Luis Gilberto Murillo – Luz Zapata; Miguel Uribe – Luisa Fernanda Villegas; Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre; Clara López – María Consuelo del Río; Roy Barreras – Marta Lucía Zamora; Santiago Botero – Carlos Cuevas y Sondra MaCollins – Leonardo Karamque. Todas ellas compiten, unas con cierta credibilidad y otras con casi nada, por representar a millones de colombianos de ese  “país nacional” que repudian la corruptela clientelista y patrimonialista, quintaesencia del “país político”. Solo nos queda la dupla de Abelardo y José Manuel Restrepo, con su intimidante tigre y patético saludo militar, que reclama el discurso del orden, la seguridad y la supuesta “salvación de la Patria”. Ambos saben bien que más allá de la derecha solo tienen amigos y con entusiasmo respaldarían en segunda vuelta a Paloma. Ese alarmismo electoral oportunista se aprovecha del insondable “agujero negro” abierto entre el “país nacional” y el “país político”, que ninguna de las fórmulas presidenciales, por sí sola, podrá cerrar y menos suturar, pues es una herida histórica con secuelas profundas de sectarismo político, exclusión económica, social, étnica, cultural y regional, muy bien expuestas en la nominal Constitución de 1991. Una democrática y progresista Constitución que no rige en la vida social y mucho menos regula los poderes de facto, más allá de las sesudas jurisprudencias de los magistrados de la Corte Constitucional, frecuentemente desconocidas, como aconteció con la imploración del cese el fuego del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, el nefasto 6 de noviembre de 1985.

Metástasis del “Agujero Negro”

El “agujero negro” entre esos dos países amenaza con perpetuar esa herida abierta que nos desangra y enemista desde hace más de 80 años, ahora agravada por la metástasis cancerosa de las economías ilícitas y sus numerosas y violentas organizaciones criminales, algunas bajo la coartada de la rebelión y otras en coalición con el “país político” y sus voceros más conspicuos, catapultados al Congreso. En el pasado reciente, bajo la exitosa fórmula de la “parapolítica”, con una representación cercana del 35% en el Congreso, según Salvatore Mancuso, entonces gran elector en los territorios bajo su control que a la postre promovieron y respaldaron a Uribe en la Presidencia, por eso les pedía que votaran sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel. Una herida que, desde luego, se profundizaría mucho más si Abelardo apelará al bisturí militar y ni imaginar si la dejará en las garras depredadoras de su tigre. Una herida que, de alguna forma, hoy vuelve a estar en primer plano en las duplas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, especialmente en las figuras de Aida Quilcué y Paloma Valencia. La primera, una lideresa indígena, heredera del legado y las luchas sociales comandadas por Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967)[ii], de quien se considera su “nieta política”, al igual que Paloma, “hija política” de Álvaro Uribe.

Manuel Quintín Lame, en una olvidada e histórica proclama de 1927, llamaba a los pueblos indígenas, sustrato originario del “país nacional”, a decirle adiós a los partidos conservador y liberal en los siguientes términos: “Esos dos partidos, liberal y conservador, han sido los que han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y de cultivo de los indígenas naturales de Colombia…Para nosotros los indígenas, tengamos delito o no lo tengamos, están las cárceles abiertas…Queridos hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de eso dos viejos partidos, pero sin darles la mano, sin decirles adiós…Por lo tanto es nulo y de valor ninguno los repartos de tierras indígenas que han hecho en todos los departamentos”.

La Paloma “Arco Iris”

Y por el Centro Democrático tenemos a Paloma Valencia Laserna[iii], ahora candidata policroma de centro-derecha, en compañía del “distinto” Oviedo, así se autodenomina él mismo. Paloma es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y por vía materna, también de Mario Laserna Pinzón, filósofo, catedrático y fundador de la Universidad de los Andes. Sin duda, ambas lideresas tienen un acendrado abolengo con el “país nacional” y el “país político”, respectivamente. Para mayor simbolismo y relación de ellas con esa herida abierta entre los dos países, hay que recordar el protagonismo y la responsabilidad histórica de su abuelo y expresidente, Guillermo León Valencia, con la “operación Soberanía”[iv] que bombardeó a la “república independiente de Marquetalia”, llamada así por su copartidario conservador Álvaro Gómez Hurtado, y que precipitó el mito fundacional de las Farc en mayo de 1964, en ese entonces solo una autodefensa campesina bajo el influjo de los partidos comunista y liberal.

El pasado presente

El resto, hasta hoy, es historia por todos conocida, pero no necesariamente aprendida, pues el Pacto Histórico también está infiltrado por las prácticas clientelistas y corruptas del “país político”, como lo hemos visto con numerosos escándalos, siendo el de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres[v] el más conocido. Justamente en las elecciones del próximo 31 de mayo vuelve a presentarse ese pulso entre esos dos países irreconciliables, con la diferencia de que en las elecciones para Congreso del pasado 8 de marzo el “país nacional” con el Pacto Histórico obtuvo como lista  cerrada el mayor número de curules en el Senado, 25, pero de nuevo quedó en minoría frente al “país político”, si sumamos a las 17 curules del Centro Democrático las restantes obtenidas por los partidos liberal, conservador y demás microempresas electorales con sus numerosos testaferros de conglomerados empresariales y financieros, quienes ya tienen su credencial de senadores. Así las cosas, las fórmulas presidenciales del Pacto Histórico y del Centro Democrático son mucho más que una cuestión electoral, pues representan nada menos que el máximo desafió político para una nación, como es superar ese abismo existente entre una esfera política y estatal incapaz de representar los intereses de las mayorías sociales, sin cuya materialización y fusión no será posible la existencia de un auténtico Estado Social de derecho y mucho menos la plena vigencia de la Constitución del 91 y la convivencia democrática con el logro de la paz política. Tal desafío es lo que se definirá el próximo 31 de mayo o el 21 de junio, en segunda vuelta y en pleno mundial de fútbol. Y si ese desafío se asume como un partido eliminatorio del mundial y un juego de suma cero, donde el triunfador desconoce los derechos del vencido y cobrará revancha histórica implacable sobre su contrincante, entonces la gran perdedora será otra vez la democracia, ya sea bajo el nombre y con la camiseta del “País Político” o el “País Nacional”. Solo nos quedaría la esperanza de que la selección Colombia triunfe sobre Portugal en su partido del 27 de junio. Sin duda, ambos resultados son tan vitales como inciertos y nuestra influencia sobre ellos es semejante y muy limitada, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por el fanatismo del triunfalismo y el sectarismo partidista, pues en ese caso todos saldríamos perdiendo y muchos correrían el riesgo de ser expulsados del juego político y hasta ser físicamente eliminados.

[i] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2026/candidatos-presidenciales-asi-quedo-el-tarjeton-de-la-primera-vuelta-y-estas-son-las-formulas-noticias-hoy/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Quint%C3%ADn_Lame#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Valencia

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/operacion-soberania

[v] https://www.infobae.com/colombia/2026/03/19/estos-son-los-funcionarios-y-politicos-que-estan-detenidos-por-el-escandalo-de-la-ungrd-se-suman-karen-manrique-y-wadith-manzur/

Pregunta incómoda: ¿Quién cambió de equipo: Oviedo o Uribe?

Confieso que tenía dudas sobre cómo titularía esta columna. Mi país en rosa fue la primera idea que cruzó por mi cabeza, acordándome de la película Mi vida en rosa.

Siguiendo con ideas cinéfilas, luego pensé en El secreto de la montaña… de El Ubérrimo. Busqué el logo del Centro Democrático y se me ocurrió una ligera modificación al eslogan siguiendo la mamadera de gallo nacional que surgió tras la nominación de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia de la República por el partido (partido político, quiero decir), de Álvaro Uribe. El nuevo slogan podría ser: Mano floja, corazón grande.

Mientras hacía estos ejercicios creativos, llegó la noticia de que Oviedo fue ovacionado al grito de “vice” durante el concierto de Miguel Bosé en Bogotá, según algunos titulares de prensa.

Cautivo del uribismo, imaginé a Oviedo, dedicándole una de las canciones del español al doctor Uribe. Esa que dice “Seré tu amante bandido, bandido”, mientras algunos le gritan a Oviedo “vendido, vendido” en redes sociales. Pero la parte que más me gusta es esa que dice: “Yo seré un hombre por ti / Renunciaré a ser lo que fui”. (Aclaremos dos cosas: en Colombia el término bandido puede tener connotaciones menos románticas y Juan Daniel Oviedo no renunció al centro, porque siempre fue un funcionario al servicio del uribismo, como lo cuenta Daniel Coronell en la columna “Uribe con piel de Oviedo”).

El hecho es que el doctor Uribe salió del clóset ideológico al aceptar que un hombre abiertamente homosexual sea compañero de fórmula de su protegida la senadora Paloma Valencia. Para decirlo en tono jocoso, el tal rayo homosexualizador, que por supuesto no existe, ha tocado el corazoncito del uribismo. Ahora falta ver si los electores uribistas están o no seducidos por esta ola rosa que, para bien y para mal, domina por estos días la conversación pública.

Porque en su forma de ser, Colombia sigue siendo el país de las tres C: conservador, católico y camandulero, que en lenguaje simple significa: solapado, morrongo y doblemoralista. En las urnas veremos si ese país todavía late.  

Veremos qué regiones le ponen más votos a la fórmula Valencia-Oviedo, lo que será un buen indicador para determinar qué tan de mente liberal (o demente homofóbica), somos en este primer cuarto del siglo veintiuno.  

En 2020, el país vio cómo en Antioquia un hombre intolerante atacó a puñaladas la bandera de la comunidad gay. Para variar, el hombre resultó ser uribista, como quedó claro en esta nota de Noticias Uno. Cinco años después, también en Medellín nos aterró la muerte salvaje de Sara Millerey, víctima de la transfobia. Fue un transfeminicidio: Le quebraron sus extremidades y la arrojaron como animal a un riachuelo, y allí murió pidiendo clemencia en aguas putrefactas.

Cuando se les niegan derechos a las personas diversas, cuando se les despoja de humanidad por su orientación sexual, se les expone a la brutalidad de una sociedad (suciedad) intolerante que decide lo que es bueno y lo que es malo para los demás.

Paloma Valencia ha dicho: “…seguiré defendiendo la familia, que es un núcleo central en mi discurso, porque las familias fuertes son una Colombia fuerte. Y quiero ser muy clara en decir que nosotros creemos en la libertad de la familia en inculcar los valores de sus hijos, en defender su educación, y el Estado no tiene por qué adoctrinarlos ni ideológica ni políticamente”.

En estas palabras quedó retratado el oportunismo de la candidata y su partido, porque mientras defiende lo que llama familia tradicional, hombre y mujer –no hombre con hombre, ni mujer con mujer-, arropan en sus filas a un hombre que se declara orgullosamente marica, pero al mismo tiempo le escupen en su propia cara uno de los postulados del uribismo: los gays y las lesbianas no tienen derecho a formar una familia.

Me atrevo a usar este lenguaje, porque el mismo Oviedo se siente cómodo hablando de él en primera persona: “Siendo marica, yo no vengo a mariquear el Centro Democrático ni el país”, recoge el diario La Opinión. “No me volví un marica uribista”, recoge Infobae.

Valencia es tajante: “Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay”, a pesar de que este derecho, el de la adopción homoparental, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico desde 2015. Sería interesante saber qué piensa el novio del candidato al respecto.

La semana posterior a elecciones, la prensa se llenó de titulares e imágenes sobre la pareja de Juan Daniel Oviedo. Desde el muy serio diario El Tiempo hasta el portal Las 2 Orillas, se preguntaban quién es Sebastián Reyes, el joven diseñador de modas que conquistó el corazón del político.

En una sociedad homofóbica, que lo somos, Oviedo no debería hacer alarde de su vida privada ni exponer al muchacho como lo hace. Creo que confunde las cosas y deja una impresión distinta a la que quiso proyectar cuando ganó el voto de opinión. Porque bueno es culantro pero no tanto.

Creo que esto se saldrá de control si no aterriza en la realidad del país en el que vive, donde la sola mención del término ideología de género causa urticaria. Pero dejemos claro que esa es otra narrativa inventada de forma hábil por la derecha colombiana desde el plebiscito de 2016 para violentar el acuerdo de paz, poniendo a los niños en el centro de los debates políticos con el fin de asustar a los papás. Hablemos mejor de justicia de género y que eso nos lleve a un debate más amplio sobre las libertades individuales 

Colombia está lejos de ser esa nación liberal que permita a cada quien hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo y su sexualidad. Mucho hemos avanzado, pero cada nuevo gobierno de derecha y cada nuevo Congreso con mayorías de derecha significan una estocada a los derechos de las personas con identidad de género diversas, un tiquete al pasado.

En cuestiones normativas Colombia es ejemplo ante el mundo. “Han sido más de 120 sentencias de la Corte Constitucional con avances jurisprudenciales históricos en unión marital, adopción, cambio de nombre o reconocimiento de parejas del mismo sexo”, me explica el abogado Germán Rincón Perfetti.

Sin embargo, el Congreso actual se desentendió de la Ley integral trans y la ley que prohíbe las mal llamadas terapias/prácticas de conversión, que en realidad son métodos de tortura contra personas diversas. “Esos proyectos de ley no han avanzado principalmente por culpa de las bancadas cristianas, conservadoras y del Centro Democrático”, me resume vía WhatsApp Viviana Vargas Vives, abogada defensora de derechos humanos, lesbiana, activista y sobreviviente de violencia sexual. (Pronto leerán una entrevista completa con ella en este blog).

“Es muy probable que se hundan –añade la activista-. La de terapia de conversión que es la más urgente se ha presentado tres veces, y siempre esas bancadas la hunden”. Valga decir que la senadora Paloma Valencia ha votado negativamente esta iniciativa todas las veces.

Preguntas incómodas

De ganar Paloma Valencia las presidenciales, con Oviedo a bordo, ¿eso por sí solo garantizará nuevos avances para la comunidad LGBTIQ+? Nadie lo sabe, porque la historia demuestra el poco, por decir nulo, poder que tienen los vicepresidentes en Colombia. Lo único cierto por ahora es que esos millón doscientos cincuenta y cinco mil votos de Oviedo en la consulta del 8 de marzo funcionaron como terapia de conversión proselitista de los uribistas, que durante dos décadas le han negado derechos a unas minorías, que en cuestión de votos son bastantes.

Si Paloma y Oviedo no honran su palabra, podría sobrevenir el primer estallido social rosa de la historia.

No sabemos qué piensa, de puertas para adentro, sobre Oviedo, una persona como Uribe. Él, que ha proyectado la imagen del machoman de la política, aquel hombre montañero de carriel y machete al cinto.

Nadie se llame a engaños. Al ungir a Oviedo, Uribe salió del closet en asuntos ideológicos apenas de labios para afuera. Porque loro viejo no aprende a hablar, ni siquiera con el caudal electoral que, se supone, le transferirá el exdirector del DANE a Paloma Valencia en las elecciones del 31 de mayo.

Pero veamos lo positivo. El que un homosexual sea candidato a vicepresidente habla de cierta apertura mental.  Por esos mismos días, el columnista Felipe Zuleta Llera, salió en defensa de Abelardo de la Espriella por acusaciones de presunta homofobia contra Oviedo. “Cómo va a ser homofóbico Abelardo, si yo, que soy gay, he estado en su casa, he comido con sus padres, he estado con Ana Luz, su maravillosa esposa y sus hijos. Lo he visitado en muchísimas oportunidades con mi pareja”.

Si gana Paloma, veremos si la bandera arco iris es izada a la entrada de la Casa de Nariño, veremos si Uribe y Oviedo van juntos a la Marcha del Día del Orgullo y, lo más importante, veremos si por fin los 17 senadores del Centro Democráticos respaldarán las leyes en favor de la comunidad. Los debates deberían servir para saber si, por ejemplo, el uribismo se comprometerá en campaña a desempantanar las iniciativas arriba mencionadas.

Si esta unión queda en palabras, palabras, palabras, como la canción, que se tengan de atrás, porque podría sobrevenir el primer estallido social rosa en las calles de Colombia para obligarlos a honrar cualquier promesa, de modo que la inclusión de Oviedo como fórmula no sea un asunto meramente cosmético y transaccional. 

Teniendo en cuenta que Álvaro Uribe tendrá un papel activo en el comité político de Paloma Valencia, tengo un consejo para el doctor Oviedo: sea obediente y cuide lo que diga, no sea que un día de estos reciba una llamada de un expresidente emberracado: “Si lo veo, le doy en la cara, no heterosexual”.

“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El límite de nuestros logros se encuentra en la magnitud de nuestros sueños, en la determinación y disciplina que imprimamos a su propósito, y en la voluntad —nunca enteramente casual— del destino. En la memoria documentada, en los registros históricos olvidados descubrimos que la identidad nacional o regional pudo haber sido distinta. Hubo momentos en los que otros rumbos estuvieron al alcance de la mano.

Tal es el caso de un vasto sueño de impacto internacional en el que intervinieron potencias globales, desde la colonia hasta los albores del nuevo orden mundial. Su escenario fue un territorio que entonces nos pertenecía y que hoy forma parte de nuestra vecina Panamá y de las inhóspitas selvas chocoanas y antioqueñas. Allí, hace más de doscientos sesenta años, comenzaron a gestarse proyectos destinados a crear un sistema intermodal de comunicación que uniera dos océanos y situara aquel enclave en el centro del mundo moderno. Tras más de un siglo de intentos fallidos, aquel anhelo culminaría con la apertura del Canal de Panamá, la separación de la República de Panamá y el vertiginoso crecimiento de esa nación a lo largo del siglo XX.

Menos conocidos —y casi borrados por la hostilidad del olvido— fueron otros proyectos concebidos con la firme determinación de transformar culturas y regiones mediante colonizaciones planificadas e implantaciones de ciudades enteras, integradas al mundo por sistemas de comunicación innovadores. Tres de ellos sobreviven en los registros cartográficos de la Mapoteca del Archivo General de la Nación. Al contemplarlos, resulta inevitable preguntarse cómo habrían alterado nuestra identidad regional. Se trata de Nueva Caledonia, la colonia escocesa en América; Atrato, la ciudad radial mundial; y el proyecto del ferrocarril de Panamá.

En la amalgama de posibilidades que ofrecían, estos planes buscaban erigir al menos dos enigmáticas metrópolis americanas conectadas de primera línea con el mundo. Nueva Caledonia habría surgido al occidente del golfo del Darién, en la costa caribeña, un poco más allá del proyectado canal interoceánico. Desde el mar se habrían divisado grandes edificaciones comerciales integradas a fortificaciones coloniales a lo largo del golfo, coronadas por un faro en la Punta de Escocia. Tras pasar la Isla de Oro e ingresar por el canal de Putrigandí, aparecería una ciudad majestuosa: calles impregnadas de prácticas traídas desde la abadía de Iona, el gaélico como lengua predominante y la incorporación del caldo escocés y el haggis a las cenas ceremoniales.

La existencia de Nueva Caledonia está testimoniada en mapas conservados en la Mapoteca Cuarta del Archivo General de la Nación, donde se dibujan con precisión la geografía y las profundidades de sus canales de acceso. Cinco naves —San Andrés, Caledonia, Unicornio, Delfín y Esfuerzo— partieron del puerto de Leith, en Edimburgo, el 14 de julio de 1698, llevando a bordo mil doscientas almas decididas a fundar un enclave que asegurara la preservación de su cultura y su naciente capitalismo mercantil. El proyecto fue ideado por el banquero visionario William Paterson, quien logró que el Parlamento escocés aprobara cerca de seiscientas mil libras esterlinas para financiar la Company of Scotland Trading to Africa and the Indies. Él describía aquel lugar como “la puerta de los mares y la llave del universo”.

La fundación comenzó en noviembre de 1698, con la apertura de canales y la organización del territorio. Pronto, sin embargo, surgieron tensiones con los pueblos originarios, que no estaban dispuestos a ceder sus tierras mediante intercambios desproporcionados. A ello se sumaron las enfermedades tropicales, un huracán devastador y el aislamiento político. Inglaterra negó ayuda para no comprometer sus relaciones con España, que reclamaba la soberanía del territorio. La naturaleza, más que la guerra, selló el destino del asentamiento. En menos de un año, diezmada la población y reducida a menos del diez por ciento de su fuerza inicial, los sobrevivientes abandonaron el lugar. Solo una nave regresó a Escocia. El fracaso sumió al país en una profunda depresión económica y política que desembocaría, en 1707, en el Acta de Unión con Inglaterra.

Siglo y medio después, otro sueño tomó forma: la ciudad de Darién, diseñada en 1853 como una metrópolis moderna en medio de la selva. Inspirada en los modelos urbanísticos franceses, concebía una estructura concéntrica y radial que garantizara autosuficiencia, fluidez de transporte y organización armónica del espacio. En el centro, la plaza principal; alrededor, distritos oficiales, comerciales e institucionales; y en la periferia, zonas residenciales.

Athanase Aireau plasmó esta visión en una lámina conservada en la Mapoteca Sexta del Archivo General de la Nación, dedicada al presidente Mariano Ospina Rodríguez. La ciudad habría contado con ocho distritos —Cundinamarca, Panamá, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Cauca, Boyacá y Santander— organizados en barrios de cincuenta manzanas cada uno, hasta alcanzar una población proyectada de dos millones de habitantes hacia 1900. Amplios bulevares arbolados conectarían glorietas y parques centrales coronados por iglesias. El gran Boulevard de los Soberanos uniría los distritos residenciales con el círculo mundial de negocios, compuesto por cuarenta y ocho manzanas destinadas al comercio internacional.

En su núcleo se erigiría el Centro Económico y Social Mundial, comparable —con visión anticipada— al distrito financiero de Manhattan. Allí tendría sede la Bolsa del Darién, destinada a convertirse en el mayor mercado de valores del mundo, beneficiada por la posición estratégica del canal interoceánico que atravesaría la ciudad.

La inspiración parisina era evidente: desde 1863, el plan del barón Haussmann había transformado París en una ciudad de amplios bulevares y ejes radiales. Pero Darién aspiraba a ir más allá: incrustada en la cordillera centroamericana, visible desde el Pacífico como una estrella luminosa, atravesada por canales navegables y rodeada de granjas autosuficientes alineadas a lo largo del istmo.

Treinta y tres zonas agrícolas —vainilla, arroz, cacao, café, viñedos, caña, añil y frutales tropicales— abastecerían a la ciudad. Cada granja tendría planta octogonal con iglesia central dedicada a Nuestra Señora de Francia y población entre mil quinientos y diez mil habitantes. Era un modelo integral de producción, comercio y vida urbana.

Sin embargo, la inestabilidad política de la Confederación Granadina y las luchas entre liberales y conservadores relegaron el proyecto. Mariano Ospina concentró sus esfuerzos en la Constitución federal y en la defensa de los derechos sobre el ferrocarril de Panamá, considerado entonces el emprendimiento más ambicioso del país. El sueño urbano quedó archivado.

Al final, lo que permanece es la memoria de una creatividad extraordinaria y de planes estratégicos que se desvanecieron como prófugos. Ciudades que pudieron existir y no fueron; identidades que pudieron forjarse y quedaron en potencia. Nos queda la documentación, el testimonio cartográfico y una reflexión inevitable: los sueños no mueren por falta de grandeza, sino por ausencia de unidad, voluntad y continuidad histórica.

Sabemos que las obras humanas son efímeras como la tierra misma; pero también que, cuando se cultivan con identidad y propósito común, pueden acercarnos a una forma más alta de realización colectiva.