“El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión”: Nathalia Barón, economista colombiana.

“El dinero sin un propósito se convierte en avaricia”, dice Nathalia Barón, una economista colombiana especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Desde el coaching, se dedica a transformar la mentalidad y el comportamiento financiero de las personas. Está convencida de que existen las herramientas para romper lo que ella llama “patrones de escasez, culpa o miedo económico”.

De acuerdo con la experta, existen cuatro tipos de personas según su comportamiento frente al dinero: Los gastadores (compran sin límite, en su mayoría cosas que no necesitan). Los ahorradores (guardan el dinero motivados por el miedo a perderlo y esto los aleja del disfrute del mismo). Los indiferentes (dejan el manejo del dinero en manos de terceros, lo cual los hace vulnerables a decisiones ajenas que no siempre son las correctas). Y los temerosos (asocian el dinero con algo malo).

Bajo su propia marca, Dinero Consciente, esta bogotana creó una metodología que integra economía conductual, neurofinanzas y PNL aplicada. “Utilizamos técnicas de PNL, modelos de coaching y principios de neuroeconomía para reentrenar la mente en la toma de decisiones financieras conscientes”, afirma.

Según ella, es posible construir una cultura económica saludable “donde el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta de bienestar y libertad”.

¿Qué significa el término “dinero consciente”?

Significa comprender que el dinero es una consecuencia, no una causa. Refleja nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestros hábitos. El 70% de las decisiones económicas son emocionales; por eso, sin inteligencia emocional no existe inteligencia financiera. Y a un cambio emocional lo precede un cambio mental, entonces allí comienza todo.

En la práctica, ¿Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos en torno al dinero?

La ciencia ha demostrado cómo funciona el cerebro y cómo influye nuestro lenguaje en el proceso de programación mental. Alguien que hackea su mente con un nuevo sistema de creencias sobre el dinero y la prosperidad con certeza puede esperar un resultado diferente en su realidad económica personal. Por ejemplo: “el dinero fluye a mí”, “soy muy bueno manejando mi dinero”, “el dinero siempre me alcanza”, “el dinero se multiplica en mis manos”, etcétera. Son algunos ejemplos de una programación para la prosperidad. 

¿Usted cree en el concepto de igualdad social?

Creo en la igualdad de oportunidades mentales y estructurales. La verdadera equidad no se logra solo con redistribución económica, sino con educación de calidad y transformación estructural del sistema de creencias. Sin un cambio mental, cualquier ayuda externa se diluye en el tiempo y se vuelve una interferencia para quien la recibe.

¿Qué opina de la frase “Los pobres son pobres porque quieren”?

Es una afirmación falsa y simplista. La pobreza no es una elección consciente; es una consecuencia de carencias estructurales y emocionales, motivadas por el sistema y por la historia familiar.

En nuestras mediciones, el 78% de las personas que pasan por procesos de reeducación financiera y mental reportan mejoras sostenidas en ingresos y hábitos económicos en los primeros seis meses.
La pobreza no se combate con subsidios, sino con herramientas que le devuelvan a la persona su autonomía a la hora de crear dinero y le enseñen a manejarlo de manera consciente.

¿Generar riqueza o redistribuir la que ya existe?

Ambas son necesarias, pero ninguna funciona sin educación económica y bienestar emocional. Generar sin consciencia produce desigualdad; redistribuir sin criterio genera dependencia. El punto medio es una sociedad mentalmente preparada para prosperar.

El otro día le escuché la expresión “trauma colectivo”. ¿A qué se refiere?

Es el conjunto de creencias culturales que asocian el dinero con abuso, culpa o peligro. Durante generaciones se enseñó que el dinero corrompía. Ese trauma social condiciona las decisiones financieras y frena el desarrollo. Sanar la relación emocional con el dinero restituye la confianza. Sin confianza, ninguna economía puede crecer.

¿Colombia puede reducir la desigualdad generando riqueza?

Sí, si genera también nuevos marcos mentales. No se trata solo de productividad, sino de estructura de pensamiento. La evidencia muestra que cuando las personas aprenden a tomar decisiones desde la expansión y no desde el miedo, aumentan su estabilidad económica más rápido.

¿Cómo pedirle a una persona que nació pobre pensar en prosperidad?

No se le pide: se le enseña. El cambio empieza en el lenguaje, luego en los hábitos. En comunidades rurales que hemos acompañado, un 60% de las mujeres logró iniciar un negocio en menos de un año después de reprogramar su mentalidad de supervivencia hacia una de progreso. Yo misma soy resultado del proceso que ahora promuevo, pues mi realidad económica en la infancia fue de dificultad y lucha.

¿Prosperidad significa lo mismo para todos los estratos?

Sí. Prosperar no es tener más, sino vivir sin miedo, tener lo suficiente y aprender a crear dinero siendo contribución para el otro, es decir, desde el propósito. He visto el mismo miedo frente al dinero en diferentes estratos sociales y niveles educativos, por eso sé que el aprendizaje con el dinero es el mismo para todos, solo que en proporciones numéricas diferentes. La prosperidad real se construye desde un nuevo nivel de consciencia que empieza en lo individual antes que en lo colectivo.

¿Qué opina de la justicia redistributiva y la evasión fiscal?

La redistribución es necesaria, pero no desde el dar dinero a otros, sino desde crear el entorno para que lo aprenda a generar. Esto requiere confianza institucional. La evasión no es solo corrupción: es una respuesta cultural a la desconfianza. El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión. Necesitamos un nuevo contrato social basado en transparencia, educación y ética pública.

¿Dinero y felicidad van de la mano?

El dinero da libertad, pero no propósito. Sin propósito, se convierte en avaricia. En contraste, el dinero con propósito se vuelve una herramienta de progreso consistente.

“La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano”: Nathalia Barón.

¿Deberían los políticos hablar más de generación de riqueza?

Sí, pero acompañada de consciencia y crecimiento personal para sostenerla. La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano. Lo que hoy se entiende sobre educación financiera está muy lejos de ser suficiente para el propósito para el que se está usando. No hay reforma fiscal que compense una cultura que desconfía del progreso y una sociedad que siga habitando en la mentalidad del asistencialismo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia para cambiar esa mentalidad?

Un liderazgo ético, emocionalmente maduro y basado en evidencia. Dirigir no es solo administrar recursos: es gestionar mentalidades. Un país prospera cuando sus líderes entienden que la economía no se sostiene con leyes, sino con un nuevo nivel de consciencia colectiva. El trabajo conjunto entre educación económica, cambio mental y sanación emocional tiene un impacto real y medible sobre el bienestar y la productividad.

Soy de los que cree que el país debería conversar más sobre riqueza. ¿Por qué no lo estamos haciendo?

Porque aún cargamos la herencia cultural de ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Pero hablar de dinero es hablar de desarrollo, dignidad y libertad. La conversación pendiente no es económica: es educativa. Cuando las personas sanan emocionalmente su relación con el dinero, su entorno prospera con ellas siempre.

En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Estados Unidos es el país de la libertad y de la democracia”. Este es el estribillo que desde el siglo XVIII se ha repetido sin cesar en Occidente. Se educa a la gente con ese imaginario, con esa representación de la grandeza de un país, de una sociedad. Los libros de historia, de ciencia política y hasta los de filosofía han repetido ese mensaje de manera acrítica. Pero hay otra historia de los Estados Unidos, una historia lo bastante visible que desmiente ese mensaje, esa cantinilla. Es cierto que Estados Unidos surgió a partir de las colonias, con sus formas democráticas asamblearias, de participación política horizontal; es cierto que fue un orden social y político construido por inmigrantes europeos que instituyeron “desde abajo” una sociedad próspera; también es cierto que ha sido un país que logró ya desde el siglo XIX un notable desarrollo tecnológico e industrial, entre otras hazañas, tal como lo mostró (bastante acríticamente, por demás) Hannah Arendt (2017) en su libro On revolution de 1963, sin embargo, es imposible ocultar la otra historia (bastante negra) de los Estados Unidos.

En la lectura apologética que se repite sin cesar, se suele ocultar:

“la dominación, represión y hasta el exterminio de la población indígena, de los esclavos afro, de los blancos pobres y principalmente de los migrantes que por grandes oleadas fueron llegando a territorio norteamericano […], la opresión inmisericorde contra la izquierda, los movimientos obreros […] Estados Unidos ha eliminado en el pueblo toda oposición crítica con una metodología cruel y sumamente eficaz”. (Dussel, 2022, p. 29).

A lo anterior hay que agregar su racismo estructural (segregar a los negros de los blancos) y el intervencionismo militar e imperial en todo el mundo. Pues bien, ya en su coletazo final o en su canto de cisne para no perder la hegemonía en el actual contexto global, los americanos desembocan abiertamente en el fascismo. En la actualidad, Estados Unidos es ya una dictadura andante y galopante, y esto es algo inocultable. Los eslóganes de Donald Trump de “America First” (“América primero”) y  “Make America Great Again” (“Hacer grande a América de nuevo”), MAGA en sus siglas, no solo son lemas de una potencia en decadencia, asustada, sino que son frases que expresan los viejos propósitos del “Destino manifiesto”, de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, o de los delirios del “panamericanismo” de finales del siglo XIX, todos ellos encaminados a justificar providencialmente (como si Estados Unidos fuera un pueblo guiado por Dios mismo) el expansionismo, el anexionismo, el saqueo y el intervencionismo en América Latina y el mundo.

Hoy, desde luego, el contexto de ese expansionismo es diferente al pasado porque la hegemonía china, la presencia de Rusia, el auge de otros países en los BRICS+, etc., amenazan la hegemonía americana en el mundo. Y a esto hay que adicionar los conflictos sociales internos: el desempleo, la pobreza, las drogas, la inflación, el pésimo sistema de salud, la impresionante deuda pública que supera el PIB en 122%, etc., que han activado los “afectos inmunitarios” (Quintana, 2021) contra un “Otro” al cual culpabilizan de todos los males de la sociedad. Aquí solo se activa una vieja táctica de la política: para ocultar los males y sus verdaderas causas hay que inventar un culpable, un chivo expiatorio, un enemigo interno y externo. Este papel de culpable lo asumen los socialistas, los comunistas, los ambientalistas, los zurdos, la ideología woke, las feministas, los pobres, los inmigrantes.

“America First” implica, por derivación lógica, acudir a una jerga de la autenticidad, a la idea de la existencia de un pueblo puro, virginal, grande, heroico, magnificente, virtuoso, que ha sido degradado y corrompido por la presencia y la intrusión de Otro, el cual es asimilado a un virus que hay que eliminar y del cual hay que protegerse. Es una “operación paranoica” fundamentada en una lógica identitaria. Para decirlo con Jorge Alemán en su libro Ultraderechas:

“las nuevas derechas, con argumentos neonazis que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra construida en una férrea lógica identitaria, la que siempre habla a los verdaderos nacionales invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero”. (Alemán, 2025, p. 79).

Así, en la actual dictadura americana se juntan los dos motivos: 1º) el problema externo enmarcado en la perdida de hegemonía en el mundo, donde China es el gran Otro, lo cual es visto como un asedio peligroso para la nación americana, y 2º) la conflictividad interna con todos sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Ambos confluyen para activar una política nacionalista, xenofóbica, racista, supremacista y sionista. Esto lleva a los americanos a una ofensiva hemisférica y, probablemente, global, que es, en realidad, un disimulado movimiento defensivo que expresa debilidad, miedo y temor a dejar de ser lo que antes se era. Es el pavor a la pérdida de la grandeza que solo expresa inseguridad existencial como nación.   

Donald Trump es, en realidad, quien pilotea la decadencia americana, es quien en su segundo mandato se puso decididamente al frente del timón de un barco que naufraga, pero al que para sacarlo avante y evitar que se hunda solo le queda el poderío militar americano, el mismo que han alimentado por décadas con altos porcentajes (del 3.4%) del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, a la potencia en crisis solo le queda la fuerza bruta…es la defensa peligrosa de la bestia moribunda. Es la política del matoneo, del chantaje, de la amenaza, en las relaciones internacionales; y, como vimos en el caso de Venezuela, de la acción directa y el ataque ilegal, donde se ha mandado al traste el derecho internacional y las estructuras políticas creadas después de 1945 para mantener el orden mundial. Es la muerte del multilateralismo para resolver problemas entre Estados y es el regreso del hobbesiano “estado de naturaleza”, pero esta vez entre los Estados mismos, donde sobrevivirá el más fuerte y más poderoso. Es darwinismo social aplicado en las relaciones interestatales y el regreso a la barbarie.

La dictadura americana 

En Sobre la violencia Hannah Arendt, citando a Henry Steel, nos dice que: “si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas” (Arendt, 2015, p. 115). Exactamente esto es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos: ha ido desmantelando poco a poco los frenos constitucionales y ha erosionado las instituciones americanas, con la diferencia que esto no lo hace primero, sino simultáneamente con la destrucción del orden jurídico global.

Dado a que tiene mayorías en el congreso, allí le aprueban todas sus decisiones, medidas y políticas, entre ellas, intervenir en Venezuela sin el permiso del mismo congreso. Así logra imponer su voluntad al partido demócrata. Esto nos indica que ni siquiera en una democracia con contrapesos, la sociedad está a salvo del autoritarismo. Trump ha ido presionando el sistema judicial (Jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia), está desbaratando el federalismo mismo, busca influir en la Reserva federal, matonea, censura, amenaza y ataca jurídicamente a la prensa, así como a un conjunto de instituciones claves para la democracia de un país, entre ellas, las universidades y las instituciones culturales.

En Este último caso, Trump ha emprendido una batalla ideológica represiva contra la diversidad, el pensamiento crítico, las teorías críticas del racismo, la llamada ideología woke, el movimiento LGBTIQ+, los ambientalistas. Sabe que la uniformización y la homogenización de las creencias, de las representaciones del mundo, del pensamiento, de la cultura, cumplen una función primordial, pues cierran el campo de lo posible y las alternativas al sistema. En esta tarea el uso del lenguaje ha sido clave: este es convertido en un lenguaje simple, macartizador, estigmatizador, donde el Otro es acusado de antisemita, enemigo de la nación, izquierdista, agitador, etc. Es un lenguaje que crea la realidad y que va preparando el camino para la acción. Así convierte las palabras, las declaraciones, los eslóganes, en hechos. Es una especie de performatividad planeada que anuncia la realidad deseada para que luego sea aceptada sin oposición por la ciudadanía. Es la creación de un régimen consentimental o de  un consenso inmunitario que allana toda disidencia y desacuerdo.  

Recordemos que Trump emitió un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de guerra, llama al Golfo de México “Golfo de América”, entre otras acciones en las cuales el trabajo sobre el lenguaje, el cambio de los nombres, los deslices semánticos, etc., no es inofensivo, sino donde claramente intenta transformar el sentido común del americano para normalizar la sociedad autoritaria que desea, una sociedad delirantemente pura, virginal, pulcra, sin virus y contaminaciones. Estas acciones sobre el lenguaje recuerdan la neolengua de la que habló George Orwell en su libro 1984, donde decía:

“el propósito de la nuevalengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y de los hábitos mentales […], sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar […] La nuevalengua estaba pensada no para extender, sino para disminuir el alcance del pensamiento”. (2013, p. 315-316).   

Es decir, con estas operaciones sobre el lenguaje y la cultura, se busca un ciudadano promedio domesticado, acrítico, borrego, incapaz de pensar, y, por lo mismo, y para recordar de nuevo a Arendt, capaz de cometer el mal. Esto ya se nota en el incremento de los ataques racistas, aporofóbicos, homofóbicos y xenofóbicos en Estados Unidos. Cuando desde el poder se atiza el odio y se moviliza la agresión contra el Otro, las sociedades se vuelven más peligrosas y belicosas: se justifica la violencia y la eliminación física del chivo expiatorio, se alienta el maltrato, el dominio y la represión contra el Otro que supuestamente daña la nación. Esto es lo que ocurre ya a diario en Estados Unidos.

El siete de enero de 2026 un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) asesinó a disparos en la cara a una ciudadana americana, madre de tres hijos. Su nombre era Renee Nicole Good. Un video muestra claramente cómo ocurrió el hecho en Mineápolis. Sin embargo, el gobierno Trump, incluido él y el Vicepresidente, tildaron de agitadora y de terrorista a la ciudadana. La culparon llamándola una “víctima de la ideología de izquierda” a la vez que defendían la “inmunidad absoluta” del agente asesino. Es decir, le mintieron en la cara al país, a sus ciudadanos; los infantilizaron despreciando su buen juicio. Cuando esto ocurre en un país, es el acabose porque implica que la verdad no importa, que la única verdad es la del poder y la del relato oficial, en estos casos, la mentira puede convertirse en verdad o es la noción de verdad misma la que desaparece. Así, todo queda justificado con un precio muy alto para la ciudadanía, las víctimas y la legitimidad de las instituciones mismas. Esto es lo que ocurre cuando “la mentira moderna- y esta es la característica que la distingue- se produce en serie y se dirige a la masa”(Koyré, 2015, p. 38).

Hechos como el descripto está llevando a Estados Unidos al borde de una guerra interna, una guerra civil, pues frente a la mentira el ciudadano responde con la protesta, tal como efectivamente ocurrió en distintas ciudades americanas. De hecho, en ciudades como Mineápolis en el Estado de Minnesota, la gente se está organizando y atacando al ICE, su autoridades civiles han criticado la militarización y el autoritarismo desplegado en sus jurisdicciones y han entrado en colisión con el gobierno Trump que ahora amenaza con una ley de insurrección, un “estado de excepción” gravísimo, pues implica, como toda excepcionalidad, más poder para el gobierno y menos garantías constitucionales y menos derechos para los ciudadanos, estos quedarían a merced del ICE o las fuerzas represivas del Estado, una especie de Gestapo, encapuchados, sin identificación que desde hace un tiempo allanan tiendas, supermercados, lugares de trabajo, espacios públicos (calles), escuelas, etc., golpeando, maltratando, arrastrando, etc., a migrantes y hasta a sus propios ciudadanos. Nadie está a salvo. Ese grupo parece una organización paramilitar sin control que nos recuerda, de nuevo, a Orwell cuando decía en su magnífico libro:

“Si quieres hacerte una imagen del futuro, imagina una bota aplastando una cara humana…eternamente. […] El hereje, el enemigo de la sociedad, seguirá ahí para que podamos derrotarle y humillarle una y otra vez. […] el espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones proseguirán eternamente […] He ahí el mundo que preparamos”. (2013, p. 283).  

Esto es lo que parece incubarse al interior de Estados Unidos, un país donde el miedo, el odio, la rabia, la zozobra, la inseguridad y la intranquilidad son ya habituales y afectan el día a día de las personas. Es la pesadumbre y la epidermización del miedo los que se incrustan en la vida cotidiana de mujeres, hombres y hasta niños. En Estados Unidos llaman, hoy, libertad al terror, y seguridad al estado de miedo permanente; en ese país se está desmantelando a pasos agigantados el Estado de Derecho y la democracia liberal, una democracia cacareada pero inexistente. Trump parece el Gran Hermano o, mejor, es el egócrata, el alfil de los multimillonarios corporativos, dispuesto a arrasar con la sociedad y el mundo entero en sus delirios supremacistas y nacionalistas. Es el costo, pero, a la vez, la consecuencia y el efecto natural de la ideología MAGA y de “America First”.  

Digamos, para resumir, que la vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores, entre otros síntomas, muestran que el fascismo americano es una realidad y ponen en tela de juicio, una vez más, el candoroso relato según el cual Estados Unidos es la cuna de la libertad y la democracia.    

En todo lo anterior no se puede excluir el papel y la responsabilidad de parte de la prensa corporativa, la cual determina lo que vale la pena mostrar y lo que es conveniente esconder, a la vez que actúan como instrumentos de legitimación del poder fascista y de las neoderechas globalizadas. En estas estrategias fatales “la prensa es hoy un ejército con especialidades cuidadosamente organizadas; los periodistas son los oficiales y los lectores son los soldados” (Adorno, 1984, p. 32). La prensa se convierte, así, en la punta de lanza de la acción fascistoide, la preparara, la normaliza entre las audiencias.

La derecha fascista en ascenso

En la actualidad se habla en la academia de neofascismos, posfacismos, nuevas derechas, ultraderechas, derechas fascistas, etc. En verdad, no importa tanto el nombre o la denominación sino las ideas que defienden, las ideas que encarnan y promueven como visión de sociedad y como destino del mundo. En esas ideas están dibujadas y representadas formas de valorar, creencias, deseos, defensa de privilegios, visiones de futuro desigualitarias e intereses geopolíticos.

 No es raro, por ejemplo, que frente a la guerra en Ucrania o el enorme desarrollo económico de China, la derecha mundial y sus conglomerados mediáticos se abalancen en gavilla a atacar a Rusia o a China. Y lo hacen porque esto países representan un peligro para su hegemonía y sus intereses. O, en otros casos, la ideología anticomunista contra China, o la animadversión histórica por el poder de Rusia (y de su líder actual Vladimir Putin), maquillan los verdaderos intereses de las potencias occidentales: no se trataba tanto de defender a Ucrania, como decían, sino de debilitar o quebrar a Rusia (lo cual no pudieron hacer) y de paso, como en el caso de Estados Unidos, vender petróleo y armas a Europa y apoderarse de sus tierras raras. Esto les permitió a los gringos someter a Europa y doblegarla bajo sus propios intereses. Hoy Europa carece de poder geopolítico frente a Oriente y frente a su mayor aliado occidental, hoy es un continente sometido a las órdenes de Trump. Es la decadencia de Europa. Como vaticinaba Hegel en sus Lecciones sobre filosofía de la historia universal, el poder, el espíritu (Der Geist) se desplazó desde Europa hacia América del Norte: “América es el país del porvenir” (1974, p. 177), decía el filósofo alemán en la primera mitad del siglo XIX.

En el caso de Gaza, para Estados Unidos se trataba de favorecer el poder de Israel en Oriente medio. Israel es, como se sabe, el principal aliado de los americanos en la región; se trataba, también, de pagar favores a los judíos multimillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump a la presidencia. En este caso, Estados Unidos actuó como siempre lo ha hecho en el mundo:  con cínico pragmatismo. Esto implica atacar a sus enemigos, defender a sus aliados, saquear recursos naturales y asegurar su hegemonía geopolítica. Es la misma lógica del ataque a Venezuela, donde el petróleo -y no la flagrante democracia y libertad- fue su principal motivo. Este ataque, que según la misma ONU viola el derecho internacional, ha sido justificado por las nuevas derechas. Igualmente ha sido ampliamente difundido por la prensa, la cual nunca habla de, por ejemplo, que las brutales sanciones económicas a Venezuela también son responsables de la migración venezolana en América Latina. Se pasa por alto algo tan simple como el hecho de que las sanciones económicas impuestas o los bloqueos para presionar a un gobierno terminan afectando en mayor grado, y en la vida cotidiana, a la población de ese país y no tanto a los gobiernos o cúpulas en el poder.

En su accionar estratégico y geopolítico, como ya advertíamos, Estados Unidos da un tiro de gracia al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos humanos, el multilateralismo, la doctrina política de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Su política exterior injerencista es un darwinismo político, voraz y depredador. En estas actuaciones ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el Caribe al asesinar tripulantes de lanchas. Sin captura, sin debido proceso, sin derecho a la defensa y posibilidad de refutar las pruebas (estas nunca se han mostrado) los americanos asesinan en aguas internacionales. También los gringos son cómplices del genocidio en Gaza pues han sido los principales defensores de Netanyahu y su expansionismo en Oriente. Gaza parece encarnar el destino de los previamente declarados superfluos, prescindibles, por el fanatismo sionista y por el poder. Nada volverá a ser igual después de Gaza pues ejemplifica la debacle moral de Occidente:

“solo una humanidad a la que la muerte le ha llegado a resultar tan indiferente como sus miembros, una humanidad que ha muerto, puede sentenciar a muerte por vía administrativa a incontables seres” (Adorno, 2017, p. 242).

 Lo preocupante es que todas estas acciones, estas formas de ver el mundo, son apoyados por las derechas globales afines a Occidente. Desde Vox en España, Javier Milei en Argentina, Bukele en Salvador, Kast en Chile, la derecha colombiana, parte de la derecha europea, justifican los ataques de Israel a Gaza, su necrofordismo o producción serializada de cadáveres de mujeres, niños y hombres; justifican el sionismo, o aplauden la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. No se trata de defender a Maduro. Se trata de defender la soberanía de cualquier país, de rechazar el imperialismo, de defender la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional así este funcione deficientemente.  Se trata de abogar por la dignidad y la vida de la gente inocente victima de una historia sacrificial dirigida por los poderosos del mundo.

Las derechas actuales son globales, se articulan en la defensa de sus intereses interviniendo en las elecciones de otros países, promueven una visión de mundo que defiende sus privilegios, sus propiedades, el capitalismo y su neoliberalismo. Es una derecha hipócrita que despotrica del Estado de bienestar, pero acude al Estado para que la salve de la crisis o les proteja sus negocios. Les gusta el Estado para depredarlo, para vampirizar la riqueza socialmente producida, para saquear el producto de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esa derecha global unida, desde Argentina, pasando por Colombia, Europa y Estados Unidos, es un peligro para la humanidad porque apoyan la locura imperialista y fascistoide de Trump. Son derechas que ponen en peligro la vida y la existencia del mundo. Se oponen a subsidios, a inversión pública, a salarios y seguridad social dignas; desfinancian la educación y atacan la educación pública, no pagan o pagan pocos impuestos, son aporofóbicas, racistas, clasistas, belicistas, excluyentes. Desean un mundo solo para ellos, eso sí, que les permita explotar a otros para incrementar y reproducir su riqueza.

Esa derecha usa los mismos mecanismos de estigmatización que el trumpismo. Es preocupante como Milei habla de los “Zurdos de mierda”; o, en Colombia, como un candidato de esa topología ideológica habla de “destripar” a la izquierda o al progresismo. Hacen esas aseveraciones en nombre de la libertad y de la patria. Al respecto cabe decir: “Los hombres han manipulado de tal forma el concepto de libertad, que acaba en el derecho del más fuerte y más rico a quitarle al más débil y más pobre lo poco que aún tiene” (Adorno, 2017, p. 263). Desde luego, también lo hacen en nombre de sus privilegios oligárquicos y del santo mercado que les permite mantenerlos y perpetuarlos.

La idea que transmiten es que quienes defienden ideas igualitarias, a favor de los menos favorecidos, denunciando el cambio climático, críticos del mercado, que se oponen al militarismo y al sionismo global (apoyado en América Latina por Milei) deben ser exterminados como pulgas o insectos. Así se abonó el exterminio de los judíos en Alemania, y así se prepara en el discurso el exterminio de la izquierda o de cualquier ideología que no se alinee con su cosmovisión. Esto es ya fascismo puro y duro. En el mundo de las neoderechas no hay pluralismo de ideas, libertad de pensamiento y diferencias. Solo un mundo plano, llano, sin fisuras, un régimen ad unum que con su razón instrumental les permite gestionar a su favor la renta y las riquezas globales. Así se manifiesta, también, su deseo desesperado por mantener un capitalismo caníbal puesto a su servicio.  

 Básicamente, defender la vida, la dignidad, la igualdad, la diversidad, el planeta y la naturaleza, es incompatible con las derechas actuales. Las derechas globales son necrófilas: Desean la muerte de su Gran Otro inventado. De hecho, no parece haber puntos medios: ya ni siquiera hay espacios para la socialdemocracia o el Estado social de derecho. En su ceguera conveniente, pues olvidan que todo es relacional, interdependiente, codependiente, niegan la crisis climática y los problemas del mundo. Seguramente suponen que cuando estos se vuelvan extremos, y se nos echen encima, ellos podrán contenerlos con más fascismo y represión, pero sin que se altere su “modo de vida imperial” (Saito, 2022, p. 22), el cual se podrá seguir sosteniendo con las riquezas del Sur global, con los réditos del trabajo de los explotados laboral y económicamente; con la depredación vampírica de las potencialidades de las corporalidades vivientes de quienes desprecian.   

En este contexto juega actualmente América Latina. Este continente, como África, ha sido explotado y subdesarrollado por Europa y Estados Unidos, por el Norte. Ya decía Eduardo Galeano:

“Todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases [ricos, pobres, clases medias] de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo” (2021, p. 18). 

Y en esta realidad históricamente comprobable para Nuestra América, las clases dominantes, las oligarquías (dominantes hacia adentro, arrodilladas frente a los países del Norte), tienen una gran responsabilidad, pues han permitido y promovido el saqueo de las riquezas de nuestros países. Esa es la maldición de nuestros pueblos sin conciencia, sin un proyecto histórico nacional o continental como deseaban Simón Bolívar, José Martí, Manuel Ugarte, entre otros.

Por eso, hoy hay que acudir a la imaginación política, al rescate de la utopía, la defensa de la esperanza, la articulación desde debajo de los movimientos altermundistas, la construcción de una democracia radical, etc., con la defensa de la vida, la dignidad, el bienestar y la supervivencia de las generaciones futuras como principios rectores para hacerle frente al fascismo y las neoderechas que lo encarnan. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales en Colombia no pueden ser la excepción, pues oponerse a la derecha radical y oligárquica deja de ser fanatismo partidista y se convierte, más bien, en un imperativo ético en defensa de la vida biológica humana y no humana. Es cuestión de principios.

Nota: En este artículo no uso el concepto “dictadura” en la acepción romana, sino en la moderna. Equivale plenamente a Fascismo.

Referencias

Adorno, Theodor. (1984). Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe.

Adorno, Theodor. (2017). Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Akal.

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. Madrid: NED ediciones.

Arendt, Hannah. (2015). “Sobre la violencia”. En Crisis de la república (pp. 81-152), Madrid: Trotta.

Arendt, Hannah. (2017). Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.

Arendt, Hannah. (2020). Verdad y mentira en la política. Barcelona: Página Indómita.

Dussel, Enrique. (2022). Política de la liberación. Crítica creadora. Volumen III. Madrid: Trotta.

Galeano, Eduardo. (2021). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI Editores.

Hegel, G. W. F. (1974). Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Revista de occidente.

Koyré, Alexander. (2015). La función política de la mentira moderna. Pasos perdidos.

Orwell, George. (2013). 1984. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.

Saito, Kohei. (2022). El capital en la era del Antropoceno. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

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10. ¿Con cuántos hijos contribuirá el candidato Juan Daniel Oviedo tan preocupado por la caída en las tasas de natalidad? (Recomiendo el episodio de Presunto Podcast sobre el tema)

11. ¿Cuánto tiempo falta para que a Abelardo De La Espriella lo conviertan en tigre de felpa?

12. En redes sociales, Álvaro Uribe salió a decir que fue con Paloma Valencia a visitar al Señor Caído de Girardot. ¿Y luego el Señor Caído no es el doctor Uribe con tanto lío judicial?

Imagen tomada de las redes sociales del candidato Juan Daniel Oviedo.

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14. ¿Nos tragaremos a palo seco el cuento de que Paloma Valencia es una candidata de centro-derecha? Con su entrada a la consulta interpartidista de marzo, ¿hay cama para tanto egocentrismo? (Recomiendo la columna “El palomazo“ de Ramiro Bejarano en El Espectador)

15. Si el uribismo entró al Centro. ¿Cómo lo llamamos ahora? ¿Ultra centrismo?

16. Si Coca Cola mata tinto, ¿tigre matará paloma (en las encuestas)?

17.   Si al final toda la derecha se une contra Iván Cepeda, ¿el resultado será bíblico: David contra Goliat?

18. Entre Paloma Valencia, Paola Holguín, David Luna y Juan Daniel Oviedo, ¿Quién ganaría el reality show de La voz… más chillona? ¿Será que sus voces mejoran a punta de panela?

19. ¿Quién será el candidato oficial de la centro-izquierda: Iván Cepeda o Roy Barreras? ¡Hagan sus apuestas!

20. Si los de Uribe son uribistas y los de Petro petristas, ¿los seguidores de Paloma son palomistas o palomismo?

21. ¿Por qué los Reyes Magos no le regalan a Sergio Fajardo un cambio de imagen, de chip, de guion y de asesores?  

22. Entre 18 candidatos recogieron 28,5 millones de firmas para aspirar a la presidencia de Colombia. ¿Cuántas de esas firmas son auténticas? ¿Firmaron esta vez los muertos? Alguien que me explique, técnicamente hablando, ¿Cómo se revisan 28 millones y pico de firmas antes del 21 de enero? Si aparecen firmas chimbas, ¿habrá castigo para esos candidatos por falsificación o usurpación?

Infografía de La Silla Vacía

23. ¿Qué pasará con el cargo de Primera dama si Claudia López gana la presidencia?

24. Sobre la salida de Miguel Uribe papá del Centro Democrático: ¿Saltó o lo empujaron?

25. ¿Cuál de los presidenciables tiene realmente la pinta y la estatura para ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño? ¿Habrá necesidad de cambiar guardas? El que entendió, entendió…

Les deseo a todos los lectores de este blog salud, prosperidad y buen humor para el 20-26. Y lo más importante: que me sigan leyendo.

En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un estudio reciente de la Universidad Nacional muestra cómo Bogotá es, al mismo tiempo, un laboratorio y un espejo del país. La capital está dividida entre un norte envejecido —de familias reducidas, apartamentos silenciosos y tasas de natalidad por debajo del reemplazo— y un sur vibrante, joven y abarrotado, donde la vida se reproduce pero también se precariza. No es coincidencia: donde hay expectativas, oportunidades, educación y proyectos de vida, hay menos hijxs; donde hay urgencia, inestabilidad y escasez, la vida se multiplica sin red.

El norte bogotano envejece porque la maternidad allí es una decisión estratégica: se medita, se pospone, se planea. El sur rebosa juventud porque la maternidad es muchas veces inevitable o instrumental: “tener hijos no importa si la vida ya es difícil”. Ese contraste no habla de valores individuales, sino de condiciones estructurales. El problema no es que unas mujeres “no quieran” y otras “quieran mucho”, sino qué sociedad pueden construir o imaginar unas y otras.

Colombia creyó durante años que la llegada de millones de venezolanos sería un desastre social. Y quizás lo fue en términos de gestión pública, xenofobia o presión sobre servicios básicos. Pero demográficamente, fue un salvavidas. Quienes cruzaron la frontera lo hicieron jóvenes, fértiles, con familias por formar o en edad productiva. En otras palabras: llegaron justo cuando empezamos a envejecer, a frenar nuestra reproducción biológica y económica. En un país con tasas de natalidad en caída, esa llegada fue —aunque nadie lo quiera admitir— una bendición.

Esto no es un fenómeno aislado. Alemania se ha sostenido con turcos, sirios, africanos; España con latinoamericanos, marroquíes, rumanos. Las sociedades occidentales que envejecen importan juventud, como quien compra agua embotellada para apagar un incendio que evitó durante años. Es un mecanismo cínico: cuando tu población no quiere reproducirse porque el proyecto de vida no tiene sentido, traes gente que vive en condiciones precarias, para quienes tener hijos no es una crisis sino lo cotidiano.

El corazón del debate no está en cuántos niños nacen, sino en las expectativas culturales de la población —sobre todo de las mujeres— frente a lo que Colombia ofrece. Las últimas décadas les han abierto espacios políticos, económicos y sociales; han accedido a universidades, a empleos, a proyectos profesionales. Y quien tiene expectativas altas tiene menos hijos. No por egoísmo, sino por dignidad. Porque sabe lo difícil que es sostener una vida digna en un país inestable.

La pregunta demográfica —“¿cuántos debemos ser?”— está íntimamente conectada con la pregunta política —“¿qué país queremos ser?”—. Y la respuesta es brutal: hoy Colombia quiere más niños, pero no quiere hacerse cargo de ellos. Quiere trabajadores futuros para cotizar a pensión, pero no colegios decentes para que aprendan. Quiere consumidores, pero no ciudadanos.

Mientras los economistas lloran por la falta de nacimientos, los niños que sí existen venden dulces en semáforos, son bombardeados y asesinados por el mismo gobierno (ha pasado antes en gobiernos de derecha y hoy pasa en gobierno de izquierda). Son reclutados por grupos armados. Son usados en redes sexuales, como se ve en Cartagena, en Medellín, en aquellas ciudades donde la riqueza convive obscenamente con la pobreza. ¿De verdad “faltan niños” o lo que nos falta es vergüenza?

En un país donde la mitad de la población vive en la informalidad, donde la estabilidad laboral es un privilegio, ¿por qué nos alarman los “trabajadores que faltarán”? ¿Para qué ecosistema laboral? ¿Dónde están los empleos que supuestamente necesitan ese futuro demográfico?

Las soluciones fáciles —importar migrantes pobres, “romantizar” la maternidad, descargar en las mujeres la responsabilidad del Estado, llenar de incentivos económicos a las familias— son parches. Sirven, como en Europa, para mantener la máquina andando. Pero Colombia necesita otra cosa: un proyecto nacional.

Primero, en el centro del debate deben estar los niños que ya existen. No los potenciales.

Eso significa colegios públicos y privados dignos, acceso real a universidades, nutrición, salud mental, espacios culturales y deportivos, seguridad. Sin eso, pedir más bebés es irresponsabilidad estatal pura. Segundo, la lucha contra la informalidad laboral.

Un país que no garantiza ingresos previsibles ni estabilidad profesional no puede exigir maternidad voluntaria. Se necesitan políticas industriales, proyectos de alto impacto, inversión ordenada, infraestructura, desarrollo impulsado desde el Estado y seguridad jurídica para quien invierte. Decirlo es fácil; hacerlo también, si hay voluntad.

Tercero, sí: incentivos reales a madres y padres.

No migajas ni subsidios simbólicos. Garantías laborales, licencias robustas, acceso a cuidados, redes públicas y privadas para la crianza. La maternidad debe ser una elección posible, no un salto al vacío.

Porque al final la pregunta no es: ¿Cuántos colombianos habrá?

La verdadera pregunta es: ¿Vale la pena nacer colombiano?

Mientras la respuesta siga siendo “depende de en qué barrio”, el país seguirá envejeciendo por encima y reproduciéndose por debajo. Y sí: lentamente, los colombianos nos iremos extinguiendo.

A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Pero precisamente por esta misión formativa, el derecho a la filosofía no se puede restringir a licencia para el ocio creativo, por así decir, ni confundir con prerrogativas para los saberes humanísticos y sociales, en desmedro de otros campos de la inteligencia y el obrar humanos. Al propender por una educación filosofante, en las complementarias acepciones de una educación orientada filosóficamente y una educación con contenidos filosóficos, apelamos también a los “deberes de la filosofía”, pues sin las actitudes, aptitudes y responsabilidades emanadas de una genuina formación filosófica, la educación se reduce a mero adoctrinamiento y la vida social a puros entrenamiento y entretenimiento, como sucede hoy.

En el primer apartado, se ubica históricamente la necesidad del derecho a la filosofía en el contexto colombiano (1). A continuación, se indaga por la proyección del derecho filosófico en el deber de la filosofía (2). Por último, se postulan el cuidado, la interpelación y la duda como deberes de una educación filosófica al servicio de una sociedad democrática (3).

1. El derecho de la filosofía

Dentro del proyecto de Constitución de la naciente República de Colombia que en febrero de 1819 presentó en Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela), el Libertador propuso un poder moral, a modo de complemento ético y educativo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los órganos de este cuarto poder, incluyó la creación de un Instituto de Filosofía, que por medio de la enseñanza de textos literarios se encargase de educar a los ciudadanos de la nación recién independizada de España en las buenas costumbres y en el respeto a las leyes como garantía del orden y la libertad.

Con tácita inspiración en aquella iniciativa bolivariana, más de dos siglos después se buscó incorporar en la normatividad educativa la declaración del derecho a la filosofía, en una comprensión amplia que más allá de la hermenéutica especializada de los escritos filosóficos ilustres, se extiende al trabajo de los saberes sociales (sociología, antropología, historia, entre otros) y de los saberes humanísticos (filología, literatura, estética, etc.). El texto completo de aquel artículo, que en su momento recibió significativo apoyo de la comunidad académica nacional, reza así:

Artículo:  Formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades: se debe garantizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo colombiano el derecho de todas las personas a la formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades, como áreas imprescindibles para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política. Los nuevos retos culturales, sociales, económicos, ambientales, científicos y tecnológicos, entre otros, exige que se cuente con una formación sólida en filosofía, ciencias sociales y humanidades, de modo que se cuente con herramientas, capacidades, conceptos, teorías y comprensiones suficientes para que el abordaje y desarrollo que implican los nuevos retos se den de modo integral.

Junto con el desarrollo y formación sólida en dichos campos, bajo la perspectiva de diálogo de saberes se buscará la articulación de los contenidos disciplinarios globales, latinoamericanos y nacionales con la memoria y las tradiciones culturales.

 A través de la garantía del derecho en estas áreas se promoverá la apropiación y desarrollo de las distintas tradiciones y enfoques disciplinares y de pensamiento, junto con el diálogo de perspectivas situadas, que permita abordar, comprender, problematizar, cuestionar e intervenir en los entornos y problemas tanto de las disciplinas mismas como de los distintos contextos.

Con dicha iniciativa, se procuraba consolidar el estatuto normativo de la enseñanza de la filosofía dentro del sistema educativo colombiano, de manera que de su presencia obligatoria pero marginal en el nivel medio se avanzase a que fuera parte estructural de la educación democrática, pluralista e incluyente buscada para el país. La integración con el campo amplio de las humanidades y los saberes sociales revela que antes que la defensa de un área disciplinaria particular se alentaba una formación comprehensiva que articulara los aprendizajes del qué y del cómo de la ciencia y la técnica con las indagaciones humanistas y sociales sobre el por qué y el para qué.

Desafortunadamente, tanto el Instituto filosófico dos siglos atrás como la promulgación del derecho a la filosofía se truncaron, ayer como hoy porque los tiempos no eran propicios. En sus consideraciones, los delegados de la Asamblea Constitucional de Angostura elogiaron el proyecto del Libertador, pero estimaron que la guerra en curso contra la metrópoli no ofrecía el momento apropiado para instaurar instituciones tan idealistas y optaron por aplazar el poder moral y su componente filosófico para cuando hubiere circunstancias más favorables. Y en el presente, la proyectada ley estatutaria se malogró a causa de la resistencia ejercida por el sindicato de educadores oficiales frente a la evaluación de los docentes públicos y a la participación del sector privado en la gobernanza educativa, con lo cual el decreto filosófico se extinguió por pura sustracción de materia normativa.

Como se sabe, desde el segundo semestre de 2024 el Ministerio de Educación renunció a proseguir en el intento de una transformación de fondo de las leyes y políticas educativas nacionales y ha optado por concentrarse en fortalecer la oferta en la educación superior pública gratuita y universal, mediante el aumento y aseguramiento de la financiación, la ampliación de la infraestructura y el incremento de los cupos estudiantiles en las instituciones oficiales de educación superior.  En contravía de las políticas neoliberales aplicadas en las administraciones anteriores, que mediante subsidios y créditos a la demanda estudiantil implicaban, según los voceros del actual régimen, una indebida transferencia de recursos públicos a las instituciones privadas de educación superior, el gobierno desea responder de modo más efectivo a las expectativas de la base estudiantil que fue crucial para su elección en 2022 y promover así la continuidad del programa progresista.

Pero aparte de tácticas electorales o disputas macroeconómicas, no debe olvidarse que la educación es un derecho público, con independencia de que esté a cargo de entidades oficiales o privadas. Por tanto, su ejercicio no puede ser conculcado por la codicia empresarial, pero tampoco anulado en la práctica a causa de la desidia, ineficacia o corrupción de los agentes estatales. Y si el objetivo último apunta a la nacionalización de la educación en Colombia, como temen unos y tal vez aspiran otros, debe asegurarse que el capital material, institucional y humano alcanzado en las mejores prácticas de la educación privada sea incorporado en la gestión pública de la educación como bien común, pues de lo contrario se profundizará la brecha que se desea cerrar entre una educación cualificada muy onerosa para unas ínfimas élites adineradas y otra educación pública gratuita pero con disímiles índices de calidad para el grueso de la población, que según investigaciones como la recogida en “La quinta puerta” es precisamente lo que sucede en la actualidad para la gran mayoría de la población. Ni en la educación ni en otros campos, los problemas sociales se resuelven por la simple sustitución de una tecnocracia liberal de derecha supuestamente técnica pero al parecer sin sensibilidad social por una tecnocracia de izquierda que se declara muy sensible a las necesidades del pueblo pero quizás no cuenta siempre con suficientes capacidades técnicas.

Para justificar su énfasis en los medios y la postergación indefinida de la reforma educativa estructural, el economista Daniel Rojas ha insistido desde su posesión al frente del Ministerio en que el amor está en el presupuesto, pues sin financiación no hay derecho efectivo, pero nos tememos que sin clarificar los principios y valores que sirven de fines a las políticas educativas, tampoco hay posibilidad efectiva de debatir sobre la orientación de los recursos físicos y pecuniarios que sirven para el cumplimiento de las metas educativas. Si el autodenominado gobierno del cambio desea dejar un legado histórico para la transformación educativa en Colombia, no puede conformarse con meros cálculos controvertibles sobre cupos y partidas en el nivel terciario, sino debe avanzar hacia una propuesta de fondo sobre el sentido de la educación en nuestro país como factor imprescindible para la transformación social, más allá del llano lema propagandístico reiterado por el funcionario en reciente entrevista de que la educación es un derecho inalienable y no un simple servicio comercializable. Así sea desde la preeminencia del sector público, el cálculo utilitarista sobre costos y beneficios universitarios no puede soslayar los factores esenciales sobre el sentido de la educación integralmente considerada. Como señalaba la también economista Mariana Mazzucato en la conferencia que en octubre de 2024 dictó en la Universidad del Valle durante la Cop 16 celebrada en Cali:

“la filosofía, ¿dónde se estudia la filosofía? … Se piensa que la escuela pública es para todos, pensamos las cosas concretas, matemáticas, ciencia, inglés, computadores, sin pensar que estas mismas personas …necesitan también capacidades críticas para exigir responsabilidad al sistema …para estar seguro de que el sistema mismo está trabajando bien para el público…. La escuela pública a nivel de Liceo debería armar a los estudiantes de ser parte activa de la sociedad y de pensar en modo crítico” (https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA)

Si hoy recordamos en América Latina a don Andrés Bello al frente de la Universidad de Chile en el siglo XIX y a inicios del siglo XX a José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación en México, no se debe a las medidas administrativas y financieras que adoptaron, sino a que trazaron un derrotero político, cultural y filosófico a la educación puesta a su cuidado, erigiéndose así en modelos para todo el continente. Sin pretender agotar la cuestión, es aquí donde deseamos recuperar la iniciativa del Libertador implícitamente asumida en el derecho a la filosofía postulado en la frustrada ley estatutaria como garantía “…para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política”.

2. Hacia el deber de la filosofía

La inspiración netamente filosófica del derecho a la filosofía se remonta a “El conflicto de las facultades” de 1798, obra en la que Kant defiende los fueros de la facultad menor de filosofía frente a las facultades universitarias mayores de teología, derecho y medicina. De paso, apuntemos que, al extender la formación en filosofía a los saberes humanos y sociales, en el artículo legal pergeñado se coincide con la comprensión amplia de la filosofía en esa obra, que no se restringe a la exégesis de los textos ilustres de la tradición filosófica como suele entenderse actualmente en los departamentos de filosofía, sino abarca la amplia gama de saberes sobre la sociedad y la cultura, con extensión a lo que hoy denominamos ciencias básicas.

Más recientemente, fue Jacques Derridá en los años ochenta del siglo pasado quien llamó a reconocer el “privilegio” del derecho a la filosofía, tal como se puede consultar en la traducción de la catedrática chilena Carolina Ávalos. Con su característica minuciosidad hermenéutica, el filósofo franco-argelino interpreta los múltiples sentidos y usos de la expresión “derecho a la filosofía”. Entre las inagotables variaciones que concibe, queremos destacar el carácter eminentemente jurídico que le confiere a la noción, en el que el ámbito de significación está enmarcado en el discurso de los derechos humanos.

Pero no se trata de apelar a la formalización de un presunto derecho natural a la filosofía emanado, por ejemplo, de la “philosophia perennis” escolástica o de la “metafísica natural” inscrita por Kant en la naturaleza humana, sino de la reivindicación efectiva de una aspiración histórica que, insistamos, no se agota en la filosofía académica. Relacionando con lo desarrollado por Ángelo Papacchini en su obra de 1994 “Filosofía y derechos humanos”, se puede hablar efectiva y no sólo retóricamente de “derecho a la filosofía” si lo relacionamos con el proceso de lucha por el reconocimiento de las condiciones de una vida social digna:

“los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional” (1994, p. 22).

En esta inserción del derecho filosófico dentro del “lenguaje de los derechos”, podemos preguntarnos de qué derecho se trata. Recordando la clasificación de los derechos humanos que expone el filósofo italo-colombiano en aquel libro, ¿el derecho a la filosofía es un derecho liberal fundado en la llamada “libertad negativa” de no coacción personal, o es un derecho democrático basado en la “libertad positiva” de participación política, o es un derecho socio-económico fincado en la “igualibertad” de garantizar los bienes materiales y culturales de existencia? Que todos tengamos derecho a profesar la filosofía de nuestra preferencia sin imposiciones privadas o públicas parece alinearse con la primera categoría, mientras la capacidad filosófica para el consenso y el disenso en la asamblea pública se emparenta más con los derechos de participación, a la vez que las garantías económicas y sociales para el ejercicio profesional del filosofar y la protección de las instituciones destinados a su enseñanza se vinculan en especial con la tercera clase de derechos.

El “derecho a la filosofía” se despliega en estas y otras aplicaciones pero no se agota en ellas. Tampoco concierne primordialmente a un desarrollo del derecho social a la educación pública especificado en la enseñanza de la filosofía, sino al reconocimiento institucional del filosofar como soporte de una sociedad democrática, de la misma manera que la Declaración de los Derechos Humanos antes que formalizar los derechos que se desprenderían de la naturaleza humana, los estatuye mediante el acto de su declaración. Aplicando la conocida expresión de Hannah Arendt, estimamos que el “privilegio” que reclamaba Derridá reside en que el filosofar se constituye en condición para tener derechos. En el último apartado, indagaremos por los deberes que se derivan de este derecho a la filosofía así entendido.

3. Cuidar, interpelar, dudar: deberes de la filosofía.

Puntualizado lo anterior, desentrañaremos ahora los “deberes de la filosofía”, tanto en el sentido objetivo de la filosofía como objeto de la educación (la enseñanza de la filosofía como deber educativo) como subjetivo  de “los deberes” que le corresponde atender a la educación en filosofía (los aprendizajes filosóficos que deben enseñarse). Para comenzar por la primera variante, en ningún momento se trata de seleccionar un sistema filosófico particular para adoctrinar con este a la población según las conveniencias de un determinado régimen sociopolítico, sin que creamos que es posible ni deseable una educación doctrinariamente aséptica y filosóficamente neutra. Lejos de una determinada filosofía pero también de cualquier filosofía, se trata de establecer los aprendizajes filosóficos, o si se prefiere en términos pedagógicos, las “competencias filosóficas” más apropiadas para la formación de la ciudadanía en el seno de un “Estado social-democrático de derecho”, según el principio de la Constitución Política.

Exploraremos entonces algunos de los deberes de la filosofía que se desprenden del derecho a la filosofía, englobada con los saberes sociales y humanos. Retomando la expresión de Derridá, ¿por qué el Estado debe garantizar de manera especial la enseñanza del filosofar dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad, como quedaba consignado en el artículo sugerido en la ley estatutaria? Aunque  hace parte de lo que se busca, el asunto va más allá de que personas con vocación filosófica y humanística dispongan de las condiciones institucionales y materiales para dedicarse a las investigaciones filosóficas de su predilección, o que reciban más apoyo los centros de formación filosófica tanto en la modalidad de estudios profesionales como de docencia, o que se amplíen las oportunidades de trabajo gracias a la extensión de las clases de filosofía y temas afines en todos los pénsumes de colegios e instituciones de educación superior.

Sin negar la importancia de afinar el desempeño didáctico, tampoco creemos que la solución consista en que deleguemos las responsabilidades filosóficas a las ciencias de la educación y la pedagogía, cuando en realidad estas mismas requieren de dilucidar su horizonte filosófico. Ni se trata de cohonestar con una renovada sofística como la que pulula como filosofía en las redes sociales y recibir patente para opinar sin ningún control sobre lo divino y lo humano. Como alertaba Daniel Herrera Restrepo, el discurso filosófico se reconoce porque no se pronuncia de manera aleatoria sobre cualquier tema según los humores e intereses cambiantes de quien lo enuncia, como sucede a menudo en las columnas de prensa y en los podcast, sino responde a una unidad de fondo tanto en los temas como en los enfoques, pero sobre todo en las preguntas adoptadas.

En definitiva, más allá de poder dictar más cursos sobre temas filosóficos, el derecho a la filosofía concierne a cómo el “ethos filosófico” estructura las creencias, palabras y acciones de las gentes como condición de posibilidad para la libertad de las personas, la justicia social y el cuidado de la vida. Sin negar la fecundidad de otros acercamientos filosóficos, tomaremos como guía las llamadas “reglas del sensus communis” postuladas por Kant en el § 40 de la “Crítica de la facultad de juzgar”. Reiterando lo que críticos de la Modernidad como Adorno, Foucault y entre nosotros Estanislao Zuleta señalaron en su momento, las tareas pendientes de la educación siguen siendo “pensar por cuenta propia” (educación para la libertad), “pensar en el lugar de cada otro” (educación para la justicia) y “pensar de manera consecuente” (educación para el cuidado de la vida). Y si relacionamos cada una de estas reglas con los tres conflictos intra-universitarios que reconstruye Kant en “El conflicto de las facultades”, podemos disponer de una pauta hermenéutica para relacionar los deberes asignados a la enseñanza de la filosofía con el filosofar como deber de la educación y de la sociedad en general, en el marco amplio y complejo de la educación filosófica.

El deber del cuidado

Invirtiendo el orden asignado por Kant, empezaremos por la regla del pensar consecuente, que más allá de la coherencia formal en el pensamiento, apunta a que nuestras acciones sean plenamente responsables con nuestra condición de seres sentipensantes finitos. En el “Conflicto de las facultades” esto se proyecta al capítulo final dedicado a la medicina, en el que la filosofía provee de consejos (imperativos hipotéticos de prudencia) como “respirar bien”, “dormir bien” y “comer bien” que motivan la preservación de la salud del cuerpo (salud mental incluida) y ayudan a prevenirlo de la enfermedad. Rebasando el antropocentrismo kantiano, se configura la enseñanza filosófica del cuidado, que en nuestros días se proyecta a la responsabilidad plena con la potenciación de la vida en su rica pero agotable variedad, tal como se debate en las conferencias mundiales sobre medio ambiente y biodiversidad.

Como se trata de un actuar prudencial, el pensar consecuente debe ponderar las responsabilidades a largo, mediano, corto e inmediato plazo con las exigencias de la conservación y las necesidades y urgencias de cada día, no sólo por quienes gestionan las políticas públicas a diferente escala, sino frente a las decisiones mismas de las personas y las comunidades en su transcurrir habitual. En síntesis, el deber de garantizar y orientar una genuina educación filosófica para cuidar, ser cuidados y autocuidarse se erige en responsabilidad para la conservación y promoción de la vida en el seno de la naturaleza, dentro de una amplia asunción de nuestra corporeidad. Como se señaló en México en la propuesta de la “Sociedad del cuidado” formulada durante la “XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe” desarrollada en agosto de 2025:

“Situar el cuidado de las personas y del planeta en el centro, como propone el paradigma de la sociedad del cuidado, implica reconocerlo como un bien público, es decir, como un bien cuya provisión beneficia al conjunto de la sociedad…sosteniendo tanto la vida como el funcionamiento de la economía y garantizando así…un futuro más inclusive y sostenible” (citado por RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16)

El deber de la interpelación

Pasando ahora a la regla del pensar ampliado, estimamos que “pensar en el lugar de cada otro (y otra)” puede vincularse de manera especial con el mundo de las relaciones políticas abordado por Kant en la segunda parte de “El conflicto de las facultades” y en otros escritos como “Hacia la paz perpetua”. Tanto en la esfera nacional de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con el Estado, como en la esfera internacional de las relaciones entre los Estados y de los seres humanos entre sí como integrantes de una sociedad cosmopolita, el criterio último que posibilita la justicia política reside en el principio de publicidad, que pone la libre comunicación como principio de una república en que la voluntad del legislador emane de la voluntad general de la ciudadanía, ampliada virtualmente a la humanidad en su conjunto. Y para alcanzar esto, se defiende el derecho de los filósofos a servir de puente entre los fueros de la razón, que no son otros que los genuinos intereses del pueblo, y las decisiones del gobernante, no para sustituirlo, como vanamente aspiraba Platón con la figura del rey-filósofo, sino para garantizar la justicia de la administración pública al recoger los intereses de la comunidad.

De manera análoga a la actualización de la primera regla, aquí hay que salir de la concepción elitista de la figura del filósofo y propugnar como deber en una sociedad democrática por una educación filosófica universal que cultive el potencial de todas y cada una de las personas para interpelar a las autoridades y los sectores dominantes en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de las injusticias sociales, no negando los propios derechos pero sí descentrándose de los propios intereses para abrirse a los de los demás, en uno y otro caso siempre que sean compatibles con los derechos de la humanidad.

El deber de la duda

Y después de haber esbozado la educación del cuidado como deber filosófico para la protección de la vida y la enseñanza de la interpelación como deber filosófico para la justicia en una sociedad democrática, formularemos el deber filosófico de la pedagogía de la duda como tarea educativa de la filosofía en aras de motivar la libertad de las personas morales. Aquí opera la primera máxima del sensus communis, que recoge el llamado a pensar por cuenta propia expresado por Kant en su opúsculo de 1784 “Respuesta a la pregunta Qué es la ilustración?” Pero contra lo que podría suponerse a primera vista, en ningún momento implica una licencia a pensar de cualquier manera según el capricho del propio arbitrio. Contra el voluntarismo de cierto libertarismo tan irresponsable como superficial, las tres reglas se hallan concatenadas, de modo que pensar y actuar de manera autónoma requiere de desarrollar la capacidad para considerar las posiciones ajenas e incluso extrañas, y la voluntad para obrar en consecuencia. La duda, que en el “Conflicto de las facultades” se alza como antídoto contra el fanatismo y la superstición que Kant detectaba en la teología clerical, se aplica hoy en especial a las ideas mal fundadas y falsas verdades que circulan en la sociedad, en especial a través de los canales digitales.

Sin embargo, debe aclararse que educar para la duda no equivale a sembrar una desconfianza sistemática hacia la ciencia y las instituciones, sino al contrario, formar el criterio para discernir las condiciones de verdad de las distintas posiciones científicas, políticas o de cualquier orden. En contra de la aceptación a-crítica de cualquier dogma, una educación en filosofía y una educación con impronta filosófica deben formar en el espíritu de un sano escepticismo, que no es lo mismo que renunciar a toda creencia y optar por un eclecticismo cómodo o por un relativismo perezoso.

Como advierte Kant en “Cómo orientarse en el pensamiento” (17l86), se trata de someter toda fe (sacra o profana) al examen de la razón, entendida no como un tribunal exterior que impone su autoridad sobre las opiniones aisladas de los creyentes (función de las iglesias, academias y conciliábulos), sino como la autoridad emanado del libre juicio de cada cual en diálogo con la razón de cualquier otra persona, dentro de una honesta interacción.  Según puntualiza Damián Pachón en reciente columna:

 “la crítica … es sospecha, se basa en la duda, en el escepticismo; descree de los dogmas, de las ideas definitivas, desconfía. La crítica, pues, es el mejor antídoto contra el absolutismo y el dogmatismo; es necesaria para pensar mejor, para hacernos preguntas y plantear problemas inéditos, para pensar por «fuera de los límites y de los marcos de sentido establecidos» y para «descolonizar la mente». La crítica es necesaria para cuestionar el poder político, la normalidad patológica que nos envuelve, los medios de comunicación y la información que nos ofrecen. De esta manera, también, podemos acuciar la imaginación para mejorar el mundo en el que vivimos…” (agosto 23 de 2025).

Conclusión

Para culminar, es palpable que esta propuesta sobre los deberes con la filosofía y de la filosofía trasunta una concepción edificante sobre el filosofar, afín a la “moralidad” formal kantiana cuestionada por Hegel desde la “eticidad” histórica. Desde luego, no es el momento de entrar en esta discusión, así que sólo apuntaremos que la defensa normativa de un “derecho a la filosofía” exige que la educación filosófica asuma sus responsabilidades en la búsqueda entrelazada de una existencia humana más libre, una sociedad más justa y una vida más sustentable, de igual modo que el derecho a la paz implica el deber de preservarla. Sin perjuicio de adoptar posiciones de corte más realista o pragmático sobre uno y otro, aquí se articulan de manera estrecha el derecho-deber de la filosofía y el derecho-deber de la paz, en la medida que los deberes filosóficos de la enseñanza de la duda contra el dogmatismo y el despotismo, la enseñanza de la interpelación en nombre de las víctimas y la enseñanza del cuidado global de la vida se constituyen en condiciones para la paz con las personas, con la sociedad y con la naturaleza. En lenguaje kantiano, se trata del ejercicio del uso público de la razón, o de lo que hemos llamado “pensar en tiempo real”.

Fuentes

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CÁRDENAS, Stella “La ley estatutaria de la educación y la transformación educativa” Le Monde Diplomatique Colombia, julio de 2024, versión digital.

CORTÁZAR, Roberto y CUERVO, Luis Augusto (compiladores) “Actas del Congreso de Angostura 1919-1820” edición digital, tomada de la edición de la Presidencia de la República de Colombia, 1988. En especial “Acta 139 del 11 de agosto de 1819”.

DERRIDÁ, J. “Privilegio, o del derecho a la filosofía” (1990, trad. Carolina Ávalos) Universidad Austral de Chile, 2023, 136 p.

DILTHEY, John “Democracia y educación” (original inglés 1916) Madrid: Morata, 1998, 320 p.

DUZÁN, María Jimena “Con Petro la educación pública se fortaleció, pero…” Entrevista con el ministro de educación Daniel Rojas Medellín, videopodcast A fondo, emitido el miércoles 17 de septiembre de 2025, 48:05.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio; CÁRDENAS, Juan; FERGUSSON, Guillermo “La quinta puerta. De cómo la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas” Bogotá: Ariel, 2021, 327 p.

KANT, Immanuel “Contestación a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? (1784, trad. Roberto R. Aramayo, ISEGORÍA, Madrid, /25 (2001), pp. 287-291.

KANT, Immanuel “Cómo orientarse en el pensamiento” (1786, trad. Carlos Correas) Buenos Aires: Leviatán, 1982, 71 p.

KANT, Immanuel Crítica del discernimiento (1790, trad. Roberto Rodríguez Aramayo y Salvador Mas) Madrid: Machado Libros, 2003, pp. 197- 241.

KANT, I. “Sobre la paz perpetua” (1795, original alemán “Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf”, trad. José Luis Abellán) Madrid: Tecnos, 1998, 69 p.

KANT, I. El conflicto de las facultades (original alemán 1798, trad. Roberto R. Aramayo) Madrid: Alianza, 2003, 238 p.

KANT, E. En defensa de la Ilustración (selección de opúsculos, 1784- 1798, introducción José Luis Villacañas, traducción Javier Alcoriza y Antonio Lastra) Barcelona: Alba Editorial, 1999, 408 p.

MAZZUCATO, Maríana “Crecimiento inclusivo y sostenible”, conferencia en la Universidad del Valle, 29 de octubre de 2024, 1:59:24. Pasaje 1:51:31 a 1:53:24). https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA

NUSSBAUM, Martha “Sin fines de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades” Buenos Aires: Katz, 2010, 199 p.

PACHÓN, Damián “¿Qué es eso del pensamiento crítico?” blog “Filosofía y coyuntura” de El Espectador, edición digital, 23 de agosto de 2025.

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ROJAS, Daniel “Informe de datos de educación superior en Colombia”, emitido el 31 de julio de 2025, 1:18:15. YouTube.

RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16.

VARGAS, E. Juliana y PRADA. Maximiliano “Sobre el olvido del derecho a la filosofía en la ley estatutaria de educación” en el Blog “Filosofía y coyuntura”, de Damián Pachón Soto, El Espectador, Bogotá, publicado el 11 de junio de 2024.

VARGAS, E. Juliana; ÁVALOS, Carolina; PAREDES, Diana Melisa “Cuál es el balance de la acción política en torno al derecho a la filosofía y su impacto en la sociedad”, pánel emitido en “El puente” de Uniminuto Radio el miércoles 6 de noviembre de 2024, 50:14.

Una versión preliminar de este texto se expuso en el foro “¿Cuál es la educación filosófica que necesita Colombia?, realizado entre el 7 y el 8 de noviembre de 2024 por el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle en Cali.

Esa frase, que repite en conferencias y libros, condensa el núcleo de su pensamiento: la economía no es un conjunto de leyes universales comparables a la gravedad, sino un sistema de reglas humanas, cambiantes, históricas, siempre atravesadas por el poder. Chang no cree en la neutralidad de los mercados porque ha visto, desde la infancia, que los países más prósperos del mundo no llegaron allí gracias a la libertad absoluta del comercio, sino gracias a un Estado fuerte que protegió a los suyos, que planificó, que supo jugar con la escalera del desarrollo antes de retirarla.

Chang nació en 1963 en Seúl, en un país que acababa de salir de una guerra devastadora y que era, por entonces, uno de los más pobres del planeta. Corea del Sur, en los años sesenta, se parecía más a las naciones del África subsahariana que a Japón o a Estados Unidos. Sus indicadores de desarrollo eran bajos, su infraestructura escasa y su futuro incierto.

Ese es el contexto que marcó al joven Ha-Joon. No creció en medio de la abundancia, sino en un país que apostó, contra todo pronóstico, por una estrategia de desarrollo nacional. Desde la década de 1960, Corea del Sur diseñó una política industrial agresiva: protegió a sus industrias nacientes, subsidió empresas que apenas empezaban y trazó planes de largo aliento. Lo que para algunos era una herejía contra la ortodoxia económica —el intervencionismo estatal— se convirtió en el motor de su transformación.

Hyundai, Samsung y LG, hoy gigantes globales, no surgieron por un milagro espontáneo del libre comercio. Nacieron bajo el amparo del Estado surcoreano, que apostó a sectores estratégicos, impuso disciplina industrial y toleró incluso el fracaso mientras se consolidaban empresas nacionales capaces de competir en el mundo.

Para Chang, esa experiencia fue la primera evidencia de que la narrativa occidental —esa que repite que el libre comercio es el camino natural hacia el desarrollo— tenía grietas. Corea del Sur, que en 1960 tenía un PIB per cápita similar al de Ghana, se convirtió en una potencia industrial en apenas tres décadas. Y lo hizo contraviniendo todos los manuales que hoy los organismos internacionales predican a los países pobres.

Cuando llegó a Cambridge a hacer sus estudios de posgrado, Chang se encontró con un mundo dominado por la economía neoclásica, con sus modelos matemáticos elegantes y sus supuestas “leyes universales”. Se hablaba de oferta y demanda, de mercados eficientes, de racionalidad de los agentes económicos. La economía se presentaba como una ciencia dura, cercana a la física, capaz de predecir el comportamiento humano con ecuaciones.

Chang, sin embargo, veía otra cosa. Sabía que detrás de cada modelo había supuestos ideológicos, historias borradas, contextos ignorados. Su reacción no fue gritar ni exiliarse de la academia, sino escribir. Y escribir con claridad.

En 2002 publicó *Kicking Away the Ladder* (*pateando la escalera*), un libro que lo catapultó a la fama internacional. Su tesis era simple y devastadora: los países hoy ricos alcanzaron el desarrollo gracias a políticas proteccionistas, subsidios y un Estado intervencionista. Pero una vez arriba, retiraron la escalera —la metáfora que da título al libro— e impusieron a los demás la obligación de subir con las manos desnudas. Lo hicieron a través de acuerdos internacionales, de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, de la prédica del libre comercio como verdad universal.

El libro desató polémicas. Algunos lo acusaron de revisionismo, otros de populismo. Pero muchos encontraron en Chang un aire fresco: alguien que decía lo que parecía obvio, pero que pocos se atrevían a sostener en el terreno académico. Las pruebas históricas estaban allí: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón… todos habían usado la escalera del proteccionismo antes de predicar el libre comercio.

Lo que distingue a Ha-Joon Chang de otros economistas críticos es su estilo. No escribe para encerrar sus ideas en la torre de marfil de la academia, sino para abrirlas al público. Sus libros *23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo* y *Economía para el 99% de la población* son pruebas de ello.

El primero desmonta, capítulo a capítulo, mitos económicos que circulan como verdades absolutas: que los mercados son eficientes, que el capital extranjero siempre trae desarrollo, que la educación por sí sola garantiza el progreso. Chang expone cada mito con ejemplos cotidianos, con humor y con una claridad que desarma la jerga técnica. El segundo es un manifiesto pedagógico: insiste en que todos deberíamos entender de economía porque afecta cada aspecto de nuestra vida, desde lo que comemos hasta el futuro político de nuestros países.

Su tono es didáctico, incluso juguetón. Habla de la economía como si se tratara de un juego de mesa donde las reglas pueden cambiar. Y en esa metáfora está su radicalidad: recordarnos que nada en la economía es natural, que todo es producto de decisiones humanas, de relaciones de poder, de símbolos que colectivamente aceptamos.

El mito del libre mercado es, para Chang, una de las ficciones más poderosas del mundo moderno. Y como todo mito, tiene un efecto real: organiza comportamientos, legitima decisiones, define horizontes. Al repetir que “el mercado se regula solo”, se invisibiliza el hecho de que todo mercado está siempre regulado de alguna manera: hay leyes laborales, ambientales, tributarias, comerciales. Lo que cambia no es la existencia o no de reglas, sino a quién benefician esas reglas.

Así, el discurso del libre comercio esconde que las supuestas “reglas universales” siempre favorecen a quienes ya tienen poder. La historia lo confirma: Inglaterra protegió su industria textil antes de dominar el mundo, Estados Unidos subsidió su agricultura y su acero, Alemania impuso políticas de desarrollo tardío, Japón planificó su industrialización. Nadie se hizo rico siguiendo el dogma que hoy se impone a África o América Latina.

Quizás la mayor provocación de Chang es insistir en que la economía es, ante todo, política. Los modelos matemáticos, por más sofisticados que sean, siempre se construyen sobre supuestos ideológicos. Decidir que la inflación es el único enemigo, o que el déficit fiscal debe reducirse a toda costa, es una decisión política, no una ley natural.

Por eso su trabajo incomoda tanto a los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, con sus recetas de austeridad, se presenta como neutral, como portador de verdades científicas. Chang responde con historia: muestra que esas mismas políticas nunca fueron seguidas por los países que hoy dictan cátedra.

Cambiar las reglas del mercado, insiste, es cambiar la distribución del poder. Decidir si se protege a los campesinos o se abre la puerta a importaciones masivas no es un problema técnico: es un problema político. La economía, lejos de ser una ciencia fría, es el lenguaje con el que se define quién gana y quién pierde en una sociedad.

En persona, quienes lo conocen dicen que Chang no busca la confrontación, sino el diálogo. Habla con calma, con ironía leve, con ejemplos que van de los carros coreanos de los años setenta a la comida callejera de Londres. Esa manera de bajar lo complejo a lo cotidiano explica por qué sus libros se venden como pan caliente y por qué sus conferencias atraen tanto a estudiantes como a políticos y activistas.

Chang incomoda porque toca el nervio de la ortodoxia: recuerda que la economía es una invención humana, una gramática colectiva, y que sus reglas se pueden reescribir. Seduce porque devuelve al ciudadano común el derecho a entender y cuestionar la economía, un campo que se ha intentado blindar con fórmulas, tecnicismos y supuestas neutralidades.

La economía, sugiere Chang, se ha convertido en el mito más poderoso del mundo contemporáneo. Si antes los dioses ordenaban el universo, hoy son los mercados los que definen nuestras posibilidades. El economista surcoreano se atreve a recordar que ese mito es frágil, que está sostenido en símbolos y acuerdos, y que puede —y debe— ser repensado.

Escucharlo es entender que la riqueza no es un accidente geográfico ni un destino inevitable, sino un proyecto político. Corea del Sur lo probó. Y Chang, con su estilo sereno y su insistencia en lo obvio, sigue recordándole al mundo que ningún país se hizo grande obedeciendo a ciegas los manuales de los vencedores.