Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

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—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

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—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

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—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Gobierno ordenó retirar más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, entre ellas objetos relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión se inscribe en la llamada «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente, empeñado en restaurar unos valores tradicionales que, a juzgar por sus primeras decisiones, parecen necesitar para sobrevivir que desaparezca todo aquello que los contradiga.

Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que este gobierno de ultraderecha, que no pierde oportunidad para denunciar los males del comunismo, haya terminado protagonizando una escena que recuerda ciertos procedimientos de la Unión Soviética de Stalin. Uno habría esperado que sus asesores, tan aficionados a la defensa de la libertad y tan dispuestos a señalar los errores de la izquierda, conocieran al menos la historia de los regímenes que tanto invocan para asustarnos. Pero acaso pedirles que lean antes de censurar sea una forma excesiva de optimismo.

Stalin tenía una costumbre extraordinaria: cuando uno de sus antiguos compañeros caía en desgracia, no siempre le bastaba con encarcelarlo o mandarlo ejecutar. También había que borrarlo de las fotografías. Nikolái Yezhov, uno de los responsables del aparato represivo soviético, apareció junto a Stalin en una imagen tomada a orillas del canal Moscú-Volga. Después de su detención y ejecución, su figura desapareció de las versiones oficiales. Los retocadores reconstruyeron el paisaje para que el antiguo funcionario dejara de existir incluso en aquella fotografía. David King reunió estos y otros ejemplos en The Commissar Vanishes, un libro que documenta la falsificación de imágenes durante el estalinismo.

El procedimiento tenía una lógica impecable, si uno acepta la lógica de los tiranos: si alguien ha dejado de ser útil para el poder, tampoco merece haber formado parte de su historia. La fotografía, que debería servir como testimonio de lo ocurrido, se convierte entonces en una declaración de lo que el gobernante desea que haya ocurrido. El pasado deja de ser un territorio que se investiga y pasa a ser una propiedad privada del Estado.

Nuestro miserable Stalin criollo tiene una curiosa manera de combatir el comunismo: imitando, en materia de memoria, algunos de los procedimientos que tanto dice aborrecer. El abogado que llegó al poder después de construir una trayectoria profesional ligada a la defensa de los mafiosos y paramilitares en Colombia pretende ahora enseñarnos qué partes de nuestra historia merecen permanecer a la vista. Su cruzada contra la izquierda parece haberlo conducido a una paradoja que quizá no advierta: mientras denuncia el fantasma comunista, se arroga la facultad de corregir el pasado desde el poder. Stalin mandaba borrar de las fotografías a quienes habían dejado de convenirle; nuestro aprendiz de censor descuelga piezas que incomodan a su proyecto ideológico. No hace falta convertir la historia soviética en una caricatura para reconocer la ironía: quien dice combatir una tradición política termina recurriendo a mecanismos de exclusión que recuerdan algunos de sus episodios más conocidos. Y es que el autoritarismo, a diferencia de lo que creen sus devotos, no necesita declararse comunista o, como es el caso de Colombia, fascista, para querer decidir qué puede recordar una sociedad.

El argumento oficial habla de combatir la apología del terrorismo. Pero mostrar una pieza sobre Carlos Pizarro no equivale a justificar los crímenes del M-19; exhibir documentos sobre el Acuerdo de Paz no obliga a compartir todas las decisiones de quienes lo firmaron; conservar materiales sobre las luchas feministas o la diversidad sexual no convierte al museo en una organización militante. Un museo no es una tribuna que obliga al visitante a obedecer una doctrina. Es, precisamente, el lugar donde los objetos, los documentos y las interpretaciones deben ponerse a disposición del público para que este pueda examinar una historia compleja y, cuando sea necesario, discutirla.

Por eso importa tanto la autonomía curatorial. Las exposiciones permanentes del Museo Nacional fueron resultado de años de investigación y de un esfuerzo por incorporar experiencias que durante mucho tiempo quedaron relegadas a los márgenes del relato nacional. Retirar piezas sin presentar un nuevo guion curatorial conocido no constituye una revisión histórica rigurosa. Es, cuando menos, una intervención política cuya justificación merece ser examinada públicamente. Los museos de arte moderno que protestaron contra la medida tienen razón al reclamar que ningún gobierno convierta sus preferencias ideológicas en criterios para decidir qué puede ver la ciudadanía.

La ironía final es que los censores suelen sobreestimar su poder y subestimar la inteligencia de quienes los observan. Las paredes vacías del Museo Nacional no han conseguido borrar las luchas feministas, las vidas de las personas LGBTIQ+, los asesinatos políticos ni el proceso de paz. Por el contrario, han suscitado preguntas sobre lo que falta y sobre las razones de esa ausencia. El espacio vacío, que debía silenciar una historia incómoda, termina revelando la voluntad de silenciarla.

Quizá nuestro miserable Stalin debería aprender algo de aquel Stalin al que tanto se parece en sus pretensiones: ni siquiera el poder de un Estado puede garantizar que el pasado obedezca para siempre. Las fotografías sobreviven en los archivos; los documentos reaparecen; los testigos hablan; las generaciones siguientes descubren las huellas de aquello que se quiso borrar.

Y las paredes, tarde o temprano, vuelven a llenarse.

Albeiro Guiral
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En tiempos de incertidumbre comercial y geopolítica, los países suelen mirar hacia dónde puede abrir nuevos mercados. Colombia no está exenta. Es una pregunta necesaria, pero quizá deberíamos comenzar por otra: ¿estamos aprovechando suficientemente los mercados que ya abrimos?

Corea del Sur es un buen ejemplo. Este año se cumple una década desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Colombia ya cuenta, por tanto, con una plataforma jurídica estable y predecible para relacionarse con una economía desarrollada, de alto poder adquisitivo, tecnológicamente avanzada y con una estructura productiva que ofrece importantes complementariedades con la nuestra. El reto ahora no debería limitarse a celebrar el aniversario, sino preguntarnos qué podemos hacer con esa plataforma durante los próximos diez años.

Las cifras muestran que existe espacio para hacerlo. Según Trade Map, las exportaciones colombianas a Corea pasaron de US$402 millones en 2016 a US$820 millones en 2025. El recorrido, sin embargo, ha sido muy irregular: alcanzaron US$1.180 millones en 2024, su mayor nivel durante el período, para caer nuevamente al año siguiente. La balanza comercial cuenta una historia igualmente cambiante. Colombia registró déficit durante casi todo el período 2016-2023, alcanzó un superávit de US$191 millones en 2024 y volvió a un déficit de US$573 millones en 2025.

Estas cifras no demuestran por sí solas que el TLC haya funcionado bien o mal. Sí muestran algo más interesante: existe una relación comercial importante, pero todavía volátil y con mucho espacio para crecer, estabilizarse y sofisticarse, dando oxígeno y más crecimiento exportador diversificado.

Ahí debería concentrarse una parte de la política comercial colombiana. Diversificar no significa simplemente firmar más tratados. Significa utilizar mejor los que ya tenemos para vender más productos, incorporar mayor valor agregado y reducir nuestra dependencia de unos pocos mercados y productos.

Corea reúne condiciones especialmente interesantes para ello. No se trata solamente de un destino para café, carbón u otros productos tradicionales. Es un mercado sofisticado en el que Colombia puede buscar mayores oportunidades para alimentos procesados, agroindustria, cosméticos, ingredientes naturales, manufacturas especializadas y servicios, entre otros sectores. Pero tener preferencias arancelarias no garantiza que esas exportaciones ocurran. Acceso confiable es la clave.

Por eso, diez años después, también vale la pena pensar en profundizar y modernizar el TLC. El propio acuerdo ya contiene capítulos sobre reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico y cooperación. La siguiente etapa podría revisar las reglas de origen para facilitar cadenas productivas contemporáneas; actualizar las disciplinas de comercio electrónico hacia una agenda más amplia de economía digital; fortalecer la cooperación regulatoria y sanitaria para convertir el acceso jurídico en acceso efectivo; y profundizar los mecanismos de facilitación del comercio.

Además, Colombia tiene una ventaja que a veces subestimamos: Corea ya cuenta con institucionalidad económica y de cooperación en nuestro terreno. KOTRA, por ejemplo, mantiene una oficina en Bogotá que desarrolla actividades de comercio, inversión, investigación de mercados y proyectos. A ello se suma la presencia de instrumentos coreanos de cooperación (KOIKA) y financiación (KEXIM Bank). Una estrategia bilateral más ambiciosa debería conectar esa institucionalidad con empresas colombianas, proyectos de inversión, transferencia tecnológica, financiación y programas concretos de internacionalización. Nuestras pymes lo necesitan desesperadamente, pero ignoran su existencia.

Esto exige también iniciativa empresarial. Un TLC no exporta por sí mismo. Las compañías necesitan conocer la demanda coreana, adaptar productos, cumplir requisitos sanitarios y técnicos, construir canales comerciales y utilizar efectivamente las preferencias negociadas. La política pública puede abrir puertas y reducir obstáculos; son las empresas las que finalmente tienen que atravesarlas.

Nada de esto supone abandonar una estrategia más amplia con Asia. Colombia tiene buenas razones para construir una relación mucho más profunda con ASEAN, una región de enorme escala económica que además ofrece una interlocución geopolíticamente neutralmente pragmática. Ese tema, por su importancia, merecería una columna aparte.

Pero mientras diseñamos nuevas rutas hacia Asia, no deberíamos pasar por alto un puente que ya construimos. Después de diez años de TLC, Corea puede ser mucho más que otro socio comercial de Colombia. La plataforma ya existe. La tarea de la próxima década es aprovecharla al máximo.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La situación, desencadenada por el asalto súbito de Estados Unidos de Israel contra Irán, que de entrada asesinó al líder supremo de este último país, ha suscitado preocupación respecto de los peligros de obstrucción de otros lugares de la geografía mundial donde la estrechez de la superficie navegable puede facilitar acciones de alteración del tránsito de embarcaciones y afectar el transporte marítimo, que es el más grande del mundo.

En la lista entran, por supuesto, los dos grandes canales artificiales que cambiaron el modo de funcionamiento del comercio, Suez y Panamá, que siguen siendo vitales. También figuran estrechos naturales, conocidos y altamente frecuentados como Bab el Mandeb, Gibraltar, Malaca y Bashi, fundamental este último para la China continental, a la que separa de Formosa.

Los países perjudicados por la guerra en Ormuz no son solamente los ribereños del golfo pérsico, encerrados en el recoveco más rico de los mares y objeto de revancha iraní por alojar bases de estadounidenses. Los destinatarios del petróleo allí producido han visto cerrado el paso al suministro del crudo fundamental para sus actividades impulsadas por el petróleo, que siguen siendo claves para su bienestar y para la supervivencia de su transporte y su industria. A ellos se suman todos los que han de reaccionar para solventar las consecuencias del torniquete que se ha puesto al flujo del petróleo y que se siente no solo en las grandes industrias sino en los surtidores de combustible en ciudades y caminos. 

Como sucede con cualquier especie, la de los humanos se ve obligada, ante circunstancias como esta, a hacer lecturas diferentes, innovadoras y osadas del mapa del planeta, en búsqueda de nuevos caminos que permitan hacer las cosas de otra manera. Es el mismo ánimo que llevó a los portugueses a llegar a la India después de circunnavegar el África, y a los españoles, al mando de un italiano, a encontrar América. También es el tipo de razonamiento que condujo la construcción de los canales de Corinto, Suárez y Panamá.

En la medida que los principales perjudicados con el cierre de Ormuz como destinatarios del petróleo del Golfo han sido China, Corea, Japón e India, todos con intereses muy grandes en el comercio con el mundo occidental, a ellos corresponde por naturaleza actuar en busca de soluciones de transporte que eviten hacia el futuro problemas como el de las obstrucciones actuales. La mirada entonces se torna hacia rutas marítimas diferentes e inexploradas con la intensidad requerida, dentro de las cuales sobresale la del Norte, por el Círculo Glacial Ártico. 

En esa materia han sido muchos los aventureros, estrategas, comerciantes y adelantados que mapa en mano le han echado cabeza a la forma como se podría llegar del norte asiático, y más abajo, por los mares del norte, así estén congelados parte del año, a los puertos europeos. Para no hablar de las rutas militares submarinas, que se pueden abrir paso con aparente mayor facilidad.

Los chinos saben que a Trump le queda difícil y dispendioso privarlos de las rutas de suministro de petróleo del golfo pérsico. Así que la famosa amenaza de castigo a quien negocie con los iraníes a ellos no les amedrenta. Pero esa relativa seguridad no arregla los problemas. Por lo cual la China trabaja en la exploración de la ruta del norte que permitiría llegar a Europa nórdica en la mitad del tiempo que tomaría transitar por el canal de Suez. 

Corea y Japón son aspirantes adicionales que ha mostrado interés en sumarse a los esfuerzos por hacer otros caminos que faciliten sus intensas relaciones con occidente. Todo sobre la base de lecturas del mapa del planeta desde encima del Polo Norte, que permiten apreciar la cercanía entre Asia y Europa, enormemente distantes en las lecturas tradicionales. Todos de acuerdo en que el esfuerzo vale la pena, si se tienen en cuenta realidades difíciles de manejar, como las condiciones climáticas que representan un obstáculo cada vez más manejable debido al descongelamiento en el Círculo Polar Ártico.

Los chinos, que acostumbran a leer el curso de la historia de los términos más amplios, y que tienen larga experiencia en la combinación de los procesos históricos con la geografía y la política, se ocupan por eso ahora con particular interés en “las frutas del norte”, empujados por las dinámicas de un mundo en el que actores con presupuesto militar inferior al de las grandes potencias tradicionales demuestran capacidad para perturbar los circuitos del comercio mundial en lugares estratégicos que tienen a la mano.

Para esos efectos, y ante la alarma que produce la impotencia estadounidense para salir del problema en que se metió con el ataque por sorpresa a Irán, que ha mantenido cerrado el estrecho de Ormuz por medio año, la China impulsa un “expreso ártico” que facilitaría el tránsito de sus mercancías hacia y desde Europa, lejos de los problemas del Medio Oriente. Y sus barcos ya han llegado por esos caminos a puertos británicos. 

Para efectos de la viabilidad del proyecto, y en cuanto China no es un estado ribereño del Ártico, acierta al buscar la cooperación de Rusia que comparte la dimensión ártica con Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega, Dinamarca por Groenlandia, Estados Unidos por Alaska, y Canadá. Con la consecuencia de que toda acometida chino-rusa, suscita preocupación en los países árticos occidentales y en occidente en general no necesariamente por su dimensión comercial sino por los interrogantes estratégicos y militares que aparecen cuando esas dos potencias se juntan. 

Andrés de Urdaneta, el famoso marino, cosmógrafo y explorador, que se volvió después religioso agustino, dejó la herencia de los viajes desde Filipinas hasta el occidente americano, Acapulco, por el Pacífico Norte. Ahora, para ir de puertos chinos japoneses o coreanos hacia Europa, se sube hasta el extremo nororiental de Asia, que casi se junta con el noroccidental de América, y en lugar de seguir derecho, como si se fuera para Acapulco, se dobla a la izquierda por el estrecho de Behring, que separa a los dos continentes, para avanzar por encima del círculo polar ártico y descender luego hacia Escandinavia y los puertos bálticos o del Mar del Norte, en el Atlántico europeo.

Con ayuda de rompehielos atómicos, por ejemplo, cada vez será más fácil el tránsito por esos lugares. Entonces el funcionamiento del mundo vivirá nuevas transformaciones y acumulará nuevas experiencias. Con lo cual vendrán al lado de las nuevas rutas, nuevas oportunidades y también preocupaciones adicionales ante la significación estratégica que implica cada lectura nueva del modo de uso del planeta.

Lección para todos sobre la importancia de la dimensión marítima de quienes tenemos el privilegio de acceder ampliamente a dos océanos. También lección sobre la urgencia de pensar con acierto en nuestro lugar y nuestras oportunidades en el mundo del futuro.

El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los libros de Steven Pinker siempre enseñan y divierten. Hoy se hablará del más reciente, Cuando todos saben que todos los saben. El conocimiento común y la ciencia de la armonía, la hipocresía y la indignación, traducción Pablo Hermida Lazcano. Paidós, 2005.

Para Pinker, el lenguaje genera conocimiento común a un costo muy bajo, lo que a su vez hace posible la coordinación social. Las relaciones sociales son juegos de coordinación que se juegan con símbolos, con la reputación y con el rostro. Su análisis sobre la generosidad y la caridad es importante y sumamente interesante; no es algo que uno sepa o prediga de entrada, y nos permite comprender cómo funcionan realmente. Incluso resulta valioso entenderlo para diseñar métodos más sugestivos o persuasivos que motiven a la gente a donar y hacer caridad.

Pinker siempre ha mantenido un enfoque científico en sus escritos. Por eso sostiene que todos los experimentos, incluidos los sociales, deben ser reproducibles para ser válidos. En este libro, él mismo explica varios experimentos que realizó junto a sus colegas y estudiantes.

Asimismo, analiza las relaciones sociales y de parentesco a través del tira y afloja de nuestro juicio social y nuestra mentalización recursiva. El autor afirma: «Los juegos de relación son frágiles, con constantes oportunidades de descoordinarse y desertar, y solo son sostenibles cuando tienen puntos focales o generadores de conocimiento común para atraer y mantener a las partes en equilibrios fructíferos».

Todas esas frases románticas e idílicas sobre la amistad que circulan en las redes sociales —muy cursis, por cierto— quedan al desnudo en este libro. El equilibrio de las relaciones sociales es frágil cuando no hay un parentesco de sangre, lo cual tampoco significa que las relaciones familiares no sean complejas. Según Pinker, cada una de estas relaciones «encarna un juego de coordinación que prescribe una distribución de recompensas».

Los ejemplos primigenios de comunalidad (familias, parejas, amigos) evolucionaron a partir del mutualismo proporcionado por los genes compartidos. Más tarde, esto se expandió a los gremios, equipos, camarillas y tribus que comparten recursos y favores, donde el equilibrio debe ser positivo para todas las partes. Compartir de manera comunal es natural en las familias, pero se vuelve más débil con otros grupos.

Respecto al estatus y a la imagen que proyectamos o deseamos proyectar, Pinker revela las oscuridades del alma humana al señalar: «Todos somos receptivos a las señales conductuales que revelan rasgos valorados, como la honestidad, la generosidad, la competencia, la equidad y la fiabilidad. Sabiendo esto, intentamos granjearnos la admiración de nuestros semejantes exhibiendo esos signos y señales. Pero sabiendo que las personas a las que juzgamos también saben esto, subestimamos cualesquiera intentos de ostentación de virtud, ya que tan solo indican astucia social, no las virtudes mismas. Y sabiendo que aquellos que nos juzgan a nosotros saben que sabemos que subestimarán nuestros alardes de virtud, intentamos que nuestros alardes sean lo suficientemente sutiles como para que no piensen que estamos intentando alardear en absoluto; o bastante sutiles para que no sean conocimiento común, de modo que todos podamos seguir fingiendo que el comportamiento es auténtico».

Por otra parte, reír, llorar, sonrojarse, mirar fijamente o fulminar con la mirada son expresiones emocionales evidentes que generan conocimiento común. Son reacciones que nos ponen en evidencia, pues revelan lo que sentimos, y Pinker las analiza meticulosamente. En el capítulo 6, propone su propia teoría del humor. Curiosamente, mi padre, Antonio Vélez Montoya, también escribió un libro titulado El humor (publicado por la editorial de la Universidad EAFIT) y coincide en varios puntos con él. Pinker señala: «La risa genera conocimiento común que desafía una convención de dominio, estatus o prestigio. La autoridad puede ser cuestionada de manera agresiva, con el objetivo de nivelar o reforzar una jerarquía de dominación, o puede ser cuestionada de forma amigable, para convertir en conocimiento común el hecho de que la base de una relación no es en absoluto la dominación, sino más bien la comunalidad».

Mi padre pensaba que la risa no solo servía para rebajar el estatus de alguien, sino también para celebrar un logro. Por eso, cuando vemos a un patinador realizar una pirueta muy difícil, de manera natural nos reímos o sonreímos.

En definitiva, lejos de ser meros actos espontáneos o sentimentales, nuestras expresiones emocionales y nuestras convenciones sociales funcionan como herramientas evolutivas de coordinación. Al desnudar estas dinámicas, el texto nos revela que nuestra aparente sofisticación social, con todo su teatro de sutilezas, jerarquías y alardes de virtud, no es más que una intrincada estrategia biológica diseñada para mantener el frágil equilibrio de la cooperación humana.