Apelando al símil de que el niño dios son los papás, una amiga y colega me dijo esto hace 7 años mientras trabajábamos en una sala de redacción del que fue, en su momento, uno de los medios de comunicación más reconocidos: Semana. 
Nunca se me olvida esa frase y cual niña ilusionada trato de pensar que no es así, que el periodismo está vivo y que hay colegas que le hacen honor a este oficio. Pero cada mañana, mientras salto de emisora en emisora y cada noche antes de dormir que leo los portales de los principales medios colombianos me entra una desazón y me carcome esa frase de mi gran amiga, que paradójicamente la pronunció donde antes se hacía periodismo y hoy se hace propaganda. 

A veces, incluso, extraño lo que los periodistas, panelistas, reporteros de los medios hegemónicos del país hicieron durante los cuatro años del Gobierno Petro: contra preguntaban, investigaban, confrontaban, ponían contra las cuerdas a esos funcionarios que debían, ante los medios, rendirnos cuentas a sus votantes. Es más, extraño que no sentían miedo, que no eran censurados ni apartados de sus cargos.

Desde el 7 de agosto de 2026 la agenda  mediática cambió. Los colegas que quedan en sus cargos ahora solo usan adjetivos positivos para referirse a los funcionarios, no hay contrapreguntas interesantes en las entrevistas. Los portales de los medios están llenos de titulares que solo replican anuncios del Gobierno, no hay muchos interrogantes, ni análisis ni verbos que den connotación negativa a lo que se anuncia. 

Cuando regreso a la frase: “son los papás, son los papás” (y que en realidad quiere decir que no existe), vuelve a mí esa esperanza y nostalgia que me caracteriza y pienso en que la frase puede arreglarse: EL PERIODISMO SON LAS MUJERES y sí existimos. Y, con eso me vuelve el alma al cuerpo por pensar en lo maravilloso que hacen Cecilia Orozco, María Jimena Duzan, Yolanda Ruíz, Diana Salinas, Ana Cristina Restrepo, Patricia Lara, Maria Teresa Ronderos, María Martín, Inna Afinogenova, Carol Ann Figueroa, (@estaeslpildora), Angélica Gómez (@sagaeconomica) Daniela Díaz, Cindy Morales.  (Pueden en los comentarios ayudarme con más nombres).

Ellas, esas mujeres que nombro y quizá las que me quedan por leer, sí que están haciendo periodismo de verdad. Ellas me dan esperanza, me permiten volver a creer y por eso al terminar esta columna, se la envié a mi amiga y colega: la arreglé EL PERIODISMO SON LAS MUJERES, lo estamos salvando. 

Ella, ya muy incrédula, me dice que es difícil pensar que esto algún día deje de ser así, porque desde la Revolución Industrial se convirtió en un negocio. Yo elijo creer lo contrario. Elijo creer que las cosas pueden cambiar, aunque tome tiempo, aunque a veces parezca imposible. Pero más imposible dar por sentado que la batalla cultural está perdida.

Honro profundamente a estas mujeres valientes que siguen haciendo periodismo en medio de la desesperanza, que insisten, que preguntan, que incomodan y que no renuncian. Tal vez por mujeres como ellas todavía vale la pena creer. Y yo elijo hacerlo.

Maria Mesa Rivera- Periodista

“Las hidroeléctricas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó convertirían al Chocó en un jugador relevante del sistema interconectado del país”:

Corando Velásquez, en abrebocas de su intervención inicial ““Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó” en RE Quibdó & Chocó.

En el encuentro en Medellín estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato, y el jefe de gabinete de la gobernadora.

RE Quibdó & Chocó 2026 es organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

“Ha faltado liderazgo para las hidroeléctricas”: Corando Velásquez

Reconocido por múltiples obras, entre ellas el aeropuerto de Quibdó, Luis Corando Velásquez Parra es un ingeniero civil con más de 30 años de ejercicio profesional, egresado de la Universidad La Gran Colombia, gerente de la empresa Corvez.

En esta entrevista nos ofrece un adelanto de su participación en REconstrucción Quibdó & Chocó 2026.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: En agosto de 2025, el MinMinas anunció la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) del Río Tolo entre Acandí y Unguía (5 megavatios, inversión de COP 140 mil millones).

La gobernadora habló hace pocas semanas de hacer una hidroeléctrica y hay antecedentes de propuestas de muchas hidroeléctricas en el departamento.

También como contexto: Colombia tiene 904 MW hidroeléctricos frenados mientras arrecia El Niño

Así que el tema no es nuevo. ¿Cuáles tres ideas de hidroeléctricas priorizaría usted?

• Corando Velásquez, constructor: El Chocó es la región con más recursos hídricos en el país y la gran oportunidad de Colombia para evitar crisis por el bajo nivel de los embalses.

Priorizaría las hidroeléctricas Atrato, San Juan y Baudó, que convertirían al Chocó en un jugador relevante del sistema interconectado del país. Se podría vender energía a Centro y Sur América.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Ahora, a su juicio, ¿por qué no se ha construido ni una hidroeléctrica en casi un siglo en el Chocó? La hidroeléctrica de La Vuelta, en el municipio de LLoró, fue abandonada.

• Corando Velásquez, constructor: La respuesta es corta. Por falta de iniciativa, liderazgo local y apoyo institucional desde centro del país.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Parece haber dos tendencias frente a las hidroeléctricas: la de quienes las prefieren “mini” para el autoabastecimiento, y la de quienes piensan en vender energía a Colombia y a otros países. Ya sabemos en cuál escuela está Usted, pero compártanos sus argumentos.

• Corando Velásquez, constructor: El Pacífico y el Atlántico colombiano sufren recurrentes interrupciones del servicio, sumado a la falta del suministro de energía permanente en gran parte del Chocó en las riberas de los ríos y en las costas donde todavía se utilizan plantas diesel.

Con la construcción de centrales hidroeléctricas en el Chocó se apuesta de manera decidida a satisfacer necesidades primordiales: sustento, capacidad instalada y crecimiento económico, entre otros de los beneficios que genera una inversión de este tipo.

Al contar con nuestras propias hidroeléctricas, mejoraría la calidad de vida en todos estos territorios por la empleabilidad, el crecimiento industrial, el turismo: un gran cambio en la actividad económica de las poblaciones y más ingresos para los entes territoriales.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Hay una preocupación por represar ríos y por el impacto ambiental. ¿Qué les dice usted a esas personas como ingeniero civil?

• Corando Velásquez, constructor: El represamiento de los ríos se daría aguas arriba, en lugares no navegables, con un control de inundaciones en las poblaciones aguas abajo que sufren actualmente por fuertes crecientes se los ríos.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: En el caso del rio Atrato, ¿estaríamos hablando de centrales a filo de agua, no de represa, por la navegabilidad del rio hacia Turbo para sacar carga por Puerto Antioquia?

• Corando Velásquez, constructor: La central hidroeléctrica HidroAtrato se construiría aguas arriba de este río, en inmediaciones de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en un lugar no navegable, y reduciendo el riesgo de deslizamiento e inundaciones en una zona importante.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Gracias, ingeniero Corando. Esto despertará un apetito por su intervención en RE Quibdó & Chocó, en EAFIT, el 07 de noviembre.

Para más información:

• Encuentro académico en Medellín por reconstrucción de Quibdó y Chocó
• Pensar en serio el Plan Marshall | RE Quibdó & Chocó

Agenda general de RE Quibdó & Chocó 2026

El encuentro tiene tres segmentos: panel inaugural en auditorio (de 8:00 am a 10:00 am), receso de 20 minutos, cuatro sesiones temáticas simultáneas en salones de clase (10:30 a 12:30), y almuerzo y café de integración y networking por cuenta propia (12:45 p.m. a 2:00 p.m.), en restaurante central de EAFIT.

• Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
• II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Interesados pueden escribir a: mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

En la vereda colombiana Los Laureles, en el departamento de Arauca, los habitantes comparten el río Cravo Norte con el caimán llanero (Crocodylus intermedius). César Castro, campesino de la zona, relata que conocen bien los territorios que este depredador de hasta siete metros de largo defiende incluso de otros de su misma especie. Aunque hay relativa tranquilidad en la convivencia, no se han librado de ataques esporádicos al ganado ni de conflictos con pescadores locales y foráneos por el enmallamiento del reptil en las artes de pesca.

Así como en los Llanos Orientales, en muchos territorios de Colombia los encuentros entre personas y fauna silvestre pueden desencadenar preocupación, pérdidas económicas y acciones humanas que terminan perjudicando a los animales. Para promover la coexistencia, Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, junto a una docena de instituciones aliadas, desarrollaron la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre.

“Se construye a partir de la experiencia de más de una década de trabajo en los territorios del país junto con las comunidades, con el fin de mitigar el conflicto”, dice Germán Forero, director científico de WCS Colombia. Este documento busca ofrecer herramientas prácticas para orientar procesos que permitan construir y monitorear territorios en coexistencia. La guía se ha nutrido de diferentes experiencias en el país con especies como el oso andino o de anteojos, el jaguar, el puma, los murciélagos y las águilas.

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“La guía recoge muy bien esas experiencias, las potencia y permite tener una orientación clara y contundente en términos de generar los escenarios de coexistencia”, opina Federico Mosquera, subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, institución que ha participado en varios de los procesos citados en el documento.

La publicación se basa en el Plan4Coex, un enfoque de planificación que busca mitigar las interacciones negativas para alcanzar una coexistencia sostenible y evaluable a lo largo del tiempo, de acuerdo con la guía. Silvio Marchini, biólogo brasileño y miembro del Grupo de Especialistas en Conflicto y Coexistencia Humano-Fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), junto a otros colegas, desarrolló la metodología.

“Cuando nos centramos en el conflicto, la pregunta suele ser qué debemos reducir o evitar. Cuando pensamos en coexistencia, también nos preguntamos qué necesitamos construir y mantener para que las personas y la fauna puedan compartir un territorio a largo plazo”, explica Marchini. Con este enfoque, el bienestar de las personas y la conservación de las especies son objetivos que van de la mano.

Las comunidades deben ser las protagonistas

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Para Marchini, convertir el conflicto con la fauna silvestre en coexistencia demanda que los habitantes sean involucrados desde el inicio en la definición de los problemas, los objetivos, las acciones y la evaluación de los resultados. “Las comunidades ya tienen conocimientos, capacidades e iniciativas propias”, dice. Debe existir respaldo institucional y recursos, sin trasladar a las comunidades toda la responsabilidad de la conservación, añade el experto.

La cartilla propone comenzar por una evaluación de las interacciones con fauna silvestre que recoja las experiencias y percepciones de las comunidades a través de talleres participativos. En Cravo Norte, por ejemplo, los especialistas conocieron que casos aislados de depredación de animales domésticos o los encuentros inesperados con el caimán llanero están integrados en la vida diaria de sus habitantes.

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Mientras tanto, en el río Tomo y caño Terecay, en el departamento de Vichada, donde el caimán llanero ha sido reintroducido desde 2015, encontraron que muchas interacciones imprevistas con el reptil se deben al “desconocimiento local”, de acuerdo con la guía. Estas experiencias dejaron la lección central de que las medidas deben adaptarse a cada contexto, aunque se trate de la misma especie, señala Marchini.

El siguiente paso que propone la guía es la planificación, que incluye definir los cambios esperados y las acciones a tomar. Por ejemplo, en Cravo Norte se planificaron acciones encaminadas a evitar que los animales domésticos se acerquen al río y se conviertan en presas del caimán. También se planificaron recorridos comunitarios por el río para evitar el uso de artes de pesca no reglamentadas y actividades de educación ambiental en la escuela local, añade Forero.

En Vichada, por otro lado, se tiene planificado hacer nuevas liberaciones, adelanta Mosquera.

Forero reconoce que el caimán llanero, al ser un depredador que puede alcanzar los siete metros, requiere de un trabajo minucioso con las personas antes y después de su reintroducción. La razón es sencilla: las comunidades en el río Tomo y caño Terecay no estaban acostumbradas a la presencia de la especie, pues hace décadas que había desaparecido de la zona por la cacería ilegal para la extracción de la piel.

El tercer paso es establecer una línea base con indicadores de daños, tolerancia o disposición a coexistir y del estado de la población silvestre. En ese proceso, Castro conoció que en Cravo Norte sobreviven las poblaciones más grandes del caimán llanero. Aún así, en los monitoreos no han contado más de 50 adultos, detalla. “Pensábamos que había muchos”, dice, pero, en realidad, el animal sigue clasificado en la categoría de Peligro Crítico, según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Implementar acuerdos y monitorearlos

El caimán llanero controla las poblaciones de peces y evita que los cauces se obstruyan al movilizar sedimentos con su cola. Esto es parte de lo que la comunidad aprendió en los talleres con WCS. Al ver que quedaban tan pocos y que su rol para mantener en equilibrio el ecosistema fluvial desaparecería, la comunidad se motivó a cuidarlos, asegura Castro.

Precisamente, el cuarto paso que propone la guía es concertar acciones y responsabilidades. En Cravo Norte se acordó implementar acciones a nivel comunitario y predial para hacer un mejor manejo de los animales domésticos.

El quinto paso contempla la implementación de las medidas que pueden incluir manejo del hábitat, prácticas productivas sostenibles, infraestructura antidepredatoria, incentivos, educación y fortalecimiento de capacidades con acompañamiento técnico.

Entre esas medidas, en Cravo Norte se construyeron bebederos para evitar que las vacas y los cerdos bajen al río en busca de agua, comenta el habitante de Los Laureles.

La guía de seis pasos concluye con el monitoreo y evaluación. Este punto incluye la revisión de acciones e indicadores y comparación de los resultados con los cambios esperados. El objetivo es ajustar o reemplazar medidas.

La coexistencia en un país megadiverso

Federico Mosquera, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, revisó la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre desde su concepción, pues se alínea con uno de los objetivos de la entidad: construir escenarios de coexistencia entre las especies y los modelos productivos humanos. Explica que en las áreas protegidas, ya sea por traslape con comunidades indígenas, ocupación de ciertas zonas, sobreexplotación de fauna, desarrollos forestales o pérdida de conectividad, hay interacción entre personas y animales silvestres.

En un país megadiverso como Colombia, esta realidad se extiende a todo el país. “Las personas que viven en áreas rurales, inclusive en las ciudades, conviven muy cerca de la biodiversidad”, señala Forero, de WCS Colombia.

Mientras los ganaderos pueden verse afectados por la pérdida de ganado por ataques de grandes felinos o los agricultores denuncian casos donde osos de anteojos (Tremarctos ornatus) que se alimentan de sus cultivos, para Mosquera hace falta una discusión sobre el rol de estas especies en el equilibrio ecológico del que dependen las poblaciones humanas, para la obtención de servicios ambientales como el agua limpia y la polinización.

Es decir, la solución no está en cazar por retaliación, sino, por ejemplo, en implementar medidas de manejo adecuado del ganado, resalta Mosquera. Esto incluye sistemas de rotación silvopastoriles, implementación de cercas y cuidado veterinario. Las medidas no solo protegen al ganado del ataque de depredadores, sino que también están encaminadas a proteger su salud y su vida, reduciendo aún más la pérdida económica de los productores.

Cambiar la percepción sobre la fauna silvestre

“El principal reto es cambiar la percepción de las comunidades hacia las especies”, asegura Mosquera. Por su parte, Forero agrega que varias de las experiencias recogidas demuestran que las interacciones con la fauna silvestre pueden ser positivas y traer beneficios. Un ejemplo de eso es el desarrollo del certificado Andean Bear Friendly, sello que ya han recibido algunos cafeteros en el departamento de Valle del Cauca por su convivencia con el oso de anteojos.

Otro desafío tiene que ver con los recursos, reconoce Forero. Seguir los pasos de la guía y, principalmente, implementar las acciones y estrategias, requiere de herramientas y recursos económicos. Por eso, aunque la guía es autoexplicativa, en muchos casos es ideal que las implementaciones sean acompañadas y apoyadas por instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales o privadas, en colaboración con las comunidades o actores locales.

“Esta planificación debe integrarse a otros instrumentos que existan en el territorio, los planes de ordenamiento, las estrategias de restauración, las estrategias de ordenamiento productivo”, añade Forero.

Para Marchini, otro reto es dar continuidad a los procesos cuyos tiempos superan la duración de los proyectos. Explica que las medidas técnicas necesitan mantenimiento, los acuerdos necesitan seguimiento, y las relaciones de confianza requieren de presencia sostenida. “La sostenibilidad depende de que el territorio conserve la capacidad de decidir, actuar y aprender cuando termine el proyecto”, afirma.

Al final del día, señala el especialista de la UICN, el objetivo es que las comunidades disminuyan las pérdidas y la vulnerabilidad, mientras que se reducen las amenazas que enfrenta la fauna silvestre y mejoran las tendencias poblacionales y el hábitat.

En Cravo Norte, donde sus habitantes se enorgullecen de saber convivir con el caimán llanero, ahora refuerzan su vínculo con este gran depredador. Castro relata que WCS respaldó una observación de postura de huevos en verano. Y dice con emoción: “pudimos mirar el nacimiento de 114 nuevas crías, fue una experiencia bonita, aprendimos algo más del caimán”.

*Imagen principal: A medida que crecen las fronteras ganaderas, se han registrado casos en los que los grandes felinos, como el jaguar (foto) y el puma, depredan animales domésticos. Foto: cortesía Federico Mosquera.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La semana pasada, Arturo Calle le dijo a la Comisión Tercera de la Cámara que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos, y señaló el auge de plataformas internacionales como Temu y Shein. Como investigadora del comportamiento del consumidor, mi primera reacción no fue buscar culpables, sino hacerme una pregunta: ¿cuánto de esa pérdida se explica por una diferencia en las reglas de juego, y cuánto por un consumidor que cambió su forma de comprar?

La pregunta importa porque de la respuesta depende qué política pública tiene sentido. Y hoy, en Colombia, ese debate se está dando más con testimonios que con evidencia.

Empecemos por lo que sí sabemos. El régimen de minimis nació como una herramienta razonable de facilitación del comercio: agilizar los envíos ocasionales de bajo valor y evitar trámites que costaban más que el tributo mismo. En Colombia, los envíos de hasta USD 200 que llegan por tráfico postal y entrega rápida siguen excluidos de IVA, luego de que la Corte Constitucional dejara sin efecto la reducción temporal del umbral a USD 50.

El problema es que el mercado para el que se diseñó esa regla ya no existe. En 2025 ingresaron al país más de 37 millones de paquetes internacionales, casi el doble de los poco más de 19 millones de 2024. La DIAN estima un recaudo potencial de IVA de $1,26 billones para 2026 asociado a estas operaciones. Y solo en Bogotá ajustó 50.703 guías declaradas por debajo de USD 200 en 2025, y 49.791 en el primer semestre de 2026: una señal de que el fraccionamiento de envíos dejó de ser anecdótico.

Nada de esto es un argumento contra el comercio electrónico. En 2025 el sector sumó 684,6 millones de transacciones y $145,4 billones en ventas, con un crecimiento de 11,1 %. Las plataformas internacionales han acercado la oferta a consumidores de regiones donde antes era escasa, y eso es un beneficio real. El punto es otro: que una empresa colombiana, un comercio electrónico local y una plataforma extranjera compitan con reglas tributarias comparables.

Ahora, lo que todavía no sabemos. Un 19 % de diferencia en el precio final pesa, pero el consumidor no decide solo por precio. La literatura sobre experiencia de cliente muestra que la confianza, la facilidad de devolución, las garantías, el servicio posventa y hasta el origen del producto mueven la decisión de compra. Atribuir toda la caída de las ventas de una marca a la exención del IVA sería tan impreciso como negar que esa exención existe. Necesitamos medir cuánto pesa cada factor, en qué categorías y para qué consumidores.

Por eso, desde Criteria CEEM del CESA, y en alianza con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, estamos construyendo esa evidencia en tres niveles. Primero, cuantificar la asimetría de precio por categoría y revisar cómo han actuado la Unión Europea, Estados Unidos, Australia o Brasil. Segundo, escuchar a las empresas para entender su exposición real y sus capacidades para diferenciarse. Tercero, estudiar con experimentos de elección cómo deciden los consumidores colombianos cuando comparan una oferta local con una internacional.

No se trata solo de informar el debate regulatorio. Sea cual sea la decisión que tome el país, las empresas colombianas necesitan propuestas de valor que no dependan únicamente del precio, y eso también se construye con datos.

Creo que el momento es propicio. Otros países ya ajustaron sus reglas sin cerrarse al comercio digital, y el contexto del comercio bilateral ha cambiado. Colombia tiene la oportunidad de actualizar el régimen de minimis de forma técnica y gradual: preservar la agilidad de los envíos ocasionales legítimos, cerrar los espacios de abuso y lograr que el IVA se aplique de manera equivalente sin importar dónde compre el consumidor.

Las buenas reglas evolucionan al ritmo de los mercados que regulan. Nuestro compromiso desde la academia es aportar evidencia rigurosa y ponerla a disposición del Gobierno, la DIAN y el Congreso, para que las decisiones que se tomen beneficien por igual a las empresas, a los consumidores y a las finanzas públicas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

El presidente de la República prometió un Plan Marshall y se refirió al rescate del Valle de Tennessee.

La palabra presidencial tiene un valor y un peso, y por eso se profundizará en sus implicaciones.

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato, y el jefe de gabinete de la gobernadora.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

Las preguntas que abordará el panel “Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

Ni preguntas fáciles, ni respuestas complacientes. Las preguntas orientadoras buscan aclarar ideas y ayudar a concretarlas en términos más específicos en relación con la realidad y sus posibilidades de transformación.

El propósito es que todos, panelistas y participantes, salgan del panel con nuevas ideas y conocimientos en el marco de una mentalidad dirigente, dispuesta a hacer que las ideas se materialicen con dominio técnico.

1) ¿Qué aspectos de las experiencias del rescate del Valle de Tennessee y del Plan Marshall parecen replicables en el caso de la reconstrucción del Chocó?

2) En esencia, pero en concreto, ¿cómo la reconstrucción se puede convertir en transformación?

Las demandas de reconstrucción son específicas e inmediatas; las de transformación, inespecíficas y de mediano y largo plazo, hasta ahora.

3) ¿Cuál sería la escala adecuada para lograr una reconstrucción transformadora del Chocó: departamental, interoceánica con Antioquia, macrorregional con el Eje Cafetero?

4) ¿Con cuál visión de Colombia a largo plazo se va a conectar la visión del Chocó para apalancarse?

¿Cuáles son los ejes de esa visión, del país y del Chocó? ¿Qué función económica podría desempeñar el Chocó en la Colombia de las próximas décadas?

5) Órdenes de magnitud de inversiones y de fuentes para una transformación del Chocó.

Puerto Progreso se estima en 1300 millones de dólares, por ejemplo. ¿Cuáles serían las grandes inversiones y cuánto se puede esperar del Fondo Milagro?

6) ¿Cuál sería la variable interna crítica y cuál la externa para la reconstrucción o la reconstrucción transformadora del Chocó? ¿Sobre cuáles variables hay que actuar primero?

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

Quiénes son los panelistas de pensar “Plan Marshall”

Dos economistas reputados del país (Posada y Medina), dos empresarios (Velásquez y Bustos), un ingeniero experto (Lucumí) y dos funcionarios públicos con responsabilidad (alcalde de Quibdó, Bolaños, y jefe de gabinete de la gobernación, Mazo) contribuirán a discernir cómo alcanzar una reconstrucción transformadora de Quibdó y Chocó.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional:

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”.

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó:

“Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros:

“Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó:

“Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Para información completa de RE Quibdó & Chocó: Encuentro académico en Medellín por reconstrucción de Quibdó y Chocó

Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

Leer más | La crisis climática cambió las reglas: comunidades latinoamericanas generan sus propios datos para enfrentar sequías, incendios e inundaciones

—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

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—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

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—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La seguridad en el trabajo no depende únicamente de evitar las grandes emergencias. También exige identificar los riesgos cotidianos que pueden terminar en lesiones graves: una herramienta que cae desde una altura, un golpe contra una estructura metálica o una caída que provoca un impacto en la cabeza. En Colombia, donde la accidentalidad laboral continúa siendo un desafío para las empresas y sus trabajadores, la prevención de este tipo de situaciones ocupa un lugar relevante en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

Según el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), durante el primer trimestre de 2026 se registraron 128.288 accidentes de trabajo en el país, un promedio de 1.425 casos diarios. Las cifras dimensionan la frecuencia con la que ocurren estos episodios y la importancia de fortalecer las medidas para identificar los peligros, reducir la exposición a ellos y proteger a quienes desempeñan distintas actividades productivas.

Entre los riesgos que requieren atención están los traumatismos cerebrales relacionados con el trabajo. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH, por sus siglas en inglés), estas lesiones representan entre el 20 % y el 25 % de los traumatismos laborales, una proporción que pone de relieve la importancia de prevenir los golpes en la cabeza y evaluar las condiciones en las que se desarrollan las labores.

Los accidentes pueden producirse de distintas maneras. La caída de herramientas, materiales y otros objetos constituye uno de los escenarios más evidentes, pero no es el único. También existen riesgos asociados a partículas o elementos proyectados durante una operación, golpes contra vigas, tuberías y equipos, y caídas del propio trabajador que terminan en impactos contra el suelo u otras superficies.

“En los entornos de trabajo pueden presentarse diferentes situaciones capaces de generar impactos en la cabeza, desde objetos que caen hasta golpes contra estructuras o caídas. Por esto, Colombia cuenta con un marco normativo que exige a las organizaciones identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales”, explicó Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, empresa especializada en la fabricación de elementos de protección personal.

La identificación de estos escenarios es un punto de partida para establecer medidas preventivas acordes con cada actividad. La evaluación de riesgos, la capacitación de los trabajadores, la organización de los espacios y la selección de equipos de protección adecuados forman parte de las acciones que pueden contribuir a reducir la probabilidad de accidentes y sus consecuencias.

La importancia de proteger los costados de la cabeza

La protección de la cabeza no debería concentrarse exclusivamente en los impactos que se producen desde arriba. Un estudio del Biomechanics Laboratory del Legacy Research Institute, en Portland, Estados Unidos, sobre el desempeño de los cascos de seguridad industrial, encontró que los impactos laterales son aproximadamente tres veces más frecuentes que los impactos en la parte superior de la cabeza.

Este hallazgo llama la atención sobre la variedad de situaciones que pueden presentarse en un entorno laboral. Un trabajador puede golpearse contra una estructura fija, recibir el impacto de un objeto o sufrir una caída en la que la cabeza entre en contacto con una superficie desde diferentes ángulos. Por ello, las características de los elementos de protección deben evaluarse de acuerdo con los peligros específicos de cada labor.

En ese contexto, los cascos de seguridad Tipo II están diseñados para brindar protección frente a impactos en la parte superior y en distintas zonas de la cabeza, incluidos los costados, la parte frontal y la posterior. Según Vejarano, estos equipos pueden resultar pertinentes en actividades en las que existe exposición a impactos desde varias direcciones, siempre que su selección corresponda a la evaluación de riesgos y a los requisitos técnicos aplicables.

La elección del equipo, sin embargo, no sustituye la prevención en el origen del peligro. Un casco puede reducir determinados riesgos, pero no elimina la posibilidad de que ocurran accidentes. La protección requiere combinar los elementos adecuados con procedimientos seguros, controles sobre las condiciones de trabajo y formación para reconocer situaciones potencialmente peligrosas.

El impacto también se refleja en los costos

Las consecuencias de un traumatismo cerebral pueden extenderse más allá de la lesión inicial. Además de la atención médica y los procesos de recuperación, estos accidentes pueden ocasionar ausencias laborales, pérdida de productividad y dificultades para retomar las actividades habituales.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estimó que, en ese país, los casos de traumatismo cerebral no fatal que requirieron hospitalización generaron costos promedio de US$51.241 en gastos médicos y US$6.110 en pérdidas laborales por persona.

Estas cifras corresponden al contexto estadounidense y no deben interpretarse como una estimación de los costos en Colombia. No obstante, ilustran la dimensión económica que pueden alcanzar las lesiones y la importancia de considerar la prevención como parte de la gestión empresarial, además de su papel central en la protección de la salud y la integridad de los trabajadores.

En Colombia, la magnitud de la accidentalidad laboral registrada durante los primeros meses de 2026 plantea la necesidad de mantener la atención sobre los riesgos presentes en los distintos sectores productivos. La prevención de los traumatismos en la cabeza requiere reconocer cómo se producen los impactos, identificar las condiciones que pueden provocarlos y adoptar medidas de protección adecuadas para cada entorno.

Reducir estos accidentes no depende de una sola herramienta ni de una medida aislada. Exige una gestión que combine la evaluación de peligros, la implementación de controles, la capacitación y el uso apropiado de equipos de protección personal. En últimas, la seguridad laboral se construye al anticipar los riesgos antes de que se conviertan en lesiones, con medidas que protejan tanto la vida y la salud de los trabajadores como la continuidad de sus actividades.

Lo ocurrido hace algunos días en el Museo Nacional de Colombia obliga a volver sobre esa relación. Por instrucción del Ministerio de Cultura fueron retiradas decenas de piezas relacionadas con los movimientos feministas, la diversidad sexual, la violencia política, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellas se encontraban una bandera del movimiento LGBTIQ+, afiches de candidatos presidenciales asesinados, documentos sobre las luchas por los derechos de las mujeres y objetos que daban cuenta de algunos de los momentos más significativos de nuestra historia reciente. En varias salas quedaron paredes vacías, mientras el Gobierno anunciaba el comienzo de una denominada contrarrevolución cultural.

La ministra Paola Holguín ha defendido estas decisiones bajo el argumento de que el Museo Nacional no puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, ni en un espacio de apología al delito o de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia. Su planteamiento contiene una preocupación que no debería descartarse de antemano. Las instituciones culturales financiadas con recursos públicos no están llamadas a reproducir las preferencias ideológicas de quienes las administran, y mucho menos a presentar como verdades indiscutibles interpretaciones que pertenecen al terreno de la controversia política.

Sin embargo, reconocer esa preocupación no resuelve el problema. Más bien obliga a examinar con mayor detenimiento la naturaleza de las decisiones adoptadas. Porque si algo deberíamos tener claro es que ninguna exposición museográfica constituye una representación completa, definitiva y absolutamente neutral de la realidad. Toda curaduría implica seleccionar. Al escoger una pieza y no otra, al relacionar determinados acontecimientos y construir un recorrido, los museos producen interpretaciones. Esa condición no representa necesariamente una deformación de su misión. Es parte de ella.

La cuestión verdaderamente importante aparece cuando intentamos comprender quién ejerce esa facultad de selección, bajo qué criterios y con qué límites. Una cosa es que un equipo de historiadores, conservadores y curadores decida modificar una exposición a partir de nuevas investigaciones, discusiones académicas o transformaciones en la comprensión de un acontecimiento. Otra, sustancialmente distinta, es que una autoridad política determine qué expresiones deben desaparecer de las salas porque resultan incompatibles con su interpretación de la historia.

En ese punto, el debate deja de ser exclusivamente cultural y adquiere una dimensión institucional. El Museo Nacional no es una dependencia destinada a ilustrar el programa político de cada administración. Su responsabilidad consiste en conservar, investigar e interpretar un patrimonio que pertenece a la sociedad y cuya complejidad difícilmente puede reducirse a las convicciones de un gobierno. Esa responsabilidad exige independencia profesional, sin que ello signifique inmunidad frente al escrutinio público ni resistencia automática a cualquier transformación.

Hay, además, una dimensión del problema que suele pasar inadvertida. La relación entre arte y política no comienza cuando una obra transmite un mensaje partidista. También se expresa en las decisiones que organizan aquello que una sociedad puede ver, reconocer y considerar parte de su experiencia colectiva. El espacio de un museo tiene, en ese sentido, una capacidad particular para otorgar visibilidad. Cuando un objeto ingresa a una exposición pública adquiere la posibilidad de participar en una conversación social más amplia. Cuando desaparece, esa posibilidad se reduce, aunque el objeto permanezca perfectamente conservado en un depósito.

Por eso resulta insuficiente afirmar que no existe censura porque las piezas no han sido destruidas ni se ha prohibido su circulación. La censura puede adoptar expresiones menos evidentes que una prohibición formal. También puede manifestarse cuando una institución utiliza su autoridad para sustraer de la mirada pública determinadas experiencias por razones ideológicas. No toda retirada constituye censura, naturalmente. Pero tampoco basta con denominarla “revisión curatorial” para eliminar las preguntas sobre su propósito.

El caso colombiano resulta especialmente inquietante por la naturaleza de algunos de los objetos retirados. Exhibir un afiche de Carlos Pizarro no significa reivindicar la lucha armada del M-19. Mostrar la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa tampoco obliga a compartir las posiciones de la Unión Patriótica. Del mismo modo, incorporar testimonios de las luchas feministas o de la diversidad sexual no equivale a exigir que todos los visitantes adopten una determinada concepción moral de la sociedad. Estos materiales permiten conocer acontecimientos, reconocer trayectorias históricas y comprender conflictos que efectivamente formaron parte de nuestra construcción nacional.

Confundir la exposición de un acontecimiento con su aprobación política introduce una dificultad enorme para cualquier institución dedicada a preservar la historia. Bajo ese razonamiento, buena parte de los episodios más dolorosos de Colombia terminaría siendo imposible de representar. La memoria de la violencia, las guerrillas, el narcotráfico, las dictaduras o los enfrentamientos ideológicos tendría que someterse permanentemente a un juicio sobre la conveniencia de mostrar aquello que incomoda a quienes gobiernan. Y un país que solo puede exhibir los acontecimientos moralmente aceptables para sus autoridades termina construyendo una versión extraordinariamente limitada de sí mismo.

Esto tampoco significa que las exposiciones existentes sean intocables. Es legítimo revisar los relatos sobre el conflicto armado, discutir si determinadas piezas reciben una contextualización suficiente o incorporar perspectivas que hayan quedado marginadas. Incluso sería saludable preguntarnos si nuestros museos han sabido representar adecuadamente otras tradiciones políticas, religiosas y culturales cuya importancia histórica merece reconocimiento. El pluralismo exige precisamente esa disposición a ampliar las narraciones disponibles, sin reemplazar una interpretación dominante por otra igualmente excluyente.

Aquí el problema está en el método. Las salas intervenidas fueron el resultado de procesos de investigación y renovación que se extendieron durante diferentes administraciones, no únicamente durante el pasado periodo presidencial. Alterar esos contenidos sin presentar previamente un nuevo planteamiento curatorial, sin explicar las razones particulares de cada retiro y sin permitir una deliberación profesional suficientemente transparente difícilmente contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones culturales. Por el contrario, instala la sospecha de que el criterio decisivo no fue el conocimiento histórico, sino la afinidad política.

Y sería un error pensar que esta exigencia de independencia debe aplicarse únicamente al gobierno actual. En administraciones anteriores también hemos visto cómo los símbolos patrimoniales adquirieron protagonismo dentro de las disputas políticas, como ocurrió con la espada de Bolívar y su utilización en la escenificación del poder presidencial. Aunque se trate de situaciones diferentes, ambas recuerdan la facilidad con que los bienes culturales pueden terminar convertidos en instrumentos de legitimación política. La defensa de la autonomía institucional pierde buena parte de su sentido cuando depende de nuestras simpatías por quien ocupa transitoriamente la Presidencia.

La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como una nación pluralista y diversa. Esa definición no puede quedar reducida a una declaración jurídica sin consecuencias para la manera en que nuestras instituciones representan la sociedad. Precisamente porque existen interpretaciones contradictorias de la historia necesitamos lugares capaces de hacerlas visibles, contrastarlas y someterlas a discusión. La función de un museo público no consiste en resolver definitivamente esas contradicciones, sino en ofrecer las condiciones para comprenderlas.

El Estado tiene, por supuesto, la responsabilidad de orientar la política cultural, asignar recursos y garantizar que las instituciones cumplan su misión. Pero esa facultad no debería confundirse con el derecho a determinar qué versiones del pasado merecen permanecer ante los ojos de los ciudadanos. Gobernar implica tomar decisiones políticas; ejercer responsablemente el poder también exige reconocer los ámbitos en los que la autoridad debe encontrar límites.

De ahí que la discusión sobre el Museo Nacional no pueda agotarse en la pregunta de si fueron retiradas treinta o cincuenta piezas, ni siquiera en determinar si estamos ante un episodio de censura. Lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones culturales para preservar una relación crítica con el poder que las financia. Una democracia necesita museos que puedan revisar sus propios relatos, reconocer sus omisiones y confrontar nuestras certezas, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el gobierno de turno.

Quizá esa sea la responsabilidad más difícil del Estado frente a la cultura: comprender que proteger el patrimonio también significa aceptar que su interpretación nunca estará completamente bajo su control. Porque la memoria de una nación no pertenece a quienes administran temporalmente sus instituciones. Pertenece a una sociedad cuya historia, afortunadamente, siempre será más extensa, contradictoria y compleja que cualquier proyecto político.

El Gobierno ordenó retirar más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, entre ellas objetos relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión se inscribe en la llamada «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente, empeñado en restaurar unos valores tradicionales que, a juzgar por sus primeras decisiones, parecen necesitar para sobrevivir que desaparezca todo aquello que los contradiga.

Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que este gobierno de ultraderecha, que no pierde oportunidad para denunciar los males del comunismo, haya terminado protagonizando una escena que recuerda ciertos procedimientos de la Unión Soviética de Stalin. Uno habría esperado que sus asesores, tan aficionados a la defensa de la libertad y tan dispuestos a señalar los errores de la izquierda, conocieran al menos la historia de los regímenes que tanto invocan para asustarnos. Pero acaso pedirles que lean antes de censurar sea una forma excesiva de optimismo.

Stalin tenía una costumbre extraordinaria: cuando uno de sus antiguos compañeros caía en desgracia, no siempre le bastaba con encarcelarlo o mandarlo ejecutar. También había que borrarlo de las fotografías. Nikolái Yezhov, uno de los responsables del aparato represivo soviético, apareció junto a Stalin en una imagen tomada a orillas del canal Moscú-Volga. Después de su detención y ejecución, su figura desapareció de las versiones oficiales. Los retocadores reconstruyeron el paisaje para que el antiguo funcionario dejara de existir incluso en aquella fotografía. David King reunió estos y otros ejemplos en The Commissar Vanishes, un libro que documenta la falsificación de imágenes durante el estalinismo.

El procedimiento tenía una lógica impecable, si uno acepta la lógica de los tiranos: si alguien ha dejado de ser útil para el poder, tampoco merece haber formado parte de su historia. La fotografía, que debería servir como testimonio de lo ocurrido, se convierte entonces en una declaración de lo que el gobernante desea que haya ocurrido. El pasado deja de ser un territorio que se investiga y pasa a ser una propiedad privada del Estado.

Nuestro miserable Stalin criollo tiene una curiosa manera de combatir el comunismo: imitando, en materia de memoria, algunos de los procedimientos que tanto dice aborrecer. El abogado que llegó al poder después de construir una trayectoria profesional ligada a la defensa de los mafiosos y paramilitares en Colombia pretende ahora enseñarnos qué partes de nuestra historia merecen permanecer a la vista. Su cruzada contra la izquierda parece haberlo conducido a una paradoja que quizá no advierta: mientras denuncia el fantasma comunista, se arroga la facultad de corregir el pasado desde el poder. Stalin mandaba borrar de las fotografías a quienes habían dejado de convenirle; nuestro aprendiz de censor descuelga piezas que incomodan a su proyecto ideológico. No hace falta convertir la historia soviética en una caricatura para reconocer la ironía: quien dice combatir una tradición política termina recurriendo a mecanismos de exclusión que recuerdan algunos de sus episodios más conocidos. Y es que el autoritarismo, a diferencia de lo que creen sus devotos, no necesita declararse comunista o, como es el caso de Colombia, fascista, para querer decidir qué puede recordar una sociedad.

El argumento oficial habla de combatir la apología del terrorismo. Pero mostrar una pieza sobre Carlos Pizarro no equivale a justificar los crímenes del M-19; exhibir documentos sobre el Acuerdo de Paz no obliga a compartir todas las decisiones de quienes lo firmaron; conservar materiales sobre las luchas feministas o la diversidad sexual no convierte al museo en una organización militante. Un museo no es una tribuna que obliga al visitante a obedecer una doctrina. Es, precisamente, el lugar donde los objetos, los documentos y las interpretaciones deben ponerse a disposición del público para que este pueda examinar una historia compleja y, cuando sea necesario, discutirla.

Por eso importa tanto la autonomía curatorial. Las exposiciones permanentes del Museo Nacional fueron resultado de años de investigación y de un esfuerzo por incorporar experiencias que durante mucho tiempo quedaron relegadas a los márgenes del relato nacional. Retirar piezas sin presentar un nuevo guion curatorial conocido no constituye una revisión histórica rigurosa. Es, cuando menos, una intervención política cuya justificación merece ser examinada públicamente. Los museos de arte moderno que protestaron contra la medida tienen razón al reclamar que ningún gobierno convierta sus preferencias ideológicas en criterios para decidir qué puede ver la ciudadanía.

La ironía final es que los censores suelen sobreestimar su poder y subestimar la inteligencia de quienes los observan. Las paredes vacías del Museo Nacional no han conseguido borrar las luchas feministas, las vidas de las personas LGBTIQ+, los asesinatos políticos ni el proceso de paz. Por el contrario, han suscitado preguntas sobre lo que falta y sobre las razones de esa ausencia. El espacio vacío, que debía silenciar una historia incómoda, termina revelando la voluntad de silenciarla.

Quizá nuestro miserable Stalin debería aprender algo de aquel Stalin al que tanto se parece en sus pretensiones: ni siquiera el poder de un Estado puede garantizar que el pasado obedezca para siempre. Las fotografías sobreviven en los archivos; los documentos reaparecen; los testigos hablan; las generaciones siguientes descubren las huellas de aquello que se quiso borrar.

Y las paredes, tarde o temprano, vuelven a llenarse.

Albeiro Guiral
www.instagram.com/amguiral

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los cinco temas que se tratarán son Plan Marshall y Fondo Milagro, Obras por Impuestos, Soluciones de vivienda, Gestión del riesgo y Reconstrucción y urbanismo.

• Serán panelistas expertos de las universidades Nacional de Colombia, sede Medellín; EAFIT, Pontificia Bolivariana y UTCH, del Banco de la República, sucursal Medellín, y de Codechocó.

• RE Quibdó & Chocó es un encuentro académico anual (presencial) y una iniciativa de Comunidad virtual de expertos y aprendices de expertos, asistidos por Inteligencia Artificial, de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de Quibdó y Chocó, 2026-2030. Hermana de RE Buenaventura, que comenzará el 14 de noviembre en la Universidad ICESI de Cali.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Agenda general de RE Quibdó & Chocó 2026

La agenda de RE Quibdó & Chocó 2026 articula cinco dimensiones complementarias de una reconstrucción transformadora:

• una visión estratégica de largo plazo para impulsar el desarrollo integral del departamento;
• los mecanismos financieros y los incentivos a la inversión capaces de convertir esa visión en proyectos y obras;
• las soluciones de vivienda que respondan a las necesidades de los hogares y contribuyan a superar déficits históricos;
• la planificación urbana y territorial que conecte vivienda, infraestructura, actividad productiva y protección ambiental; y
• la gestión del riesgo para que las decisiones de reconstrucción reduzcan vulnerabilidades y fortalezcan la resiliencia de las comunidades.

El panel inaugural plantea el horizonte de desarrollo y su escala de financiación, mientras las cuatro sesiones temáticas profundizan en instrumentos, necesidades sociales, decisiones territoriales y capacidades científicas e institucionales para hacerlo viable y sostenible.

En conjunto, los cinco paneles proponen una mirada holística: que la reconstrucción no se limite a reparar los daños del terremoto, sino que se convierta en una oportunidad para movilizar conocimiento, inversión y cooperación institucional en favor de un Quibdó y un Chocó más seguros, productivos y prósperos.

El encuentro tiene tres segmentos: panel inaugural en auditorio (de 8:00 am a 10:00 am), receso de 20 minutos, cuatro sesiones temáticas simultáneas en salones de clase (10:30 a 12:30), y almuerzo y café de integración y networking por cuenta propia (12:45 p.m. a 2:00 p.m.), en restaurante central de EAFIT.

• Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

“Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

I. Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional: 

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”. 

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros: “Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó: “Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, columnista de El Espectador.

“Obras por Impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”

Este panel examinará cómo convertir el anuncio de una inversión de esta magnitud mediante Obras por Impuestos en proyectos viables, financiables y ejecutables que contribuyan al desarrollo del Chocó.

La experiencia académica de especialistas en derecho tributario permitirá analizar los incentivos, las reglas y las condiciones que orientan las decisiones empresariales.

La perspectiva de un alcalde chocoano permitirá contrastarlas con las prioridades, capacidades y barreras que enfrentan los municipios para estructurar proyectos y atraer inversión.

La conversación buscará identificar qué hace falta para conectar el interés de las empresas con las necesidades del territorio, fortalecer la capacidad local de formulación y ejecución y lograr que este mecanismo no se limite a financiar obras aisladas, sino que contribuya a una estrategia coherente de infraestructura, servicios y desarrollo productivo.

II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Iván Darío Arango Múnera, Doctor en Derecho. Jefe académico en impuestos de la Universidad EAFIT.

• Néstor R. Londoño S., PhD, docente-investigador, coordinador Esp. Tributario y D. Comercial, Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Pontificia Bolivariana.

• Catalina Alejandra Zuleta Palacio, fundadora, socia y CEO de ZEIKI, firma especializada en Ingeniería Territorial, que integra gestión social de nueva generación, certeza regulatoria ambiental e ingeniería civil especializada para el desarrollo de proyectos de infraestructura:

“Obras por impuestos: el reto de fortalecer el tejido productivo local”.

• Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, Chocó (por confirmar): “Obras por Impuestos desde un municipio del Chocó: prioridades, capacidades y barreras para atraer inversión”.

Conductor: Leonardo Sánchez Garrido, director de Gestión de la Información y de Riesgos de EAFIT.

“Vivienda: de lo urgente a lo estructural”

El panel pondrá en diálogo el conocimiento especializado sobre hábitat y déficit habitacional, la ingeniería civil, las posibilidades de construcción sostenible, la capacidad empresarial local y la experiencia de un gobierno municipal.

Esta combinación permitirá abordar tanto la urgencia de responder a las viviendas afectadas por el terremoto como los problemas estructurales de acceso a vivienda adecuada que ya existían.

La discusión puede contribuir a distinguir cuándo conviene reparar, reforzar, reconstruir o reubicar; cómo garantizar seguridad y calidad sin perder de vista la viabilidad económica y las condiciones locales; y cómo aprovechar la emergencia para ampliar la oferta de vivienda adecuada y fortalecer las capacidades de construcción en el departamento.

La meta es que la respuesta a cada hogar se articule con una política de vivienda que reduzca vulnerabilidades y mejore las condiciones de vida a largo plazo.

III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Elizabeth Arboleda Guzmán, directora de la Escuela del Hábitat, CEHAP, de UNAL sede Medellín: “El déficit habitacional y la vivienda adecuada, disponible y para su disfrute: marco analítico del CEHAP”.

• John Jairo Blandón, PhD, director del departamento de Ingeniería Civil de la UNAL sede Medellín: “De la vulnerabilidad que expuso el sismo a una autoconstrucción de vivienda sostenible”. 

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Propuestas de soluciones inmediatas de vivienda en Quibdó para mitigación por la pérdida debida al terremoto”.

• Juan Carlos Palacios Agualimpia, alcalde de Tadó, Chocó: “Impacto del terremoto en vivienda e infraestructura, ayudas del gobierno y medidas de mitigación de carácter municipal en Tadó”.

Conductor: José Camilo Córdoba, director ejecutivo de Progresa Chocó.

“La reconstrucción, oportunidad para POT y urbanismo”

Con especialistas en urbanismo, políticas de suelo, geografía, gestión ambiental y ordenamiento territorial, junto con un investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó y un alcalde de municipio chocoano, este panel abordará la reconstrucción como una oportunidad para tomar mejores decisiones sobre la forma de crecer y organizar el territorio.

La conversación permitirá relacionar la reubicación de viviendas y la expansión urbana con la protección de los ecosistemas, la gestión del riesgo, la infraestructura, la localización de actividades productivas y las posibilidades de generar empleo.

También pondrá sobre la mesa las diferencias entre la planificación de una ciudad como Quibdó y las capacidades de municipios más pequeños para formular y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento.

El reto es que las decisiones inmediatas de reconstrucción no reproduzcan los problemas del pasado, sino que ayuden a configurar una estructura territorial más segura, conectada y favorable al desarrollo económico y social del Chocó.

IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Juliana Gómez Aristizábal, coordinadora de proyectos de Urbam, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Magíster en Planeación Urbana y Diseño de Políticas Públicas del Politécnico de Milán, y Angélica Gaviria Agudelo, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT: “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó: la perspectiva de Urbam”. (15 minutos).

• Beatriz Elena Rave Herrera, arquitecta y magister en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Políticas de Suelo de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy, actual decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: “Un enfoque de políticas públicas para unir planificación urbana y reconstrucción en el Chocó” (7 min).

• Ángela Milena Alzate Navarro, arquitecta y magister en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, y PhD en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asociada de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, PLANUR: “Quibdó: urbanización en la selva húmeda tropical y retos del ordenamiento territorial” (7 minutos).

• Harol Mena M, Arquitecto, magister en Arquitectura Crítica y Proyecto de la UPB, docente del programa de Arquitectura de la UTCH, líder del grupo de Urbanismo y Desarrollo Territorial del programa de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH: “Breve memoria del urbanismo contemporáneo en Quibdó y tres retos urbanísticos de la reconstrucción”  (7 minutos).

• Jorge Eliécer Córdoba Maquilón, PhD, profesor investigador de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas, UNAL Medellín, y exfuncionario en Obras Públicas y Planeación de la gobernación de Antioquia: “El reto de los esquemas de ordenamiento territorial en municipios pequeños” (7 minutos).

• Gustavo Elías Hincapié Mosquera, alcalde de Condoto: “Decisiones de planificación urbana y reconstrucción en un municipio chocoano”.  (7 minutos)

“Gestión del riesgo: aprendiendo del valle de Aburrá”

La presentación de Daniel Ruiz, coordinador de SIATA, y los comentarios de especialistas en reducción del riesgo sísmico, ingeniería y gestión del riesgo, junto con el representante de Codechocó y de un gobierno municipal, permitirán explorar qué aprendizajes científicos, tecnológicos e institucionales de esta experiencia podrían adaptarse a las condiciones del Chocó.

La conversación no se limitará a la posibilidad de instalar sensores o reproducir una plataforma tecnológica: también abordará la necesidad de acumular conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades del territorio, desarrollar capacidades locales de monitoreo y pronóstico, y conectar la información con las decisiones de alcaldías, Gobernación, autoridades ambientales y comunidades.

El propósito es identificar una ruta gradual de cooperación entre instituciones chocoanas y universidades de Medellín que fortalezca la prevención, la preparación y la respuesta ante desastres, y contribuya a que la reconstrucción se fundamente en un conocimiento cada vez más preciso de los riesgos del territorio.

V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Manuel Zuluaga, coordinador del Observatorio de Amenazas y Riesgos del proyecto SIATA., Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá.

Comentaristas:

• Alan Rentería Asprilla, director general (E) de Codechocó.

• Ana Beatriz Acevedo, ingeniera civil por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y un doctorado en Reducción del Riesgo Sísmico de la Universidad de Pavía, docente de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de EAFIT, excoordinadora de SIATA.

• Ricardo León Bonett Díaz, docente de la Universidad de Medellín, Facultad de Ingenierías, Grupo de Gestión del Riesgo y Estructuras (por confirmar).

• Ana Milena Hinojosa, alcaldesa del municipio de Atrato, Chocó.