Su principal desafío no será la izquierda, ni Iván Cepeda o Gustavo Petro, ni siquiera la oposición. Su verdadero reto será gobernar una Colombia que ya no se parece al país que conocieron los últimos gobiernos de derecha. Es tentador interpretar su llegada al poder como un regreso a fórmulas que parecían conocidas. Sin embargo, casi todas las condiciones materiales, sociales y culturales que definieron aquellas épocas han cambiado profundamente.

También conviene entender quién es el hombre detrás del personaje. Aunque nació en Bogotá en 1978, Abelardo de la Espriella pertenece culturalmente a un sector privilegiado de la costa que mezcla el orgullo regional con una ambición desbordada. Creció en Montería, en una familia profundamente vinculada al derecho y al servicio público. Su padre fue magistrado y notario; el mundo de las leyes estuvo presente desde temprano en su formación. Estudió en La Salle de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho. Mucho antes de imaginar una carrera política, ya parecía interesado en otra forma de poder: la capacidad de persuadir, de negociar y de imponerse mediante la palabra.

Antes de ser candidato, antes de convertirse en fenómeno político, construyó una reputación nacional como abogado litigante. Durante más de dos décadas cultivó una imagen poco habitual en las élites colombianas: la del abogado exitoso que no ocultaba el éxito. Mientras buena parte del establecimiento tradicional prefería la discreción, él convirtió la prosperidad en una marca personal. Trajes finos impecables, relojes visibles, automóviles exclusivos, ópera italiana, redes sociales y una narrativa permanente de triunfo individual. Para sus admiradores era la demostración de que en Colombia todavía era posible ascender; para sus detractores, una exhibición excesiva. En cualquier caso, logró algo poco frecuente: transformarse en personaje antes de convertirse en político.

Como ocurre con casi todos los abogados que alcanzan notoriedad pública, su trayectoria profesional también estuvo acompañada de controversias. A lo largo de los años representó a empresarios, dirigentes políticos y figuras envueltas en disputas judiciales de alto perfil, lo que alimentó tanto su fama como las críticas de sus adversarios. Sin embargo, conviene poner ese hecho en perspectiva. Los grandes abogados suelen encontrarse precisamente donde están los conflictos más complejos, los intereses más grandes y los casos más controvertidos. Ocurre en Colombia y ocurre en todas partes. Los despachos más prestigiosos de Nueva York, Washington, Londres o París han construido buena parte de su reputación defendiendo clientes polémicos, impopulares o sometidos al escrutinio público. El prestigio de un litigante rara vez se construye administrando asuntos sencillos; suele forjarse navegando las tormentas que otros prefieren evitar.

De hecho, la paradoja de los abogados célebres es que su reputación suele depender menos de los clientes que generan consenso que de aquellos que dividen a la opinión pública. La historia de la profesión está llena de juristas admirados que defendieron causas impopulares. No porque compartieran necesariamente las ideas o conductas de sus representados, sino porque entendían que el derecho existe precisamente para operar donde las pasiones políticas, morales o sociales vuelven más difícil la defensa.

Pero hablemos de nuestro país; Colombia dejó de ser una sociedad predominantemente rural. La pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales, pero sus dimensiones y características son distintas a las de hace dos décadas. La natalidad se ha reducido de manera sostenida. Las ciudades concentran cada vez más las tensiones económicas, políticas y culturales. Y quizás el dato más importante de todos: las izquierdas nunca habían acumulado tanto poder institucional, burocrático, académico y cultural como el que poseen hoy.

La victoria de Petro no fue una anomalía histórica. Fue la expresión de transformaciones profundas que continúan presentes en la sociedad colombiana. La salida de la izquierda del gobierno no implica su desaparición como fuerza política. Por el contrario, seguirá siendo un actor central en la disputa por el rumbo del país.

Por eso, los cuatro años del tigre no serán una restauración del pasado. Serán una prueba de adaptación al presente.

En ese escenario aparece una figura fundamental: José Manuel Restrepo. Mientras el presidente encarna la visión política, Restrepo representa la capacidad de convertir las ideas en resultados. Su trayectoria académica, su experiencia administrativa y su conocimiento del Estado lo convierten en una de las piezas más importantes del nuevo gobierno.

Toda administración necesita un estadista capaz de conectar la ambición con la ejecución. Gobernar no consiste en ganar discusiones en redes sociales ni en acumular titulares. Gobernar consiste en lograr que las instituciones funcionen, que la economía crezca, que la seguridad mejore y que los ciudadanos perciban cambios concretos en su vida cotidiana.

Abelardo llega al poder con ventajas que pocos presidentes han tenido. Cuenta con un sector amplio de los gremios, del empresariado y de la economía formal dispuesto a colaborar con su administración. La tecnocracia colombiana, una de las más sólidas de América Latina, parece estar a la orden para acompañar la ejecución de su proyecto.

Sin embargo, ninguna de esas ventajas garantiza el éxito.

Porque el ingrediente más complejo de su presidencia es otro: tendrá que hacerlo mejor que Petro.

En casi todo.

La seguridad, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la confianza institucional y la gestión pública serán comparados permanentemente con el gobierno anterior. Esa será la verdadera medida de su éxito o de su fracaso.

Y la presión será enorme.

Una parte importante de la izquierda y también sectores del centro encontrarán razones políticas para desear que su administración no funcione. No necesariamente por animadversión personal, sino porque la política rara vez se organiza alrededor del bien común. Con frecuencia se mueve alrededor de intereses, incentivos y cálculos de poder.

El fracaso del tigre podría convertirse en la principal plataforma electoral de sus adversarios dentro de cuatro años. El éxito del tigre, por el contrario, podría alterar profundamente el equilibrio político colombiano durante una generación.

Pero tampoco llegará con poder absoluto.

Hay instituciones que no puede desmontar, incluso si quisiera hacerlo. La Jurisdicción Especial para la Paz, la arquitectura jurídica derivada del proceso de paz y buena parte de las transformaciones institucionales de las últimas décadas forman parte de un entramado constitucional que no desaparece por decreto. Gobernar Colombia exige entender que existen límites. El poder presidencial sigue siendo enorme, pero ya no es omnipotente.

Y luego está Washington.

La relación con Estados Unidos será uno de los aspectos más interesantes de observar durante estos años. Nunca antes Colombia había tenido un gobierno tan naturalmente alineado con las prioridades estratégicas de Washington. Esa cercanía puede traducirse en respaldo diplomático, inversión, cooperación y oportunidades económicas. Pero también implica asumir presiones y obligaciones que ningún aliado puede ignorar.

Las peticiones de Washington, especialmente bajo una administración republicana fuerte, no siempre se percibirán como simples sugerencias. Habrá asuntos comerciales, migratorios, energéticos, de seguridad y de política regional en los cuales la autonomía colombiana será puesta a prueba. La cercanía con la potencia más influyente del mundo tiene ventajas evidentes. También tiene costos.

Quizás una de las mayores fortalezas de Abelardo sea algo menos visible que sus discursos: su ausencia de ingenuidad. Se trata de un dirigente extraordinariamente audaz, con una inteligencia política poco común y una comprensión bastante precisa de cómo operan el poder y los incentivos. Rara vez subestima a sus adversarios y difícilmente confunde los deseos con la realidad.

Esa virtud podría ser decisiva en una época donde la política suele castigar a los ingenuos con especial severidad.

Pero incluso la inteligencia tiene límites frente a la magnitud del desafío colombiano.

Porque el país que recibe no es únicamente una economía, una burocracia o un territorio. Es una sociedad fragmentada, diversa y muchas veces desconfiada. Millones de colombianos no votaron por él. Otros lo hicieron con entusiasmo. Muchos simplemente esperan resultados.

Todos son ahora sus gobernados.

Si uno escucha atentamente la visión que propone el nuevo presidente, aparece una idea relativamente clara de país: una nación de emprendedores, capitalista, respetuosa de la ley, defensora de la propiedad privada y convencida de que la generación de riqueza es una condición indispensable para derrotar la pobreza.

No es casualidad que la idea de la “Patria Milagro” venga de alguien que ha construido toda su narrativa pública alrededor del concepto de transformación personal. De la Espriella suele presentarse como un hombre que se hizo a sí mismo, un abogado que levantó una firma propia, diversificó negocios y convirtió su nombre en una marca. Su visión de país parece reflejar esa misma experiencia vital: una Colombia de propietarios, emprendedores y creadores de riqueza antes que una Colombia organizada alrededor del Estado.

La llamada “Patria Milagro” es una idea poderosa. Como concepto político y de comunicación, resume una aspiración nacional de prosperidad, orden y confianza. Pero precisamente por eso representa un reto enorme. Las grandes promesas siempre generan grandes expectativas.

Y las expectativas son el terreno más peligroso para cualquier gobierno.

Porque los milagros, en política, no existen. Lo que existen son administraciones capaces o incapaces de producir resultados.

Los cuatro años del tigre ya comenzaron.

Todavía es demasiado pronto para saber si esta presidencia marcará un punto de inflexión en la historia nacional o si terminará convertida en una estación más dentro del largo ciclo de promesas y decepciones que caracteriza a la política colombiana.

Por ahora, el tigre ha llegado al poder.

Ahora Colombia empezará a descubrir el color de sus rayas.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

La transfiguración de una fiera destripadora

No deja de ser sorprendente esa transfiguración de una fiera depredadora, que en campaña hablaba de “destripar a la izquierda” y a sus miles de seguidores, ahora convertida en un aplomado abogado que cita el artículo 188 de la Constitución Política y dice encarnar y simbolizar la “unidad nacional” para proteger los “derechos y libertades de todos los colombianos”. Sin duda, asistimos al primer milagro de este taumaturgo que, con su vicepresidente tecnócrata, José Manuel Restrepo, convertido repentinamente en telonero del espectáculo, harán de toda Colombia una “Patria Milagro”. ¿Cómo entender esa transfiguración? Habrá que atribuirla a la alquimia constitucional que es capaz de transformar a un candidato “cargado de tigre” en un civilizado estadista, al menos en el discurso, faltará ver en la realidad, que es donde realmente importa. Por ahora, la Constitución no es más que un libreto protocolario para tranquilizar incautos.  De no cumplirla y solo recitarla, entonces estaremos frente a una grave esquizofrenia política y constitucional, parecida a la vivida y sufrida por su admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que terminó abusando y cambiando un artículito de la sacrosanta Constitución del 91. Hasta llegó a decir que el Estado de opinión era superior al Estado de derecho. Es probable que también el Tigre llegué a afirmar que la salvación de la Patria está por encima de la Constitución. Pero, como tanto gusta al Tigre Abelardo hablar de extrema coherencia, vamos analizar someramente algunos apartes de su discurso que develan extremas contradicciones e incoherencias. Vamos hacerlo en dos entregas, empezando esta con el significado que le asigna a la Patria y el alcance de su consigna: “Firmes por la Patria”.

¿De cuál Patria nos habla?

Nos habla sobre todo de la Patria de los negocios y los grandes mercaderes, de sus inversiones y su codicia sin límite, que no depararán en la depredación de nuestra portentosa biodiversidad, utilizando el fracking para “perforar, perforar y perforar”, en asocio con petroleras internacionales y de MAGA, como lo pregona y hace Trump en America First, sin escatimar los daños irreversibles causados al planeta y la actual catástrofe climática. No demorará Trump en proponerle extender sus inversiones hoteleras y campos de golf para hacer de Barranquilla la Miami del Caribe, así como lo hizo con su cómplice genocida, Netanyahu, para convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Próximo. Es muy probable que ambos, con ese espíritu de empresarios que tienen, terminen haciendo buenos negocios con la asesoría del vicepresidente, José Manuel Restrepo, que será el vendedor internacional de la marca Colombia, como ya lo anunció el Tigre, invitando a Elon Musk para que ensamble sus Teslas en Medellín y se interese por explorar las tierras raras que necesita su empresa espacial. Así irán haciendo de la Colombia Milagro un Dorado para un selecto grupo de emprendedores nacionales e internacionales, con el apoyo de todos los gremios y el corifeo de los grandes medios de comunicación. Hasta acabarán convenciéndonos a todos de ese milagro económico que eliminará en pocos meses la pobreza, la economía informal y hasta el desempleo, por lo cual no serán necesarias políticas sociales, si acaso subsidios puntuales.

Primero la seguridad, matriz de la paz

Pero, para ello, antes se necesitan los héroes de la Patria, esa legión de abnegados militares que ofrendarán sus vidas por la seguridad, matriz de la paz, que todos disfrutaremos en 90 días en los campos y ciudades, gracias a miles de ciudadanos “firmes por la Patria”, como otrora lo hicieran Carlos Castaño en compañía de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con los buenos muchachos del DAS. A todos ellos asesoró el Tigre y condujo desinteresadamente por los caminos de la desmovilización en compañía de su colega, Mario Iguarán, entonces viceministro de justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, con la asistencia del audífono en su oído derecho, recitó el Tigre la Oración Patria que rezan los militares para insuflar su espíritu de valor y así sacrificar sus vidas en defensa del patrimonio y la Patria de unos pocos. Esa es la esencia del patriotismo y el alcance de ese grito estentóreo: “Firmes por la Patria”. Tampoco podía faltar en su discurso la defensa a ultranza de la democracia, del respeto a la separación de las ramas del poder público, de las libertades ciudadanas y de las garantías al senador Iván Cepeda para el ejercicio de la oposición, siempre y cuando no se le ocurra promover la subversión, es decir, liderar protestas y movilizaciones ciudadanas en defensa de derechos sociales conquistados durante el gobierno del cambio. Porque es muy curioso que, para el Tigre, como para casi todo el establecimiento y sus poderosos gremios, en Colombia no existe el Estado Social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues solo nos hablan del Estado de derecho. Pero sobre esa peculiar concepción del Estado y la democracia trataré en la segunda parte, ya que requiere un análisis más detallado y extenso de ese espectacular y emotivo discurso pronunciado, mejor recitado, gracias al discreto audífono instalado en su oído derecho, en medio de cánticos gloriosos y ese deslumbrante juego de luces de navidad en “La Ventana al mundo”.

El mito de la voluntad ciudadana

Uno de los grandes mitos y supuestos de la democracia liberal, por estos días desmentido en todas las latitudes, es el ejercicio libre y soberano de la voluntad de cada ciudadano y ciudadana frente a las urnas. Entre muchas circunstancias, ya lo sabemos, porque esa voluntad es fácilmente manipulable por los algoritmos, la IA, la desinformación que circula vertiginosa por las redes sociales, pero sobre todo por la habilidad de algunos candidatos para seducir a millones de ciudadanos a partir de espejismos, miedos, esperanzas, frustraciones, prejuicios y odios, todo ello reflejado en el llamado marketing electoral, en la publicidad y las consignas que agitan durante sus campañas. Por eso, la voluntad ciudadana termina siendo más aquella configurada por los candidatos y sus estrategas de marketing electoral, que la decisión reflexiva, serena y argumentada de cada elector expresada en su voto en las urnas. Algo parecido a ese otro gran mito llamado “Bien Común”, que no preexiste como algo que se encuentre en el horizonte, sino que se construye difícilmente a partir de disputas, concesiones y transacciones entre múltiples intereses y valores en conflicto. Por eso es tan esquivo y muchas veces inexistente, como calamitosamente lo sufren millones de colombianos con el presupuesto objetivo de ese “bien común” que es la salud pública, convertida hoy en una calamidad pública. Pero volviendo al tema de las campañas electorales y sus lemas, ellas configuran y a la vez reflejan el tipo de voluntad ciudadana que terminan creando, estimulando y expresando en las urnas. Por eso vale la pena, aunque sea demasiado tarde, realizar un breve análisis de los símbolos, figuras y consignas de la campaña de Abelardo, favorito en las encuestas para ganar en esta segunda vuelta, y deducir de ellas no solo el tipo de voluntad ciudadana que es configurada, sino sobre todo el tipo de ciudadano y ciudadana que es llevado a las urnas supuestamente a defender la Patria.

Abelardo, el Tigre: “Firmes por la Patria”.

El mayor mérito de la campaña de Abelardo es su agresividad y brutalidad, cuyo trasfondo ha sido el miedo a la inseguridad y la exacerbación de prejuicios, frustraciones y odios contra la izquierda, que anunció destripar, para lo cual apela a un patrioterismo militar que desprecia la civilidad y sus rasgos distintivos, la racionalidad y los acuerdos, para sustituirla por la fuerza y el grito estridente de “Firmes por la Patria”, que desprecia los argumentos, las concesiones y transacciones. En una palabra, su consigna es la quintaesencia del autoritarismo y el militarismo, adobado y camuflado tras una constelación artificiosa de símbolos patrios, que no logran ocultar del todo la deformidad teratológica de los “tres huevitos” de Uribe: “Seguridad, inversión y cohesión social”. Por eso, las imágenes centrales de su campaña son tan violentas: un tigre que rasga con sus garras la bandera nacional, rompiéndola en tres franjas. Lo que presagia todo lo contrario de lo que debería ser el patriotismo, forjar la Unidad Nacional, como lo ordena la Constitución, dividiéndola en tres franjas o partes difíciles de remendar y reconciliar, que ignoramos por ahora cuáles pueden ser, pero es factible presumirlas. Una de ellas, desde luego, es el gran establecimiento, pues todos los gremios empresariales y grupos económicos lo han respaldado, tras bambalinas, como también lo han hecho todas las macroempresas electorales y clientelistas, que se autodenominan partidos políticos, y él se apresura a rechazar, pero que incondicionalmente le brindarán su apoyo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo, el outsider

Sin duda, Abelardo es un excelente outsider, pues sus triunfos y goles los ha anotado fuera de lugar, jugando con personajes que en su mayoría han estado también fuera del campo de la legalidad, brindándoles su asesoría de avezado penalista, “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo” -según la expresión de Gabo en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”—como los paramilitares, David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab. Es decir, desde los mayores criminales de lesa humanidad, pues los “paras” superan en asesinatos, masacres y desapariciones a las extintas Farc-Ep, hasta los más representativos estafadores y lavadores de fortunas, por lo cual está en líos judiciales en Estados Unidos, dada sus penumbrosas relaciones con Alex Saab, testaferro de Maduro, y de otros implicados con el narcotráfico. Con semejante pasado, es explicable que haya tomado como mascota al tigre, un furioso felino depredador, que la única ley que respeta es la del más fuerte –algo que avergonzaría a cualquier abogado—y con el cual se identifican millones de sus electores, quienes revelan así una preocupante fascinación y admiración por la fuerza sin límites de una fiera. Una fiera que incluso podría devorarlos si los confunde con los corruptos que anuncia Abelardo serán la presa favorita del Tigre.

La ciudadanía no es una manada

También por eso, en sus mítines y entrevistas, Abelardo se refiere a sus seguidores como una manada que debe seguirlo incondicionalmente y en forma leal, sin considerarlos ciudadanos e incluso los invita a marcarlo en el tarjetón con una raya, acción propia de una fiera y no de un ciudadano. Ninguna escenografía más brutal y vergonzosa para una persona decente que esa conversión de las elecciones en un circo con fieras, donde es invitado a votar como un miembro más de una manada irracional, supuestamente para defender y salvar a la Patria. La pregunta obvia para todos ellos, sería ¿Convertirán la Patria en una selva donde gobernarán los más brutales y leales a un Tigre?  ¿Cuál sería el destino de esa Patria en manos de los más violentos y astutos? Conoceremos esas respuestas en menos de dos horas. En caso de imponerse la manada sobre la ciudadanía, nos llevará más de cuatro años volvernos a reconocer todos como colombianos, miembros de una nación democrática, y Colombia quedará mas rasgada y destrozada que la bandera de la publicidad electoral de El Tigre.

Colombia es una nación de innumerables riquezas, de enormes capacidades y de una resiliencia que pocas sociedades tienen. Hoy llegamos a una elección en la que Abelardo de la Espriella aparece como el candidato más opcionado. Sin embargo, estamos viendo una contienda extraordinariamente cerrada, cercana al empate técnico, algo que resulta significativo por muchas razones complejas. La izquierda llega a este momento con una posibilidad real de triunfo. Durante estos cuatro años tuvo una oportunidad única de gobernar y, más allá de los balances que cada ciudadano haga de ese periodo, hay algo que resulta evidente: logró conectar con una parte muy importante de la sociedad colombiana.

En primera vuelta fueron cerca de diez millones de personas. Hoy, con seguridad, serán más. Alguna fibra profunda del pueblo colombiano tocó Gustavo Petro, el progresismo y, ahora, esa misma corriente encuentra continuidad en la figura de Cepeda, un hombre que además carga una historia profundamente ligada a la izquierda colombiana.

A mí me produce una sensación de justicia histórica y humana que hoy Cepeda, hijo de un padre asesinado por hacer política, sea el candidato de un sector amplio del país. Eso es un triunfo de la democracia. Es la demostración de que las armas no lograron silenciar las ideas. Independientemente de si somos de izquierda, de centro o de derecha, eso es algo que deberíamos celebrar.

En ciertos sectores de la izquierda persiste una idea antigua y compleja: la lucha de clases. Pero la Colombia de hoy no parece explicarse por esa lógica. Si los más de diez millones de votantes de Abelardo de la primera vuelta fueran ricos, seríamos Suiza. No lo somos. Con él votan hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las regiones, de todas las realidades económicas.

Nuestra división no es entre ricos y pobres. Es más profunda y más compleja. Cruza familias, amistades y generaciones. Está presente entre hermanos, compañeros de trabajo y vecinos. Pero quizás eso tampoco sea tan malo. Lo que demuestra es que nuestro viejo bipartidismo, transformado y reinventado, sigue vivo a través de nuevas identidades políticas, nuevas emociones colectivas y nuevos liderazgos.

Y precisamente porque la diferencia atraviesa a todos los colombianos, mañana tendremos que volver a encontrarnos.

Porque mañana seremos un solo país.

No sabemos quién ganará hoy. Puede ser Cepeda. Puede ser Abelardo. Lo que sí sabemos es que mañana el reto será el mismo para cualquiera de los dos: gobernar una nación profundamente diversa, con enormes desafíos y también con oportunidades extraordinarias.

Tenemos cinco fortalezas macroeconómicas que deberían llenarnos de optimismo. La primera es nuestra diversidad productiva: pocas economías de la región cuentan con una combinación tan amplia de agricultura, servicios, industria, energía y recursos naturales. La segunda es nuestra ubicación estratégica, con acceso a dos océanos y una posición privilegiada para integrarnos a las cadenas globales de comercio. La tercera es la estabilidad institucional y macroeconómica que, con dificultades y errores, Colombia ha construido durante décadas. La cuarta es nuestro potencial energético y de transición hacia nuevas economías sostenibles.

A todo esto se suma una oportunidad histórica que no durará para siempre: nuestro bono poblacional. Colombia todavía cuenta con una población mayoritariamente joven, con millones de personas en edad de trabajar, emprender, innovar y producir. Si somos capaces de ofrecer educación de calidad, empleo formal y oportunidades reales, podremos sacar a millones de colombianos de la pobreza y acelerar nuestro desarrollo durante las próximas décadas. Además, la reducción de la tasa de natalidad abre una ventana de oportunidad adicional: hogares con menos hijos pueden concentrar más recursos en educación, salud, nutrición y bienestar, generando mayores posibilidades de movilidad social y prosperidad para las nuevas generaciones.

También tenemos una ventaja ambiental única. Somos uno de los países más biodiversos del planeta. En un mundo que busca soluciones sostenibles, Colombia puede convertirse en una potencia ambiental, científica y turística.

Y si algo logró posicionar el gobierno Petro fue una idea poderosa: Colombia como el país de la belleza. Más allá de los eslóganes, existe una realidad innegable. Tenemos montañas, selvas, mares, cultura, gastronomía, música y una diversidad humana extraordinaria. El turismo global apenas comienza a descubrir el potencial de Colombia. Allí existe una fuente inmensa de crecimiento económico, empleo y oportunidades para regiones históricamente olvidadas.

Pero quizá nuestra mayor riqueza no está en nuestros paisajes ni en nuestros recursos. Está en nuestra gente.

Basta observar cuántos colombianos, provenientes de todos los orígenes posibles, ocupan posiciones destacadas en universidades, empresas, centros de investigación, organizaciones internacionales y escenarios culturales alrededor del mundo. El talento colombiano es reconocido mucho más allá de nuestras fronteras.

Por eso hay razones para tener esperanza.

Y la esperanza somos nosotros.

Mañana volveremos a ser un solo país. Un país imperfecto, dividido, apasionado y muchas veces contradictorio. Pero también un país con todas las posibilidades de construir un mejor futuro.

El verdadero llamado, gane Cepeda o gane Abelardo, es trabajar para que Colombia sea un lugar más justo, menos desigual, más plural, más democrático y más próspero.

Las elecciones terminan hoy. El país continúa mañana.

En las entrevistas que ha concedido a diferentes colegas periodistas, he observado cómo no permite que se le contradiga, que se le contrapregunte o que se le sugiera siquiera la posibilidad de estar equivocado.

Hay un viejo adagio que dice que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Si así actúa Abelardo De La Espriella como candidato a la Presidencia, no quiero imaginar cómo será si llega a ser elegido presidente, cargo desde el cual debe generar confianza, pues se gobierna para todo un país y no únicamente para el sector que lo eligió.

¿Serán estas sus actuaciones como presidente de la República? ¿Demandará a todos los periodistas que, ejerciendo su oficio, se atrevan a cuestionar su labor y la de sus colaboradores? ¿Actuará contra todo aquel que ejerza su derecho a la crítica y a la veeduría ciudadana?

Le recuerdo, señor De La Espriella, que ejercerá un cargo público si es elegido y que su labor, así como la de todos sus colaboradores, estará sometida a la crítica y al control ciudadano. Si sus pretensiones son llegar a la Presidencia para que se le rinda culto, es mejor que se quede donde está. Puede que allí continúe rodeado de un séquito de aduladores, pero, a partir del 8 de agosto, quienes voten por usted esperarán resultados, y los exigirán rápidamente.

Le recuerdo además, señor De La Espriella, que el periodismo existe para vigilar, preguntar, cuestionar e incluso incomodar. Todas las personas que pretendan ocupar un cargo público bajo su gobierno, si usted resulta elegido presidente, estarán sometidas a estos procesos, les guste o no.

Si su intención, señor De La Espriella, es instaurar un régimen como los de Cuba o Venezuela, donde discrepar se convierte en un delito, lo invito entonces a que lo diga de frente.

Oscar Sevillano

La Asamblea General escoge cada año cinco países “del montón” para que, por dos años, tengan asiento en el Consejo junto a los miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una vez en esa instancia, cada país tiene un turno mensual para presidir, en orden alfabético.  

Quien preside, convoca y coordina las sesiones del Consejo, previo acuerdo sobre una agenda de temas a tratar. También ejerce la vocería de la corporación y atiende la eventualidad de crisis internacionales que ameriten la convocatoria de reuniones extraordinarias. Todo esto desde una posición de neutralidad.

Por supuesto que tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una distinción y conlleva una cuota de poder. Tener voz en esa instancia es ocasión privilegiada de poner temas de interés nacional en la agenda internacional y manifestarse sobre asuntos de importancia mundial, lo cual conlleva oportunidades de abrir espacios de amistad, reconocimiento e influencia para el país. Además, permite votar respecto de decisiones importantes, aún con la desventaja de que las decisiones del Consejo solo son válidas si llevan el acuerdo de sus cinco miembros permanentes. 

Si bien la propaganda parroquial proclamó que “Colombia hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al iniciar el primero de enero su mandato como miembro no permanente”, la verdad es que esta es la octava ocasión en la que nuestro país llega a tener un asiento en esa instancia de las Naciones Unidas. 

En la agenda de junio Colombia propuso un debate abierto de alto nivel sobre “Avance en soluciones políticas en Oriente Medio: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Para esa sesión el presidente Petro decidió asumir la representación colombiana y dirigir la mencionada discusión, que estaría precedida de una intervención del secretario general António Guterres, para introducir el tema.

Nada más oportuno que la realización de ese debate, cuando el mundo se pregunta por la utilidad de las Naciones Unidas en el propósito de la búsqueda de la paz en Oriente Medio, destrozada en los últimos tres años. Al mismo tiempo, nada más preocupante que la escasa trascendencia que las intervenciones allí realizadas tuvieron en los escenarios donde se ha negociado por ahora un memorando de entendimiento que permita abrir el Estrecho de Ormuz, obtener paz y estabilidad en el Líbano y buscar una nueva realidad en las relaciones de Irán con el resto del mundo.

El secretario general subrayó el precio que la genta paga en la región a causa de los conflictos, a pesar del cese del fuego acordado. Pidió el fin de la ocupación indebida de territorios y la urgencia de proceder a la existencia de dos Estados en la Palestina. Llamó la atención sobre los efectos mundiales del cierre del Estrecho de Ormuz. Elogió los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, en el caso de Israel y Líbano, así como de Pakistán y otros países en las demás dimensiones del problema. Y cerró con la insistencia en el diálogo como esperanza de paz, para cuya obtención existen herramientas en la Carta de la ONU. 

El presidente de Colombia intervino antes de que los voceros de los países inscritos para participar en la discusión expusieran los puntos de vista de sus gobiernos sobre la materia. Liberia propuso la creación permanente de la ‘Secretaría de Diálogo de la ONU’. Los Estados Unidos defendieron su “diplomacia efectiva” en el Oriente Medio y el logro de “resultados reales”, así como el camino realista hacia una estabilidad duradera. Irán exigió respeto y el cese de amenazas en su contra, condenó las violaciones al alto al fuego, e insistió en que su país seguirá ejerciendo la legítima defensa de sus intereses. 

Bahréin condenó los ataques ilegales de los que ha sido objeto por parte de Irán. Arabia Saudí se sumó a la condena y afirmó que la causa palestina sigue siendo asunto central para el mundo árabe. Irlanda recalcó el sufrimiento inaceptable de los palestinos y la depredación territorial de la que son objeto. El Observador Permanente del Estado de Palestina, denunció que no ha cesado el fuego en Gaza y condenó “el apetito colonial de Israel”. Somalia cuestionó la eficacia de la mediación cuando se da en “en entornos de profunda asimetría de poder”. 

Pakistán reclamó el fin de “la ocupación ilegal de tierras árabes” y clamó por el respeto a los altos al fuego y la asistencia humanitaria. Siria trajo a cuento su experiencia y recalcó las dificultades que en estos casos se presentan para conseguir acuerdos, comenzando por el de designar mediadores honestos. Líbano exaltó la importancia de que la mediación sea prioritaria y no se utilice como último recurso, y acusó a Israel e Irán de socavar los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en el conflicto que tiene lugar en su territorio. 

Finlandia expresó su confianza en que el alto al fuego entre Líbano e Israel conduzca a que “Hezbollah detenga sus ataques e Israel respete la soberanía del Líbano”. Francia anunció la organización de una conferencia internacional en apoyo a los libaneses cuando las condiciones lo permitan. 

La Federación Rusa reprochó a quienes buscan “devolver a Irán a la edad de piedra” y destacó la idea de seguridad colectiva que su país promueve en el Golfo Pérsico. Corea advirtió que la crisis de Oriente Medio pone de presente las debilidades de las economías avanzadas, basadas en lo digital, frente a las obstrucciones del flujo del petróleo y el transporte marítimo. Y Panamá trajo a cuento los acuerdos de paz en Colombia y la recuperación plena del Canal por su país, como muestra de los efectos positivos de la combinación de mediación y voluntad política para la solución de conflictos. 

En su intervención, el presidente de Colombia se apartó de la ortodoxia diplomática y de la forma como los representantes de diferentes países suelen abordar debates como el convocado por su propio gobierno. Formuló, en cambio, una declaración que anunció como ejercicio del papel que le corresponde, “a punto de terminar”, al tiempo que anunciaba que no permanecerá en el gobierno por fuera de la constitución de Colombia, como, según él, se ha dicho. https://youtu.be/L7zauKbCIE4?si=aXzUDIJM7ogHmraI

Quien se tome el trabajo de escuchar con respeto y atención la declaración del presidente, podrá advertir cómo, conforme a su estilo personal y con explicaciones y consideraciones filosóficas y locales de ánimo ilustrativo, en lugar de tratar el tema específico del debate abordó temas que reflejan su visión del mundo. 

Criticó el oligopolio de las nuevas tecnologías de comunicación, que sirve intereses políticos y económicos excluyentes y manipula la verdad y la mentira, a través de la Inteligencia Artificial. Condenó además la desigualdad entre países en cuanto al acceso a dichas tecnologías, fenómeno que amenaza con acabar la humanidad si logra separar la realidad de la no realidad.

Trajo a cuento factores adicionales que atentan contra la existencia y supervivencia misma de la humanidad, como el cambio climático. Presentó su visión sobre el panorama del proceso histórico de las migraciones, relacionado con la crisis climática, la discriminación arbitraria y el racismo como construcción conceptual propia de países que rechazan a los migrantes.  

Hizo referencias escuetas al nazismo, como se ha vuelto costumbre ahora para descalificar, un siglo más tarde, a quien se quiera atacar, sin tener en cuenta las verdaderas proporciones y el sentido del horripilante e indeseable fenómeno original de las actuaciones del nacionalsocialismo. Y no se ahorró un reproche algo airado por la salida de la representante de los Estados Unidos, que abandonó la sala mientras él hacía referencia a esa materia.

También, por supuesto, mencionó las vicisitudes de su relación con el presidente de los Estados Unidos y condenó lo que estima apoyo indebido de este último a uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. 

Para ilustrar su discurso, además de reprochar los métodos modernos de manipulación del imaginario popular y el uso de misiles para matar bebés, trajo a cuento la linterna de Diógenes y el supuesto ánimo unificador de Alejandro Magno. Todo, muy a su estilo, aderezado con referencias a controversias internas de Colombia, y lo que considera similitudes entre nuestro país y Belfast, donde en ese momento ardían vehículos y edificios. Situaciones ambas afectadas, según él, por el poder de la Inteligencia Artificial. 

Esa es la imagen que, a manera de despedida, ha dejado en las Naciones Unidas el actual gobierno de Colombia, cuya representación permanente ante la Organización se apartó en los últimos cuatro años de la tradición de apelar, para que nos representen allí,  a personas con experiencia y supuesta versación en los múltiples asuntos internacionales que circulan en ese foro. 

Presidir por una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es ejercer la presidencia del mundo. Ni el presidente de Colombia fue allí el 10 de junio por un llamado de la comunidad internacional que deseaba escucharlo, ni como premio a su capacidad visionaria ni a ser consagrado como líder de talla mundial. Como suele suceder, en el caso de Colombia y en el de muchos otros presidentes, la trascendencia de su original discurso tuvo eco más bien en su propio país, y particularmente entre sus seguidores. 

En todo lo anterior no hay nada de malo. Las apreciaciones de propios y extraños serán variopintas trátese de quien se trate. Lo importante es que crezca la conciencia de la relevancia que debe tener la existencia de una política exterior conocida, sólida, efectiva, útil y presentable. Porque la improvisación o el desconocimiento de los rituales de la vida internacional, por ridículos que a algunos les parezcan, resultan perjudiciales para los intereses de Colombia. Y en esa materia es indudable que hemos perdido prestigio, confianza y credibilidad, aunque en algunas materias algunos protagonistas de nuestra acción internacional han querido ser innovadores. 

Ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea, tenga claro todo esto y actúe de inmediato en la tarea de volver a dibujar una política exterior acorde con las realidades y retos de nuestra época, y más adelante. Para comenzar, Colombia seguirá ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el final de 2027. Oportunidad privilegiada de actuar en la promoción y defensa de nuestros intereses y de aprovechar la concurrencia de representantes de todo el mundo en los cuarteles centrales de esa organización, con lo cual se facilita el ejercicio de esa diplomacia efectiva ejercida en múltiples direcciones, que es elemento esencial para nuestro futuro. 

Invitaría de manera directa, con la fuerza de la esperanza, a quienes alguna vez depositaron su confianza en mí, así como a todos los políticos, movimientos y líderes independientes, a acompañar este proyecto bajo una premisa clara: las formas importan.

Lo haría, en primer lugar, porque considero que el gobierno progresista de Gustavo Petro, más allá de sus evidentes errores, ha impulsado transformaciones y bondades sociales que difícilmente pueden ser ignoradas. La ampliación de los programas sociales, la apuesta prioritaria por la educación, la búsqueda de una mayor equidad territorial y el esfuerzo por poner en el centro del debate a quienes históricamente han permanecido en los márgenes de la sociedad constituyen avances históricos que merecen ser preservados, explicados con pedagogía y profundizados.

Sin embargo, también reconocería sin ambages que muchos de esos logros han quedado opacados y empañados por las formas de la actual administración. La política no consiste únicamente en tener la razón o gritar más fuerte; la política exige la capacidad de construir consensos, tender puentes y convocar voluntades diversas alrededor de objetivos comunes. El estilo de confrontación, la soberbia y la estricta estridencia terminan por desgastar las mejores intenciones.

Y es precisamente allí donde veo una diferencia fundamental y una oportunidad histórica para el país. Todo aquello que hoy se percibe como “lo feo” o lo turbulento en el método de Gustavo Petro, va a florecer y a encauzarse de mejor manera bajo el liderazgo de Iván Cepeda. Él representa una forma distinta y digna de ejercer el poder; posee las virtudes de la serenidad, la paciencia, la calma y la magnanimidad. Quines lo conocen de cerca saben que es un hombre de convicciones firmes, pero de maneras respetuosas, capaz de escuchar y de actuar como un verdadero hombre de Estado. Él no necesita elevar la voz para defender una causa ni convertir al contradictor en un enemigo a destruir para sostener sus ideas. En una nación agotada por décadas de enfrentamientos y de rabia, esa templanza es una herramienta pedagógica y política de enorme valor.

Por eso, si yo fuera Sergio Fajardo Valderrama, no me limitaría a ofrecer un respaldo electoral pasivo y coyuntural. Ofrecería mi apoyo, mi experiencia y mi acompañamiento decidido para trabajar junto a él, paso a paso, en la construcción de ese Gran Acuerdo Nacional que por fin saque a Colombia de la insulsa y estéril polarización en la que vive actualmente.

Haría este movimiento estratégico porque estas no serán unas elecciones cualquiera; se trata de salvar la institucionalidad de un verdadero peligro estructural. La alternativa que se asoma en el horizonte opuesto no es una oposición legítima, sino un auténtico salto al vacío. Quien liderará ese proyecto contrario representa un riesgo absoluto para el país, no solo por su total ignorancia de cualquier tipo de actividad administrativa del Estado, sino por un factor ético insalvable: se trata de una mala persona. Alguien cuya trayectoria no se ha tejido en el debate de las ideas, sino en la preocupante cercanía con las más oscuras y sórdidas empresas criminales, y con los delincuentes más sórdidos del país. Permitir que nuestras instituciones, la fuerza pública y la administración de justicia caigan en esas manos, sería desmantelar el Estado Social de Derecho.

La dignidad de la política nos exige deponer los egos y el frío cálculo electoral para blindar el futuro. Yo daría este paso al frente convencido de que el centro político no puede ser un espectador pasivo del naufragio nacional. Colombia necesita menos estridencia y más serenidad; menos polarización y más acuerdos; menos miedo al futuro y la sensatez madura que se requiere para sanar a la nación.

Los colombianos debemos escoger ahora entre un candidato que pretende, como lo manda la Constitución, seguir apostando por la paz, y otra alternativa que quiere hacernos retroceder con rabia hacia la guerra; un candidato que es víctima de la violencia y que desde siempre ha sido un digno representante de las víctimas, frente a otra opción que ha estado del lado de los victimarios.

Las personas que tenemos acceso a la educación y a los espacios de opinión en este país tenemos la responsabilidad histórica de salirle al paso a esta situación y defender a esas comunidades que, en este momento, parecen hipnotizadas por una campaña de marketing político y hasta religioso, vacía, llena de efectos especiales, globos, luces y frases disparadas al inconsciente para capturar la voluntad popular, detrás de la cual sólo se puede vislumbrar muerte, desempleo, pobreza, hambre, y un periodo de autoritarismo absolutamente ajeno a nuestra historia.

Debemos evitar que, cuando la ciudadanía despierte, se encuentre viviendo la pesadilla de otros países que cayeron en manos de personajes similares, a quienes ni siquiera vale la pena mentar aquí.

Ese camino significaría el retroceso de los avances logrados desde la Constitución de 1991, poniendo en peligro la convivencia. De cumplirse, así sea sólo algunas de sus promesas, el país se verá bloqueado sistemáticamente por un estallido social que no tardará en aparecer.

Debemos apostar con humildad de espíritu, entereza de carácter y con vehemencia por la vida, la concertación y el diálogo, dejando la muerte por iniciativa del Estado sepultada en nuestra prehistoria.

Y tú, amigo lector, ¿qué harías si fueras Sergio Fajardo Valderrama?

Siyofuera777@gmail.com

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.  

Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.