El Me Too Colombia, propio de esta fase feminista en clave digital del siglo XXI, estalló en todas las redes y, a manera de búmeran, visibilizó casos de denuncia de violencia, abuso sexual, abuso de poder y otras formas de acoso en el mundo del periodismo y en otros escenarios. Esto, sin duda, removió y dio oxígeno —no solo de manera simbólica, sino real— al movimiento dedicado a estas causas nobles, a las mujeres víctimas que se atrevieron a denunciar, hoy y siempre, y a las colectivas dedicadas al litigio violeta, muchas de ellas igualmente perseguidas, estigmatizadas e incluso denunciadas por los victimarios.

Pero también cuestionó, entre otras instituciones, al Estado patriarcal y a su justicia lenta, responsable en parte de la impunidad frente a la infinidad de casos que llegan —o que deberían llegar— a su conocimiento. El #MeTooColombia dejó al descubierto “el pacto de silencio” en torno a esta crueldad normalizada por todos y todas, en donde el Estado y la justicia han quedado en cuestión significativa. Ni hablar del silencio del primer gobierno de izquierda ante tantas denuncias, en el que ha preferido premiar a los denunciados, dejándolos en condiciones privilegiadas para la construcción de estrategias de silenciamiento y violencia sistemática.

Gracias a la lucha de siglos y décadas de las colectivas feministas, se han logrado avances en el mundo y en Colombia en la construcción de un marco jurídico de protección. En el caso colombiano, ese marco parte de la propia Constitución Política, de su bloque de constitucionalidad —con instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará— y de normas como la Ley 1257 de 2008, gran ley contra todas las formas de violencia de género; la Ley 1542 de 2012; la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio y es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely; la Ley 2126 de 2021; la Ley 2365 de 2024; el Código Penal, en su componente violeta; y el Código de Procedimiento Penal. A ello se suman las sentencias violetas de la Corte Constitucional, de las demás altas cortes de cierre, los aportes de la justicia transicional impulsada por la JEP y la lenta transformación de la justicia patriarcal colombiana. Aun así, la impunidad ha seguido siendo la regla.

Todo este ordenamiento jurídico —en muchos casos de carácter punitivo— se ha tenido que implementar ante la prevalencia de una cultura que sigue viendo a las mujeres como propiedad, como subordinadas, como cosas, como objetos y hasta como amenaza. Así lo reflejan las cifras, en donde las mujeres constituyen el 75,6 % de las víctimas de violencias basadas en género (VBG), dato que evidencia la feminización de la crueldad en este ámbito, sin desconocer que otros géneros e identidades sexuales también son susceptibles de estas violencias estructurales e históricas.

Son estas mismas instituciones las que conocen de primera mano los hechos aberrantes o reciben las denuncias y, por lo tanto, tienen la enorme responsabilidad de recepcionar, acompañar, investigar y administrar justicia en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio, acoso sexual, trata y toda forma de violencia simbólica. Al final, todo se convierte en un viacrucis —como he denominado esta columna— que culmina en la revictimización o crucifixión de las víctimas: una especie de Semana Santa permanente, pero sin resurrección, sin la más mínima esperanza.

Por fortuna —y lo digo así— las estrellas se alinearon en el caso de #MeTooColombia: algunos agresores fueron removidos de escenarios de poder (ya los veremos en otros escenarios, como si nada), se activaron redes de mujeres y mecanismos de protección, y el tema logró visibilidad gracias a voces femeninas influyentes en el mundo de la comunicación, un asunto impensable para mujeres de otras geografías en Colombia. Sin embargo, esto no puede quedarse en la reacción coyuntural. Se requiere ir más allá de comités de investigación —el show mediático que están haciendo las instituciones ante lo que denominan crisis— y avanzar hacia la creación urgente de culturas organizacionales con enfoque de género e interseccionalidad.

En esa línea, resulta relevante el anuncio de la Fiscal General de la Nación sobre la creación de grupos especializados con enfoque de género, la revisión histórica de casos bajo su conocimiento —¿qué pasó?— y la valoración y el seguimiento del derecho fundamental al escrache, identificado por la Corte Constitucional de Colombia como la libertad de expresión que “permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia” (Sentencia T-289 de 2021). Un derecho fundamental que, en el contexto colombiano, culmina con la criminalización de las víctimas y de las colectivas, quienes terminan denunciadas por injuria y calumnia por parte de sus agresores. Lo de la Fiscalía llega tarde, pero es mejor tarde que nunca.

Vuelvo entonces a la metáfora de los lentes: no todos los casos los requieren, pero los de VBG, indudablemente, sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de juzgar con perspectiva de género cuando los casos clamen dichos enfoques. Sin embargo, estos lentes resultan insuficientes si no se articulan con enfoques de interseccionalidad e interculturalidad. No es lo mismo estar en Bogotá que en las diversas geografías del país. Edad, etnia, condición migratoria, identidad sexual, discapacidad, ruralidad, pobreza y subordinación son variables que deben cruzarse para comprender la complejidad de estos casos, muchos de los cuales terminan en el olvido, mientras el viacrucis continúa.

La crueldad histórica contra las mujeres no ha terminado y no promete hacerlo pronto. Hablamos de siglos de sistema patriarcal, pero también de luchas, resistencias y avances —desde distintas geografías y miradas— que nos recuerdan que este proceso no es lineal ni homogéneo. En Abya Yala, por ejemplo, las luchas no solo son por igualdad, sino por comunidad, reconocimiento y vida digna. Allí, el feminismo comunitario también realiza la tarea.

Nota 1: Esta columna fue escrita en plena Semana Santa. Que la espiritualidad nos colme de empatía para comprender —y erradicar— tamaña crueldad histórica.

Nota 2: Un análisis más profundo de este tema se encuentra en el artículo escrito junto con Ana Lucía Caldas: La lucha por la inclusión de la perspectiva de género en la aún justicia patriarcal colombiana. Cuatro casos emblemáticos, el cual se puede consultar a texto abierto en el siguiente enlace:
https://www.rivistaianus.it/numero_30_2024/flipbook/html/05/05_Ianus_30_Achury_Caldas_117-148.html

¿Cuánto tiempo debe permanecer un hombre en un cargo antes de que el poder se le suba a la cabeza o, peor, se le baje a la bragueta?

¿Será cierto aquello de que la suerte de la fea, la bonita la desea?

¿Es el acosador una persona enferma? Si un amigo es acusado de acoso sexual, ¿le debo retirar mi amistad?

—Ese medio se presta para esas vainas —me dice un amigo en el gimnasio, refiriéndose al escándalo del momento: periodistas de televisión acusados -no condenados- de acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo.

Cualquier análisis que se haga sobre el acoso sexual debe partir de una realidad inocultable: el machismo que atraviesa a la sociedad colombiana desde siempre. La cosa es peor si el dominio lo ejerce un hombre con poder, con mucho o poco poder. La mujer lleva las de perder cuando la testosterona ejerce su dictadura y los machos en celo se pavonean por la oficina. Es el reino de los manilargos y los ojilargos que desvisten gente con la mirada.

Tal vez mi amigo tenga razón. La televisión no es un espacio laboral más. Hay algo particular que lo hace especialmente vulnerable a las conductas inapropiadas. En los estudios de televisión, la imagen -prefabricada, edulcorada, artificial- es la medida de todo o de casi todo, y por tanto la belleza se ha convertido en estándar del éxito.

Sin embargo, hubo un tiempo en que mujeres comunes y corrientes, y no necesariamente jóvenes —talentosas, eso sí—, presentaban noticias por televisión en Colombia. Belleza más talento no era entonces regla obligada. Era suficiente con tener lo segundo.

De un día para otro las cosas cambiaron: los rostros bellos empezaron a inundar sets y pantallas, alentado por una cultura patriarcal que puso a los hombres como los mandamases del negocio de la televisión. Fíjese usted que hoy es bastante infrecuente encontrar mujeres dirigiendo telenoticieros y más raro aún verlas presidiendo un canal de televisión.

A las mujeres se les exige gracia física y talento para ponerse frente a una cámara. A los hombres no necesariamente se les hace esa doble exigencia. De hecho, a ellas se les suele reemplazar más fácilmente que a ellos. Dicho de otra forma, en televisión el ciclo vital de las mujeres es más corto que el de los hombres, y eso puede tener una única explicación: el poder real —la posición de superioridad— se concentra en hombres que, al final del día, son quienes deciden el ciclo activo de unos y otros en la pantalla.   

Con la aparición de los canales privados, Caracol y RCN, a partir de 1998 se creó una competencia feroz por el rating: la rentabilidad del negocio se impuso sobre el servicio, lo que explica, entre otros fenómenos, el exceso de realitys shows que buscan seducir audiencias mezclando cuerpos, belleza y talento para disparar los índices de sintonía. Los televidente quedamos sometidos a una televisión aburridamente uniforme.

Y aquí estamos, viendo a los que dan las noticias convertidos en la noticia misma. Las denuncias por acoso sexual contra tres varones del periodismo —hasta ahora son tres con nombre propio— amenazan con causar daño reputacional a marcas emblemáticas.

No es fácil escribir sobre los posibles pecados de otros colegas, pero callarnos es la peor opción posible. Los hombres deberíamos ser los primeros en repudiar toda conducta masculina depredadora.

Estar investido de fama o autoridad no otorga licencia para degradar o someter a nadie. El pudor ajeno es un bien que se respeta. Desestimar la voz de una mujer que denuncia abusos contra su integridad, es ponerse del lado del victimario.

Por cada mujer que denuncia a su acosador, un lobo feroz desaparece de la oficina. 

No somos jueces para dictar sentencia —prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario—, pero podemos abogar para que la justicia opere, caiga quien caiga. El periodismo no puede quedar en entredicho; ya suficientes males se ciernen sobre este oficio.

La televisión es un medio que por su propia naturaleza y la notoriedad que otorga la fama y la exposición mediática, está lleno de secretos, vergüenzas y a veces personajes oscuros. Escribo esto mientras recuerdo el caso del tristemente célebre Bill Cosby. La prensa informa que el comediante, hoy de 88 años, debe pagar 19 millones de dólares a una de sus víctimas. La mujer tenía 34 años cuando la sedó y emborrachó antes de violarla. El caso ocurrió en 1976.

¿Seres humanos u objetos del deseo?

Que los escándalos sexuales toquen a la televisión no es algo nuevo en una industria que desde sus orígenes ha convertido a mujeres y hombres en el objeto del deseo de las audiencias y que ahora —lo venimos a saber públicamente—, son también el objeto del deseo de puertas para adentro. Un enemigo interno —un mal elemento, diría yo— que muchas veces no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pero un no es un no, y hay que repetirlo hasta el cansancio.

“…las acusaciones de acoso sexual (…) son un recordatorio de la grave interrupción que el acoso puede suponer para una carrera profesional”, comentaba Margaret Talbot, en una columna de The New Yorker (2016). Recordó el caso de la periodista Rudi Bakhtiar, que en 2007 perdió el ascenso como corresponsal en la oficina del canal Fox News en Washington “tras rechazar las insinuaciones sexuales de un colega que estaba a punto de convertirse en jefe de la oficina”.

En el caso colombiano, nuevas denuncias —que se están conociendo, sin filtro alguno, a través de las redes sociales—, muestran que estamos ante lo que podría ser una conducta habitual en ese medio. Una colega colombiana informó a través de TikTok que debió alejarse del periodismo para dedicarse a las ventas.

Cuando se habla de acoso sexual se habla de tocamientos indebidos o no deseados, propuestas indecentes, insinuaciones, regalos injustificados, besos no consentidos, cualquier forma de manoseo, frases galantes que encubren dobles intenciones, retener a alguien en su oficina contra su voluntad, llamadas o mensajes a deshoras, incluso miradas lascivas, hasta comportamientos abiertamente descarados, cargados de una tensión sexual (en modo unidireccional, claramente).

No está de más incluir aquí la figura reprochable de lo que coloquialmente la gente llama “el viejo verde”: hombres mayores y lujuriosos afanados por seducir mujeres jóvenes, queriendo revertir, a punta de labia y/o chequera, los estragos de la edad.

Los televidentes hemos visto envejecer a muchas figuras de la televisión, por no decir que hemos envejecido al mismo tiempo con ellas. Creo que existe una relación directa entre el tiempo laborado y el poder acumulado, y sobre todo la manera como algunas personas se sirven de ese poder y de los años de experiencia dentro de una empresa. ¿Qué hay del relevo generacional? ¿Acaso es la experiencia la única medida de todas las cosas para mantener a las personas en un cargo?

Recordemos el escándalo sexual que terminó con la caída del presidente de Fox News, Roger Ailes, a la edad de 76 años. El drama está contado en la película “El escándalo” (Prime Video), protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La presentadora Gretchen Carlson (Miss América 1989), tenía 50 años cuando denunció las invitaciones sexuales de su anciano agresor. Según la BBC de Londres, Carlson precisó en la demanda que Ailes “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo”.

El caso fue documentado en el cuarto episodio de la miniserie “Dinastía: Los Murdoch” (Netflix), sobre el multimillonario Rupert Murdoch, dueño entre otros medios de la cadena Fox News.“Estábamos en un auto, y me tomó de la cabeza y del cuello, y bajó mi cara a su entrepierna”, dijo Carlson.

En el mismo documental, la expresentadora Alisyn Camerota afirmó: “Roger siempre hablaba de los cuerpos de las mujeres. (…) Siempre hizo comentarios inapropiados y sucios sobre el tema. Fui a pedirle una oportunidad. Quería ser presentadora. Y me dijo: ´bueno, no estás lista aún. Voy a trabajar contigo´. Y dijo: ´tendrá que ser los fines de semana, tal vez en un hotel´”.

El caso concluyó con el despido de Ailes en julio de 2016. El tipo recibió una indemnización de 40 millones de dólares y murió al año siguiente. El dinero también suele usarse para comprar el silencio de las víctimas.

Otra historia lamentable es la de Harvey Weinstein, el todopoderoso de la industria cinematográfica, quien cumple una doble condena de 23 y 16 años por cargos de violación y agresión sexual.

En un artículo de 2017, la revista The New Yorker escribió lo siguiente: “Su comportamiento era un secreto a voces en Hollywood y más allá, pero los intentos previos de numerosas publicaciones, incluyendo The New Yorker, por investigar y publicar la historia a lo largo de los años no cumplieron con las exigencias de la evidencia periodística. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos a permitir que un periodista usara sus nombres, y Weinstein y sus asociados recurrieron a acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas legales para silenciar sus testimonios”. 

Un hombre, el joven reportero Ronan Farrow, fue clave para destapar el caso en la revista The New Yorker. Con su investigación —que incluyó grabaciones secretas y el testimonio de actrices—. ganó un premio Pulitzer en 2018 y dio impulso al movimiento MeToo, (Yo también), que ahora tiene capítulo propio en Colombia, bajo el nombre “#MeToo yo te creo, colega”.  

Daño a la credibilidad

Todavía es muy temprano para saber si habrá daño reputacional para los canales involucrados tras las denuncias contra los implicados por acoso sexual en Colombia. Hay quienes proponen apagar la televisión como una forma de sanción social contra medios de comunicación que irrumpen a diario en millones de hogares.

Yo creo que el asunto debe conducirnos como sociedad a una reflexión más profunda en tres dimensiones: el rol que cumplen la casa y la escuela en la formación de valores sobre las conductas sexuales, el compromiso de las empresas para que esos valores se conviertan en hábito y el respeto en costumbre, y, por último, la necesidad, por qué no, de establecer códigos de conducta sexual, como apéndice de los contratos de trabajo, para proteger la integridad de cada empleado. Está demostrado que las sociedades sin policías no funcionan.

Si “el acoso sexual es espacios laborales es siempre un crimen difícil de rastrear”, como sugiere este editorial de El Espectador, parecería entonces que las mujeres no tienen más alternativa que ser sus propias detectives y recoger las pruebas que incriminen a sus acosadores.  

Por otro lado, poco se habla de los daños colaterales que trae consigo el escándalo. Muy mal que ciertos medios periodísticos hayan expuesto a las parejas o familias de los acusados al escarnio público, sin fin distinto que usar el morbo para atraer clics. Cosa distinta es la valoración que haga la opinión pública. Los famosos se exponen para lo bueno y, pues también, para lo malo. No hay escapatoria. La fama tiene un precio, y cada quien juzgue cuál es el límite de la amistad.

Con todo, ojalá la industria de las noticias siente cabeza y haga un autoexamen en medio de su mala hora. Es eso o poner en adelante suficientes duchas con agua fría en las salas de redacción.

Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algo se movió en Colombia en los últimos años. Y no, no fue solo la “rebelión de gobernadores” reclamando autonomía territorial frente al viejo centralismo. También hubo otra: la de la toga (2025). Más sutil —no siempre—, quizás, pero igual de política.

Congresos, foros, declaraciones, comunicados, micrófonos y más micrófonos. De repente, la judicatura —en cabeza de sus presidentes de cierre— salió en masa a hablar de Estado de derecho, de regresión democrática, de constitucionalismo abusivo, de Constitución en reversa y de autonomía judicial.

Expresiones que, en el contexto colombiano, aludían a una posible afectación de la independencia y autonomía de las tres ramas del poder público —ejecutiva, legislativa y judicial—, pero, de manera especial, a las tensiones entre la rama judicial y la figura presidencial.

Todo muy propio de un escenario complejo y en abierta disputa: un Ejecutivo que, por momentos, exhibe visos populistas mientras impulsa una agenda social que lo llevó a encarnar el primer gobierno de izquierda en la historia política del país; y, del otro lado, una justicia incómoda, reactiva —incluso por momentos desbordada—, que se siente interpelada por el gigantismo del poder presidencial, propio de nuestro sistema de gobierno. Una justicia que se ha caracterizado por su rol garantista en materia de dogmática y derechos, pero mucho menos generosa cuando esos mismos lentes deben aplicarse a lo económico, lo fiscal, lo minero e incluso a lo social.

La llamada “rebelión de la toga” dejó varias lecciones. La más evidente: la autonomía judicial no es solo presupuesto, ni autogobierno, ni garantías estatutarias y formales. Es también —y, sobre todo— independencia real. Y esa independencia se pone a prueba no solo frente al poder político, sino frente a todos los poderes.

Sí, todos.

Porque el problema no se agota en las indebidas presiones del Ejecutivo. También opera —muchas veces con mayor sigilo— desde los gremios, las élites económicas, los círculos académicos cerrados, los grandes bufetes, las redes de influencia, el mundo del arbitraje e incluso el litigio estratégico.

Para pensar en esta última idea, acudí a un libro breve pero sustancioso: La independencia de los magistrados, del profesor francés Fabrice Hourquebie (Tirant lo Blanch). Allí se desarrollan elementos que, a mi juicio, quedaron por fuera de la “rebelión de la toga” vivida recientemente en Colombia.

El autor analiza la independencia judicial desde tres aristas: (i) la independencia de la institución judicial; (ii) la independencia sustentada en garantías estatutarias; y (iii) la independencia como cuestión de conducta personal.

Insisto: los dos primeros aspectos fueron ampliamente debatidos en 2025. Pero vale la pena detenernos en el tercero.

La independencia de los magistrados como cuestión de conducta personal abre interrogantes incómodos, pero necesarios. Como señala Hourquebie, cabe preguntarse si la teoría de la separación de poderes no ha sido, en ocasiones, más un ideal que una realidad, considerando los procedimientos de nombramiento, las presiones del poder ejecutivo, los escándalos que han marcado la historia de la justicia y los intereses que subyacen en su funcionamiento.

• ¿Están realmente los magistrados distanciados del poder? Y cuando hablamos de poder, este no se agota en lo público: incluye también el poder económico, gremial y simbólico.
• ¿Cuántos premios reciben nuestros magistrados?
• ¿Quién se los entrega?
• ¿Quién los invita a hablar? ¿A quiénes invitan a hablar?
• ¿Quién financia los escenarios donde hoy opinan con tanta soltura?
• ¿Estos escenarios responden a un poder en particular o están realmente libres de intereses?
• ¿Aplican “el deber de ingratitud”?
• ¿Y después de los ocho años, qué? ¿A dónde van? ¿A qué puertas tocan o les abren?

Porque la independencia no se declama: se practica. Y, sobre todo, se percibe.

Como bien lo recuerda Hourquebie, la independencia judicial no es solo institucional ni estatutaria. También es personal: es conducta, es ética, es estética, es moral y, ante todo, es distancia. Distancia del poder. De todos los poderes.

Estas preguntas sugieren la necesidad de una investigación jurídica y socio-jurídica seria sobre prácticas que podrían estar afectando la independencia judicial, no solo desde la estructura del Estado y la posible vulneración del Estado de derecho, sino desde la conducta.

Aquí aparece la llamada imparcialidad subjetiva, atravesada por convicciones políticas, filosóficas, religiosas e ideológicas. Son seres humanos, no dioses. Lo liberal, lo garantista, lo conservador —incluso lo espiritual— conviven en una misma Corte. Y ello, en buena medida, es inevitable.

Pero ser magistrado implica también resistir las presiones de la opinión pública, del corporativismo y de la demagogia. Implica, como bien lo señala Hourquebie, preferir una verdad incómoda antes que la facilidad de la complacencia. La independencia judicial es, en últimas, un acto de valentía.

El texto reabre un viejo debate: la tradición francesa, que concibe al juez como “boca de la ley”, frente a la anglosajona, que lo entiende como un “oráculo vivo”. Entre ambas, se despliegan las discusiones sobre activismo judicial, tribunales constitucionales y el papel de la judicatura en sociedades complejas. El juez que mira con lentes de compasión el dolor y la vulnerabilidad, antes que con lentes de complacencia frente a los ricos y poderosos. Pero ese es asunto de otra columna.

Cierro retomando el título: “Asociación de magistrados alérgicos a las condecoraciones”. Una figura irónica —creada en Francia en 2016— que cuestiona la práctica de otorgar y recibir medallas, distinciones y honores, especialmente desde el poder ejecutivo, pero también desde otros poderes, incluidos el económico y el mediático.

“No hay almuerzo gratis”.

Favores, regalos, cenas, reconocimientos… todo ello puede exacerbar la vanidad en un ámbito que exige sobriedad.

Dicho en términos más directos: ¿provenir del arbitraje, aspirar a él, tener vínculos con partidos políticos, con grandes gremios, firmas de abogados o con litigios estratégicos puede afectar la independencia judicial? Lo dejo como pregunta.

En Colombia, ocho años de magistratura pasan rápido. Pero la pregunta persiste: ¿qué viene después? ¿Se retiran nuestros magistrados a la contemplación? El libro de Hourquebie invita a la prudencia, a la mesura. A una judicatura que hable a través de sus sentencias. Menos expuesta, menos mediática, menos tentada por la política y los micrófonos.

Tal vez ha llegado el momento de abrir esa discusión: de mirar de frente esa tercera arista que también debería integrar la llamada “rebelión de la toga” —así he querido nombrarla—. Un punto incómodo, pero ineludible, que interpela de manera directa la independencia y la autonomía de la justicia en Colombia.

Pregunta incómoda: ¿Quién cambió de equipo: Oviedo o Uribe?

Confieso que tenía dudas sobre cómo titularía esta columna. Mi país en rosa fue la primera idea que cruzó por mi cabeza, acordándome de la película Mi vida en rosa.

Siguiendo con ideas cinéfilas, luego pensé en El secreto de la montaña… de El Ubérrimo. Busqué el logo del Centro Democrático y se me ocurrió una ligera modificación al eslogan siguiendo la mamadera de gallo nacional que surgió tras la nominación de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia de la República por el partido (partido político, quiero decir), de Álvaro Uribe. El nuevo slogan podría ser: Mano floja, corazón grande.

Mientras hacía estos ejercicios creativos, llegó la noticia de que Oviedo fue ovacionado al grito de “vice” durante el concierto de Miguel Bosé en Bogotá, según algunos titulares de prensa.

Cautivo del uribismo, imaginé a Oviedo, dedicándole una de las canciones del español al doctor Uribe. Esa que dice “Seré tu amante bandido, bandido”, mientras algunos le gritan a Oviedo “vendido, vendido” en redes sociales. Pero la parte que más me gusta es esa que dice: “Yo seré un hombre por ti / Renunciaré a ser lo que fui”. (Aclaremos dos cosas: en Colombia el término bandido puede tener connotaciones menos románticas y Juan Daniel Oviedo no renunció al centro, porque siempre fue un funcionario al servicio del uribismo, como lo cuenta Daniel Coronell en la columna “Uribe con piel de Oviedo”).

El hecho es que el doctor Uribe salió del clóset ideológico al aceptar que un hombre abiertamente homosexual sea compañero de fórmula de su protegida la senadora Paloma Valencia. Para decirlo en tono jocoso, el tal rayo homosexualizador, que por supuesto no existe, ha tocado el corazoncito del uribismo. Ahora falta ver si los electores uribistas están o no seducidos por esta ola rosa que, para bien y para mal, domina por estos días la conversación pública.

Porque en su forma de ser, Colombia sigue siendo el país de las tres C: conservador, católico y camandulero, que en lenguaje simple significa: solapado, morrongo y doblemoralista. En las urnas veremos si ese país todavía late.  

Veremos qué regiones le ponen más votos a la fórmula Valencia-Oviedo, lo que será un buen indicador para determinar qué tan de mente liberal (o demente homofóbica), somos en este primer cuarto del siglo veintiuno.  

En 2020, el país vio cómo en Antioquia un hombre intolerante atacó a puñaladas la bandera de la comunidad gay. Para variar, el hombre resultó ser uribista, como quedó claro en esta nota de Noticias Uno. Cinco años después, también en Medellín nos aterró la muerte salvaje de Sara Millerey, víctima de la transfobia. Fue un transfeminicidio: Le quebraron sus extremidades y la arrojaron como animal a un riachuelo, y allí murió pidiendo clemencia en aguas putrefactas.

Cuando se les niegan derechos a las personas diversas, cuando se les despoja de humanidad por su orientación sexual, se les expone a la brutalidad de una sociedad (suciedad) intolerante que decide lo que es bueno y lo que es malo para los demás.

Paloma Valencia ha dicho: “…seguiré defendiendo la familia, que es un núcleo central en mi discurso, porque las familias fuertes son una Colombia fuerte. Y quiero ser muy clara en decir que nosotros creemos en la libertad de la familia en inculcar los valores de sus hijos, en defender su educación, y el Estado no tiene por qué adoctrinarlos ni ideológica ni políticamente”.

En estas palabras quedó retratado el oportunismo de la candidata y su partido, porque mientras defiende lo que llama familia tradicional, hombre y mujer –no hombre con hombre, ni mujer con mujer-, arropan en sus filas a un hombre que se declara orgullosamente marica, pero al mismo tiempo le escupen en su propia cara uno de los postulados del uribismo: los gays y las lesbianas no tienen derecho a formar una familia.

Me atrevo a usar este lenguaje, porque el mismo Oviedo se siente cómodo hablando de él en primera persona: “Siendo marica, yo no vengo a mariquear el Centro Democrático ni el país”, recoge el diario La Opinión. “No me volví un marica uribista”, recoge Infobae.

Valencia es tajante: “Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay”, a pesar de que este derecho, el de la adopción homoparental, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico desde 2015. Sería interesante saber qué piensa el novio del candidato al respecto.

La semana posterior a elecciones, la prensa se llenó de titulares e imágenes sobre la pareja de Juan Daniel Oviedo. Desde el muy serio diario El Tiempo hasta el portal Las 2 Orillas, se preguntaban quién es Sebastián Reyes, el joven diseñador de modas que conquistó el corazón del político.

En una sociedad homofóbica, que lo somos, Oviedo no debería hacer alarde de su vida privada ni exponer al muchacho como lo hace. Creo que confunde las cosas y deja una impresión distinta a la que quiso proyectar cuando ganó el voto de opinión. Porque bueno es culantro pero no tanto.

Creo que esto se saldrá de control si no aterriza en la realidad del país en el que vive, donde la sola mención del término ideología de género causa urticaria. Pero dejemos claro que esa es otra narrativa inventada de forma hábil por la derecha colombiana desde el plebiscito de 2016 para violentar el acuerdo de paz, poniendo a los niños en el centro de los debates políticos con el fin de asustar a los papás. Hablemos mejor de justicia de género y que eso nos lleve a un debate más amplio sobre las libertades individuales 

Colombia está lejos de ser esa nación liberal que permita a cada quien hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo y su sexualidad. Mucho hemos avanzado, pero cada nuevo gobierno de derecha y cada nuevo Congreso con mayorías de derecha significan una estocada a los derechos de las personas con identidad de género diversas, un tiquete al pasado.

En cuestiones normativas Colombia es ejemplo ante el mundo. “Han sido más de 120 sentencias de la Corte Constitucional con avances jurisprudenciales históricos en unión marital, adopción, cambio de nombre o reconocimiento de parejas del mismo sexo”, me explica el abogado Germán Rincón Perfetti.

Sin embargo, el Congreso actual se desentendió de la Ley integral trans y la ley que prohíbe las mal llamadas terapias/prácticas de conversión, que en realidad son métodos de tortura contra personas diversas. “Esos proyectos de ley no han avanzado principalmente por culpa de las bancadas cristianas, conservadoras y del Centro Democrático”, me resume vía WhatsApp Viviana Vargas Vives, abogada defensora de derechos humanos, lesbiana, activista y sobreviviente de violencia sexual. (Pronto leerán una entrevista completa con ella en este blog).

“Es muy probable que se hundan –añade la activista-. La de terapia de conversión que es la más urgente se ha presentado tres veces, y siempre esas bancadas la hunden”. Valga decir que la senadora Paloma Valencia ha votado negativamente esta iniciativa todas las veces.

Preguntas incómodas

De ganar Paloma Valencia las presidenciales, con Oviedo a bordo, ¿eso por sí solo garantizará nuevos avances para la comunidad LGBTIQ+? Nadie lo sabe, porque la historia demuestra el poco, por decir nulo, poder que tienen los vicepresidentes en Colombia. Lo único cierto por ahora es que esos millón doscientos cincuenta y cinco mil votos de Oviedo en la consulta del 8 de marzo funcionaron como terapia de conversión proselitista de los uribistas, que durante dos décadas le han negado derechos a unas minorías, que en cuestión de votos son bastantes.

Si Paloma y Oviedo no honran su palabra, podría sobrevenir el primer estallido social rosa de la historia.

No sabemos qué piensa, de puertas para adentro, sobre Oviedo, una persona como Uribe. Él, que ha proyectado la imagen del machoman de la política, aquel hombre montañero de carriel y machete al cinto.

Nadie se llame a engaños. Al ungir a Oviedo, Uribe salió del closet en asuntos ideológicos apenas de labios para afuera. Porque loro viejo no aprende a hablar, ni siquiera con el caudal electoral que, se supone, le transferirá el exdirector del DANE a Paloma Valencia en las elecciones del 31 de mayo.

Pero veamos lo positivo. El que un homosexual sea candidato a vicepresidente habla de cierta apertura mental.  Por esos mismos días, el columnista Felipe Zuleta Llera, salió en defensa de Abelardo de la Espriella por acusaciones de presunta homofobia contra Oviedo. “Cómo va a ser homofóbico Abelardo, si yo, que soy gay, he estado en su casa, he comido con sus padres, he estado con Ana Luz, su maravillosa esposa y sus hijos. Lo he visitado en muchísimas oportunidades con mi pareja”.

Si gana Paloma, veremos si la bandera arco iris es izada a la entrada de la Casa de Nariño, veremos si Uribe y Oviedo van juntos a la Marcha del Día del Orgullo y, lo más importante, veremos si por fin los 17 senadores del Centro Democráticos respaldarán las leyes en favor de la comunidad. Los debates deberían servir para saber si, por ejemplo, el uribismo se comprometerá en campaña a desempantanar las iniciativas arriba mencionadas.

Si esta unión queda en palabras, palabras, palabras, como la canción, que se tengan de atrás, porque podría sobrevenir el primer estallido social rosa en las calles de Colombia para obligarlos a honrar cualquier promesa, de modo que la inclusión de Oviedo como fórmula no sea un asunto meramente cosmético y transaccional. 

Teniendo en cuenta que Álvaro Uribe tendrá un papel activo en el comité político de Paloma Valencia, tengo un consejo para el doctor Oviedo: sea obediente y cuide lo que diga, no sea que un día de estos reciba una llamada de un expresidente emberracado: “Si lo veo, le doy en la cara, no heterosexual”.

Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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·       El domingo madrugaré a votar por Senado y Cámara. Pediré esos dos tarjetones, pero no pediré el tarjetón de la tal consulta interpartidista. Uno mi voz a la de quienes anticipan que dicha consulta será una de las grandes derrotadas de la jornada del 8 de marzo. ¡Qué así sea para darles una lección a los políticos!

·       La razón de no votar la consulta es que ya decidí a cuál candidato presidencial apoyaré y su nombre no figura en ese tarjetón, así que no hay razón para pedirlo en la mesa de votación. Siempre he considerado una conducta malsana votar por X con el ánimo de afectar a Y. Es sencillo: se vota por convicción o no se vota. Hay que ser adultos.

·       El tarjetón de la consulta interpartidista es el embeleco que se inventaron los candidatos presidenciales que no pasaron del 5% de las encuestas; muchos apenas rozaron el 1% de intención de voto, tal es el caso de Roy Barreras.

·       La llaman “consulta interpartidista” y resulta que aquí no hay una representación seria de los partidos políticos. Aparecen apenas cinco con su respectivo logo: Nuevo Liberalismo, Centro Democrático, Partido Oxígeno, AICO, y Partido del Trabajo de Colombia (PTC), de cuya existencia me vengo a enterar hasta ahora.

·       Ni Enrique Peñalosa ni Juan Carlos Pinzón eran militantes del Partido Oxígeno de Ingrid Betancur, pero ahí están haciendo campaña con su aval. Porque para eso sirven hoy los partidos políticos en Colombia: para repartir avales a diestra y siniestra, como maná que cae del cielo cada cuatro años. Oxígeno es el único partido con dos candidatos, en tanto que el bipartidismo (Liberal y Conservador) están borrados del tarjetón.

·       Lo que vemos en este tarjetón es una mezcolanza de personajes haciendo campaña a nombre propio (caso Vicky Dávila, David Luna o Mauricio Cárdenas), quienes llegaron a la puja arrastrados por firmas, y muchas de ellas chimbas, como lo constatan los titulares de prensa. Una de las mayores desgracias para Colombia y su débil democracia, es no tener hoy unos partidos políticos fortalecidos, así que necesitamos con urgencia una reforma política que ponga orden en medio del caos y priorice la pedagogía electoral, entre otras tareas pendientes.

·       Coincido con la opinión del abogado Guillermo Pérez Flórez, quien anticipa la debacle de la consulta interpardista en esta columna de El País de España. “Sin Cepeda, De la Espriella y Fajardo las consultas han perdido relevancia, no definen casi nada. La verdadera batalla se librará en primera vuelta”.

·         Eso lo corrobora la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Según este análisis de La Silla Vacía, el 38 % no votaría por ninguna consulta. La que más intención de participación tiene es la Gran Consulta por Colombia, con 26,54 %, seguida por la Consulta de las Soluciones (10,5 %) y el Frente por la Vida (7,8 %). Esto muestra una menor participación frente a la medición de Cambio en enero. En la Gran Consulta lidera Paloma Valencia con el 39 % de los votos, seguida por Juan Manuel Galán (13 %) y Juan Daniel Oviedo (12,9 %). En la Consulta de las Soluciones arrasa Claudia López con el 91 % de los votos. Y en la consulta del Frente por la Vida lidera Daniel Quintero con el 61 %, seguido por Roy Barreras con el 22,6 %.

·       La exalcaldesa Claudia López huyó del Partido Verde por los escándalos de corrupción y encontró en el camino a un ilustre desconocido (para la opinión pública), y le dijo: “amigo, venga usted conmigo”. Y a ese ensayo le puso un nombre más largo que una semana sin carne: “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”. En la última encuesta Invamer, López “resucitó de entre los muertos”, con 11.7% de intención en voto. Pero a la semana siguiente, en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, bajó al 5.2%, superando lo obtenido en la encuesta de GAD3 (3.0%). El Partido Verde les pidió a sus militantes no votar en esta consulta.

·       De los ocho aspirantes que conforman “La Gran Consulta por Colombia” a Juan Daniel Oviedo se lo ve como gallina en corral ajeno en un grupo con tufillo uribista: Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón. Oviedo anda repartiendo periodicazos en Bogotá, con lo que queda claro que va tras la Alcaldía Mayor y no por la Presidencia de la República. “Esa coalición puede terminar en un asado en el Ubérrimo, con un uribismo repotenciado”, sentencia el abogado Pérez Flórez.

·  Oviedo es la figura revelación en esta contienda y el único que hace campaña sin necesidad de hablar mal de Petro. De hecho, se le fue de frente a Vicky Dávila por insinuar que él es petrista. “¿A ustedes acaso les parece que reconocer que hoy el 48% del país siente que las cosas van bien y que está contento es ser petrista o es que acaso ella quería hacer campaña con un país destruido y en los rines, simplemente porque no está de acuerdo con que está gobernando el presidente Petro?”.

·       De los cinco aspirantes que conforman la consulta del “Frente por la vida” solo dos suenan y truenan en este orden: Daniel Quintero y Roy Barreras. Sabrá Dios de dónde salieron los otros. De la encuesta de Invamer, se concluye que Quintero se lleva por delante a Roy, y por mucho: 68.1% contra 23.0%.

·       Si la consulta del 8 de marzo fracasa, paso a recordarles que los ciudadanos pagamos de nuestro bolsillo la millonada que costó imprimir esos tarjetones. Pero así funciona democracia, ¡nada qué hacer!

Sea como fuere, vayan a votar, cumplan con este deber ciudadano.

Las elecciones son la tramoya perfecta de la democracia liberal y el sufragio universal su llave maestra, aquella que supuestamente cambia el escenario y el decorado del poder estatal, promoviendo el ingreso de nuevos actores protagónicos en los aposentos del poder, el Congreso y la Casa de Nariño. La inmensa mayoría de ciudadanos llegan convencidos a las urnas de que basta con depositar su voto en ellas para que todo cambie y sus vidas mejoren sustancialmente. Le confieren un poder casi mágico al tarjetón y todavía más al simple acto de marcar sobre él y tachar con una “X” a su candidato ganador. Si su partido y candidato triunfan es como si se hubieran ganado el baloto, festejan ruidosamente y hasta desprecian a los vencidos, tratándolos como unos pobretones despojados del poder. Hacen del tarjetón un fetiche y creen que por ganar las elecciones ya están en el poder, van a gobernar y hacer realidad todas sus aspiraciones y sueños, pues están convencidos que en la democracia manda la mayoría, sin respetar los derechos de las minorías y mucho menos las críticas de la oposición. Sus elegidos por lo general no llegan a gobernar sino a vengarse, a tomar revancha y apropiarse el Estado como un botín para repartirlo entre sus copartidarios y numerosas redes clientelistas. Incluso hacen campaña prometiendo derogar leyes y revertir las reformas sociales del anterior gobierno por considerarlas populistas e improvisadas.

Democracia de “Barras bravas”

En resumen, tienen una noción de barras bravas de la democracia, acompañada de mascotas furiosas, consignas patrióticas y belicosas con gestos y saludos militares. Con esa puesta en escena niegan por completo el espíritu civilista y deliberativo de la democracia, que para ellos es puro discurso y la desprecian por falta de carácter, de cojones y “verraquera”. Les gusta es mandar y que los obedezcan, a eso reducen el poder, porque les cuesta demasiado trabajo pensar y persuadir. Lo de ellos es la beligerancia, no la deliberación. La confrontación, no la concertación. La imposición, no la conciliación. Sus consignas para volver al Congreso o llegar por primera vez son muy “originales”: prometen acabar con la corrupción, trabajar sin descanso y con transparencia, promover la justicia y el bien común. Aunque durante su permanencia por varias legislaturas en el Congreso no hayan rendido cuentas a la ciudadanía de sus ejecutorias y su desempeño haya sido penumbroso, cuando no vergonzoso por sus ausencias y falta de debates. Poco importa que, hasta hace pocas semanas, los que hoy aspiran a la reelección, se hubiesen opuesto furiosamente a la reforma laboral y pensional. Y, que una vez el Ejecutivo decretó el salario vital, hubiesen puesto el grito en el cielo, descalificándolo por populista.

Cambio de Identidad

Ahora, en su búsqueda desesperada de votos, todo ha cambiado. Pareciera que fueran aliados del gobierno, pues la mayoría de los que ayer eran furibundos opositores hoy son partidarios de la “cuestión social” y ponderan el salario vital. Pero donde es más visible y hasta risible su cambio de identidad política y comportamiento es en la forma como se relacionan con el ciudadano común, al que ahora saludan de la mano, se toman selfies con él, escuchan atentamente y agradecen sus sugerencias, que prometen serán incorporadas en sus proyectos de ley. Han descendido de sus pedestales y curules de congresistas para volver a ser ciudadanos corrientes, de a píe, y se esfuerzan por ser iguales a nosotros y hasta se lamentan e indignan por el alto costo de la vida, pues sus menguados ingresos de congresistas ya casi no les alcanzan para cubrir sus gastos. Se han despojado de todo el protocolo de su poder de congresistas, ya no tenemos que pedirles citas, pues nos atienden inmediatamente en calles, plazas, el transporte público y en un arrebato de demócratas integrales y eruditos nos recuerdan la definición de Abraham Lincoln en 1863 en su famoso “Discurso de Gettysburg”: “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

¿De cuál democracia me hablas?

Pero una vez son electos y llegan a sus curules, su rol de demócratas integrales y ciudadanos corrientes desaparece. Ahora son Honorables Congresistas, muy ocupados, a quienes hay que solicitar citas con meses de antelación, pues no tienen tiempo para atender tanta gentuza inoportuna, esa legión de vagos que no los deja tranquilos y menos atender como es debido las reuniones de trabajo en selectos clubes y congresos gremiales con sus generosos patrocinadores: banqueros, comerciantes, empresarios, ganaderos y sacrificados lideres agroindustriales, de quienes solo depende la prosperidad de Colombia. Ya la democracia no es el “gobierno del pueblo”, sino el gobierno de los plutócratas. Menos es el gobierno ejercido por el pueblo, pues quienes toman las decisiones y gobiernan son los políticos electos, losque tienen la “preparación” y saben “administrar muy bien lo público, transparentemente”, como si fuera su empresa privada y hacen del Estado un mercado para subastarlo entre cacocratas. Por último, menos es el gobierno para el pueblo, pues eso sería el horror del populismo, la oclocracia y no el gobierno para la seguridad jurídica y la estabilidad de los negocios, como es lo propio de la democracia liberal. Si lo leído hasta aquí le suena demasiado panfletario, propio de un académico izquierdista y hasta “mamerto”, le recuerdo el aparte final del artículo 1 de nuestra Constitución Política que dice: “Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y, en cuanto el compromiso y las obligaciones constitucionales de los congresistas, el artículo 133 nos dice que “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Pero en su ejercicio son contados los congresistas que cumplen esos dos artículos constitucionales, porque obedecen a la tramoya que define sus comportamientos y decisiones. Una tramoya que está conformada por conglomerados económicos que financian sus partidos y campañas, como lo demuestra la siguiente investigación de Cuestión Pública[i]: “Entre 2010 y 2025, los bancos de Sarmiento Angulo, El GEA, el Grupo Bolívar y los Gilinski aportaron o prestaron $33.843 millones para campañas al Congreso (si se suman las elecciones locales, esta cifra asciende a 110.367 millones); es decir, 7 de cada 10 pesos destinados por los principales conglomerados económicos a candidatos al Congreso se entregaron a través de sus bancos. Según los datos analizados por Cuestión Pública, los principales beneficiarios de estos préstamos y aportes fueron los partidos tradicionales. El 91% de los recursos, es decir, $31 mil millones aproximadamente, fue a parar a cinco partidos: el Centro Democrático ($9 mil millones), el Partido Liberal ($7 mil millones), el Partido de la U ($6 mil millones), Cambio Radical ($4 mil millones) y el Partido Conservador ($4 mil millones). Los otros tres mil millones fueron para el Partido Verde (un poco más de mil millones); el Polo Democrático ($300 millones aproximadamente), entre otros”. Conviene leer la investigación completa en el portal de CUESTIÓN PÚBLICA: https://cuestionpublica.com/. Si lo hace y conoce mejor esa sofisticada tramoya de los conglomerados económicos, los llamados supercacaos, usted podrá decidir si bota su voto una vez más respaladando esos candidatos patrocinados o, por el contrario, vota informada y responsablemente por quienes considere que al menos cumplirán esos dos artículos de la Constitución. Claro que también puede votar en blanco o simplemente no votar, porque probablemente comparta esta radical y anarquista sentencia que se atribuye a José María Vargas Vila: “Quien vota, elige un amo”.

[i] https://cuestionpublica.com/por-la-plata-baila-el-perro-o-el-candidato/?utm_source=cuestionp.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=quien-pone-la-plata-en-la-politica-y-a-que-partidos-va-nueva-investigacion&_bhlid=ffa0820bade1d453cde840a7ea429fc62e2887cb