Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Angélica Hernández, socióloga, y Andrea Gómez, psicóloga, serán las encargadas de la inducción y respuestas de Admisiones de UNAL.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

La Universidad Nacional de Colombia es la que tiene mayor potencial en ese propósito de inclusión por sus nueves sedes: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Tumaco, La Paz (Cesar), Arauca, San Andrés y Leticia, y por sus distintos programas de admisión especial, dada la brecha de calidad educativa que afecta a tales municipios poniéndolos en desventaja en una competencia abierta.

UNAL usará el Saber 11 para facilitar el ingreso de jóvenes de regiones apartadas

Los aspirantes a los programas Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET) y de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN) sean seleccionados utilizando los resultados de la prueba Saber 11 del ICFES.

La medida aplicará a partir de la convocatoria de admisión 2027-1 y beneficiará a quienes aspiren a ingresar por los programas Peama y PAET en las Sedes Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, así como al PTIUN, de alcance nacional.

Inscripciones gratuitas para facilitar el acceso

La nueva estrategia estará acompañada de otra medida orientada a disminuir las barreras económicas que enfrentan los aspirantes de estas regiones.

Para la próxima convocatoria, 2027-1, la Universidad entregará 1.500 inscripciones gratuitas para cada una de las Sedes Amazonia, Orinoquia y Tumaco, y 500 para la Sede Caribe, beneficio que será administrado por las direcciones de Sede en coordinación con los rectores de los colegios de sus áreas de influencia.

Según Mario Alberto Pérez, director Nacional de Admisiones de la UNAL., los estudiantes no tendrán que realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

“Los aspirantes no tienen que preocuparse por el PIN. Los colegios autorizan los documentos de identidad de los estudiantes y el sistema les asocia automáticamente el PIN correspondiente para que puedan realizar su inscripción gratuita”, explica.

Para más información oficial, consultar aquí.

Programas de admisión especial de UNAL

• Programa de Admisión Especial (PAES) para:
  • Bachilleres de comunidades indígenas
  • Mejores bachilleres de municipios pobres
  • Mejores bachilleres del país
  • Mejores Bachilleres de Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal
  • Bachilleres Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia

• PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica):

Mediante PEAMA se inicia el pregrado en una de las cuatros sedes de presencia nacional (Leticia, San Andrés, Arauca y Tumaco) y se termina en una sede andina (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira).

• Para la Sede Amazonia: los Departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, el Municipio de Piamonte en el Departamento del Cauca, los Municipios de La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el departamento del Meta y el municipio de Cumaribo en el Departamento del Vichada.
• Para la Sede Caribe: el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
• Para la Sede Orinoquia: los Departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada, el Municipio de Cubará en el Departamento de Boyacá, los Corregimientos de Samoré y Gibraltar del Municipio de Toledo en el Departamento de Norte de Santander y los Municipios de La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el Departamento del Meta.
• Para la Sede Tumaco: Los Departamentos de Chocó y Putumayo, los Municipios de Barbacoas, El Charco, Guaitarilla, La Tola, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Providencia, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco y la Inspección Jardines de Sucumbíos del Municipio de Ipiales en el Departamento de Nariño y los Municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí en el Departamento del Cauca.

• PAET (Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial): Facilita el ingreso a sedes específicas según la región de procedencia del aspirante.

Es una oferta de programas curriculares de pregrado de ciclo completo para ser cursados por los admitidos de este Programa de Admisión Especial en la región de influencia.

• Para la Sede Medellín corresponde a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
• Para la Sede Palmira corresponde a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
• Para la Sede Manizales corresponde a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Tolima es hoy una potencia cafetera y ostenta un título que otros departamentos envidiarían: “Corazón Cafetero de Colombia”.  

Desde que asumió la Gobernación, Adriana Magali Matiz concibió un sueño: aumentar la producción de café y arrebatarle a Antioquia el segundo lugar. En ese camino avanza a paso firme, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, gremio que representa a más de medio millón de familias caficultoras (en 23 departamentos y 601 municipios), y próximo a celebrar su centenario.  

“En 2007, en el Tolima producíamos un promedio de 10 sacos por hectárea; hoy estamos en 19, prácticamente en la misma área de cultivo”, señala Gildardo Monroy, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros.  

La inversión es generosa: más de $45.000 millones destinados a proyectos de renovación, nuevas siembras y mejoramiento de la infraestructura de beneficio, explica la gobernadora.  

Otra apuesta conjunta es la Escuela Regional del Café —única en su género—, con una inversión superior a los $8.000 millones. “Desde 2024 hemos formado y capacitado a 2.600 jóvenes. Es la única escuela a la que asisten sin pagar absolutamente nada; les garantizamos alimentación, alojamiento y todo el proceso formativo”, destaca Matiz.

Además, cuentan con dos proyectos para extender esta formación a los 38 municipios cafeteros del departamento: La Maleta Viajera y la Escuela Satélite, ubicada en el corregimiento de Bilbao, en Planadas.  

La estrategia es integral: productividad, fortalecimiento de la asociatividad, agroindustria y comercialización. Así, la IV Feria Internacional del Café —que se realizará en Chaparral del 14 al 16 de agosto— servirá de vitrina internacional para el mejor café tolimense. En esta edición se reunirán 150 expositores y más de 45 compradores provenientes de 10 países.

Chaparral es la puerta de entrada al sur del departamento, región de donde proviene la mitad del café tolimense y que destaca, además, por la producción de cafés de alta especialidad.  

Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

En el podio cafetero

Con más de 66.000 familias cafeteras, el Tolima produce actualmente 1.870.000 sacos de café en 105.000 hectáreas, generando más de 76.000 empleos directos y 165.000 indirectos.  

“El esfuerzo articulado con la Gobernación busca aumentar la productividad gracias a las buenas prácticas, al servicio de extensión y a la investigación de Cenicafé”, afirma Monroy.  

Doctor Gildardo Monroy, ¿ustedes siempre ocuparon el tercer lugar?

No, de hecho fuimos cuartos. El cultivo del café ha ido migrando hacia el sur del país, principalmente por los costos de la tierra y la disponibilidad de mano de obra. Llevamos consolidados en el tercer lugar más de 15 años, pero lo que hoy nos diferencia a los tolimenses es la producción de café de alta especialidad. Hemos ganado varios concursos, vendido lotes a muy buenos precios en subastas internacionales y creado la Escuela Regional del Café, una apuesta por la integración generacional donde niños y jóvenes se nutren de la experiencia de sus mayores. Creemos que esto garantizará la sostenibilidad de la actividad en el tiempo para seguir ofreciendo el café más suave del mundo.  

¿Qué tan cerca están de Antioquia, que ocupa el segundo lugar, y qué tan lejos del Huila, que lidera el ranking?

Del Huila estamos bastante distantes. Hoy el Huila cuenta con unas 130.000 hectáreas y nosotros estamos en 105.000. A Antioquia la tenemos a poco más de 3.000 hectáreas, pero lo importante no es solo la cifra, sino la calidad y la productividad. Cada región cafetera es distinta; Colombia cuenta con 23 departamentos y más de 600 municipios productores, y en cada uno hay un factor diferencial. El más importante son los caficultores: campesinos que labran la tierra de sol a sol, de domingo a domingo, porque en una finca cafetera hay labor diaria para producir un grano de superior calidad.  

¿Qué hace extraordinario al café del Tolima?

El Tolima ofrece café fresco durante todo el año. A diferencia de zonas en los extremos sur o norte del país que solo tienen una cosecha anual (como Cauca o Nariño), nuestra ubicación privilegiada sobre la Cordillera de los Andes, con un clima idóneo, nos permite tener dos cosechas al año. Esto nos otorga una oferta constante para compradores nacionales e internacionales.

Astrid Medina y Duberney Cifuentes, ambos oriundos de Planadas, han sido ganadores de la Taza de la Excelencia. El café de él se subastó a 72 dólares la libra en la III Feria Internacional del Café, en El Líbano (2025). Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

¿A qué se refieren cuando hablan de café de alta especialidad?

No es un café estándar. Posee atributos diferenciadores: se cultiva en suelos de origen volcánico ricos en minerales que favorecen el desarrollo del grano, y cuenta con un clima que aporta una taza limpia, notas muy balanceadas y un sabor residual dulce con matices afrutados. No obstante, la verdadera especialidad se la imprimen los productores a través de sus procesos de beneficio y poscosecha.  

Por último, ¿cómo o quién determina la calidad de un café?

Un café estándar obtiene menos de 84 puntos en la escala de la SCA (Specialty Coffee Association), que es nuestro referente técnico. De 84 puntos en adelante se considera café de alta especialidad, y a partir de los 90 puntos entramos en la categoría de cafés presidenciales. En el Tolima hemos subastado lotes de más de 91 puntos, evaluados por catadores expertos bajo criterios rigurosos como la suavidad, el cuerpo y la acidez. Todos estos factores juntos determinan que un café alcance la excelencia.  

El municipio de Planadas, ubicado al sur, es el mayor productor de café del Tolima. Allí, donde nacieron las extintas FARC, hoy se cultiva uno de los mejores cafés del mundo. Foto: Comité Departamental de Cafeteros.

Durante el fin de semana del concierto, la actividad económica local generó cerca de 85.000 millones de pesos, se activaron casi 3.000 empleos y la ocupación hotelera llegó al 100 %. Ese impacto no es casualidad: es la expresión más visible de una ciudad que ha construido, durante décadas, una vocación de servicio, logística y calidez que hoy la posiciona como un destino de clase mundial para eventos de todo tipo.

Desde la primera Feria de Cali en 1957, pasando por los Juegos Panamericanos de 1971, los Juegos Mundiales de 2013 y los Panamericanos Junior de 2021, la ciudad ha tejido una identidad ligada a recibir al mundo. Ese camino encontró su hito más reciente en la COP16, la cumbre mundial de biodiversidad que en 2024 reunió a delegaciones de cerca de 200 países, y que confirmó a Cali como destino para encuentros empresariales de talla internacional.

Su realización dejó una experiencia que hoy se traduce en mayor confianza para asumir retos de gran envergadura, al punto de que eventos que tradicionalmente se realizaban en otras ciudades ahora ‘juegan de local’ en Cali. Es el caso de Agroexpo, que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre próximos, con un impacto económico proyectado superior a los 23.000 millones de pesos, cerca de 20.000 visitantes y la participación de más de 110 empresarios y delegaciones de países de los cinco continentes. Cali, además, fue confirmada como sede permanente de Agroexpo cada dos años.

Esa misma confianza abre paso a Smart City Cali Expo, que debutará en septiembre como epicentro de innovación urbana y sostenibilidad, que espera recibir a más de 3.000 visitantes. Y a finales de julio el Encuentro ACOLAP y su Expo LAAE que llegaron por primera vez a la capital del Valle, reafirmando a Cali como sede de la industria de atracciones y entretenimiento en el país.

Un ecosistema multipropósito

Lo que hace posible que Cali sea hoy sede de un amplio menú de eventos no es casualidad: es un modelo de articulación público-privada que ha demostrado ser efectivo para cualquier tipo de evento de gran formato, ya sea empresarial, deportivo, cultural o académico. La Alcaldía de Cali, la Secretaría de Turismo, Cali Valle Bureau, la Cámara de Comercio de Cali, Invest Pacific y el sector privado han construido una relación de confianza que permite que la ciudad no solo reciba eventos, sino que los convierta también en oportunidades de inversión.

Los organizadores de eventos encuentran en Cali un destino que ofrece infraestructura logística de primer nivel, conectividad internacional y una calidez humana que transforma cada evento en una experiencia única. El modelo es, en el fondo, el mismo sin importar el formato: capacidad hotelera, transporte, recintos adecuados, seguridad, talento humano y una ciudad que es un gran huésped.

Esta realidad es, precisamente, lo que Invest Pacific pone hoy en el radar de los inversionistas globales. Cali ha demostrado que puede albergar eventos de clase mundial en cualquier industria. La experiencia acumulada en ferias, convenciones y cumbres internacionales es la misma que permite que hoy lleguen los artistas más grandes del mundo. Esa confianza se traduce en una agenda cada vez más ambiciosa: la Agenda Viva 2026, que desplegará más de 40 eventos de talla mundial entre agosto y diciembre, con la expectativa de recibir visitantes de más de 50 países.

Para todos los gustos

Ese espíritu de ciudad anfitriona se repite en cada tarima y en cada escenario deportivo. Eventos como el Festival Internacional de Teatro, Cali Distrito Moda, el Fanzone Mundial FIFA 2026 y la Media Maratón de Cali son prueba del dinamismo cultural y deportivo de la ciudad. Además, la reciente celebración de los 490 años de Santiago de Cali reafirma su identidad y su capacidad para congregar a miles de personas alrededor de su cultura y sus tradiciones.

El Festival Mundial de Salsa, en su edición 21 a realizarse entre el 24 y 27 de septiembre, y el Petronio Álvarez entre el 9 y 17 de agosto—que llegó a sus 30 años tras cerrar 2025 con más de 800.000 asistentes— siguen siendo los estandartes culturales de la ciudad, acompañados por el Festival Internacional de Ballet, la Bienal Internacional de Artes Gráficas, la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.

Noviembre reunirá tres hitos más: el Giro de Rigo Cali, con 10.000 ciclistas de más de 35 países; los Premios Macondo, que en 2026 tendrán a Cali como sede por primera vez; y Cali Orquídeas. El año cerrará con el Alumbrado Navideño y la Feria de Cali, que en 2025 registró una ocupación hotelera del 87 % y un impacto económico cercano a los 45 millones de dólares.

Esta nutrida agenda consolida a Cali como una de las plataformas de eventos más activas de América Latina, donde la cultura, el deporte y los negocios conviven y se potencian mutuamente, generando un efecto derrama que beneficia a toda la cadena productiva. Y todo esto es posible porque el sector privado ha encontrado en Cali un socio confiable y una ciudad que cumple, sin importar qué tipo de evento se le encargue.

Este calendario es posible gracias a una privilegiada plataforma de conectividad e infraestructura. Su epicentro logístico es el Centro de Eventos Valle del Pacífico, inaugurado en 2007 y que es hoy el segundo recinto multiformato más grande y moderno de Colombia, con más de 77.000 metros cuadrados y capacidad para 12.000 personas. A esa capacidad instalada se suma una oferta que supera los 1.000 salones adicionales en el departamento.

En conectividad, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón —cuarto del país por movimiento de pasajeros—, movilizó más de 6,9 millones de viajeros en 2025, con conexiones a diez destinos internacionales mediante 81 vuelos semanales y más de 38 vuelos diarios hacia Bogotá.

La sumatoria de estos factores explica por qué la Alcaldía de Cali proyecta superar este año los más de tres millones de visitantes que recibió la ciudad en 2025. Cada evento de gran formato activa la ocupación hotelera, dinamiza el comercio y la gastronomía, y abre una vitrina para que inversionistas y organizadores internacionales conozcan de primera mano la capacidad operativa de la región.

Cali invita a quienes la habitan y a quienes llegan de otras partes del mundo a vivir de primera mano esta transformación: a caminar sus calles, a llenar sus tarimas, a hacer negocios en sus salones de convenciones y a dejarse contagiar por su música y su gente. Porque en Cali, cada evento es una puerta abierta, y el mundo siempre está invitado a cruzarla.

*Por: Laura Adarve, Relaciones Corporativas Invest Pacific.

Crédito fotos: Alcaldía de Cali.

La civilidad camuflada

En Colombia tenemos numerosos mitos parecidos, siendo la democracia el mayor, más consolidado e inexpugnable, defendido desde todas las latitudes políticas, añadiéndole múltiples adjetivos y apellidos: “democracia electoral”, “restringida”, “asediada” y hasta “participativa”. Pero, en estos días próximos a la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella ha puesto en duda otro de los mitos nacionales más incuestionado, el mito de la civilidad de nuestros mandatarios y de las Fuerzas Militares. Aunque haya desistido de su posesión presidencial en una guarnición militar, la esencia de su campaña con toda la simbología del saludo militar, la consigna de “Firmes por la Patria” y su movimiento “Defensores de la Patria”, sumados a su alineación (¿alienación?) total con el “Escudo de las Américas” de Trump –que ya anunció operará desde Medellín por ser el epicentro del narcotráfico, según sus propias palabras– no dejan la menor duda de que viviremos cuatro años bajo una civilidad camuflada. Tras sus finos trajes de civil, está un alma camuflada, “cargada de tigre”, que saluda militarmente y formará un bloque sólido con las Fuerzas Militares en defensa de la “Patria Milagro”. Ese es el sentido del homenaje que rendirá en Cali a las Fuerzas Militares.

Electorado “cargado de tigre”

Un alma tanto más camuflada cuanto fue respaldada por una “manada” de cerca de 13 millones de electores “cargados de tigre” y “Firmes por la Patria”, pero que jamás enviarían a sus hijos a morir en el campo de batalla, pues para ello están los “Héroes de la Patria”. De allí que no sea justo señalar a Abelardo como el único responsable de esa civilidad militarizada y camuflada, pues la manada clama por seguridad y está segura que solo la puede brindar el “Tigre” desde los cuarteles y estaciones de policía, pertrechado con el “Escudo de las Américas” y su alianza estratégica con el Pentágono e Israel. De manera que Abelardo no es más que el legítimo heredero de esa tradición electoral militarista y belicista, partidaria entusiasta de la “seguridad democrática”, presente en casi todos los presidentes, con diferentes énfasis, y la mayoría de políticos colombianos. Una tradición que se remonta a las numerosas guerras civiles del siglo XIX entre los partidos Liberal y Conservador, maestros en la combinación de todas las formas de lucha, que bien resumía un refrán popular de entonces: “Colombia es una tierra de cosas singulares, hacen la guerra los civiles y dan la paz los militares”. Una tradición que incluso llega hasta 1953 cuando un prohombre liberal, Darío Echandía, llamó “golpe de opinión”, al golpe militar de Rojas Pinilla, pues fue promovido con la facción de Mariano Ospina Pérez del partido conservador contra el entonces presidente Laureano Gómez Castro y, en efecto, puso fin a la sangría desatada por los líderes de ambos partidos tradicionales, muy civiles en sus trajes, pero feroces en sus odios mutuos.

Tradición compartida

Lo más grave, es que esa tradición también está presente en la contraparte insurgente y su culto al poder de las armas, deslumbrada y atrapada en la máxima maoísta: “el poder nace de la punta del fusil”, que hoy la tiene al borde de la extinción, en la mira de inminentes bombardeos oficiales letales y en su desesperada respuesta terrorista en los departamentos de Santander, Cauca y Valle. Esa civilidad camuflada se condensó en consignas como la del M-19: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, parecida a la fórmula de gobernabilidad del General Rojas Pinilla durante su dictadura entre 1953-1957, contenida en el “binomio Pueblo-Fuerzas Militares”[i]. Fórmula abortada rápidamente por los líderes de ambos partidos con el respaldo de los gremios y la carne de cañón puesta por los estudiantes, como suele ocurrir. Y así llegamos al momento culminante del alma de esa civilidad camuflada, expresada por Alberro Lleras Camargo en forma meridiana y con su tono de orador insuperable, en el Teatro Patria ante la alta oficialidad de las Fuerzas Militares en su discurso del 9 de mayo de 1958. Discurso que sentó las bases de las relaciones entre el poder civil y el militar al comienzo del Frente Nacional hasta nuestros aciagos días.

Una relación letal

Es considerada una pieza magistral, pues en ella Lleras Camargo expone clara y radicalmente que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar políticamente, pues si lo hacen “entran armadas” al campo de la política y para “resolver una disputa irá a todos los extremos, será más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento… si las Fuerzas Armadas entran a la política y la dirección del gobierno, entran inevitablemente a la disputa sobre si el gobierno es bueno o malo. Inmediatamente se forma un partido, el suyo, y otro, el adversario del gobierno”. Situación en la que sin duda ya nos encontramos, pues el gobierno del Tigre se define como el gobierno de las Fuerzas Armadas, por eso todos los miembros del gabinete ministerial hacen el saludo militar, pregonan la mística de “Firmes por la Patria” y serán la primera línea de los “Defensores de la Patria”. Esa civilidad camuflada representará una puesta de escena marcial en el homenaje que rendirán a los “héroes de la Patria” en Cali, seguramente en el Batallón Pichincha y la Base Área Marco Fidel Suárez, después de la posesión de “EL TIGRE” en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, un digno escenario para un espectáculo entre civil y circense.

¿Orden público militar o civil?

Y si a lo anterior se suma otro pasaje de dicho discurso en el que Lleras Camargo delega el “manejo del orden público” en los militares, con la gravedad señalada por la Comisión de la Verdad, pues “dio origen también a una ambigüedad en el manejo de los conflictos sociales, dado que bajo este concepto se cubre desde un ataque armado hasta una huelga”, tenemos como resultado la militarización total de la conflictividad social con la anuencia del poder presidencial.A partir de ese momento y en el contexto de la guerra fría, con el enemigo internoy la doctrina de la “seguridad nacional”, es fácil comprender el surgimiento de políticas de seguridad con estrategias tan belicistas y antidemocráticas como la creación de las Autodefensas Civiles en el gobierno de Guillermo León Valencia, bajo decreto 3398 de 1965[ii], que entregó armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a civiles para combatir los bandoleros, siguiendo las directrices de la Misión Yarborough de Estados Unidos.   Mas reciente, el “Estatuto de Seguridad”, bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay, las Convivir con Gaviria y la “Seguridad democrática” con Uribe. Ahora, el “Tigre” anuncia los Frentes de Seguridad Ciudadanos, coordinados por el Ministerio de Defensa. ¿Podrá, entonces, hablarse de civilidad en la vida política colombiana y en la conducción del orden público, cuando son precisamente los presidentes civiles quienes definen y ordenan semejantes políticas?

Del Palacio de Justicia a Firmes por la Patria

Todo lo anterior terminó generando esta relación letal de complicidad entre el poder civil y el militar en el Estado colombiano, cuya máxima y mortal expresión fue el desenlace del asalto terrorista al Palacio de Justicia por el M-19, siendo justificados y hasta excusados los excesos criminales en que incurrieron miembros de las Fuerza Pública supuestamente para “mantener la democracia y la independencia de las ramas del poder público”, así hubiera sido cercenada la rama judicial, decapitada la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado e incinerado y demolido el Palacio de Justicia. Inmediatamente después, asistimos al exterminio político de la Unión Patriótica, con cerca de tres mil víctimas mortales, mediante alianzas tenebrosas de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares, hasta llegar a los cuatro magnicidios de los candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, con la complicidad de agencias y miembros de inteligencia del DAS y el Ejército. Y, en nuestros días, presenciamos la máxima descomposición institucional de Brigadas, Batallones, numerosos oficiales y personal subalterno en relaciones y articulaciones con el paramilitarismo y la perpetración de numerosos crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”. De allí, que no deje de ser una mitomanía vergonzosa y una fuente de impunidad institucionalizada la elogiada civilidad del poder presidencial y mucho más inexcusables sus numerosas y frecuentes delegaciones del manejo del orden público en los militares, puesto que constitucionalmente el Ejecutivo es el responsable de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, además de “dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República” (artículo 189, numerales 3 y 4 de la CP). No hay, pues, lugar al falso maniqueísmo de hacer responsables solo a los militares de semejantes atrocidades, pues como bien lo dijo don Miguel de Unamuno en plena guerra civil española, parece ser más fácil “civilizar un militar que desmilitarizar a un civil”, pues este último, cuando está revestido de poder presidencial, es el más entusiasta en hacer la guerra y ordenar que otros mueran en nombre de la Patria y la defensa de sus delirios políticos, como nos lo demuestra nuestra reciente historia política. ¿No será que para defender la democracia se precisan más ciudadanos y menos héroes de la Patria?

[i] https://enciclopedia.banrepcultural.org/Gustavo_Rojas_Pinilla

[ii] https://www.comisiondelaverdad.co/legalizacion-de-la-autodefensa

La decana de Medicina de Universidad Icesi, María Elena Velásquez, dará la bienvenida a los pilos, y en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, lo hará el director de Relacionamiento, Alberto Arias.

No es solo una visita a dos universidades de alta calidad.

Es también un encuentro de talentos con oportunidades de tejer nexos de intereses significativos entre sí.

55 de ellos ya respondieron una encuesta de talentos artísticos, deportivos, de liderazgo y cognitivos para fortalecer la comunidad de propósito de acceder a una buena universidad.

El que todos sepan cuáles son sus nombres ya es un paso.

Qué es una universidad aspiracional

Es una que los estudiantes (y los hogares) eligen no solo por su oferta académica, sino por el prestigio, estatus y movilidad social.

¿Por qué llevarlos primero a universidades selectivas y costosas?

1. Porque hay becas.

2. Para que amplíen sus horizontes, pues desde universidades públicas también se puede materializar un proyecto de vida universitaria que abra oportunidades.

Una inmersión enriquecida

Además de la charla de presentación de cada universidad y su oferta académica, y del recorrido por el campus, que son centrales para el objetivo de la visita, se tendrá:

• Dinámica de habilidades blandas: “Negociación en el desierto”.
• Micro-taller de orientación vocacional.
• Visita a laboratorios.
• Micro-escenificación del Modelo de Naciones Unidas, MUN.
• Almuerzo con becarios (no todos), momento liderado por el Semillero Alpha Phi Alpha de Universidad Icesi.

Becarios icesistas que almorzarán con pilos de colegio

Hasta el momento, 18 becarios, empresariales e institucionales, han confirmado que compartirán su experiencia de obtención de beca y de vida en la universidad con tres pilos de colegio cada uno en una mesa de la cafetería central.

• Sergio Luis Diaz Mina (Finanzas)
• Diego Fernando Castaño Mosquera (Medicina)
• Jesús Alberto Valencia Guerrero (Derecho y Ciencia Politica)
• Jean Carlos Riascos Palacios (Ingeniería de sistemas)
• Jhon Roberth Riascos (Finanzas con énfasis en Mercados globales),
• Andrés Felipe Diaz Montoya (Ingeniería en sistemas),
• Iliana Samara Córdoba Lozano (Derecho),
• Dinka Isabela Cabezas Arboleda (Psicología)
• Henry Murillo García (Economía y Negocios internacionales)
• Daniela Orejuela (Economía y negocios internacionales)
• Sol Mary Valencia Pérez (Economía y Negocios Internacionales)
• Samuel Palacios Rivera (Economía y Negocios Internacionales)
• Juan Pablo Solarte Álvarez (Ingeniería de sistemas)
• Anahi Sofía Caballero García (Derecho)
• Yuliana Cantillo (Economía y Negocios Internacionales)
• Laura Sofía Rueda Valdés (Economía y Negocios Internacionales)
• Valery Chantre González (Economía y Negocios Internacionales)
• Catalina Idrobo Valencia (Economía y Negocios Internacionales)

El Semillero Alpha Phi Alpha de Icesi y el área de Filantropía de la Universidad apoyan la convocatoria.

Momentos de reconocimiento a pilos

El ambiente de afirmación de personalidad comenzará con un estudiante por colegio saludando de mano y mirando a los ojos a la decana de Medicina de Icesi y luego el mismo ejercicio con el director de Relacionamiento de la PU Javeriana.

• Imposición de la Insignia civil del Gran Almirante de la Nación José Padilla López en la categoría estudiantil a:
  • Juan Esteban Díaz Camacho (Gimnasio Moderno del Valle, Jamundí);
  • Miguel Ángel Martínez Armero (IE Ateneo, de Pradera);
  • Darly Sofía Perlaza Rodríguez (IE Las Américas, Florida);
  • Estefany Viáfara Sandoval y Danna Valentina González (IE FJ de Caldas, Santander de Quilichao) y
  • Danna Sofía Viáfara Cosme (IE La Arboleda, Candelaria).
• Salida al escenario con “ovación” para:
  • Personeros, contralores y representantes de curso.
  • Estudiantes de grado 11 con puntajes superiores a 340 en último simulacro de Saber 11.
  • Participantes en Copa Jhan Salazar de PreSaber 11 Puerto Tejada, 2026.
  • Los cumpleañeros en julio.

Micro-escenificación de Modelo de Naciones Unidas, MUN

Los pilos de grado 10 de varios municipios que vienen tomando capacitación virtual con el Grupo MONUA de la Universidad de los Andes pasarán al frente para representar una votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre prohibición de armas autónomas con Inteligencia Artificial.

El MUN de Icesi será la Mesa directiva y pilos visitantes ejercerán de embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad con sus respectivas plaquetas de país.

El Modelo de Naciones Unidas virtual con estudiantes de la Red colaborativa de colegios por la calidad educativa del suroccidente se realizará el 29 de septiembre, con transmisión por YouTube, presidiendo la Mesa la junta directiva de MONUA-UniAndes.

Momento musical: efemérides del Joe Arroyo

El pasado domingo 26 de julio se cumplieron 15 años del fallecimiento del gran cantante Joe Arroyo, por lo que se le recordará con ocho pilos voluntarios bailando la canción Rebelión en la tarima.

El centurión de la noche “grabó en su voz más de 300 canciones en unos 40 álbumes, alrededor de unos 100 temas propios y más de 60 canciones en los primeros lugares de éxito, suficientes cartas de presentación para un artista llamado a arañar el Olimpo de los más grandes”.

Pilos de Buenaventura

22 estudiantes de cinco colegios representan a la ciudad con el puerto más importante del Pacífico.

• Centro Educativo Bahía de Buenaventura: Andrés Alejandro Gracia Granado, Aylin Daniela Hernández Mina, Carlos Abel Torres Escobar, Daniela Vergara Velasquez, Danna Sofía García Sánchez, Diana Sofía Córdoba Grajales, Isabela Cuero Banguero, José Miguel Ocoró Zúñiga, Joseph Sebastián Orobio Quiñonez, Kimberly Hurtado Valencia, Ronald Yair Viveros Castillo, Sebastián Gómez García y Sury Sofia Cundumí González.
• IE Normal Superior Juan Ladrilleros: Kiara Alejandra Mosquera Torres, Madeleyne Hurtado Ceballos, Melany Marin Jimenez, Sara Sofía Mosquera Gómez
• IE Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano: Alan Daniel Riascos Alomía, Juan Sebastian Cuero Valverde.
• IE Termarit: Sarah Torres, Juan Pablo Restrepo Valencia.
• IE Liceo del Pacífico: Anny Milagros Ante Hinestroza

Acudientes acompañantes: Laura Cristina Mosquera Chala, María Erlinda Daza Martínez.

Pilos de Pradera (Valle del Cauca)

El mejor colegio de Pradera por resultados en Saber 11 lidera la delegación del municipio.

• IE Ateneo (22): Alejandra López Martínez, Andres David Egas Patiño, Daniela Baena Rodríguez (contralora), Emmanuel Carrillo Lucumi, Francisco José Mosquera, Heyllen Geraldine Cortes Cardona, Hillary Caicedo Semanate, Jhose Miguel Daza Garzón, Johan Andrés Ramírez Hurtado, José Daniel Paz Bedoya (personero), Juan Manuel Vásquez Azcárate, Karol Sofía González Mazo, Laura Valentina Alvarado Quintero, Leonardo Gaitán Muñoz, Liceth Natalia Bejarano, Maria José Ortega Mejía, Miguel Ángel Martínez Armero, Miguel Ángel Ruiz Vásquez, Nathaly Pasaje Acosta, Santiago Domínguez Rincón, Sara Isabel Delgado Valencia y Sara Ríos Bravo.

Docente acompañante: Julio Alexander Delgado.

• IE Francisco Antonio Zea (5): Anny Mariette Sepúlveda Paredes (personera), Alisson Dayana Cruz Escobar, Sharol Nicol Vargas Patiño, Samuel Pérez Ardila (contralor), Isabel Sofía Flórez Arias.

Docente acompañante: Marco Antonio Mojica Madera.

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Pilos de Florida y Candelaria (Valle del Cauca)

Un colegio oficial de Florida y uno privado de Candelaria estarán presentes.

• IE Las Américas (Florida): Ana María Guerrero Torres, Darly Sofía Perlaza Domínguez y Juan Camilo Bravo Bermúdez.

Docente acompañante: Martha Vidal, de apoyo pedagógico.

• IE La Arboleda Campestre (Candelaria): Danna Sofía Viáfara Cosme, José David Rodríguez Cruz, Liz González Castro, Madeleym Carrillo Lozada, Salomé Coutin Caicedo, Samuel Giraldo.

Docente acompañante: Nhora Elena González Delgado, rectora.

Pilos de Jamundí (Valle del Cauca)

Un colegio oficial con características de mega-colegio y uno de los privados más reconocidos participan en la inmersión enriquecida.

• IET Industrial España (13): Brandon Alexander Marin Manosalva, Estrella de los Ángeles García Cabrita, Jeniffer Mina Ortiz, John Edward Viveros Perlaza, Juan Esteban Restrepo Olaya, Juan Salgado, Keilly Cuervo Goyeneche, Melany Andrea Castillo Payares, Ricardo Escobar Medina, Wendy García Román, Jhojan Esteban Saavedra Trochez, Eliana Carreño Acevedo, Alejandro Díaz Cruz.

Docente acompañante: Yamileth Reyes Lucumí.

• IE Gimnasio Moderno del Valle (6): Juan Esteban Díaz Camacho, Pablo Alejandro Rojas García, Allison María Beltrán Lucumí, Hanna Isabella Mosquera Angulo, Jalver Daniel Torres Rodríguez, Juan Esteban Almario.

Docente acompañante: María Camila Fory Hernández

Pilos de Cali

• Liceo Departamental (3): Sara Moreno Ramírez, Valery López Torijano, Maximiliano José Palacios.

Docente acompañante: Claudia Ximena Caicedo.

Pilos de Santander de Quilichao (Cauca)

Los dos mejores colegios oficiales de la segunda ciudad del Cauca llevan la batuta.

• IE Francisco José de Caldas (27): Ana Sofia Adrada Gómez, Danna Gonzalez, Dhamar Díaz, Eilyn Chates, Erick Shamuel Carabali Muñoz, Estefany Viáfara Sandoval, Hitayoshara Fernández, Isabella Larrahondo Mancilla, Julián Andrés Vergara Suárez, Laura Sofía Reyes Candelo, Luis Alejandro Polo Morales, Luis Felipe Hernández Benavides, María Camila Erazo Paredes, María Camila García Martínez, Mariana Vernaza Erazo, Maryi Lizbeth Secue Ilamo, Maxi Hurtado Mancilla, Mayra Alejandra Flor Salazar, Mishell Yaritza García Carabali, Salomé Muñoz Henao, Salomé Vidal, Santiago Charrupi Narváez, Santiago José Barreto, Sara Bolaños Quintero, Sara Isabel León Talaga, Saray Sofía Paz Molina, Xiomara Largo Santamaria.

Acudientes acompañantes: Sandra Milena Henao Villada, Anette Tatiana Candelo Mina, Yenni Alejandra Martínez Peña, Griceldina Mancilla.

• Instituto Técnico (9): Cristian David Buitrago Bolaños (contralor), Gelen Yurley Enriquez Garcia, Haidar Alí Sinisterra Rojas, Juan Manuel Garcés Velasco, Luis Santiago Muñoz Garcés, Santiago Muñoz Galindo, Manuela Plaza Velasco, Alexandra García Camayo, Juan Manuel Medina Villafañe.

Docente acompañante: Alejandro Calderón.

Pilos de Puerto Tejada (Cauca)

Esta delegación se compone, fundamentalmente, de los participantes en la Copa Jhan Salazar de PreSaber 11.

• IE Fidelina Echeverry (5): Ceidy Alejandra Narváez Escobar, Keruv Isabella Arteaga Candelo, María José Paz Rengifo, Nicolás Caicedo Lucumí, Leidi Alexandra Torres Arboleda.
• IE Evangélico Ebenezer (9): Hilary Tatiana Mostacilla, Laura Nicole Mina, Luis Miguel Marulanda, María José Perlaza, Nicol Saray Valencia, Sarid Sofía Cosme, Laura Gaez, Ostin Daniel Lozano, Ronald Yuseth Lucumí Canchimbo.
• Colegio Bahai Ruhí Arbab (7): Ana María Torres Olarte, Cristian Fory, Guadalupe Quintero Londoño, Isabella Valencia Dinas, Juner Mathias Lucumí Barcasnegras, Nicoll Dayana Urbina Valdes, Salomé Cantoñi Ambuila.
• Colegio Comfacauca (3): Chelsea Sofia Mina Tovar, Emmanuel Diaz Belalcázar, Valerin Mariana Ocoró Molina.
• IE Ana Silena Arroyave (5): Gavi Arboleda Casaran, Rafael Medina, Yeray Gómez, José Manuel Escobar Ruiz, Juan David Corrales Perlaza.
• IE José Hilario López (2): Heidi Liseth Perdomo Ocoró, Sara Liseth Perdomo Ocoró.

Docentes acompañantes: Edwin Fernando Rodríguez (Ebenezer) y Mónica Carabalí Mina (Bahai).

Pilos de Villa Rica (Cauca)

• IE Senón Fabio Villegas (5): Paula Liseth Bolaños Diaz, Liz Angélica Palacios Chara, Deisy Johana Zapata Rico, Manuela Cifuentes Medina, Lauren Mina

Docentes acompañantes: Charlis Ignacio Becerra Salazar y Diana Raquel Bueno Urán.

Red colaborativa de colegios en gestión

La primera actividad del proyecto fue un taller directivo en Universidad Icesi, el 28 de febrero de 2026, sobre Proyecto Educativo Institucional, PEI, y pedagogías activas en enseñanza de matemáticas y ciencias, organizado por Fundación Color de Colombia en alianza con Centro Eduteka y el Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de Universidad Icesi.

La red busca tejer lazos entre un conjunto de colegios oficiales y privados de Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Pradera, Florida, Cerrito, Zarzal, Candelaria (Valle del Cauca), y de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené, Padilla y Villa Rica (Cauca), con el propósito de compartir recursos y experiencias para elevar la calidad educativa.

La segunda actividad fue un webinar acerca de Diseño de experiencias de aprendizaje con Carlos Andrés Ávila Dorado, un experto del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, involucrando pedagogías emergentes, como el Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros.

La primera experiencia conjunta de la red colaborativa de colegios es el ejercicio de Modelo de Naciones Unidas virtual, que puede considerarse un “micro-MUN”, pero es un paso hacia la posibilidad de algo más grande.

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Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

La historia suele conceder mayor importancia al instante de la llegada que al tiempo de la permanencia. Los archivos registran con relativa facilidad el origen de un asentamiento, la apertura de un camino, la expedición de un decreto o la creación de una institución; mucho más difícil resulta reconstruir aquello que ocurre después, cuando el paso de los años convierte un territorio de colonización en un espacio habitado y una suma de familias dispersas comienza a reconocerse como comunidad. Allí, precisamente, se encuentra uno de los episodios menos explorados de la historia reciente de Ipiales.

Las dos entregas anteriores permitieron seguir las huellas del poblamiento afrodescendiente en Cofanía–Jardines de Sucumbíos desde sus primeros momentos. Vimos llegar familias procedentes del Pacífico nariñense y del Valle del Cauca, atraídas por la apertura de la frontera agrícola, por la explotación forestal o por las oportunidades laborales que ofrecía una región que apenas empezaba a transformarse. También observamos cómo aquellas trayectorias individuales fueron encontrándose hasta configurar un tejido humano que desbordaba el simple hecho migratorio. Quedó pendiente, sin embargo, la pregunta más importante: ¿cuándo dejó de hablarse de colonos para empezar a hablar de comunidad?

No existe una fecha para responderla, y quizá allí radique la mayor dificultad. Las comunidades no nacen el día en que una autoridad las reconoce ni cuando un documento oficial decide nombrarlas. Se forman lentamente, casi siempre lejos de los escritorios donde después se escribirá su historia. Mientras las instituciones producen resoluciones, las personas levantan sus viviendas, cultivan la tierra, entierran a sus muertos, celebran el nacimiento de sus hijos y aprenden a depender unas de otras. Es en esa vida cotidiana, casi siempre silenciosa, donde empieza a construirse el verdadero sentido de pertenencia.

Así ocurrió en Cofanía–Jardines de Sucumbíos. Los primeros migrantes llegaron con la incertidumbre propia de quien desconoce cuánto tiempo permanecerá en un lugar. Muchos pensaban regresar al Pacífico una vez mejoraran las condiciones económicas. Era una expectativa razonable. Allá habían quedado los padres, los hermanos, los amigos y una memoria construida durante generaciones. La frontera representaba una oportunidad; difícilmente podía imaginarse como un destino definitivo. Sin embargo, la historia suele avanzar por caminos distintos a los que proyectan quienes la protagonizan. Los años pasaron, los hijos crecieron, aparecieron nuevas necesidades y los vínculos con el territorio empezaron a adquirir una profundidad que ya no dependía únicamente de las circunstancias económicas que habían motivado el viaje.

Fue entonces cuando comenzó a producirse una transformación mucho menos visible que la apertura de una carretera o la explotación de un recurso natural, pero infinitamente más duradera. Las viviendas dejaron de levantarse con la lógica de la provisionalidad; los cultivos empezaron a pensarse para el futuro; las mingas, las celebraciones y el apoyo mutuo dejaron de ser respuestas ocasionales para convertirse en prácticas habituales. Sin declararlo expresamente, aquellas familias empezaban a construir una memoria compartida. Y una comunidad comienza a existir justamente en ese momento: cuando el territorio deja de ser el lugar donde se trabaja para convertirse en el lugar donde se imagina el porvenir.

La consolidación de ese proceso no significó la desaparición de las raíces. Ocurrió exactamente lo contrario. En la medida en que aquellas familias fueron comprendiendo que su permanencia ya no sería transitoria, surgió también la necesidad de conservar aquello que las identificaba. La cocina siguió reuniendo alrededor del fogón los sabores traídos desde la costa; las celebraciones familiares conservaron músicas, formas de hablar y maneras de entender el parentesco que difícilmente podían aprenderse en un libro. Los niños crecían entre dos memorias. Escuchaban a sus mayores hablar de los ríos del Pacífico, de las faenas de pesca y de los pueblos que habían quedado atrás, mientras ellos empezaban a construir recuerdos distintos, ligados a las montañas, a los caminos abiertos por sus padres y a una frontera que ya no percibían como ajena.

Ese diálogo entre dos territorios terminó produciendo una experiencia singular. Los hijos de quienes llegaron desde el Pacífico nariñense y el Valle del Cauca, no dejaron de ser afrodescendientes por haber nacido o crecido en Ipiales, pero tampoco podían explicarse únicamente desde la historia del litoral Pacífico. Su experiencia vital era otra. Habían compartido la escuela con hijos de colonos, campesinos e indígenas Cofán; habían participado de las mismas mingas, enfrentado las mismas dificultades para acceder a los servicios básicos y aprendido a resolver problemas comunes en un territorio donde la presencia institucional continuaba siendo limitada. Aquella convivencia cotidiana no borró las diferencias culturales, pero produjo un conocimiento mutuo que terminó enriqueciendo la vida de todos.

Quizá allí comenzó a gestarse una de las características menos estudiadas de los afroipialeños: la capacidad de construir identidad sin aislarse del entorno. Mientras en otras regiones del país la defensa de la diferencia étnica estuvo marcada por procesos de confrontación o de resistencia frente a modelos de exclusión muy definidos, en Cofanía–Jardines de Sucumbíos la afirmación de la identidad avanzó de manera más silenciosa. No porque hubieran desaparecido las dificultades o las formas de discriminación, sino porque las condiciones propias de la frontera hicieron indispensable una convivencia permanente entre comunidades distintas que compartían problemas similares y, en muchas ocasiones, idénticas expectativas de futuro.

Esa particularidad explica por qué la historia de los afroipialeños no puede reducirse a un capítulo más dentro de la historia de las comunidades negras del Pacífico. Su proceso responde a circunstancias propias, determinadas por la colonización del occidente del municipio, por la ocupación de nuevos espacios productivos y por una relación cotidiana con poblaciones indígenas y campesinas que terminó moldeando una experiencia histórica diferente. Esa condición fronteriza produjo una identidad que merece ser comprendida desde sus propias dinámicas y no únicamente como una extensión geográfica de los procesos ocurridos en la costa nariñense.

Sin embargo, mientras esa realidad se consolidaba, la historia escrita continuaba avanzando por otros caminos. Los estudios sobre Ipiales privilegiaron, con razón, asuntos como la antigua provincia de los Pastos, la Independencia, el comercio fronterizo o el desarrollo urbano. Todos ellos forman parte esencial del pasado regional. Lo llamativo es que, paralelamente, una comunidad crecía, trabajaba, organizaba su vida y transformaba un sector importante del municipio sin que ese proceso encontrara un lugar equivalente dentro de la narrativa histórica. No fue un acto deliberado de exclusión. Fue, más bien, la consecuencia de una tradición historiográfica que acostumbró a buscar las grandes transformaciones en los archivos oficiales y prestó menor atención a las memorias construidas por las propias comunidades.

Por eso esta investigación nunca pretendió descubrir una historia desconocida. La historia ya existía. Existía en los relatos conservados por las familias, en las fotografías guardadas con cuidado durante décadas, en los nombres de quienes abrieron las primeras trochas, levantaron las primeras viviendas o decidieron quedarse cuando otros regresaron. Lo que faltaba era incorporarla al relato general de Ipiales, no como una nota al margen ni como un ejercicio de reparación simbólica, sino como parte de un proceso histórico que contribuye a explicar mejor la transformación del municipio durante la segunda mitad del siglo XX.

La consolidación de aquella comunidad terminaría encontrando, años más tarde, un marco jurídico que le permitió organizarse y reclamar derechos colectivos. Sin embargo, conviene insistir en una precisión que resulta indispensable para comprender este proceso en su verdadera dimensión histórica. Los Consejos Comunitarios no dieron origen a los afroipialeños; fueron la expresión organizativa de una realidad social que llevaba varias décadas construyéndose. Antes de que existieran actas de constitución, resoluciones de reconocimiento o juntas directivas, ya existían familias que habían aprendido a compartir el territorio, a resolver sus conflictos mediante formas propias de organización y a transmitir una memoria común a las nuevas generaciones.

La expedición de la Constitución Política de 1991 y, posteriormente, de la Ley 70 de 1993, abrió un escenario completamente distinto para las comunidades negras del país. Aquellas disposiciones no solo reconocieron derechos largamente reclamados; también ofrecieron instrumentos para proteger formas de organización que habían sobrevivido durante años sin respaldo institucional. En regiones como el litoral Pacífico, donde la presencia afrodescendiente había sido ampliamente documentada, ese reconocimiento encontró procesos comunitarios consolidados. En Ipiales ocurrió algo semejante, aunque con una diferencia sustancial: la comunidad había nacido en un contexto fronterizo, lejos de los territorios que tradicionalmente ocupan un lugar central en los estudios sobre población afrocolombiana. Esa particularidad explica, en buena medida, por qué su historia permaneció durante tanto tiempo en un discreto segundo plano.

Los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Liberación y Futuro y Nuevo Renacer constituyen hoy la expresión más visible de ese recorrido histórico. No representan únicamente una figura administrativa prevista por la ley. Son el resultado de un proceso de maduración colectiva que permitió a las familias reconocerse como parte de una misma experiencia histórica y asumir la responsabilidad de preservar su patrimonio cultural, fortalecer su organización interna y participar en las decisiones que afectan el territorio donde han construido su proyecto de vida.

Reducir su importancia al cumplimiento de un requisito legal sería desconocer el verdadero significado de estos procesos organizativos. Cada Consejo Comunitario sintetiza décadas de esfuerzo silencioso, de trabajo compartido y de una memoria que se negó a desaparecer aun cuando la historia oficial apenas registraba su existencia. Detrás de cada reunión comunitaria, de cada decisión adoptada colectivamente o de cada iniciativa orientada a la defensa del territorio, permanece la experiencia acumulada por quienes abrieron los primeros caminos y demostraron que era posible convertir un espacio de colonización en un lugar de pertenencia.

Ese es, quizá, el aporte más significativo de los afroipialeños a la historia contemporánea del municipio. No se limita a la ocupación de un territorio ni a su participación en las actividades productivas que impulsaron el desarrollo de Ipiales. Su legado también se expresa en una manera de comprender la comunidad como un ejercicio permanente de solidaridad, de memoria y de responsabilidad compartida. Son valores construidos en la experiencia cotidiana, lejos de los discursos oficiales, pero profundamente arraigados en la vida de quienes hicieron de Cofanía–Jardines de Sucumbíos un hogar.

Durante mucho tiempo esa contribución permaneció dispersa en recuerdos familiares, en fotografías guardadas con celo y en relatos transmitidos de generación en generación. Cada testimonio parecía una historia aislada. Solo al reunir esas voces fue posible advertir que todas hablaban, en realidad, de un mismo proceso. Lo que aparecía fragmentado en la memoria individual adquiría sentido cuando se observaba como parte de una experiencia colectiva. Allí comenzó a revelarse una historia distinta, una historia que no cuestiona las narraciones tradicionales sobre Ipiales, pero sí las completa y las enriquece.

Tal vez esa sea la principal conclusión de esta trilogía. La investigación no pretendió añadir un episodio más a la historia local ni elaborar un inventario de nombres y fechas destinado a llenar un vacío bibliográfico. El propósito fue demostrar que la historia de Ipiales todavía conserva zonas insuficientemente exploradas y que muchas de ellas permanecen vivas en la memoria de comunidades cuya experiencia rara vez ha sido incorporada al relato histórico del municipio. Escuchar esas voces no responde a una concesión académica ni a una moda historiográfica. Responde, simplemente, a una exigencia de rigor.

Porque una historia que deja por fuera a quienes también construyeron el territorio termina siendo una historia incompleta. La presencia afrodescendiente en Cofanía–Jardines de Sucumbíos no modifica el pasado de Ipiales; modifica nuestra manera de comprenderlo. Obliga a desplazar la mirada, a reconocer que las grandes transformaciones de un municipio no siempre ocurren en los escenarios donde tradicionalmente se ha concentrado la atención de los historiadores y que, muchas veces, los procesos más profundos transcurren lejos de los centros políticos y administrativos, allí donde la vida cotidiana va modelando silenciosamente nuevas formas de pertenencia.

La verdadera tarea que deja esta investigación no consiste únicamente en visibilizar la presencia de los afroipialeños, sino en incorporarla de manera definitiva a la interpretación histórica del municipio. Su experiencia colectiva no constituye un episodio aislado ni un apéndice de la historia regional; forma parte de los procesos que explican la transformación del oriente de Ipiales durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Integrar esa memoria al relato histórico no responde a un ejercicio de inclusión simbólica, sino a una exigencia de rigor historiográfico. En la medida en que nuevas investigaciones profundicen en estas trayectorias, dialoguen con la memoria oral y amplíen el conocimiento sobre las comunidades asentadas en Cofanía–Jardines de Sucumbíos, la historia de Ipiales será también más completa y más fiel a la diversidad de quienes la han construido.

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Se atribuye a Confucio una definición breve, sencilla, profunda y semántica del poder: “es la capacidad humana para denotar la realidad”, semejante a la del evangelio de Juan: “en el principio era el verbo” (Juan 1:1-14). Esa capacidad políticamente toma cuerpo cuando la realidad es aceptada y reconocida por todos bajo una forma de gobierno o régimen político específico. Lo cual significa que el poder político es, en principio, comunicación. Una comunicación que se transmite no solo en discursos, más o menos convincentes y persuasivos, sino sobre todo en símbolos y rituales que le confieren un contenido preciso. Por eso el poder es también una puesta en escena que se representa periódicamente y cobra un sentido institucional y social. De allí la importancia de ceremonias públicas como la posesión presidencial y su investidura. Por eso, en las democracias dicha posesión se realiza ante el Congreso o en los recintos del Parlamento, pero también a cielo abierto y ante la ciudadanía para simbolizar la máxima transparencia del poder público y su legítima procedencia, como suele suceder en los Estado Unidos de Norteamérica, bajo temperaturas gélidas y en la explanada del Capitolio. Resulta entonces curioso que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, furibundo admirador del poder de Maga y generoso aportante a la campaña de Trump, además de ciudadano leal a los designios de la doctrina Donroe, no siga dicho ejemplo republicano y opte por hacerlo en una guarnición militar. Parodiando esa obsesión personal, se podría decir que ese es el lugar adecuado para que un Tigre, animal salvaje y temible, sea investido como presidente, pues así los asistentes estarán seguros de no ser atacados y devorados. Pero el asunto es serio y trascendental, no para hacer malos chistes.

Del Capitolio al Campo de Marte

Se trata nada menos que de trasladar, como ya lo aprobó el Congreso, la civilidad y el principio de la soberanía popular encarnada por los Representantes y Senadores electos, artículo 3 de nuestra Constitución, al campo de Marte, propio de las operaciones militares y la guerra. En otras palabras, el poder civil convertido en rehén del poder militar, lo que es la esencia de un régimen castrense y no de uno democrático. Por eso también se hará en el Departamento del Cauca, para declarar la guerra y desafiar en su terreno a las disidencias de Mordisco y otras cruentas organizaciones armadas ilegales que han anegado en sangre y terror el suroccidente colombiano. Seguramente escucharemos del Tigre en su discurso muchos rugidos, amenazas y una retórica heroica en agradecimiento a los numerosos miembros de la Fuerza Pública sacrificados, con alusiones semejantes a la de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”, que auguran una sangría todavía mayor para todos ellos y un sufrimiento incesante para sus familias. Entonces los Congresistas e invitados especiales aplaudirán furiosamente, porque definitivamente es muy fácil enviar al matadero a miles de héroes, mientras ellos se dedican a hacer buenos negocios en nombre de la “seguridad inversionista y la prosperidad de la Patria”, esos tres huevitos tan queridos, que estarán bajo la protección y promoción del Tigre y su competente gabinete ministerial. Sin embargo, ese apoteósico y militar escenario está en vilo, pues el presidente Gustavo Petro se opone, como “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 189, numeral 3 de la CP), a facilitar una guarnición militar en el Departamento del Cauca para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su conversión milagrosa de un Tigre en presidente de todos los colombianos.

Un pulso paradójico y revelador

Lo anterior es un pulso paradójico, ni siquiera imaginado por García Márquez, pues un exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, está defendiendo la civilidad de la posesión presidencial ante el Congreso y la ciudadanía en la plaza de Bolívar, como ha sucedido desde Belisario Betancur hasta el presente, y un civil, Abelardo de la Espriella, un destacado abogado penalista de penumbrosas causas criminales, quiere ser investido en una guarnición militar para rendir tributo de honor a los “héroes de la Patria”. Muchos de esos héroes han muerto combatiendo a criminales que, directa o indirectamente, han estado relacionados con las disputas por rentas ilegales entre Paramilitares y guerrillas, en cuyo contexto jugó un importante rol el joven abogado Abelardo, promoviendo la Fundación Iniciativas por la Paz (FIP)[i], para el tránsito de los comandantes y miembros de la AUC a la civilidad. Estamos, pues, presenciando una curiosa inversión de identidades, se diría que milagrosa. La de un rebelde convertido en defensor a ultranza de la civilidad y una imposible “Paz Total”, que deja la Presidencia el 7 de agosto sin alcanzarla y, de su contraparte, un civil que llega a la Presidencia obsesionado con el culto al militarismo y la “Guerra Total” en aras de la seguridad y la paz. Pero la realidad es más compleja y reveladora, si recordamos que Gustavo Petro en desarrollo de su posesión presidencial, apeló nada menos que a un símbolo histórico de la guerra, la espada del libertador Simón Bolívar, instalándola en el centro de la ceremonia y luego la esgrimió y anunció: “Hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño”, acompañada de la bandera rojinegra de Bolívar de “guerra a muerte” contra el general español Pablo Murillo y sus colaboradores.

Profunda crisis de Civilidad, Democracia y Soberanía

Simbolismos que nos revelan una profunda crisis de civilidad, convicción y coherencia con el ejercicio de la democracia por parte de ambos líderes políticos, pues en desarrollo de sus proyectos y objetivos, diametralmente opuestos, coinciden en el recurso y apoyo de los militares como la fuerza decisoria. En el caso de Petro, la Paz Total con justicia social, que lo llevó a confiar demasiado en la supuesta voluntad de paz de organizaciones supuestamente rebeldes, ya carcomidas por el narcotráfico, que afianzaron su control territorial a punto de terror y crímenes abominables. Por el contrario, el Tigre está convencido que solo con guerra total y un Plan Patriota podrá haber seguridad para la prosperidad y la paz. Pero olvida un sabio consejo atribuido a Bonaparte, que algo sabia de armas: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. De allí su “Firmes por la Patria” y su predilección por una guarnición en lugar del Congreso y la plaza de Bolívar para su posesión. Abelardo y su Tigre creen ilusamente, igual que su padrino Trump, que para gobernar basta rugir, amenazar y ordenar bombardeos. Por eso también su lealtad a la llamada “Doctrina Donroe” y su entusiasmo por el “Escudo de las Américas”, además de su reveladora y orgullosa afirmación de ser el primer presidente de Colombia del partido republicano de Trump. Declaraciones que no son propias de un “Defensor de la Patria”, mucho menos de un presidente democrático que jura defender la soberanía de Colombia, sino más bien de un lacayo de Maga, que se suma a la compañía de una figura tan vergonzosa, humillada y desprestigiada como Delcy Rodríguez en la sufrida, esquilmada y depredada “Venezuela Bolivariana”. ¿Será ese el significado y el destino de la “Patria Milagro”?

[i]https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

“Odio a ese hombre que esconde una cosa en su corazón y habla otra”: Homero, en La Ilíada

¿Cómo le diremos a Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto, ya posesionado como presidente en una guarnición militar? ¿Mi General? o ¿Mi General, “salve usted la Patria… Milagro”? No creo, porque los únicos soles que lo acompañan son los que recibe en la calurosa Barranquilla.

Un cementerio, una fosa común o los vestigios de un horno crematorio podrían ser el lugar ideal para una posesión presidencial en un país marcado por el sino trágico.

Tres milenios atrás, Homero, el célebre poeta ciego de la Antigua Grecia a quien debemos las inmortales epopeyas de La Ilíada y La Odisea, pronunció una sentencia lapidaria para repudiar la hipocresía, la simulación y la falsedad. Aquella máxima sintetiza el abismo imperdonable que existe entre la palabra pública y la auténtica intención del alma. En el convulso escenario de la política colombiana contemporánea, evocar a Homero se vuelve un imperativo ético para desentrañar los discursos pomposos y leer con rigor hermenéutico cada gesto del presidente electo, Abelardo de la Espriella.  

Su intención de realizar un acto de posesión inédito en el departamento del Cauca no constituye una anécdota folclórica ni un afán descentralizador; por el contrario, deja al descubierto un profundo e inequívoco desprecio hacia Bogotá y sus élites tradicionales.

No es la primera vez que Abelardo da muestras de tal desaire, habiendo renegado en el pasado de símbolos gastronómicos y culturales tan bogotanos como la changua y el ajiaco santafereño. Sin embargo, su pugna política va mucho más allá del plano cultural, y lo prueba incluso el hecho mismo de nombrar en el Ministerio de Cultura a Paola Holguín, una persona ajena a ese sector.

Ya dijo que promoverá una reforma constitucional para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. Lo que quiera que esto signifique —especialmente en términos mercantiles, aprovechando la cercanía geográfica, marítima y aérea con los Estados Unidos—, entraña un velado grito de independencia y el eventual germen de una fractura territorial: ¿asistimos, acaso, al primer choque de una soterrada guerra política entre el litoral costeño y el interior cachaco? Si se le permite hacer su voluntad, justificada o no, ¿después qué sigue? ¿Tentar al fantasma de la reelección, como ya lo hizo el empresario Nayib Bukele en El Salvador? ¿Acaso para cuántos periodos presidenciales está presupuestada “La Patria Milagro”?

En adelante, cada declaración del presidente electo se debería examinar con pinzas, a la luz de las leyes y principalmente, de la Constitución.

A mi modo de ver, este despliegue busca congraciarse con seis de los siete departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre; el séptimo es San Andrés), pretendiendo no solo erigirla en una potencia económica regional, sino conformar nuevas élites políticas y financieras para garantizar la longevidad de su proyecto político denominado “Defensores de la Patria”. Valdría la pena preguntarse si los empalmes regionales y la batería de decretos anunciada no son más que piezas de esta misma arquitectura.

Dentro de la lógica de la costeñización del poder, resultaba estratégico para el presidente electo promover al congresista guajiro Alfredo Deluque como presidente del Congreso; no obstante, su frustrada elección representó el primer traspié formal de su ambición independentista.  

Ahora bien, el mandatario denota una preocupante falta de creatividad y, quizás, un craso desconocimiento de la trágica dinámica del conflicto armado interno colombiano, o peor aún, la negación de éste.

Conocedores de su carácter guerrerista —hasta ahora sostenido desde el plano retórico—, De la Espriella ha mostrado una obstinada insistencia en posesionarse en una guarnición militar. Resulta paradójico que un civil, que ni siquiera prestó el servicio militar, pretenda iniciar su mandato en un recinto castrense, desafiando el ordenamiento tradicional que exige tomar juramento ante el Congreso de la República en Bogotá, sede histórica de las tres ramas del poder. Solo falta que pretenda lucir de camuflado para estar a tono con la ocasión.

Con este afán belicista, De la Espriella no solo evoca una caricaturesca versión moderna de Napoleón Bonaparte o Simón Bolívar —a quienes apenas se asemeja en la estatura física—, sino que evidencia un desdén hacia los colombianos, legítimamente representados en el Congreso, casa de la democracia por excelencia. Valdría la pena recordarle al presidente electo —pero sobre todo a los propios legisladores—, el mandato vinculante del Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Es decir, ¿están las fuerzas militares por encima del pueblo? No, y tampoco lo está el presidente de turno.

Toda afrenta a la institucionalidad reitera la fragilidad de nuestra democracia. De ahí que no pocas voces le estén pidiendo al Congreso de la República hacer respetar su propia majestad, entre ellas el editorial de El Espectador, titulado El presidente electo no debe posesionarse en zona militar. Por su parte, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy cuestionó el uso reiterado del saludo militar por parte del presidente y su círculo.

“Involucrar de manera activa a las fuerzas militares en un evento de naturaleza política envía un mensaje contrario a su requerida subordinación al poder civil”: Editorial de El Espectador.

El silencio de los inocentes

Si la intención del mandatario electo es realizar un acto de posesión cargado de simbolismo dramático, desde este blog le sugerimos muy respetuosamente una lista de escenarios infinitamente más acordes con la lamentable historia que ha teñido de rojo a Colombia desde el principio de los tiempos, allá donde reina el silencio de las víctimas inocentes de todas nuestras violencias.

Por ejemplo, podría acudir a las regiones donde la población civil campesina, afrodescendiente e indígena sufrió la ferocidad de las guerrillas, los paramilitares y el propio Estado, según la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Lugares como el Urabá (antioqueño y chocoano); Antioquia (el departamento con mayor número acumulado de víctimas en el Oriente, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio); el Catatumbo en Norte de Santander; los Montes de María (Sucre y Bolívar, desolados por más de cien masacres); el Pacífico Sur (Tumaco y el Norte del Cauca); o El Caguán y las Sabanas del Yarí en Caquetá y Meta.  

Los cementerios oficiales convertidos en fosas comunes son otro escenario de nuestra lúgubre historia. Podría optar por tomar juramento en camposantos intervenidos por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde yacen miles de víctimas no identificadas (N.N.) de ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) y desaparición forzada. Entre ellos, el Cementerio de Nuestra Señora de La Macarena en el Meta (con más de 2.300 cuerpos enterrados de forma anónima), el Cementerio del Sur en Bogotá, el Cementerio Las Mercedes en Dabeiba, el Cementerio Central de Valledupar, o los de Puerto Berrío y Aguachica en el Magdalena Medio.  

En el inventario de nuestro horror también están las fosas comunes clandestinas y centros de exterminio: El país cuenta con más de 5.300 fosas comunes y cementerios ilegales registrados por la UBPD. Escenarios como La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín (la fosa urbana más grande del mundo), las fosas de San Onofre (Finca El Elbano), Puerto Torres en Casanare, o la Hacienda Villa Linda en Córdoba.  

Añádase a la lista los hornos crematorios y los ríos de sangre. En Juan Frío (Villa del Rosario, Norte de Santander), el Bloque Catatumbo de las AUC construyó hornos crematorios artesanales para desaparecer los cuerpos de sus víctimas; o a orillas del Río Cauca en Marsella (Risaralda).

La paz, siendo un mandato constitucional (artículo 22 de la Constitución de 1991), no se edifica con alardes militaristas, sino honrando la memoria irrebatible de los muertos.  

Señor presidente Abelardo: nuestra Constitución no está pintada en el papel. Jure el 7 de agosto que será el primero en respetarla y obedecerla.

Lo único que podría salvarnos de un (posible) gobierno autoritario, dispuesto a imponerse a punta de decretos, es que los otros dos poderes (las cortes y el legislativo, que deben servir de contrapeso), funcionen como un relojito. Porque el Congreso existe esencialmente para hacerle control político al gobierno y sus funcionarios, no para amangualarse con ellos.

¿Qué es una universidad aspiracional?

Es una que los estudiantes (y los hogares) eligen no solo por su oferta académica, sino por el prestigio, estatus y movilidad social.

¿Por qué llevarlos primero a universidades selectivas y costosas?

1. Porque hay becas.

2. Para que amplíen sus horizontes.

Como son buenos estudiantes, con el puntaje de Saber 11 la mayoría aspirará a instituciones públicas, con la Universidad del Valle a la cabeza; y algunos ganarán becas empresariales e institucionales en universidades privadas, si aspiran y se preparan.

Uno de las innovaciones de la inmersión enriquecida es que muchos de los pilos de colegio visitantes almorzarán con becarios de Icesi.

En una mesa: tres pilos, un becario.

Sostener esa conversación es una pequeña experiencia valiosa para un horizonte distinto.

Visita guiada enriquecida

Además de la charla de presentación de cada universidad y su oferta académica, y del recorrido por el campus, que son centrales para el objetivo de la visita, se tendrá (en un día intenso):

• Dinámica de habilidades blandas: “Negociación en el desierto”.
• Micro-taller de orientación vocacional.
• Visita a laboratorios.
• Inducción a Modelo de Naciones Unidas, MUN.
• Almuerzo con becarios (no todos), momento liderado por el Semillero Alpha Phi Alpha de Universidad Icesi.
• Algunos pilos recibirán la Insignia civil del Gran Almirante de la Nación José Padilla López en la categoría estudiantil.

Al ser esta salida pedagógica una actividad extracurricular, cada estudiante deberá tener una autorización firmada de su acudiente en un formato establecido.

Puerta de entrada a comunidad de propósito

La visita guiada no está pensada como un hecho único que se acaba en sí mismo. Es un evento (de un proceso) que permite crear nexos orientados al mismo propósito: entrar a una buena universidad.

• Algunos de los pilos conocen a becarios egresados de sus colegios y del Semillero de Becarios U (Buenaventura).
• Otros están hace meses en una Copa Jhan Salazar de preSaber 11 en su municipio (Puerto Tejada).
• Unos han sido seleccionados por sus colegios para el Modelo de Naciones Unidas virtual, con apoyo de MONUA de UniAndes (varios municipios).
• Otros han participado o participarán en charlas de referentes profesionales y tienen una idea del entorno cultural en el que se inscribe la visita (Santander de Quilichao, Florida, Pradera, Jamundí).
• Harán nuevos amigos entre pilos de colegio y becarios universitarios.
• Todos podrán estar en un grupo de Whatsapp donde el foco es preparación para ingresar a educación superior de calidad.

No es solo un viaje a Cali para una inmersión de un día en dos universidades aspiracionales.

Es una experiencia para visualizar más el futuro y avanzar hacia él en un entorno adecuado.

Un entorno de referentes profesionales y estudiantes igualmente destacados.

Colegios invitados por municipio

Estas 27 instituciones educativas hacen parte, en su mayoría, de las habitualmente convocadas a actividades de la Red colaborativa de colegios por la calidad del suroccidente.

• VALLE DEL CAUCA. Cali (7): cuatro colegios arquidiocesanos, Panamericano, Juvenil del Valle, Cristóbal Colón.
• De Palmira (1): IE Antonio Lizarazo.
• De Buenaventura (3): CE Bahía de Buenaventura, Normal Juan Ladrilleros e Icoterpo, y los colegios visitados en el Tour Saber 11 Buenaventura 2026.
• De Candelaria (3): Rodrigo Lloreda Caicedo, Ciudad de Candelaria, La Arboleda Campestre.
• De Jamundí (3): Sixto María Rojas, IETI España, Gimnasio Moderno del Valle.
• De Florida (1): IE Las Américas.
• De Pradera (2): Ateneo, Francisco Antonio Zea.
• CAUCA. De Santander de Quilichao (3): Instituto Técnico, Francisco José de Caldas, Niño Jesús de Praga.
• De Puerto Tejada (3): Comfacauca, Evangélico Ebenezer, Bahai.
• De Villa Rica (1): Senón Fabio Villegas.

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Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).