La decana de Medicina de Universidad Icesi, María Elena Velásquez, dará la bienvenida a los pilos, y en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, lo hará el director de Relacionamiento, Alberto Arias.

No es solo una visita a dos universidades de alta calidad.

Es también un encuentro de talentos con oportunidades de tejer nexos de intereses significativos entre sí.

55 de ellos ya respondieron una encuesta de talentos artísticos, deportivos, de liderazgo y cognitivos para fortalecer la comunidad de propósito de acceder a una buena universidad.

El que todos sepan cuáles son sus nombres ya es un paso.

Qué es una universidad aspiracional

Es una que los estudiantes (y los hogares) eligen no solo por su oferta académica, sino por el prestigio, estatus y movilidad social.

¿Por qué llevarlos primero a universidades selectivas y costosas?

1. Porque hay becas.

2. Para que amplíen sus horizontes, pues desde universidades públicas también se puede materializar un proyecto de vida universitaria que abra oportunidades.

Una inmersión enriquecida

Además de la charla de presentación de cada universidad y su oferta académica, y del recorrido por el campus, que son centrales para el objetivo de la visita, se tendrá:

• Dinámica de habilidades blandas: “Negociación en el desierto”.
• Micro-taller de orientación vocacional.
• Visita a laboratorios.
• Micro-escenificación del Modelo de Naciones Unidas, MUN.
• Almuerzo con becarios (no todos), momento liderado por el Semillero Alpha Phi Alpha de Universidad Icesi.

Becarios icesistas que almorzarán con pilos de colegio

Hasta el momento, 18 becarios, empresariales e institucionales, han confirmado que compartirán su experiencia de obtención de beca y de vida en la universidad con tres pilos de colegio cada uno en una mesa de la cafetería central.

• Sergio Luis Diaz Mina (Finanzas)
• Diego Fernando Castaño Mosquera (Medicina)
• Jesús Alberto Valencia Guerrero (Derecho y Ciencia Politica)
• Jean Carlos Riascos Palacios (Ingeniería de sistemas)
• Jhon Roberth Riascos (Finanzas con énfasis en Mercados globales),
• Andrés Felipe Diaz Montoya (Ingeniería en sistemas),
• Iliana Samara Córdoba Lozano (Derecho),
• Dinka Isabela Cabezas Arboleda (Psicología)
• Henry Murillo García (Economía y Negocios internacionales)
• Daniela Orejuela (Economía y negocios internacionales)
• Sol Mary Valencia Pérez (Economía y Negocios Internacionales)
• Samuel Palacios Rivera (Economía y Negocios Internacionales)
• Juan Pablo Solarte Álvarez (Ingeniería de sistemas)
• Anahi Sofía Caballero García (Derecho)
• Yuliana Cantillo (Economía y Negocios Internacionales)
• Laura Sofía Rueda Valdés (Economía y Negocios Internacionales)
• Valery Chantre González (Economía y Negocios Internacionales)
• Catalina Idrobo Valencia (Economía y Negocios Internacionales)

El Semillero Alpha Phi Alpha de Icesi y el área de Filantropía de la Universidad apoyan la convocatoria.

Momentos de reconocimiento a pilos

El ambiente de afirmación de personalidad comenzará con un estudiante por colegio saludando de mano y mirando a los ojos a la decana de Medicina de Icesi y luego el mismo ejercicio con el director de Relacionamiento de la PU Javeriana.

• Imposición de la Insignia civil del Gran Almirante de la Nación José Padilla López en la categoría estudiantil a:
  • Juan Esteban Díaz Camacho (Gimnasio Moderno del Valle, Jamundí);
  • Miguel Ángel Martínez Armero (IE Ateneo, de Pradera);
  • Darly Sofía Perlaza Rodríguez (IE Las Américas, Florida);
  • Estefany Viáfara Sandoval y Danna Valentina González (IE FJ de Caldas, Santander de Quilichao) y
  • Danna Sofía Viáfara Cosme (IE La Arboleda, Candelaria).
• Salida al escenario con “ovación” para:
  • Personeros, contralores y representantes de curso.
  • Estudiantes de grado 11 con puntajes superiores a 340 en último simulacro de Saber 11.
  • Participantes en Copa Jhan Salazar de PreSaber 11 Puerto Tejada, 2026.
  • Los cumpleañeros en julio.

Micro-escenificación de Modelo de Naciones Unidas, MUN

Los pilos de grado 10 de varios municipios que vienen tomando capacitación virtual con el Grupo MONUA de la Universidad de los Andes pasarán al frente para representar una votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre prohibición de armas autónomas con Inteligencia Artificial.

El MUN de Icesi será la Mesa directiva y pilos visitantes ejercerán de embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad con sus respectivas plaquetas de país.

El Modelo de Naciones Unidas virtual con estudiantes de la Red colaborativa de colegios por la calidad educativa del suroccidente se realizará el 29 de septiembre, con transmisión por YouTube, presidiendo la Mesa la junta directiva de MONUA-UniAndes.

Momento musical: efemérides del Joe Arroyo

El pasado domingo 26 de julio se cumplieron 15 años del fallecimiento del gran cantante Joe Arroyo, por lo que se le recordará con ocho pilos voluntarios bailando la canción Rebelión en la tarima.

El centurión de la noche “grabó en su voz más de 300 canciones en unos 40 álbumes, alrededor de unos 100 temas propios y más de 60 canciones en los primeros lugares de éxito, suficientes cartas de presentación para un artista llamado a arañar el Olimpo de los más grandes”.

Pilos de Buenaventura

22 estudiantes de cinco colegios representan a la ciudad con el puerto más importante del Pacífico.

• Centro Educativo Bahía de Buenaventura: Andrés Alejandro Gracia Granado, Aylin Daniela Hernández Mina, Carlos Abel Torres Escobar, Daniela Vergara Velasquez, Danna Sofía García Sánchez, Diana Sofía Córdoba Grajales, Isabela Cuero Banguero, José Miguel Ocoró Zúñiga, Joseph Sebastián Orobio Quiñonez, Kimberly Hurtado Valencia, Ronald Yair Viveros Castillo, Sebastián Gómez García y Sury Sofia Cundumí González.
• IE Normal Superior Juan Ladrilleros: Kiara Alejandra Mosquera Torres, Madeleyne Hurtado Ceballos, Melany Marin Jimenez, Sara Sofía Mosquera Gómez
• IE Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano: Alan Daniel Riascos Alomía, Juan Sebastian Cuero Valverde.
• IE Termarit: Sarah Torres, Juan Pablo Restrepo Valencia.
• IE Liceo del Pacífico: Anny Milagros Ante Hinestroza

Acudientes acompañantes: Laura Cristina Mosquera Chala, María Erlinda Daza Martínez.

Pilos de Pradera (Valle del Cauca)

El mejor colegio de Pradera por resultados en Saber 11 lidera la delegación del municipio.

• IE Ateneo (22): Alejandra López Martínez, Andres David Egas Patiño, Daniela Baena Rodríguez (contralora), Emmanuel Carrillo Lucumi, Francisco José Mosquera, Heyllen Geraldine Cortes Cardona, Hillary Caicedo Semanate, Jhose Miguel Daza Garzón, Johan Andrés Ramírez Hurtado, José Daniel Paz Bedoya (personero), Juan Manuel Vásquez Azcárate, Karol Sofía González Mazo, Laura Valentina Alvarado Quintero, Leonardo Gaitán Muñoz, Liceth Natalia Bejarano, Maria José Ortega Mejía, Miguel Ángel Martínez Armero, Miguel Ángel Ruiz Vásquez, Nathaly Pasaje Acosta, Santiago Domínguez Rincón, Sara Isabel Delgado Valencia y Sara Ríos Bravo.

Docente acompañante: Julio Alexander Delgado.

• IE Francisco Antonio Zea (5): Anny Mariette Sepúlveda Paredes (personera), Alisson Dayana Cruz Escobar, Sharol Nicol Vargas Patiño, Samuel Pérez Ardila (contralor), Isabel Sofía Flórez Arias.

Docente acompañante: Marco Antonio Mojica Madera.

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Pilos de Florida y Candelaria (Valle del Cauca)

Un colegio oficial de Florida y uno privado de Candelaria estarán presentes.

• IE Las Américas (Florida): Ana María Guerrero Torres, Darly Sofía Perlaza Domínguez y Juan Camilo Bravo Bermúdez.

Docente acompañante: Martha Vidal, de apoyo pedagógico.

• IE La Arboleda Campestre (Candelaria): Danna Sofía Viáfara Cosme, José David Rodríguez Cruz, Liz González Castro, Madeleym Carrillo Lozada, Salomé Coutin Caicedo, Samuel Giraldo.

Docente acompañante: Nhora Elena González Delgado, rectora.

Pilos de Jamundí (Valle del Cauca)

Un colegio oficial con características de mega-colegio y uno de los privados más reconocidos participan en la inmersión enriquecida.

• IET Industrial España (13): Brandon Alexander Marin Manosalva, Estrella de los Ángeles García Cabrita, Jeniffer Mina Ortiz, John Edward Viveros Perlaza, Juan Esteban Restrepo Olaya, Juan Salgado, Keilly Cuervo Goyeneche, Melany Andrea Castillo Payares, Ricardo Escobar Medina, Wendy García Román, Jhojan Esteban Saavedra Trochez, Eliana Carreño Acevedo, Alejandro Díaz Cruz.

Docente acompañante: Yamileth Reyes Lucumí.

• IE Gimnasio Moderno del Valle (6): Juan Esteban Díaz Camacho, Pablo Alejandro Rojas García, Allison María Beltrán Lucumí, Hanna Isabella Mosquera Angulo, Jalver Daniel Torres Rodríguez, Juan Esteban Almario.

Docente acompañante: María Camila Fory Hernández

Pilos de Cali

• Liceo Departamental (3): Sara Moreno Ramírez, Valery López Torijano, Maximiliano José Palacios.

Docente acompañante: Claudia Ximena Caicedo.

Pilos de Santander de Quilichao (Cauca)

Los dos mejores colegios oficiales de la segunda ciudad del Cauca llevan la batuta.

• IE Francisco José de Caldas (27): Ana Sofia Adrada Gómez, Danna Gonzalez, Dhamar Díaz, Eilyn Chates, Erick Shamuel Carabali Muñoz, Estefany Viáfara Sandoval, Hitayoshara Fernández, Isabella Larrahondo Mancilla, Julián Andrés Vergara Suárez, Laura Sofía Reyes Candelo, Luis Alejandro Polo Morales, Luis Felipe Hernández Benavides, María Camila Erazo Paredes, María Camila García Martínez, Mariana Vernaza Erazo, Maryi Lizbeth Secue Ilamo, Maxi Hurtado Mancilla, Mayra Alejandra Flor Salazar, Mishell Yaritza García Carabali, Salomé Muñoz Henao, Salomé Vidal, Santiago Charrupi Narváez, Santiago José Barreto, Sara Bolaños Quintero, Sara Isabel León Talaga, Saray Sofía Paz Molina, Xiomara Largo Santamaria.

Acudientes acompañantes: Sandra Milena Henao Villada, Anette Tatiana Candelo Mina, Yenni Alejandra Martínez Peña, Griceldina Mancilla.

• Instituto Técnico (9): Cristian David Buitrago Bolaños (contralor), Gelen Yurley Enriquez Garcia, Haidar Alí Sinisterra Rojas, Juan Manuel Garcés Velasco, Luis Santiago Muñoz Garcés, Santiago Muñoz Galindo, Manuela Plaza Velasco, Alexandra García Camayo, Juan Manuel Medina Villafañe.

Docente acompañante: Alejandro Calderón.

Pilos de Puerto Tejada (Cauca)

Esta delegación se compone, fundamentalmente, de los participantes en la Copa Jhan Salazar de PreSaber 11.

• IE Fidelina Echeverry (5): Ceidy Alejandra Narváez Escobar, Keruv Isabella Arteaga Candelo, María José Paz Rengifo, Nicolás Caicedo Lucumí, Leidi Alexandra Torres Arboleda.
• IE Evangélico Ebenezer (9): Hilary Tatiana Mostacilla, Laura Nicole Mina, Luis Miguel Marulanda, María José Perlaza, Nicol Saray Valencia, Sarid Sofía Cosme, Laura Gaez, Ostin Daniel Lozano, Ronald Yuseth Lucumí Canchimbo.
• Colegio Bahai Ruhí Arbab (7): Ana María Torres Olarte, Cristian Fory, Guadalupe Quintero Londoño, Isabella Valencia Dinas, Juner Mathias Lucumí Barcasnegras, Nicoll Dayana Urbina Valdes, Salomé Cantoñi Ambuila.
• Colegio Comfacauca (3): Chelsea Sofia Mina Tovar, Emmanuel Diaz Belalcázar, Valerin Mariana Ocoró Molina.
• IE Ana Silena Arroyave (5): Gavi Arboleda Casaran, Rafael Medina, Yeray Gómez, José Manuel Escobar Ruiz, Juan David Corrales Perlaza.
• IE José Hilario López (2): Heidi Liseth Perdomo Ocoró, Sara Liseth Perdomo Ocoró.

Docentes acompañantes: Edwin Fernando Rodríguez (Ebenezer) y Mónica Carabalí Mina (Bahai).

Pilos de Villa Rica (Cauca)

• IE Senón Fabio Villegas (5): Paula Liseth Bolaños Diaz, Liz Angélica Palacios Chara, Deisy Johana Zapata Rico, Manuela Cifuentes Medina, Lauren Mina

Docentes acompañantes: Charlis Ignacio Becerra Salazar y Diana Raquel Bueno Urán.

Red colaborativa de colegios en gestión

La primera actividad del proyecto fue un taller directivo en Universidad Icesi, el 28 de febrero de 2026, sobre Proyecto Educativo Institucional, PEI, y pedagogías activas en enseñanza de matemáticas y ciencias, organizado por Fundación Color de Colombia en alianza con Centro Eduteka y el Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de Universidad Icesi.

La red busca tejer lazos entre un conjunto de colegios oficiales y privados de Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Pradera, Florida, Cerrito, Zarzal, Candelaria (Valle del Cauca), y de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené, Padilla y Villa Rica (Cauca), con el propósito de compartir recursos y experiencias para elevar la calidad educativa.

La segunda actividad fue un webinar acerca de Diseño de experiencias de aprendizaje con Carlos Andrés Ávila Dorado, un experto del Centro Eduteka de la Universidad Icesi, involucrando pedagogías emergentes, como el Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos, gamificación, aula invertida, entre otros.

La primera experiencia conjunta de la red colaborativa de colegios es el ejercicio de Modelo de Naciones Unidas virtual, que puede considerarse un “micro-MUN”, pero es un paso hacia la posibilidad de algo más grande.

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Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

“Victoria, qué nombre tan hermoso, supongo que no dejas que te llamen Vicky, no soportaría mutilar ni una sola sílaba de tu nombre”: Frase de la película Sombras tenebrosas, de Tim Burton.

Dice el analista español Javier Gallego: “En un mundo mediatizado, la opinión publicada se confunde cada vez más con la opinión pública. El poder de los medios para mover sensibilidades y movilizar a las masas es mayor que nunca”.

Colombia no es la excepción, aquí los periodistas se están prestando al juego del poder, en uno y otro bando.

Creyéndose ingenuamente el cuento de que sería la primera mujer presidenta de Colombia, Victoria Eugenia Dávila apostó su capital periodístico en la política y perdió. Sin pena ni gloria, regresó al periodismo, con su credibilidad, que no era tanta ni para tanto, mutilada. No sabemos si quitarán al director de Semana para ponerla a ella. Queda claro que era la candidata de un grupo económico que vino a su rescate tras el fiasco en las urnas.

Sin la victoria, esa revista reencauchó a Vicky sin dar explicaciones y los medios hicieron alharaca tras su regreso como entrevistadora de la casa Gilinski.

Dávila se puso el disfraz de candidata presidencial, se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales, regañó a una periodista por preguntarle si se sentía perdedora tras la derrota, y eufórica gritó desde el atril “vamos a derrotar a Cepeda”, reafirmando su apoyo a la candidata Paloma Valencia; finalmente, como si nada hubiera pasado, cuando en realidad pasó de todo, se puso otra vez el disfraz de reportera para -con risita nerviosa y preguntas banales sobre la changua bogotana- entrevistar a Abelardo De La Espriella después de hablar pestes sobre el candidato de “Firmes por la Patria”. No se sabe cuál de los dos tiene menos vergüenza.

El analista Ricardo González Duque afirma en sus redes sociales: “La entrevista es valiosa porque nos advierte de la profundización de la crisis en los medios de comunicación corporativos, por entregarse a los intereses de sus dueños. Gilinski dijo en entrevista con Camila Zuluaga que quería que su medio fuera “de nicho”, está claro que es un nicho de derecha extrema. (…)  Nos demuestra que lo que hacen en revista Semana dejó de ser periodismo hace rato”.

Decir que nadie le cree a Vicky Dávila es una mentira. La familia Gilinski sí. Su mentor, Gabriel Gilinski, metió las manos al fuego por ella y malgastó $2.100 millones, cifra revelada por La Silla Vacía. Para quien compró Semana por $40 millones de dólares eso es el pelo de un gato. —Un caprichito de rico, como dice un amigo. Falta preguntar si la revista fue y sigue siendo sede de campaña en favor de alguno de los candidatos en contienda. (Paréntesis: Semana no se quedó callada y respondió con un artículo firmado por el abogado Germán Calderón España, quien pone en tela de juicio la independencia de La Silla Vacía y su directora Juanita León; acto seguido Juanita León le exigió a Semana rectificar por considerar que se trata de “una nota llena de falsedades”).

Pero vamos a lo que vinimos. Lo que hizo Vicky Dávila es la mancha que le deja ella al periodismo colombiano. Es una bofetada a la dignidad de quienes se toman en serio este oficio hasta arriesgar su vida. Demostró con descaro que todo se vale a la hora de defender intereses y promover credos ideológicos. Su caso amerita revisión en los tribunales de ética periodística, pero cuáles si en este país esos tribunales brillan por su ausencia. La ética es el zapato que aprieta en campaña. Nos queda la esperanza de que en las facultades de comunicación su caso sirva como ejemplo del mal llamado periodismo. La cosa no puede quedar como una anécdota más porque no es poco el daño que se le ha infringido a la prensa desde adentro.

Dice Javier Gallego en El Diario de España: “…el mal llamado periodismo puede destruir reputaciones, incluso vidas. El mal llamado periodismo es, demasiado a menudo, el arma que empuña la política para disparar. Algunos mal llamados periodistas (…) son pistoleros a sueldo de las élites políticas y empresariales”.

Semana es una mezcla de noticias y órgano político, con columnistas que son opinadores, activistas, opositores al mismo tiempo. Proselitismo vendido como periodismo. Salvo en el músculo financiero, en nada se diferencia del semanario Voz, el único periódico de izquierda que, con pocos recursos, ha sobrevivido durante 70 años, sin negar su identidad ideológica. Gremios como el CPB deberían tener clara esa diferencia a la hora de convocar sus premios de periodismo.

¿El debate o el debacle?

En consecuencia, mal haría Iván Cepeda en aceptar una entrevista a Vicky Dávila, después de que ha vapuleado al candidato y demonizado a la izquierda. La polarización política, que es también una polarización periodística, ha desembocado en un trato desigual a los candidatos presidenciales en esta campaña. Vicky dentro y fuera de los medios seguirá siendo una rival más para cualquier político que no sea de la derecha.

Sin garantías, los candidatos están en todo su derecho a negarse a participar en un debate público que consideren contaminado, incluso irrespetuoso. El candidato Luis Gilberto Murillo se quejó con razón porque el Canal Caracol no lo invitó a debatir. “No es coherente hablar de pluralidad mientras se le cierran las puertas a otros candidatos”, le respondió Murillo al periodista Juan Roberto Vargas.

Los medios están siendo víctimas de su propio invento después de mostrar las costuras (sesgo). Mientras le reclamaban a Cepeda o De la Espriella por rehuir los debates, le daban un portazo a quienes marcan poco en las encuestas. Aquello que llaman democracia, un término tan manido en este país, al parecer no significa lo mismo en todas las salas de redacción.  

Personajes como Paloma Valencia desfilan por las cabinas radiales sin que nadie los moleste con preguntas incómodas. Por ejemplo, nadie está cuestionando a la candidata del uribismo por tener como jefe de campaña a un político, Alirio Barrera, con una investigación abierta por el delito de acto sexual violento. (A propósito, ¿Quién será el valiente o la valiente que un día de estos destapará el MeToo de la política en Colombia?)

Mientras veía algunos segmentos de la  entrevista de Dávila al Tigre Abelardo, donde entrevistado y entrevistadora sueltan varias carcajada, pensé que estaba frente a una celebridad y no frente a un abogado-político sobre quien pesan señalamientos no tan faranduleros, reportados por los medios, incluido el acoso judicial a periodistas.

Iván Cepeda ya dijo que saldrá al ruedo y los otros que también. Me parece bien que se pongan condiciones para que haya debate con garantías para todos. Se anticipa que de eso tan bueno no dan tanto. Se vienen unos encontronazos, por la ferocidad de los medios y la oposición en aras de la viralidad. La campaña está muy reñida y nadie tiene asegurado nada. Se lanzarán al aire mensajes diseñados para insinuar, descalificar o acusar sin pruebas, de tal modo que las propuestas y el cómo se ejecutarán, lo que debería ser el contenido y alma del debate, pasen a un segundo plano. Si el debate se sale de control, es muy posible que veamos cómo unos y otros lavan la ropita sucia delante de todo el país, y al final perderemos los ciudadanos. Cada cuál votará por el que ya sabe y sin saber a fondo qué diablos propone.  

En la guerra por el poder hay tácticas que sirven para atemorizar a la gente: Sembrar dudas usando fotos o narrativas o satanizar al oponente por su pasado para conectarlo con el presente. Si con Petro el país se volvería Venezuela, y no se volvió, “con Cepeda nos volveremos Cuba”. Tan fácil que es decirlo —ya lo han dicho— y tan difícil que es sacarle a la gente esas cucarachas de la cabeza.

Nada nuevo, porque todas esas estrategias se usan a diario en las redes sociales y con más razón se usarán en los debates para sacarle jugo al rating en busca de votos. Ahí cabe un diccionario que se puede llenar con muchas palabras y palabrejas dependiendo el momento y la ocasión: Venezuela, Maduro, Cuba, FARC, Comunismo, Neocomunismo, Ideología de género, y las que el lector tenga a bien agregar. El candidato del Pacto Histórico debe tener claro que, para atacarlo, usarán también los pecados, desaciertos y promesas rotas del gobierno Petro, pues al fin de cuentas es quien decidió echarse al hombro las banderas del progresismo para continuar lo que empezó el actual presidente.    

Ojalá el debate no sea el debacle, como dice un amigo. Si se violan las garantías o condiciones al primer encuentro, el país entenderá que los temores del candidato del Pacto Histórico eran reales.

Más allá de si periodistas y políticos están a la altura que requiere una contienda presidencial, como ciudadanos podemos hacer algo a modo de sanción social para castigar la parcialidad de ciertos medios: apagar/acallar programas y periodistas militantes. Tenemos el poder de decidir a quién dejamos entrar a nuestra casa. Siguen faltando iniciativas serias capaces de formar una ciudadanía crítica frente al consumo de medios y noticias. Ahí hay una ventana de oportunidad para tanto periodista varado. No para Vicky que, desahuciada por la política, otra vez cayó parada en la misma empresa mediática con plata de sobra para malgastarla en ella… quizás porque nunca se fue de allí.

En cualquier caso, Vicky Dávila debería declararse impedida para participar en debates presidenciales como periodista, por su conflicto de interés como excandidata presidencial y figura de una coalición de excandidatos de derecha. ¿A quién le consta que no sigue actuando como miembro activo en el grupo de WhatsApp de “La gran consulta por Colombia“?

Lo anterior no ocurre porque no exista afinidad en la fórmula Valencia-Oviedo, sino porque es una alianza pensada más para ganar que para gobernar. Y algo similar sucede con las demás fórmulas del resto de candidatos: están integradas por personajes interesantes, que pueden proponer y trabajar por el país, pero que no han construido el proyecto político del aspirante presidencial desde cero.

Es por eso que la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez no dio resultado. Ni Petro estaba convencido de que la líder afrodescendiente fuera su compañera de fórmula, ni Francia —aunque siempre ha sido petrista— estaba realmente seducida por acompañar un proyecto que no surgía desde su territorio ancestral ni desde sus raíces.

Lo mismo ha ocurrido con otras presidencias. Recordemos la de Santos–Vargas Lleras, dos personajes que no se quieren mucho a pesar de pertenecer a la misma élite política. El entonces vicepresidente nunca enarboló la principal bandera de su jefe: la paz con las Farc.

Tampoco dio resultado la fórmula Angelino Garzón–Juan Manuel Santos. Su vicepresidente se dedicó a incomodar con sus comentarios, declaraciones y actitud díscola.

Y así ha sucedido con el resto de fórmulas vicepresidenciales: aunque hacia afuera mostraron armonía y entendimiento, hacia adentro vivieron un mar de tensiones y conflictos que supieron disimular ante cámaras y micrófonos.

Quienes conocen a Juan Daniel Oviedo saben que es una persona a la que no le gusta ser opacada y que siempre busca llamar la atención. Es claro, entonces, que la figura presidencial podría eclipsarlo, más aún si se tiene en cuenta que, en caso de que la candidatura del Centro Democrático gane y llegue a la Casa de Nariño, detrás de cada decisión estará Álvaro Uribe Vélez. Eso es indiscutible

A Paloma Valencia le resultaría difícil tomar decisiones sin el aval de Uribe, algo que probablemente no sería del agrado de Oviedo, quien se caracteriza por su autonomía. Tampoco está claro si sería bien recibido dentro del Centro Democrático que el vicepresidente tenga vuelo propio y no acostumbre a consultar al exmandatario cada cosa que piense hacer.

Una cosa es la campaña presidencial y otra muy distinta es gobernar. Para gobernar en conjunto no basta con haber compartido tarima o repartido volantes: es necesario compartir la visión y los objetivos del programa de gobierno.

Ninguna de las fórmulas presidenciales parece cumplir plenamente con este requisito, aunque lo nieguen y posen sonrientes en las fotografías. Esto ocurre porque son fórmulas diseñadas para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar de manera conjunta.

Nota recomendada: Mi respuesta a Ricardo Rodríguez Yee y a Luis Felipe Henao

Por: Hernán Alejandro Cortés.

¿Qué puede decir la filosofía política sobre la acumulación de tierras en Colombia? En resumidas cuentas, fue esa la pregunta que formulé para escribir mi tesis de doctorado. Pero, antes de contar cómo me ocupé de eso, quiero dar un breve rodeo. Cuando inicié mis estudios en filosofía las discusiones giraban en torno a lo que los filósofos del canon europeo formulaban como respuesta a las preguntas que su época les planteaba. Las fascinantes páginas de los Diálogos de Platón o los aforismos de Heráclito eran nuestros temas de discusión, comentarista tras comentarista, íbamos persiguiendo alguna verdad en ese discurso y, atendiendo a sus particularidades, elucubrábamos hipótesis sobre el sentido de sus formulaciones y la rigurosidad de sus argumentos. Estudié en la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás en donde, a mediados de los años 70, un grupo profesores sacudió la doctrina de esa forma de enseñanza y, en lugar de ocuparse de manera exclusiva de las interpretaciones de los autores europeos hombres, decidió sacudir el molde y preguntarse por la existencia de la filosofía latinoamericana. Fue en ese camino en el que aprendí que la filosofía tiene expresiones locales que se ocupan de los interrogantes que el presente le demanda, el imperialismo, la liberación, la autenticidad, y otros temas, pasaron a ocupar una agenda de investigación marcada por la fenomenología y la hermenéutica. En la Santo Tomás también conocí a Santiago Castro-Gómez quien me enseñó a indisciplinar la filosofía a través de las preguntas por el presente y a interrogarlas con el hacer del genealogista. Esa forma de comprender la filosofía también fue delineando mis posturas políticas y militar en algunos colectivos de izquierda fue determinante para escribir: Producir la guerra, acumular la tierra. Neoliberalismo y necropolítica en Colombia mi tesis de Doctorado recientemente sustentada en la Universidad de los Andes. Sea esta la oportunidad para agradecerle a Carlos Manrique y Alhena Caicedo su dedicación en la dirección de la misma y a Julio Arias y Juan Ricardo Aparicio por ser lectores generosos y críticos.  

Más que un texto acabado el trabajo pretende abrir una senda de investigación que se circunscribe en torno a una lección metodológica, que para asumir una actitud crítica es preciso: “desubjetivar la cuestión filosófica a través del contenido histórico, así como interrogar el contenido histórico acerca de sus efectos de poder” (Foucault, 2007, p. 22). Incorporando esa precisión el trabajo intenta conjugar las ricas reflexiones elaboradas por la literatura de las ciencias sociales en Colombia con las discusiones de la filosofía política contemporánea. De esta manera, cruzo discusiones tan diferentes como las Gutierrez Sanín, Alejandro Reyes, Catherine LeGrand, Orlando Fals Borda con discusiones hechas por Marx, David Harvey, Achille Mbembe, Rita Segato y Sayak Valencia.

Mi tesis principal consiste en pensar el neoliberalismo como una práctica de gobierno que está ordenada por una racionalidad de acumulación desmedida, por una especie de deseo que ordena el mundo del capital en torno a un impulso que va en contravía de la finitud misma de la vida.

 Dicha contradicción se expresa de formas crueles (necropolíticas) en los contextos del sur global en donde la vida es reducida a un objeto intercambiable dentro del impulso voraz de la acumulación. Así, ecosistemas enteros son arrasados por proyectos de minería a cielo abierto, grupos armados ocupan y confinan territorios enteros para controlar las rentas de las economías ilegalizadas, proyectos agroindustriales de gran escala reemplazan las redes de vida por un paisaje cuya imagen es la rentabilidad; en ese panorama es que tiene sentido la expresión producir la guerra, acumular la tierra.

No es que la guerra se produzca para acumular tierras, como bien lo ha señalado Diana Ojeda, sino que en el marco de la producción de la guerra la economía política del capital canaliza la negación del otro en una separación que está ordenada por el impulso rector de la acumulación. Para pensar este problema acudo a las reflexiones que Marx elabora en El capital, tratando de pensar que la acumulación no es solo una suma de puntos en el espacio, sino que, fundamentalmente, es la concreción de una separación en el mundo material de dos tipos de sujetos: quienes pueden reproducir su vida por sus propios medios y aquellos que, subordinados por los primeros, están profundamente limitados en la reproducción de su vida a través de mecanismos de coerción materiales. Si pensamos la acumulación como la concreción de esa separación, entonces, esta entraña una contradicción: la de apelar a una suma infinita en medio de un mundo finito. La guerra opera como la exacerbación de esa contradicción, en la medida que produce espacios ocupados que intensifican la separación.

Para nadie es un secreto que si uno cruza los mapas de la guerra en Colombia con los de la tierra acumulada las coincidencias resultan desgarradoras.

De esta manera propongo hacer una lectura del problema de la acumulación de la mano del problema de la guerra como conceptos que ayudan a entender lo que están en juego en las dinámicas del despojo y en la configuración de los espacios que el capital demanda como suyos.

Un segundo conjunto de problemas que aborda la tesis tiene que ver con tratar de pensar ¿qué es precisamente lo que la permite a este par guerra/acumulación perpetuarse en el tiempo? Una de las respuestas que se han elaborado desde las ciencias sociales en Colombia apunta a señalar que es la “ausencia” del Estado en diferentes espacios del territorio nacional la que ha posibilitado la concentración de la tierra y la proliferación de la guerra. Sin embargo, siguiendo la pista de los trabajos de Fernán González, la tesis asume que en lugar de una “ausencia” del Estado lo que ha existido es una presencia diferenciada en espacio y tiempo, caracterizada por la consolidación de un poder regional que habría que pensar en sus particularidades. Con esta lección en mano habría que pensar el Estado no como un movilizador que irradia desde el centro un orden, sino que se configura socioespacialmente en intensidades y modulaciones distintas de acuerdo con el conjunto de relaciones sociales que se despliegan en cada territorio.

La guerra no se produce, exclusivamente, por la ausencia de las instituciones, por el contrario, la guerra es productora de espacios ocupados para favorecer modelos en los que la renta de la tierra es hegemónica. La narrativa sobre la ausencia del Estado permitió que actores armados como las Autodefensas Unidas de Colombia construyeran un relato sobre la necesidad de la seguridad como condición para el desarrollo de un proyecto de nación del que luego emergieron grandes complejos agroindustriales en donde el trabajo y las redes de vida fueron subsumidas por la lógica de una porción del capital rentista.

 En este punto vale la pena destacar las críticas que diferentes teóricos de la colonialidad del poder han elaborado al pensar el Estado como un producto euromoderno que se mueve con una lógica de distribución que irradia desde el centro hacia afuera su poder y que ha facilitado que la narrativa de la constitución del Estado provenga de un centro ilustrado y racional.

De esta manera, pienso la acumulación como un fenómeno complejo que debería analizarse en sus particularidades históricas. En el tercer capítulo introduzco el concepto de ocupación del filósofo camerunés Achille Mbembe para pensar el caso específico de los Llanos Orientales, tratando de señalar cómo en la historia reciente de los llanos han existido de facto un gobierno privado indirecto, en el que diferentes actores armados han propiciado una cierta forma de ordenamiento territorial. Aunque la historia de los Llanos es muy extensa, detallo como el proceso de acumulación de tierras ha sufrido tres ocupaciones. Una primera ocupación colonial, encarnada en el modelo de la hacienda jesuita que tiene como principal actor el desarrollo de la ganadería. Una segunda ocupación armada que tiene dos expresiones, la intromisión de las insurgencias en la economía política del narcotráfico y una disputa por la consolidación de latifundios y el lavado de activos que se desplegó tras la conformación del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y su disputa con las Autodefensas de Casanare y Vichada, en esta dinámica tuvo lugar el despliegue de una necropolítica que convirtió la vida de miles de víctimas en un instrumento para los fines de una guerra que benefició la consolidación del gran propiedad de la tierra. Y, finalmente, una ocupación neoliberal, desplegada por el desarrollo de la Ley ZIDRES y del Plan Renacer la Orinoquia. Todas estas formas de ocupación tienen como eje la transformación de las redes de vida que habitaban el territorio en objetos productores de renta.

En el cuarto capítulo me ocupo de pensar cómo diferentes lecturas sobre el problema del neoliberalismo han perdido de vista esta dinámica necropolítica que tiene unas profundas repercusiones a nivel geopolítico y que deberían hacer parte del repertorio de análisis político y académico. Siguiendo la línea de Dardot y Laval, asumo que el neoliberalismo es una opción por la guerra civil que emprenden poderes oligárquicos sobre las poblaciones, una guerra que abre frentes en todos los niveles y que está profundamente imbricada en las relaciones que desplegamos con el mundo de deseos que se repite en las pantallas digitales. En ningún momento se trata de pensar el neoliberalismo como una cosa que se puede denunciar y ya, poder decir somos antineoliberales no tiene ningún sentido, si no logramos desentrañar esa lógica desde dentro en nuestras relaciones, posar de anti es solo una forma de creerse un crítico del capitalismo, como les pasa hoy a muchos militantes de Instagram. Creo, por el contrario, que se trata entender la forma en la que este se despliega y repliega incluso en las contradicciones que terminan por pesarnos en la cotidianidad. Finalmente, como lo he aprendido en espacios de militancia como REC y Fuerza Común producir teoría crítica no tiene otro horizonte distinto a poder encontrar vías para una emancipación que, contra el deseo de la acumulación, ponga en el centro la vida; que, ante la vorágine del despojo pueda repotenciar las redes de vida que emanan de la imbricación entre humanos y no humanos; que, ante el deseo individualizado y egoísta, se permita imaginar otras formas de relación que no estén mediadas por la renta. Apuesto por la filosofía como una forma de asumir una actitud crítica contra el cinismo ideológico de nuestro tiempo.

Finalmente, sea esta la oportunidad para destacar la gran potencia del pensamiento crítico en Colombia que, como dice mi amigo Carlos Arturo López es de una riqueza impresionante. La rigurosidad de los historiadores, el compromiso de los antropólogos, el trabajo minucioso de los sociólogos para entender lo que nos pasa es la muestra de una voluntad que se opone a que la guerra sea la única opción para habitar este espacio que compartimos. Creo que cada letra que se ocupa de pensarnos el presente es una forma de resistirle a esa guerra que el poder oligárquico ha configurado como horizonte de sentido, y aunque suene ingenuo, escribir es una forma de dar la batalla para que el futuro deje de estar hegemonizado por aquellos que, cual rentistas sin alma, quieren ganar todas las batallas sin poner el cuerpo en barro de la vida diaria.

“La paz (…) más que una cuestión política o militar, o económica, es un logro de la sabiduría“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

¿Qué hacer para que la ética, y no el clickbait, gobierne las salas de redacción?

Diversos medios de comunicación y algunos políticos se pegaron de la entrevista que un periodista de Los informantes (Caracol Televisión) le hizo a miembros del ELN, con el único fin de extraer aquello que sirviera para atacar al presidente, renegar de la Paz Total y por ahí derechito, sin querer queriendo, congraciarse con aquella guerrilla.  

“ELN habría ayudado a elegir a Petro, según una comandante”, tituló la revista Semana, refiriéndose a alias Silvana Guerrero.

El periodista Eduardo Contreras le preguntó a la subversiva: ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro?, y ella respondió: “Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa, mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país, y mira, nos ha decepcionado”.

La periodista Julia Correa ajustó esos 21 segundos a su manera, es decir, a la manera de Semana, un medio probadamente en oposición al gobierno:

“Una comandante del ELN confesó que ellos habrían ayudado a elegir a Petro. Y si eso es verdad el país lo debería saber. Silvana Guerrero, comandante del Frente nororiental del ELN, dijo que ese grupo terrorista ayudó a elegir a Petro desde el trabajo político que ellos desarrollan en el amplio territorio del país (…) Una confesión que estremece al país y sobre la que debería pronunciarse no solo el presidente, también los funcionarios de su gobierno y los congresistas de su coalición. Estamos hablando de una agrupación que ha cometido crímenes, asesinatos y secuestros, además de la tragedia humana que ha causado en el Catatumbo, sin mencionar muchas otras. Y por supuesto, las autoridades competentes deben investigar esas afirmaciones lo más pronto posible, pues de confirmarse estaríamos ante un presidente ayudado a elegir por un sanguinario grupo narcoterrorista”.

Infobae tituló: “ELN aseguró que ´trabajó´ para que Gustavo Petro ganara las elecciones en 2022: le recomendaron ´ir al psiquiatra´”.

Es decir, los pájaros tirándoles a las escopetas: Los guerrilleros, posando de dignos, haciendo evaluaciones y diagnósticos psiquiátricos, sabiendo que son arte y parte en esta demencial confrontación, en la que tienen culpas y pecados, más no voluntad para acabarla.  

Los precandidatos, que nada proponen, porque pareciera que nada tienen para proponer, se regodean con la entrevista. Sergio Fajardo acogió las palabras del comandante Ricardo del ELN, quien dijo “Paz total, fracaso total”, y vaticina que el país se encuentra bajo la amenaza de una “guerra total”, en tanto que la senadora María Fernanda Cabal, quien tiene agencia de prensa propia, fue de las primeras en sacarle provecho al siguiente fragmento en su cuenta de X.  

“El hecho de que dos personas digan que hicieron trabajo político para la elección de Gustavo Petro, de entrada es cuestionable porque no se sabe si es verdad o no. Pero si fuera cierto, es porque creyeron que habría un cambio político que permitiría revivir las opciones de paz, que fueron cerradas con el Plebiscito de 2016”, me dice, vía WhatsApp Javier Correa, escritor, periodista y exmiembro del M-19.

El diario El Colombiano, en actitud responsable, busco voces, estas si autorizadas, (entre ellas la de Ariel Ávila, analista del conflicto y Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes) para hablar sobre el tema, aparte de dar contexto a la información, que es lo que en estos casos se le pide a la prensa, no quedarse únicamente con lo que sirva, desde el sesgo informativo, para alborotar el algoritmo. 

“Si bien los subversivos no profundizaron cómo ni en qué circunstancias se dio ese “trabajo político”, explicaron que no se trató de una orden emanada por los máximos cabecillas del ELN y que terminaron “convencidos” por el discurso del hoy presidente”, aclara en su nota el periodista Javier González.

El presidente no se quedó callado. En un primer trino manifestó que “no busco votos, busco la paz que ustedes no entendieron’ y en un segundo tuit calificó al ELN de fuerza mercenaria controlada por el narcotráfico. “El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo”, trinó.

“Hablando de este tema con mi hija le pregunté si ella encontraba alguna diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento, dijo, se lleva en la cabeza y la sabiduría está en el corazón. Y esa es probablemente la clave: la paz es una construcción del corazón“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

Los colombianos debemos entender, y esto nos incluye a los periodistas, que la paz es el bien supremo de una nación para que podamos convivir como gente civilizada. No podemos comportarnos de manera insensible, con cero empatía con las víctimas del conflicto armado interno y las canalladas que de este se derivan.

La paz merece hasta el más mínimo esfuerzo de los medios y de la sociedad. Nadie debería empecinarse en seguir alimentando la idea de que corran ríos de sangre por la antipatía hacia este u otro mandatario, olvidando que hay unos principios que nos rigen como nación.

Mientras que el artículo 22 de la Constitución Política de 1991 establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en su preámbulo la misma carta magna le reconoce a la Paz su condición de valor fundante cuando expresa que, “el Pueblo de Colombia, en su calidad de Soberano, y para garantizar la Paz, aprueba dicha Constitución”.

La prensa, dentro de eso que llaman su función social, debe despojarse de cualquier mezquindad para exigir del gobierno cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y exigirle también acciones contundentes de la fuerza pública para mantener el orden público y proteger a los civiles. Pero a nadie debería tildársele de loco por soñar con la paz.  Y quienes están por fuera del marco de la ley no son, ni mucho menos, quienes tienen la autoridad moral para seguir avivando las confrontaciones en un país hastiado de la locura de la guerra.

Comparto lo escrito por el analista León Valencia en su libro ¿Plomo es lo que viene? (Sello Aguilar, 362 páginas), refiriéndose a guerrillas y disidencias: “intentan revivir un espíritu insurgente que ya no encontrarán. La razón es clara: la alternancia política, a pesar de sus desafíos, se ha consolidado en la vida republicana colombiana, y eso significa que las opciones de transformación social ahora tienen un carácter civilista y democrático. La insistencia en la guerra solo aleja a estos grupos de la última posibilidad de relevancia política que les queda (…) la alternancia ha traído consigo la necesidad de construir una narrativa que vincule seguridad y paz, profundizando en el Estado de Derecho y brindando protección. Se trata (…) de encontrar nuestro acuerdo nacional, donde la violencia tenga cada vez menos cabida”.

Amén.

Aquí la entrevista completa del programa Los Informantes.

Nota preliminar: Esta columna actualizada se publica simultáneamente en el Correo del Golfo, en donde el autor, firma con su nombre de pila (Dixon Moya), aunque no se compara con la bella y estremecedora semblanza de Ricardo Bada, que también ha publicado el querido Héctor Abad Faciolince en El Espectador:

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/hector-abad-faciolince/requiem-por-un-corresponsal

Hay una teoría sobre las conexiones humanas, expuesta por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en el cuento titulado Eslabones (también conocido como Cadenas), que se denomina seis grados de separación, según la cual, cualquier persona del planeta está conectada a otra a través de cinco intermediarios y la columna de hoy es un buen ejemplo de ello. 

Ha fallecido el periodista y escritor español Ricardo Bada, DEP, nacido en Huelva y radicado en Alemania. Mi querido amigo Rafael Pérez Unquiles, fundador de El Correo del Golfo, me ha contado que otro amigo suyo, Bernardo Romero (homónimo de dos grandes directores de teatro y televisión colombianos, padre e hijo), allegado a Bada, le dio la mala noticia y el poeta Pepe Baena, está organizando un homenaje en la Diputación en donde actualmente trabaja Rafael, para lo cual están pensando invitar a personas muy cercanas a Bada, como el gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, a quien tengo el privilegio de conocer. Empiezo a creer que la teoría de los seis grados tiene sentido.

Ricardo Bada, aparte de su carrera periodística, fue presentador de La Voz de Alemania en la Deutsche Welle, autor de diversas obras, como La generación del 39 (cuentos), Basura cuidadosamente seleccionada(poesía), Me queda la palabra (ensayos), El Canto XXV (novela breve), libretos de radioteatro e incluso de una ópera (La serenata de Altisidora). Bada tuvo una relación muy cercana con Colombia y colombianos. En Bogotá fue publicada una selección de cuentos suyos La bufanda de Cambridge en 2018, corresponsal de la emisora cultural HJCK (el mundo en Bogotá) y de otros medios colombianos como la revistas El Malpensante,SoHo y el periódico El Espectador. 

Como el mismo Bada lo menciona en un emotivo artículo, fue colombiano honoris causa, pues se enamoró de nuestro país y conoció a la crema y nata de la intelectualidad nacional, para citar unos nombres, Gabriel García Márquez (de quien publicó su obra periodística), Álvaro Mutis, Álvaro Castaño Castillo, Gloria Valencia, Fernando Charry Lara, Maruja Vieira, R. H. Moreno Durán, Helena Araújo, Carlos-Enrique Ruiz, Marvel Moreno, Daniel Samper Pizano y su hijo, Daniel Samper Ospina, Martha Senn, Sergio Cabrera, Constanza Vieira, Andrés Hoyos, Juan Carlos Botero, Jotamario Arbeláez, Mario Jursich, Marianne Ponsford, Luis H. Aristizábal, Lauren Mendinueta, Alberto Salcedo, Gonzalo Mallarino, Francisco Zumaqué, Óscar Domínguez, John Jairo Janieles, Esteban Carlos Mejía, Héctor Abad Faciolince y un largo etcétera. 

La relación de Bada con Colombia llegó hasta el punto de haber contribuido con una palabra al Diccionario de Colombianismos que el filólogo alemán Günther Haensch venía construyendo con paciencia y al que le faltaba el término “sanitario” como sinónimo de baño o retrete, que Bada había aprendido con tres colombianos que fueron sus coinquilinos en Berlín (Otto Sabogal, Hernando Oliveros y Gustavo Restrepo), de quienes había aprendido el nuevo significado de aquella palabra.

Bada fue gran amigo y colega del legendario locutor colombiano Andrés Salcedo, quien también hizo carrera en Alemania. Salcedo, otro delicioso cronista, recordaba que Bada convenció a Julio Cortázar para que escribiera un guion para la radio y el resultado fue Adiós, Robinson, una obra en la cual se simula el regreso de Robinson Crusoe y su amigo Viernes a la isla donde había naufragado, encontrando que la civilización ha transformado todo. Salcedo, célebre por sus inteligentes y reposadas narraciones de los partidos de fútbol alemán, interpretó a Viernes.

En mi caso, no conocí a Ricardo, pero coincidimos como blogueros de El Espectador de Bogotá, pero además los dos publicamos notas hace casi veinte años en Cronopios, el boletín digital de Ignacio Ramírez, querido amigo periodista y gestor cultural, quien se nos fue demasiado pronto. En este caso la teoría de la separación tuvo menos de seis grados, diría que se aplica una nueva teoría, la de dos grados de aproximación. Honra a la memoria de Ricardo Bada, colombiano honoris causa. 

Dixon Acosta Medellín

En lo que sigo llamando Twitter me encuentran como @dixonmedellin y exploro el cielo azul en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

Lo que ocurrió el último domingo de septiembre de 2024 sintetizó el desdén que el gobierno mexicano mostró hacia los temas ambientales en los últimos seis años. Ese día, en Chetumal, Quintana Roo, a unas horas de terminar su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador inauguró todo el circuito que recorre el llamado Tren Maya, entregó reconocimientos a los militares que construyeron la obra y, una vez más, descalificó la labor de personas y organizaciones que denunciaron los daños ambientales que ha causado este megaproyecto.

López Obrador consideró “una hazaña” la entrada en funcionamiento del llamado Tren Maya. No mencionó que para construir este megaproyecto emblemático de su administración se deforestaron más 6659 hectáreas, se fragmentó aún más a la Selva Maya, se construyó un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera, se dividió a comunidades, se ignoraron leyes ambientales y se perforaron cenotes, esas cavernas que resguardan el agua subterránea y que dan una personalidad especial a la Península de Yucatán.

Para México, el año 2024 representó el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente que emprendió lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación del país. A lo largo de esa transformación fue criticado por expertos, científicos, organizaciones ambientales e indígenas por no respetar un territorio considerado entre los más biodiversos.

En el 2024 se mantuvo la misma tendencia de los años previos: los temas ambientales no fueron una prioridad, al contrario, quedaron relegados. En ello coinciden especialistas en temas de bosques, océanos, áreas naturales protegidas, política ambiental y quienes desde organizaciones no gubernamentales acompañan a las personas defensoras de ambiente y territorio.

México termina el año 2024 con instituciones ambientales debilitadas y sin capacidad operativa, con una mayor degradación ambiental, con una fuerte criminalización de las personas defensoras del ambiente y el territorio, con delitos ambientales que permanecen impunes, con océanos y zonas forestales sin atención. Como consecuencia, se enraizó aún más el control que tienen los grupos del crimen organizado en los espacios naturales.

Lo grave: el debilitamiento de las instituciones

Desde su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador mostró que el ambiente no era un tema prioritario ni urgente de atención. Sus prioridades estuvieron en otras áreas, por ejemplo, en impulsar Sembrando Vida, un programa social en donde se asegura que el componente ambiental recae en la reforestación. Sin embargo, según los expertos entrevistados, no está dirigido a restaurar ecosistemas forestales. Y muestra de ello es que el programa no cuenta con indicadores ambientales que permitan conocer su impacto en biodiversidad, en suelos y en recuperación de coberturas forestales.

López Obrador también colocó en el centro de su gobierno la construcción de megaproyectos como la Refinería Dos bocas en una zona con manglares de Tabasco, el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que incluye la instalación de, al menos diez, parques industriales en Oaxaca y Veracruz.

“El modelo de desarrollo [en México] ha privilegiado la realización de grandes proyectos argumentando que son detonadores del crecimiento económico, pero pasan por alto sus impactos y costos socioambientales”, señalan los 35 especialistas que participaron en la elaboración del documento titulado Agenda Socioambiental 2024.

En esa publicación, académicos, científicas, integrantes de organizaciones civiles y exfuncionarias realizan una revisión de las acciones que realizó el sexenio de López Obrador en temas como agua, agricultura, bosques, energía, cambio climático, entre otros. Si bien reconocen que hubo avances en la protección de los maíces criollos, en tratar de eliminar en forma paulatina el uso del glifosato y en no entregar nuevas concesiones mineras, en general el balance que presentan es negativo.

“En la política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad”, resalta el grupo de 35 especialistas.

Además, desde el mismo gobierno se minimizaron y desdeñaron procedimientos como la consulta popular o estudios como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), señala Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las denuncias sobre consultas populares realizadas en forma inadecuada y de MIAs que se presentaron fuera de tiempo, con datos erróneos, sin considerar todos los impactos acumulados o cuya información se reservó fueron constantes en los megaproyectos icónicos del sexenio, como la Refinería de Dos Bocas, el CIIT, el llamado Tren Maya y el que ya se conoce como “El tren fantasma en Sonora”.

Los expertos entrevistados también destacan un tema que fue recurrente a lo largo del sexenio de López Obrador: el debilitamiento de las instituciones responsables de la gestión ambiental, ocasionado por los recortes presupuestales que padeció el sector, en especial en 2020 y 2021. Si bien existió un aumento para los siguientes años, y en 2024 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó a poco más de 70 mil millones de pesos (más de tres millones de dólares), la mayoría de ese dinero se destinó a la construcción de obras hidráulicas.

“Más del 80 % del presupuesto ambiental se destinó a la Conagua (Comisión Nacional del Agua), a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua”, resaltan los autores de la Agenda Socioambiental 2024.

La falta de presupuesto para todas las otras áreas del sector ambiental se resintió y llevó a que se tuvieran problemas en cascada. Entre los más evidentes está la casi inexistente acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que perdió su capacidad para combatir los delitos ambientales, como la tala y la pesca ilegal.

“La carencia de presupuesto y de personal llevó a que la autoridad ambiental no pudiera cumplir con sus atribuciones; que estuviera completamente ausente y omisa”, destaca Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.

Eso también lo resaltan quienes escribieron la Agenda Socioambiental 2024: la disminución del presupuesto llevó a las instituciones “al límite de la inoperancia y casi nula presencia en campo”. Al mismo tiempo, destacan que “se ha producido un fenómeno social de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por parte de la delincuencia organizada”.

Lo preocupante: violencia contra defensores del ambiente

Antes del gobierno de López Obrador, México ya aparecía en la lista de los cinco países con el mayor número de agresiones en contra de quienes defienden bosques, ríos, montañas y todo aquello que da vida a un ecosistema. Tan solo entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 203 personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con datos de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estas violencias.

Durante el sexenio de López Obrador 102 personas defensoras de ambiente y territorio sufrieron agresiones letales, de acuerdo con la documentación realizada por Cemda. En 2023 se registraron 20 de esos asesinatos. Y aunque todo parece indicar que para el 2024 disminuyó levemente el número de homicidios, los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos también muestran que han ido al alza otras violencias, en especial la criminalización.

Por lo menos hay 61 personas vinculadas a carpetas de investigación acusadas de diversos delitos, sobre todo daños a las vías de comunicación. La mayoría de esas acusaciones surgieron después de que esas personas manifestaron su oposición al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como lo documentó una misión civil formada por integrantes de organizaciones que recorrió algunas comunidades afectadas por este megaproyecto.

La criminalización también la han padecido comunidades que han denunciado la contaminación y despojo de territorio que provocan las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Así como la comunidad El Coyul que se ha opuesto a los planes de particulares que buscan realizar un proyecto inmobiliario en una zona de manglar y arribo de tortugas en Oaxaca.

A lo largo del sexenio de López Obrador, otra de las violencias que tomó fuerza fue la estigmatización en contra de las personas, comunidades y organizaciones defensoras de ambiente y territorio. Durante la conferencia matutina que el presidente ofrecía todos los días y que se conoció como “la mañanera”, se descalificó a quienes denunciaban los daños ambientales causados por los megaproyectos.

La impunidad también se instaló en muchos de los casos de personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas o desaparecidas, tal y como ha sucedido en el caso de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, ocurrida en enero de 2023. El año 2024 terminó sin que ellos ni otras 37 personas defensoras sean localizadas.

Gabriela Carreón, co-coordinadora de TerraVida, organización que acompaña a personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio, resalta que el hecho de que la construcción de megaproyectos —como el CIIT o el llamado Tren Maya— hayan estado a cargo de militares, desató diversas dinámicas en los territorios. Una de ellas fue inhibir la protesta social.

“Las instituciones en México no han estado a la altura para garantizar la seguridad de las personas defensoras de ambiente y territorio, ni para combatir la impunidad que persiste en estas violencias”, considera Carreón. Y es por ello que una de las deudas que dejó el año 2024 es la implementación del Acuerdo de Escazú.

Carreón considera que, pese a que México fue uno de los países que impulsó la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en el territorio nacional “ha faltado voluntad de los entes institucionales para implementarlo”. Y hay dos ámbitos en donde es claro que el acuerdo sigue sólo en el papel: no se tienen aún jueces especializados en materia ambiental y hay grandes problemas en el acceso a la información ambiental, ya que muchos datos ambientales no están actualizados o se niega su acceso.

En México, además, la defensa del medio ambiente y del territorio no sólo se enfrentó a los megaproyectos impulsados por el Estado o por empresas. En 2024 fue aún más evidente la presencia de grupos del crimen organizado que han hecho parte de su negocio el tráfico de especies, la pesca o la tala.

Lo crítico: el control del crimen organizado en territorios forestales

Chihuahua, Durango, Estado de México y Michoacán son algunos de los estados del país en donde sus habitantes han denunciado casos en donde el crimen organizado ha entrado a controlar el manejo forestal comunitario. Eso lo ha documentado Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y quien desde 1995 trabaja en el tema del manejo sostenible de bosques. En esos estados del país “[personas vinculadas al crimen organizado] han tomado las mesas directivas de las organizaciones de manejo forestal, están al frente de aserraderos o de la cadena de suministro de productos forestales”.

Zúñiga es uno de los autores que participó en el capítulo dedicado a las regiones forestales, incluido en la Agenda Socioambiental 2024. En ese apartado se señala que “el empoderamiento de los grupos criminales ha incrementado la tala ilegal, incluso en regiones en donde las comunidades habían avanzado en la gestión sustentable de los territorios”.

También se menciona que la tala ilegal “se ha convertido en un problema creciente y generalizado”. Según ese documento, se estima que entre siete a nueve millones de metros cúbicos de madera en rollo son taladas ilegalmente al año. Eso representa entre el 95 y 120 % de todo el aprovechamiento legal de madera que se registra en el país.

Poco más del 70 % del territorio nacional alberga algún ecosistema forestal. Aún así se desatendió el sector forestal: “No se le miró como un sector productivo elemental para el desarrollo de varias regiones del país. No tuvo un impulso adecuado, sobre todo durante la segunda parte del sexenio”, señala Zúñiga.

La falta de capacidad del Estado para atender la agenda forestal, propiciada por la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue uno de los varios ingredientes que abonaron el terreno para lo que hoy se padecen en muchos de los territorios forestales del país, por ejemplo, el aumento en la presencia de plagas y enfermedades, así como incendios que cada vez afectan a una superficie más amplia, como lo muestran los datos de la propia Conafor.

El país tampoco pudo disminuir la pérdida de superficie forestal: si en el 2022, al menos, 179 000 hectáreas se quedaron sin cobertura arbórea, para el 2023 esa cifra se elevó a 226 000 hectáreas, de acuerdo con los análisis más actualizados de la plataforma Global Forest Watch.https://www.globalforestwatch.org/embed/widget/treeLoss/country/MEX

Una de las regiones del país que más ha perdido cobertura forestal es la Península de Yucatán. Entre 2019 y 2023, al menos, 285 580 hectáreas dejaron de ser terrenos forestales, de acuerdo con los datos de una plataforma de análisis de imágenes satelitales desarrollada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), bajo la dirección técnica del doctor Edward Ellis. Esta herramienta permite conocer que las causas de la deforestación en esa región fueron la construcción del llamado Tren Maya y del aeropuerto internacional de Tulum, la expansión de la agroindustria y de las granjas de cerdos y aves, el establecimiento de potreros y los desarrollos inmobiliarios.

En Hopelchén, Campeche, por ejemplo, la expansión de la agroindustria ha generado buena parte de la pérdida de cobertura forestal, como lo documentó Mongabay Latam en agosto de 2022. En ese municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó mesas de diálogo con los menonitas que deforestaron las tierras sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo para hacerlo. Esas mesas no detuvieron la deforestación. En la zona continúa la expansión de la agroindustria. “Hay un gran problema generado por la nula capacidad gubernamental para asegurar el cumplimiento de leyes. Hay una enorme impunidad en cambios de uso de suelo ilegal”, remarca Zúñiga.

Lo olvidado: el sector pesquero

México está entre los 20 países del mundo con mayor producción pesquera y es la actividad que da empleo a más de dos millones de personas. Además, en los 263 municipios costeros del país habitan más de 15 millones de personas.

Pese a la importancia que tiene la vida marina para el territorio mexicano, durante el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se mantuvo desdibujada, en especial porque la persona que estuvo al frente de la dependencia —Octavio Almada Palafox—, desde 2021 y hasta septiembre de 2024, “abandonó al sector y no hizo nada por cumplir con las metas del plan sectorial”, señala Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de políticas públicas de la oficina en México de Oceana.

Por ejemplo, no se cumplió con las metas de crear redes de refugios pesqueros, abatir la pobreza en el sector pesquero, impulsar la adaptación al cambio climático, fortalecer la vigilancia y combatir la pesca ilegal.

Hay datos que muestran el abandono: si entre los años 2009 y 2014 había 183 oficiales federales de pesca para todo el país, este número disminuyó a 161 entre 2018 y 2022. Además, si para el periodo 2009 a 2014 se detuvo a 1228 personas acusadas de pesca ilegal, entre 2018 y 2023 sólo fueron 59. “Hay menos inspectores, menos presupuesto y no hay un combate real a la pesca ilegal, que es el flagelo de la pesca”, resalta García-Peña.

En México, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Pesca publicado en 2023, cada año se capturan entre 1.8 y 2.1 millones de toneladas de peces, eso sin tomar en cuenta la pesca ilegal que representaría un 40 % más de esa cantidad, de acuerdo con algunas estimaciones.

García-Peña menciona que la pesca ilegal ya está afectando a, por lo menos, unas 300 especies de importancia comercial, entre ellas el huachinango del Golfo de México (Lutjanus campechanus), el robalo (Centropomus undecimalis), la lisa (Mugil cephalus), el mero rojo (Epinephelus morio), el camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum), entre otros.

El abandono del sector pesquero también se refleja en que no se ha avanzado en una actualización del estatus de las especies pesqueras y que sólo 30 % de las pesquerías en el país cuentan con planes de manejo. García-Peña comenta que eso ha llevado a que 28 pesquerías, de las 83 reconocidas, se encuentren en condiciones de deterioro o que su aprovechamiento rebase el “aprovechamiento máximo sustentable”.

En 2024 tampoco se trabajó para dar alternativas a los pescadores que cada vez enfrentan mayores adversidades por la presencia de huracanes más frecuentes e intensos o por los efectos del cambio climático en varias pesquerías. “No hay una adaptación de las políticas públicas ante esos escenarios”, comenta el experto de Oceana.

En ese sentido, Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, recuerda que el gobierno mexicano hizo a un lado toda la agenda para la mitigación y adaptación al cambio climático, al mantener una política energética regresiva: “Fue una apuesta por los combustibles fósiles: se construyó una nueva refinería y se promovieron las carboeléctricas, el petróleo y el gas”.

Además, pese al compromiso de López Obrador de terminar con el fracking, esta práctica continuó realizándose y se destinaron más de 62 mil millones de pesos entre 2018 y 2024 en proyectos que implican el uso de esta técnica de extracción de hidrocarburos que provoca una disminución de la disponibilidad de agua, de acuerdo con datos incluidos en la Agenda Socioambiental 2024.

Lo bueno (pero no tanto): más áreas naturales en el papel

Al comienzo de su gobierno, López Obrador anunció que una de sus metas ambientales era decretar 50 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs). En 2024 se aceleró el paso para cumplir con la promesa. Incluso, el último día del sexenio se decretaron seis nuevas áreas.

México tiene ahora 232 ANPs, pero 106 de ellas no cuentan con programa de manejo, documento vital para conocer cuáles son las amenazas de los lugares y las mejores estrategias para conservar los sitios. “No podemos avanzar en la protección de la biodiversidad y los espacios bioculturales si no tenemos este instrumento”, resalta Gina Ileana Chacón, directora de política pública de Wildlands Network México, organización de la sociedad civil que forma parte de la Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

Además, muchas de las ANPs no cuentan con presupuesto ni personal. Chacón pone como ejemplo el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFF Jaguar), creada a mediados de 2022 en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, y cuyo programa de manejo se publicó en febrero de 2024, pero que no tiene recursos asignados y sólo tiene a dos personas trabajando en el área que tiene poco más de 2249 hectáreas.

“No queremos áreas naturales de papel. Aunque tengan plan de manejo, si no tienen presupuesto, no es posible hacer mucho para garantizar su protección”, resalta Chacón.

La APFF Jaguar se creó justo en una de las zonas por donde pasa el llamado Tren Maya y se presentó como si fuera una compensación ante la construcción del megaproyecto. En ese sentido, Chacón resalta que “la creación de un ANP no puede compensar el que se haya fragmentado un ecosistema como la Selva Maya. Esa fragmentación pone en riesgo la sobrevivencia del ecosistema en su conjunto y de la biodiversidad, sobre todo de especies emblemáticas como el jaguar”.

El decretar más áreas sin dotarlas de programa de manejo o presupuesto no fue la única incongruencia que se observó durante el último año de la administración de López Obrador. Antes de cerrar el sexenio, funcionarios de la Semarnat autorizaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para la construcción de desarrollos turísticos en zonas aledañas al Parque Nacional de Cabo Pulmo.

La revocación de una de esas autorizaciones fue una de las primeras acciones que realizó Alicia Bárcena, como nueva titular de la Semarnat, a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.

Lo esperanzador: nombramientos en el sector ambiental

El 1 de octubre de 2024, la física y doctora en ingeniería energética Claudia Sheinbaum Pardo asumió el mando como la primera mujer presidenta que tiene México. Es también la primera vez que la presidencia del país está a cargo de alguien que nunca formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó el país durante más de 70 años y en donde comenzó su carrera política López Obrador.

Sheinbaum, además, formó parte del grupo de más de 600 académicos e investigadores del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

La presidenta nombró titular de la Semarnat a la bióloga y diplomática Alicia Bárcena, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores en el último año de gobierno de López Obrador y fue directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde impulsó el Acuerdo de Escazú.

En las subsecretarías y en las diferentes dependencias ambientales también se nombraron a personas que son reconocidas por su capacidad técnica y experiencia en los temas ambientales. También se ha aplaudido la designación del ingeniero pesquero Alejandro Flores Nava, al frente de la Conapesca, y del ingeniero agrónomo e investigador Julio Berdegué Sacristán como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

“Hay entusiasmo, porque se ve la posibilidad de que se pueda tener, de nuevo, una relación cordial y respetuosa con la autoridad ambiental”, dice Gustavo Alanís, sobre los nombramientos en el sector ambiental.

La opinión de Alanís no es aislada. Entre las diversas organizaciones no gubernamentales e, incluso, en los espacios internacionales se ha celebrado la llegada al sector ambiental de personas con experiencia y conocimiento científico.

Alanís, por ejemplo, recuerda que durante la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se realizó en Cali, Colombia, se “festejó que México estuviera de regreso con autoridades ambientales preparadas, con experiencia en los temas. Eso ha generado una expectativa muy positiva”.

Esa expectativa ahora se enfrentará con la realidad, sobre todo si el gobierno de Claudia Sheinbaum asume la misma postura de su antecesor y, durante los próximos años, castiga con un presupuesto mínimo al sector ambiental. Algo que ya se vislumbra, por lo menos para el 2025.

Imagen central: Los habitantes de Homún, en Yucatán, viven de los estanques naturales que se encuentran dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Foto: Benjamín Magaña

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La cifra es realmente escalofriante en Colombia con 79 asesinatos en el país, lo que supone el 40% de todos los casos que documentamos a nivel mundial”, dice Laura Furones, Asesora de campañas de Global Witness, durante la presentación del informe “Voces silenciadas: la eliminación violenta de los defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo”. La publicación revela que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. De esta lista, Latinoamérica aparece una vez más como la región más afectada por la violencia.

De los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región.

La información presentada en el reporte ubica una vez más a Colombia en el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012. En la lista le siguen Brasil con 25 crímenes, México y Honduras con 18 cada uno y Filipinas con 17, si nombramos a los cinco primeros.

En la relación de 18 países donde se registraron estos crímenes, 11 son latinoamericanos. Si se suma a Estados Unidos que también reporta un asesinato este año, serían 12 los casos reportados en este continente.

“El informe se titula voces silenciadas porque además de los datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, estamos también sacando a la luz el lado oculto de la represalias. Con esto lo que queremos hacer es reconocer que los asesinatos, por horribles que sean, solo ofrecen una imagen parcial de una realidad mucho más compleja. Las personas defensoras en todo el mundo enfrentan una serie de ataques muy diversos”, comenta Furones.

El reporte de Global Witness revela también la vulnerabilidad de las principales víctimas:  casi la mitad de los casos, el 49 % de las personas asesinadas, pertenecía a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Un dato adicional causa estupor: seis de los asesinados fueron niños.

El informe también da cuenta de lo que ha ocurrido en el planeta en los últimos 12 años, desde que Global Witness empezó el registro de estos crímenes. Según estos datos, 2106 personas defensoras fueron asesinadas entre 2012 y 2023, y por lo menos 1500 de esos casos ocurrieron tras la firma del Acuerdo de París en 2015.

“El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal. Pero, como muestra este informe, los ataques letales a menudo ocurren junto con represalias más amplias contra los defensores, que están siendo objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores no estatales”, dice el informe.

El riesgo de defender la vida

“No es novedad que América Latina tiene por desgracia, sistemáticamente, el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras. No hay excepción a esta regla desde el año 2012 que empezamos a recopilar datos”, señala Laura Furones, asesora de Global Witness y autora principal del informe.

Lo dicho por Furones se refleja en las estadísticas de Global Witness de los últimos 12 años. Según estos datos, entre 2012 y 2023 se registraron 2106 asesinatos a nivel global y casi el 80% fueron en América Latina.

Los registros de los últimos 12 años de Global Witness indican que solo en Colombia han ocurrido 461 asesinatos y en Brasil 401, ambos países lideran esta lista global. En la relación también figura México con 203 casos, Honduras con 149, Guatemala con 86, Nicaragua con 70 y Perú con 58.

En el continente asiático, Filipinas es el país con mayor cantidad de asesinatos en esos 12 años, con un total de 298, pero también en 2023 con 17 crímenes. India es otro país de este  continente con un alto número de crímenes, 86 entre 2012 y 2023, y 5 en el último año. En el 2023 también aparece Indonesia con 3 defensores asesinados.

Por otro lado, en África, República Democrática del Congo encabeza la lista con 74 crímenes en los 12 años de registro y 2 en 2023. En la lista del último año también están Ghana y Ruanda con un crimen en cada país.

Furones señala también que existe un subestimación en las cifras documentadas por Global Witness, no solo en América LAtina, sino también en todo el planeta. En ese sentido comenta que lo que se reporta en Asia y África puede tener un subreporte mayor que Latinoamérica, pues en esos continentes hay más problemas de acceso a la información y a la justicia, así como más restricciones que enfrentan las organizaciones de Derechos Humanos para documentar los casos.

“Si se miran las cifras de África o de Asia, se podría pensar que son entornos más seguros para las personas defensoras, pero sabemos que no es así.  Es cierto que América Latina es la primera región y que esas cifras son absolutamente aterradoras, pero también es cierto que por contraste en las otras regiones, sospechamos que la subestimación es todavía más fuerte”, aclara Furones.

El informe también indica que más de 1500 de los crímenes a defensores ocurrieron a partir del 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Los defensores asesinados intentaban, de diferentes maneras, proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales. Cada asesinato deja al mundo más vulnerable a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación”, indica el reporte.

Otro dato que se destaca en el informe de Global Witness son las industrias que están relacionadas con los crímenes de defensores ambientales. En esa lista es la minería la que lidera este ranking con 25 de los asesinatos ocurridos en 2023. Le siguen la pesca y la tala de madera con cinco cada uno, luego los sectores de agroindustria e infraestructura con 4 y, finalmente, las hidroeléctricas con 2 asesinatos.

“Lo que hemos visto el año pasado y el anterior es que muchos casos están ligados al eje minero. La minería se presenta en distintos países como una industria muy dañina y peligrosa para las personas defensoras”, señala Furones. Dos ejemplos de ellos son los cuatros asesinatos en Panamá relacionados con las protestas en contra de un proyecto minero y las desapariciones forzadas de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en México.

Según este informe, de los 25 asesinatos atribuidos a la industria minera el año pasado, 23 ocurrieron en América Latina. Por otro lado, el reporte también indica que “más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias”.

De los 18 países en donde se registraron crímenes a defensores en 2023, 11 están en América Latina. Además de Colombia, Brasil, México y Honduras que aparecen entre los primeros cinco a nivel global, también están Nicaragua con 10 asesinatos; Guatemala, Panamá y Perú con 4 cada uno; Paraguay con 2 y Venezuela con 1.

“América Latina es un continente enorme, diverso en sus realidades sociales, políticas, históricas, pero en general, tiene la suerte de tener voces de la sociedad civil muy fuertes y  movimientos sociales e indígenas muy fuertes y logran que estos temas se pongan en la mesa, se documenten y se investiguen”, se lee en el informe.

Colombia: 79 crímenes, una cifra nunca antes registrada

“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”. indica el reporte de Global Witness. Del total de los crímenes cometidos en Colombia, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.

La mayoría de los ataques, según el registro de Global Witness, ocurrió en las regiones de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). “Una combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha devastado estas regiones, dejando a defensores y comunidades a menudo atrapados en el fuego cruzado. Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, advierte el reporte.

Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores Colombia, el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a las personas defensoras. “Pese a que en nuestro país hay una robusta arquitectura normativa con más de 30 tipos de leyes, en realidad las entidades del Estado colombiano no coordinan sus acciones y por ello no hay resultados”. Torres también cuestiona la baja efectividad en las investigaciones y de la judicialización contra quienes cometen los asesinatos.

Un caso emblemático que refleja las fallas en la protección del Estado, señala Torres, es el crimen contra Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, asesinado el 3 de diciembre de 2023 en el territorio ancestral de Puerto Asís, en el Putumayo.

Para Torres, otra de las causas del alto nivel de asesinatos en Colombia es el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, “que permitió una reconfiguración del conflicto armado en Colombia y, con ello, la expansión de los grupos armados ilegales que generan presión y asesinan a las personas que se oponen a sus intereses”.

Según la información de Global Witness, la combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha dejado a los defensores ambientales y a sus comunidades atrapados en el fuego cruzado. “Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, se asegura en el informe.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, en Colombia, señala que la cantidad de asesinatos a defensores ambientales ocurridos en ese país en 2023 contrasta con el escenario de implementación del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016. “Sabemos que ha tenido innumerables retos, pero se necesita una implementación efectiva, principalmente con el avance de diferentes grupos armados sobre territorios biodiversos como la Amazonía colombiana, donde cada vez es más difícil para el Estado retomar el control sobre ciertos territorios”.

Otro tema que aborda Torres, de Ambiente y Sociedad, es el de la impunidad. La experta afirma que la mayoría de los casos quedan impunes o, en su defecto, los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. “Hay un desgaste por parte de las familias en encontrar a los responsables. Recuerdo mucho el asesinato de Mario Jacanamijoy, con quien nosotros trabajamos, y a quien yo conocí. Fue asesinado en el año 2017 por la defensa de su territorio del pueblo Inga, en el departamento del Caquetá. Y la familia tuvo que insistir muchísimo, acudir a muchas instituciones del Estado y hasta ahora, 2024, no se tiene la certeza de quiénes fueron las personas que lo asesinaron”.

México: 70 % de los asesinatos fueron en territorios indígenas

El informe de Global Witness indica que más del 70% de los defensores asesinados en 2023 en México era de pueblos indígenas, y refiere que la mayoría de estos ataques ocurrieron en la franja de estados costeros del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán. De los tres estados, Michoacán fue el más mortífero con ocho asesinatos documentados en 2023, señala el reporte.

“Me parece que esa franja ha sido históricamente, al menos en los últimos 10 años, la región más peligrosa para ejercer la defensa del medio ambiente. Y esto tiene que ver, desde nuestro análisis, con que hay una coincidencia de recursos naturales, comunidades indígenas, presencia del crimen organizado y un Estado con muchas deficiencias”, señala Felipe Romero, Gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

A los estados mencionados por Global Witness, Romero agrega Guadalajara, Guerrero, así como Oaxaca y Chiapas, ubicados más al sur pero en el mismo sector del Pacífico, como lugares donde también se registran agresiones letales según los estudios que hace Cemda.

El informe de Global Witness también indica que más del 40% de los asesinatos en México en 2023 ocurrieron contra defensores que se oponen a las operaciones mineras. “Más allá de los asesinatos, México también ha experimentado un número significativo de desapariciones forzadas, una forma de violencia particularmente cruel, aunque no exclusiva de este país”.

Las cifras presentadas en este informe indican que en el estado de Michoacán 21 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron desaparecidos forzadamente o asesinados entre 2012 y 2023. Dos de ellos son Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes trabajaban juntos para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila ante los abusos de la industria minera. En enero de 2023, ambos fueron víctimas de desaparición forzada y hasta el momento no han sido encontrados. Mongabay Latam investigó el caso de Lagunes y Díaz como parte de la serie A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México, publicada en agosto de 2023, que confirmó en ese momento la desaparición de al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.

Felipe Romero de Cemda explica que muchos de los casos de agresiones letales y desapariciones forzadas tienen que ver con la lucha que están enfrentando las comunidades por su autonomía y por la protección de su territorio y de sus recursos naturales. “Es muy claro para nosotros que hemos hecho algunos análisis, que en esa región lo que está sucediendo con proyectos extractivos de minerales”. El experto de Cemda menciona que en Michoacán se ha documentado la presencia de proyectos mineros de extracción de hierro y de empresas vinculadas con diferentes casos de agresiones en la región.

Romero también indica que la mayoría de las desapariciones forzadas se centran en esa región, en contextos de comunidades que están luchando por ejercer su derecho a la autonomía como una forma de controlar y de cuidar su territorio, y que coinciden con la presencia de una gran cantidad de recursos naturales y del crimen organizado. “Hemos documentado que las desapariciones se han presentado en la regiones de Michoacán y de Guerrero han sido en contra de personas defensores indígenas, muchos de ellos integrantes de las policías comunitarias”.

América Central: 36 asesinatos en cuatro países

De acuerdo con el reporte de Global Witness, Centroamérica se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras, pues se trata de la región donde han ocurrido la mayor cantidad de homicidios per cápita en el mundo.

En 2023 se registraron 18 homicidios en Honduras, 10 en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá. Fueron en total 36 defensores asesinados en cuatro de los siete países que forman Centroamérica, “casi uno de cada cinco asesinatos documentados a nivel global, en una región con menos del 1% de la población mundial”, señala el informe.

Las cifras también indican que 17 de los asesinados en Centroamérica en 2023 eran defensores indígenas, dos eran afrodescendientes y ocho eran pequeños agricultores. En uno de los crímenes ocurridos en Honduras, un joven de 15 años fue asesinado junto a su padre defensor.

“No podemos separar la situación de violencia y de inseguridad de las defensoras y defensores en Honduras de un Estado fallido, donde no existe una aplicación de justicia verdadera”, dice Miriam Miranda, activista del pueblo garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Miranda señala que en Honduras la alta criminalidad y violencia se ha sumado al secuestro del sistema de aplicación de justicia, lo que hace que exista una absoluta indefensión para las defensores del ambiente y de la tierra, porque no tienen a quién acudir cuando son víctimas de amenazas y de agresiones.

“Los territorios están controlados por el crimen organizado y los narcotraficantes, y ellos luchan por esos territorios. Por eso, hay una semejanza muy grande con México, porque aquí, en los territorios donde estamos nosotros luchando, sabemos que hay lugares donde no podemos entrar porque vas a ser secuestrada o asesinada”, comenta Miranda. “Estamos en una lucha perpetua por seguir viviendo en nuestros territorios”, agrega.

La lideresa del pueblo garífuna también se refiere a la presencia del narcotráfico en las esferas del gobierno. “Tenemos un presidente [Juan Orlando Hernández] encarcelado por narcotráfico, pero las estructuras no se han desmontado, al contrario lo que hay es un reacomodo de esa estructura de poder. Y ahora el escándalo mayúsculo sobre el cuñado de la presidenta Xiomara Castro”, señala Miranda, en relación al video publicado por Insight Crime que muestra a varios narcotraficantes ofreciendo dinero a Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras Manuel Zelaya y esposo de Xiomara Castro, para una campaña política del partido Libre.

“Estamos en una situación bastante grave y creo que en los próximos meses y años se seguirá profundizando”, agrega Miranda y menciona que Centroamérica lleva décadas lidiando con el narcotráfico, que se ha convertido en un negocio que involucra a las autoridades, como en los casos de los jefes de estado mencionados anteriormente. “Es doloroso darse cuenta que las autoridades que deben tomar decisiones son parte del narcotráfico”.

El informe de Global Witness también menciona a Nicaragua, el segundo país en Centroamérica con mayor cantidad de crímenes. En este país, los 10 crímenes registrados en 2023 fueron a personas indígenas de los pueblos mayangna y miskitos, en el norte del país.

“En los últimos años, Nicaragua ha estado perdiendo bosques más rápidamente que cualquier otro lugar del mundo, y los mayangna y miskitos han sufrido repetidas masacres. Esta devastación es ‘facilitada y permitida’ por el gobierno de Nicaragua, según grupos de derechos humanos, y un grupo de expertos calificó el ‘asesinato sistemático’ de los pueblos indígenas como ‘una política tácita del Estado nicaragüense destinada a apropiarse de sus tierras’”, señala el informe de Global Witness.

En el caso de Guatemala, la publicación menciona que tras la guerra civil que se prolongó durante 36 años en este país, las instituciones guatemaltecas claves quedaron controladas por redes criminales con estrechos vínculos con el ejército. “Estos grupos continúan ejerciendo una enorme influencia en la actualidad. En los últimos cuatro años, más de 50 defensores de derechos humanos, fiscales, jueces, defensores de la impunidad y periodistas se han visto obligados a huir del país debido a procesos penales infundados iniciados en su contra”, indica el reporte.

En 2023, en Panamá —donde ese año fueron asesinados 4 defensores del medio ambiente— un nuevo contrato con una mina de cobre canadiense provocó protestas que durante más de un mes paralizaron al país. La causa de estas protestas fueron la contaminación, la deforestación y la escasez de agua. El proyecto fue clausurado por la Corte Suprema, pero dejó el saldo de los cuatro defensores que murieron durante la represión de las protestas.

Imagen principal: Protesta por las personas desaparecidas en México. Foto: Luis Rojas / Panos Pictures / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Encajonado en la montaña, al lado del cauce del río Pance, está el Club, con más de 50 años de servicio. En el kilómetro 14, La Vorágine, más exactamente.

Los rectores de los colegios Donald Rodrigo Tafur y Ciudad Córdoba, Fredy Domínguez y Rafael Otero, respectivamente, afiliados al Club, avalaron como invitados a estudiantes, docentes y acudientes acompañantes.

El rector Domínguez es el coordinador del Colectivo de rectores/as afros de Cali, CORRA, con el que la Fundación Color de Colombia hizo alianza en 2022 para crear este Semillero de Becarios U.

En el grupo explorador, que llegó temprano, había estudiantes de las instituciones educativas Alfonso López Pumarejo, Carlos Holguín Mallarino, Gabriela Mistral, Ciudad Córdoba, Donald Rodrigo Tafur, Ciudad Córdoba, Bartolomé Loboguerrero y Humberto Jordán Mazuera.

Tras un repaso individual en mesa redonda del puesto ocupado en el último periodo de 2023 y del cumplimiento de las distintas actividades de Vacaciones productivas, el grupo quedó  a cargo de José Ney Pulido Gutiérrez, Coordinador Técnico en el Área Ambiental del Club del Departamento, que administra 85 hectáreas de área protegida.

José Ney, notablemente apasionado por su labor, hizo una breve charla introductoria frente a la casona original del Club, bien conservada, y procedió al recorrido, anhelado por todos, por una parte del área protegida.

Bordear un espejo de agua o humedal y ver cómo se forma otro a partir de plantas que crean agua fue el inicio de la excursión.  Los espejos de agua ayudan a las aves, un tesoro del espacio.

“Los servicios ecosistémicos de flora, fauna y agua son los que están cuidando en esta área protegida”, anotó José Ney Pulido.

Una sorpresa fue descubrir que dentro del área del Club están una planta de tratamiento de agua potable de la Empresa Vallecaucana de Aguas, que provee a los usuarios del EcoParque, y una planta de tratamiento de aguas residuales, administrada por Asovorágine, que tiene 130 usuarios.

La visita a la huerta, educativa y demostrativa, y al vivero, que busca fortalecer los árboles frutales y nativos del predio, y fomentarlos en otros lugares mediante la figura de apadrinamiento, es animada por unas cabras juguetonas dispuestas a comer maíz en la mano de los visitantes.

La conclusión de los estudiantes ya la había anticipado el gerente del Club, César Augusto Valencia: “van a querer volver”. “Sí, y con el resto del Semillero”, agregaron.

Los profesores Ricardo Cuero, de la IE Alfonso López Pumarejo; Ana Gisella León, de la IE Donald Rodrigo Tafur, y Wallington Iturre, coordinador de la Normal Juan Ladrilleros, de Buenaventura, que pasó de visita, estuvieron de acuerdo.

José Ney Pulido ya había cumplido otro objetivo de su charla en el recorrido: dejar la inquietud de hacer el Servicio Social Obligatorio apoyando alguna de las funciones ecosistémicas del área protegida del Club, una posibilidad que puede entrar en diálogo con el prototipo de proyecto “Medio ambiente y colegio carbono neutro”, uno de los cinco del programa de Semilleros de Becarios U.

“¿Y si la compensación de la huella de carbono del colegio la buscamos en esta área protegida?”, quedó en el ambiente.

El programa de Semilleros de Becarios U, presente en 30 municipios de 11 departamentos, busca, mediante un proceso de tres años con pilos que ingresan en grado octavo, desarrollar una mentalidad de crecimiento, valores de excelencia y vocación de servicio, habilidades del carácter (y socio-emocionales), capacidades ejecutivas y competencias cognitivas para un proyecto de vida universitario y de movilidad social que exige resultados altos en pruebas estandarizadas (comenzando por Saber 11, 365+ o pasar la prueba de admisión propia de algunas universidades públicas).

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de  Colombia: Línea estratégica 2:  Educación de calidad y equidad. Programa:  Semilleros de  Becarios U, 2022-2026. 

La agenda ambiental en México enfrenta una paradoja: el poco presupuesto que se le destina al tema muestra que no es una prioridad en las políticas públicas, pese a que se trata de un asunto vital si se desea seguir siendo una nación megadiversa, con acceso a los servicios ecosistémicos y con herramientas que permitan mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Y esto último lo saben bien aquellas personas y comunidades que persisten en la defensa del ambiente y el territorio, incluso con los riesgos que esto implica en un país con una creciente militarización y en donde la presencia de los grupos del narcotráfico es apabullante.

El sector ambiental se ha debilitado en los últimos años. Desde 2016 y hasta 2021, el presupuesto destinado a este sector se redujo año tras año, de acuerdo con un reciente análisis de la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). Aunque a partir de 2022 el presupuesto ha tenido un repunte, no ha retomado los montos registrados entre 2012 y 2016. Además, la mayor parte del presupuesto de ese año y del 2023 se destinó a la construcción de grandes obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para 2024 se prevé que el sector ambiental reciba 11.4 % menos recursos que este 2023 (70,245.5 millones de pesos, unos 4098 millones de dólares).

Especialistas en diversas áreas de la agenda ambiental coinciden en que la falta de presupuesto del sector ambiental explica su deterioro institucional, que se refleja en deficiencias para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.

De cara al último año de la administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mongabay Latam presenta un balance en cinco aspectos de la agenda ambiental durante 2023.

Lo grave: deforestación, problema crítico en la selva

La deforestación persiste y se ha acentuado en las selvas del sur y sureste del país. Tan sólo en 2021 —el año más reciente del que se tiene información oficial—, el territorio nacional perdió 118 490 hectáreas de selvas húmedas y secas; esa cifra representa el 70.6 % de la superficie total deforestada durante ese año.

La región que abarca casi la totalidad de Campeche, el norte de Chiapas, Yucatán y el sureste de Quintana Roo es una de las “zonas críticas” de deforestación que identifica la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En ese territorio se encuentran importantes ecosistemas como la selva maya, una de las reservas de bosque tropical más importantes en América Latina.

En esa zona se construye el llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido señalado por científicos, ciudadanos, comunidades y organizaciones no gubernamentales por sus riesgos e impactos ambientales y sociales, pero también porque no ha respetado el marco legal.

Un análisis de la organización CartoCrítica, dado a conocer en agosto de 2023, calculó que al menos 6 659 hectáreas de selva han sido deforestadas como consecuencia de la construcción del Tren Maya. Además, encontró que el 87 % de esa superficie no contaba con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al momento del desmonte. También mostró que, en junio de 2023, poco más 67 hectáreas fueron deforestadas a pesar de estar dentro de un área con una suspensión judicial que impedía cualquier actividad de tala o desmonte, lo que implicaría una “presunta ilegalidad y desacato”, según CartoCrítica.

La cobertura forestal del sureste del país no se ha perdido sólo por la construcción del Tren Maya. La agroindustria —con monocultivos como la soya, caña de azúcar y palma de aceite—, la ganadería industrial, los proyectos turísticos e inmobiliarios también han impulsado la deforestación.

Perder cobertura forestal implica quedarse sin servicios ambientales invaluables, como la formación y retención de suelo, la recarga de los mantos freáticos y la infiltración del agua al subsuelo. Otro problema es la degradación de los bosques, que ocurre cuando se pierde la densidad forestal y disminuyen los servicios que brindan estos ecosistemas. La degradación de la cobertura forestal no se ha dimensionado, pero podría alcanzar el mismo volumen que el de la deforestación, resalta José Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI).

Desde 2017, el presupuesto anual de la Conafor se ha reducido significativamente en comparación con los años previos. De 2010 a 2016, cada año recibió, en promedio, 6 mil 757 millones de pesos, mientras que en los siguientes seis años, ese presupuesto se redujó prácticamente a la mitad, 3 mil 296 millones de pesos anuales (191.5 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de 2023), de acuerdo con datos de la misma dependencia. Para 2023, los ingresos de Conafor se redujeron nuevamente y recibió un presupuesto de 2 mil 933 millones de pesos (170.5 millones de dólares, al tipo de cambio actual), el monto más bajo de los últimos 12 años. Para 2024, se prevé que reciba 3 mil 72 millones de pesos (176 millones de dólares, al tipo de cambio vigente).

La falta de recursos, con las consecuentes carencias institucionales, ha mermado la atención y vigilancia en otros temas que también se relacionan con la pérdida de cobertura forestal como los incendios, las plagas y las enfermedades del arbolado, señala Zúñiga.

Datos de Conafor muestran que de enero al 23 de noviembre de 2023 ocurrieron 7,477 incendios forestales, más que en cualquier otro año del último lustro. Además, también ha sido el año con la mayor superficie afectada por estos incidentes desde 1998: 1 millón 13 mil 244 hectáreas.

La superficie forestal afectada por las plagas también ha aumentado respecto a los dos años previos, al alcanzar 24 453 hectáreas entre enero y junio de 2023. En el año 2021, fueron 18 767 y en 2022, 19 421 hectáreas, de acuerdo con datos de la propia Conafor.

“Son dos factores que no hay que dejar de lado, que son importantes porque además están creciendo y es totalmente previsible que van a seguir creciendo conforme el clima siga cambiando”, dice Zúñiga.

Lo preocupante: violencia en contra de personas defensoras

A pocos días de iniciar el 2023, la desaparición del líder comunitario y defensor ambiental Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Lagunes Gasca fue la confirmación de que la violencia contra las personas defensoras del ambiente y el territorio no se detiene en México. Todo lo contrario.

Desde el 15 de enero de 2023, día en que el vehículo en el que Díaz y Lagunes viajaban fue atacado con arma de fuego en los límites de Michoacán y Colima, se desconoce su paradero. Ellos son parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta agosto de este año, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2023, ubica a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio. La desaparición y asesinato del defensor indígena de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, el 25 de noviembre de 2023, confirma esta tendencia.

Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), advierte de un recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, así como nuevas situaciones que también son de alarma. Una de ellas es la creciente presencia militar en las regiones donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura, especialmente en la Península de Yucatán, que ha tenido un efecto de inhibición de actividades como la protesta social.

“Hay un temor muy fuerte de generar actos de protesta social y la sola presencia [de los militares] ya ha generado impactos que merman la defensa misma de las personas defensoras”, dice Carreón.

Otra situación que se ha acentuado es la criminalización de las personas defensoras, en donde el poder judicial juega un papel clave, aunque no se le suele identificar entre los perpetradores de agresiones contra personas defensoras.

Otra tendencia que Carreón señala como de alarma es la estigmatización de las personas defensoras y organizaciones que les acompañan, que también tiene efectos inhibidores en la defensa.

México es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a las personas defensoras del ambiente y les garanticen un entorno seguro. Sin embargo, en el país su implementación sigue pendiente.

Carreón considera que una adecuada implementación del Acuerdo debería implicar no sólo modificaciones de las leyes, sino también acciones de política pública que involucren a las autoridades ambientales y no únicamente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo gubernamental creado para proteger a quienes sufren agresiones por razón de su labor.

También considera que “las autoridades tendrían que hacer un diagnóstico amplio de cuáles son las necesidades de las personas defensoras, para que haya una real escucha”.

Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, advierte que los megaproyectos han agudizado la violencia contra personas defensoras en ciertas zonas del país.

Un foco rojo es el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que consiste en un proyecto ferroviario que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México y que, además, incluye infraestructura como carreteras, puertos, abasto de energía eléctrica y una decena de “polos de desarrollo”, cuya función es atraer inversiones.

En julio de este año, una Misión Civil de Observación —integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales— documentó las agresiones contra personas y comunidades defensoras del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico. Los incidentes que registraron abarcan tres homicidios, ocurridos entre octubre de 2022 y julio de 2023, y 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras, además de casos de intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica, desalojos forzosos y difamación.

Patargo destaca la criminalización de varios integrantes de dos organizaciones de Oaxaca con mucha fuerza e historia en la resistencia, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que busca inhibir que otras personas sigan resistiendo de una manera tan fuerte”, considera.

Dichas organizaciones también han sido estigmatizadas por autoridades de distintos niveles de gobierno, dice Patargo. “Esto obviamente tiene un impacto en cómo se va legitimando la violencia dentro de los mismos territorios y se va criminalizando, o es más fácil la criminalización posterior”, considera.

Otro indicador del nivel de violencia, dice la defensora, es que los actos de intimidación han alcanzado a organizaciones nacionales e internacionales, y que han ocurrido agresiones incluso en contextos de la presencia de observadores, como ocurrió durante la Misión.

Lo crítico: sin acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático

El 24 de octubre de este año, la veloz transformación de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, en menos de 12 horas, mostró la vulnerabilidad de México ante los fenómenos meteorológicos extremos. Organizaciones ambientales señalaron la relación de ese desastre con la crisis climática por la alteración de la temperatura del océano.

México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Un reciente informe de la UNAM, que compila diversos estudios, advierte que la continuidad de las altas emisiones aumentará considerablemente la frecuencia y magnitud de eventos extremos y sus daños asociados.

Otros efectos de la crisis climática en el país ya son una realidad. Las precipitaciones han crecido y se ha modificado su distribución en las estaciones del año, los periodos de sequía se han prolongado y los eventos extremos de lluvia aumentaron, refiere el informe. También el nivel medio del mar ha subido, sobre todo en el sur y noroeste del Golfo de México.

El gobierno actual ha relegado el tema y no está destinando recursos para la adaptación al cambio climático, considera Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En 2023, el presupuesto asignado para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático fue de 187 mil 968 millones de pesos (10 mil 924 millones de dólares), 52 % de esos recursos se invirtieron en el Tren Maya, de acuerdo con un análisis de Fundar. Un problema que señala la organización es que las dependencias gubernamentales no están obligadas a justificar si su presupuesto realmente se vincula con el combate al cambio climático.

Además de la falta de presupuesto para acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático, los recursos para atender los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos se redujeron este año. De acuerdo con Fundar, al programa Fondo de Desastres Naturales se le habían asignado 17 mil 156 millones de pesos (997 millones de dólares), pero posteriormente ese presupuesto se redujo a 13 mil 224 millones de pesos (768.5 millones de dólares).

Por otro lado, aunque México ocupa el lugar 13 de entre los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, el gobierno federal sigue priorizando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestra la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el impulso al gas fósil, dice Campuzano, del Cemda.

A comienzos de julio de este año, un derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció los riesgos de seguir apostando por combustibles fósiles. El derrame, que comenzó el 4 de julio en la plataforma Ek Balam Tapo Alpha, propiedad de Petróleos Mexicanos, se extendió sin control por varios días.

Los cálculos que entonces hicieron los científicos y organizaciones que alertaron del derrame indicaban que la mancha del hidrocarburo alcanzaba hasta 400 kilómetros. “Son situaciones que se han anunciado, se han alertado que van a ocurrir si le seguimos apostando a la exploración y la extracción de combustibles en el mar”, dice Campuzano.

Lo malo: protección y conservación sólo en el papel

Este año se decretaron 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo que se alcanzaron 203 espacios de protección en una superficie total de 91 millones 608 mil 327 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Los decretos no han estado acompañados de mayores asignaciones presupuestales, indispensable para asegurar la operatividad de la protección, señala Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, miembro de la coalición Nossa. De hecho, el presupuesto de la Conanp se ha reducido significativamente desde el año 2017, de acuerdo con el análisis de Nossa.

Los dos últimos años, la Conanp ha recibido los menores presupuestos desde hace más de una década, según el análisis de Nossa. El próximo año no será distinto, a pesar de que tendrá un aumento marginal en su presupuesto de apenas 0.9 %.

Para dimensionar la importancia del presupuesto, Nossa calcula que con el monto presupuestado apenas se destinarían 10.7 pesos (0.62 dólares) por hectárea protegida. En 2016, el año con el mayor presupuesto de Conanp, se podían gastar 26.5 pesos (1.54 dólares, al tipo de cambio actual) por hectárea protegida. Esta falta de recursos hará que muchas de las nuevas ANP queden como decretos “de papel”, considera Castillo.

La investigadora María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, coincide en que más allá de los decretos, para hacer funcionales a las ANP es indispensable brindarles recursos presupuestales y humanos.

“¿Qué pasa cuando no tienes personal operativo en el área? No hay un cumplimiento de la ley, no hay información, no hay supervisión de las actividades”, ejemplifica. “Por otro lado, Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] está muy adelgazada y no hay seguimiento a los procesos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente no se cumple la ley y en los ecosistemas se ve reflejado en un impacto importante”, dice García.

Castillo advierte que la falta de operatividad de las áreas bajo protección incluso podría representar responsabilidades para servidores públicos, ya que al decretarse una ANP se debe cumplir con un plan de trabajo en un plazo determinado, lo que requiere contar con un equipo de trabajo o encargado de área. Todo eso sólo es posible con los recursos suficientes.

El gobierno federal tiene previsto decretar al menos otras 22 ANP antes de que termine el sexenio y el presidente ha expresado su intención de romper el récord de decretos de ANP. Pero si la protección de esas áreas naturales no se ve reflejada en el presupuesto y en programas de manejo, “van a ser solamente un mero trámite, no van a estar cumpliendo con los objetivos de conservación”, opina Castillo.

En materia de protección de especies, el año termina con varios pendientes, entre ellos la actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 para especies en riesgo y de la Carta Nacional Pesquera, que indica las estrategias y acciones para regular la pesca, señala Alejandro Olivera, representante de México del Centro para la Diversidad Biológica. También indica que no se aplica la ley ni se monitorea para evitar acciones ilegales que ponen en riesgo a especies que ya están en alguna categoría de riesgo, como las tortugas marinas y tres especies de pepino de mar: café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridiana), en la Península de Yucatán, y el pepino café (Isostichopus fuscus) en el Golfo de California.

Si hay una especie que demuestra esa falta de acciones efectivas por la conservación es la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan apenas entre 10 y 13 ejemplares. Olivera recuerda que en esta administración se quitaron todos los apoyos y programas para su protección, además de que el establecimiento de nuevas reglas de pesca demoró dos años, y hasta la fecha no se han podido cumplir.

Una de las medidas implementadas por el gobierno federal fue la colocación, por parte de la Marina, de 193 bloques de concreto en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de contener las redes de pesca ilegal en donde las vaquitas quedan atoradas. La medida ha funcionado, pero no es una solución duradera.

El investigador critica que las acciones que se reportan como logros para la protección de este mamífero son cifras de tareas tan fútiles como la cantidad de recorridos de inspección, de los talleres impartidos o hasta de los panfletos que distribuyen. “Eso no representa ningún resultado”, considera.

Lo bueno: prohibición de la minería submarina​

El 8 de mayo de este año se publicaron las reformas a la Ley Minera, que modificaron la legislación vigente desde 1992 y que diversas organizaciones, comunidades y colectivos consideraban “lesiva para las comunidades y el ambiente”.

“Es importante reconocer que México cierra este año con una nueva ley en vigor […] que es mucho mejor que la que teníamos vigente antes”, dice Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos y comunidades afectadas por la minería, organizaciones civiles y academia que buscan reformas a la ley minera.

La reformada ley, llamada ahora Ley de Minería, incluye el retirar el carácter preferente de la minería sobre otras actividades en los territorios y establece la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento antes de otorgar una concesión.

También prohíbe la minería submarina y que esta actividad se realice en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y en áreas donde se ponga en riesgo a la población. Además, obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre de las minas.

Pero su operatividad aún enfrenta desafíos. El 7 de junio de este año, diputados de los tres principales partidos de oposición al partido gobernante presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley, argumentando que no se había cumplido el proceso legislativo para su aprobación. Hasta noviembre de 2023 el asunto seguía en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La industria minera también ha intentado evitar los efectos de la reforma. Para principios de octubre, las empresas mineras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, habían interpuesto más de 500 amparos a la nueva ley, según informó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Otro frente que preocupa a la Colectiva Cambiémosla Ya es el reglamento de la nueva ley, en el cual se establecen las directrices para su implementación. Su elaboración está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, pero no escapa al riesgo de intromisiones de la industria minera, dice Navarro.

Uno de los aspectos que quedaron fuera de la nueva Ley de Minería fue establecer causas de nulidad de las concesiones, agrega Navarro, por lo que las empresas mineras pueden seguir manteniendo sus concesiones aún si, por ejemplo, causan desastres ambientales. Tal y como sucedió en el Río Sonora, afluente que el 6 de agosto de 2014 fue afectado por un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Se trata del mayor desastre minero registrado en el país. Y aunque la Semarnat estableció la responsabilidad de la empresa, la minera no perdió su concesión.

Otro tema en el que hay expectativa es el referente a la sustitución gradual del glifosato y la prohibición de la importación de maíz transgénico. El 13 de febrero de este año, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto que abrogó el publicado en diciembre de 2020, que planteaba la sustitución gradual del plaguicida para enero de 2024. En el nuevo decreto se estipuló como fecha límite el mes de marzo del próximo año. Respecto al maíz transgénico, el nuevo decreto establece que ya no se permitirá su importación para consumo humano, pero se mantiene para forraje y uso industrial.

Una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento del decreto es que las instancias judiciales avalen los amparos que la agroindustria ha interpuesto para evitar su aplicación, señala Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Desde la publicación del decreto de 2020 se han interpuesto 37 amparos, de los cuales 20 continúan en disputa.

Otro riesgo es el panel de solución de controversias que Estados Unidos solicitó por las restricciones a la importación de maíz transgénico, agrega Bejarano, pues si México pierde podría alentar las expectativas de la industria de que es posible considerar una revisión también en el tema del glifosato.

Aunque Bejarano ve con optimismo que el próximo año se cumpla el plazo para la sustitución gradual del glifosato, subraya que no es suficiente porque no es el único plaguicida altamente peligroso que se usa en México. Hay por lo menos 183 ingredientes activos que entran dentro de esa categoría, señala.

Prohibir el glifosato es apenas “la punta del iceberg”.

* Imagen principal: Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de ambiente y territorio desaparecidos a principios del 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El artículo original fue publicado por Mayela Sánchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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