No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Intento hacer con esta pequeña columna un listado de lo que pienso y siento por Cepeda. Lo hago sin ninguna pretensión académica; no estamos para esas letras en estos momentos. Más bien escribo para mi familia extensa, amigos y amigas, vecinos y vecinas, estudiantes que, al parecer, ven en Cepeda un rotundo peligro y, en el otro señor, la “salvación” de Colombia. No conocen al Cepeda que conozco y, si bien sé que poco puedo hacer por cambiar ese voto, al menos les dejo sentadas mis razones y motivos.

1. No es mesiánico, caudillista ni tiene delirios de salvador. No posee ese halo egocéntrico que cunde entre presidentes de derecha e izquierda y que afecta de forma ostensible el Estado de Derecho o lo que llamamos el equilibrio de poderes.

2. No es un macho alfa y, aunque aún conserva rasgos patriarcales —porque difícilmente los hombres superan esos males de la noche a la mañana, y la izquierda no es la excepción—, ha trabajado con las mujeres, las sobrevivientes de la guerra, las víctimas y la “memoria”, que también es mujer, sin avasallar y con máximo respeto. Con alguien así se podría discutir la agenda feminista y de mujeres que no da espera.

Como no es un macho alfa, siempre se pronunció contra los abusos y las crueldades de los machos de la izquierda. Valoro inmensamente cada uno de esos momentos.

3. Su línea feminista y de teoría crítica le permitirá desarrollar y proteger todo el sistema nacional, regional y local del cuidado, así como los derechos logrados desde 1991 para las mujeres, las diversidades, las disidencias sexuales, los niños y niñas, los y las jóvenes, las personas mayores y muchos otros grupos. La sensibilidad es lo suyo, no el mercado ni los negocios privados.

4. No es guerrerista. Nunca fue guerrillero; eso sí, fue una víctima de la guerra. Se vistió de historia, filosofía, sociología y derecho para caminar junto a las víctimas. Gracias a él, a ella y a otros políticos, políticas y activistas decentes, este país reconoció el conflicto, empujó el proceso de paz con las extintas FARC y firmó el Acuerdo de Paz de 2016, tan enredado por los amigos de la confrontación. Queda todo, o casi todo, por hacer.

5. Es austero. Cero ostentación, clubes, aviones privados, ropa de marca, grandes relojes o consumos excesivos. Ese señor sabrá manejar la economía de Colombia como un tesoro. Escucha a expertos y expertas y conoce las grandes soluciones y la necesidad de un pacto fiscal en el que todos debemos aportar para sacar adelante este país y superar el déficit fiscal que viene desde hace varios años.

6. No es corrupto. Es un hombre ético y sano. Tiene serios compromisos frente a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de fiscalías especiales anticorrupción. Ni siquiera los políticos y políticas de izquierda se salvarán de su contundente mirada.

7. Ama a los pobres, pero no la pobreza. Seguirá por la agenda social abierta y correcta del primer gobierno de izquierda en Colombia.

8. Cree en la igualdad y en las reformas sociales. Sabe que la salud amerita atención urgente, acciones inmediatas y una reforma concertada, sin despreciar el papel del sector privado. Pero también sabe que algo está mal cuando la tutela ha sido la reina de ese escenario y del estado de cosas inconstitucional del que no hemos podido levantarnos.

9. No es neoliberal, lo que no significa que odie al empresariado. Sabe que debe trabajar con los pequeños y medianos empresarios, y que los grandes empresarios e industriales deberán hacer más por la equidad.

10. Tiene el Estado social de Derecho en la cabeza. Está atento a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la reforma laboral y pensional, grandes avances sociales del primer gobierno de izquierda; a la protección del salario mínimo vital y del mundo sindical, sin abandonar, insisto, al sector empresarial ni al sector privado.

11. Como exprofesor, conoce la importancia de las universidades privadas, especialmente de aquellas que hacen bien la tarea y no abusan de la autonomía universitaria. Pero también reconoce que en la universidad pública está el proyecto de vida de millones de colombianos y colombianas sin recursos para asumir los altos costos de la educación privada. Esa gran tarea apenas está en construcción. Más educación y protección de toda la institucionalidad en clave de Estado social de Derecho.

12. No es militar, pero sabe que la seguridad integral, el orden público, la tranquilidad, la soberanía y la paz completa e integral se construyen con nuestra Fuerza Pública. Buen trato, carrera por mérito, derechos humanos, formación y más formación. Toda una geografía por proteger. Todo un Estado social de Derecho para construir en los territorios.

13. Es animalista. Andrea Padilla, Jessica Melo y otras lideresas y líderes animalistas lo han reconocido. Sabe que en materia animal debe fortalecerse la institucionalidad para la protección, el bienestar y la “dignidad” de nuestros hermanos menores, así como la puesta en práctica de toda la legislación aprobada en los últimos años y de la nueva por construir.

14. Protector de la Madre Tierra, tiene el cambio climático en la cabeza. Seguirá con la agenda ambiental, pero escuchando a los y las expertos y expertas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de estas necesarias posiciones. Las y los liderazgos ambientales seguirán acompañando esta nueva fase del constitucionalismo de la naturaleza.

15. No tiene nacionalidad norteamericana ni ha jurado lealtad a los Estados Unidos, lo que le permitirá proteger nuestra soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional. La unidad de la nación será plenamente garantizada.

16. Escogió una fórmula vicepresidencial mujer e indígena. Eso habla de su respeto por las mujeres, el pluralismo y la diversidad étnica del pueblo colombiano. Tiene un enfoque descolonial poco común en la política colombiana. Sabrá defender los avances logrados durante el primer gobierno de izquierda y continuar con la agenda de los pueblos indígenas.

17. Es descentralista, pero con enfoque de equidad territorial. Sabe que el centralismo es una de las perversiones históricas del Estado colombiano y que la autonomía territorial solo ha sido posible para unos pocos territorios ricos y llenos de oportunidades. La solidaridad y la inclusión hacen parte de sus apuestas.

18. Tiene un profundo respeto por el poder judicial. Es más abogado que muchos abogados. Aprendió a utilizar el derecho para la búsqueda de la verdad y la justicia social. Ningún fallo adverso le ha generado actitudes agresivas. Esto garantiza autonomía e independencia de la Rama Judicial.

19. No es un estatizador. Conoce el modelo de economía social de mercado que prescribe la Constitución Política y sabrá moverse dentro de esas limitaciones para fortalecer lo social y lo ambiental frente a un capitalismo al que la vida y la Casa Grande muchas veces parecen importarle poco.

20. Es un buscador incansable de la paz o de las paces en Colombia. Conoce los errores de los distintos modelos y la necesidad de replantear estrategias para la reconciliación nacional.

21. Escucha y escucha. Sabrá dialogar con las diversas corrientes del feminismo en Colombia, con las diversidades, los pueblos, las colectivas y los colectivos. Un hombre con los derechos humanos en la cabeza tendrá respeto por las diferencias y buscará soluciones y consensos.

22. Ah, y conoce nuestro bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, así como, la importancia de pertenecer a sistemas regionales y mundiales de protección de derechos. Sabe que nuestra justicia interna prima, pero que, una vez agotadas las instancias nacionales y ante la ausencia de justicia, estos mecanismos supranacionales pueden marcar la diferencia. Eso sí, no se saltaría por nada a la justicia interna colombiana hasta no agotarla, porque sabe que nuestra soberanía está estrechamente ligada a ese diseño de 1991.

23. Finalmente, cree en el Acuerdo Nacional o pacto social. Sabe que hacer efectiva la Constitución Política de 1991, más allá de las élites que nos han dejado como uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, exige esfuerzos de concertación y la construcción de grandes consensos (empresarios, industriales, sindicatos, mujeres, diversidades y más). Entiende que los grandes problemas de Colombia no se resuelven desde la imposición ni desde la exclusión, sino mediante el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos.

24. Y, quizás lo más importante, es un hombre decente. En fin, no es el monstruo que les vendieron en la radio, los noticieros y las redes sociales. Este es el Iván que conozco. Con sus virtudes y limitaciones, pero también con una trayectoria pública que me permite confiar en que defenderá la Constitución de 1991, la democracia, la paz y los derechos conquistados.

Estas y muchas razones más me llevan a votar por Iván Cepeda y Aída Quilcué para el período 2026-2030.

¿Qué es la patria Milagro de la que habla el candidato de la ultraderecha? ¿algo así como la República de Gilead configurada por la gran Margareth Atwood en su novela distópica El cuento de la criada?

¿Es la patria Milagro la que deseamos que sea Colombia? Un país uniforme, sin homosexuales, sin negros (o negros, indígenas, campesinos y mujeres sólo como sirvientes) ¿es la patria Milagro un país tapizado de cemento que exiliará animales, ríos y árboles vendiéndolos a Estados Unidos? ¿es la patria Milagro un ejército que bombardea a sus paisanos mientras se persigna y dice: ¡Bendito sea Dios! ¿es la patria Milagro un país que ignora el significado del descanso y del arte? Ese nombre sacado de la mutación monstruosa de los políticos de derecha que ven en el muñeco, como lo llamó Carolina Sanín, la esperanza de no perder sus negocios mafiosos ¿es el proyecto de país que queremos?

Al “Papucho”, como se conoce también al candidato cuando fue corista del grupo vallenato de Iván Villazón, le salió la candidatura en un paquete de chitos, pero no es fortuita esa lotería, en las pasadas elecciones fue Rodolfo, hoy es este hombre absolutamente desbocado y sin alma. Dicen que el Señor del Ubérrimo muere lentamente, falso: mutó de manera monstruosa.

Pero nunca ha sido fácil ni para los pobres, ni para las mujeres, ni para los de clase media, ni para los homosexuales, ni para los indígenas, ni para los campesinos. Pienso que está bien que sea así, aunque suene masoquista, pues del estocismo queda la dignidad que sí alcanza para comer, y sobra.

A pesar de que tenemos todo en contra, veo que hasta los periodistas corporativos están asustados. Los mismos que hicieron inviable muchas de las reformas que deseaba implementar Gustavo Petro. Ojalá ese susto nos alcance para ganar en segunda vuelta, yo siempre soy muy optimista aunque la vida me ha dado razones para no serlo.

“Las mujeres no tienen idea de cuánto las odian los hombres”, escribió Germaine Greer en 1970 en “La mujer eunuco”, y se negó a disculparse. Suscribo a esta autora que nació en Melbourne en 1939, en una casa que no era especialmente cálida. No es especialmente cálido este país tampoco, pero vamos a ganar en segunda vuelta, vean la versión cinematográfica de El cuento de la criada que ahora está en Netflix y asústense porque si no nos avispamos en estos días y reflexionamos en la soledad de la urna, cuando podemos movernos sin hacer caso a la orden de estar quietos o firmes, tendremos nuestro propio Gilead en la patria Milagro y aún los que votaron al “Papucho” italiano-norteamericano, y no a la opción de país democrático que representa Iván Cepeda, NO merecen vivir en esa distopía.

Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

• “…tengo la esperanza de que, por su talante, haría un gobierno de izquierda pero de mayor consenso y sin los escándalos ni las estigmatizaciones del presidente Petro”: El jurista Rodrigo Uprimmy sobre Iván Cepeda en El Espectador.

“Que tiemblen los vacilantes”, decía sin vacilaciones Jorge Eliécer Gaitán hace exactamente 80 años, al presentar su candidatura presidencial en el Teatro Municipal de Bogotá, que hoy lleva su nombre.

Haga de cuenta que su casa se incendia y usted tiene dos bidones. Un bidón contiene gasolina y el otro bidón contiene agua sucia, incluso todo lo sucia que usted quiera. ¿Qué escogería para apagar el fuego? Dejar que todo se chamusque por ir a ver ballenas no parece sensato.

Habiendo recriminando a Abelardo por su patanería, Fajardo, Claudia y Oviedo tampoco han querido apoyar de frente a Cepeda. De hecho, el encuentro con Uribe en la finca El Ubérrimo dejó claro, solapadamente, de qué lado está Oviedo. Póngale la firma que si gana El Tigre, será uno de sus tecnócratas y renunciará después para ser alcalde de Bogotá.    

En El Espectador, el escritor Héctor Abdad Faciolince dice, palabras más, palabras menos, que tiene fiebre y votará en blanco.

Si bien está en todo su derecho, no entiendo cómo un escritor, cuyo padre fue asesinado por ser defensor de derechos humanos, no tenga una mínima frase de reconocimiento para un candidato presidencial como Iván Cepeda, que lleva 32 años actuando como defensor de derechos humanos, desde ese 9 de agosto de 1994 en que le mataron a su padre por el mismo pecado: pensar distinto.

A Héctor Abad Gómez, el papá del escritor, y a Manuel Cepeda Vargas, el padre del candidato, los une (unía) su talante de hombres demócratas. El autor de “El olvido que seremos” debería ser el primero en recordarlo.  

Escurrir el bulto y hacer Mutis por el foro… son expresiones que definen muy bien a las personas que han hecho público su voto en blanco, acaso creyéndose de mejor familia. Exudan cierta arrogancia, como si fueran San Pedro en las puertas del cielo negando la entrada a unos, y a la vez condenando a esos mismos al infierno.

• “Ellos quieren tener un país paria e imbécil, que trabaje para sus intereses”: Jorge Eliécer Gaitán, en su discurso como candidato presidencial en 1946.

Entiendo la angustia del Pacto Histórico. Y encuentro válido que hoy supliquen el voto del llamado centro político. En este momento, deben estar buscando votantes hasta debajo de las piedras, con lo que quiero significar que un voto hará la diferencia entre el triunfo y la derrota. Ojalá ese centro reaccione y entienda lo grave que sería un gobierno de extrema derecha con ánimo vengativo y desprecio por los derechos humanos.

No bien se habían conocido los resultados, los del voto en blanco ya tenían listas sus arengas. Más o menos dicen que Abelardo y Cepeda son la misma vaina, que entre ellos dos, el diablo escoja.

Gonzalo Mallarino apunta en El Espectador: “Sergio Fajardo, mi candidato, fue derrotado el domingo pasado, mi decisión, en consecuencia, es votar en blanco en segunda vuelta. No apoyaré el proyecto político que propone dar continuidad a las políticas de Petro, que es el de Iván Cepeda, y no apoyaré el proyecto de De la Espriella, en el que veo riesgos para la civilidad y los derechos humanos”.

En resumidas cuentas, el escritor bogotano sataniza a Cepeda por su bronca a Petro, y lo invalida aun a riesgo de que asuma un personaje oscuro, Abelardo, cuyo ideario político, si se le puede llamar así, consiste en trasquilar libertades, incluso la de quienes hoy podemos escribir sin mordaza.

En Estados Unidos, Trump trató de estúpida a una reportera, y en Colombia De la Espriella tildó de ignorante a otra. No podemos ser ciego antes las señales del peligro que se cierne contra la libertad de expresión.

Nos queda la esperanza de otras voces, sensatas y con peso en la opinión pública, caso del columnista Rodrigo Uprimmy, investigador de Dejusticia.

• “No creo (…) que Cepeda y ADLE sean dos extremos igualmente peligrosos. La diferencia decisiva es que Cepeda representa, tanto por su trayectoria pública de respeto a la institucionalidad democrática como por sus posiciones, una izquierda que a algunos puede parecerle dura pero que es claramente democrática y republicana. Y que además dista de ser comunista. En cambio, creo que ADLE representa una derecha extrema con riesgos enormes para la democracia (…) ¿qué respeto a la Constitución y a los derechos humanos puede esperarse de quien plantea retirar a Colombia de la ONU y de la OEA, cuando ese retiro supondría una reforma constitucional y probablemente una constituyente?”. Rodrigo Uprimmy, columnista de El Espectador.

En contraste, la columna de María Isabel Rueda en El Tiempo, cuyo voto no hay que adivinar, es de una ligereza reprochable: “… la izquierda llegó para quedarse, luego de que desapareció la confrontación ideológica del Frente Nacional. Lo bueno es que ahora las cosas se definen con voto y no a bala”.

No, misiá María Isabel. Dos décadas después del Frente Nacional (la repartija entre liberales y conservadores), vino el exterminio de la izquierda colombiana con la venía del Estado, y si bien hoy “la izquierda llegó para quedarse” como ella lo señala, es apenas un acto de justicia con quienes pusieron miles de muertos en su anhelo lícito de acceder al poder. A la izquierda no le han regalado nada. Demasiada sangre y demasiadas lágrimas le pidieron a cambio.   

Claudia Palacios, periodista, feminista y defensora del voto en blanco, dio su brazo a torcer.

• “Varias veces he votado en blanco y sigo siendo una defensora de esa opción. Pero esta vez no quiero votar en blanco, no solo porque en segunda vuelta el voto blanco no tiene efecto jurídico, sino porque la inconformidad que este evidencia no ha sido tenida en cuenta por quien gana, ni siquiera cuando este ha superado el 4 % de la votación, como sucedió en las segundas vueltas de 2014 y de 2018. Es decir, en Colombia eso de “gobernar para todos” –frase recurrente en los discursos de victoria de los elegidos– ha sido en el mejor de los casos un intento breve, cosmético y frustrado. Los opositores y ‘los blanquistas’ nunca han tenido cabida”.

Sin embargo, las líneas finales son controvertibles. “Lo que viene, gane quien gane, será un nosotros contra ellos y un ellos contra nosotros. En ese escenario, mi pregunta final no es quién podrá salvarnos sino de quién podremos salvarnos. Con la respuesta que me dé a mí misma, definiré mi voto, teniendo claro que esta vez esta tibia ha decidido no votar en blanco”.

Todo depende de lo que Claudia Palacios entienda por “nosotros” y “gane quien gane”. Si con “nosotros” se refiere a la clase privilegiada, su voto debe ser por Abelardo que hará bien cuidando los intereses de esa “minoría”. Si con “nosotros” se refiere a las mujeres (vilipendiadas por Abelardo), y los marginados, entonces su voto debería ser por Cepeda. Y sin con “nosotros” se refiere a nosotros los periodistas, entonces la colega debe tener más que claro el peligro que encarna el señor De La Espriella para una prensa libre.

• “Estos hombres, a fin de cuentas, obtuvieron todo cuanto la mano puede alcanzar con el brazo extendido. Variaba en ellos la longitud del brazo; en lo demás eran iguales. Nunca conseguí sentir envidia de este tipo de gente”: Fernando Pessoa, escritor portugués, en Libro del desasosiego.

Como presidente de la República, el hoy candidato de Firmes por la Patria podría infringir un daño mayor a los periodistas desde su bufete de abogados, que sin duda estará más activo que nunca durante los siguientes cuatro años, acosando judicialmente y ellos defendiéndose en los tribunales, retractándose o, lo que es peor, obligados a callar, para ahorrarse tiempo, pleitos y dinero que no tienen. Desde ese punto de vista, no creo sinceramente que la colega tenga mucho qué pensar.

Quienes ya cantaron públicamente su voto en blanco, están a tiempo de cambiar de opinión, o al menos de revisar si la suya es hasta cierto punto una decisión egoísta. Aquel que tiene cierta influencia mediática, es una persona mayormente ilustrada, capaz de sopesar con vehemencia el menú sobre la mesa. O el mal menor entre el bidón de gasolina y el bidón con el agua sucia.

No creo que sea hora de presumir nuestra superioridad moral y tampoco de quedarse de brazos cruzados viendo desde la comodidad de un sofá (abstencionistas), como otros deciden la suerte de un país.  Sería bueno que piensen en los jodidos rejodidos de esta sociedad, que así los llamó Eduardo Galeano.

El voto en blanco es la manera de ningunear, para no decir blanquear, a esa Colombia de la periferia que depende en buena medida de la voluntad del resto. El problema para el Pacto Histórico es que allá, donde hay mayor miseria (la periferia), hay menos votantes que en el centro del país. Allá, donde han llegado las soluciones sociales, gana el pogresismo, pero el egoísmo se impone en el centro del país, donde habita una clase media y media baja, que piensa más en su propio bolsillo, sin sensiblerías cristianas, lo que resulta paradójico en un país camandulero y rezandero.  

Se me ocurre que el voto en blanco es la salida por la tangente de esos vacilantes de los que hablaba Gaitán. Ojalá en esta última semana, tengamos un poquito de sensatez y sentimientos.

Esta semana, Gustavo Petro decidió responderle a Felipe Zuleta con una expresión que incluía un “Heil Hitler”. Más allá de las explicaciones posteriores, de los contextos que algunos intentaron reconstruir y de las interpretaciones que inevitablemente siguieron, hay un hecho imposible de ignorar: millones de personas leyeron esas palabras sin contexto alguno.

Treinta y cuatro millones de usuarios en una plataforma donde los mensajes viajan más rápido que las aclaraciones. Treinta y cuatro millones de posibles lecturas de una referencia al nazismo en un momento histórico en el que el fascismo, bajo formas diversas y adaptadas al siglo XXI, ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los historiadores para convertirse nuevamente en una amenaza política real.

Las palabras importan. Más aún cuando provienen de un jefe de Estado. Más aún cuando son pronunciadas en una época donde el algoritmo premia la indignación y castiga los matices.

Pero quizá el problema de fondo no es el trino. El problema es lo que el trino revela.

Petro parece cada vez más desconectado de la coyuntura política que él mismo ayudó a construir. Mientras el país discute el futuro, la sucesión, la seguridad, la economía o el rumbo de la izquierda después de su gobierno, el presidente insiste en convertir cada episodio en una disputa sobre sí mismo.

Paradójicamente, pocos han trabajado con más disciplina por la campaña de algunos de sus adversarios que el propio Petro. Lo acaba de hacer con Abelardo de la Espriella. Como ha ocurrido antes con otros personajes, el presidente parece incapaz de distinguir entre combatir una figura política y amplificarla. La consecuencia es evidente: termina regalándole centralidad a quienes dice combatir.

Esa necesidad permanente de ocupar el centro del escenario también ha dejado al descubierto una fractura cada vez más evidente con Iván Cepeda.

Cepeda parece atrapado en una situación casi hamletiana: to Petro or not to Petro. Debe representar una continuidad política sin convertirse en una prolongación personalista del presidente. Debe defender un proyecto sin cargar necesariamente con todos sus errores. Debe convencer a quienes apoyaron al gobierno sin espantar a quienes están cansados de él.

Hasta ahora, su estrategia ha consistido en hablar de los errores del petrismo en términos generales. Habla de la necesidad de corregir rumbos, de aprender lecciones y de construir una nueva etapa. Pero nunca señala con claridad cuáles fueron los errores concretos ni quiénes fueron sus responsables. Nunca menciona aquello que buena parte del país identifica como los problemas centrales de este gobierno, porque políticamente no puede hacerlo.

No puede romper con Petro porque necesita una parte de su base electoral. Pero tampoco puede abrazarlo completamente porque sabe que buena parte del país está buscando precisamente una alternativa a esa forma de ejercer el poder.

Esa es la paradoja de su candidatura: necesita demostrar que no es Petro, sin poder decir exactamente qué fue lo que Petro hizo mal.

El resultado es una ambigüedad que empieza a costarle claridad. Y en este momento Colombia parece estar pidiendo exactamente lo contrario: definiciones claras.

Pedro Adrián Zuluaga ha sugerido que sería más interesante escuchar las propuestas de Cepeda que verlo concentrado en oponerse personalmente a Abelardo de la Espriella. La observación es pertinente. La confrontación directa contra figuras de la derecha le produjo enormes dividendos políticos al petrismo durante años, especialmente en su antagonismo con Álvaro Uribe. Pero el contexto ha cambiado.

Cada vez que Cepeda convierte a Abelardo en el centro de su discurso corre el riesgo de repetir una fórmula agotada. La política de la próxima década difícilmente podrá construirse únicamente alrededor de la identificación de enemigos. Colombia parece estar demandando algo distinto: propuestas, horizontes y capacidad de convocatoria.

Porque la pregunta verdaderamente importante ya no es contra quién está Cepeda. La pregunta es para qué está Cepeda.

Y ahí aparece otro problema para el progresismo colombiano. Mientras buena parte de la conversación pública gira alrededor de las disputas dentro del petrismo, no ha existido un esfuerzo serio de convocatoria hacia el centro político, que hoy encuentra en Sergio Fajardo su principal referente.

No ha habido una operación profunda de persuasión democrática. No ha habido una estrategia consistente para seducir a quienes podrían compartir algunas reformas sociales pero siguen desconfiando de los modos, los tonos y las prioridades del gobierno. No ha habido una conversación genuina con quienes no se sienten representados ni por el uribismo ni por el petrismo.

Esa ausencia resulta particularmente llamativa porque ninguna fuerza política puede aspirar a convertirse en mayoría nacional renunciando a convencer a quienes piensan distinto.

Por eso la verdadera oportunidad histórica de Cepeda podría ser mucho más importante que ganar una elección presidencial.

Podría consistir en convertirse en el líder de una izquierda capaz de existir más allá de Gustavo Petro.

Una izquierda menos dependiente del carisma de un individuo. Más plural. Más institucional. Más democrática en sus prácticas internas. Menos condenada a las frustraciones que producen inevitablemente los proyectos construidos alrededor de una sola figura.

Que ese proyecto guste o no guste es una discusión legítima. Pero toda democracia necesita fuerzas políticas capaces de sobrevivir a sus fundadores.

Y es ahí donde aparece una última paradoja.

A veces da la impresión de que lo que más le duele hoy a Gustavo Petro es dejar de ser el centro de la coyuntura nacional. Como si la discusión pública hubiera comenzado a desplazarse hacia otros temas, hacia otros liderazgos y hacia el inevitable debate sobre lo que vendrá después de su gobierno.

Sin embargo, quizá el propio Petro sea consciente, en algún nivel, de que ese ciclo está llegando a su fin.

Hace poco pronunció una frase que sonó menos a consigna política que a confesión: “El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde, y a qué”.

Hay algo profundamente humano y melancólico en esas palabras. También algo revelador. Parecen las palabras de un hombre que empieza a comprender que la historia no pertenece para siempre a quienes la protagonizan.

La política colombiana lleva meses discutiendo qué vendrá después de Petro. Tal vez el único que todavía no termina de aceptar esa conversación sea el propio Petro.

La madurez democrática consiste precisamente en eso: aceptar que nadie es indispensable, que nadie es un mesías y que ningún líder puede confundirse con el destino de una nación.

La historia ya le dio a Gustavo Petro su oportunidad.

Ahora le corresponde al país decidir qué viene después.

Y será la historia, para bien o para mal, la que termine dictando el veredicto.

De acuerdo con las denuncias de los medios y los reclamos de la comunidad de padres —cuya asociación llegó a sufrir una suspensión temporal de su personería jurídica por parte de la Secretaría de Educación—, las tensiones con la Embajada francesa surgieron por fallas de transparencia del Consejo de Administración, la abrupta salida del rector Maxime Prieto y sospechas sobre presuntos intereses de orientar el colegio hacia fondos de inversión privados mediante la ejecución de polémicos proyectos de infraestructura.

En días recientes caló en los medios una noticia que, aunque afecta apenas a una minoría, dice bastante sobre la manera en la que las élites bogotanas (y por extensión, las colombianas) se ven a sí mismas y a los demás. El asunto giró en torno a las presuntas decisiones de un órgano de administración del colegio Liceo Francés que involucrarían el predio donde se ubica la institución; un terreno de alta valorización con el “metro cuadrado más caro de Colombia”, de acuerdo con Juan Pablo Calvás, exalumno y periodista de la W Radio, quien reveló varios elementos del caso.

Sin importar si esta era la razón de fondo por la que aquel órgano de administración mantenía relaciones tensas con el Gobierno de la República Francesa, lo cierto es que hubo consecuencias: dicho gobierno —el socio más importante de un proyecto educativo que permanece en el primer percentil de las pruebas Saber— optó por concluir el convenio mediante el cual el plantel recibe subvenciones del Estado francés y su planta profesoral para los niveles preescolar, básico, elemental y medio. De acuerdo con lo manifestado por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, uno de los puntos neurálgicos de la controversia que casi provoca la ruptura es la exigencia de mayor democratización de los órganos de gobernanza de la institución.

Como dato anexo muy relevante en una de las notas matutinas de W Radio/Caracol, y para dar un contexto adicional a la noticia, Julio Sánchez Cristo listaba varios colegios cuyos antiguos predios habían sido convertidos en centros comerciales: el Colegio Andino (hoy Centro Andino, trasladado a Suba); el Colegio José Max León (hoy Atlantis Plaza, trasladado a Cota); y el Liceo Cervantes (hoy Centro 93, con sedes actuales en Chapinero y Usaquén).

Se puede o no estar de acuerdo con la manera en la que los franceses estructuran su esquema de educación pública y universal, pero hay dos puntos en las que coincidimos quienes tenemos o hemos tenido a nuestros hijos en ese sistema: está diseñado para todos y pone a la escuela de barrio en el centro de la vida comunitaria.

Las escuelas públicas francesas no tienen costo para los padres, independientemente de la ubicación del plantel o de los ingresos familiares, pues el único requisito es demostrar que se vive o trabaja en el sector. Así, una escuela pública en un barrio parisino de altos ingresos acoge al hijo de un consejero diplomático y al de la conserje de su edificio, impartiendo los mismos contenidos y suministrando los mismos alimentos.

Esa no es la única diferencia con la educación de las élites en Colombia. Los esquemas de participación en la vida escolar francesa incluyen órganos de gobernanza para los que anualmente se convocan elecciones abiertas. Cualquier padre o madre (sea diplomático o conserje) puede postularse a través de las asociaciones de padres, con obligaciones y derechos estrictamente consignados en la legislación educativa de ese país. La interacción entre padres, alumnos e institución es cotidiana en la administración de los asuntos de la escuela, al punto de contar con “presupuestos participativos” para diversos proyectos de inversión.

Lo del Liceo Francés parecería un problema exclusivo de las clases altas y, ciertamente, en Colombia lo es debido a un modelo que privatizó la educación hace décadas. Este esquema se funda en la concepción de la educación es un acto de caridad o un lujo, y no un derecho fundamental, un factor de cohesión social y la base del progreso económico. Esta visión comercial de la educación privada explica por qué instituciones educativas, incluso las de “élite”, pueden desaparecer un día de un barrio para reaparecer a quince kilómetros de allí, en la sabana de Bogotá, a donde llegan niños mejor adaptados a los asientos de la ruta que a sus propias camas.

Actualización: La crisis, al menos por el momento, se resolvió formalmente el pasado jueves 4 de junio, cuando la Embajada de Francia y el Consejo de Administración emitieron un comunicado oficial conjunto en el que anunciaron la renovación del convenio por cinco años, el cual quedó blindado bajo una reforma estructural de gobernanza plasmada en la aprobación de los nuevos estatutos institucionales que en principio garantizarían mayor participación de las familias y la debida supervisión por parte del gobierno francés. Sin embargo, los padres aún aguardan las decisiones referentes a los cambios en las representaciones del Consejo de Administración y la Asociación de padres.

* Ana María Cristancho Rocha.  Economista de la Universidad Nacional. MBA en Relaciones Internacionales, Fundación Getulio Vargas. Consejera de la Carrera Diplomática y Consular. Actualmente presta servicio en el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración de la Cancillería.

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.