En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

• Quintero, M. (1976). El Capitan Cristobal Quintero. Boletín de Historia y Antigüedades Órgano de la Academia Colombiana De Historia. (63) No. 713, 211.
• Panesso, F. (2020). Familias de Antioquia (De la obra en preparación “Apellidos de Antioquia y Caldas”). Revista Institucional UPB, 23 (83), 193-206. https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista-institucional/article/view/3348
• Gamboa, J. (2004). La encomienda y las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada: el caso de la Provincia de Pamplona (1549-1650). Revista de Indias. (64) No. 232, 749-770. ISSN: 0034-8341
• Romano, R. (1988). Entre encomienda castellana y encomienda indiana: Una vez más el problema del feudalismo americano (Siglos XVI-XVII). Anuario IEHS: Instituto de Estudios histórico sociales, No. 3, 11-39.ISSN 0326-9671
• Prados, C. (2016). La acumulación de oficios (intendente corregidor) tras la Real Cédula de 13 de noviembre de 1766. Un estudio de caso: el Ayuntamiento de Granada (1808-1814). Cuadernos de Historia del Derecho (23), 191-210. ISSN: 1133-7613. http:// dx.doi.org/10.5209/rev_CUHD.2016.v23.53062
• Martínez, A. (2010). La independencia en Pamplona y El Socorro. Revista de Santander. Edición 5, 16-31.
• Pabón, O. (2011) La formación de la junta suprema provincial de Pamplona y el golpe contra el corregidor Juan Bastús y Faya. Memoria y sociedad 15 (31), 30-48. ISSN 0122-5197.
• Quevedo, F. (2016). Nobles judeoconversos: los oscuros orígenes del linaje Córdoba-Ronquillo. Sefarad, (76):2, 363-396. ISSN: 0037-0894, doi: 10.3989/sefarad.016.013
• Frago, J. (2019). Judios, conversos y judeo español. Apuntes históricos. Boletin de filología Tomo 54 Número 1, 153-202.
• Soria, E. Díaz, A.  (2019). Los judeoconversos en el mundo ibérico. Universidad de Córdoba Servicio de Publicaciones.
• Herreros, G. (2019). ‘Escudos Pintan Escudos’: Heráldica de Judeoconversos y Mercaderes en Córdoba en la Edad Moderna. Mediterranea Ricerche Storiche. Anno 16 . Agosto. ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)
• Prado, D. (2009). Del cabildo a la plaza. Popayan 1809-1810. Historia y Espacio Univalle.  https://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/article/view/1729
• De Torre, L. (1914). Mosén Diego de Valera: su vida y obras. Boletín de la Real Academia de la Historia Tomo 64.
• Posada, E. (2013). 1910. La celebración del primer centenario en Colombia. Revista de Indias, (73) No. 258, 579-590. ISSN: 00348341 doi:10.3989/revindias.2013.019
• Congregación de la Misión. (2026). Juan Bautista Malézieux https://historia.vicentinos.co/misioneros/misioneros/
• Enciclopedia Banco de la República (2026). Guillermo Valencia.

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Guillermo_Valencia

• Harold Alvarado Tenorio. Ajuste de Cuentas. (2026). Guillermo Valencia.

https://www.antologiacriticadelapoesiacolombiana.com/guillermo_valencia.html

• Olave, G (2013). El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las FARC-EP. Folios Segunda época (37) Primer semestre, 149-166.
• Henao, D. (2015). Bandolerismo rural en el Bajo Cauca, Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño (Colombia), Revista de Historia Regional y Local (7) No. 14, 1953-1958 ISSN: 2145-132X
• Señal Memoria RTVC (2026). Guillermo León Valencia Muñoz.

https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

Las huestes del Imperio Romano habían abandonado hacía poco Britannia, y el espacio estaba abierto para que los nuevos reinos anglosajones que se repartían el poder tomaran el camino de retorno al paganismo. Circunstancia que entendió Berta y lo mismo el Papa Gregorio I, llamado “el grande”, como oportunidad para acometer una tarea evangelizadora que el pontífice encomendó a Agustín, abad de un monasterio benedictino en Roma. Ese es el origen de “la silla de San Agustín” que después de 1400 años ha venido a ocupar una mujer, la arzobispa Sarah Mullally. 

Agustín, que según la estrategia del papa debía ir a Londres, prefirió quedarse en Kent, donde Berta y su esposo le ofrecieron tierra. Llegó con cuarenta monjes, construyó una abadía y desarrolló una admirable campaña de conversiones, hasta que fue designado por el Papa como Arzobispo de Canterbury en 597, con lo cual se abrió el camino a la tradición del cristianismo británico que llegó a ser tan importante como para convertirse desde entonces en aliado fundamental del poder político, particularmente a partir de la fundación de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, a instancias de Enrique VIII. 

Si bien hubo cristianos en las islas británicas desde el Siglo I, y sus creencias figuraban como una de las muchas que pululaban en comunidades todavía primitivas, la conversión de Æthelberht, a instancias de su mujer, fue un punto culminante en el rumbo que tomarían las cosas, pues ese primer rey convertido a la fe cristiana poco a poco se convirtió en ejemplo y referente para otros. El “secreto”, aunque parezca pagano y pragmático decirlo, es que la adopción del cristianismo llevaba la ventaja de imitar al emperador oriental Constantino, descubridor del poder de la integración de iglesia y Estado. 

A partir de entonces, la importancia de Canterbury fue definitiva en la evolución de la vida británica, y ello se manifestó en el desarrollo mismo de la lengua inglesa, lo mismo que en eventos y avances democráticos que vinieron a tener eco que todavía resuena en los más variados escenarios del mundo. Todo esto además de mantener una vigencia fundamental en el desarrollo de una organización religiosa que incluyó nada menos que la fundación de una iglesia propia, la anglicana.

El 29 de diciembre de 1170 Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue brutalmente asesinado por cuatro caballeros al servicio del Rey Enrique II en el interior de la catedral, después de haber reñido con el monarca, anteriormente su amigo, en cuanto a la supremacía de la autoridad real sobre la de la iglesia. Como suele suceder, quedó la duda de si los asesinos recibieron la orden de matar a Becket, o si le quitaron la vida como gesto exagerado de busca de privilegios del monarca. Lo cierto es que, desde entonces, Becket se convirtió en santo y el sitio de su asesinato en lugar de peregrinación con profundo sentimiento popular. 

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en 1215, jugó un papel importante en las negociaciones entre el Rey Juan y los barones, al punto que se dice ayudó a redactar nada menos que la Carta Magna, que vino a establecer el principio de que nadie está por encima de la ley, incluido el monarca. Fundamento de la futura democracia inglesa, anterior a las demás de occidente y sobreviviente a todas las vicisitudes de la historia interna e internacional, que no han sido pocas.  

Geoffrey Chaucer se instaló allí entre 1387 y 1400 para escribir sus 24 célebres Cuentos de Canterbury, que representaron la “liberación” de la lengua inglesa al adquirir su propia identidad literaria, separada del francés anglo-normando y del latín, de los cuáles conservó elementos embellecedores. Con ello contribuyó a que la lengua inglesa, con base en el londinense vernáculo, se popularizara ,y pudiera ser vehículo de comunicación de sutilezas, complejidades y expresiones poéticas.    

La ruptura con la Curia Romana, y con la autoridad de los papas en el Siglo XVI ha sido tal vez el hito más importante de la relevancia del arzobispado de Canterbury. Declarada la independencia de la Iglesia de Inglaterra, luego de los conocidos enfrentamientos del rey Enrique VIII con el papado de Roma, Thomas Cranmer se convirtió en el primer arzobispo de la nueva iglesia protestante, y en consecuencia tuvo a su cargo el diseño de The Book of Commmon Prayer, que marca la identidad del cristianismo anglicano.

Cuando la reina Mary I, católica, llamada por los británicos “Bloody Mary”, llegó al trono en 1553, se puso por oficio vengar a los autores y cómplices del divorcio de su padre Enrique VII con Catalina de Aragón, su madre, y de la apertura forzada a la reforma protestante en Inglaterra, según la conveniencia del monarca. Cranmer fue acusado de traición y herejía, pero fundamentalmente de la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, así como de la degradación de ésta última. Por lo cual terminó quemado vivo, a pesar de haber renegado varias veces por escrito de su fe protestante. Gesto del cual se arrepintió a la hora de morir, por lo cual puso su mano derecha a quemar primero que todo por haber firmado semejantes documentos. 

A partir de Cranmer se ha mantenido, con sede en Canterbury, una “sucesión apostólica” que otorga a quien ocupe la silla de San Agustín la calidad de “primus inter pares” en el mundo entero de la denominación anglicana, que se extiende a más de 160 países. Y desde el año 973 existe la tradición según la cual al arzobispo corresponde la coronación de los monarcas británicos. 

Esta es, con la mención de unos pocos hechos, la tradición que hereda y representa Dame Sarah Elisabeth Mullally, originalmente enfermera, casada con Eamonn, de quien tomó su apellido, madre de dos hijos, miembro de la Cámara de los Lores, anterior obispa de Londres, ahora arzobispa de Canterbury y por lo tanto suprema referente de la Iglesia Anglicana para el mundo entero. Desde ahora, eso sí, bajo el patronazgo del Rey Carlos III, estandarte y protector de la Iglesia Anglicana. 

La selección de Sarah se desarrolló a lo largo de un proceso complejo, que tomó más de un año a partir de la renuncia del arzobispo Justin Welby, quien dejó el cargo en noviembre de 2024 por no haber actuado con suficiente diligencia frente al abuso de niños por parte de un amigo suyo. Así quiso evitar que se mancharan el prestigio y la autoridad que deben caracterizar a quien ostente el arzobispado. Renuncia sin precedentes en 1427 años, que demuestra encomiable celo por la preservación de la rectitud en el ejercicio de funciones de alta responsabilidad pública. Nada de “aquí me quedo”.

Antes de convertirse en la persona que ostenta, por centésima sexta vez el arzobispado, y hasta su ascenso en Canterbury, Sarah Mullally continuó ejerciendo como obispa de Londres. La escogencia estuvo a cargo de un comité de 17 personas, presidido por Lord Evans de Weardale, antiguo jefe del espionaje, cinco miembros no ingleses, entre ellos un arzobispo palestino, un ingeniero argentino y un profesor ghanés, seis representantes del Sínodo General de la Iglesia, tres de la Diócesis de Canterbury y dos del obispado de Norwich. Asistieron además dos miembros sin voto.

La comisión abandonó la tradición de que los candidatos fuesen blancos, graduados de Oxford o Cambridge, del género masculino, y procedentes del sureste de Inglaterra. La escogida, que por primera vez no estudió ni en Oxford ni en Cambridge sino en una universidad discreta del sur de Londres, fue puesta a consideración del primer ministro, quien recomendó al rey su nombramiento. Luego de lo cual vino la ceremonia de confirmación de la elección en reunión secreta en Canterbury, la confirmación pública de la elección en la Catedral de San Pablo de Londres y finalmente la entronización en la catedral de su ejercicio como arzobispa de ahora en adelante.

La ascensión de la arzobispa no estuvo libre de controversias y dificultades, y existen todavía elementos que ponen a prueba la aceptación profunda de su presencia y su condición de primus inter pares en el variado mundo de una iglesia que no limita su presencia a las islas británicas. Su condición de mujer, aceptada con entusiasmo por algunos sectores, no es vista con los mismos ojos en otros, y su talante liberal y abierto a una interpretación no restringida de la fe cristiana y más bien inclusiva y permisiva respecto de asuntos como las uniones homosexuales, estarán en adelante a prueba frente a las vicisitudes de su ejercicio.

Por ahora, no deja de ser un acontecimiento loable el relevo en el cumplimiento de funciones tan importantes reservadas hasta aquí a los hombres, que han producido suficientes altibajos como para que sea sano dejar instituciones de alta trascendencia en manos de mujeres virtuosas. En eso va la tradición instalada hace 1429 años por Berta, pionera del cristianismo británico. 

Se han creado mecanismos para aprobar nuevos pregrados en poco tiempo. Simultáneamente, se han eliminado programas con bajas tasas de empleabilidad. Como declaró Liao Xiangzhong, rector de la CUC: “El futuro será la era de la división del trabajo entre humanos y máquinas. La educación debe cambiar por completo: el profesorado debe entender qué papel desempeña en el sistema de conocimiento y dejar el resto a la IA”.

LUCES

La gran virtud del sistema chino es su velocidad de adaptación. Mientras muchas universidades aún discuten cómo incorporar la IA a sus planes de estudio, China comprendió que no se trata solo de añadir una asignatura, sino de repensar carreras completas, métodos de enseñanza y perfiles profesionales. Cambios comprensibles en un contexto de cambio tecnológico, altas tasas de desempleo y competencia por el liderazgo global.

También hay un acierto de fondo en la apuesta por la colaboración humano-máquina. La IA puede asumir tareas repetitivas, procesamiento de datos, traducción básica o generación de borradores. Esto desplazará el trabajo humano hacia funciones de creatividad, juicio, estrategia, interpretación y supervisión crítica. Bien orientada, esta transición no tendría por qué degradar la educación, sino encaminarla a reflexionar y enseñar lo que la máquina no puede hacer.

SOMBRAS

Pero emerge el perfil inquietante del modelo: su instrumentalismo. La reforma trata a la universidad como una plataforma de ajuste productivo. Tienen más valor las carreras que responden a la demanda inmediata y menor valor las que cultivan la reflexión, la memoria o la imaginación. El problema no es adaptar la educación al cambio tecnológico, sino someter el conocimiento al criterio de la utilidad económica.

Ese utilitarismo tiene consecuencias humanas e intelectuales. Para los estudiantes de las carreras eliminadas, la reforma no es una promesa, sino la certeza de que estudiaron una disciplina inútil. El riesgo es aún mayor para la universidad. Cuando las decisiones académicas empiezan a depender de métricas de empleabilidad y señales de mercado, la institución puede volverse muy eficiente para responder al presente, pero incapaz de preservar saberes, formar criterio y resistir la volatilidad tecnológica.

LA TRAMPA DE LA HIPERESPECIALZIACIÓN

Otra sombra preocupante es la pérdida de la interdisciplinariedad. Al sustituir carreras por programas vinculados a tecnologías de punta, China corre el riesgo de formar profesionales muy eficientes para el mercado de hoy, pero frágiles para el del 2040. La historia tecnológica muestra que los ciclos de innovación pueden ser vertiginosos.

Por ejemplo, en España la telefonía móvil dio un salto decisivo en 1995 con la llegada del sistema GSM, que desplazó tecnologías anteriores y reorganizó el sector por completo. Ese antecedente ayuda a entender el problema de fondo. Cuando la universidad forma especialistas atados a una tecnología específica, corre el riesgo de que ese conocimiento envejezca antes de consolidarse profesionalmente. Por esa razón, una formación con bases robustas en humanidades, ciencias básicas y pensamiento abstracto, suele ser más resiliente que los programas diseñados alrededor de una innovación puntual.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

La revolución educativa china es un experimento fascinante y valiente. Sin embargo, el instrumentalismo convierte a la universidad en una fábrica de perfiles técnicos. A lo anterior se le suma la angustia de los estudiantes de las disciplinas extintas y una posible fragilidad a causa de la hiperespecialización.

China podría combinar su velocidad con una “cláusula de salvaguarda humanística”: cada carrera tecnológica incluya al menos un 25% de créditos en pensamiento crítico, historia o ética. Singapur ya lo hace. También podría garantizar que los estudiantes de las carreras eliminadas tengan la opción de terminar sus estudios con un “complemento de empleabilidad” financiado por el Estado. Sin estos ajustes, la revolución educativa será técnicamente brillante pero humanamente frágil.

En pocos años veremos a otras naciones copiar el modelo si China tiene éxito. Si fracasa, servirá como advertencia de lo que ocurre cuando se olvida que la universidad no solo debe preparar trabajadores, sino humanos para la vida, la duda y la creación desinteresada.

Por ahora, los estudiantes asisten a clase sin saber si sus títulos son un pasaporte o un epitafio.

Conmovido, como corresponde a un presidente que ejerce la obligación de representar el sentimiento de propios y extraños ante la desaparición de una figura pública, Emmanuel Macron asistió a la ceremonia que, en la Esplanada de Los Inválidos, tuvo lugar en homenaje póstumo a Lionel Jospin.

Como si el presidente Macron hubiera vuelto a sus raíces, ya que fue militante del Partido Socialista Francés antes de organizar su propio partido, y en todo caso como intérprete de los sentimientos de la militancia antigua y nueva de ese partido, dio lectura emocionada a un discurso conmovedor que repasó la trayectoria de Jospin y subrayó las características principales de su legado.

Con sorprendente familiaridad, Macron recordó la condición calvinista de Jospin, su exquisita formación, su temprana militancia en el Partido Socialista, las tareas cumplidas en el entorno inmediato de Francois Mitterrand, su participación en congresos definitivos del proyecto socialista, los ministerios que ocupó en el gobierno Rocard, la jefatura del partido, su actuación como miembro del Consejo Constitucional, su jefatura del gobierno en cohabitación, sus candidaturas presidenciales y su retiro en dignidad de la vida pública.

El protagonismo propio de Jospin vino a ser realidad luego de la desaparición de su maestro Francois Mitterrand. Como era previsible, 14 años de omnipresencia de un presidente socialista, elegido según la constitución gaullista dos veces seguidas para períodos de siete años, habían llevado el péndulo en una dirección que tenía que cambiar. En ese orden de ideas, la previsible derrota socialista de 1993 debía conducir a una profunda reflexión sobre el futuro del partido.

Lionel Jospin estuvo al frente de una travesía por el desierto durante la cual su partido tenía que reflexionar sobre los éxitos y las equivocaciones de la era Mitterrand, para salir a proponer cosas nuevas y pertinentes, con la mirada puesta en el remate del siglo y el comienzo de un nuevo milenio. Ese fue el origen de las propuestas de la “Izquierda Plural”, libre de dogmas derrotados por la experiencia, como aquel de la indispensable supremacía del Estado en la administración de la mayor cantidad de emprendimientos de significación para los ciudadanos.

En esa izquierda plural, menos ortodoxa y más amplia, vinieron a caber miembros del desfalleciente partido comunista lo mismo que del naciente de los verdes, engrosado con los que pasaron de rojo a verde. Prueba de la pertinencia de esa transición programática vino a ser el triunfo de retorno de la izquierda democrática con Jospin como portaestandarte, para protagonizar la cohabitación más larga de la Quinta República.

A lo largo de esa cohabitación, prolongada y estable, el presidente Chirac se ocupó exclusivamente de los asuntos de defensa y relaciones exteriores, mientras el primer ministro fue un verdadero jefe de gobierno. Así se pudo abrir paso el mandato programático de la nueva versión de la izquierda, que con Jospin a la cabeza introdujo reformas como la reducción de la jornada laboral, para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la cobertura en salud para ciudadanos de menores recursos económicos comprobados, y el famoso PACS, Pacto Civil de Solidaridad, destinado a formalizar la unión de personas del mismo sexo, aprovechado más tarde por no homosexuales en busca de formalización de su vínculo como sucedáneo del matrimonio.

Se dice en Francia que Jospin privatizó más empresas públicas que los gobiernos de la derecha. En la lista figuran entre otras Air France, Thomson Multimédia, AGF, Credit Lyonnais, France Telecom y Aérospatiale-Matra. También figuran rebajas de impuestos que serían más bien propias de gobiernos de derecha tradicional.

El sello de esa nueva izquierda no llevaba ya la marca del culto al Estado como el gran emprendedor y gerente de asuntos que podían estar en manos del sector privado. De manera que ya no se le concebía como garante a ultranza de beneficios para quienes no tuviesen voluntad o vocación de abrirse paso dentro del modo de producción capitalista, contagiados por el virus retrógrado de un peronismo a la francesa.

Semejante ruptura pragmática con los postulados estatistas que en su momento fueran paradigma romántico del Partido Socialista, no salió necesariamente de la traición a sus propias tradiciones o de una claudicación blandengue ante el empuje de otros partidos. Más bien salió del choque con la realidad a la hora del ejercicio del poder y de reacciones frente a los beneficios el Estado, no siempre con el espíritu constructivo esperado sino con el ánimo de vivir sabroso a costa del esfuerzo de otros, que si se sumaran a la misma causa producirían la ruina generalizada, como predijo el ideólogo socialista Jacques Attali, asesor inmediato de Mitterrand y tal vez la persona más sensata, ecuánime y realista de la izquierda democrática europea.

Sin desmontar el Estado de Bienestar en su versión original, los postulados del Partido Socialista comenzaron desde entonces a cambiar para dejarlo como protagonista de la atención de las “urgencias sociales” y la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, comprometido con una “justicia fiscal” que exija contribuciones de solidaridad a los más poderosos de manera que sea posible financiar servicios como la salud y la educación, además de atender la causa de la defensa del ambiente y la transición hacia energías renovables.

Lionel Jospin recibió el bautismo de fuego de la derrota en su primer intento como candidato a la presidencia, cuando en las elecciones de 1995 obtuvo el primer lugar en la primera vuelta frente a una derecha dividida entre Chirac y Édouard Balladur, pero en la segunda vuelta perdió por estrecho margen. No obstante, su fortaleza política aumentó de manera que tan pronto como en 1997 su partido se impuso en las parlamentarias, de donde salió su obligación política de formar un gobierno en cohabitación con el propio Chirac.

En las elecciones de 2002 fue por segunda vez candidato presidencial. Como primer ministro en ejercicio, tuvo que afrontar críticas por su gestión cuando la discusión se centró en los problemas de la delincuencia creciente, y fue atacado por gente de su propio partido por su favorecimiento del libre mercado, de manera que tuvo que afrontar la competencia de candidatos socialistas radicales que le quitaron porciones del electorado, al punto que no alcanzó a clasificar para la segunda vuelta.

Ya se sabe que, ante la alternativa de elegir entre la continuación del desgastado Jacques Chirac y la entronización del campeón de la extrema derecha, Jean Marie Le Pen, los propios socialistas, como el resto de la izquierda, se vieron políticamente obligados a votar por Chirac, que obtuvo por esa vía, y contra todo pronóstico, un segundo mandato presidencial.

Sacado del juego en virtud de esa peculiar situación política, a las puertas de la presidencia, Lionel Jospin reconoció su derrota y se retiró de inmediato de la vida pública, en gesto y con actitud ejemplares de político de talla mayor, sereno y digno, sin síntomas de desespero ni venganza, y sin insistir en la búsqueda reiterada del poder. De manera que no pasó a la lista de quienes toman por oficio ser siempre candidatos como resultado del enamoramiento platónico del poder.

Desde entonces cumplió a cabalidad con la regla de oro de los retirados, que dejan atrás la edificación de su trayectoria pública para retomar los capítulos postpuestos de su realización personal, habiendo dado hasta el último de sus días muestras de una integridad que siempre le caracterizó y permitió la terminación de su vida como ejemplo de rectitud y coherencia, conforme a principios éticos y morales que jamás abandonó. Así lo tiene que reconocer el juicio de la posteridad. Y así deberíamos exigir que se comporten, con integridad, los políticos de actualidad.

Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Toda la derecha colombiana contra un solo partido. Así están las cosas.

La izquierda dejó de ser la Cenicienta de la política colombiana. Después de sufrir persecución y ver morir a los suyos por pensar distinto, el progresismo encontró por fin la zapatilla. A través del Pacto Histórico hoy es la primera fuerza política del país con 25 senadores y 40 representantes a la Cámara. Pueden ser más cuando termine el reconteo de votos. Pintada en la pared ya no está.

Nos han vendido el cuento de un país polarizado entre dos extremos: el uribismo y el petrismo, una mirada sesgada de la realidad, que la propia derecha usa de manera hábil, sin otro fin distinto que el de satanizar a la izquierda. En cada elección recurren al argumento de la polarización para darle vuelo a un centro que no cuaja, porque ahí caen los mismos y las mismas que siempre han cabalgado a la derecha o en gobiernos de derecha.

Juan Daniel Oviedo, que se vendió como político de centro -según él cansado de los extremos-, cayó en brazos de Uribe y ahora es el candidato a vicepresidente por el Centro Democrático. De no haber sacado los votos que sacó, estaría repartiendo hojas de vida como los demás. Se le apareció la Virgen y, si la jugada le resulta en las elecciones de mayo, ya no quedará para vestir santos como Vicky Dávila.

El centro no es centro porque yo diga que soy de centro. Se construye a partir de un movimiento político con representación y un papel decoroso en el Congreso de la República, con leyes que se vuelvan hechos reales y no con simples discursos bienintencionados. En ese sentido, la Alianza Verde ha sido lo más cercano a un proyecto serio de centro (pese a tener entre sus filas gente de derecha como el influencer Jota Pe Hernández, que sigue sacando votaciones altas a pesar de su mediocre papel como senador), pero debe seguir trabajando por consolidarse. En esta elección ese partido obtuvo 11 curules en el Senado y 9 en Cámara.

Por eso, cuando en una elección presidencial solo quedan dos contrincantes, uno de derecha y otro izquierda, ese supuesto centro muestra el cobre y termina respaldando al candidato de derecha, por cuestiones de afinidad ideológica, incluso si ese candidato pertenece al extremo uribista, como pasó en 2018 en la final Duque-Petro que ganó Duque y en la final de 2022 entre Petro-Hernández (apoyado por el Uribismo, después de que se desinfló Fico Gutiérrez, inflado a punta de encuestas y titulares de prensa), que ganó Petro.  

En las elecciones del 8 de marzo de 2026 pasó algo interesante que nadie está viendo y que analizaré a la luz de las votaciones para Senado: El Pacto Histórico, como partido único, se convirtió en la primera fuerza política de Colombia al pasar de 20 curules en 2022 a 25 en 2026. A excepción de la Alianza Verde (11 curules) e Indígenas (2 curules), las demás curules (66 en total), corresponden a siete partidos tradicionales y esencialmente de derecha, así por orden de escaños: Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Partido Conservador (11), Partido de la U (9), Cambio Radical (6), Salvación Nacional (5), Nuevo Liberalismo con Mira y Dignidad (5).

Entonces, el país no se polarizó porque polarizado siempre estuvo en favor de la derecha, no de otra manera se explica la violencia bipartidista del siglo anterior (conservadores matando liberales y liberales defendiéndose). Lo que está pasando de novedoso desde la irrupción de Gustavo Petro, es que la izquierda comenzó a crecer en representación política hasta constituir hoy una fuerza con el poder suficiente para pelear la presidencia de la República, lo que no ocurrió en doscientos años de vida republicana. No se puede seguir hablando de polarización con un único partido de izquierda que se enfrenta como David a siete de derecha, que siguen siendo el Goliat que manda en el Legislativo, y de ahí su oposición tenaz a las reformas sociales que planteó Gustavo Petro.

Visto así, está naciendo un nuevo bipartidismo en Colombia donde el poder ya no se lo reparten cada cuatro años los conservadores y liberales (vestidos con otros nombres, claro), sino que ahora la izquierda tiene el mismo derecho legítimo que el resto.

La construcción de este nuevo bipartidismo derecha-izquierda (o izquierda-derecha), como si habláramos de Republicanos y Demócratas en Estados Unidos, es la mejor de las noticias, incluso porque eso despeja la posibilidad de que se pueda construir un centro capaz de ser distinto a la derecha y distinto a la izquierda, como esa tercera vía con la que tantos sueñan pero que se volvió imposible desde cuando aparecieron las ballenas en el horizonte. Eso es sano para la democracia y para evitar, por ejemplo, que el país caiga en manos de una peligrosa ultraderecha, como viene ocurriendo en países de Europa.

La izquierda democrática, la que representan el Pacto Histórico y un social-demócrata como Iván Cepeda, en cuestión de 20 años creció a paso lento pero seguro. De 8 curules que obtuvo con el Polo Democrático en el gobierno de Uribe (2006), pasó a 25 en 2026; se concluye al analizar este cuadro del analista León Valencia.

Para decirlo con sus vocales y consonantes, Colombia está asistiendo a una transición capaz de romper por fin la hegemonía centenaria de la derecha, que es la hegemonía de las élites y los apellidos ilustres. Cinco curules de más en 2026 respecto a 2022, hacen la diferencia. Y si el Pacto Histórico se proyecta como un partido de largo aliento, empezando desde hoy a forjar liderazgos y hacer pedagogía en torno a la idea de una sociedad progresistas —es decir menos desigual— a la vuelta de otros 20 años podría perfectamente disputar la mitad de las curules en Senado y dejar a la derecha con otra mitad, y no con las 66 que hoy tiene en esa Corporación. La izquierda debe saber leer este momento sin caer en falsos triunfalismos, y hacerlo de la mano de la ciudadanía.  

Sin embargo, las buenas intenciones son insuficientes. Se necesitan crear las condiciones para que el país hable sobre la necesidad de una reforma política que modernice los partidos, privilegie la participación ciudadana y permitan restaurar la decencia en el ejercicio de la política, arrebatada por caciques,  mañas, escándalos y personajes nefastos que llegan al Congreso para nunca más salir de allí, con salarios astronómicos que ubican al Capitolio Nacional como el mejor escampadero para hacerse rico, pues muchos “honorables”, sin comportarse como tal, llegan únicamente a calentar butaca a cambio de $50 millones mensuales, más los negocios que muchos hacen por debajo de la mesa. Una reforma que valga la pena debe permitir la veeduría sobre la labor de los mal llamado padres de la Patria. Son meros empleados de la cosa pública y deben estar bajo estricta y permanente vigilancia.

Esa reforma política debe poner fin a tanto partido de garaje (como los de Fico Gutiérrez, Juan Daniel Oviedo, Ingrid Betancur o Carlos Caicedo), que en esta elección al no alcanzar el umbral perdieron su personería jurídica. Pero sobre todo, para evitar que la política se vuelva un negocio redondo, donde mucha gente sale derrotada pero con los bolsillos llenos por la vía de la reposición de votos.

El presidente Petro prometió una reforma política y no cumplió. El Pacto Histórico, gane o no la presidencia Iván Cepeda, debería presentarla el próximo 20 de julio. Esa debe ser la cuota inicial de un nuevo país, uno modelo siglo XXI, donde personajes como César Gaviria, Germán Vargas Lleras o Álvaro Uribe entiendan que nadie es eterno en la política, y donde personajes como Jorge Enrique Robledo o Lucho Garzón, que se quemaron esta vez, entiendan que el Congreso tampoco es el geriátrico de la clase política. Qué penoso es hablar con la verdad, pero el relevo generacional debería ser un hecho natural. ¿Cuántos periodos debería estar un congresista?, es una buena pregunta para abrir el debate.

Con un nuevo bipartidismo, la izquierda queda avisada de que si lo hace mal, la derecha vuelve al poder, y del mismo modo en el sentido contrario. Esa es la verdadera democracia, la alternancia de poder entre distintos, y no el poder en manos de los mismos con las mismas. Los ciudadanos estamos vigilando con el fuete del voto consciente para castigar a quien toque en las urnas.

Espere mañana en este blog: Doctor Pastrana, no nos hemos olvidado de su señoría.

Mariátegui, 1928.

En septiembre de 1926 apareció el primer número de la Revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la Revista era un homenaje a los antiguos maestros educadores de la nobleza en el imperio incaico; solo “refleja el homenaje al incaismo”, sostuvo el peruano, pero con un sentido y fines diferentes, un sentido, una acepción, que había que crear en un Perú y en un mundo nuevos, más allá del capitalismo.

La revista Amauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, de crear un socialismo peruano, indoamericano. Esta tarea sonaba extraña para los marxistas de manual que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa, esto es, en sociedades que, de acuerdo con el Komintern, hubieran atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y se hallaran en un capitalismo con una burguesía y un gran desarrollo de la clase proletaria.  

Pues bien, sin conocer al último Marx, el mismo que le había contestado en 1881 en una carta a Vera Zasúlich que era posible partir de la comuna rural (la obschina) para construir el socialismo en Rusia, sin necesidad de atravesar todas las etapas del desarrollo que el capitalismo había tenido en Inglaterra y en los países occidentales, Mariátegui llega a la misma conclusión y se empeña en construir el socialismo en la periferia de Europa. Si Marx, y los primeros populistas rusos (naródniki) del siglo XIX como Herzen o Chernyshevski , pensaba que era posible partir de la comuna rural  y construir el socialismo, eso sí, aprovechando los aportes materiales, técnicos y espirituales creados por la modernidad y el capitalismo en Occidente, Mariátegui buscó recuperar el ayllu incaico, como unidad básica económica y social, y las formas y relaciones comunitarias indígenas y agrarias supérstites, para edificar un nuevo socialismo.  

Mariátegui no buscaba revivir el incaismo, ni extender el comunismo indígena y sus formas supérstites al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una identidad sustancial, virginal y pura del indígena. Eso ya no era posible en un Perú cuyas instituciones eran básicamente occidentales, y donde el país estaba inscrito ya, atravesado, por esa cultura. Lo que él pretendía era aprovechar esos elementos cooperativos sobrevivientes, esos insumos, para construir el socialismo en el Perú. Esto lo deja claro en 1928 cuando dice que:  

“no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, dentro de una técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.

Lo que hizo Mariátegui fue un análisis detallado, materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas, que, adornados con el liberalismo, habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna, del libre trabajo y salario. Mas bien, esas relaciones y estructuras económicas habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes con las exigencias de un capitalismo moderno. Eso creó una “economía colonial” articulada al capitalismo extranjero de la época.

Digamos que antes de la teoría de la dependencia, Mariátegui había mostrado como las burguesías latinoamericanas, señoriales como en el Perú, no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el posterior a 1867, Mariátegui se percataba de la existencia de un desarrollo desigual y periférico; un capitalismo dependiente, como se diría después. Esto es lo que aparece en su obra cumbre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, uno de los mejores ejemplos, en Nuestra América, de la aplicación de la concepción materialista de la historia en la investigación de las realidades y las formaciones sociales concretas.    

Entonces, si el problema del indígena en el Perú era, principalmente, económico, y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas, de poder (el gamonalismo) y la base económica (el latifundio), para eliminar la servidumbre indígena. Por eso era necesario construir una voluntad nacional-popular, una voluntad común, una hegemonía en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el “sujeto revolucionario de la historia” o algo similar. No. Exigía la articulación de las masas indígenas campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, que animados por el mito del socialismo, se encaminaran de forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea de Lenin de la “alianza”. Y en este proyecto político, el mito, que Mariátegui había tomado de Georges Sorel, operaba como pegante emocional, como élan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba en la praxis política misma.

En verdad, en Mariátegui el partido y el proletariado seguían siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano, pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población era indígenas campesinas, no se podía lograr la cancelación de la servidumbre si esas clases no estaban igualmente emancipadas. En Perú, la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono, que aprovechaba la tradición, pero que también asumía los logros modernos, era tan solo una etapa, una fase, de la construcción de un socialismo cosmopolita más allá de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental. Crisis que en Europa era patente tras el final de la Gran guerra (1914-1918), tal como aparecía en el libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.

Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo de vacas al que se refería Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, como si pudiéramos, por ejemplo, prescindir de la teoría de la relatividad; pero también llamaba a que el socialismo en América no fuera “copia y calco” del europeo. El socialismo peruano debía partir de la realidad concreta, de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero; debía reconocer el grado de desarrollo pero, igualmente, debía prestar atención a la cuestión cultural y educativa del indio, del peruano en general, como bien lo percibió Augusto Salazar Bondy.

En este último aspecto Mariátegui acogía el gran énfasis que el marxismo historicista italiano en el que se formó, el de Benedetto Croce, Gobetti, Gramsci y, por su puesto de Lenin en Rusia, daba al papel de la cultura. El Amauta entendía que se necesitaba una reforma cultural y moral, pero esta se lograba en el trabajo con las masas, con la educación por medio de las escuelas rurales y agrarias, con el periódico, con las revistas y también en las cátedras de las universidades populares.

La Revista Amauta fue, entonces, uno de esos artefactos culturales para elevar el nivel intelectual, de conciencia, de las masas populares. Un medio para dar la batalla cultural, diríamos hoy. Por eso en el primer número decía: “El objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos al Perú siempre dentro del panorama del mundo”. La revista se presentaba como parte del proyecto de construcción del socialismo en el Perú, junto a Labor, el periódico creado para los obreros y las distintas organizaciones que hubieran acogido el mito socialista. Duró 4 años y alcanzó a publicar 32 números. Articuló parte de la intelectualidad del continente, y publicó crítica literaria, análisis político, corrientes filosóficas, etc.

Era una revista con espíritu, parte de un proyecto. No era como las revistas académicas actuales que reproducen el paperfordismo y, con él, la mercantilización burda del conocimiento. Era una revista con claridad política, sin la asepsia ideológica y burocratil de las revistas actuales.       

El marxismo sui generis de Mariátegui.

Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, algo ecléctico, y sin el calado teórico al estilo de un Adorno, un Lukács, un Korsch, pero que rescataba el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y cuya mejor virtud era la capacidad para aplicar el método al análisis de la realidad concreta. Con acierto ha dicho el filósofo Pablo Guadarrama, que: “[ Mariátegui] no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo reino de los filósofos. No era su preocupación y no hizo esfuerzo especial por parecerse a ellos”. Esto se debe a que Mariátegui fue, ante todo, un autodidacta, un militante, un revolucionario, pero fue un auténtico genio, uno de esos frutos escasos de la historia, con una gran capacidad para “tomar fotos” de la realidad, para analizar lo que ocurría en el mundo. Su método “periodístico y cinematográfico”, como dice en 1925, en la Advertencia de su libro La escena contemporánea, está basado en la siguiente idea de Bergson:  

“Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento, para imitar lo característico del devenir mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, como de expresarlo o, incluso, de percibirlo no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”.

Creo que en esa capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, está su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo (visto de manera positiva) y de las fuentes de las que bebió. Él admiró a Sorel quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson; tomo elementos de Croce, de James, de Simmel y otros. En fin, asumió contenidos de los mal llamados “irracionalismos” (que prefiero llamar filosofías de la vida o Lebenphilosophie), los cuales también rescataron la interioridad humana sus pasiones, sus afectos, las emociones, y buscaron un humano más íntegro, sensible, espiritual. Las filosofías de la vida de la Europa finisecular contenían, también, una crítica de la cultura. Mariátegui asumió ideas vitalistas, como la crítica de la razón y el énfasis en la afectividad humana. Ahí veo uno de sus más interesantes aportes: el peruano entendió la dimensión afectiva de la política, comprendió que el mito (y su vitalismo intrínseco) puede ser usado tanto por el fascismo como por los revolucionarios socialistas. El suyo por eso es, strictu sensu, un marxismo vitalista.     

Ma parece importante, también, hablando de las fuentes marxistas de Mariátegui, no sobredimensionar las posibles influencias de Gramsci. En ellos se presenta, ciertamente, un pensamiento convergente, pero llegaron a ideas parecidas por vías diferentes. Si bien es cierto que ellos coincidieron en Livorno en 1921, según dice Héctor Alimonda, la obra más relevante de Gramsci, sus famosos Cuadernos de la cárcel, fue escrita después de 1926 cuando fue encarcelado. Para ese año Mariátegui ya residía en Perú tras su regreso en el año 1923. Es más, la obra importante de Gramsci fue conocida años después, tras 1945, por lo tanto, “Mariátegui sigue un camino independiente del recorrido por el historicismo marxista, son discursos homólogos, pero que se desconocen mutuamente”.

Todo esto es lo que hace de Mariátegui, justamente, un pensador creador, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había en Marx una filosofía de la historia o un determinismo histórico, pues esas posiciones las había superado el “último Marx” ya en la década de 1870.  Mariátegui no llegó a pensar, tampoco, que su papel en la historia fuera el de volverse custodio del pensamiento de Marx, sino que su tarea era medirlo, estrujarlo, repensarlo, en relación con la especificidad de las realidades históricas y geopolíticas. En eso consiste, también, su grandeza.

Referencias bibliográficas.

• Alimonda, Héctor. (2010). “Presentación: La tarea americana de José Carlos Mariátegui”. En Mariátegui, José. La tarea americana, (p. 11-29). Buenos Aires: Clacso, Prometeo.
• Bergson, Henry. (1973). La evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe.
• Gramsci, Antonio. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
• Guadarrama, Pablo. (2013) “La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”. En Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, (p. 233-248). Tomo III. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1967). En defensa del marxismo. 3ª ed. Lima: Biblioteca Amauta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1995). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.
• Mariátegui, José Carlos. (2010). En La tarea americana. (Alimonda, Héctor, ed). Buenos Aires: Prometeo, CLACSO. 
• Mariátegui, José Carlos. (2021). Antología. Selección, introducción y notas de Martín Bergel. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
• Marx, K. (1980). “Karl Marx a Vera Zasúlich”. En:  En Marx, K., y Engels, F. Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa, (p. 60-61). México: Cuadernos del pasado y el presente.
• Pachón, Damián. (2024). La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci. Bogotá: Desde abajo.
• Salazar Bondy, Augusto. (2015). “Un salvador de Mariátegui”. En Rojas, Joel et al. Repensar a Augusto Salazar Bondy. Homenaje a los 90 años de su nacimiento, (p. 58-63). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Roy es, sin duda, una figura singular. Médico de formación, político curtido en múltiples batallas legislativas, fue protagonista en uno de los capítulos más trascendentales de la historia reciente: la implementación normativa del Acuerdo de Paz firmado en 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su papel no fue el de un teórico del proceso, sino el de un operador eficaz, capaz de articular mayorías y convertir textos negociados en arquitectura jurídica. Ese episodio lo retrata bien: reformista pragmático, hombre de acuerdos, político que entiende que la transformación real pasa por las instituciones.

La campaña de Roy suele decir que es “la de todos”, que él es un candidato de todos. Y, en eso, acierta. Roy es respetado —y también controvertido— en prácticamente todo el espectro político. Eso es extraordinariamente raro en este país, donde la polarización suele convertir al adversario en enemigo. Roy habita un mundo medio que transita de manera única: no es un outsider antisistema ni un cruzado ideológico. Es un reformista que cree en cambiar desde dentro, en tender puentes donde otros prefieren dinamitarlos.

A mi modo de ver, es un líder popular con una conciencia liberal del país. Popular, porque entiende el lenguaje de la calle y la importancia de conectar con las mayorías; liberal, porque su apuesta es por el Estado social de derecho, por la deliberación democrática y por la reforma institucional antes que por la ruptura. Ese equilibrio —difícil y a veces incómodo— lo convierte quizás en el mejor ejemplo local de ese reformismo pragmático que Colombia necesita.

En una contienda donde abundan los discursos maximalistas, Roy representa algo distinto. Es, además, el único candidato con cercanía política a Gustavo Petro que, al mismo tiempo, promete estabilidad y la posibilidad de producir la confianza que hoy requiere el país: confianza en los mercados, en la institucionalidad, en que las reformas no serán sinónimo de salto al vacío.

Eso no lo exime de críticas ni de escepticismo. Las encuestas pueden subestimarlo o pueden estar reflejando límites reales de su proyecto. Pero reducir su candidatura a un dato demoscópico sería simplificar una realidad política más compleja. Hay apuestas presidenciales serias en esta contienda. La de Roy lo es.

Ya lo veremos este domingo.