Así nos lo relatan nuestros APRECIADOS..: Fabio Colagrande y Eugenio Murrali 

La misión Artemis II tuvo previsto su lanzamiento el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera con astronautas a bordo. Transporta una tripulación de cuatro cosmonautas que volarán más allá de la órbita terrestre para realizar un sobrevuelo prolongado de la Luna, sin alunizaje. Este es el paso intermedio hacia Artemis III, la misión que busca traer de vuelta a los astronautas para caminar sobre la Luna, 53 años después de la misión Apolo 17, que finalizó el 14 de diciembre de 1972. El espacio se ha convertido en un tema de debate cada vez más frecuente en las Naciones Unidas. El número de satélites en órbita ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo que demuestra cómo el espacio se ha convertido en un tema constante en los debates relacionados con la geopolítica, la seguridad y las relaciones internacionales.

El arzobispo Ettore Balestrero durante la presentación del VIDEO.

Para explorar el significado de las misiones espaciales, la Fundación Caritas in Veritate, presidida por el arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra , ha producido y publicado un vídeo. Este vídeo da continuidad a la publicación, el pasado mes de febrero, de « El espacio exterior y la humanidad en la encrucijada: una nueva frontera del bien común». El vídeo retoma y resume la reflexión sobre los motivos para explorar el universo —estableciendo un diálogo entre la ciencia, la teología y el derecho internacional— y sobre los principios que deben regir nuestra relación con él y entre los seres humanos ante esta obra de Dios.

Excelencia, ¿por qué es tan urgente reflexionar sobre las opciones políticas y normativas en materia de espacio?

La Misión de la Santa Sede en Ginebra y la Fundación Caritas in Veritate, que colabora con ella, se preocupan por el espacio, que es obra de Dios y obedece a sus leyes.
Para alcanzar el cielo, un concepto sobrenatural, el ser humano debe comportarse bien en el espacio, que es un concepto geográfico, un orden físico y biológico. El espacio no es tierra de nadie, no es un campo de conquista sin ley, donde impera el principio de «el primero en llegar es el primero en ser atendido». De ahí el título de la publicación, «El espacio y la humanidad en una encrucijada», y también el contenido del vídeo que hemos producido. La humanidad ya está tomando decisiones sobre el espacio, decisiones morales que tendrán un impacto a largo plazo y que, por lo tanto, pueden construir o destruir a la humanidad. Por consiguiente, la Iglesia no puede permanecer indiferente.

¿De qué manera?

Analizar el espacio desde una perspectiva ética nos invita a preguntarnos: “¿Es correcto perseguir todo lo que podemos lograr tecnológicamente? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tipo de realidad y orden queremos construir?”. Esta perspectiva ética y multilateral es la que propone el documento y el vídeo de la Fundación Caritas in Veritate.

¿Qué acciones específicas son necesarias?

El espacio debe seguir siendo un bien común, con normas legales claras que, cuando sea necesario, se actualicen con un sentido de responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. Cuando presentamos la publicación en las Naciones Unidas en Ginebra, el testimonio de un astronauta, que regresaba tras casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (Michael Scott Hopkins, ed. ), impresionó profundamente a la audiencia. Describió el llamado overview effect (efecto perspectiva).

El astronauta de la NASA Michael Scott Hopkins

¿En qué consiste?

Es el cambio de perspectiva que experimentan todos los astronautas en el espacio, porque la Tierra parece pequeña, frágil, sin fronteras ni divisiones, un símbolo de pertenencia compartida y responsabilidad colectiva. Y es una imagen que, lamentablemente, choca con la realidad de las guerras, los abusos y la violencia que afloran cuando volvemos a observar el planeta de cerca. El Papa Benedicto XVI recordó esto, con palabras que siguen siendo relevantes, cuando dialogó con los astronautas en la Estación Espacial Internacional . En un momento dado, les dijo: «Creo que les resulta evidente que todos vivimos juntos en una sola Tierra y que es absurdo luchar y matarnos unos a otros».

Entonces, el Espacio también es un hogar compartido y tiene normas que respetar. ¿Qué contribución específica puede ofrecer la doctrina social de la Iglesia para orientar el desarrollo del Espacio hacia el bien común?

El mensaje central de la Iglesia es que no debemos convertir el espacio en una jungla. Ofrece a la humanidad una segunda oportunidad, invitándonos a evitar muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra. El espacio debe explorarse con responsabilidad, solidaridad y respeto al principio de subsidiariedad, para el bien de las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo?

Debemos evitar que se convierta en un escenario de competencia feroz y, peor aún, de conflicto. El primer paso práctico que la Santa Sede insta a dar es respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por aproximadamente ciento veinte Estados, incluyendo a todas las principales naciones con capacidad espacial. Este tratado lleva en vigor casi sesenta años (desde 1967) y establece claramente que la exploración y el uso del espacio deben ser en beneficio e interés de todos los países. El tratado define el espacio como un «dominio común de la humanidad». La Santa Sede insta a que se fortalezca la legislación vigente, en lugar de abandonarla, para evitar que los países se queden atrás y para preservar el cuidado de la creación, por ejemplo, mediante proyectos conjuntos para la eliminación de desechos espaciales.

La Tierra y la Luna

¿Existe también el riesgo de militarización del espacio?

Por supuesto. El derecho internacional vigente prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio. Este es el artículo 4 del Tratado de 1967. Sin embargo, no prohíbe explícitamente las armas convencionales ni, por ejemplo, los ciberataques, ni tampoco la interferencia de señales de radio, algo que, lamentablemente, ya ocurre. Es importante distinguir entre el uso del espacio para apoyar operaciones militares terrestres, por ejemplo, mediante el uso de satélites, lo cual ya es una realidad, y el despliegue físico de armas y su uso directo en el espacio.

¿Es esta última también una posibilidad real?

Algunos Estados se acercan cada vez más al lanzamiento de armas en órbita, lo que incrementa la inestabilidad internacional, debilita la confianza mutua y transforma el espacio, que según el Tratado es una “provincia de la humanidad”, en otro escenario de conflicto. Debemos comprender, sin embargo, y esto es fundamental, que si un conflicto involucrara directamente el espacio, probablemente no perdonaría a nadie en la Tierra.
Aquí en Ginebra, se afirma que una guerra en el espacio jamás podría ganarse ni debería librarse. Por ejemplo, no está claro cómo podría respetarse el principio de distinción, piedra angular del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, muchas voces, incluida la de la Santa Sede, abogan por el fortalecimiento de las normas, la transparencia e incluso la cooperación multilateral, precisamente para preservar el uso pacífico del espacio.

¿Cómo se puede transformar la competencia espacial en un mecanismo positivo para el beneficio de todos? ¿Cómo puede el espacio contribuir a la dignidad humana en la Tierra?

La competencia debe equilibrarse con la cooperación. La competencia sin cooperación conduce a la inestabilidad, enfrentamientos irracionales, violencia e incluso conflictos. La competencia, orientada hacia objetivos pacíficos y canalizada hacia formas de cooperación, estimula la investigación y, sin embargo, debe traducirse en bienes compartidos, estándares comunes e incluso alianzas internacionales.

¿Con qué efectos?

Un equilibrio entre competencia y cooperación ayuda a evitar que el uso comercial del espacio se convierta en un fin en sí mismo y exacerbe las desigualdades existentes. Un equilibrio saludable entre competencia y cooperación permite que el espacio sirva directamente a la dignidad humana y al bien común, por ejemplo, en tiempos de crisis, con comunicaciones de emergencia, datos satelitales para asistencia humanitaria o vigilancia para la protección de lugares de culto. En otras circunstancias, sin embargo, mejora la predicción meteorológica, la agricultura, la atención médica y el transporte, y llega a países y comunidades que de otro modo quedarían excluidos.

¿Cómo pueden la ciencia y la fe ir de la mano en este campo de la investigación espacial?

La ciencia y la fe pueden ir de la mano y fortalecerse mutuamente, pues la ciencia busca la verdad científica y la fe la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios y de Dios, que ilumina el camino de la humanidad. La fe y la ciencia no se confunden ni se contradicen. La ciencia explica el cómo, la fe ilumina y guía el porqué último de la acción humana, y en el ámbito espacial esto significa utilizar la experiencia técnica y científica para el bien común, evitando que el progreso se convierta en dominación o destrucción.

¿Qué papel puede desempeñar la Santa Sede?

La Santa Sede puede y debe desempeñar un papel en los debates actuales sobre el espacio, principalmente los intergubernamentales. Debe iluminar conciencias y, por supuesto, dirigirse al mundo entero, incluyendo el mundo comercial e industrial. A nivel internacional, con la misión en Ginebra y otras en Nueva York y Viena, proponemos un marco ético centrado en la dignidad humana y colaboramos en el diálogo multilateral y la paz, haciendo un llamado a un sentido de responsabilidad compartida centrado en el espacio como bien común. Además, la Fundación Caritas in Veritate, en colaboración con la Misión en Ginebra, organiza eventos en Ginebra, Bruselas, Viena y Nueva York, y produce publicaciones y videos como los que hemos difundido recientemente. No debemos olvidar que la Santa Sede posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen, el Observatorio Vaticano, establecido en su forma actual por el Papa León XIII, en 1891, lo que confirma que la Iglesia, como se afirma en el motu proprio que estableció el Observatorio, no se opone a la ciencia verdadera y sólida, sino que, de hecho, la alienta y promueve con todo el compromiso posible.”

Mientras tanto en el ESPACIO… ARTEMIS II sigue con su REALITY SHOW avanzando al lado OSCURO de la LUNA… y UD lo puede seguir en su MINUTO a MINUTO…

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CONTINUARÁ

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

Leer más | Pescadores ya sienten el impacto económico por el derrame de petróleo en el Golfo de México

Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hablo de las denuncias y señalamientos por acoso sexual en los que se menciona a periodistas de gran reconocimiento en la opinión pública, quienes han desarrollado una carrera exitosa y gozan de buena credibilidad.

Este debate es molesto, especialmente para quienes rompieron el silencio y decidieron manifestar públicamente su incomodidad por sentirse víctimas de esta inadecuada forma de actuar de quienes ostentan cierto grado de poder en los medios de comunicación —un hecho que no podemos negar, por mucho que nos duela a quienes hacemos parte del universo del periodismo—, porque resulta además injusto para quienes sienten afecto por las personas involucradas.

No solo los pone a dudar, sino que también los deja bajo la mirada de los amigos de la víctima, quienes empiezan a señalarles de avalar estas prácticas.

¿En qué momento llegamos a esto? Es posible que la misma industria de la información en Colombia, al dejarse influenciar por la tendencia de poner frente a las cámaras y micrófonos a mujeres y hombres con determinadas características físicas, haya contribuido a ello.

Esto hace que los periodistas luzcan no como profesionales en el oficio, sino como si se tratara de modelos caminando en una pasarela o de un concurso de belleza. No nos digamos mentiras: esto alimenta el morbo de personas con cierto grado de poder, que se aprovechan de quienes tienen la necesidad de asegurarse un trabajo y de escalar en su nivel profesional.

Cuando esto sucede y se da a conocer públicamente de manera involuntaria e inmediata, divide a la sociedad, porque se genera una discusión entre quienes creen y quienes no creen. Es decir, pone a las personas en la incómoda situación de tener que tomar partido.

Se han conocido señalamientos en redes sociales contra periodistas que han hecho carrera en medios privados y gozan de gran reconocimiento en la opinión pública, y también contra el gerente de RTVC, Hollman Morris. Todos estos casos han desatado la conformación de dos “ejércitos”: quienes creen y quienes no creen.

Quienes creen se ponen del lado de la persona que asegura ser la víctima y juzgan con dureza al supuesto victimario. Por su parte, quienes no creen se ubican al lado de la persona señalada y la defienden con vehemencia, incluso enfrentándose verbalmente en redes sociales con la contraparte.

Ya hemos visto a quienes celebran el retiro de presentadores y periodistas de los medios privados que están inmersos en este escándalo, sin darles el beneficio de la duda y sin pensar en el daño reputacional que se les podría causar en caso de que la investigación arroje resultados a su favor.

También vemos la publicación de una carta firmada por un grupo de mujeres que piden al presidente de la República, Gustavo Petro, no retirar del cargo de gerente de RTVC a Hollman Morris hasta que haya un veredicto por parte de la justicia. “El señor Morris no ha sido sancionado, ni penal, ni disciplinaria, ni fiscalmente, por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado”, recuerda la carta en uno de sus apartes.

Del otro lado, están quienes piden su salida inmediata y lo juzgan sin considerar que, al igual que en los casos anteriores, la justicia podría determinar su inocencia.

El acoso sexual existe, eso es cierto, es innegable. Lo digo porque lo he visto en empresas privadas donde trabajé en el área administrativa, en medios de comunicación y también en ONGs de izquierda que, irónicamente, tienen como misión la defensa de los derechos humanos.

Por lo general, las víctimas son mujeres que llegan con el ánimo de crecer profesionalmente y, a las pocas semanas de ser contratadas, se ven asediadas por hombres con poder. Vale decir también que se han visto casos de acoso hacia hombres, sin que estos puedan decir “esta boca es mía”, porque ahí no hay quien les crea.

¿Qué hacer en estos casos? Lo mejor sería informarse y preguntar por cada situación en particular, porque he visto que en ocasiones se trata de simples coqueteos o piropos que hoy en día pueden considerarse inapropiados y, en algunos casos, ser catalogados como acoso. Pero, por supuesto, también puede existir un interés real de aprovecharse de una persona en condición de vulnerabilidad; ahí es donde la justicia debe actuar.

Lo más importante es permitir que las investigaciones sigan su curso y que determinen si existe o no culpabilidad.

Nota recomendada: No mienta senadora Paloma Valencia, no mienta

¿Cuánto tiempo debe permanecer un hombre en un cargo antes de que el poder se le suba a la cabeza o, peor, se le baje a la bragueta?

¿Será cierto aquello de que la suerte de la fea, la bonita la desea?

¿Es el acosador una persona enferma? Si un amigo es acusado de acoso sexual, ¿le debo retirar mi amistad?

—Ese medio se presta para esas vainas —me dice un amigo en el gimnasio, refiriéndose al escándalo del momento: periodistas de televisión acusados -no condenados- de acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo.

Cualquier análisis que se haga sobre el acoso sexual debe partir de una realidad inocultable: el machismo que atraviesa a la sociedad colombiana desde siempre. La cosa es peor si el dominio lo ejerce un hombre con poder, con mucho o poco poder. La mujer lleva las de perder cuando la testosterona ejerce su dictadura y los machos en celo se pavonean por la oficina. Es el reino de los manilargos y los ojilargos que desvisten gente con la mirada.

Tal vez mi amigo tenga razón. La televisión no es un espacio laboral más. Hay algo particular que lo hace especialmente vulnerable a las conductas inapropiadas. En los estudios de televisión, la imagen -prefabricada, edulcorada, artificial- es la medida de todo o de casi todo, y por tanto la belleza se ha convertido en estándar del éxito.

Sin embargo, hubo un tiempo en que mujeres comunes y corrientes, y no necesariamente jóvenes —talentosas, eso sí—, presentaban noticias por televisión en Colombia. Belleza más talento no era entonces regla obligada. Era suficiente con tener lo segundo.

De un día para otro las cosas cambiaron: los rostros bellos empezaron a inundar sets y pantallas, alentado por una cultura patriarcal que puso a los hombres como los mandamases del negocio de la televisión. Fíjese usted que hoy es bastante infrecuente encontrar mujeres dirigiendo telenoticieros y más raro aún verlas presidiendo un canal de televisión.

A las mujeres se les exige gracia física y talento para ponerse frente a una cámara. A los hombres no necesariamente se les hace esa doble exigencia. De hecho, a ellas se les suele reemplazar más fácilmente que a ellos. Dicho de otra forma, en televisión el ciclo vital de las mujeres es más corto que el de los hombres, y eso puede tener una única explicación: el poder real —la posición de superioridad— se concentra en hombres que, al final del día, son quienes deciden el ciclo activo de unos y otros en la pantalla.   

Con la aparición de los canales privados, Caracol y RCN, a partir de 1998 se creó una competencia feroz por el rating: la rentabilidad del negocio se impuso sobre el servicio, lo que explica, entre otros fenómenos, el exceso de realitys shows que buscan seducir audiencias mezclando cuerpos, belleza y talento para disparar los índices de sintonía. Los televidente quedamos sometidos a una televisión aburridamente uniforme.

Y aquí estamos, viendo a los que dan las noticias convertidos en la noticia misma. Las denuncias por acoso sexual contra tres varones del periodismo —hasta ahora son tres con nombre propio— amenazan con causar daño reputacional a marcas emblemáticas.

No es fácil escribir sobre los posibles pecados de otros colegas, pero callarnos es la peor opción posible. Los hombres deberíamos ser los primeros en repudiar toda conducta masculina depredadora.

Estar investido de fama o autoridad no otorga licencia para degradar o someter a nadie. El pudor ajeno es un bien que se respeta. Desestimar la voz de una mujer que denuncia abusos contra su integridad, es ponerse del lado del victimario.

Por cada mujer que denuncia a su acosador, un lobo feroz desaparece de la oficina. 

No somos jueces para dictar sentencia —prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario—, pero podemos abogar para que la justicia opere, caiga quien caiga. El periodismo no puede quedar en entredicho; ya suficientes males se ciernen sobre este oficio.

La televisión es un medio que por su propia naturaleza y la notoriedad que otorga la fama y la exposición mediática, está lleno de secretos, vergüenzas y a veces personajes oscuros. Escribo esto mientras recuerdo el caso del tristemente célebre Bill Cosby. La prensa informa que el comediante, hoy de 88 años, debe pagar 19 millones de dólares a una de sus víctimas. La mujer tenía 34 años cuando la sedó y emborrachó antes de violarla. El caso ocurrió en 1976.

¿Seres humanos u objetos del deseo?

Que los escándalos sexuales toquen a la televisión no es algo nuevo en una industria que desde sus orígenes ha convertido a mujeres y hombres en el objeto del deseo de las audiencias y que ahora —lo venimos a saber públicamente—, son también el objeto del deseo de puertas para adentro. Un enemigo interno —un mal elemento, diría yo— que muchas veces no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pero un no es un no, y hay que repetirlo hasta el cansancio.

“…las acusaciones de acoso sexual (…) son un recordatorio de la grave interrupción que el acoso puede suponer para una carrera profesional”, comentaba Margaret Talbot, en una columna de The New Yorker (2016). Recordó el caso de la periodista Rudi Bakhtiar, que en 2007 perdió el ascenso como corresponsal en la oficina del canal Fox News en Washington “tras rechazar las insinuaciones sexuales de un colega que estaba a punto de convertirse en jefe de la oficina”.

En el caso colombiano, nuevas denuncias —que se están conociendo, sin filtro alguno, a través de las redes sociales—, muestran que estamos ante lo que podría ser una conducta habitual en ese medio. Una colega colombiana informó a través de TikTok que debió alejarse del periodismo para dedicarse a las ventas.

Cuando se habla de acoso sexual se habla de tocamientos indebidos o no deseados, propuestas indecentes, insinuaciones, regalos injustificados, besos no consentidos, cualquier forma de manoseo, frases galantes que encubren dobles intenciones, retener a alguien en su oficina contra su voluntad, llamadas o mensajes a deshoras, incluso miradas lascivas, hasta comportamientos abiertamente descarados, cargados de una tensión sexual (en modo unidireccional, claramente).

No está de más incluir aquí la figura reprochable de lo que coloquialmente la gente llama “el viejo verde”: hombres mayores y lujuriosos afanados por seducir mujeres jóvenes, queriendo revertir, a punta de labia y/o chequera, los estragos de la edad.

Los televidentes hemos visto envejecer a muchas figuras de la televisión, por no decir que hemos envejecido al mismo tiempo con ellas. Creo que existe una relación directa entre el tiempo laborado y el poder acumulado, y sobre todo la manera como algunas personas se sirven de ese poder y de los años de experiencia dentro de una empresa. ¿Qué hay del relevo generacional? ¿Acaso es la experiencia la única medida de todas las cosas para mantener a las personas en un cargo?

Recordemos el escándalo sexual que terminó con la caída del presidente de Fox News, Roger Ailes, a la edad de 76 años. El drama está contado en la película “El escándalo” (Prime Video), protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La presentadora Gretchen Carlson (Miss América 1989), tenía 50 años cuando denunció las invitaciones sexuales de su anciano agresor. Según la BBC de Londres, Carlson precisó en la demanda que Ailes “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo”.

El caso fue documentado en el cuarto episodio de la miniserie “Dinastía: Los Murdoch” (Netflix), sobre el multimillonario Rupert Murdoch, dueño entre otros medios de la cadena Fox News.“Estábamos en un auto, y me tomó de la cabeza y del cuello, y bajó mi cara a su entrepierna”, dijo Carlson.

En el mismo documental, la expresentadora Alisyn Camerota afirmó: “Roger siempre hablaba de los cuerpos de las mujeres. (…) Siempre hizo comentarios inapropiados y sucios sobre el tema. Fui a pedirle una oportunidad. Quería ser presentadora. Y me dijo: ´bueno, no estás lista aún. Voy a trabajar contigo´. Y dijo: ´tendrá que ser los fines de semana, tal vez en un hotel´”.

El caso concluyó con el despido de Ailes en julio de 2016. El tipo recibió una indemnización de 40 millones de dólares y murió al año siguiente. El dinero también suele usarse para comprar el silencio de las víctimas.

Otra historia lamentable es la de Harvey Weinstein, el todopoderoso de la industria cinematográfica, quien cumple una doble condena de 23 y 16 años por cargos de violación y agresión sexual.

En un artículo de 2017, la revista The New Yorker escribió lo siguiente: “Su comportamiento era un secreto a voces en Hollywood y más allá, pero los intentos previos de numerosas publicaciones, incluyendo The New Yorker, por investigar y publicar la historia a lo largo de los años no cumplieron con las exigencias de la evidencia periodística. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos a permitir que un periodista usara sus nombres, y Weinstein y sus asociados recurrieron a acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas legales para silenciar sus testimonios”. 

Un hombre, el joven reportero Ronan Farrow, fue clave para destapar el caso en la revista The New Yorker. Con su investigación —que incluyó grabaciones secretas y el testimonio de actrices—. ganó un premio Pulitzer en 2018 y dio impulso al movimiento MeToo, (Yo también), que ahora tiene capítulo propio en Colombia, bajo el nombre “#MeToo yo te creo, colega”.  

Daño a la credibilidad

Todavía es muy temprano para saber si habrá daño reputacional para los canales involucrados tras las denuncias contra los implicados por acoso sexual en Colombia. Hay quienes proponen apagar la televisión como una forma de sanción social contra medios de comunicación que irrumpen a diario en millones de hogares.

Yo creo que el asunto debe conducirnos como sociedad a una reflexión más profunda en tres dimensiones: el rol que cumplen la casa y la escuela en la formación de valores sobre las conductas sexuales, el compromiso de las empresas para que esos valores se conviertan en hábito y el respeto en costumbre, y, por último, la necesidad, por qué no, de establecer códigos de conducta sexual, como apéndice de los contratos de trabajo, para proteger la integridad de cada empleado. Está demostrado que las sociedades sin policías no funcionan.

Si “el acoso sexual es espacios laborales es siempre un crimen difícil de rastrear”, como sugiere este editorial de El Espectador, parecería entonces que las mujeres no tienen más alternativa que ser sus propias detectives y recoger las pruebas que incriminen a sus acosadores.  

Por otro lado, poco se habla de los daños colaterales que trae consigo el escándalo. Muy mal que ciertos medios periodísticos hayan expuesto a las parejas o familias de los acusados al escarnio público, sin fin distinto que usar el morbo para atraer clics. Cosa distinta es la valoración que haga la opinión pública. Los famosos se exponen para lo bueno y, pues también, para lo malo. No hay escapatoria. La fama tiene un precio, y cada quien juzgue cuál es el límite de la amistad.

Con todo, ojalá la industria de las noticias siente cabeza y haga un autoexamen en medio de su mala hora. Es eso o poner en adelante suficientes duchas con agua fría en las salas de redacción.

El mejor legado que se puede tener de una persona es el de poder transmitir, a futuras generaciones y a las propias, no solo la información ni el conocimiento, sino la pasión por el desarrollo y la inventiva humana, que se traduce en cultura. Los mecanismos para transmitir la pasión a generaciones no conocidas han sido siempre una tarea muy difícil, pues requieren múltiples artilugios que permitan apreciar las consideraciones, separar las confidencias, remover los recuerdos y tener un criterio claro, completo y libre de ruidos, el cual une el futuro con el pasado en pensamiento, palabras, idiomas, invenciones e interpretaciones.

Estella Restrepo Zea logró, en muchas ocasiones, llevó estas interpretaciones del pasado a nuestro presente y del presente al futuro lejano. Sus estudios, carácter, propósitos y formación le permitieron crear un mecanismo capaz de comunicar la ciencia, la tecnología, la política y el arte de los siglos XVIII y XIX en sus investigaciones, que perpetuaron sus hallazgos, sacándolos de un letargo temporal hacia una perseverancia, así como las flores en primavera, que son muchas, pero pocas las que dan fruto.

Es así como se desarrolla este ingenioso proceso de transmisión intergeneracional de memoria: Estella nos llevó a un viaje histórico que inició en 1796, en Múnich, donde nos encontramos con Aloys Senefelder, un dramaturgo y músico checo que no tenía mucha fama en sus actuaciones, por lo que el destino lo llevó a incursionar en la escritura del arte dramático con su obra Mathilde von Altenstein, a la que no logró conseguirle un editor. Por ello, decidió realizar una serie de ensayos a fin de poder replicar las publicaciones a través del estampado de una matriz que resultara como un método económico de impresión para difundir sus obras de teatro. En medio de su experimentación, escribió la lista de la ropa que llevaría a la lavandería en una piedra lisa con una crayola; así encontró la técnica que se denominaría en adelante como litografía, considerada uno de los inventos tecnológicos más revolucionarios de la época, cuya fama Senefelder no dimensionó.

Por la misma época, en 1780, en la Universidad de Siena (Italia), el profesor de medicina Paolo Mascagni estaba encontrando los primeros resultados de sus investigaciones sobre el sistema linfático humano, lo que lo llevó a documentar y describir más de la mitad de los elementos anatómicos linfáticos que conocemos hoy en día. Sus hallazgos los realizaba a través de la disección de numerosos cadáveres en condiciones consideradas peligrosas e imprudentes, acompañado por un nutrido grupo de dibujantes que plasmaban, con excelencia artística, el fruto de la herencia del exquisito Renacimiento. Sus descubrimientos quedaron consignados inicialmente en la publicación Vassorum lymphaticorum corporis humani Historia et iconographia y, posteriormente, en la Anatomía Universia (publicada post mortem), que lo consagraron como uno de los más notables anatomistas de todos los tiempos.

Las dificultades de reproducción de sus dibujos, dada su meticulosa definición y detalle, llevaron a los sucesores del legado de Mascagni —Bernardo y Aurelio— a conformar una sociedad anónima para la publicación póstuma de sus obras, contratando como curador y editor al médico Francesco Antommarchi, quien en ese momento estaba siendo recomendado por el cardenal Joseph Fesch para ser el médico de Napoleón Bonaparte. Fue así como, en la isla de Santa Elena, desde 1818, donde permaneció el emperador preso luego de su derrota en la batalla de Waterloo, se encontraron estos personajes.

En ese pequeño y árido islote africano estaban confinados Bonaparte y Antommarchi, quienes conjugaron los dibujos inéditos de la anatomía de Mascagni con la novedosa tecnología de la litografía, cuya idea había sido traída por uno de los visitantes al depuesto emperador: el general Louis François Lejeune, quien estaba fascinado por esta técnica luego de conocer los talleres de Senefelder durante la campaña alemana de las guerras napoleónicas de 1808. Así se confabularon el arte con la innovación técnica, y estas, a su vez, con las invenciones médicas y el poderío político en una obra majestuosa titulada Planches anatomiques du corps humain executées d’après les dimensions naturelles accompagnées d’un texte explicatif, par F. Antommarchi, publicada en París en 1826, cuya edición fue dedicada a Napoleón.

Las 83 láminas anatómicas del cuerpo humano, de tamaño real, que componen la obra, gozan de una precisión y detalle únicos para la época y aun para nuestros días. Litografiadas con especial cuidado, nos conducen a un estudio detallado de cada una de las capas, desde los músculos del cuerpo hasta el esqueleto, dejando una increíble expresividad de los modelos, que semejan estar vivos en medio de una naturaleza vegetal reducida, con el fin de mostrar la grandeza de las proporciones antropomórficas como un canon divino. Tal magnificencia plasmada en el proyecto de las litografías representó para Napoleón su descanso y refugio cuando los guardias presionaban fuertemente su ánimo. Más de una vez fue este pasatiempo el alivio que redujo el peso de sus horas, pues “amaba estudiar el hombre físico y compenetrarse con el hombre moral”, según lo describió el mismo Antommarchi en su diario.

Al morir Napoleón en 1821, Francesco Antommarchi partió a tierras americanas, atracando su barco en Brasil, en Colombia, en México y finalmente en Cuba hacia 1838. El médico encontró en Santiago de Cuba un lugar de remanso a su duro vivir, en compañía de su primo Antonio Benjamín Antommarchi, hacendado cafetero, y de su hermano menor José María Antommarchi, quien estaba casado con la cucuteña Victoria García-Herreros y Santander, con quien tuvo once hijos.

Francesco se dedicó en Cuba al estudio de la fiebre amarilla y trabajó intensamente por combatirla. También llevó a cabo, en la hija del marqués de Moya, gobernador de Cuba, la primera operación de cataratas realizada en la isla, logrando el más completo éxito, lo que desembocó en la fundación de un hospital para que pudieran beneficiarse de sus servicios los numerosos pacientes que sufrían afecciones oculares, encomendándose su dirección a Francesco Antommarchi. La isla había declarado una epidemia de fiebre amarilla que él contrajo, falleciendo a causa de esta enfermedad el 3 de abril de 1838. Luego de su deceso, su hermano José María viajó a Venezuela, donde se estableció hasta su muerte. Su viuda, Victoria García-Herreros, decidió regresar a San José de Cúcuta (Colombia), acompañada de las pertenencias y legado de su esposo y de su cuñado. Tras establecerse en la ciudad fronteriza, su hija Hortensia se casó con José Vásquez Durán.

Ya en Bogotá, José y Hortensia concibieron a Ana Francisca Vásquez Antommarchi, quien años después se casó con Juan Manuel Carrasquilla Hernández, hijo del afamado médico y filósofo Juan de Dios Carrasquilla Lema, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del San Bartolomé, conocido por haber sido el primer jefe del Departamento Nacional de Agricultura —que luego se convertiría en el Instituto Nacional de Agricultura—, miembro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, autor de numerosos estudios sobre paludismo y lepra, profesor de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y creador del Instituto Carrasquilla para el estudio de la lepra y otras enfermedades infecciosas, donde instituyó un suero llamado leprina, que contenía el cultivo del bacilo de Hansen.

Ana Francisca conocía la pasión de su suegro por la medicina y la anatomía, por lo que decidió entregarle las láminas que con esmero cuidó su tío abuelo y conservó su madre durante tantos años. Sin embargo, el doctor Carrasquilla decidió donar las láminas, junto con libros y estudios, a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia antes de su muerte en 1908.

Pasaron muchos años, y las láminas, perdidas y cubiertas de polvo, reposaban entre miles de libros universitarios. En algún momento del siglo XX fueron dobladas por la mitad, cosidas y empastadas, desconociendo su origen y sus aventuras errantes, extraviadas en el olvido del sótano de la Biblioteca de la Universidad, hasta que, en la década de los sesenta, en medio de los ímpetus de los movimientos estudiantiles y bajo la rectoría del médico José Félix Patiño, el doctor Andrés Soriano Lleras, dedicado médico y entusiasta de la historia de la medicina, avistó un deteriorado y húmedo empaste cuyo contenido parecía ser de buena factura. Pensó en llevarlo a su recién creado museo de historia de la medicina del ente universitario; sin embargo, no encontró suficiente información. El museo funcionó hasta su muerte, en 1974.

Ya nadie vivo podía dar fe de esta epopeya, que se perdía sin recuerdo y sin dolientes. Sin embargo, el destino confabulaba contra el olvido de tan importante obra y, para ello, se valió de la pasión escondida de una talentosa historiadora que siempre quiso ser médica: la antioqueña Estella Restrepo Zea, quien había ingresado como docente a la Universidad Nacional de Colombia en 1975. Durante más de una década buscó piezas y artefactos antiguos utilizados en la enseñanza de la medicina. En 1988 encontró una posible veta que sirviera a su investigación y, junto con el decano de Medicina, Augusto Corredor, trabajó para la reapertura del museo, que se llevó a cabo en 1991. Durante su proceso investigativo encontró los apuntes del doctor Soriano y, con ello, el hallazgo de las extrañas láminas.

Conformó entonces el Grupo de Investigación sobre Historia de la Medicina; trabajó con litógrafos y artistas; entrevistó a profesores de la Facultad de Medicina y a académicos como Zoilo Cuéllar; realizó visitas a museos y bibliotecas de París, Florencia y Siena; leyó el diario de Antommarchi; consultó los programas de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad durante el siglo XIX y la primera mitad del XX; indagó con bibliotecólogas de la Universidad Nacional de años anteriores, y logró aclarar lo fundamental de las preguntas que daban tantas vueltas en su cabeza. Con ello, consiguió desenmarañar la majestuosa trama histórica, volviéndola más valiosa que las mismas láminas, maravillosas por su tradición artística y tecnológica al servicio de la ciencia.

Su impulso no se detuvo allí, pues Estella tenía la misión de evitar que estas piezas volvieran a perderse en el abandono. Emprendió entonces el propósito de restaurarlas en el mejor laboratorio del país y, una vez reintegradas a su forma original, almacenarlas en un espacio especialmente diseñado con las mejores tecnologías de conservación en el Archivo Histórico del alma mater. Logró reproducirlas digitalmente con la mayor resolución y definición existentes a nivel global y, finalmente, consiguió la reproducción numerada de cincuenta réplicas, que fueron entregadas a igual número de instituciones académicas y de memoria en el mundo, a través de la Comisión de la Universidad Nacional para el Bicentenario de la Independencia, conformada por el Gobierno Nacional como reconocimiento al desarrollo de la cultura del mundo en Colombia.

Pero esa pasión que nos permitió desentrañar esta enorme odisea tuvo un nombre propio: Estella Restrepo Zea. Una mujer de semblante sereno, acento paisa y una sensibilidad profunda por los estudios sociales. En ella se adivinaba, casi de forma natural, una vocación temprana por la medicina, como si desde niña hubiese cultivado una sed silenciosa por comprender el cuerpo y sus misterios.

Esa inclinación se transformó, con los años, en una disciplina rigurosa y en una constancia admirable, que la llevaron a recorrer los caminos de la historia con la precisión de quien observa, pero también con el cuidado de quien comprende. Su trato, firme y a la vez maternal, marcó a quienes la acompañaron en sus investigaciones —como Ona Vileikis—, guiándolos con la paciencia de quien no solo enseña, sino que forma.

Historiadora de oficio y por vocación, Estella dedicó su vida a explorar los vínculos entre la medicina, la ciencia y la sociedad. Durante décadas, desde su labor como docente en la Universidad Nacional de Colombia, no solo investigó, sino que sembró preguntas, despertó curiosidades y abrió caminos. Fue, en esencia, una tejedora de memoria: alguien capaz de ver en los fragmentos dispersos del pasado una historia viva, esperando ser contada.

Estella Restrepo falleció el 1 de enero de 2019, dejando su investigación como fuente para la memoria y su pasión cultural para el mundo, Estella aun nos acompaña en esta odisea eterna por la memoria.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Números afortunados: un número afortunado es un número entero $Q_n$, que resulta de la expresión 

$q-P_n = Q_n$

donde $P_n$ es el producto de los primeros $n$ números primos y $q$ es el número primo más pequeño que es mayor que $P_n+1$. Así por ejemplo,

$P_2 = 2\times3=6$ y el menor primo $q$ mayor que $7 = (6+1)$ es $q=11$, entonces

$q-P_2 = Q_2 =11-6=5$,

por lo tanto $5$ es un número afortunado.

Si $n = 8$ tenemos que los primeros $8$ números primos son $2, 3, 5, 7, 11, 13,17,19$ cuyo producto es $9.699.690$. El menor primo inmediatamente mayor que $9.699.691$ es $q= 9.699.713$. Por lo tanto

$Q_8=q-P_8=9.699.713-9.699.690=23$

es un número afortunado.

Los números afortunados $Q_n$ pueden ser iguales para distintos valores de $n$; así por ejemplo $Q_{10} ,Q_{12},Q_{17}$ son iguales al número $61$.

Los primeros números afortunados, omitiendo los repetidos para diferentes valores de $n$ son:

$3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 37, 47, 59, 61, 67, 71, 79, 89, 101, 103, 107, 109, 127, 151, 157, ….$

La autoría del nombre número afortunado es atribuida al antropólogo neozelandés Reo Franklin Fortune (1903-1979), quien ademas conjeturó que todos los números afortunados son primos. Y no sabría si el nombre que dio a estos números tiene qué ver directamente con su apellido.

Números de la suerte: No hay que confundir los números afortunados con los Números de la Suerte que se consiguen mediante una criba, como la conocida Criba de Eratóstenes, ingenioso algoritmo que es eficiente para encontrar los primeros números primos.

En el caso de los números de la suerte la criba consiste en ir tachando inicialmente todos los números que aparecen en las posiciones pares, así nos quedan los impares: $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,…$ Como el segundo número que ha quedado es el 3, tachamos ahora todos los que aparecen en las posiciones múltiplo de 3 y nos quedan ahora los números: $1, 3, 7, 9, 13,…$ Como el siguiente número que quedó es el 7, eliminamos ahora, como antes, todos los que aparecen en las posiciones que son múltiplo de 7 y continuamos en esta forma, así sucesivamente. Los números que sobreviven se denominan números de la suerte.

Los primeros números de la suerte son:

$1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99, 105, 111, 115, 127,…$

Números recostados: ahora bien, a partir de los números afortunados podríamos definir otro conjunto similar, que al beneficiarse de la existencia de estos, yo llamaría números recostados y que pueden definirse en forma parecida a los afortunados: un número recostado es un número entero $B_n$, que resulta de la expresión 

$P_n-r = B_n$

donde $P_n$  es, como arriba, el producto de los primeros $n$ números primos y $r$ lo definimos como el número primo más grande que es menor que $P_n-1$. Así por ejemplo,

$P_2 = 2\times3=6$ y el mayor primo $r$ menor que $5 = (6-1)$ es $r=3$, entonces

$P_2 -r= B_2 =6-3=3$

por lo tanto $3$ es un número recostado.

Si $n = 6$ tenemos que los primeros 6 números primos son $2, 3, 5, 7, 11, 13$ cuyo producto es $30.030$. El mayor primo inmediatamente menor que $30.029$ es $r= 30.019$. Por lo tanto

$B_6=P_6-r=30.030-30.019=11$

es un número recostado. Obsérvese que $11$ no es un número afortunado.

Los números recostados $B_n$ también podrían ser iguales para distintos valores de $n$; así por ejemplo $B_6= B_4 =11.$

Los primeros números recostados serían

$3, 7, 11, 13, 17, 29, 23, 43, 41, 73, …$

y también creo que se puede conjeturar que son todos primos.

Como se observa, en torno a estos nuevos conjuntos podemos proponer una diversidad de conjeturas que ofrecen retos que no son sencillos de resolver.

@MantillaIgnacio

n mercados de Ecuador, lo que muchos consumidores compran como “corvina” podría ser en realidad carne de tiburón. Un estudio reciente basado en análisis de ADN reveló que casi la mitad de las muestras de pescado adquiridas en distintos mercados del país eran tiburones, incluyendo especies amenazadas. La investigación detectó cuatro especies comercializadas bajo otros nombres en ciudades de la sierra como Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito.

“En Ecuador no es legal pescar tiburones para uso comercial, solo por pesca incidental”, dice la bióloga molecular María de Lourdes Torres, directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde se realizó la investigación. “Que exista esto en las muestras que nosotros analizamos, es un problema de control de las autoridades sobre lo que está pasando a nivel real de la pesca. No se está cumpliendo la norma. Este es un llamado de atención”.

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La investigación, publicada en la revista Frontiers in Marine Science, analizó 97 muestras de pescado mediante identificación molecular y encontró que el 47.42 % contenía ADN de tiburón. Fueron cuatro especies de tiburón identificadas entre las muestras: Alopias pelagicus, conocido como tiburón zorro pelágico (En Peligro); Carcharhinus falciformis o tiburón sedoso y Sphyrna zygaena, tiburón martillo liso (ambos Vulnerables); y Prionace glauca, el tiburón azul (Casi Amenazada).

“Lo que me sorprendió fue encontrar especies totalmente protegidas, como Sphyrna zygaena. Esta especie, como todos los tiburones martillo, se protegió en 2020”, explica el biólogo marino Alex Hearn, profesor e investigador de la USFQ. “Aquí tenemos un problema de desembarques ilegales: el fraude de vender tiburón como corvina perpetúa la explotación de especies que están en peligro de extinción”.

Según la investigación, esta es la primera vez que se documenta la venta de Sphyrna zygaena en los mercados ecuatorianos.

En Ecuador, las poblaciones de tiburones se ven afectadas por la sobrepesca y el comercio ilegal, a pesar de que la captura de varias especies —como el tiburón martillo liso y el tiburón sedoso—, está prohibida. El país alberga más de 40 especies de tiburón, la mayoría en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin embargo, los especialistas advierten que un vacío legal permite vender ejemplares capturados como pesca incidental, lo que ha llevado al desembarque anual de más de 250 000 individuos, principalmente para obtener aletas que se comercializan a altos precios en mercados asiáticos.

Mongabay Latam solicitó su postura al Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador frente a los hallazgos de la investigación, sin embargo, no recibió respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Un retrato inicial de los mercados locales

El estudio se centró en seis ciudades muy pobladas de Ecuador, repartidas entre la Sierra —Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito— y la Costa —Guayaquil y Manta, los principales puertos—. En cada ciudad, los investigadores visitaron tres mercados y compraron, en promedio, cinco muestras por mercado, pidiendo “corvina”, un nombre local que agrupa a pescados blancos como la cachema (Cynoscion analis) y la brótula (Brotula clarkae), siempre optando por la opción más económica. En total se recolectaron 97 muestras frescas entre junio y septiembre de 2023.

“Solo íbamos y pedíamos corvina; ellos sacaban un pedazo, nos lo vendían y nosotros confiábamos en que fuera corvina”, dice el biólogo molecular Juan José Guadalupe, investigador del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. “El problema es que no hay una identificación correcta; no voy a decir que sea algo con dolo o con ganas de hacer el mal, pero al consumidor se le está vendiendo algo que no es lo que quisiera comprar, porque la mayoría de los consumidores no saben identificar”.

Pero esto no es culpa del consumidor, asegura. En la Sierra, donde la cultura de consumo de pescado es menor que en la Costa, gran parte del pescado llega ya troceado, lo que dificulta reconocer la especie a simple vista y permite que tiburones amenazados lleguen al mercado sin ser detectados.

Por ello, la estrategia del estudio buscaba ofrecer un retrato inicial de los productos de pescado vendidos en los mercados ecuatorianos, más que estimar cifras precisas o comparar estadísticamente regiones. Se eligieron mercados que representaran diversidad geográfica y socioeconómica, pero sin priorizar tamaño, volumen de ventas o tipo de vendedor.

Los productos pesqueros se vendían generalmente sin etiquetado formal, señalización específica de la especie ni recibos detallados: el pescado fresco se ofrecía bajo nombres genéricos como “corvina” y sin embalaje, reflejando las condiciones típicas de compra del consumidor en mercados tradicionales. Los procedimientos de muestreo y compra se diseñaron para capturar esta realidad.

“No sabemos si el [vendedor] del puesto en el mercado está haciendo esta falsa identificación o si es el proveedor”, agrega Guadalupe. “No sabemos en dónde está el problema, ni en qué parte de la cadena hay alguien que está diciendo: ‘Esto es corvina’, pero en realidad es tiburón. Lo que sabemos es que en algún momento eso se cambia”.

El problema se ve agravado por una cadena de suministro compleja y opaca, advierte el estudio, pues al estar dominada por intermediarios, dificulta supervisar el comercio y aplicar las regulaciones. A pesar de que la pesca dirigida de tiburones está prohibida desde hace 17 años, la captura incidental se usa con frecuencia para justificar desembarques, mientras que la escasez de inspectores en los puertos continentales debilita aún más el cumplimiento.

Las herramientas moleculares se han vuelto esenciales para la conservación de tiburones y el control de su comercio, especialmente cuando es difícil identificarlos solo por su apariencia, señalan los investigadores. En este estudio, se utilizó una técnica llamada PCR específica para cada especie, que analiza marcadores del ADN mitocondrial (ITS2) y permite identificar con precisión las especies de tiburón en muestras de mercado. Este método resulta económico, sensible y práctico para el monitoreo.

Si bien ciudades de la región serrana —como Quito y Cuenca— tenían productos de tiburón etiquetados incorrectamente, no se encontró carne de tiburón en muestras de ciudades costeras como Guayaquil y Manta.

“La principal preocupación para el consumidor es no poder elegir lo que está consumiendo. Uno tiene el derecho de comprar corvina y consumir corvina”, dice Gabriela Pozo, especialista en biotecnología y genómica, investigadora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal.

“También es una cuestión ética: si sabemos que estos tiburones están en peligro o son vulnerables, simplemente no queremos comerlos y no deberíamos tener que hacerlo sin saberlo”, agrega la especialista. “En términos de salud, no está prohibido comer tiburón, pero, al igual que otras especies grandes como el atún o el salmón, existe evidencia de que pueden bioacumular mercurio y arsénico, lo que también influye en la decisión de consumo”, afirma.

Especies amenazadas en los mercados

En conjunto, los hallazgos del estudio muestran que los tiburones presentes en los mercados ecuatorianos pertenecen a especies ya reconocidas como amenazadas o en declive a nivel mundial. Su venta bajo nombres falsos no solo vulnera los derechos de los consumidores y pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también oculta la verdadera magnitud de su explotación, complicando los esfuerzos de conservación.

Estos resultados subrayan la urgente necesidad de fortalecer la trazabilidad del pescado, aplicar de manera efectiva las protecciones existentes y alinear la gestión pesquera de Ecuador con los compromisos internacionales de conservación de tiburones, aseveran los especialistas.

El tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) enfrentan una intensa presión pesquera global. El primero sufre declives por captura incidental en pesquerías de palangre y redes de enmalle, mientras que el segundo, uno de los más explotados, se captura tanto por carne como por aletas. En Ecuador, aunque la pesca dirigida está prohibida, ambos siguen llegando a los mercados bajo la excepción de captura incidental, creando un vacío legal que socava la conservación.

Mientras tanto, el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón azul (Prionace glauca) también muestran poblaciones en declive. El martillo liso ha perdido más del 50 % de sus ejemplares en tres generaciones y, a pesar de su plena protección legal, sigue apareciendo en mercados con etiquetas falsas. El tiburón azul, aunque más abundante que otras especies, se captura masivamente como pesca incidental en atún y pez espada, y sus poblaciones están disminuyendo a nivel mundial.

Un problema de alcance global

Casos similares de etiquetado engañoso de carne de tiburón se han registrado en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil y Guatemala. También en Chile y en Perú, como informó recientemente Mongabay Latam. El problema no se limita a la región: también se han documentado situaciones parecidas en Estados Unidos, Ghana, Singapur y Taiwán, lo que demuestra que el fraude en la venta de tiburón es un fenómeno global que pone en riesgo tanto a las especies más vulnerables como a los consumidores.

Sebastián Gómez, biólogo especializado en conservación marino-costera y coordinador del programa de tiburones y rayas de la organización AquaMarina en Argentina, investigador que no participó en el estudio, coincide en que la venta de tiburones bajo otros nombres no es un fenómeno aislado. La evidencia científica disponible indica que se trata de una práctica recurrente en varios países, aunque aún no se cuenta con estimaciones regionales completas debido a la falta de estudios sistemáticos.

«Cabe destacar, el mislabelling de tiburones en América Latina no solo es un problema de fraude comercial, sino también un desafío central para la conservación marina porque, en última instancia, cuando la especie desaparece de la etiqueta, también desaparece de la gestión”.

El estudio propone tres medidas clave para enfrentar el problema de la venta de carne de tiburón mal etiquetada en Ecuador. Primero, establecer un sistema de trazabilidad sólido que permita seguir la cadena de suministro desde la captura hasta el mercado, asegurando que las especies vendidas sean auténticas.

Segundo, implementar un monitoreo rutinario de los mercados, utilizando herramientas de identificación rápida basadas en ADN, que permitan detectar sustituciones de especies, garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar la vigilancia de tiburones amenazados. Y tercero, informar y educar al público sobre la importancia de consumir pescado proveniente de pesquerías sostenibles, protegiendo tanto a las especies sobreexplotadas como a los ecosistemas marinos de los que dependen los humanos.

Alex Hearn señala que, aunque solucionar las fallas en la trazabilidad de los productos del mar es difícil, existen esfuerzos que están demostrando que sí es posible. “Existen casos —aquí en Ecuador, de hecho, en Galápagos—, donde pescadores están usando un sistema de trazabilidad con cámaras a bordo y eso les ayuda a vender su pescado a mejor precio porque contiene un sello de pesca responsable”, explica el especialista.

“También tenemos pesquerías industriales que tienen certificación de Marine Stewardship Council; una vez que tu producto está certificado para poder comercializarlo, tiene que pasar a través de intermediarios que también tienen un certificado de trazabilidad porque no quieres que se mezcle con producto no certificado. Existen mecanismos, habría que ver cómo integrarlos a la realidad de la pesca artesanal o más informal en Ecuador”, sostiene.

El estudio deja claro que la solución depende tanto de las autoridades, como de los consumidores. Preguntar por el origen del pescado y optar por productos sostenibles puede generar presión en mercados y restaurantes, incentivando un comercio más responsable.

“Muchas personas tienen la capacidad de poder decir: ‘Yo escojo comprar huevos de gallina de corral o carne sin hormonas’. Lo mismo puede suceder con el pescado capturado de forma responsable”, concluye Hearn. “Si hay suficiente empuje por parte del consumidor, preguntando de dónde viene el pescado, entonces los mercados y los restaurantes van a exigir también a sus proveedores y así sucesivamente”.

REFERENCIA

Guadalupe, J. J., Pozo, G., Hearn, A. R., Serrano-Abarca, C., Viera, P., Hidalgo, C., Mateo, M. J., Torres, M. L. (2026). Molecular identification of shark meat sold in Ecuadorian markets labelled under different names. Frontiers in Marine Science.

*Imagen principal: tiburón martillo liso. Foto: cortesía Oceana.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Citados a las siete de la mañana del domingo por el Icfes, muchos tuvieron que viajar el día anterior con acudientes y hospedarse en casas de familiares o en hoteles económicos.

Además de pagarle $72.000 al Icfes por concepto de inscripción, las familias asumen (con mucho esfuerzo y en algunos casos con apoyo de los colegios) gastos de transporte intermunicipal y urbano, almuerzos y hasta dos noches de hotel.

¿Por qué hacen todo esto si no es obligatorio? Porque son estudiantes que quieren ingresar a la universidad y se esfuerzan en la preparación de Saber 11, que les espera el 26 de julio.

Presentar PreSaber del Icfes es realizar el simulacro más real posible de Saber 11, un ejercicio habitual en colegios de alto rendimiento en las ciudades.

Estos estudiantes pilos, determinados y esforzados, hacen parte desde grado octavo del programa de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia.

Muchos otros pilos de los semilleros no lograron inscribirse en diciembre y enero ante el Icfes, pero harán simulacro virtual en la plataforma Puntaje Nacional, luchando contra los problemas de conectividad.

Algunos lograron inscribirse ante el Icfes (vendiendo boletas de una rifa colectiva), pero no reunir las condiciones para viajar, con lágrimas de frustración.

Otros viajaron solos para ser recogidos por familiares. Múltiples pequeñas historias de formación del carácter y la determinación de buscar un futuro mejor.

Y muchas muestras de amor filial y compromiso de padres y madres con sus hijos, esperanza de la familia.

• De los municipios de El Paso, Tamalameque, Chimichagua y Chiriguaná viajaron a Valledupar, Cesar.

• De Zona Bananera y El Retén viajaron a Santa Marta, Magdalena.

• De Santiago de Tolú y San Onofre viajaron a Sincelejo, Sucre.

• De Moñitos y San Bernardo del Viento viajaron a Montería, Córdoba.

• De María La Baja y Mahates viajaron a Cartagena, Bolívar.

• De corregimientos de la ciudad a Riohacha, La Guajira.

• De corregimientos y colegios de la ciudad a Cartagena, Bolívar.

Pilos del Magdalena

Del municipio de Zona Bananera:

• Sheiry Roxana Cantillo Velásquez, IE de Tucurinca
• Luis Santiago Villar Montero, IED Ciudad Perdida
• Felipe Hereira Pinto, IED Ciudad Perdida
• Jhon Jairo Noel Mercado, IED Humberto Velásquez García
• Branis Yasuri Aparicio Berrío, IE Soplador.

Del municipio de El Retén:

• Silvana Tocora Borrero, IED Roque de los Ríos Valle
• Sonia Sofía Mercado Rodríguez, IED San Juan Bautista
• Alexis Manuel Sánchez Barrios, IED San Juan Bautista
• Clara Michell de Orta Moreno, IED Roque De Los Ríos Valle

Pilos de Bolívar

Del municipio de María La Baja:

• Taliana Sofía Terán Vanegas, IE Rafael Uribe Uribe
• Isaac David Rocha Carrillo, IE San Luis Beltrán
• Ramón Andrés Julio González, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• María Camila Chiquillo Flórez, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Johandry Carolina Cantillo Santos, IE Rafael Uribe Uribe
• Nailin Carolina Gutiérrez Fernández, IET Acuícola San Francisco de Asís
• Isabel Sofia Herrera Noreña, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Jesús David Soto Moreno, IE Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural

Del municipio de Mahates:

• Quiliar Daniel Herrera Pimientel, IE de Evitar
• Cristiana de Jesús Atencio Orozco, IE Camilo Torres
• Yarlis Cecilia Calderón Yepes, IET Agropecuaria Ezequiel Martelo
• Lindys Neleidys Julio Herrera, IE Camilo Torres
• Lina Marcela Arrieta Polo, IE de Evitar

De Cartagena:

• Noelis María Babilonia Martínez, IE de Bayunca
• Sandy Fonseca, Liceo Bolívar
• Cristina Arellano, I.E nuestra Señora del Carmen

Pilos del Cesar

• Nataly Castro Avendaño, IE Técnica Agroindustrial Octavio Mendoza Durán, El Paso
• Sharik Nicolle Córdoba Castilla, IE Conalpa, El Paso
• Yuranis Andrea Rivera Nevado, IE El Carmen, El Paso
• María José Suárez Guerra, IE Conalpa, El Paso
• Rosalba María Camacho Álvarez, IE San José Soledad, Chimichagua
• Amir Julian Porras Trespalacios, IE Octavio Mendoza Duran, El Paso
• Leamis Patricia Palomino Rangel, IE San José Soledad, Chimichagua
• Nataly Bustos Bonet, IE Agropecuaria Luis Felipe Centeno, Chiriguaná
• Jesús David Sánchez Sánchez, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• Esteban David Robles Castro, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• José Eduardo Vanegas Castilla, IE Técnico José Celestino Mutis, Guacoche, Valledupar
• Miguel Ángel Rodríguez, IE Benito Ramos Trespalacios, de El Paso
• Andrea li Villarreal Tejeda, IE la Inmaculada, Chimichagua

Pilos de Sucre

Del municipio de Santiago de Tolú:

• Gabriela Padilla Ríos, IE Técnica José Yemail Tous
• Isaura Sofia Berrío Cermeño, IE Técnica José Yemail Tous
• Emmanuel Martínez Barragán, IE Técnica José Yemail Tous
• Luisa Fernanda Solar Bohórquez, Liceo Pedagógico Los Ángeles
• Antero Tomás Arias Mendoza, Liceo pedagógico los ángeles

Del municipio de San Onofre:

• Ronaldo Bello Álvarez, IE Aguas Negras

Pilos de Córdoba

• Natalia Doria Castro, IE Obdulio Mayo Carpeta, Moñitos
• Aliska Carielys Corredor Silgado, IE José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento.
• Johelys Paola Padilla Palencia, IE Perpetuo Socorro, Moñitos

Pilos de La Guajira

• Luz Elisa Quintero Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Zaide Carolina Godoy Martínez, IE Luis Antonio Robles, Camarones
• Elisaray Pinedo Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Jhon Mario Redondo Morales, IE Rural Miguel Pinedo Barros, Dibulla

Trazador misional de esta publicación:

En su línea estratégica, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grado octavo para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).