En la vereda colombiana Los Laureles, en el departamento de Arauca, los habitantes comparten el río Cravo Norte con el caimán llanero (Crocodylus intermedius). César Castro, campesino de la zona, relata que conocen bien los territorios que este depredador de hasta siete metros de largo defiende incluso de otros de su misma especie. Aunque hay relativa tranquilidad en la convivencia, no se han librado de ataques esporádicos al ganado ni de conflictos con pescadores locales y foráneos por el enmallamiento del reptil en las artes de pesca.

Así como en los Llanos Orientales, en muchos territorios de Colombia los encuentros entre personas y fauna silvestre pueden desencadenar preocupación, pérdidas económicas y acciones humanas que terminan perjudicando a los animales. Para promover la coexistencia, Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, junto a una docena de instituciones aliadas, desarrollaron la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre.

“Se construye a partir de la experiencia de más de una década de trabajo en los territorios del país junto con las comunidades, con el fin de mitigar el conflicto”, dice Germán Forero, director científico de WCS Colombia. Este documento busca ofrecer herramientas prácticas para orientar procesos que permitan construir y monitorear territorios en coexistencia. La guía se ha nutrido de diferentes experiencias en el país con especies como el oso andino o de anteojos, el jaguar, el puma, los murciélagos y las águilas.

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“La guía recoge muy bien esas experiencias, las potencia y permite tener una orientación clara y contundente en términos de generar los escenarios de coexistencia”, opina Federico Mosquera, subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, institución que ha participado en varios de los procesos citados en el documento.

La publicación se basa en el Plan4Coex, un enfoque de planificación que busca mitigar las interacciones negativas para alcanzar una coexistencia sostenible y evaluable a lo largo del tiempo, de acuerdo con la guía. Silvio Marchini, biólogo brasileño y miembro del Grupo de Especialistas en Conflicto y Coexistencia Humano-Fauna de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), junto a otros colegas, desarrolló la metodología.

“Cuando nos centramos en el conflicto, la pregunta suele ser qué debemos reducir o evitar. Cuando pensamos en coexistencia, también nos preguntamos qué necesitamos construir y mantener para que las personas y la fauna puedan compartir un territorio a largo plazo”, explica Marchini. Con este enfoque, el bienestar de las personas y la conservación de las especies son objetivos que van de la mano.

Las comunidades deben ser las protagonistas

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Para Marchini, convertir el conflicto con la fauna silvestre en coexistencia demanda que los habitantes sean involucrados desde el inicio en la definición de los problemas, los objetivos, las acciones y la evaluación de los resultados. “Las comunidades ya tienen conocimientos, capacidades e iniciativas propias”, dice. Debe existir respaldo institucional y recursos, sin trasladar a las comunidades toda la responsabilidad de la conservación, añade el experto.

La cartilla propone comenzar por una evaluación de las interacciones con fauna silvestre que recoja las experiencias y percepciones de las comunidades a través de talleres participativos. En Cravo Norte, por ejemplo, los especialistas conocieron que casos aislados de depredación de animales domésticos o los encuentros inesperados con el caimán llanero están integrados en la vida diaria de sus habitantes.

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Mientras tanto, en el río Tomo y caño Terecay, en el departamento de Vichada, donde el caimán llanero ha sido reintroducido desde 2015, encontraron que muchas interacciones imprevistas con el reptil se deben al “desconocimiento local”, de acuerdo con la guía. Estas experiencias dejaron la lección central de que las medidas deben adaptarse a cada contexto, aunque se trate de la misma especie, señala Marchini.

El siguiente paso que propone la guía es la planificación, que incluye definir los cambios esperados y las acciones a tomar. Por ejemplo, en Cravo Norte se planificaron acciones encaminadas a evitar que los animales domésticos se acerquen al río y se conviertan en presas del caimán. También se planificaron recorridos comunitarios por el río para evitar el uso de artes de pesca no reglamentadas y actividades de educación ambiental en la escuela local, añade Forero.

En Vichada, por otro lado, se tiene planificado hacer nuevas liberaciones, adelanta Mosquera.

Forero reconoce que el caimán llanero, al ser un depredador que puede alcanzar los siete metros, requiere de un trabajo minucioso con las personas antes y después de su reintroducción. La razón es sencilla: las comunidades en el río Tomo y caño Terecay no estaban acostumbradas a la presencia de la especie, pues hace décadas que había desaparecido de la zona por la cacería ilegal para la extracción de la piel.

El tercer paso es establecer una línea base con indicadores de daños, tolerancia o disposición a coexistir y del estado de la población silvestre. En ese proceso, Castro conoció que en Cravo Norte sobreviven las poblaciones más grandes del caimán llanero. Aún así, en los monitoreos no han contado más de 50 adultos, detalla. “Pensábamos que había muchos”, dice, pero, en realidad, el animal sigue clasificado en la categoría de Peligro Crítico, según la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Implementar acuerdos y monitorearlos

El caimán llanero controla las poblaciones de peces y evita que los cauces se obstruyan al movilizar sedimentos con su cola. Esto es parte de lo que la comunidad aprendió en los talleres con WCS. Al ver que quedaban tan pocos y que su rol para mantener en equilibrio el ecosistema fluvial desaparecería, la comunidad se motivó a cuidarlos, asegura Castro.

Precisamente, el cuarto paso que propone la guía es concertar acciones y responsabilidades. En Cravo Norte se acordó implementar acciones a nivel comunitario y predial para hacer un mejor manejo de los animales domésticos.

El quinto paso contempla la implementación de las medidas que pueden incluir manejo del hábitat, prácticas productivas sostenibles, infraestructura antidepredatoria, incentivos, educación y fortalecimiento de capacidades con acompañamiento técnico.

Entre esas medidas, en Cravo Norte se construyeron bebederos para evitar que las vacas y los cerdos bajen al río en busca de agua, comenta el habitante de Los Laureles.

La guía de seis pasos concluye con el monitoreo y evaluación. Este punto incluye la revisión de acciones e indicadores y comparación de los resultados con los cambios esperados. El objetivo es ajustar o reemplazar medidas.

La coexistencia en un país megadiverso

Federico Mosquera, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, revisó la Guía para la Gestión de las Interacciones con Fauna Silvestre desde su concepción, pues se alínea con uno de los objetivos de la entidad: construir escenarios de coexistencia entre las especies y los modelos productivos humanos. Explica que en las áreas protegidas, ya sea por traslape con comunidades indígenas, ocupación de ciertas zonas, sobreexplotación de fauna, desarrollos forestales o pérdida de conectividad, hay interacción entre personas y animales silvestres.

En un país megadiverso como Colombia, esta realidad se extiende a todo el país. “Las personas que viven en áreas rurales, inclusive en las ciudades, conviven muy cerca de la biodiversidad”, señala Forero, de WCS Colombia.

Mientras los ganaderos pueden verse afectados por la pérdida de ganado por ataques de grandes felinos o los agricultores denuncian casos donde osos de anteojos (Tremarctos ornatus) que se alimentan de sus cultivos, para Mosquera hace falta una discusión sobre el rol de estas especies en el equilibrio ecológico del que dependen las poblaciones humanas, para la obtención de servicios ambientales como el agua limpia y la polinización.

Es decir, la solución no está en cazar por retaliación, sino, por ejemplo, en implementar medidas de manejo adecuado del ganado, resalta Mosquera. Esto incluye sistemas de rotación silvopastoriles, implementación de cercas y cuidado veterinario. Las medidas no solo protegen al ganado del ataque de depredadores, sino que también están encaminadas a proteger su salud y su vida, reduciendo aún más la pérdida económica de los productores.

Cambiar la percepción sobre la fauna silvestre

“El principal reto es cambiar la percepción de las comunidades hacia las especies”, asegura Mosquera. Por su parte, Forero agrega que varias de las experiencias recogidas demuestran que las interacciones con la fauna silvestre pueden ser positivas y traer beneficios. Un ejemplo de eso es el desarrollo del certificado Andean Bear Friendly, sello que ya han recibido algunos cafeteros en el departamento de Valle del Cauca por su convivencia con el oso de anteojos.

Otro desafío tiene que ver con los recursos, reconoce Forero. Seguir los pasos de la guía y, principalmente, implementar las acciones y estrategias, requiere de herramientas y recursos económicos. Por eso, aunque la guía es autoexplicativa, en muchos casos es ideal que las implementaciones sean acompañadas y apoyadas por instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales o privadas, en colaboración con las comunidades o actores locales.

“Esta planificación debe integrarse a otros instrumentos que existan en el territorio, los planes de ordenamiento, las estrategias de restauración, las estrategias de ordenamiento productivo”, añade Forero.

Para Marchini, otro reto es dar continuidad a los procesos cuyos tiempos superan la duración de los proyectos. Explica que las medidas técnicas necesitan mantenimiento, los acuerdos necesitan seguimiento, y las relaciones de confianza requieren de presencia sostenida. “La sostenibilidad depende de que el territorio conserve la capacidad de decidir, actuar y aprender cuando termine el proyecto”, afirma.

Al final del día, señala el especialista de la UICN, el objetivo es que las comunidades disminuyan las pérdidas y la vulnerabilidad, mientras que se reducen las amenazas que enfrenta la fauna silvestre y mejoran las tendencias poblacionales y el hábitat.

En Cravo Norte, donde sus habitantes se enorgullecen de saber convivir con el caimán llanero, ahora refuerzan su vínculo con este gran depredador. Castro relata que WCS respaldó una observación de postura de huevos en verano. Y dice con emoción: “pudimos mirar el nacimiento de 114 nuevas crías, fue una experiencia bonita, aprendimos algo más del caimán”.

*Imagen principal: A medida que crecen las fronteras ganaderas, se han registrado casos en los que los grandes felinos, como el jaguar (foto) y el puma, depredan animales domésticos. Foto: cortesía Federico Mosquera.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El presidente de la República prometió un Plan Marshall y se refirió al rescate del Valle de Tennessee.

La palabra presidencial tiene un valor y un peso, y por eso se profundizará en sus implicaciones.

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato, y el jefe de gabinete de la gobernadora.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

Las preguntas que abordará el panel “Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

Ni preguntas fáciles, ni respuestas complacientes. Las preguntas orientadoras buscan aclarar ideas y ayudar a concretarlas en términos más específicos en relación con la realidad y sus posibilidades de transformación.

El propósito es que todos, panelistas y participantes, salgan del panel con nuevas ideas y conocimientos en el marco de una mentalidad dirigente, dispuesta a hacer que las ideas se materialicen con dominio técnico.

1) ¿Qué aspectos de las experiencias del rescate del Valle de Tennessee y del Plan Marshall parecen replicables en el caso de la reconstrucción del Chocó?

2) En esencia, pero en concreto, ¿cómo la reconstrucción se puede convertir en transformación?

Las demandas de reconstrucción son específicas e inmediatas; las de transformación, inespecíficas y de mediano y largo plazo, hasta ahora.

3) ¿Cuál sería la escala adecuada para lograr una reconstrucción transformadora del Chocó: departamental, interoceánica con Antioquia, macrorregional con el Eje Cafetero?

4) ¿Con cuál visión de Colombia a largo plazo se va a conectar la visión del Chocó para apalancarse?

¿Cuáles son los ejes de esa visión, del país y del Chocó? ¿Qué función económica podría desempeñar el Chocó en la Colombia de las próximas décadas?

5) Órdenes de magnitud de inversiones y de fuentes para una transformación del Chocó.

Puerto Progreso se estima en 1300 millones de dólares, por ejemplo. ¿Cuáles serían las grandes inversiones y cuánto se puede esperar del Fondo Milagro?

6) ¿Cuál sería la variable interna crítica y cuál la externa para la reconstrucción o la reconstrucción transformadora del Chocó? ¿Sobre cuáles variables hay que actuar primero?

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

Quiénes son los panelistas de pensar “Plan Marshall”

Dos economistas reputados del país (Posada y Medina), dos empresarios (Velásquez y Bustos), un ingeniero experto (Lucumí) y dos funcionarios públicos con responsabilidad (alcalde de Quibdó, Bolaños, y jefe de gabinete de la gobernación, Mazo) contribuirán a discernir cómo alcanzar una reconstrucción transformadora de Quibdó y Chocó.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional:

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”.

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó:

“Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros:

“Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó:

“Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Para información completa de RE Quibdó & Chocó: Encuentro académico en Medellín por reconstrucción de Quibdó y Chocó

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los cinco temas que se tratarán son Plan Marshall y Fondo Milagro, Obras por Impuestos, Soluciones de vivienda, Gestión del riesgo y Reconstrucción y urbanismo.

• Serán panelistas expertos de las universidades Nacional de Colombia, sede Medellín; EAFIT, Pontificia Bolivariana y UTCH, del Banco de la República, sucursal Medellín, y de Codechocó.

• RE Quibdó & Chocó es un encuentro académico anual (presencial) y una iniciativa de Comunidad virtual de expertos y aprendices de expertos, asistidos por Inteligencia Artificial, de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de Quibdó y Chocó, 2026-2030. Hermana de RE Buenaventura, que comenzará el 14 de noviembre en la Universidad ICESI de Cali.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Agenda general de RE Quibdó & Chocó 2026

La agenda de RE Quibdó & Chocó 2026 articula cinco dimensiones complementarias de una reconstrucción transformadora:

• una visión estratégica de largo plazo para impulsar el desarrollo integral del departamento;
• los mecanismos financieros y los incentivos a la inversión capaces de convertir esa visión en proyectos y obras;
• las soluciones de vivienda que respondan a las necesidades de los hogares y contribuyan a superar déficits históricos;
• la planificación urbana y territorial que conecte vivienda, infraestructura, actividad productiva y protección ambiental; y
• la gestión del riesgo para que las decisiones de reconstrucción reduzcan vulnerabilidades y fortalezcan la resiliencia de las comunidades.

El panel inaugural plantea el horizonte de desarrollo y su escala de financiación, mientras las cuatro sesiones temáticas profundizan en instrumentos, necesidades sociales, decisiones territoriales y capacidades científicas e institucionales para hacerlo viable y sostenible.

En conjunto, los cinco paneles proponen una mirada holística: que la reconstrucción no se limite a reparar los daños del terremoto, sino que se convierta en una oportunidad para movilizar conocimiento, inversión y cooperación institucional en favor de un Quibdó y un Chocó más seguros, productivos y prósperos.

El encuentro tiene tres segmentos: panel inaugural en auditorio (de 8:00 am a 10:00 am), receso de 20 minutos, cuatro sesiones temáticas simultáneas en salones de clase (10:30 a 12:30), y almuerzo y café de integración y networking por cuenta propia (12:45 p.m. a 2:00 p.m.), en restaurante central de EAFIT.

• Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

“Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

I. Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional: 

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”. 

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros: “Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó: “Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, columnista de El Espectador.

“Obras por Impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”

Este panel examinará cómo convertir el anuncio de una inversión de esta magnitud mediante Obras por Impuestos en proyectos viables, financiables y ejecutables que contribuyan al desarrollo del Chocó.

La experiencia académica de especialistas en derecho tributario permitirá analizar los incentivos, las reglas y las condiciones que orientan las decisiones empresariales.

La perspectiva de un alcalde chocoano permitirá contrastarlas con las prioridades, capacidades y barreras que enfrentan los municipios para estructurar proyectos y atraer inversión.

La conversación buscará identificar qué hace falta para conectar el interés de las empresas con las necesidades del territorio, fortalecer la capacidad local de formulación y ejecución y lograr que este mecanismo no se limite a financiar obras aisladas, sino que contribuya a una estrategia coherente de infraestructura, servicios y desarrollo productivo.

II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Iván Darío Arango Múnera, Doctor en Derecho. Jefe académico en impuestos de la Universidad EAFIT.

• Néstor R. Londoño S., PhD, docente-investigador, coordinador Esp. Tributario y D. Comercial, Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Pontificia Bolivariana.

• Catalina Alejandra Zuleta Palacio, fundadora, socia y CEO de ZEIKI, firma especializada en Ingeniería Territorial, que integra gestión social de nueva generación, certeza regulatoria ambiental e ingeniería civil especializada para el desarrollo de proyectos de infraestructura:

“Obras por impuestos: el reto de fortalecer el tejido productivo local”.

• Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, Chocó (por confirmar): “Obras por Impuestos desde un municipio del Chocó: prioridades, capacidades y barreras para atraer inversión”.

Conductor: Leonardo Sánchez Garrido, director de Gestión de la Información y de Riesgos de EAFIT.

“Vivienda: de lo urgente a lo estructural”

El panel pondrá en diálogo el conocimiento especializado sobre hábitat y déficit habitacional, la ingeniería civil, las posibilidades de construcción sostenible, la capacidad empresarial local y la experiencia de un gobierno municipal.

Esta combinación permitirá abordar tanto la urgencia de responder a las viviendas afectadas por el terremoto como los problemas estructurales de acceso a vivienda adecuada que ya existían.

La discusión puede contribuir a distinguir cuándo conviene reparar, reforzar, reconstruir o reubicar; cómo garantizar seguridad y calidad sin perder de vista la viabilidad económica y las condiciones locales; y cómo aprovechar la emergencia para ampliar la oferta de vivienda adecuada y fortalecer las capacidades de construcción en el departamento.

La meta es que la respuesta a cada hogar se articule con una política de vivienda que reduzca vulnerabilidades y mejore las condiciones de vida a largo plazo.

III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Elizabeth Arboleda Guzmán, directora de la Escuela del Hábitat, CEHAP, de UNAL sede Medellín: “El déficit habitacional y la vivienda adecuada, disponible y para su disfrute: marco analítico del CEHAP”.

• John Jairo Blandón, PhD, director del departamento de Ingeniería Civil de la UNAL sede Medellín: “De la vulnerabilidad que expuso el sismo a una autoconstrucción de vivienda sostenible”. 

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Propuestas de soluciones inmediatas de vivienda en Quibdó para mitigación por la pérdida debida al terremoto”.

• Juan Carlos Palacios Agualimpia, alcalde de Tadó, Chocó: “Impacto del terremoto en vivienda e infraestructura, ayudas del gobierno y medidas de mitigación de carácter municipal en Tadó”.

Conductor: José Camilo Córdoba, director ejecutivo de Progresa Chocó.

“La reconstrucción, oportunidad para POT y urbanismo”

Con especialistas en urbanismo, políticas de suelo, geografía, gestión ambiental y ordenamiento territorial, junto con un investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó y un alcalde de municipio chocoano, este panel abordará la reconstrucción como una oportunidad para tomar mejores decisiones sobre la forma de crecer y organizar el territorio.

La conversación permitirá relacionar la reubicación de viviendas y la expansión urbana con la protección de los ecosistemas, la gestión del riesgo, la infraestructura, la localización de actividades productivas y las posibilidades de generar empleo.

También pondrá sobre la mesa las diferencias entre la planificación de una ciudad como Quibdó y las capacidades de municipios más pequeños para formular y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento.

El reto es que las decisiones inmediatas de reconstrucción no reproduzcan los problemas del pasado, sino que ayuden a configurar una estructura territorial más segura, conectada y favorable al desarrollo económico y social del Chocó.

IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Juliana Gómez Aristizábal, coordinadora de proyectos de Urbam, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Magíster en Planeación Urbana y Diseño de Políticas Públicas del Politécnico de Milán, y Angélica Gaviria Agudelo, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT: “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó: la perspectiva de Urbam”. (15 minutos).

• Beatriz Elena Rave Herrera, arquitecta y magister en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Políticas de Suelo de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy, actual decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: “Un enfoque de políticas públicas para unir planificación urbana y reconstrucción en el Chocó” (7 min).

• Ángela Milena Alzate Navarro, arquitecta y magister en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, y PhD en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asociada de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, PLANUR: “Quibdó: urbanización en la selva húmeda tropical y retos del ordenamiento territorial” (7 minutos).

• Harol Mena M, Arquitecto, magister en Arquitectura Crítica y Proyecto de la UPB, docente del programa de Arquitectura de la UTCH, líder del grupo de Urbanismo y Desarrollo Territorial del programa de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH: “Breve memoria del urbanismo contemporáneo en Quibdó y tres retos urbanísticos de la reconstrucción”  (7 minutos).

• Jorge Eliécer Córdoba Maquilón, PhD, profesor investigador de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas, UNAL Medellín, y exfuncionario en Obras Públicas y Planeación de la gobernación de Antioquia: “El reto de los esquemas de ordenamiento territorial en municipios pequeños” (7 minutos).

• Gustavo Elías Hincapié Mosquera, alcalde de Condoto: “Decisiones de planificación urbana y reconstrucción en un municipio chocoano”.  (7 minutos)

“Gestión del riesgo: aprendiendo del valle de Aburrá”

La presentación de Daniel Ruiz, coordinador de SIATA, y los comentarios de especialistas en reducción del riesgo sísmico, ingeniería y gestión del riesgo, junto con el representante de Codechocó y de un gobierno municipal, permitirán explorar qué aprendizajes científicos, tecnológicos e institucionales de esta experiencia podrían adaptarse a las condiciones del Chocó.

La conversación no se limitará a la posibilidad de instalar sensores o reproducir una plataforma tecnológica: también abordará la necesidad de acumular conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades del territorio, desarrollar capacidades locales de monitoreo y pronóstico, y conectar la información con las decisiones de alcaldías, Gobernación, autoridades ambientales y comunidades.

El propósito es identificar una ruta gradual de cooperación entre instituciones chocoanas y universidades de Medellín que fortalezca la prevención, la preparación y la respuesta ante desastres, y contribuya a que la reconstrucción se fundamente en un conocimiento cada vez más preciso de los riesgos del territorio.

V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Manuel Zuluaga, coordinador del Observatorio de Amenazas y Riesgos del proyecto SIATA., Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá.

Comentaristas:

• Alan Rentería Asprilla, director general (E) de Codechocó.

• Ana Beatriz Acevedo, ingeniera civil por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y un doctorado en Reducción del Riesgo Sísmico de la Universidad de Pavía, docente de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de EAFIT, excoordinadora de SIATA.

• Ricardo León Bonett Díaz, docente de la Universidad de Medellín, Facultad de Ingenierías, Grupo de Gestión del Riesgo y Estructuras (por confirmar).

• Ana Milena Hinojosa, alcaldesa del municipio de Atrato, Chocó.

Es curioso cómo funciona nuestra mente. Pasamos los días atrapados en el mañana, esperando que algo llegue, que las cosas mejoren, que se resuelva aquello que nos inquieta. Vivimos como si tuviéramos la eternidad garantizada, corriendo detrás de un futuro que todavía no existe, mientras el presente se nos escurre entre los dedos.

Pero si el tiempo de pronto estuviera llegando a su fin y supiera que este es mi último año para ver un atardecer, mi último octubre, mi última Navidad, ¿qué cambiaría? ¿A qué le daría importancia? ¿Qué dejaría de quitarme la paz?

De repente, la prisa perdería sentido. Tal vez dejaría de preocuparme tanto por cosas que hoy parecen enormes y dedicaría más tiempo a aquello que realmente me hace bien, a lo que me da tranquilidad y a las personas y los momentos que hacen que la vida valga la pena.

¿No les ha pasado que, a veces, suceden cosas que nos cambian las rutinas y nos obligan a mirar los días de otra manera? De pronto, empezamos a vivir más despacio, a observar lo que antes pasaba inadvertido y a entender que no todo merece nuestra atención.

No sé si será la edad o las etapas de la vida, pero últimamente me he sorprendido a mí misma reaccionando de otra manera ante situaciones que antes me habrían quitado la tranquilidad. Cosas a las que les habría dado mil vueltas hoy ya no me parecen tan importantes. No porque haya dejado de preocuparme por lo que sucede a mi alrededor, sino porque estoy empezando a entender que no todo merece el espacio que le damos en nuestra cabeza.

Me he dado cuenta de cuánta energía valiosa gasto en asuntos que, cuando los miro con cierta distancia, no valen ni un segundo de mi tranquilidad. Cuántas veces me he desgastado por lo que otros piensan, por situaciones que no puedo controlar o por problemas que, con el tiempo, terminan perdiendo la importancia que alguna vez les di.

Y me pregunto cuántas veces confundimos preocuparnos con ocuparnos, como si pensar una y otra vez en un problema pudiera cambiar su desenlace. A veces, lo único que conseguimos es sufrir por adelantado, vivir varias veces una angustia que quizá solo tendríamos que atravesar una vez.

Sin embargo, también hay que reconocer que en esta vida terrenal no somos tan libres como quisiéramos. Tenemos responsabilidades, compromisos, necesidades y circunstancias que no siempre podemos cambiar. Entre lo que queremos y lo que nos toca, muchas veces no queda más remedio que buscar un equilibrio. Pero quizás ese equilibrio también consista en aprender qué merece nuestro esfuerzo y qué no deberíamos permitir que nos robe la paz.

Hay cosas que los seres humanos terminamos entendiendo demasiado tarde. Parece que necesitamos enfrentarnos a la posibilidad de perder algo para reconocer su verdadero valor.

Entendemos que el tiempo no se recupera. Que el reloj sigue corriendo y no se detiene por nada ni por nadie. Podemos recuperar muchas cosas, pero no una tarde que dejamos pasar, una conversación que aplazamos o un momento que no supimos apreciar mientras ocurría.

También entendemos que esperamos demasiado el momento perfecto. Esperamos tener todo resuelto, sentirnos preparados, contar con las condiciones ideales. Posponemos lo que queremos, como si la vida fuera a quedarse quieta mientras nosotros nos ponemos al día.

Pero la vida no va a esperar a que estemos listos. Sigue pasando mientras hacemos planes, mientras resolvemos problemas, mientras esperamos que llegue ese momento en el que, por fin, todo parezca estar en su lugar.

Y quizás una de las preguntas más difíciles que podemos hacernos sea esta: ¿cuántas cosas estamos dejando para después sin saber cuánto después nos queda?

Nos preocupamos tanto por construir un futuro que, a veces, olvidamos que el único lugar donde podemos habitar es el presente.

Si tu vida fuera a terminar dentro de un año, ¿cuál de tus preocupaciones de hoy dejaría de importarte enseguida?

ANDREA VILLATE

La seccional Aguachica presentará la oferta de pregrados, la admisión regular, las vías de admisión especial, la consulta de puntajes de referencia de Saber 11, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

También el programa La U al Territorio, que llega a los municipios de Río Viejo y Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar; Chiriguaná y El Copey, del Cesar; Plato y El Banco, del Magdalena.

Las inscripciones están abiertas hasta el 06 de noviembre. Toda la información aquí.

El Meet hace parte de una serie nacional (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

Aguachica, la seccional de la Universidad Popular del Cesar que crece

La principal institución de educación superior pública del departamento del Cesar está cumpliendo 50 años de vida institucional.

A su vez, la Seccional Aguachica celebra 30 años de presencia institucional y de formación de profesionales para el Cesar, el sur del departamento y el país.

Estos son los 11 pregrados presenciales que ofrece la sede Aguachica de la UPC.

• Contaduría Pública
• Derecho
• Economía
• Administración de Empresas
• Psicología (programa de reciente apertura)
• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Agropecuaria
• Ingeniería Ambiental y Sanitaria
• Ingeniería de Sistemas
• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
• Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte

En reciente ceremonia de grados, la rectora (e), Ana Milena Maya, destacó “el compromiso de la Seccional Aguachica con la formación del talento humano y la transformación del sur del Cesar”.

En una ceremonia, 45 graduandos recibieron títulos de administradores de empresas, contadores públicos y economistas..

Y en otra, a través de los programas de Ingeniería y Posgrados, la Universidad otorgó títulos a 46 nuevos profesionales y especialistas en Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería de Sistemas y programas de posgrado.

Lo que muestra una institución que constituye una palanca para el desarrollo de los talentos y el progreso de su área de influencia.

El crecimiento de la oferta en la seccional (el próximo pregrado que gestionan es ingeniería civil) se corresponde con la ubicación estratégica de Aguachica, la segunda ciudad del Cesar, eje de confluencia y articulación entre el Caribe colombiano (sur del Cesar y sur de Bolívar), el Magdalena Medio, los Santanderes (cercanía con Ocaña y Bucaramanga) y el Catatumbo.

Semilleros de Pilos U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Para mayor información escribir a: semilleros@fundacioncolordecolombia.org

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

Leer más | Glifosato en México: ¿por qué el gobierno pospuso su prohibición?

Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

Leer más | Colombia: campesinos que erradicaron coca voluntariamente, se pasaron a la ganadería en Meta y Guaviare ante incumplimiento de los gobiernos

Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

Leer más | Colombia: el corredor de guerra que genera deforestación y desplazamientos en los pueblos indígenas nukak y jiw

Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Universidad del Atlántico presentará la oferta de pregrados, la admisión regular, las vías de admisión especial, la consulta de puntajes de referencia de Saber 11, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

También el Plan Integral de Cobertura (PIC), por el cual cada semana, personal de la universidad visita colegios de las poblaciones más apartadas del Atlántico, Magdalena y Bolívar, para dar a conocer la oferta académica y los beneficios que da la universidad.

El Meet hace parte de una serie nacional (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

UniAtlántico, con acreditación institucional de alta calidad

Tiene tres campus en el área metropolitana de Barranquilla y tres sedes regionales (Suan, Sabanalarga y Soledad).

La Universidad del Atlántico ofrece 49 pregrados en diez Facultades.

• Facultad de Arquitectura (7 pregrados)
• Facultad de Ciencias Económicas (6 pregrados)
• Facultad de Ingeniería (5 pregrados)
• Facultad de Ciencias de la Educación (9 pregrados)
• Ciencias de Ciencias Básicas (6 pregrados)
• Facultad de Ciencias Humanas (4 pregrados)
• Facultad de Bellas Artes (5 pregrados)
• Facultad de Ciencias de la Salud (4 pregrados)
• Facultad de Química y Farmacia (1 pregrado)
• Facultad de Ciencias Jurídicas (2 pregrados)

La Universidad del Atlántico es una de las instituciones de educación superior más importantes de la región Caribe colombiana, reconocida por su papel fundamental en la formación de profesionales, la investigación científica y la promoción de la cultura.

Con su sede principal en Barranquilla, esta universidad pública ha sido durante décadas un motor de desarrollo social y económico para el departamento del Atlántico y sus alrededores, de acuerdo con Educa Colombia.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La Secretaría de Educación de Córdoba, a través del área de Calidad, apoya la extensión de la convocatoria a municipios como Moñitos, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, San Antero y Los Córdobas.

UniCórdoba presentará la oferta de pregrados, la admisión regular, las vías de admisión especial, la consulta de puntajes de referencia de Saber 11, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie nacional (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

UniCórdoba, con acreditación institucional de alta calidad

De 30 pregrados que ofrece, 16 tienen acreditación de alta calidad. Cuenta con 4 sedes regionales y la sede principal en Montería.

La Universidad de Córdoba ofrece 30 pregrados en siete Facultades.

• Facultad de Ingenierías
• Facultad de Ciencias Básicas
• Facultad de Educación y Ciencias Humanas
• Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Facultad Ciencias de la Salud
• Facultad Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas
• Facultad de Ciencias Agrícolas

Oferta de pregrados en Montería:

• Acuicultura (diurna presencial),
• Administración en Finanzas y Negocios Internacionales (a distancia, sábados),
• Administración en Salud (a distancia, sábados),
• Bacteriología (diurna presencial),
• Biología (diurna presencial),
• Derecho (presencial),
• Enfermería (diurna presencial),
• Estadística (diurna presencial),
• Física (diurna presencial),
• Geografía (diurna presencial),
• Ingeniería Agronómica (diurna presencial),
• Ingeniería Ambiental (diurna presencial),
• Ingeniería de Sistemas (a distancia),
• Ingeniería Industrial (diurna presencial),
• Ingeniería Mecánica (diurna presencial),
• Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (diurna presencial),
• Licenciatura en Ciencias Sociales (diurna presencial),
• Licenciatura en Educación Infantil (presencial),
• Licenciatura en Informática con certificación en Medios Audiovisuales (diurna presencial),
• Licenciatura en Lengua Extranjera con Énfasis en Inglés (diurna presencial),
• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (diurna presencial),
• Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte (diurna presencial),
• Matemáticas (diurna presencial),
• Química (diurna presencial),
• Tecnología en Regencia y Farmacia (nocturna presencial).

La oferta en sedes regionales:

• Berástegui (Ciénaga de Oro): Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería de Alimentos (ambas diurnas presenciales), Administración en Finanzas y Negocios Internacionales (a distancia, sábados).

• Lorica: Ingeniería de Sistemas y Administración en Finanzas y Negocios Internacionales (a distancia).

• Montelíbano: Administración en Salud y Administración en Finanzas y Negocios Internacionales (a distancia).

• Sahagún: Ingeniería de Sistemas y Administración en Finanzas y Negocios Internacionales (a distancia), y Licenciatura en Educación Infantil (presencial).

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Ecosistemas de innovación portuaria y rol de universidades” es el tema del webninar.

La Cumbre Universidad-Empresa en Buenaventura, inicialmente con fecha del 26 de agosto, se postergó para el primer trimestre de 2027 por el impacto del terremoto del 10 de agosto en la ciudad.

Para la Cumbre, organizada por el Comité Intergremial de Buenaventura y la Fundación Color de Colombia, han confirmado participación las universidades Icesi, Nacional de Colombia (sedes Manizales, Palmira y Tumaco), Javeriana Cali, Autónoma de Occidente, UniValle, de San Buenaventura Cali, UniLibre y U. Santiago de Cali.

En la agenda de directivos de las ocho universidades se prevé visita a la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

La Cumbre busca activar y ayudar a estructurar a mediano plazo la relación Universidad-Empresa para Buenaventura, contando con el clúster universitario de Cali.

Dado que la Cumbre abordará los temas de capital humano, automatización, innovación y logística en la industria portuaria, para cuyo documento de trabajo se usó una publicación de Fundación Valencia Port, se solicitó el webinar al subdirector general de esta, Salvador Furió Pruñonosa, PhD, quien delegó al asesor senior y líder de proyectos en más de 15 países Jonas Mendes.

Fundación Valencia Port es el centro de conocimiento del clúster portuario líder del mediterráneo.

Y esta es la versión divulgativa del artículo de consulta: “Ecosistemas de innovación portuaria de referencia: Rotterdam y Valencia”.

Fundación Valencia Port es una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia a la que se suman relevantes empresas, universidades e instituciones de la comunidad portuaria.

Desde sus inicios ha desarrollado proyectos en más de 70 países, principalmente del Mediterráneo, resto de Europa, Asia y América Latina.

“Rol de universidades en innovación portuaria es variado”: Jonas Mendes

Avances de la entrevista.

• Un puerto inteligente no es el que tiene más tecnología, sino el que tiene mayor capacidad de innovar.
• El ecosistema de innovación depende de la cooperación efectiva entre actores.
• Cartagena ya ha construido capacidades relevantes de smart port.
• Un ecosistema se reconoce por sus conexiones y resultados, no por el número de instituciones
• La calidad y frecuencia de las conexiones son la verdadera medida del ecosistema.

Jonas Mendes Constante es un experto internacional en el sector portuario y en consultoría estratégica, con más de 20 años de experiencia en estrategia e innovación portuaria.

Doctor en Administración de Empresas, cuenta con formación ejecutiva en Babson College (Estados Unidos), la Universitat Politècnica de València (España) y la Fundação Getulio Vargas de São Paulo (Brasil).

Es especialista en estrategia, competitividad e innovación en el sector logístico-portuario y ha desarrollado proyectos en más de 15 países.

Es profesor en escuelas de negocios, ponente en programas ejecutivos internacionales y autor de publicaciones sobre innovación y competitividad en los sectores de infraestructuras y logística.

A continuación, la entrevista.

¿Qué tanto de la competitividad de un puerto depende de que sea un puerto inteligente, y qué es un puerto inteligente?

Un puerto inteligente no es simplemente un puerto que utiliza mucha tecnología. Es un puerto cuya gestión tiene procesos y capacidades para identificar, absorber, probar e implementar nuevas soluciones de manera continua, transformando tecnología y conocimiento en mejoras concretas de sus operaciones y servicios.

Por eso, ser un smart port implica combinar tecnología, datos, talento, empresas, investigación y colaboración. Un aspecto especialmente importante es la capacidad de utilizar los datos generados por el propio puerto y por su comunidad para mejorar la toma de decisiones, anticipar problemas y aumentar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

Ahora bien, un puerto no es competitivo solamente por ser inteligente. La competitividad también depende de factores estructurales como su ubicación, conectividad marítima y terrestre, infraestructura, costes, eficiencia operacional y calidad de los servicios.

¿Y en qué momento estamos?

Lo que está cambiando es que, frente a desafíos como la digitalización, la automatización, la transición energética y la descarbonización, la capacidad de innovar y adaptarse se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para mantener la competitividad en el tiempo.

Y aquí hay una idea central de nuestra investigación: muchas veces el desafío de un puerto no es desarrollar internamente una nueva tecnología, sino tener la capacidad de identificar tecnologías desarrolladas fuera del sector, absorberlas, adaptarlas e implementarlas rápidamente. Es lo que denominamos absorptive capacity.

En definitiva, un smart port no es el puerto que tiene más tecnología, sino el que tiene mayor capacidad para convertir tecnología, datos y conocimiento en mejores decisiones y mejores resultados.

En la investigación ustedes analizaron de cerca el caso de la Sociedad Portuaria de Cartagena. ¿En qué fase del camino hacia ser un puerto inteligente se encuentra Cartagena?

Cartagena es un caso interesante porque ya había avanzado bastante en el camino hacia un puerto inteligente cuando realizamos el estudio. La innovación era uno de los pilares de crecimiento del Grupo Puerto de Cartagena, con dos objetivos muy claros: generar más valor para sus clientes y desarrollar nuevas fuentes de crecimiento.

Lo más interesante es que no se trataba solamente de incorporar tecnología. Cartagena había desarrollado distintos mecanismos de innovación: innovación interna, un programa para aprovechar las ideas de sus propios colaboradores —Port-Ideas—, innovación abierta mediante Delta X y procesos de cocreación con startups y empresas del ecosistema logtech.

Además, ya existían aplicaciones concretas: integración digital de actores, monitoreo en tiempo real de carga refrigerada, automatización y digitalización de operaciones, procesos de atención al cliente 100% online y uso de energías renovables.

Por eso, Cartagena no estaba empezando su camino hacia un smart port. Ya había construido capacidades importantes de innovación y estaba utilizando la tecnología para transformar operaciones, experiencia del cliente y desarrollar nuevos modelos de negocio.

Para puertos como Barranquilla, Buenaventura, Tumaco o Puerto Antioquia, quizá la principal lección de Cartagena es precisamente esa: no empezar preguntando qué tecnología comprar, sino cómo construir dentro y alrededor del puerto la capacidad permanente de innovar.

También creo que el benchmarking es muy importante para acelerar este proceso. Contar con la experiencia de puertos que ya han recorrido este camino y superado los retos. 

El estudio dice que sin ecosistema de innovación es difícil llegar a la condición de puerto inteligente. ¿Cuál es el factor clave para que haya un ecosistema de innovación?

El factor clave es la cooperación y conexión entre los actores. Un ecosistema no existe porque haya universidades, empresas, startups o gobierno actuando por separado.

Existe cuando esos actores trabajan juntos de forma recurrente sobre problemas y oportunidades concretas. En los puertos, además, suele ser importante que alguna institución ejerza una función de orquestación del ecosistema.

Cuando hablan de centros de formación e investigación, ¿a qué tipo de instituciones se refieren? ¿Solamente universidades?

No. Hablamos de un concepto mucho más amplio. Incluye universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación aplicada, centros de formación profesional, fundaciones portuarias, laboratorios, living labs, incubadoras y otras instituciones de conocimiento.

Lo importante no es el tipo de institución, sino su capacidad para generar y conectar conocimiento y talento con necesidades reales del sector portuario.

¿Qué indicadores podemos usar para saber si ha comenzado un ecosistema de innovación que involucre a las universidades?

Yo miraría principalmente indicadores de interacción. Por ejemplo: programas de formación especializados, proyectos conjuntos universidad-empresa, prácticas de estudiantes en empresas portuarias, startups surgidas del entorno académico, pilotos realizados en el puerto y participación conjunta en proyectos internacionales.

En síntesis, un ecosistema empieza a existir cuando vemos relaciones recurrentes y proyectos concretos, y no solamente eventos aislados. Un ecosistema de innovación no se mide solamente por el número de actores que existen, sino por la calidad y la frecuencia de las conexiones entre ellos.

Los interesados en el estudio del BID pueden descargarlo aquí: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Ecosistema-de-Innovacion-en-Puertos-benchmarking-internacional-y-recomendaciones-para-el-desarrollo-en-America-Latina.pdf

Para más información escribir a: mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org