La Secretaría de Educación Departamental apoya la extensión de la convocatoria a los 28 municipios beneficiarios del programa Talento Magdalena.

El jefe del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez Boto, será el encargado de presentar la oferta de pregrados, la admisión regular, el Programa Talento Magdalena, otras vías de admisión especial, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

UniMagdalena, con acreditación institucional de alta calidad y sello internacional de ACEEU

Es la segunda universidad pública de la región caribe en recibir la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional.

En 2023 recibió del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas (ACEEU), la acreditación de Universidad Comprometida por su alta calidad e impacto en los territorios., siendo la primera en América Latina.

UniMagdalena ofrece 45 pregrados profesionales en seis Facultades. 14 de sus pregrados tienen acreditación de alta calidad y cinco de sus pregrados de Ingeniería gozan de doble titulación internacional (con universidades de Francia e Italia).

• Facultad de Ciencias de la Educación (14 pregrados)
• Facultad de Ingeniería (10)
• Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas (8)
• Facultad de Humanidades (5)
• Facultad de Ciencias de la Salud (5)
• Facultad de Ciencias Básicas (3)

En el nivel tecnológico ofrece siete programas: 4 en Ciencias Empresariales y Económicas, 2 en Humanidades y 1 en Ciencias de la Salud.

En el nivel técnico profesional ofrece dos programas (en Ciencias Empresariales y Económicas).

Programa Talento Magdalena

Es un programa de admisión especial dirigido a los estudiantes de grado 11 de las instituciones oficiales de educación de los municipios de Magdalena no certificados en educación, que obtengan el primer o segundo mejor puntaje individual de su institución, en las pruebas Saber 11, a partir de los resultados del periodo 2025-II.

En cada proceso de admisión, se destinarán, de la oferta ordinaria, hasta veinte (20) cupos especiales en cada uno de los programas de pregrado presencial para el desarrollo del Programa Talento Magdalena.

Sin embargo, la obtención del cupo especial Talento Magdalena no garantiza la admisión a un programa específico, una de las reglas que se explicará en la charla virtual de Admisiones.

Ampliación de cupos.

La Universidad podrá otorgar hasta tres (3) cupos adicionales del programa Talento Magdalena a las instituciones educativas oficiales de los municipios que firmen convenio y comprometan recursos que permitan sufragar la manutención y sostenibilidad de los estudiantes.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

“Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra” (…) El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto! (…) Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba”: ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, cuento de León Tolstói, escritor ruso.

¿Alguien sabe cuánto costaron los balones de la marca “Patria Milagro” que el presidente llevó al Chocó tras el terremoto? ¿Sirvieron de algo para solucionar la crisis humanitaria? Son preguntas, el juicio vendrá después. Porque no puede ser que, gobierno tras gobierno, sigan repitiendo el disco rayado de que el país tiene una deuda histórica con el Chocó y nadie les diga que han llegado a pagarla en serio.

El formidable cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, escrito por León Tolstói, nos recuerda que nada nos pertenece: Nada. Ni siquiera el pedazo de tierra donde antes enterraban a la gente, porque ahora vamos sin escalas del crematorio a la eternidad, hechos polvo.

Si Dios existe –de seguro sí para el crédulo presidente de la República-, a lo mejor andaba en otra parte, sin tiempo para escuchar las alabanzas del 7 de agosto, día de su posesión. De poco sirvió invocarlo en boca de un sacerdote católico, un rabino y un pastor evangélico, pues al tercer día sobrevivo lo indecible.

Pero no culpen a Dios por lo que pasó. El periódico El Colombiano abrió con un titular, más literario que periodístico, que en otro tiempo habría sido herejía, eh Ave María purísima: “El día que Dios se olvidó de Pereira!”. Esa costumbre tan criolla de culpar a Chuchito por la incompetencia y la desidia de los gobiernos de turno, en lo municipal, departamental y nacional.

Todavía tengo fresca en la memoria aquella portada desafortunada de la revista Semana con la foto del presidente Iván Duque y un gran titular: “Año de aprendizaje”. Eran los tiempos en que un todopoderoso Álvaro Uribe imponía a dedo al candidato de sus afectos. Desde la elección de Gustavo Petro eso cambió.

No es culpa de un presidente de la República que ocurran terremotos o pandemias. Es culpa sí su improvisación, las malas decisiones o la incompetencia de algún funcionario. El comienzo de este gobierno no ha sido el mejor. Y no lo dice un detractor más, sino un medio serio como The Economist.

Seamos justos: tampoco los ciudadanos estamos preparados para lo impensable, porque creemos que las cosas malas le pasan al vecino. Pero un gobierno no puede darse el lujo de pensar así. Más que los mandamientos de Dios, debe guiarse por el sentido común, la cordura, la ecuanimidad y, principalmente el rigor científico, que las más de las veces riñe con los designios divinos. En pocas palabras, a la jefatura de Estado no se llega aprender, se llega aprendido.

Las imágenes que saturan las redes sociales sobrecogen, nos recuerdan a cada momento que estamos de paso y que la vida se nos puede ir en un suspiro. Que no basta con nuestro espíritu solidario. El país debe tomarse en serio la tarea de pensarse desde la prevención y la previsión. Llorar sobre los muertos es igual que llorar sobre la leche derramada.

¿Por qué será que casi siempre la maldad, incluso la maldad inocente de la naturaleza, descarga su furia casi siempre sobre los más pobres, sobre los más jodidos de la Tierra? Tras el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, había que ver el dolor del pueblo chocoano, reflejado en los gritos de aquella madre que encontró en la calle, muerto, a uno de sus hijos.  

Pero al gobierno hay que darle tiempo, los 100 días de gracia para que muestre de qué está hecho. Necesitamos un Ejecutivo sismoresistente. Colombia es un país vulnerable a los desastres naturales. Pero rara vez estamos preparados para prevenir las tragedias y solo nos queda actuar sobre la marcha. El Espectador hizo un justo reconocimiento, en medio de las quejas: “Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos locales han respondido con rapidez, eficiencia y determinación incansables”.

El día de la posesión, en su discurso ante los militares, el presidente se mostró solidario con los ricos; en tono de celebración habló de eliminar el impuesto al patrimonio. Ni se le ocurra Mr. president. La realidad le ha mostrado que ahora es cuando los ricos y los superricos de este país (que son la inmensa minoría), deben ser conscientes de que viven en una nación tercermundista, ahogada en sus desigualdades. Hay pocos con tanto y demasiados con nada, que es necesario insistir en eso de la redistribución de la riqueza, en vez de ofrecer gabelas y seguir blindando privilegios.

Colombia no puede comportarse como aquel limosnero que pide “una ayudita, por favor”. De los ricos no se esperan obras de caridad. Se espera compensación con el país, que ha favorecido su fortuna.

Y, válgame Dios, lo están haciendo, para callarnos la boca a los incrédulos. Los empresarios exhiben hoy su generosidad. Entre todos, juntaron $201 mil millones, mal contados superan los 64 millones de dólares, mucho más que los 25 millones de dólares que de buena gana mandó Donald Trump. Aparte, el grupo Gilinski donó $150 mil millones, el grupo Santo Domingo $100 mil millones y 100 mil millones más el banquero David Vélez. La tragedia está mostrando quién es quién en Colombia. Solo falta saber de cuánto será el aporte del empresario Abelardo de la Espriella.

¿No es este un momento ideal para hablar sobre redistribución de la riqueza?

Abelardo informó que reconstruir valdrá $30 billones. ¿No es este el momento propicio para recordarle al gobierno que cada año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, el equivalente a cinco reformas tributarias? En víspera de elecciones reproduje en este blog la siguiente cita, a propósito de un informe sobre los 18 mil ultrarricos de Colombia:  

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”: inforne de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025,

Esperemos, no obstante, que con la noche que ya pasó y la reforma tributaria que viene, las exenciones sean para los empresarios (fue la promesa de campaña, confirmada en el discurso de posesión) y la clavada impositiva para los demás. A eso súmele que, según La Silla Vacía, el Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para atender el terremoto, deuda que pagaremos los contribuyentes.  Lo haremos con gusto por una causa noble, pero así mismo merecemos saber qué organismos harán la veeduría de los recursos para garantizar transparencia.

El día que nos movieron el piso a todos

Las imágenes de Buenaventura, Cali y zonas del eje cafetero ponen a prueba la cacareada idea del mandatario de gobernar desde las regiones. Debería tener su sede alterna allá, el territorio chocoano, abandonado él sí hasta por Dios, desde el principio de los tiempos. De ese departamento solo nos acordamos en tiempos de tragedia o cuando condenan por corrupción a algún político. Su solo nombre ya parece una cruz: Chocó. Olvidado y vilipendiado. Recuerden al impresentable diputado antioqueño Rodrigo Mesa Cadavid que salió con esta perla: “Invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”. Cómo fue que no mandaron a ese señor a vivir un año allá, no como castigo, sino para resocializarlo, porque a las claras ese fue un gesto racista e insensible.

Chocó debería ser en las actuales circunstancias la verdadera capital alterna de Colombia, si es que Mr. president insiste en tal embeleco.  Porque hoy el Chocó le está dando una bofetada de dignidad al país, a juzgar por esta magnífica, pero al tiempo dolorosa, crónica de Alejandro Rodríguez en El Espectador. El reportero cuenta lo que vio en su recorrido por San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. “Después del terremoto, mientras las grietas siguen abiertas y la ayuda no llega a todos los barrios, los chocoanos vuelven a hacer lo que han hecho siempre: sostenerse entre ellos”.

“Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan”, crónica de El Espectador.

La embestida de un planeta vivo, siempre reacomodándose, le está enseñando al presidente ADLE  que gobernar es más que lanzar besos al aire cual reina de belleza, que le sirve más al país remangado que en sesión de limpieza fácil al lado de su esposa, la primera dama. Es que, señor presidente, hay un momento para todo, y este no es precisamente un momento para banalidades ni veleidades.

En las redes sociales han sido funados (en mis tiempos se decía boleteados), él, su esposa y el ministro Rodrigo Lara. Lara dijo que aquellos que hagan política con las ayudas (“repartija política”, la llamó) se van para el infierno, en tanto que han criticado a la pareja presidencial por creer que caridad y gestión de gobierno son la misma cosa. No hablemos ya del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que andaba en plan familiar tomando el sol en Santa Marta, mientras sus compañeros tenían las botas puestas por los damnificados.

Un artículo del diario español El País sobre el papel de Ana Lucía Pineda resume el asunto, de manera incluso risible. “Contó que había conseguido un sinnúmero de donaciones, desde servicios funerarios para las víctimas hasta comida de McDonald’s para los rescatistas. El presidente se mostró complacido. “Queridos amigos, como ustedes pueden ver, se ha hecho todo lo que hay que hacer en materia técnica”.

El país requiere un presidente más estadista que showcero y un gabinete más diligente que fervoroso, porque no se pueden delegar en el cielo las cuestiones netamente terrenales.

Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería ser el más importante de todos, por encima incluso del Ministerio de Defensa. Se le debería, por lo tanto, garantizar un presupuesto generoso y exigirle resultados concretos. Ah, pero oh sorpresa, con menos de $2 billones (y una tercera parte de estos dedicado a gastos de funcioamiento), figura en la cola de las asignaciones presupuestales al lado de los ministerios de Cultura, Ciencia, Deporte y Comercio).

El mundo enfrenta un apocalipsis climático, dicho y predicho por los expertos (las pruebas están en nuestras narices); así que los políticos, y en particular los legisladores, no deben minimizar el impacto del cambio climático y los desastres naturales. De hecho, un editorial de El Espectador lo advierte de manera tajante: “Nos parece evidente que la agenda del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcada por el terremoto y el Fenómeno del Niño”.  

¡La sacamos barata… esta vez!

Dicen los científicos que el choque entre placas tectónicas liberó tanta energía como 126 bombas de Hiroshima (1.9 megatones de TNT), y por fortuna fue muy profundo, a 110 kilómetros de la superficie (la distancia más o menos entre Bogotá y Girardot). Porque de haber ocurrido a 10 kilómetros, como pasó en Venezuela, otro cuento estaríamos contando. Una historia inenarrable.

Según La Silla Vacía, “el terremoto del 10 de agosto encontró a un país donde tres de cada cuatro edificios se levantaron antes de la última norma sismorresistente, donde más de un tercio no tiene ningún refuerzo sismorresistente en su estructura y donde esa cifra cambia de manera brutal según el departamento en que uno esté parado”.

Para colmo de males, apenas el 25% de las edificaciones en Bogotá estarían en condiciones de soportar un terremoto, según denuncia hecha por un concejal. Es decir, el país no puede esperar al próximo desastre sobre lo que parece ya un desastre.  

Pero algo bueno nos ha quedado en medio del sufrimiento ajeno. Al mandatario ya debió quedarle claro que se hizo elegir para gobernar en medio de circunstancias adversas, no parar dar órdenes desde la comodidad de Barranquilla, güsiquicito en mano.

El señor presidente prometió un Plan Marshall para reconstruir al Chocó; que el pueblo se lo demande si sus palabras terminan en cuento chino.   

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

Los libros de Steven Pinker siempre enseñan y divierten. Hoy se hablará del más reciente, Cuando todos saben que todos los saben. El conocimiento común y la ciencia de la armonía, la hipocresía y la indignación, traducción Pablo Hermida Lazcano. Paidós, 2005. Leerlos es un deleite, pues son profundos, rigurosos, serios y están salpicados de buenas historias, chismes y humor.

Este es un libro sobre el conocimiento común. ¿Qué es esto? El autor lo define así: «Es la hazaña mental que explica una de las señas de identidad de la condición humana: las mentes individuales pueden coordinar sus decisiones para beneficio mutuo, posibilitando la prosperidad de nuestra especie en colectivos que abarcan desde las parejas hasta las sociedades». Más adelante añade: «Muchas de nuestras tensiones personales y políticas surgen del deseo de propagar o suprimir el conocimiento común».

Parece que nos desvivimos tanto por crear conocimiento común como por evitar que se difunda en ciertos casos. Este concepto se describe, sencillamente, de la siguiente manera: yo sé que tú sabes que yo sé, y tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé.

El lenguaje es el ejemplo más directo; el significado de una palabra es conocimiento común entre los hablantes de un mismo idioma. Como el lenguaje es una convención, tú me pasas la pimienta y no la sal cuando te la pido. El propósito principal del conocimiento común es coordinar nuestro comportamiento. Aunque no tenemos pruebas de que el otro entienda lo que decimos exactamente de la misma forma en que lo entendemos nosotros, la realidad demuestra que sí ocurre en la mayoría de los casos. Un discurso se interpreta de la misma manera no solo porque deducimos lo mismo de las palabras oídas —bueno, casi siempre—, sino porque esperamos que los demás hagan la misma interpretación que nosotros.

Somos seres sociales; por eso las sociedades se mantienen gracias a la cooperación y la coordinación, que son las dos caras de la misma moneda. Dice Pinker que el reino humano se construye sobre convenciones que nos permiten coordinarnos con eficacia y que se refuerzan constantemente a través del conocimiento común. Este crea realidades no físicas, como son el dinero o Microsoft. Yuval Noah Harari ya había planteado esto, pero Pinker le hace ajustes a su idea.

Los psicólogos evolucionistas creen que varias de nuestras cualidades mentales —como recordar quién se ha portado bien o mal con nosotros, además de nuestro sentido de la justicia, la compasión, la gratitud y la rabia— son emociones diseñadas para implementar una estrategia de reciprocidad. Cooperamos y esperamos que el otro haga lo mismo después. Pinker lo explica así: «La compasión nos impulsa a cooperar en la primera jugada; la gratitud, a pagar la cooperación con cooperación; la ira, a pagar la deserción con deserción».

Las redes sociales tienen el gran poder de aumentar el conocimiento común, pero pueden ser destructivas, constructivas, estar equivocadas o tener la razón. Lo impactante es que los más ignorantes pueden hacerse oír, incluso con más fuerza que los inteligentes, si son insistentes; un grupo grande de personas equivocadas puede coordinar sus acciones y ser muy efectivo. Las comunidades no solo tienen convenciones prácticas, como respetar el semáforo, sino que también comparten creencias y valores. En las comunidades religiosas, por ejemplo, los fieles se guían por la fe. Esas creencias dependen de que un gran número de personas sepan que existen y que los demás también creen en ellas.

Una de las formas de control social es el castigo a los infractores. Con este se logra que todo el mundo sepa que todos saben que alguien fue sancionado. Los psicólogos Peter DeScioli y Robert Kurzban sostienen que «la condena moral no es solo una estrategia para señalar nuestra propia virtud, sino también una estrategia para alinearnos con una facción dominante». La gente sabe que en grupo se prospera, pero también que esto puede tener un costo alto, como pelear por algo de lo que no se está convencido.

Respecto a las sanciones, Pinker señala: «Culpar a personas por resultados que nunca pretendieron es una mentalidad que los niños superan a los ocho años, y marca una diferencia importante entre los regímenes de justicia arcaicos y los modernos». Y agrega: «Otro de los fundamentos es que las consecuencias importan. Si nadie resulta herido, no puede ser malo (o al menos necesitas un argumento de peso de por qué lo es). Ese es el motivo de que la homosexualidad, la herejía, la anticoncepción, el sexo prematrimonial y otras prácticas sin víctimas hayan sido despenalizadas, incluso si ofenden a algunos puritanos y entrometidos».

Dice Pinker que el conocimiento común es un prerrequisito de la vida social. Afirma que hablar de él implica utilizar el lenguaje de la lógica o de la teoría de juegos, pues de lo contrario se estaría empleando una mera metáfora conceptual. En este libro, el autor utiliza una serie de razonamientos lógicos para explicar las inferencias que podemos hacer según cómo reaccione o no la gente, o qué tan común sea ese conocimiento. La teoría de juegos fue inventada por el genio matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern para explicar cómo el costo y el beneficio de una elección varían y dependen de las decisiones que toman los demás.

En su obra, Pinker hace un recorrido por varias teorías de juegos y dilemas conocidos de las interacciones sociales. Explica el acertijo de «las espinacas en los dientes» y luego el del «juego del correo electrónico» (el cual define como la paradoja más célebre del conocimiento común), analizándolos con sus respectivos resultados y probabilidades. También profundiza en uno de los dilemas a los que da más importancia: el «dilema del prisionero», y asegura que debería ser comprendido por toda persona instruida, ya que un individuo que actúa racionalmente en su propio interés puede salir mal librado si lo desconoce. Si ambos prisioneros conocen las reglas, ambos se benefician. El lector debe saber que no se refiere a dilemas reales de cárceles, sino a situaciones que se nos presentan a todos en la vida diaria. Asimismo, Pinker explica el «juego de la caza del ciervo» y el «juego del gallina» (el cual se hizo célebre en la película Rebelde sin causa y posee terribles repercusiones cuando se aplica a la guerra o a la geopolítica), además de los juegos de «dividir el dólar» y del «ultimátum».

Luego, el autor explora cómo los seres humanos leemos la mente y las intenciones ajenas, haciendo un seguimiento de los pensamientos de los demás y de lo que ellos piensan sobre los nuestros. Muestra las consecuencias que este conocimiento común tiene para la economía, la inflación, los pánicos bancarios, las burbujas especulativas e incluso para asuntos como la escasez de papel higiénico en EE. UU. durante la pandemia del COVID-19.

Por otra parte, menciona que muchas creencias comunes (aunque equivocadas) entre los estadounidenses incluyen pensar que Benjamín Franklin fue presidente, que las arañas son insectos y que los pingüinos viven en el Polo Norte. Lo destaco porque me pareció un detalle gracioso.

Es fascinante la explicación de Pinker sobre por qué, cuando hay muchos testigos ante un hecho que requiere un «salvador», nadie se mueve (el efecto espectador). El autor concluye: «Así pues, el mejor resultado para cada espectador es que intervenga otro, y el peor es que no intervenga nadie, mientras que su propia intervención ocupa una posición intermedia. Cada voluntario intervendría si estuviera seguro de que ningún otro pretendía hacerlo, por lo que intenta adivinar las intenciones de los demás al tiempo que oculta las suyas propias».

 Segunda parte la próxima semana

Siete becarios que obtuvieron puntajes superiores a 400 en Saber 11, incluyendo uno de 500 sobre 500, que conforman “La banda de los 400+”, y siete becarios con puntajes superiores a 340, que son los coequiperos, constituyen el equipo del Tour Saber 11 Buenaventura 2026, una muestra de compromiso con la ciudad.

El Tour cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital para los permisos académicos, mediante una Circular a los rectores de instituciones educativas oficiales y privadas, y es organizado por la Fundación Color de Colombia y el Semillero Alpha Phi Alpha de la Universidad Icesi (de Cali).

Seis de los 14 becarios estudian en Icesi (con becas Nutresa, institucionales y de Fundación Valle del Lili), dos en la Javeriana Cali, dos en la Universidad Autónoma de Occidente, una en la Universidad de los Andes, una en la Universidad del Valle, y dos (con puntajes superiores a 450 en Saber 11) están aspirando a Medicina en varias universidades. De los 14, cuatro son egresados de colegios privados y 10 de colegios oficiales. La mayoría exintegrantes del Semillero de Becarios U.

Servicios del Tour Saber 11

El Tour Saber 11 ofrecerá a los estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios que se interesen y se inscriban (en este formulario), lo siguiente:

• Masterclass sobre Saber 11 para grado 11: estrategias de preparación, 10 tips para prueba, preguntas típicas. Gratuita.
• Clases semi-personalizadas por cada una de las cinco subpruebas de Saber 11 (para 8 estudiantes).
• Clases semi-personalizadas de orientación vocacional de Derecho, Psicología e Ingeniería de sistemas.
• Inducción sobre distintos tipos de becas.
• Postulación a viaje a Cali para inmersión en Universidad Icesi, el 30 de julio.

Los estudiantes podrán postularse individualmente en el siguiente formulario: https://forms.gle/hhoXSYuzc3eVMf539

Quiénes son los de “La banda de los 400+”

Comenzando con su puntaje en Saber 11, el pregrado que cursan, la universidad y finalizando con el colegio del que son egresados.

• 500: Diego Fernando Castaño M. Medicina. Icesi (egresado de Colegio Termarit)
• 473: María José Rivas del Castillo. 2027-1 (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 457: Laura Lorena Celorio Valencia. 2027-1 (IE San Vicente)
• 455: Eyleen Johely Murillo M. Medicina. UniValle (IE Incodelpa)
• 433: Jean Carlos Riascos Palacios. Ingeniería de sistemas. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 415: Mariana del Río Ramírez. Ingeniería.Industrial. Javeriana. (CE Bahía de Buenaventura)
• 411: Denisse Aylin Lorza H. Arquitectura. UniAndes (Normal Superior Juan Ladrilleros)

Quiénes son los coequiperos

Con el mismo orden:

• 384: María Del Mar Mosquera C. Ingeniería Informática. Universidad Autónoma de Occidente, UAO. (Colegio Patricio Symes)
• 377: Juan Yessid Garcés H. Ingeniería de Sistemas. Javeriana Cali (CE Bahía de Buenaventura)
• 362: Andrés Felipe Díaz Montoya. Ingeniería de Sistemas. Icesi (IE Icoterpo)
• 361: Lauren Sofía Valencia Contreras. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 343: Iliana Samara Córdoba Lozano. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 316: Dinka Isabela Cabezas Arboleda. Psicología. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 341: Juan Sebastian Mina Quintero. Ingeniería Informática. UAO (IE Icoterpo).

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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De acuerdo con las denuncias de los medios y los reclamos de la comunidad de padres —cuya asociación llegó a sufrir una suspensión temporal de su personería jurídica por parte de la Secretaría de Educación—, las tensiones con la Embajada francesa surgieron por fallas de transparencia del Consejo de Administración, la abrupta salida del rector Maxime Prieto y sospechas sobre presuntos intereses de orientar el colegio hacia fondos de inversión privados mediante la ejecución de polémicos proyectos de infraestructura.

En días recientes caló en los medios una noticia que, aunque afecta apenas a una minoría, dice bastante sobre la manera en la que las élites bogotanas (y por extensión, las colombianas) se ven a sí mismas y a los demás. El asunto giró en torno a las presuntas decisiones de un órgano de administración del colegio Liceo Francés que involucrarían el predio donde se ubica la institución; un terreno de alta valorización con el “metro cuadrado más caro de Colombia”, de acuerdo con Juan Pablo Calvás, exalumno y periodista de la W Radio, quien reveló varios elementos del caso.

Sin importar si esta era la razón de fondo por la que aquel órgano de administración mantenía relaciones tensas con el Gobierno de la República Francesa, lo cierto es que hubo consecuencias: dicho gobierno —el socio más importante de un proyecto educativo que permanece en el primer percentil de las pruebas Saber— optó por concluir el convenio mediante el cual el plantel recibe subvenciones del Estado francés y su planta profesoral para los niveles preescolar, básico, elemental y medio. De acuerdo con lo manifestado por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, uno de los puntos neurálgicos de la controversia que casi provoca la ruptura es la exigencia de mayor democratización de los órganos de gobernanza de la institución.

Como dato anexo muy relevante en una de las notas matutinas de W Radio/Caracol, y para dar un contexto adicional a la noticia, Julio Sánchez Cristo listaba varios colegios cuyos antiguos predios habían sido convertidos en centros comerciales: el Colegio Andino (hoy Centro Andino, trasladado a Suba); el Colegio José Max León (hoy Atlantis Plaza, trasladado a Cota); y el Liceo Cervantes (hoy Centro 93, con sedes actuales en Chapinero y Usaquén).

Se puede o no estar de acuerdo con la manera en la que los franceses estructuran su esquema de educación pública y universal, pero hay dos puntos en las que coincidimos quienes tenemos o hemos tenido a nuestros hijos en ese sistema: está diseñado para todos y pone a la escuela de barrio en el centro de la vida comunitaria.

Las escuelas públicas francesas no tienen costo para los padres, independientemente de la ubicación del plantel o de los ingresos familiares, pues el único requisito es demostrar que se vive o trabaja en el sector. Así, una escuela pública en un barrio parisino de altos ingresos acoge al hijo de un consejero diplomático y al de la conserje de su edificio, impartiendo los mismos contenidos y suministrando los mismos alimentos.

Esa no es la única diferencia con la educación de las élites en Colombia. Los esquemas de participación en la vida escolar francesa incluyen órganos de gobernanza para los que anualmente se convocan elecciones abiertas. Cualquier padre o madre (sea diplomático o conserje) puede postularse a través de las asociaciones de padres, con obligaciones y derechos estrictamente consignados en la legislación educativa de ese país. La interacción entre padres, alumnos e institución es cotidiana en la administración de los asuntos de la escuela, al punto de contar con “presupuestos participativos” para diversos proyectos de inversión.

Lo del Liceo Francés parecería un problema exclusivo de las clases altas y, ciertamente, en Colombia lo es debido a un modelo que privatizó la educación hace décadas. Este esquema se funda en la concepción de la educación es un acto de caridad o un lujo, y no un derecho fundamental, un factor de cohesión social y la base del progreso económico. Esta visión comercial de la educación privada explica por qué instituciones educativas, incluso las de “élite”, pueden desaparecer un día de un barrio para reaparecer a quince kilómetros de allí, en la sabana de Bogotá, a donde llegan niños mejor adaptados a los asientos de la ruta que a sus propias camas.

Actualización: La crisis, al menos por el momento, se resolvió formalmente el pasado jueves 4 de junio, cuando la Embajada de Francia y el Consejo de Administración emitieron un comunicado oficial conjunto en el que anunciaron la renovación del convenio por cinco años, el cual quedó blindado bajo una reforma estructural de gobernanza plasmada en la aprobación de los nuevos estatutos institucionales que en principio garantizarían mayor participación de las familias y la debida supervisión por parte del gobierno francés. Sin embargo, los padres aún aguardan las decisiones referentes a los cambios en las representaciones del Consejo de Administración y la Asociación de padres.

* Ana María Cristancho Rocha.  Economista de la Universidad Nacional. MBA en Relaciones Internacionales, Fundación Getulio Vargas. Consejera de la Carrera Diplomática y Consular. Actualmente presta servicio en el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración de la Cancillería.

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.

“Victoria, qué nombre tan hermoso, supongo que no dejas que te llamen Vicky, no soportaría mutilar ni una sola sílaba de tu nombre”: Frase de la película Sombras tenebrosas, de Tim Burton.

Dice el analista español Javier Gallego: “En un mundo mediatizado, la opinión publicada se confunde cada vez más con la opinión pública. El poder de los medios para mover sensibilidades y movilizar a las masas es mayor que nunca”.

Colombia no es la excepción, aquí los periodistas se están prestando al juego del poder, en uno y otro bando.

Creyéndose ingenuamente el cuento de que sería la primera mujer presidenta de Colombia, Victoria Eugenia Dávila apostó su capital periodístico en la política y perdió. Sin pena ni gloria, regresó al periodismo, con su credibilidad, que no era tanta ni para tanto, mutilada. No sabemos si quitarán al director de Semana para ponerla a ella. Queda claro que era la candidata de un grupo económico que vino a su rescate tras el fiasco en las urnas.

Sin la victoria, esa revista reencauchó a Vicky sin dar explicaciones y los medios hicieron alharaca tras su regreso como entrevistadora de la casa Gilinski.

Dávila se puso el disfraz de candidata presidencial, se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales, regañó a una periodista por preguntarle si se sentía perdedora tras la derrota, y eufórica gritó desde el atril “vamos a derrotar a Cepeda”, reafirmando su apoyo a la candidata Paloma Valencia; finalmente, como si nada hubiera pasado, cuando en realidad pasó de todo, se puso otra vez el disfraz de reportera para -con risita nerviosa y preguntas banales sobre la changua bogotana- entrevistar a Abelardo De La Espriella después de hablar pestes sobre el candidato de “Firmes por la Patria”. No se sabe cuál de los dos tiene menos vergüenza.

El analista Ricardo González Duque afirma en sus redes sociales: “La entrevista es valiosa porque nos advierte de la profundización de la crisis en los medios de comunicación corporativos, por entregarse a los intereses de sus dueños. Gilinski dijo en entrevista con Camila Zuluaga que quería que su medio fuera “de nicho”, está claro que es un nicho de derecha extrema. (…)  Nos demuestra que lo que hacen en revista Semana dejó de ser periodismo hace rato”.

Decir que nadie le cree a Vicky Dávila es una mentira. La familia Gilinski sí. Su mentor, Gabriel Gilinski, metió las manos al fuego por ella y malgastó $2.100 millones, cifra revelada por La Silla Vacía. Para quien compró Semana por $40 millones de dólares eso es el pelo de un gato. —Un caprichito de rico, como dice un amigo. Falta preguntar si la revista fue y sigue siendo sede de campaña en favor de alguno de los candidatos en contienda. (Paréntesis: Semana no se quedó callada y respondió con un artículo firmado por el abogado Germán Calderón España, quien pone en tela de juicio la independencia de La Silla Vacía y su directora Juanita León; acto seguido Juanita León le exigió a Semana rectificar por considerar que se trata de “una nota llena de falsedades”).

Pero vamos a lo que vinimos. Lo que hizo Vicky Dávila es la mancha que le deja ella al periodismo colombiano. Es una bofetada a la dignidad de quienes se toman en serio este oficio hasta arriesgar su vida. Demostró con descaro que todo se vale a la hora de defender intereses y promover credos ideológicos. Su caso amerita revisión en los tribunales de ética periodística, pero cuáles si en este país esos tribunales brillan por su ausencia. La ética es el zapato que aprieta en campaña. Nos queda la esperanza de que en las facultades de comunicación su caso sirva como ejemplo del mal llamado periodismo. La cosa no puede quedar como una anécdota más porque no es poco el daño que se le ha infringido a la prensa desde adentro.

Dice Javier Gallego en El Diario de España: “…el mal llamado periodismo puede destruir reputaciones, incluso vidas. El mal llamado periodismo es, demasiado a menudo, el arma que empuña la política para disparar. Algunos mal llamados periodistas (…) son pistoleros a sueldo de las élites políticas y empresariales”.

Semana es una mezcla de noticias y órgano político, con columnistas que son opinadores, activistas, opositores al mismo tiempo. Proselitismo vendido como periodismo. Salvo en el músculo financiero, en nada se diferencia del semanario Voz, el único periódico de izquierda que, con pocos recursos, ha sobrevivido durante 70 años, sin negar su identidad ideológica. Gremios como el CPB deberían tener clara esa diferencia a la hora de convocar sus premios de periodismo.

¿El debate o el debacle?

En consecuencia, mal haría Iván Cepeda en aceptar una entrevista a Vicky Dávila, después de que ha vapuleado al candidato y demonizado a la izquierda. La polarización política, que es también una polarización periodística, ha desembocado en un trato desigual a los candidatos presidenciales en esta campaña. Vicky dentro y fuera de los medios seguirá siendo una rival más para cualquier político que no sea de la derecha.

Sin garantías, los candidatos están en todo su derecho a negarse a participar en un debate público que consideren contaminado, incluso irrespetuoso. El candidato Luis Gilberto Murillo se quejó con razón porque el Canal Caracol no lo invitó a debatir. “No es coherente hablar de pluralidad mientras se le cierran las puertas a otros candidatos”, le respondió Murillo al periodista Juan Roberto Vargas.

Los medios están siendo víctimas de su propio invento después de mostrar las costuras (sesgo). Mientras le reclamaban a Cepeda o De la Espriella por rehuir los debates, le daban un portazo a quienes marcan poco en las encuestas. Aquello que llaman democracia, un término tan manido en este país, al parecer no significa lo mismo en todas las salas de redacción.  

Personajes como Paloma Valencia desfilan por las cabinas radiales sin que nadie los moleste con preguntas incómodas. Por ejemplo, nadie está cuestionando a la candidata del uribismo por tener como jefe de campaña a un político, Alirio Barrera, con una investigación abierta por el delito de acto sexual violento. (A propósito, ¿Quién será el valiente o la valiente que un día de estos destapará el MeToo de la política en Colombia?)

Mientras veía algunos segmentos de la  entrevista de Dávila al Tigre Abelardo, donde entrevistado y entrevistadora sueltan varias carcajada, pensé que estaba frente a una celebridad y no frente a un abogado-político sobre quien pesan señalamientos no tan faranduleros, reportados por los medios, incluido el acoso judicial a periodistas.

Iván Cepeda ya dijo que saldrá al ruedo y los otros que también. Me parece bien que se pongan condiciones para que haya debate con garantías para todos. Se anticipa que de eso tan bueno no dan tanto. Se vienen unos encontronazos, por la ferocidad de los medios y la oposición en aras de la viralidad. La campaña está muy reñida y nadie tiene asegurado nada. Se lanzarán al aire mensajes diseñados para insinuar, descalificar o acusar sin pruebas, de tal modo que las propuestas y el cómo se ejecutarán, lo que debería ser el contenido y alma del debate, pasen a un segundo plano. Si el debate se sale de control, es muy posible que veamos cómo unos y otros lavan la ropita sucia delante de todo el país, y al final perderemos los ciudadanos. Cada cuál votará por el que ya sabe y sin saber a fondo qué diablos propone.  

En la guerra por el poder hay tácticas que sirven para atemorizar a la gente: Sembrar dudas usando fotos o narrativas o satanizar al oponente por su pasado para conectarlo con el presente. Si con Petro el país se volvería Venezuela, y no se volvió, “con Cepeda nos volveremos Cuba”. Tan fácil que es decirlo —ya lo han dicho— y tan difícil que es sacarle a la gente esas cucarachas de la cabeza.

Nada nuevo, porque todas esas estrategias se usan a diario en las redes sociales y con más razón se usarán en los debates para sacarle jugo al rating en busca de votos. Ahí cabe un diccionario que se puede llenar con muchas palabras y palabrejas dependiendo el momento y la ocasión: Venezuela, Maduro, Cuba, FARC, Comunismo, Neocomunismo, Ideología de género, y las que el lector tenga a bien agregar. El candidato del Pacto Histórico debe tener claro que, para atacarlo, usarán también los pecados, desaciertos y promesas rotas del gobierno Petro, pues al fin de cuentas es quien decidió echarse al hombro las banderas del progresismo para continuar lo que empezó el actual presidente.    

Ojalá el debate no sea el debacle, como dice un amigo. Si se violan las garantías o condiciones al primer encuentro, el país entenderá que los temores del candidato del Pacto Histórico eran reales.

Más allá de si periodistas y políticos están a la altura que requiere una contienda presidencial, como ciudadanos podemos hacer algo a modo de sanción social para castigar la parcialidad de ciertos medios: apagar/acallar programas y periodistas militantes. Tenemos el poder de decidir a quién dejamos entrar a nuestra casa. Siguen faltando iniciativas serias capaces de formar una ciudadanía crítica frente al consumo de medios y noticias. Ahí hay una ventana de oportunidad para tanto periodista varado. No para Vicky que, desahuciada por la política, otra vez cayó parada en la misma empresa mediática con plata de sobra para malgastarla en ella… quizás porque nunca se fue de allí.

En cualquier caso, Vicky Dávila debería declararse impedida para participar en debates presidenciales como periodista, por su conflicto de interés como excandidata presidencial y figura de una coalición de excandidatos de derecha. ¿A quién le consta que no sigue actuando como miembro activo en el grupo de WhatsApp de “La gran consulta por Colombia“?