Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una tropa de monos al amanecer. Su líder ve un árbol cargado de fruta al otro lado de la calle, pero el bosque está desconectado y la única forma de cruzar es usando el cableado eléctrico. Varios de ellos no murieron por el ataque de un depredador sino electrocutados: el líder de la tropa y la madre de una cría. Esta es una escena que se repite cada día en Costa Rica.

En las zonas costeras costarricenses, los monos llevan años enfrentándose a lesiones graves o incluso a la muerte al utilizar los cables del tendido eléctrico para cruzar de un lado de la calle al otro.

De acuerdo con el biólogo Ronald Sánchez, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y quien continúa trabajando con primates, cada año mueren cerca de 1000 monos de cuatro especies distintas, debido a la electrocución en el cableado. Esta situación surge del aumento del desarrollo urbanístico en las costas, donde además se concentra una gran parte de las poblaciones de primates del país.

“Cuando el turismo empieza a construir hoteles, restaurantes y casas, se pierde hábitat. Entonces se cortan las rutas alimentarias establecidas de los monos y tienen que buscar otras alternativas. Ahí es donde empiezan a decidir si caminan, si se van por los cables o por los techos. De esa forma comenzaron los problemas”, señala Sánchez.

Diversas ONG han trabajado en la búsqueda de soluciones. Por el momento, una de las principales ha sido la instalación de pasos de fauna aéreos: pequeños puentes diseñados específicamente para brindar una alternativa más segura a los primates y que han demostrado ser altamente eficientes.

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De acuerdo con un estudio realizado por las investigadoras Inés Azofeifa y Tremaine Gregory, luego de haber colocado 111 pasos elevados entre 2015 y 2021, junto con cableado aislado, la población de monos congos (Alouatta palliata) en Playa Hermosa de Guanacaste, en la costa del Pacífico de Costa Rica, aumentó de 59 a 99 individuos, mientras que las muertes anuales bajaron de cinco a una.

Un desarrollo urbano que empuja a los monos al peligro

Los primates de Costa Rica han visto su hábitat reducirse cada vez más durante las últimas décadas. Esto implica que deben cruzar calles y exponerse al riesgo de ser electrocutados en cables de alta tensión para buscar comida para sí mismos o para sus crías.

Además, en el territorio costarricense existen cuatro especies de monos y todas se encuentran en peligro de extinción local: el mono congo (Alouatta palliata), el mono carablanca (Cebus capucinus), el mono tití (Saimiri oerstedii) y el mono araña (Ateles geoffroyi).

De hecho, del mono araña, que podía verse en todo Costa Rica, hoy solo quedan pocos grupos en la zona norte del país, comenta Sánchez.

De acuerdo con datos de la ONG Salve Monos, la electrocución lidera la mayor causa de muerte en monos en los reportes que reciben anualmente. En 2023 y 2024, más del 60 % de los accidentes denunciados ocurrieron por esta causa, muy lejos de los accidentes por atropellos que corresponde al segundo lugar, con un 19.5 %.

“Las cuatro especies de monos que tenemos en Costa Rica están en peligro de extinción. Tenemos dos en estado crítico: el mono araña, que ya prácticamente no se encuentra en algunas costas, y los monos tití, que son una subespecie endémica de Costa Rica”, indica Shirley Ramírez, asesora en Conservación y Manejo de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Los investigadores aseguran que la raíz de este problema es el aumento acelerado de la urbanización sin planificación adecuada. Esto ha limitado las zonas en las que los animales pueden vivir y ha provocado la fragmentación del bosque, poniendo en riesgo sus vidas.

“El problema de fondo es un cambio en la habitabilidad de las especies. Nuestra forma de habitar, como seres humanos, está modificando la de otras especies y poniendo en riesgo su supervivencia. Sustituimos la matriz boscosa por suelo cultivable, carreteras y edificaciones. Ese es el principal problema que enfrentamos, no solo como país, sino como planeta”, señala Inés Azofeifa, bióloga de Salve Monos.

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Vecinos de comunidades del distrito de Cóbano, en la provincia de Guanacaste, se han organizado para reportar cuando observan a un mono lesionado o fallecido. Según Daniel Gutiérrez, presidente de la ONG Somos Congos, quienes se dedican a hacer de este distrito un lugar más seguro para los monos congos, han creado un chat con cerca de 200 personas para facilitar estos reportes.

Marianne Fischel pertenece a la comunidad de Santa Teresa y afirma que presenciar electrocuciones de monos es una experiencia traumática que ha observado durante varios años. De hecho, en la zona ya no se observa al mono cara blanca. Por ello, la comunidad coordinó junto a Somos Congos y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la forma de aislar los transformadores y ayudar a los primates.

“Los vecinos de calle Jaguar, pudimos recolectar la plata para poder pagar por la instalación del aislamiento del transformador y desde la comunidad lo vemos como algo súper positivo”, señala Fischel.

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Reconectando lo que el desarrollo separó

Para evitar que los monos sufran electrocuciones, biólogos y comunidades han impulsado la instalación de pasos de fauna aéreos. Estas estructuras permiten que los primates se desplacen entre árboles de forma más segura.

“Los pasos elevados sí contribuyen a la conectividad y, por ende, al bienestar de las tropas de monos. Al evitar la electrocución, las poblaciones retoman su ritmo reproductivo y aumentan nuevamente, con un promedio de dos a tres crías por año, lo que puede representar un incremento cercano al 30 % anual”, explica Sánchez.

Debido a que el desarrollo de estos puentes requiere de materiales específicos, asegurar la tensión correcta y una construcción segura para los primates, Ronald Sánchez publicó una guía para el desarrollo de los puentes aéreos que puede ser consultada por quienes deseen implementar este tipo de soluciones y proteger a los monos.

De acuerdo con Sánchez, a la hora de elegir los materiales, la clave está en la durabilidad y la seguridad. Deben resistir el sol, la humedad y el uso constante, sin soltar residuos o calentarse al punto de lastimar las extremidades de los animales. Además, requieren mantenimiento constante para garantizar su funcionamiento.

El anclaje debe hacerse desde la base de los árboles, no solo en las ramas o la copa. El diseño también incluye una cuerda superior donde los monos apoyan su cola prensil para mayor estabilidad: a este modelo se le conoce como “escalera vertical”.

Tanto Sánchez como Azofeifa, quienes han construido puentes durante décadas, aseguran que, una vez instalados, los monos suelen preferir los pasos de fauna por encima de los cables eléctricos. Según su experiencia, incluso si el puente se instala en la mañana, ya en la tarde los animales pueden estar utilizándolo.

“Los pasos de fauna no son soluciones temporales, sino herramientas que buscan compensar el impacto de la infraestructura humana. A través de estructuras artificiales o semiartificiales se restablece la conectividad del dosel y se permite que los mamíferos arbóreos continúen desplazándose con menor riesgo”, indica Azofeifa.

Vecinos y biólogos se han unido a través de distintas iniciativas ciudadanas, como ONG o colaboraciones con el ICE. Gracias a este trabajo conjunto han logrado instalar puentes en sus comunidades para proteger a los monos. Como resultado, ya se han colocado cientos de pasos de fauna aéreos en distintas zonas del país, principalmente en las provincias que poseen costas en el Pacífico, como Guanacaste y Puntarenas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos puentes no pueden instalarse de cualquier manera. Aunque no existe una “receta” universal y perfecta, es necesario realizar estudios de comportamiento en la forma en que se mueven las tropas de monos para colocarlos en los lugares por los que ellos transitan.

“Independientemente del diseño del paso aéreo que se instale, para que funcione es indispensable contar con estudios previos realizados por especialistas. Si no se determina con precisión la ruta que utilizan los monos y otros vertebrados arbóreos para desplazarse, cualquier paso de fauna se convertirá en simple contaminación visual”, señala el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Óscar Chaves.

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Los pasos de fauna dentro de una estrategia integral

A pesar del aporte de los puentes elevados, los especialistas coinciden en que no pueden ser la única respuesta ante el problema de la electrocución. Una de las medidas complementarias más importantes ha sido la instalación de cables y transformadores con materiales aislantes para reducir el riesgo.

Víctor Castro, coordinador de Gestión Socioambiental del ICE, explica que los cables que están utilizando cuentan con un recubrimiento de tres capas de polietileno que aísla el elemento conductor y evita que se genere un arco eléctrico cuando entra en contacto con los animales.

Marianne Fischel, por ejemplo, asegura que en la comunidad de Santa Teresa se aislaron los transformadores en enero de 2026, en coordinación con el ICE, y no han vuelto a observar monos electrocutados en la comunidad.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que la solución definitiva para terminar con las electrocuciones es el cableado subterráneo. El abogado ambiental Walter Brenes señala que esta es la única medida que eliminaría completamente los incidentes.

“La única forma de eliminar el problema de raíz es que las empresas electrificadoras instalen el tendido eléctrico bajo tierra. No existe otra solución que garantice la eliminación total de los incidentes por electrocución”, asegura el abogado.

Ronald Sánchez coincide en que el cableado subterráneo en zonas costeras es una necesidad y no un lujo, ya que su objetivo no es mejorar la estética del paisaje, sino proteger la vida de la fauna silvestre.

“Los pasos son una alternativa ante la falta de conectividad del bosque. Sin embargo, debemos aprender que los árboles pueden ser manejados adecuadamente para devolver la verdadera conectividad. El uso de puentes no debe interpretarse como un permiso para seguir deteriorando las rutas de muchos animales arbóreos”, asegura Sánchez.

Azofeifa insiste en que lo más importante es reconectar el bosque, ya que si se decide únicamente instalar el cableado de forma subterránea, pueden surgir otros problemas para la vida silvestre, como el atropello de animales o ataques de perros. Según explica, lo que los animales realmente necesitan es una cobertura boscosa segura donde puedan habitar.

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Un desarrollo costero que piense en quienes ya viven ahí

Los primates cumplen un papel clave dentro del ecosistema, ya que su capacidad para dispersar semillas los convierte en actores fundamentales para la regeneración del bosque.

“En conjunto con los murciélagos y algunas aves de gran tamaño, los primates son de los principales ‘jardineros’ del bosque. Entre ellos, los monos congo destacan por ser los frugívoros más abundantes en la mayoría de los bosques, incluso en fragmentos pequeños. Su alta presencia y biomasa les otorgan un papel aún más relevante en la dispersión de semillas”, explica Oscar Chaves.

Es por eso que las acciones para protegerlos no sólo responden a una responsabilidad humana frente a la fauna silvestre, sino también a la necesidad de mantener ecosistemas saludables.

Esto plantea la necesidad de un desarrollo urbano en las costas que piense en los animales que habitan en estas zonas. Garantizar la conectividad entre los fragmentos de bosque es clave para que los animales puedan desplazarse de forma segura.

“Los bosques deben mantenerse continuos para garantizar la supervivencia de muchas especies. No solo permiten una distribución adecuada de las poblaciones, sino que también favorecen el intercambio genético y reducen el riesgo de procesos endogámicos [reproducción entre individuos estrechamente emparentados] que pueden debilitar a las especies a largo plazo”, señala Sánchez.

De hecho, especialistas como Azofeifa consideran necesario fortalecer la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica para garantizar medidas que protejan la conectividad de los bosques y a la fauna que vive en ellos.

“Con una modificación a la Ley de Vida Silvestre se buscaría que los pasos de fauna sean obligatorios tanto en la infraestructura ya existente como en los futuros desarrollos. De poco sirve enterrar el cableado o mejorar la planificación si se mantiene la cobertura boscosa, pero sin conectividad entre los fragmentos”, enfatiza.

Mientras se discuten transformaciones más profundas en la forma en que se desarrolla la infraestructura en las zonas costeras, iniciativas como los pasos de fauna, el aislamiento del cableado y los reportes comunitarios buscan que los monos sufran menos electrocuciones y puedan moverse con mayor seguridad por los bosques que aún quedan en Costa Rica.

*Imagen principal: los pasos de fauna aéreos representan una herramienta para ofrecerle a los monos una ruta segura, lejos del tendido eléctrico que cada año cobra la vida de decenas de individuos. Foto: cortesía Salve Monos.

El artículo original fue publicado por Mario Fernández Calderón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Así nos lo relatan nuestros APRECIADOS..: Fabio Colagrande y Eugenio Murrali 

La misión Artemis II tuvo previsto su lanzamiento el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera con astronautas a bordo. Transporta una tripulación de cuatro cosmonautas que volarán más allá de la órbita terrestre para realizar un sobrevuelo prolongado de la Luna, sin alunizaje. Este es el paso intermedio hacia Artemis III, la misión que busca traer de vuelta a los astronautas para caminar sobre la Luna, 53 años después de la misión Apolo 17, que finalizó el 14 de diciembre de 1972. El espacio se ha convertido en un tema de debate cada vez más frecuente en las Naciones Unidas. El número de satélites en órbita ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo que demuestra cómo el espacio se ha convertido en un tema constante en los debates relacionados con la geopolítica, la seguridad y las relaciones internacionales.

El arzobispo Ettore Balestrero durante la presentación del VIDEO.

Para explorar el significado de las misiones espaciales, la Fundación Caritas in Veritate, presidida por el arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra , ha producido y publicado un vídeo. Este vídeo da continuidad a la publicación, el pasado mes de febrero, de « El espacio exterior y la humanidad en la encrucijada: una nueva frontera del bien común». El vídeo retoma y resume la reflexión sobre los motivos para explorar el universo —estableciendo un diálogo entre la ciencia, la teología y el derecho internacional— y sobre los principios que deben regir nuestra relación con él y entre los seres humanos ante esta obra de Dios.

Excelencia, ¿por qué es tan urgente reflexionar sobre las opciones políticas y normativas en materia de espacio?

La Misión de la Santa Sede en Ginebra y la Fundación Caritas in Veritate, que colabora con ella, se preocupan por el espacio, que es obra de Dios y obedece a sus leyes.
Para alcanzar el cielo, un concepto sobrenatural, el ser humano debe comportarse bien en el espacio, que es un concepto geográfico, un orden físico y biológico. El espacio no es tierra de nadie, no es un campo de conquista sin ley, donde impera el principio de «el primero en llegar es el primero en ser atendido». De ahí el título de la publicación, «El espacio y la humanidad en una encrucijada», y también el contenido del vídeo que hemos producido. La humanidad ya está tomando decisiones sobre el espacio, decisiones morales que tendrán un impacto a largo plazo y que, por lo tanto, pueden construir o destruir a la humanidad. Por consiguiente, la Iglesia no puede permanecer indiferente.

¿De qué manera?

Analizar el espacio desde una perspectiva ética nos invita a preguntarnos: “¿Es correcto perseguir todo lo que podemos lograr tecnológicamente? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tipo de realidad y orden queremos construir?”. Esta perspectiva ética y multilateral es la que propone el documento y el vídeo de la Fundación Caritas in Veritate.

¿Qué acciones específicas son necesarias?

El espacio debe seguir siendo un bien común, con normas legales claras que, cuando sea necesario, se actualicen con un sentido de responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. Cuando presentamos la publicación en las Naciones Unidas en Ginebra, el testimonio de un astronauta, que regresaba tras casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (Michael Scott Hopkins, ed. ), impresionó profundamente a la audiencia. Describió el llamado overview effect (efecto perspectiva).

El astronauta de la NASA Michael Scott Hopkins

¿En qué consiste?

Es el cambio de perspectiva que experimentan todos los astronautas en el espacio, porque la Tierra parece pequeña, frágil, sin fronteras ni divisiones, un símbolo de pertenencia compartida y responsabilidad colectiva. Y es una imagen que, lamentablemente, choca con la realidad de las guerras, los abusos y la violencia que afloran cuando volvemos a observar el planeta de cerca. El Papa Benedicto XVI recordó esto, con palabras que siguen siendo relevantes, cuando dialogó con los astronautas en la Estación Espacial Internacional . En un momento dado, les dijo: «Creo que les resulta evidente que todos vivimos juntos en una sola Tierra y que es absurdo luchar y matarnos unos a otros».

Entonces, el Espacio también es un hogar compartido y tiene normas que respetar. ¿Qué contribución específica puede ofrecer la doctrina social de la Iglesia para orientar el desarrollo del Espacio hacia el bien común?

El mensaje central de la Iglesia es que no debemos convertir el espacio en una jungla. Ofrece a la humanidad una segunda oportunidad, invitándonos a evitar muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra. El espacio debe explorarse con responsabilidad, solidaridad y respeto al principio de subsidiariedad, para el bien de las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo?

Debemos evitar que se convierta en un escenario de competencia feroz y, peor aún, de conflicto. El primer paso práctico que la Santa Sede insta a dar es respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por aproximadamente ciento veinte Estados, incluyendo a todas las principales naciones con capacidad espacial. Este tratado lleva en vigor casi sesenta años (desde 1967) y establece claramente que la exploración y el uso del espacio deben ser en beneficio e interés de todos los países. El tratado define el espacio como un «dominio común de la humanidad». La Santa Sede insta a que se fortalezca la legislación vigente, en lugar de abandonarla, para evitar que los países se queden atrás y para preservar el cuidado de la creación, por ejemplo, mediante proyectos conjuntos para la eliminación de desechos espaciales.

La Tierra y la Luna

¿Existe también el riesgo de militarización del espacio?

Por supuesto. El derecho internacional vigente prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio. Este es el artículo 4 del Tratado de 1967. Sin embargo, no prohíbe explícitamente las armas convencionales ni, por ejemplo, los ciberataques, ni tampoco la interferencia de señales de radio, algo que, lamentablemente, ya ocurre. Es importante distinguir entre el uso del espacio para apoyar operaciones militares terrestres, por ejemplo, mediante el uso de satélites, lo cual ya es una realidad, y el despliegue físico de armas y su uso directo en el espacio.

¿Es esta última también una posibilidad real?

Algunos Estados se acercan cada vez más al lanzamiento de armas en órbita, lo que incrementa la inestabilidad internacional, debilita la confianza mutua y transforma el espacio, que según el Tratado es una “provincia de la humanidad”, en otro escenario de conflicto. Debemos comprender, sin embargo, y esto es fundamental, que si un conflicto involucrara directamente el espacio, probablemente no perdonaría a nadie en la Tierra.
Aquí en Ginebra, se afirma que una guerra en el espacio jamás podría ganarse ni debería librarse. Por ejemplo, no está claro cómo podría respetarse el principio de distinción, piedra angular del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, muchas voces, incluida la de la Santa Sede, abogan por el fortalecimiento de las normas, la transparencia e incluso la cooperación multilateral, precisamente para preservar el uso pacífico del espacio.

¿Cómo se puede transformar la competencia espacial en un mecanismo positivo para el beneficio de todos? ¿Cómo puede el espacio contribuir a la dignidad humana en la Tierra?

La competencia debe equilibrarse con la cooperación. La competencia sin cooperación conduce a la inestabilidad, enfrentamientos irracionales, violencia e incluso conflictos. La competencia, orientada hacia objetivos pacíficos y canalizada hacia formas de cooperación, estimula la investigación y, sin embargo, debe traducirse en bienes compartidos, estándares comunes e incluso alianzas internacionales.

¿Con qué efectos?

Un equilibrio entre competencia y cooperación ayuda a evitar que el uso comercial del espacio se convierta en un fin en sí mismo y exacerbe las desigualdades existentes. Un equilibrio saludable entre competencia y cooperación permite que el espacio sirva directamente a la dignidad humana y al bien común, por ejemplo, en tiempos de crisis, con comunicaciones de emergencia, datos satelitales para asistencia humanitaria o vigilancia para la protección de lugares de culto. En otras circunstancias, sin embargo, mejora la predicción meteorológica, la agricultura, la atención médica y el transporte, y llega a países y comunidades que de otro modo quedarían excluidos.

¿Cómo pueden la ciencia y la fe ir de la mano en este campo de la investigación espacial?

La ciencia y la fe pueden ir de la mano y fortalecerse mutuamente, pues la ciencia busca la verdad científica y la fe la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios y de Dios, que ilumina el camino de la humanidad. La fe y la ciencia no se confunden ni se contradicen. La ciencia explica el cómo, la fe ilumina y guía el porqué último de la acción humana, y en el ámbito espacial esto significa utilizar la experiencia técnica y científica para el bien común, evitando que el progreso se convierta en dominación o destrucción.

¿Qué papel puede desempeñar la Santa Sede?

La Santa Sede puede y debe desempeñar un papel en los debates actuales sobre el espacio, principalmente los intergubernamentales. Debe iluminar conciencias y, por supuesto, dirigirse al mundo entero, incluyendo el mundo comercial e industrial. A nivel internacional, con la misión en Ginebra y otras en Nueva York y Viena, proponemos un marco ético centrado en la dignidad humana y colaboramos en el diálogo multilateral y la paz, haciendo un llamado a un sentido de responsabilidad compartida centrado en el espacio como bien común. Además, la Fundación Caritas in Veritate, en colaboración con la Misión en Ginebra, organiza eventos en Ginebra, Bruselas, Viena y Nueva York, y produce publicaciones y videos como los que hemos difundido recientemente. No debemos olvidar que la Santa Sede posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen, el Observatorio Vaticano, establecido en su forma actual por el Papa León XIII, en 1891, lo que confirma que la Iglesia, como se afirma en el motu proprio que estableció el Observatorio, no se opone a la ciencia verdadera y sólida, sino que, de hecho, la alienta y promueve con todo el compromiso posible.”

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

La posición oficial de las autoridades tumaqueñas reconoce el 30 de noviembre de 1640 como la fecha oficial de la fundación de la ciudad por parte del sacerdote jesuita Francisco Rugi, los datos son tomados del libro Tumaco historia y cultura (1993), de Telmo Leusson Flórez, quien a la vez sustenta su tesis en lo expuesto por el padre José María Garrido en el libro La misión de Tumaco. Creencias religiosas (1981), quien apunta su hipótesis basado en la carta que el propio Rugi redacta, y que Garrido toma de una fuente secundaria.

La fuente de la afirmación de que el padre Rugi fue el fundador de Tumaco es tomada del extenso trabajo que escribiera Juan Manuel Pacheco: Los Jesuitas en Colombia, tomo 1 (1567-1654), en donde se anota que la ciudad de Santa Bárbara, unos kilómetros al norte de Santa María del Puerto del Telembí , fue trasladada finalmente por este sacerdote jesuita a Tumaco, el texto literal es el siguiente:

“Hacia 1640, volvió el P. Rugi a Santa Bárbara, y llevó a cabo la traslación de la ciudad al puerto de Tumaco. El mismo escribe que trasladó la ciudad a una playa abierta y brava en que estaba, a otro sitio, más sano, con dos puertos abrigados y capaces de grandes navíos, situados “en la Isla de San Miguel del Gallo y en la Isla de la Gorgonilla, que llaman Tumaco, donde desemboca el río de Mira”. “Esta ciudad de Santa Bárbara, dice en otra carta a su superior el P. Rodrigo Barnuevo, yo lo fundé en el sitio que hoy está, ayudándome también de soldados. Traje a ella 1.900 almas, que hoy sirven, parte en la ciudad de Telembí, parte en la ciudad de Santa Bárbara y parte en el real de Timbiquí.” Los saqué de los montes, los reduje, catequicé y bauticé con mucho riesgo de vida, trabajo y pobreza. Describiendo el puerto de Tumaco, escribe: “el puerto de la mar de las islas de Tumaco es de los mejores que hay, muy abrigado, seguro, limpio, seis brazas y más de baja mar, nueve de pleamar, capaz de muchos navíos, cercado de esteros, de lindos peces, ostras y ostiones a montón. La isla fértil de maíz, plátanos y fruta. Fáltale al agua; esa se puede traer con facilidad del río de Mira para beber; pozos para el servicio de casa”  (pp. 373-374).

El jesuita José Jouanen anota que el padre Rugi formó parte de las expediciones que adelantaron los jesuitas tanto al oriente como al occidente de Quito, inclusive en solicitud al Superior General, se pide que vayan acompañados de soldados “Sería bueno ir en su compañía, porque los indios necesitan que primero se les infunda temor con las armas y que sepan que hay quien defiende a los misioneros” (Jouanen, 1941, p. 157), para 1630 el gobernador de Barbacoas solicita que los padres de la Compañía se encarguen de la conversión de los indígenas de aquellos territorios.

En 1633 se encuentran en las misiones de “Barbacoas, Telembí y Santa Bárbara” los padres Francisco Rugi y Lucas de la Cueva (p. 144), al respecto hay que hacer las siguientes precisiones: el territorio se conocía desde la conquista como Barbacoas, después sería el nombre de una de las tres provincias en que se dividía el territorio, junto a Isla del Gallo y Sindaguas; los nombres obedecen a los cambios administrativos a medida que se iba conquistando el territorio, Telembí es el nombre del río que atraviesa el territorio y que desemboca en el Patía, de tal manera que en muchos documentos de la época así se llama al territorio; y Santa Bárbara obedece al nombre con que se denominó un punto enclave para la conquista, Santa Bárbara de la Isla del Gallo, actualmente en el municipio de Francisco Pizarro, muy cerca a la cabecera municipal denominada Salahonda (Paredes, 2020; Paredes, 2019). De igual manera es necesario entender que muchas de estas fundaciones tuvieron vida efímera, debido al coraje con que los Sindaguas defendían su territorio, es así como en los mapas se encuentra Santa María del Puerto de las Barbacoas y más al norte, Telembí arriba, está Santa Bárbara de Barbacoas (Herrera, 2016). La isla de Tumaco, por algún tiempo, fue conocida como La Gorgonilla, diferente a la isla que queda cerca a la Gorgona. Esto permite comprender los nombres que aparecen en los documentos de la época y que se presta para confusiones.

Realmente el trabajo de Telmo Leussón Flórez replica lo dicho por Garrido, sin ahondar o investigar en las fuentes principales, así se concluye luego de estudiar las obras en donde describe la fundación de Tumaco. En el libro “Conozca a Tumaco” (1996), anota que, según lo anotado por Juan Manuel Pacheco, en su obra “Historia Extensa de Colombia”, la fundación se debe al padre Francisco Rugi, el jesuita español que estuvo primero en Bogotá y luego en Quito, en 1640 según un manuscrito encontrado en el Archivo Provincial de los Jesuitas en Quito; así mismo, retomando a Garrido, anota que la fecha de fundación pudo ser el 30 de noviembre de 1640, ya que ese día los católicos celebran la fiesta de San Andrés. Todo esto, sin mayores conjeturas, llevó a que el alcalde Nilo del Castillo Torres expidiera la resolución 414 del 17 de noviembre de 1995, donde se reconoce la fecha de fundación y se ordena que al municipio se le denomine San Andrés de Tumaco. Sin embargo, el propio Leussón (1992) anota: “debo concluir que a Tumaco se le han proyectado narraciones novedosas de gran interés, con el afán de encontrarle un fundador, como Balboa, Pizarro, Manco Cápac, Oviedo, el padre Rugi, etc., pero no pasan de ser meras conjeturas” (p. 13).

En 1605 se menciona a la ciudad de Tumaco.

La fecha de la fundación del poblado se pierde en el origen de los tiempos, ya que cuando llegaron los españoles a este territorio estaba habitado por indígenas Tumas, y que para entonces, hace mil años, había sido poblada por la comunidad llamada Tumaco-La Tolita.  Lo que hacen los españoles, por el afán de demostrar poderío de unos frente a otros, así como de ganar indulgencias con la corona, es fundar pueblos, muchas veces cumpliendo el protocolo que para ello se inventaron, es decir levantando un acta firmada por el fundador, testigos, un cura y alguien que hacía las veces de notario. Sin embargo, dadas las condiciones de muchas fundaciones, este protocolo no se realizó o se protocolizó muchos años después, es así como ni siquiera la ciudad de Pasto tiene el acta de fundación, pese a todos los esfuerzos que han hecho sus historiadores para encontrarla.

En el caso de Tumaco, llama poderosamente la atención un documento fechado en 1605 y que desvirtúa por sí mismo la fecha de 1640 escogida por José María Garrido, sacerdote católico, y que se tiene por cierta. El documento se titula: “Relación anónima de la costa sur del Istmo de Panamá y noticia de la que la continua al N.O. Por Alonso Duarte, año de 1605”, este documento aparece publicado en: “Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia. Tomo II. Costa Pacífica, provincias litorales y campañas de los conquistadores. Bogotá: Casa Editorial de J. J. Pérez, pp. 3-6”, de Antonio Cuervo (1892), donde se lee textualmente:

De Guascama á Timbiqui 4 leguas: de dicho rio Timbiqui á la isla del Gallo 3 leguas costa menos peligrosa y en la parte del N. de ella se pue de fondear que allí es el puerto de Salahonda. Aquí se vé un crucifijo con dos lamparas, estando a distancia de 50 pasos, que mas distante solo se percibe un genero de betun oleaginoso: aquí hay agua, leña, &c.: es costa mas alta que la de La Gorgona y llueve todo el año sin conocerse verano. De la isla del Gallo á Punta de Manglares 10 leguas, costa baja á la mar y en su intermedio está Tumaco; es buen puerto y de toda providencia: en él hay españoles é indios: para surgir en este puerto se necesita avalizar la canal por ser variable: en este puerto hay toda providencia (menos pan, lo que sucede en todos desde Guayaquil hasta Acapulco) y tambien muchos bajos y piedras de los que abunda Punta de Manglares: por estos lugares se han perdido varias embarcaciones y así cuidado con la sonda desde 2 leguas á la mar. De Punta de Manglares sigue la gran enseuada de Ancon de Sardinas la que tiene 10 leguas de largo: es costa anegadiza y de manglares con algunos bajos y al remate está el rio Santiago. De este rio á Punta de la Galera 14 leguas. De este á Rio Verde 21 leguas. De aquí levanta la tierra para Babia de San Mateo. El rio Santiago tiene 4 brazas en su canal y en sus orillas muchos cedros (p. 6).

Es decir, que describiendo el viaje que realiza el autor, de norte a sur, pasando de la isla del Gallo, que queda en el actual municipio de Francisco Pizarro, a Punta Manglares, está en su intermedio Tumaco, además anota que es un buen puerto y que habitan ahí españoles e indios. Anota que el cruce es complicado, por eso sugiere que es necesario abalizar, es decir señalar con balizas algún paraje en aguas navegables, según definición de la RAE, algo que quienes hemos navegado aún en pleno siglo XXI sabemos lo complicado que es el cruce de Salahonda a Tumaco; y como si esto no bastara, anota que hay mucha providencia, es decir que se pueden proveer de alimentos, con excepción del pan que escaseaba por entonces en casi todo el Pacífico sur y centro americano, esto en razón a que para entonces no existía el cultivo de cereales, principalmente trigo en los lugares aledaños donde se podía producir, o que para entonces el comercio del mismo era muy complicado.

La descripción de 1605 coincide con lo que autores posteriores han escrito, entre ellos el célebre texto “Viaje científico alrededor del Mundo, dirigido por el Capitán Alejandro Malaspina. Navegación frente a las costas del Cauca y Panamá. Año de 1790”, de tal manera que es imposible describir un poblado de esa manera en 1605 y creer que fue fundado 35 años después. Lo descrito permite aseverar que Tumaco existía en 1605 y que la población española pudo ser fundada con anterioridad, ya que se describe claramente que ahí habitaban españoles e indígenas.

Lo antes descrito, forma parte de un ensayo mucho más completo, que esperamos sea publicada en una revista académica para poder compartir con nuestro público lector, en donde se dan pormenores del poblamiento hispánico del Pacífico nariñense, particularmente de Tumaco, revelando nombres y fechas que permiten claramente comprender que para inicios del siglo XVII, Tumaco ya existía como una población próspera y creciente, y que es posible que su fundador sea el jesuita Onofre Esteban, quien estuvo las dos últimas décadas del siglo XVI y primeras del XVII en el Pacífico norte ecuatoriano y sur colombiano, fundando San Mateo de las Esmeraldas, aproximadamente en 1588. Haremos otra entrega con estos pormenores.

Adenda.

Se incluyeron en el artículo algunos mapas del siglo XVII, donde aparece Tumaco, conocido originariamente como isla La Gorgonilla, no confundir con la isla Gorgonilla ubicada al sur de la isla Gorgona, esto se deduce porque La Gorgonilla aparece al sur de la isla del Gallo. Esta aclaración es muy importante para esclarecer la historia del Pacífico nariñense, ya que en posteriores mapas va a aparecer como isla La Gorgonilla o Tumaco y posteriormente solo Tumaco. Se señalan las generalidades de cada uno de los mapas, en otra entrega se hablará más detalladamente de ellos y se compartirán otros de interés para esta investigación.

Mapa 1. Carte e la Terre Ferme Du Perou Du Bresil et du pais del Amazones, por Guillaume de Delisle, 1708 (fragmento: aparece La Gorgonilla al sur de la Isla del Gallo. Es el mapa más antiguo encontrado en esta investigación donde aparece dicho nombre).

Mapa 2. Descripción o carta reducida, de las costas de tierra firma de la America Meridional, en la Mar del Sur õ Pacifico claculada la longitud al meridiano Tenerife y corregido algunos yerros pr. lo que toca al estrecho de Magallanes y el de maire, y toda la Tierra del Fuego, y las islas sur de la Tierra, por Antonio Mattos, 1734 (fragmento: aparece Gorgonilla al sur de la Isla del Gallo).

Mapa 3. Amérique méridionale, Jean Baptiste Bourguignon d’ Anville, 1748 (fragmento: Tumaco o Gorgonilla al sur de la Isla del Gallo, es el primer mapa encontrado en donde aparece Tumaco como tal).

Mapa 4. Carta de la Provincia de Quito y de sus adjacentes, por Pedro Vicente Maldonado Flórez, 1750 (fragmento: Isla o Puerto de Tumaco o de La Gorgonilla. Aparecen las islas: Viciosa, Viuda, Placer de Perlas, El Morro, Viudo y aparece la célebre ciudad de Usmal).

“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de más de 21 000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones, además de viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales. Se trata de una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires.

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Jaramillo está en contacto con brigadistas, funcionarios y pobladores de la zona y explica por qué el escenario se repite cada verano. Cada enero parece ser peor.

“A diferencia de lo que solía pasar en otros momentos con el clima, ahora el fuego quema casi igual de noche que de día. De noche, usualmente, bajaba un poco la temperatura y la intensidad de los vientos. El fuego, podríamos decir, bajaba su violencia, su agresividad. Ahora, el fuego sigue quemando de noche, sigue habiendo viento, sigue habiendo altas temperaturas y esto hace que sea muy difícil asegurar el control”, agrega Jaramillo en diálogo con Mongabay Latam. Hace más de un mes que no hay precipitaciones significativas en la zona, afirma. “Las temperaturas están llegando a 32 °C y estamos recién empezando enero”.

“Ese es otro tema que también me transmiten mis colegas -asegura-. Estamos en enero y ya tenemos condiciones extremas de fuego, como solíamos tener en marzo, después de que nos comimos todo el calor del verano”.

En Argentina, la Patagonia arde pero el fuego amenaza también otras regiones. “Se ha declarado un riesgo extremo de incendio en 16 provincias y las autoridades consideran que la situación debe ser considerada potencialmente explosiva o extremadamente crítica por las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y el déficit de lluvia”, asevera Jaramillo. Y añade: “Algunos investigadores dicen que estamos en la era del Piroceno”.

—¿Por qué?

—Hemos visto incendios emblemáticos en los últimos años y esto está muy condicionado con las variables del cambio climático, que se están manifestando cada vez más fuertemente. Tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de las variables de temperatura y de humedad, pero también con un aumento en la carga de combustibles [la biomasa] y en la continuidad de estos combustibles. Los expertos hablan de un triángulo del fuego que es el calor, el combustible y el oxígeno. El calor es natural o puede ser aportado por el hombre, justamente cuando enciende un fuego. El oxígeno está siempre disponible, generalmente en mayor o menor medida. Cuando hay vientos, obviamente hay más oxígeno y eso hace mover el fuego.

El combustible es lo que más podemos manejar, pero es lo que no se está haciendo bien. No se está controlando la cantidad y la continuidad del combustible [biomasa]. Eso hace que cuando empieza un foco ígneo se desate un incendio y sea cada vez más difícil de controlar. El fuego camina, podríamos decir, siguiendo la disponibilidad de combustible y siguiendo las condiciones del oxígeno, que muchas veces está orientado por el viento. En la Patagonia argentina, también en la provincia de Córdoba, el fuego toma velocidades y condiciones que son casi explosivas. Los incendios en Argentina son la manifestación, año a año, de situaciones cada vez más críticas.

—Se repiten incluso las zonas afectadas…

—En 2021 tuvimos una tragedia en esta misma zona donde estaba ocurriendo este incendio en la provincia de Chubut, que esperamos que no tenga las mismas consecuencias. En 2021 se quemaron más de 600 casas y más de 1500 personas fueron afectadas en el incendio de Las Golondrinas, cuando se manifestó lo que son los incendios de interfase, es decir, que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales. Cuando estudié ingeniería forestal, hace ya casi 30 años, los incendios de interfase se estudiaban como algo potencialmente posible, con ejemplos de Estados Unidos y España. Hoy se están manifestando en Argentina.

—¿Qué características tienen los incendios de interfases?

—Se hace mucho más complicado porque lo que se quema tiene otras características. Es mucho más explosivo, hay mucho más riesgo de daño a personas, hay electricidad, en algunos casos, y hay gas. Empieza a haber más riesgo de pérdidas de vidas humanas, de afectaciones de las personas. Entonces, los combatientes de incendios forestales que están entrenados para trabajar en una línea de fuego, generalmente en ambientes rurales aislados, tienen que tener elementos para poder ayudar en incendios de estructura. Ahí se colabora mucho con los bomberos locales, que no suelen dar abasto. Es como una multiplicidad de incendios domiciliarios, todos a la vez. Lo conversaba con algunos combatientes hace poquito.

—¿Qué ve cuando visita y habla con los rescatistas?

—Un incendio común los somete a un estrés importante, pero, por ejemplo, encontrar tantas personas dañadas, quemadas, animales dañados y quemados, es algo para lo cual los bomberos locales a veces no están preparados ni siquiera emocionalmente. Entonces, estos incendios tienen una complejidad en el abordaje que requiere mayor preparación, mayor cantidad de recursos, mayor atención también sobre los propios combatientes y los bomberos, que son los héroes en estos casos.

Hay que pensar en la seguridad de las personas, de los brigadistas. La naturaleza es importante, hay que preservarla, es la fuente para muchos elementos centrales, pero, con trabajo y esfuerzo, la naturaleza se puede recuperar, se puede restaurar. Las vidas de las personas no. Es importante que se haga todo asegurando el mayor cuidado de la vida de los habitantes, de los pobladores, de los combatientes, del personal afectado.

—Hubo recortes de recursos económicos por parte del Gobierno de Javier Milei al área de prevención de incendios. ¿En qué estado está el país para afrontar estas crisis?

—En 2013 se creó por ley el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que integra cuatro sectores: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las provincias, la Administración de Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sistema es colaborativo y lo que hace es ayudar a cada jurisdicción provincial con personal, recursos, logística, operativos y medios aéreos cuando es necesario y cuando lo solicitan.

Los medios aéreos los administra el Sistema Federal de Manejo del Fuego, por eso la Nación es la que suele precontratarlos, y en gran medida se alquilan porque el Estado no puede mantener un avión. Lo que hace el Servicio Nacional es precontratar las horas de vuelo. Si vos no tenés una buena contratación, la cual pagues bien y en término, las empresas le alquilan los aviones a Brasil, a Paraguay, a Chile y perdés justamente la posibilidad de tener buen material disponible cuando llega el incendio.

Luego, hay una Ley de Manejo del Fuego de 2012, que es para prevenir y combatir los incendios forestales y otorga la responsabilidad a las autoridades nacionales sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que está a cargo ahora de la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

La ley obliga a realizar los planes de manejo del fuego para prevenir y suprimir incendios a nivel provincial, regional y nacional, y otorga fondos del presupuesto nacional para su cumplimiento. Lamentablemente, en este año, en particular, el presupuesto que tenemos es solo el 0.014 % del total del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eso refleja que las condiciones que hay para planificar estos eventos no son las mejores. Es importante mencionar que esto es recurrente, nunca ha sido muy alto en ningún gobierno.

A pesar de eso, en los últimos 30 años podríamos decir que todo lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Fuego se ha fortalecido, hay muchos más combatientes, están en mejor condición en muchas provincias, ya son personal de planta y tienen tareas de prevención o de control de combustible cuando es temporada baja de incendios. Lo que ocurre es que, cuando no hay un incendio, debería haber igual o más cantidad de recursos para trabajar en la prevención.

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—¿Cómo se debería prevenir?

—En términos muy generales: reducir la carga de combustible [biomasa] y preparar estructuras de respuesta para cuando hay una emergencia. Y acá hay un tema: se pueden prevenir los incendios con quemas controladas. Son esenciales para reducir la continuidad y la carga de combustible, quizás no tanto en los ecosistemas boscosos, donde al quemar desechos de podas se pueden quemar pastizales que generan continuidad, pero mucho más en los ecosistemas de pastizales, como en la provincia de Corrientes, donde tuvimos graves incendios en 2022, 2023 y sucesivamente. Se deben realizar quemas en condiciones controladas cuando el clima lo permite, con personal capacitado, con los elementos necesarios para controlar cualquier escape de esas quemas.

Esto es central para que no haya tanto combustible disponible y tanta continuidad. Es importantísimo entonces promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

—La Fundación Vida Silvestre dialoga permanentemente con las autoridades nacionales y provincias de Argentina. ¿Qué respuestas reciben cuando plantean estos problemas en torno al manejo del fuego y a los incendios?

—Desde que inició la Ley de Manejo del Fuego, en 2012, la Fundación ha tenido diferentes vínculos con diferentes gobiernos. Generalmente, a nivel político, el fuego empieza a ser un tema de conversación cuando ya hay un incendio declarado y cuando ha tomado una envergadura tal que se ha transformado en un tema público. A nivel técnico, dentro de las estructuras de gobierno, hay mucha preparación, mucha preocupación para poder mejorar las coordinaciones, tanto técnicas como políticas.

En algunos casos también se ha dado que lamentablemente la falta de comunicación entre algunas provincias y Nación, en diferentes periodos de gobierno, ha favorecido o ha demorado el accionar del Servicio Nacional. A veces intentamos articular, como cuando hubo desencuentros entre las autoridades durante los incendios en Corrientes de hace unos años. Tardaron bastante en ponerse de acuerdo. Es lamentable.

Hace varios años se habló de unos 82 millones de dólares que llegaban del Fondo Verde del Clima para el pago por resultados, por deforestación evitada. Se asignaron a las 24 provincias para diferentes actividades. Una de ellas era justamente el desarrollo de estos planes de manejo del fuego que tienen que hacerse a nivel provincial. Lamentablemente esos fondos no se han asignado y los que se han asignado no se han ejecutado correctamente, según trascendió en publicaciones periodísticas.

—¿Qué le contaron los brigadistas y sus contactos sobre los incendios en Chubut?

—Estuve en la zona ahora afectada en octubre, en Puerto Patriada, justo donde empezó el incendio a principios de enero. La Fundación Vida Silvestre está colaborando con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con Fundación Avina y con otras instituciones en un plan de restauración de los incendios que ocurrieron entre 2011 y 2014. En las reuniones en la zona, lo que uno escucha es lo de siempre: hay una continuidad de combustible muy grande.

Hay un tema específico: los pinos. En las décadas de 1960 y 1970 existió una política fomentada por el Estado nacional de desmontar, de quitar el bosque nativo e implantar diferentes especies de pinos, de piceas, de abetos, de cupressus y coníferas exóticas para promover la industria maderera. Lo mismo que estaban haciendo en Chile, donde transformaron el bosque nativo en pino.

En Argentina eso no funcionó, en parte porque las condiciones climáticas en la zona son distintas. Afortunadamente no funcionó porque si no tendríamos hoy mucho menos bosque nativo y muchas más plantaciones de pinos exóticos, como en Chile. El problema que quedó es enorme porque esas plantaciones se abandonaron y al abandonarse no tuvieron raleos, no tuvieron podas. Al no haber podas, los pinos mantienen las ramas durante mucho tiempo, que son como escaleras para el fuego. Entonces, cada vez que llega el fuego, rápidamente alcanza las copas, como se ve en los incendios bien altos.

Los pinos exóticos son muy resinosos y están adaptados a lugares donde los fuegos naturales son recurrentes [no a la Patagonia]. Usan el fuego como dispersión. Las piñas explotan, vuelan prendidas fuego, con lo cual inician nuevos focos de incendio. A su vez, la semilla es tan resistente que luego del incendio lo que vos tenés es un semillero de pinos. Se transforma en una enorme oferta de combustible que vuelve a quemarse frecuentemente.

—Las estadísticas oficiales sostienen que el 95 % de los incendios forestales en Argentina son causados por la acción humana. ¿Cuáles pueden ser las razones?

—Pueden ser por diferentes motivos. Se inician por descuidos, por intencionalidad, porque uno se peleó con el vecino, porque se quiere quedar con la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente inicia fuegos. En algunos casos porque quieren que las áreas queden quemadas y limpias para actividad productiva. Mientras estamos hablando la provincia de Chubut tiene unos ocho focos de incendios forestales. Si no se trabaja mucho en la prevención y en la reducción de la carga de combustible, esto casi que no tiene solución.

También están apareciendo muchísimos incendios por rayos. Hace 30 años no pasaba o, si pasaba, no estaba del todo registrado. El clima está cambiando, hay cada vez más tormentas eléctricas en la Patagonia, algo que antes no era nada común. Caen los rayos y generalmente no llueve, cuando antes sí llovía. Entonces, hoy te cae un rayo y te desprende un fuego en un lugar recóndito y perdido en la Cordillera [de los Andes]. Y no llueve. Es imposible la llegada con personal. Ahí sí, los medios aéreos son importantes.

—¿Los aviones son esenciales?

—Son importantes, pero ningún incendio forestal se va a apagar solo con medios aéreos. Hay que trabajar en terreno, frenando la carga con la continuidad e intentando generar espacios de sacrificio, quemas seguras. Además, en Argentina, por diferentes regulaciones, y por costos también, no se está usando mucho el retardante que se lanza desde los aviones.

Imagen principal: un bombero camina por una carretera mientras los incendios forestales arden en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP / Maxi Jonas

Nota del editor: la cifra de hectáreas arrasadas por el fuego se actualizó el lunes 12 de enero.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Como dato curioso adicional, Jesús Zárate Moreno ganó en 1972 el premio Planeta, pero no pudo celebrarlo porque había fallecido en 1967. Ahora bien, resulta tan sorprendente el descubrimiento del autor, como evidenciar la nula información sobre su vida. Afortunadamente encontré un artículo de la otrora estudiante de literatura Lunay Estela Figueroa Arias de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que viene a rescatar del olvido a Jesús Zárate Moreno. Para quien desee buscarlo se titula: Jesús Zárate Moreno, trayectoria vital: 1915 – 1967.

El autor y diplomático colombiano nació el 15 de septiembre de 1915, en Málaga (Santander, Colombia) y falleció en Bogotá en 1967, dato que me estremece, pues mientras él se iba yo nacía en la misma ciudad y el mismo año. Sus obras publicadas son las colecciones de cuentos: Un zapato en el jardín (1948), No todo es así (1948), El viento en el rostro (1953), El día de mi muerte (1955), las novelas La Cárcel (1972) y El Cartero (1973), que fueron publicadas a modo póstumo, igual que tres piezas de teatro.

La investigación de Figueroa Arias revela que el escritor privilegió su tierra santandereana como escenario y argumento de sus obras, los recuerdos de su infancia y juventud en Málaga, desde donde se traslada a Bucaramanga, la capital del Departamento, en donde cursa el bachillerato y a los 18 años se vincula al periódico Vanguardia Liberal en muestra de su genial precocidad para la escritura. Se convertiría en secretario del diplomático y político liberal Gabriel Turbay, médico de la Universidad Nacional de Colombia, Ministro de Relaciones Exteriores, candidato a la presidencia de la República y quien murió a los 46 años de una enfermedad fulminante en París.

Fruto de la relación profesional con Turbay y gozando de una merecida reputación periodística, Zárate Moreno en 1943 es nombrado Jefe de Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, ciudad en la cual se publican sus primeros cuentos. Posteriormente, Zárate es nombrado Primer Secretario en la Legación de Colombia en Madrid y Cónsul General de Colombia en Barcelona. Un zapato en el jardín(1948) es publicado en Madrid y en el mismo año en la editorial Imprenta de Bucaramanga en Colombia, su segundo libro de cuentos No todo es así. 

Jesús Zárate Moreno, regresa a Colombia en 1948 y es designado como Subdirector del Departamento Diplomático, escribiendo al mismo tiempo reportes especiales para el periódico El Tiempo. Hernando Téllez alaba los cuentos de Zárate Moreno por la temática provincial con tono universal. En 1949 es nombrado Director de Información y Prensa de la Cancillería y se vincula con el periódico El Espectador, convirtiéndose en asiduo colaborador en el Magazín Dominical donde resultó muy popular una columna suya titulada El pabellón de reposo, bajo el seudónimo Zalacaín, se trataba de historias reales pasadas por el filtro literario que fueron publicadas hasta 1954. 

Desde 1950 a 1953, Zárate fue Jefe de la Sección de Europa, África y Oriente en el Ministerio, al tiempo que Ediciones Espiral de Bogotá publicaba su libro El viento en el rostro, relatos de Zalacaín (1953), selección de las mejores crónicas escritas para el Magazín Dominical. Dejo a los amigos de El Espectador y su Magazín, la posibilidad de reeditar en papel o en la versión digital del periódico estos relatos de Zárate Moreno para que los lectores contemporáneos puedan descubrir al escritor.

En 1954, Jesús Zárate Moreno es nombrado en Cancillería como Director de Política Exterior y del Departamento Diplomático, luego como Consejero de la Embajada de Colombia en México de 1954 a 1955, publicando simultáneamente El día de mi muerte con la Editorial Iqueima de Bogotá. 

Los siguientes cargos diplomáticos de Zárate fueron Consejero de la Delegación de Colombia en la OEA, Consejero de la Delegación de Colombia ante la ONU, cuando nuestro país fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Al regresar a Bogotá, en lo que los funcionarios de Cancillería llamamos planta interna, sería Subsecretario del Servicio Exterior y Subsecretario de Asuntos Diplomáticos entre 1959 y 1960, que equivale a lo que hoy sería un Viceministro.

Zárate fue Delegado alterno de Colombia como Ministro Plenipotenciario ante la XVI Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960 a 1961. Llegaría a ser Embajador en Cuba en el momento de transición de la dictadura de Batista al gobierno revolucionario de Fidel Castro, época en la que comenzó a concebir la trama de lo que sería su novela La Cárcel, que al parecer fue pensada para ser obra de teatro con tono humorístico.

En 1962 Zárate Moreno fue nombrado Embajador de Colombia en República Dominicana, en una época turbulenta para el país caribeño, pero que le permitió escribir su gran obra que permaneció inédita durante varios años. En 1967 es designado como embajador en Suecia, pero una enfermedad avanzada le impide cumplir el encargo del gobierno colombiano y lamentablemente fallece en Bogotá el 12 de diciembre del mismo año.

Su esposa Alicia Rey y sus tres hijos (Néstor Augusto, Eduardo y Alicia Zárate Rey), luego de hacer el duelo por la muerte del jefe de hogar, rescataron entre sus documentos el manuscrito de La Cárcel y coincidió con la publicación en algún medio de la época de las bases del premio Planeta, convocado por la editorial fundada en Barcelona, percatándose que no había ninguna restricción o advertencia sobre si podían participar obras de autores fallecidos y decidieron enviar la obra, que fue la ganadora en 1972. 

Debe decirse que fue una gran sorpresa para los organizadores del premio, conocer que el escritor ganador había muerto cinco años atrás pero ante la calidad literaria de la novela concedieron el premio, aunque en convocatorias posteriores se cuidaron de advertir que sólo se admitirían obras de autores vivos en el momento de dar a conocer el fallo del jurado respectivo. La Cárcel, es una obra divertida a pesar de desarrollarse en un escenario improbable para una trama optimista.

Resulta emocionante, para quien escribe estas líneas descubrir a un colega en doble sentido, como diplomático y escritor, quien desde sus dos disciplinas le dio prestigio a nuestro país en el extranjero. Espero que este modesto texto sirva de motivación para conocer las obras de Jesús Zárate Moreno, nuestro particular Sugar Man, de la literatura y la diplomacia en Colombia.

*Dixon Moya es embajador de Carrera Diplomática y Consular, escritor por vocación, lleva un blog en el periódico colombiano El Espectador con sus apellidos literarios, en el cual escribe de todo un poco: http://blogs.elespectador.com/lineas-de-arena/. 

En las décadas de 1950 y 1960, las vicuñas estuvieron al borde de la extinción. La caza ilegal para la comercialización de su valiosa lana, una de las más finas del mundo, fue la razón principal de la disminución drástica de la población de una de las cuatro especies de camélidos que habitan en Sudamérica. Dos de ellas —la llama y la alpaca— son domésticas y las otras dos —vicuña y guanaco— son silvestres.

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Al igual que la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) también ha pasado por periodos de reducción severa de su población. En los años 60 y 70, el número de guanacos se vio afectado por los permisos para la caza legal de esta especie. “Se otorgaban miles de cupos de caza legal para reducir su densidad y liberar zonas de pastoreo para poner más ovejas”, comenta Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigaciones en Ecofisiología de Fauna Silvestre (Giefas) del Conicet y de de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina.

En las últimas décadas, las poblaciones de ambas especies se han recuperado. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. Aunque “la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza” para los camélidos silvestres, según comenta Bibiana Vali, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Universidad de Luján, estas especies también enfrentan otro riesgo para su salud: la sarna sarcóptica.

Se trata de una enfermedad de la piel, contagiosa, causada por el ácaro microscópico excavador Sarcoptes scabiei. Esta enfermedad no solo ataca a estas dos especies, sino que también afecta a llamas, alpacas y muchos otros mamíferos. Según diversos estudios, este parásito ha sido documentado en más de 150 especies de mamíferos.

Las poblaciones de vicuñas y guanacos en Sudamérica se distribuyen en cinco países: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Mongabay Latam conversó con expertos en camélidos sudamericanos de Perú y Argentina para tener un panorama de cómo esta enfermedad afecta a las poblaciones de vicuñas y guanacos en los países donde habitan.

La sarna en las vicuñas

“La sarna sarcóptica es una enfermedad emergente en la fauna silvestre a nivel mundial y hemos observado que puede tener impactos devastadores en poblaciones pequeñas y aisladas”, dice Alynn Martin, profesora asistente e investigadora científica de ecología y epidemiología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de Estado Unidos.

Martin es coautora del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica, publicado a fines de 2024. Una investigación que se centra en la revisión de estudios previos que se han realizado sobre esta enfermedad en vicuñas y guanacos.

La investigadora detalla que el impacto de “los brotes de sarna en vicuñas y guanacos tiene consecuencias de gran alcance, ya que estas especies no solo son culturalmente importantes para las comunidades locales, sino que también son valoradas por su fibra y contribuyen al sustento de los pueblos andinos”.

Hugo Castillo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y miembro de este grupo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica cómo la enfermedad afecta a los camélidos silvestres. “Cuando la enfermedad avanza, los animales se vuelven presa fácil de depredadores o  sucumben por infecciones secundarias”, explica.

El experto en camélidos detalla que la muerte del animal no se produce por la acción directa del ácaro, sino porque al destruirse la piel por acción del parásito, ingresan otros microorganismos como bacterias y hongos, que generan infecciones generalizadas. Otra consecuencia de la sarna es que el animal pierde peso, porque, aparentemente, deja de comer por el malestar. “Normalmente encontramos a los animales con sarna con condición corporal baja. Es por ello [también] que mueren”.

El investigador también comenta que los casos más icónicos de sarna en Perú están en Ayacucho. Uno de los lugares donde la población de camélidos “se ha visto bastante afectada es la reserva de Pampa Galeras”, así como en Iruro, en Lucanas, que en el año 2015 llegó a tener una prevalencia del 62 % de la enfermedad. Actualmente, dice Castillo, estas poblaciones se están recuperando.

La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, ubicada en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, es un lugar emblemático para la conservación de la vicuña con una extensión de 6500 hectáreas. Sin embargo, las vicuñas en esta zona de Ayacucho habitan más allá de la reserva y son las comunidades campesinas de Lucanas, junto con el Estado peruano, las que están comprometidas con la conservación de la especie.

Castillo señala que otra de las zonas con alta prevalencia de sarna en Perú es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima. “En 2015 trabajamos, junto con el Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] en esa comunidad y cuando fuimos al chaccu —técnica ancestral de captura y esquila de vicuñas—, la prevalencia [de sarna] era de casi 40 %. Lo que después nos han dicho los pobladores es que prácticamente ya no hay vicuñas, han quedado muy pocas y dispersas”.

Perú es el país con la mayor población de vicuñas, más de la mitad de la población mundial, según la UICN. En 2016  se estimó una población total de 218 000 vicuñas. Este 2025, Serfor realizó un nuevo Censo Nacional de Vicuñas y, según los resultados preliminares, el país contaría con más de 300 000 ejemplares distribuidos en 16 departamentos. Los resultados del censo también indican que la región de Arequipa lidera el registro, con 73 201 vicuñas; seguida de Ayacucho, con 66 121; y Puno, con más de 50 000.

En la lista sigue Huancavelica, con más de 40 000; Apurímac, con 30 000; y Cusco, con 20 000.  En Cajamarca se registraron 1475 ejemplares, en La Libertad 1232, en Ica 398. Serfor destacó que entre las novedades del censo figura el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco.

De las más de 300 000 vicuñas censadas en Perú, 40 700 están dentro de siete áreas naturales protegidas, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las áreas naturales protegidas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, con una población que supera los 30 000 individuos.

“Hasta el último censo, Ayacucho era el departamento con mayor población de vicuñas. Sin embargo, según datos extraoficiales del censo realizado este año, Arequipa ha superado a Ayacucho en población de vicuñas. Estos resultados coinciden con el hecho de que la población de vicuñas de Arequipa prácticamente no ha tenido sarna”, comenta el experto en camélidos Hugo Castillo.

En toda esta década, continúa Castillo, regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac registraron casos de sarna en algunas de sus poblaciones. En cambio, Arequipa estuvo libre de sarna, recién hace uno o dos años, más o menos, se han comenzado a reportar casos de sarna en Arequipa, pero en prevalencias muy bajas. “Probablemente esto tenga relación con la mortalidad que ha generado la enfermedad”.

Enrique Michaud, co-presidente de la Alianza Global para el Año Internacional de Pastizales y Pastores 2026, comenta sobre la baja prevalencia de sarna en las poblaciones de vicuñas de Arequipa. “En los últimos congresos que hemos tenido sobre sarna, la región que ha tenido menos porcentaje de sarna o casi cero ha sido Arequipa. Curiosamente es la región donde ha habido un mejor manejo de la sarna en animales domésticos”.

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La enfermedad en los guanacos

La mayor población de guanacos se encuentra en el sur de la región, entre Argentina y Chile. Se calcula que actualmente existen por lo menos un millón de individuos de esta especie y de ellos, el 95% de la población mundial habita en Argentina. El resto se distribuye entre Chile (4 %), Perú, Bolivia y Paraguay, según explica Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestres (Giefas) del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) del  Conicet.

Carmanchahi comenta que la población más abundante está en la Patagonia, donde en los últimos años viene implementando varias alternativas de manejo con estas poblaciones, entre ellas, el aprovechamiento de la lana, “que tiene casi la misma calidad que la fibra de vicuña”, explica. Al mismo tiempo, realizan monitoreo de la sarna en esta especie.

Melina Anello, investigadora asistente en el Giefas del Conicet, menciona también el brote de sarna que afectó a la población de camélidos en el Parque Nacional San Guillermo. “El  ingreso [de la sarna] se dio a partir de animales domésticos, llamas, particularmente, que estaban alrededor del parque. La enfermedad se diseminó rápidamente en la población al punto de que ahora se considera una extinción ecológica local de la especie. Las poblaciones disminuyeron en un 90 % a 95 %, prácticamente no quedan vicuñas y muy pocos guanacos en el parque”.

Anello comenta que en la provincia de Tierra del Fuego, que se ubica en una isla compartida entre Argentina y Chile, hay poblaciones de guanacos con alta incidencia de sarna. “Si bien no tenemos números muy precisos, solo estimaciones preliminares, estamos viendo que hay mucha sarna”. Otros casos registrados por la experta están en las provincias de Santa Cruz y de Chucuito, pero no son “muy grandes”. Sin embargo, agrega Anello, faltan datos para saber específicamente cuántos animales hay y cuál es su situación sanitaria, si existe o no la enfermedad y qué tan grave es.

La especialista de Conicet también menciona que realiza investigaciones genéticas sobre la enfermedad para entender cuáles son los factores que llevan a que se produzca la enfermedad, cuáles son sus vías de transmisión para evitar que ingresen a nuevas poblaciones. Anello dice también que junto con Carmanchahi están formando una red de investigadores de todos los países donde habitan los camélidos para obtener datos de todo el área de distribución. “Es importante compartir esta información y tomar medidas en conjunto”.

Carmanchahi agrega que en 2006 se elaboró un Plan Nacional de Manejo del Guanaco en Argentina, pero que en 2024 fue derogado y se generaron nuevas directrices.

En octubre de 2024 la Subsecretaría de Ambiente de Argentina actualizó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, mediante el cual habilita a las provincias patagónicas a conformar programas de manejo y aprovechamiento de esta especie.

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Medidas de control

“La sarna es una enfermedad que está muy extendida ya sea en las especies domésticas como en las especies silvestres. Tenemos animales con sarna en muchísimas especies a la vez”, comenta la investigadora argentina Bibiana Vilá, investigadora superior del Conicet, profesora titular en la Universidad de Luján y directora de Vicuñas, Camélidos y Ambiente (Vicam).

Vilá también explica que la situación de la sarna en la población de camélidos “es diferente en distintos contextos”, pues en algunas zonas las vicuñas conviven con camélidos doméstidos como llamas y alpacas, o también con ganado vacuno y ovino.

Vilá comenta que en la zona en la que trabaja —Santa Catalina, en el noroeste de Jujuy,  Argentina— la sarna está presente en la población de vicuñas pero con baja prevalencia, entre el 2 % y 3 %. “Hay que estar muy atentos y ver a la sarna como una enfermedad del ambiente en la cual se regulan las poblaciones de vicuña”, sugiere la experta.

“Cuando un animal es silvestre sabemos que tarde o temprano, como todo ser vivo, se va a morir, probablemente en la época del año con las condiciones más adversas, pero además, los animales se van a morir del patógeno que está en el ambiente, en este caso, la sarna. Entonces, de alguna manera la sarna ayuda a controlar la población de vicuñas”, agrega. Eso es en las zonas de baja prevalencia, comenta Vilá, donde la sarna está actuando como lo que se llama “presión de selección”. Sin embargo, menciona, también se deben tomar en cuenta muchos otros factores del manejo de la vicuña que pueden aumentar la probabilidad de contagio.

“Es importante que cuando se está esquilando y se ve un animal con síntomas de sarna, que se proceda a limpiar todo, porque la sarna se transmite por contacto. Además, hay también condiciones del manejo que son muy importantes para evitar los contagios de sarna”, comenta Vilá.

La experta también explica que no se debe esquilar a una vicuña con sarna por varias razones. En primer lugar, porque la fibra es de mala calidad y no tiene valor en el mercado. En segundo lugar, porque el animal puede morir por el estrés. “Si al estrés de la esquila le sumamos el estrés de la enfermedad, estamos condenando a ese animal”, añade. Y una tercera razón es que si se esquila a un animal con sarna, se contamina la zona en donde se esquilan otros animales sanos, por tanto, se generarían más contagios.

Por ese motivo, Vilá recomienda que cuando se realizan los chaccus se debe reducir al mínimo el tiempo en el que los animales están encerrados en el corral, porque pueden haber ingresado animales sanos con animales enfermos, por tanto, es importante no dejarlos dentro del corral de un día para otro. Otro factor a tomar en cuenta son los animales infectados sin síntomas, por tanto, una vez que se esquila una vicuña se debe desinfectar todos los elementos que se utilizan en esta práctica para evitar la transmisión.

La especialista argentina también recuerda que tras la reducción drástica de la especie en las décadas de 1950 y 1960, muchas de las poblaciones actuales se reprodujeron de grupos pequeños, por lo que algunas poblaciones pueden tener baja variabilidad genética.

Vilá pone como ejemplo lo que sucedió en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan, Argentina, donde había una población de vicuñas y guanacos. Tras la llegada de camélidos domésticos, se presentó un brote de sarna en una población que nunca había estado en contacto con esta enfermedad y, por tanto, no tenían defensas. “Hubo una gran mortalidad y, prácticamente, desaparecieron las vicuñas en esa zona”.

Enrique Michaud comenta que en algunas zonas de Perú se utiliza la Ivermectina —un antiparasitario— para tratar la sarna en camélidos silvestres. “Desde el año 2000 se viene usando Ivermectina, por ejemplo, en Pampa Galeras, y no se ha controlado la enfermedad”. Michaud precisa que cada país tiene una forma de abordaje distinto y menciona que en Argentina no se utiliza esta medicina porque “tiene una posición más ecológica”, pero que en Perú se usa desde hace más de 20 años.

Hugo Castillo también cuestiona el uso de Ivermectina en camélidos silvestres porque la aplicación de una sola dosis, como ocurre con la población silvestre, no tiene buenos resultados. “Desde Argentina un grupo de colegas lanzó un eslogan totalmente válido que decía: una dosis es peor que ninguna. Lo tradicional para manejar la sarna es colocar dos dosis, en un intervalo de 15 días, más o menos. Por tanto, cuando se aplica una única dosis, el tratamiento no se completa, no solucionamos el problema y más bien estamos propiciando que se genere resistencia contra el fármaco”.

Para completar la dosis, explica Castillo, se tendría que capturar dos veces al mismo animal, pero eso es complicado cuando se trata de animales silvestres.

Castillo comenta que en 2019, en Iruro, en Lucanas, Ayacucho, se hicieron chaccus con fines sanitarios, es decir que se capturaba a la vicuña para la esquila y al mismo tiempo se aplicaba la Ivermectina. Luego hacían otro chaccu con la misma población que había sido esquilada, pero solo para tratarlos con el medicamento. “Eso se ha comenzado a replicar en otras poblaciones”.

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Poca información

“Durante la última década se han reportado brotes (algunos epidémicos) en poblaciones de vicuñas de Perú, Argentina, Bolivia y Chile”, indica el artículo Aspectos científicos y técnicos acerca de la sarna sarcóptica en vicuñas, publicado por la revista del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN. El estudio señala que “es escasa la información sobre la enfermedad, en cuanto a su distribución geográfica y prevalencia”.

Hugo Castillo comenta que en 2022 publicó un artículo científico, junto con Pablo Acebes y Solange Vargas, en el que presentan una revisión de las investigaciones que hasta ese momento se habían hecho sobre la sarna en camélidos y que “en ese entonces la información era mínima”. Los investigadores coinciden en que falta información sobre esta enfermedad y cómo esto está afectando a las poblaciones de vicuñas y guanacos.

“Hace unos años, surgió preocupación, principalmente en Perú, porque empezaron a tener mucha más prevalencia de vicuñas infectadas. Entonces, se unieron todos los países con la idea de investigar más sobre el tema”, comenta Yanina Arzamendia, investigadora del Grupo de Investigación Vicam, Instituto de Ecorregiones Andinas del Conicet y del Instituto de Biología de la Altura (Inbial) en Argentina.

Arzamendia comenta que se debe analizar qué está pasando con los manejos y qué se debe cambiar para que la enfermedad no avance. “Lo que nosotros vemos es que cuando se maneja a pequeña escala y con todas las pautas de bienestar animal, si bien las poblaciones pueden tener la enfermedad, la prevalencia es muy baja, menos del 1 %”, comenta sobre los censos que han realizado con poblaciones de 1000 animales. “Nosotros siempre insistimos en que el manejo de la biodiversidad tiene que tener muchos acuerdos entre todas las partes”, dice Arzamendia.

Paulo Colchao Claux, especialista en Salud de la Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, en Perú, señala que se requiere conocer “cómo se transmite para ver cómo se puede controlar esta enfermedad”.

“Es muy difícil eliminar una enfermedad en fauna silvestre porque hay muchos factores que escapan al control. Sin embargo, se puede reducir las prevalencias y con eso se puede mejorar el manejo de la enfermedad”, comenta Colchao, quien también es coautor del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica.

Colchao también menciona que “la salud de la fauna silvestre cada vez es más relevante a nivel mundial y en Perú también, debido a todos los efectos que está teniendo en los humanos y en el ambiente”. En ese sentido, menciona que la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos están relacionados y debería haber una equidad en el manejo de estos. “Si los animales están saludables es porque los ecosistemas están saludables, por ende, los humanos deberían estar saludables”.

“Lo que buscamos es impulsar una vigilancia sanitaria de fauna silvestre -agrega Colchao- para colectar datos de enfermedades en fauna silvestre de tal manera de que se haga una alerta y un control temprano de cualquier enfermedad que pueda estar apareciendo en estos animales”.

Imagen principal: vicuñas, en tierras peruanas. Foto: cortesía Hugo Castillo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los glaciares andinos hasta un extremo de la Amazonía, representantes de comunidades, organizaciones y movimientos indígenas navegan en la Flotilla Yaku Mama por los ríos de esta región con un destino y un mensaje claros: llegar a la ciudad de Belém, en Brasil, para exigir a los líderes mundiales que escuchen a los pueblos originarios y que sean tomados en cuenta en las decisiones frente a la crisis climática en la COP30, la cumbre climática global.

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La flotilla inició el viaje el 16 octubre en la ciudad del Coca, en Ecuador, y planea llegar este 7 de noviembre a la ciudad donde se realizará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Buscan exigir que se respete el derecho de pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, a ser considerados para una transición energética justa que no implique nuevas zonas de sacrificio a través de la minería, la extracción de petróleo y monocultivos. También plantean recibir financiamiento directo que les permita implementar soluciones ante los efectos climáticos se viven en sus territorios.

Para los participantes de este viaje de más de 3000 kilómetros, se trata de una protesta y al mismo tiempo un llamado por la justicia climática —un principio que nombra la desigual responsabilidad de los países y empresas por los efectos del calentamiento global— así como por frenar el uso y la explotación de combustibles fósiles, especialmente dentro de la Amazonía.

Esto ocurre en un momento crítico para la Amazonía, que en 2024 tuvo una pérdida inédita de 4.5 millones de hectáreas de bosque primario por la deforestación y los incendios, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Integrantes de la Flotilla Yaku Mama cuentan a Mongabay Latam las implicaciones y expectativas de esta travesía, que busca colocar el conocimiento y la resistencia indígena en la mesa del espacio político más importante para enfrentar la crisis climática.

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Una mirada distinta a bordo

Alexis Grefa, joven del pueblo Kichwa de Santa Clara, en la Amazonía ecuatoriana, sostiene que la flotilla es un sueño que organizaciones y comunidades indígenas venían trabajando desde hace años. Buscaban compartir experiencias, amenazas y alternativas ante la crisis socioambiental que viven en la región.

Para el joven activista, la organización de la COP30 en la Amazonía es un buen momento para reunir esas experiencias que se asemejan. “Todos estamos luchando frente al extractivismo, sobre todo enfocados en las temáticas que se van a abordar con fuerza en esta COP: combustibles fósiles, la minería y la transición energética”, sostiene el integrante del colectivo Quipa, dedicado a la defensa de la naturaleza y el patrimonio biocultural en alianza con comunidades y organizaciones.

Aunque estos temas han estado presentes en las diferentes mesas de trabajo de la COP, Grefa precisa que se abordan desde perspectivas que buscan “mercantilizar” la Amazonía y a los territorios indígenas, lo que termina en “falsas soluciones”.

“Desde la Flotilla intentamos cambiar la mirada a una mucho más enfocada en el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, que han sabido sobrellevar y proteger los territorios por muchos años”, explica el representante kichwa.

Ante la cada vez mayor evidencia científica que indica que el reconocimiento de tierras a pueblos indígenas es crucial para las metas de conservación, Grefa puntualiza que las iniciativas de los pueblos indígenas amazónicos deben ser incluidas en la toma de decisión a través de la “financiación directa”.

En el caso de la Amazonía ecuatoriana, el joven kichwa explica que también trabajan por cambiar narrativas que abordan las “falsas soluciones” para enfrentar la crisis climática en la región. Como ejemplo, menciona que la sustitución de combustibles fósiles por otros más limpios no debe reproducir las mismas dinámicas de extracción y desplazamiento que ya provoca la minería legal e ilegal.

“La idea de la Flotilla es esa, construir una demanda para la COP30 que incluya un proceso de transición justa, en el que no solo se solucione lo medioambiental sino también remediar a los pueblos indígenas que han sido afectados por la extracción, el desplazamiento y la apropiación de sus territorios”, dice Grefa a Mongabay Latam.

Previo al inicio del viaje, los integrantes de la flotilla se reunieron en Quito, capital de Ecuador, para hacer una confrontación con la historia, al ser la ciudad donde inició la expedición de Francisco de Orellana en 1541 que derivó en la colonización de la Amazonía.

“La Flotilla Amazónica Yaku Mama invierte simbólicamente esa ruta de conquista en una de conexión, honrando la resistencia de los pueblos indígenas y el primer levantamiento continental de 1992, con el objetivo de que el mundo, finalmente, escuche las voces de los territorios”, señaló la iniciativa.

Leonardo Cerda, representante kichwa de la comunidad de Serena, en Ecuador, precisa que el viaje de la flotilla también ha permitido escuchar las voces de otros pueblos indígenas, un ejercicio que, considera, deberían incluir las políticas públicas ambientales y climáticas para que las decisiones no se tomen solo desde los escritorios y mesas de negociación, sino también desde los territorios.

“[La flotilla] es un acto de resistencia y empoderamiento. Nosotros sabemos que el origen de esta crisis climática proviene del colonialismo extractivista que toma a la madre naturaleza como un recurso infinito”, sostiene el joven fundador del movimiento BILM (Black Indigenous Liberation Movement).

Cerda sostiene que los pueblos indígenas amazónicos agregan otra mirada a la conversación climática, la del Kawsak Sacha o Selva Viviente, un concepto kichwa que reconoce al ecosistema como un ser vivo integral y con el que hay una conexión material y espiritual.

“Venimos de la visión de los derechos de la naturaleza, donde nosotros estamos en un solo ciclo y pertenecemos a la naturaleza. Como pueblos indígenas no somos los causantes de esta crisis, son los países, la industrialización, el colonialismo, el extractivismo”, apunta el líder kichwa y agrega: “Nosotros ofrecemos soluciones basadas en el conocimiento, en la vivencia de las comunidades”.

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Un viaje que conecta los conflictos amazónicos

La Flotilla Amazónica ha establecido conexiones históricas y socioambientales en las escalas y territorios que visita. La travesía inició en los hielos del glaciar Cayambe, donde comunidades kichwas realizaron una ceremonia ancestral para recordar la conexión entre los páramos y los ríos amazónicos a través del agua.

Después conocieron el proceso de la agrupación Yuturi Warni, la primera guardia indígena liderada por mujeres en la región y que está bajo presión de la minería legal e ilegal.

“Esto es la transición energética para algunos países y no se dan cuenta de que nos están afectando en las comunidades. Vimos cómo las mujeres en Serena están monitoreando la selva, cómo tienen sus programas de manejo ambiental”, cuenta el líder kichwa a Mongabay Latam.

En Coca —ciudad del norte de la Amazonía ecuatoriana donde en 2020 se derramaron 5800 barriles de crudo— se realizó un funeral de los combustibles fósiles y una marcha, como un acto simbólico para denunciar décadas de contaminación.

“Fue muy importante hacer este ritual porque para nosotros el consumo de combustibles fósiles y el extractivismo han representado muerte y aniquilación de pueblos hermanos”, dice Cerda sobre comunidades enteras en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, con impactos en la salud y desplazadas de sus territorios por la industria petrolera.

Para Grefa, el funeral de los combustibles fósiles también fue un llamado para el Gobierno central de Ecuador a iniciar un proceso de transición energética, ante la dependencia del país a los combustibles fósiles.

“Ecuador no está preparado ni económica, ni política, ni socialmente para transicionar porque nadie, desde el Gobierno central, está abordando la transición energética”, explica. Además, agrega que el Gobierno deberá escuchar a pueblos indígenas, a la sociedad civil y a la academia para plantear una alternativa energética durante los próximos años.

La ruta continuó en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y parte de la Amazonía ecuatoriana, donde en 2023 la ciudadanía ecuatoriana votó a favor de frenar la extracción de petróleo.

Para Cerda, se trata de un lugar emblemático por esta decisión. Sin embargo, advierte que en las negociaciones de la COP30 se deberá atender cómo salir de la fase de consumo de combustibles fósiles y optar por energías renovables. “Nosotros, como pueblos indígenas, no podemos ser presa fácil”.

Del lado de la Amazonía peruana, en Iquitos, la flotilla también conversó con comunidades que implementan manejos forestales y de monitoreo, ante la tala de bosques y la minería ilegal.

“Estamos intercambiando las experiencias de lucha, de resistencia, pero también las de monitoreo, de guardias, de conocimientos ancestrales. Estos intercambios son soluciones prácticas contra los procesos extractivos que se están dando en la Amazonía”, detalla.

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Defensores de la Amazonía y del territorio

Otra de las líneas de acción de la flotilla rumbo a la COP30 es integrar la protección de los defensores del territorio en todas las políticas climáticas.

El nivel de amenaza para quienes defienden la Amazonía es alto. En solo unos días, los defensores Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán fueron asesinados durante el paro nacional en Ecuador, convocado principalmente por comunidades indígenas y campesinas contra medidas gubernamentales y la expansión del extractivismo en sus territorios.

Sin embargo, esta situación afecta a toda América Latina, que concentra el 82 % de los asesinatos y desapariciones contra defensores ambientales y del territorio en el mundo, de acuerdo con el informe reciente de la organización internacional Global Witness.

Para Lucía Ixchiu, mujer maya k’iche, de Iximulew, Guatemala, y coordinadora indígena del BILM, la realidad centroamericana también debe abordarse no solo en la flotilla sino también llegar a las mesas de trabajo de la COP30.

“Es parte también del interés de articularnos en esta flotilla de gente tan diversa porque somos múltiples realidades las que enfrentamos. De esto no se habla en la COP, por eso estamos haciendo este acto desesperado, para seguir posicionando las historias y luchas de los pueblos”, comenta Ixchiu, quien vive exiliada tras haber documentando la tala ilegal en su comunidad, en Guatemala, un país que incrementó cinco veces los asesinatos de defensores en 2024, de acuerdo con Global Witness.

Contradicciones y retos rumbo a Brasil

Si bien los representantes indígenas de la flotilla amazónica son escépticos de las decisiones que se puedan tomar en la cumbre climática, consideran que el hecho de tener la atención del mundo es una oportunidad para mostrar la crisis climática en la Amazonía y presionar a los gobiernos al momento de definir metas y presupuestos.

Pese a considerarlo un espacio “cooptado” por la industria petrolera y minera, Cerda apuesta por llamar la atención sobre las amenazas que actualmente enfrenta la Amazonía.

“Nosotros también hacemos incidencia, pero desde la flotilla. Creemos que la incidencia viene desde los territorios. Podemos llamar la atención para que el mundo vea lo que está pasando en nuestros territorios”, señala el líder kichwa.

“Si no estás en la mesa de negociación, estás en la cena para ser la comida. Entonces, quieras o no, nos toca estar dentro de estos espacios de la mesa de negociaciones como observadores”, agrega.

En tanto, Ixchiu considera que la COP sigue siendo un espacio excluyente para las poblaciones indígenas. Como muestra, sostiene que ni el 10 % de los integrantes de la flotilla cuenta con una acreditación para entrar a las negociaciones.

“Tenemos muy clara y muy crítica la mirada respecto a la COP porque sabemos que es un espacio que no permite una participación plena. Sin embargo, nosotros nos estamos tejiendo desde fuera de estos eventos para poder construir diálogos entre los pueblos”, afirma la defensora.

Mientras la flotilla amazónica realizaba su viaje, el gobierno de Brasil aprobó la perforación exploratoria de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas con el Atlántico, a unas semanas de celebrar la cumbre climática.

El permiso otorgado a la estatal Petrobras se ubica en una región denominada Margen Ecuatorial, considerada una de las zonas con mayor potencial de petróleo y gas en el país.

Para los integrantes de la flotilla, este tipo de decisiones son las que están acercando a la Amazonía a un punto de quiebre.

“Se está priorizando el dinero sobre los pueblos indígenas, sobre la crisis climática y realmente no se buscan decisiones efectivas para contrarrestar el cambio climático”, considera Cerda.

“En medio de las contradicciones de la humanidad, nosotros también nos encontramos ahí, en un momento muy contradictorio, muy complejo y desesperanzador, pero también hay otras cosas ocurriendo que solo la destrucción”, afirma Ixchiu.

Imagen principal: la flotilla viaja desde los Andes hasta la Amazonía, rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, para reclamar justicia climática en espacios de la cumbre climática global. Foto: cortesía Hackeo Cultural / Flotilla Yaku Mama

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La XXIV reunión del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (ALC) llegó a su fin este jueves con la aprobación de la Declaración de Lima. El documento, que marca la posición del continente sobre los temas ambientales que interesan a la región, no estuvo ajeno a cuestionamientos durante la sesión final, cuando varios de los países presentes, principalmente los estados insulares, manifestaron su desacuerdo con la redacción de uno de los artículos.

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A la propuesta de modificación en la plenaria siguió un debate a puertas cerradas que se extendió por más de dos horas, para luego dar paso a una discusión y una serie de negociaciones. Estas terminaron cuando, tras un consenso, quedó sellada la redacción final del párrafo en disputa y se clausuró el foro.

A la cita de dos días que se realizó en Lima, Perú —durante el 1° y 2 de octubre— asistieron representantes oficiales de 25 de los 33 países de América Latina y el Caribe. Solo diez de ellos eran ministros y ministras: los de Barbados, Belice, Chile, República Dominica, Grenada, Jamaica, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves y Surinam. Otros cinco eran viceministros, mientras que el resto eran funcionarios designados por sus gobiernos. Entre los países ausentes al foro figuran Argentina, Antigua y Barbuda, Guyana, Honduras, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Creo que faltó más participación de los ministros de ambiente en el foro. Se trata del espacio por excelencia perfecto para la gobernanza ambiental de la región y preocupa que no contamos con la participación de todos los ministros de Ambiente”, comenta Dalia Márquez, copresidenta del Grupo Principal de Mujeres del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA).

En los días previos a la cumbre de ministros se realizó la reunión de Oficiales de Alto Nivel de los países participantes. Lima también fue la sede del Foro de Medio Ambiente de la Juventud de ALC, que se realizó el 27 de septiembre. El 28 de septiembre se llevó a cabo la Reunión Regional del Grupo Principal de Mujeres, mientras que el 29 se concretó la Reunión Consultiva Regional de la Sociedad Civil de ALC.

Con el cierre de esta cumbre, Perú concluyó su periodo en la presidencia del Foro de Ministras y Ministros, mientras que Panamá inició el nuevo periodo bianual en la presidencia de este foro regional.

¿Qué dice la Declaración de Lima?

“Los ministros han avanzado en una agenda transformadora alrededor de algunos temas puntuales”, dijo Juan Bello, director y representante regional de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del PNUMA.

En conversación con Mongabay Latam, Bello puso énfasis en tres temas que han sido prioritarios en esta declaración de 87 artículos para enfrentar la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

El primero es una iniciativa regional para acelerar la restauración de los ecosistemas que son críticos para la provisión y regulación del agua. “Esta iniciativa pone al agua en el centro del desarrollo de la región, de la prosperidad y el bienestar de todas las personas en América Latina y el Caribe y conecta con la necesidad de recuperar los ecosistemas que han sido degradados”, comenta Bello.

La segunda iniciativa, dice Bello, es un plan de acción regional para jaguares, como especie emblemática. “Si el jaguar está saludable significa que nuestros ecosistemas de toda la región de América Latina, de los 18 países que conforman el área de distribución de esta especie, están bien conservados y son saludables”. En el documento aprobado también se menciona que “trabajar a nivel regional con especies emblemáticas clave, como el jaguar, es una oportunidad para la convergencia de múltiples agendas y compromisos ambientales relacionados a la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y paisajes, y la acción climática”.

La tercera iniciativa, continúa Bello, se enfoca en la reducción de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero muy potente. La medida adoptada “nos brinda una oportunidad de corto plazo para poder actuar a través del cierre de los basurales a cielo abierto, que son un gran problema en toda la región”. Bello explica que lo que se busca es lograr todos los mecanismos de cooperación para que los países y los gobiernos locales — municipalidades, provincias— puedan tener un mejor manejo de sus residuos, en particular los residuos orgánicos, de tal forma que se generen beneficios para la salud humana y el clima.

La Declaración de Lima también menciona que la región sufre graves impactos debido a la “pérdida de biodiversidad, los efectos del cambio climático, la contaminación, la degradación de las tierras y la desertificación, la escasez de agua y la sequía, ligados con la pobreza y la desigualdad”, además plantean “la necesidad de promover el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

En sus más de 80 decisiones, la Declaración de Lima aborda los problemas de la contaminación del aire, el suelo y los cuerpos de agua, así como el aumento progresivo de la generación de residuos sólidos. Además, destaca la importancia de los acuerdos sobre los mares y la necesidad de “seguir mejorando el conocimiento y la comprensión del océano y los fondos marinos mediante el aumento de las actividades de investigación científica”.

El documento aprobado en la cumbre de ministros y ministras menciona también la importancia de la participación de la infancia y la juventud en la promoción de prácticas de consumo y producción sostenibles. Además, se menciona, más de una vez, los aportes de los pueblos Indígenas, comunidades locales, jóvenes, mujeres, pueblos afrodescendientes y actores de la sociedad civil.

La ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas —una de las pocas representaciones ministeriales de América del Sur presente en la reunión— señaló que los temas incluidos en la Declaración de Lima son aquellos en los que los diferentes países de la región decidieron focalizar durante las reuniones previas que se realizaron durante un año de trabajo.

“Una cosa bien importante para la región es que nosotros vemos que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos caras de la misma moneda”, comenta la ministra Rojas a Mongabay Latam. “Para muchos países, especialmente los países desarrollados, son dos temas que no están en los mismos ministerios, en cambio en nuestras regiones en general los ministerios de Ambiente ven ambos temas”.

Rojas mostró su satisfacción porque se haya considerado avanzar en la restauración “pensando en la provisión de agua” así como en la “reducción de emisiones de metano, especialmente en el sector de los residuos, porque todos en la región tenemos problemas con los rellenos sanitarios y con los vertederos”. “Estoy muy contenta de ver que ya tenemos un plan de trabajo con metas de corto y mediano plazo”, agregó.

Otro tema central en la cumbre de ministros y ministras fue el financiamiento. “Si queremos seguir con esas actividades y perpetuar proyectos, necesitamos el financiamiento”, comenta Bello. Para el viceministro de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Isaac Pérez, “América Latina tiene que trabajar más en el financiamiento para la adaptación al cambio climático y en el financiamiento para daños y pérdidas, áreas en las cuales son mucho más sensible los países de América Latina y el Caribe. Eso lo vamos a trabajar conjuntamente y con mucha fuerza en Brasil”, comentó, en referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que comienza el 21 de noviembre en Belém do Pará, Brasil.

La Declaración de Lima será presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEA7), en Nairobi, Kenia, como una posición conjunta de los países de América Latina y el Caribe. También se llevará a la COP 30 y a otros foros mundiales que se realizarán en los próximos meses.

La reunión en Lima también marcó un hito en la organización de las mujeres. “Es la primera asamblea de mujeres y ambiente que se tiene a nivel mundial en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tuvimos la suerte de que fue aquí, en América Latina”, comenta Márquez.

“Para nosotras es fundamental ver incluida la perspectiva de género en cada una de las resoluciones propuestas en la región y también es fundamental el reconocimiento del rol de las mujeres como cuidadoras del ambiente, como defensoras del ambiente, pero también como uno de los grupos que se ve más afectado por la crisis planetaria”, señala Márquez como representante del Grupo de Mujeres.

“Es importante que se reconozca nuestro rol en los procesos de atención de la crisis, pero también que se nos consulte en todo lo que tiene que ver con la propuesta y el diseño de políticas públicas para abordar la crisis planetaria”, añadió.

Ausencias y temas pendientes

Aunque en varios párrafos de la Declaración de Lima se menciona a los pueblos indígenas, durante la cumbre no hubo participación de representantes de los pueblos originarios.  Lorena Terrazas, representante de la sociedad civil e integrantes de la Red Paz Integración y Desarrollo, de Bolivia, menciona que la participación de la sociedad civil se realiza a través de postulaciones y que ese mecanismo “no permite que todos estén presentes”. Además, mencionó que para esta cita se han presentado “restricciones económicas”.

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Terrazas también mencionó que “el Estado anfitrión, en este caso Perú, determina una cantidad de espacios” para la participación de la sociedad civil y, por otro lado, señala que cada uno de “los Estados ponen limitantes y barreras para la participación”.

“Sentimos que hay un retroceso en el espacio cívico y en la participación de comunidades, porque aquí en Perú hay muchas comunidades indígenas y hubiera sido muy lindo tener más contacto y más participación de los compañeros, pero no vemos que eso haya ocurrido”, comenta Terrazas.

La representante de Colombia, Xiomara Acevedo, facilitadora regional acreditada del mecanismo de Grupos Principales y Actores Interesados (LAC MGS), también se refiere al “retroceso en el número de espacios para la sociedad civil” en comparación con el foro anterior. “Esta vez tenemos 10 personas de la sociedad civil. En el Foro anterior, en Panamá, hace 2 años, hubo 20 representantes”.

En ese sentido, Acevedo dijo que son 64 organizaciones acreditadas ante el PNUMA de América Latina y el Caribe. “De esas 64 organizaciones contar con 10 cupos, es muy poco”.

El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de  Guatemala también se refirió a la ausencia de los representantes de los pueblos indígenas. “Definitivamente, para Guatemala, donde la mitad de nuestra población se reconoce como indígena, es un tema importantísimo. Nosotros hemos estado muy atentos a que en la declaración se tome en cuenta sus intereses [de los pueblos indígenas] al momento de tocar los temas ambientales”.

Durante la cita también se presentaron las propuestas de resolución que algunos países de ALC llevarán a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (ANUMA), que se realizará del 8 al 12 de diciembre. En esta reunión se toman decisiones a nivel mundial sobre temas ambientales.

En esta relación de cuatro propuestas regionales Colombia plantea establecer instrumentos internacionales para el manejo de minerales y metales. Mientras, Perú, en coordinación con Kenia, insta a mejorar la respuesta internacional para abordar los delitos que afectan al medio ambiente. Estos temas, sin embargo, no se mencionan en la Declaración de Lima.

Juan Bello, del PNUMA, señala que “en un contexto de transición energética, Perú y Kenia están presentando a consideración una resolución sobre delitos ambientales que es muy importante”, pero agrega que esas propuestas tienen un proceso de deliberación y discusión y si todo sale bien terminan siendo aprobadas y adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “La declaración de hoy -por el jueves- sale con estos tres puntos iniciales que he mencionado y otros más”.

El ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, quien presidió el Foro, señaló a Mongabay Latam que “los problemas con minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico se van juntando y la idea de los países es colaborar y establecer estrategias que nos ayuden a erradicarlos. Para eso, necesitamos no solo estrategias sino también financiamiento”.

En tanto, la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Ana Cecilia Pimentel, comentó a Mongabay Latam que “el tema de minería siempre será transversal hacia todas las declaraciones que vamos a estar firmando hacia adelante”.

Pimentel también se refirió al “ecocidio”, un término que se utilizó con frecuencia en la cumbre de ministros, pero que tampoco está mencionado en la Declaración de Lima. “Es una palabra que ha salido aquí y que hay que trabajarla y robustecerla. Pienso que es parte de las discusiones que se van a llevar y se van a seguir extendiendo tanto en la COP30 como en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.

Imagen principal: el XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe se realizó en Lima, Perú. Foto: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado porYvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

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El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

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El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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