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DE VOTOS, CAMPAÑAS, GOLES Y AUTOGOLES

Hernando Llano Ángel — Mon, 13 Apr 2026 15:29:55 +0000

(Artículo para EL PAÍS, el periódico global, edición América-España, abril 13 2026)

Como vivimos en “modo electoral y mundial”, va este paralelo entre la política nacional e internacional con el mundial de fútbol. Para ganar en ambos campos, todo dependerá del número de votos obtenidos, de las bajas causadas al equipo y Estado contrario y de los goles anotados. Por eso las candidaturas presidenciales harán hasta lo imposible en busca de más votos y los jugadores de cada selección en el mundial por anotar más goles. Poco les importará los medios que utilicen para ello. Al final, lo que cuenta es la victoria, ya sea en el estadio o el campo de batalla. Vale denigrar al contrario y llamarlo terrorista o fascista, “guerrillo” o “para”, también las jugaditas sucias para lesionarlo y sacarlo del campo. Lo crucial es contar con una hinchada de fanáticos incondicionales, de barras bravas leales dispuestas al combate, incorruptibles y que vayan a las urnas y la guerra sin dudarlo. Claro que lo más importantes es contar con financiadores generosos, poco importa el origen de sus recursos y los compromisos que se adquieran con ellos tras bambalinas, asegurándoles futuras contrataciones públicas, nombramientos, decisiones y políticas sociales contra el resto de los adversarios y sus mayorías en las tribunas y fuera del estadio. De nada sirve jugar bien, lucirse y respetar todas las reglas si al final se pierde. Hay que contar con el mayor número de aliados e incluso aparecer como un outsider independiente, arrepentido de su pasado pecaminoso por no ser creyente y así cautivar a los miles devotos de iglesias cristianas que obedecen ciegamente a sus pastores, como lo hace Abelardo, el converso[i].

Las victorias son irreversibles, no las derrotas.

Todos los candidatos y jugadores saben que una vez culmina el escrutinio electoral y suena el pitazo final, ya no hay vuelta atrás. La victoria será inobjetable y nadie creerá en las denuncias de los derrotados, que serán consideradas falsas y solo calumnias de la oposición. Así sucedió con el robo de las elecciones a la ANAPO en 1970[ii], que irónicamente dio origen al M-19 y llevaría al actual presidente Petro a la Casa de Nariño después de 52 años, pero esta vez con el pueblo y sus votos en las urnas, no con las armas, como pretendieron sus fundadores en respuesta al fraude electoral. Se repetiría la historia en 1994, pero al revés, pues los votos llevaron a Samper a la presidencia, gracias al generoso auxilio del narcotráfico en la segunda vuelta, ya que nadie creyó en las denuncias tardías de Andrés Pastrana. Tanto la victoria electoral de un candidato como el triunfo de un equipo de fútbol, una vez terminados los escrutinios y sonado el silbato del árbitro, son hechos irreversibles y concluyentes. De nada valen los cuestionamientos y las airadas protestas de los hinchas. Solo con el paso de los años nos enteraremos que algunas victorias no fueron legales y justas, pero ya de nada sirve. Basta recordar la “mano de dios” de Maradona y el triunfo espurio de Maduro en las últimas elecciones, que hoy tiene gobernando a Delcy Rodríguez en Venezuela y a su equipo de cacócratas auspiciados por MAGA. Todo parece indicar que hoy el juego sucio y el crimen si pagan, pero habrá lugar a revanchas históricas y electorales, como la reciente derrota del iliberal Orban en Hungría, primera baja en el equipo de Trump.

Falta el VAR en la política

Claro que en el mundial con el VAR los recursos y reclamos son más oportunos y eficaces que aquellos legales con los que cuentan los candidatos durante el escrutinio y sus posteriores litigios ante las instancias electorales. Bien lo sabe María Corina Machado, que ni siquiera regalándole a Trump su medalla del nobel de Paz le sirvió de algo. Por el contrario, en el mundial el VAR actuará de inmediato y anulará el gol fuera de lugar, resolverá una falta o decidirá la pena máxima. De haber existido el VAR en el mundial de 1986, la “mano de dios” de Maradona contra Inglaterra no hubiese anotado ese gol celestial que eliminó a los ingleses. Así Argentina cobró revancha de su derrota militar en las Malvinas en 1982. Pero las diferencias entre el juego del poder de la política en las elecciones y de la copa mundial en los estadios son sustanciales. Aunque ambos certámenes comprometen y afectan la vida de todos, desde las alegrías hasta las desdichas y definen la mayor o menor autoestima nacional, solo la política pone en juego de manera masiva e irreversible la vida o muerte de miles y millones de personas. Es verdad que algunos resultados de partidos de fútbol cobran con frecuencia víctimas mortales entre fanáticos. Pero nunca alcanzan la innumerable mortandad de las guerras internacionales y de algunos conflictos armados internos como el nuestro, que desconocen todas las reglas para la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario. Hoy se impone en el campo internacional el juego sucio y sangriento de la guerra, cuyos resultados en ocasiones son más inciertos que los del fútbol. Lo estamos viendo en la brutal asimetría militar de Trump y Netanyahu contra la resistencia sostenida de Irán, Palestina y Beirut, que no se doblegan. De hecho, tanto Estados Unidos como Israel ya perdieron política y legalmente ante la comunidad internacional y la conciencia moral universal, así se impongan militarmente, pues esa victoria los condena a la ignominia histórica en los anaqueles de los totalitarismos nazi, fascista y estalinista.

La política, un juego letal

Ello se debe, me dirán, a que en el fútbol no está en juego el poder geopolítico, cuya esencia es disponer de nuestras vidas, con o sin nuestro consentimiento, desde la cuna hasta la tumba. Que es una frivolidad y ligereza inadmisible cualquier comparación con el fútbol, que nunca pone en riesgo la vida de sus jugadores, ya que es una disputa agonal y sus reglas protegen la integridad y vida de todos en la cancha y hasta fuera de ella. Además, si bien es cierto que la FIFA hace parte del orden internacional y está afectada por el juego sucio del dinero en sus instancias directivas, al menos garantiza el juego limpio en la cancha de fútbol. Todo lo contrario de lo que suelen hacer muchos Estados en sus disputas internacionales. Pero resulta que este mundial enfrenta precisamente ese como su mayor desafío. Para Trump las únicas reglas válidas son las letales que está utilizando en su guerra contra Irán y ya desprecia incluso las del campo de fútbol, la organización del mundial y la competencia supraestatal de la FIFA. Sus reglas preferidas son las impuestas por las amenazas, los aranceles, los bombardeos y sus colosales mentiras, que están a punto de anotarle un autogol en el terreno y arco de su amada MAGA. Así lo indica su naufragio bélico en el estrecho de Ormuz[iii] y la opinión cada vez mayor de estadounidenses contra esa guerra, cuyo costo están pagando con el precio de la gasolina al alza y el aumento de la inflación. Todo parece indicar que las sombras de la guerra se proyectan cada día más sobre los campos de fútbol del mundial.

¿Se jugará el mundial de fútbol?

Bajo el arbitrio criminal de gánsteres como Trump, Netanyahu y Putin, la política internacional se ha convertido en un juego mortal cuyas reglas decisorias las dicta el poder de fuego de sus misiles y el uso intensivo de la IA como táctica militar en manos de sicarios informáticos[iv]. Sicarios que no distinguen entre población civil y combatientes, de una parte, y objetivos militares y civiles de la otra. Un poder militar genocida que desconoce de tajo el Derecho Internacional Humanitario y ha convertido a la ONU en un anfiteatro donde se lee e invoca, con la voz meliflua de su Secretario General, tratados y resoluciones que ofician la ceremonia fúnebre e inhumación del actual orden internacional en los escombros de Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán y Ucrania. Y de ese orden y caos internacional hace parte la FIFA, también sometida a la férula belicista de Trump, pues ya incluso amenazó con no garantizar la seguridad de la selección de fútbol de Irán, como lo escribió en su Truth Social: “La selección de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad“. Con semejante bienvenida lo que pone en juego es el propio mundial, ya que como anfitrión no se compromete con la seguridad de uno de sus clasificados, Irán, cuya población hoy está siendo bombardeada e incluso amenazó con destruir en una noche. De allí la pertinencia de la pregunta sobre si se realizará con seguridad y normalidad el próximo mundial de fútbol. Sus estadios, canchas de fútbol, centros comerciales y lugares públicos de sus ciudades pueden convertirse en objetivos militares semejantes a lo que hacen el mismo Trump y Netanyahu en el Medio Oriente contra civiles, solo que en el mundial sería con armas propias de un terror anónimo, ubicuo y personal, no por menor menos letal. Ese terrorismo que Trump denomina doméstico, consecuencia de su terrorismo internacional.

Todos contra MAGA

Lo anterior puede parecer una exageración casi apocalíptica, pero no está muy lejana de una aspiración deportiva cercana a la animadversión mundial que acompañará a la selección de fútbol estadounidense en sus encuentros. Todos los seleccionados jugarán contra MAGA y buscarán su rápida eliminación, sin provocar una lesión mortal en la cancha contra algún jugador estadounidense. Sin producirse ni una baja grave por causa deportiva, si acaso alguna expulsión por juego sucio. No me cabe la menor duda que la selección de las barras y las estrellas solo contará con el apoyo de su afición local, excluyendo obviamente la de millones de migrantes que han sido humillados y menospreciados en campos y ciudades y no la acompañarán, pues MAGA les niega sus derechos para jugar en esa cancha xenófoba e imperial. Es probable, entonces, que asistamos a un acto de justicia futbolística mundial y MAGA sea eliminada en la primera ronda en su propia casa. Entre tanto, esperemos que en noviembre la mayoría de su ciudadanía cobre revancha y dejé en minoría en el Congreso el partido republicano y castigue con una merecida tarjeta amarilla a su presidente, Trump, ese jugador sucio, grotesco y totalmente desleal con las reglas del juego democrático.

Tarjetas rojas para Trump y Netanyahu

Un jugador gansteril que ya tiene tarjeta roja, junto a su cómplice Netanyahu, en el campo del Derecho Internacional y la conciencia de toda la humanidad por las innumerables víctimas mortales de su criminalidad compartida, consecuencia de una codicia imperial sin límite, un fanatismo religioso genocida y una fanfarronería y falsedad que todos los días exhiben ambos en sus jugadas letales. Para muchos, ese desenlace solo sucede en películas dirigidas por Martin Scorsese[v] y está muy lejano del Hollywood imperial, donde casi siempre ganan los buenos del norte con sus legiones de sheriffs inmortales y héroes impunes en nombre del “bien, la libertad y la democracia de America First”. Esa MAGA triunfal que combate a muerte los bárbaros orientales y ahora con su “Escudo de las Américas” defenderá a sus indefensos hijos de las hordas invasoras de migrantes del sur y sus supuestas capilares redes delincuenciales. Pero estoy seguro que ese libreto no será el del mundial y la final se disputará entre una selección del Sur global contra otra de la Europa latina, la cual contará en sus filas con más de un jugador hijo de migrantes africanos, como las selecciones de España y Francia. Siempre y cuando lo permitan el delirio nuclear de Trump azuzado por la criminalidad de Netanyahu y los desvaríos de sionistas cristianos como Pete Hegseth con la legión de fanáticos que los respaldan en su patio e internacionalmente.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-12/abelardo-de-la-espriella-capitaliza-su-discurso-como-ateo-arrepentido-para-conquistar-el-voto-evangelico.html

[ii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[iii] https://elpais.com/internacional/2026-04-13/ultima-hora-de-la-guerra-de-estados-unidos-e-israel-contra-iran-en-directo.html

[iv] https://elpais.com/tecnologia/2026-04-13/destacamento-201-la-unidad-del-ejercito-de-ee-uu-dirigida-por-ejecutivos-tecnologicos.html

[v] https://www.imdb.com/es-es/list/ls566600255/

Venezuela, Trump y petróleo: los anuncios de EE.UU. profundizan la incertidumbre ambiental tras la captura de Maduro

Mongabay Latam — Sat, 31 Jan 2026 14:00:00 +0000

Análisis de expertos señalan que, al considerar los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, se registraron 3091 incidentes de hidrocarburos en el mar venezolano.
Una expansión petrolera sin salvaguardas robustas amenaza con profundizar daños en ecosistemas ya altamente vulnerables al cambio climático y a la pérdida de servicios de la naturaleza.
Ingenieros sugieren que la inversión podría traer mantenimiento en oleoductos y refinerías para disminuir accidentes ambientales.
El temor de los expertos es que sin supervisión y fortalecimiento institucional, la expansión petrolera profundizará problemas ambientales y vulnerará derechos de comunidades locales.

Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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Sentinel-1 (Copernicus/ESA), diciembre de 2023. Derrame de hidrocarburos en el área de la Refinería El Palito, Golfo Triste. Análisis: especialista en teledetección (anonimato solicitado). Foto: obtenida por Mongabay Latam

“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Imagen satelital Sentinel-2 (Copernicus/ESA), en color natural, del derrame registrado en agosto de 2024 en el área del Golfo Triste, Zona Central. Análisis: especialista en teledetección (anonimato solicitado). Foto: obtenida por Mongabay Latam

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció posibles inversiones de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana. Foto: Casa Blanca

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Tanqueros petroleros y comerciales en la costa del Lago de Maracaibo (2026) Foto: cortesía Francisco Rincón

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Manchas de petróleo en Punta Brava, cayo de Morrocoy ,el 2 de agosto de 2020. Foto: cortesía Morrocoy Online

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

Golfo Triste impactado por un derrame de petróleo. Foto: cortesía Morrocoy Online

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Comunidad sobre palafitos de Santa Rosa de Agua, Maracaibo (2024). Foto: cortesía Liliana Rivas

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

Impacto de petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Pescadores en el Lago de Maracaibo, junto a un buque petrolero al atardecer (2026). Foto: cortesía Francisco Rincón

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los efectos de Trump en Latinoamérica: retirar a EE. UU. de 66 organismos internacionales impacta en temas ambientales

Mongabay Latam — Thu, 22 Jan 2026 14:00:00 +0000

La decisión del presidente de los Estados Unidos, anunciada a principios de enero, implica la salida de su país de 31 organismos de las Naciones Unidas.
Entre estas instituciones figuran varias relacionadas con problemáticas ambientales, como la Convención de Cambio Climático, el IPCC y el IPBES.
Expertos consultados por Mongabay Latam analizan los cambios en el orden mundial y la política internacional de la administración de Trump.
También mencionan las consecuencias que tienen estas decisiones en los programas y acuerdos multilaterales sobre los temas ambientales y climáticos.

El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones internacionales, varias de ellas relacionadas con el medio ambiente. Foto: cortesía © UN Climate Change / Kiara Worth

No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Donald Trump, durante la intervención a Venezuela en la llamada Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026. Foto: Casa Blanca

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El 75 % de la humanidad vive en países clasificados con inseguridad hídrica o inseguridad hídrica crítica. Foto: cortesía Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH)

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Foto: cortesía IPBES

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

Cuando cesó el financiamiento de USAID muchos proyectos, algunos en la Amazonía, se vieron reducidos e impactados. Foto: archivo Mongabay Latam

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Estados Unidos fue el gran ausente de la cumbre climática global de la ONU, COP30, en Brasil, durante noviembre de 2025. Foto: Tais Gadea Lara

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Desde el Bazar de Teherán

Eduardo Barajas Sandoval — Sun, 11 Jan 2026 14:26:54 +0000

En el invierno, a principios de 1979, los jóvenes iraníes clamaban por la caída del Sha y se echaban a orar para que pasaran a gobernar los Ayatolás; ahora claman por la caída de los Ayatolás y se echan a orar, unos para que vuelva el hijo del Sha y otros para que en Irán florezca algún tipo de gobierno que arregle los problemas del día a día, en lugar de tratar de alimentar a la gente con sermones.

Se mueve alocado otra vez el péndulo de la historia, que marca el destino de una nación milenaria que ha presenciado el desfile de tiranías y revoluciones, aventuras, guerras, triunfos y fracasos que la han curtido para soportar gobiernos opresores y de pronto echarlos cuando llega el momento de no aguantar más.

Cada día más gente sale a la calle a protestar contra el estado de la economía, que afecta la fluidez de la vida cotidiana de sectores populares, y más arriba, de empresarios y comerciantes que se suman a estudiantes y “gente del común”, en un clamor nacional por reformas que alivien sus penurias, agravadas por una sequía inusual de consecuencias devastadoras.

Como no existen canales de conducción ordenada del descontento, Irán parece una caldera sin válvulas institucionales previstas para controlar la presión que sube al impulso de sentimientos y reclamos populares insatisfechos. Entonces las autoridades, después de reconocer las dificultades por las que atraviesa el país, han decidido echar abiertamente mano de la represión.

La revolución islámica llegó al poder en el mismo año 79 con tal impulso que no solamente dio al traste con siete décadas de monarquía constitucional, sino que consiguió establecer una república teocrática en donde un líder supremo, repite ahora en nombre del islam el modelo antiquísimo que en otras épocas encabezó Ciro el Grande, para mencionar solamente uno de los más reconocidos sátrapas de la historia.

El modelo de la república islámica concibe la organización del Estado como emanada directamente de la voluntad divina, interpretada y administrada por un poderoso líder supremo, en cuya cabeza están las grandes decisiones estratégica y la jefatura de las fuerzas armadas. Responsabilidades que ejerce, además de su inspiración, con el apoyo de personas ilustradas bajo una organización sui géneris, con un Consejo de Guardianes que suele refrendar su mandato cada cuatro años, y una Asamblea de Expertos elegida popularmente, lo mismo que el presidente, que sólo puede serlo si el Consejo de Guardianes ha aprobado su candidatura.

La mención simplificada de esas complejidades es relevante para entender la razón por la cual el concepto de ejercicio de la acción política no tiene cabida en Irán, a la manera de las democracias occidentales. Mucho menos hay espacio, por supuesto, para el concepto de oposición política. Esto resulta muy importante porque cierra las posibilidades de que existan alternativas de cambio del rígido esquema que depende de la voluntad divina, y de su interpretación oficial, por fuera de la cual no hay cómo canalizar el descontento popular. Algo parecido a lo que sucedía al final de los años setenta del siglo pasado, época del Sha, cuando resultaba explicable que la principal alternativa de cambio fuera la revolución.

Lo mismo que otros países con ánimo profético de “revolución exportable” y pretensión de jugar en los tableros más amplios del escenario internacional, Irán ha dedicado desde el momento fundacional enormes recursos al ejercicio de influencia por fuera de las fronteras nacionales. Tal es el caso de la organización y apoyo permanente a Hezbollah, para el control político del Líbano y el propósito de la destrucción del Estado de Israel, cuya existencia cuestiona de manera intransigente. Para no hablar de incursiones intercontinentales como la de su presencia en Venezuela, a la manera de cabeza de playa en el rico y promisorio mundo de América del Sur.

Por otra parte, también a costa del bienestar de su gente, ha realizado un esfuerzo armamentista y un proyecto de desarrollo nuclear capaces de agotar recursos financieros muy valiosos, mientras su actitud desafiante frente a poderes regionales y mundiales produce como retribución “sanciones” que dificultan su inserción normal en la vida política, y sobre todo en el sistema económico internacional. Aislamiento auto provocado que terminan por pagar, como en todas partes, los sectores populares hasta lo más profundo del país.

A ese ritmo, con el sustento engañoso de mucha ideología y mucho discurso, sumados a represión, aislamiento y autoritarismo, los gobiernos iraníes, por designio de sus jefes supremos, ha insistido en enfrentarse a enemigos implacables que les han obligado a ocuparse de cosas que los alejan del compromiso interno con el bienestar de la población. Si a esto se suma el hecho irrefutable de que esos enemigos provocados, como Israel, han golpeado durísimamente no solo la capacidad militar del país sino los símbolos más emblemáticos del sistema, al eliminar personalidades casi míticas en sus recintos más recónditos, el balance no puede ser sino el de un sentimiento de frustración que va más allá de los despachos oficiales.

Leyendo las cosas en “tiempo histórico” un ciclo de cuatro décadas parece ser un turno suficientemente largo no solo para producir una escuela de pensamiento sobre la propia nación, sino un resultado de bienestar y aceptación general basado en realidades ostensibles y generalizadas. Algo que, a juzgar por la explosión del momento, no se presenta en Irán.

La sola mención del hijo del Sha, y las apelaciones de éste a que continúe el levantamiento, representan la supervivencia de una forma de ver el país, que en época de su padre, Mohamed Reza Pahlavi, llegó a funcionar conforme a estándares occidentales, no solamente en cuanto al manejo económico, sino que, a la manera de Mustafá Kemal Ataturk en Turquía, recibió desde arriba un vigoroso impulso en favor de causas occidentales en el trasfondo cultural, que motivaron la molestia de los clérigos hasta llevarlos a proclamar que no podían aguantar más y era preciso echar del poder a un gobernante que llevaba el rebaño de la nación al abismo de la negación de los valores más puritanos de la religión. Rebaño que ahora se siente descarriado por la actitud de sus pastores, que esperan sobreviva sin chistar en medio de un desierto.

La dictadura en la que se ha convertido el modelo teocrático está profundamente herida por el costo de vida, el fracaso de la economía en todos los niveles, el desánimo de millones de creyentes que siguen fieles al islam pero no a los que gobiernan en nombre de él, la presión extranjera y unas derrotas militares y políticas que han hecho pedazos algunas de las columnas principales que al principio sostuvieron al régimen sometido desde el primer día a la prueba tremenda de gobernar directamente a nombre de Dios.

El péndulo que marca el destino de Irán puede comenzar a dar vueltas hacia uno u otro lado, formando círculos que se pueden interpretar como convenga al intérprete. Así son las cosas en materia política, pues lo que para unos es digno de respeto para otros lo es de burla o de molestia. El éxito o el fracaso definitivo de la república, tal como está organizada hoy, se medirá por la satisfacción de la gente, dispuesta a quedarse en casa si advierte que ya no es del caso salir a exponer su vida en lugar de sobrevivir en medio de una penuria inhumana que no es perdonable y que ninguna religión puede aceptar.

Reza Pahlavi, hijo del último Sha, por voluntad propia y ante el llamado de algunos en las protestas callejeras, intenta posicionarse en el panorama para animar las protestas al tiempo que anuncia que no tiene pretensión de retomar el poder. Cuando más, su alcance podría ser el de encabezar una monarquía democrática. Demostración de la inexistencia de otras salidas posibles en un país que no conoce más.

El presidente de los Estados Unidos, en acto típico de su idea del mundo como espacio de su jurisdicción sin límites, ha amenazado con bombardear Irán si continúa la matanza en las calles y sin renunciar a su aspiración al Nobel de Paz. Factor externo que no todos están dispuestos a aceptar desde los rezagos de su sentimiento de pertenencia nacional

Falta por ver la decisión que tomen los misteriosos jefes del Bazar de Teherán, donde hace siglos se gestan los movimientos que producen resultados definitivos en cuanto al régimen político del país. Su adhesión a la causa del Ayatolá Jomeini resultó perentoria para la caída del Sha. Su disposición de ahora puede ir en cualquier dirección. Siglos de experiencia y sabiduría política suelen resultar concluyentes.

Desplazados climáticos en Venezuela se reconstruyen entre los escombros del huracán Beryl

Mongabay Latam — Thu, 29 May 2025 17:57:04 +0000

Las Naciones Unidas estima que hubo al menos 1700 desplazados climáticos en Venezuela como consecuencia del huracán Beryl.
Especialistas advierten que la deforestación y el cambio climático harán cada vez más frecuentes las inundaciones en Venezuela.
Los desplazados internos en Cumanacoa, al oriente del país, recurren a proyectos gubernamentales abandonados para intentar sobrevivir.
La Universidad Católica Andrés Bello afirma que nueve de cada diez venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad psicológica frente a las emergencias humanitarias y los desastres.

Laura Carpintero perdió casi todo cuando el Huracán Beryl pasó cerca de las costas venezolanas: su casa, su hija Dayana de 17 años, su hermana, su primo, su sobrino y su empleo. Esa madrugada del 2 de julio de 2024 la tormenta alcanzó la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, con vientos cercanos a los 270 kilómetros por hora. Las lluvias del huracán aumentaron el caudal del río Manzanares e inundaron gran parte de la ciudad de Cumanacoa, la capital del municipio Montes en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela.

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Mientras las lluvias se intensificaban, Laura —una maestra de 48 años— y sus familiares veían cómo el agua y el lodo se apoderaban cada vez más de la casa familiar que fue construida a pulso por su padre en La Fragua, uno de los seis caseríos más afectados en el municipio Montes. El caudal del río Manzanares se incrementaba y arrastraba todo a su paso: paredes, enseres, personas.

A las 02:00 a.m., el caudal llegó a su máximo. La familia de Laura se refugió en el techo de la casa. El agua, el lodo y las piedras entraron a la sala. Dunia Carpintero, enfermera y hermana de Laura, vio cómo la corriente se llevó a cuatro familiares. Todos desaparecieron.

Al amanecer el agua había bajado, pero los cimientos de la casa cedieron. Laura y Dunia tuvieron que desplazarse 8,4 kilómetros aproximadamente para buscar un refugio.

Vivienda afectada por la inundación del río Manzanares y el Huracán Beryl, en el Centro histórico de Cumanacoa, en el estado de Sucre. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

No fueron las únicas en esa situación. De acuerdo con las cifras oficiales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: 80 % de la ciudad quedó afectada por el huracán. Murieron al menos seis personas, otras 31 mil quedaron damnificadas y 336 casas fueron totalmente destruidas. La gobernación de Sucre solo dio una actualización sobre los desaparecidos: para el 14 de julio de 2024 se contaron cinco. Las cifras gubernamentales tampoco establecen cuántas personas se desplazaron dentro y fuera de Cumanacoa, pero el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (CMDI), una institución adscrita a las Naciones Unidas, establece que al menos 1700 venezolanos se desplazaron internamente por el Huracán Beryl.

Según las Naciones Unidas, el huracán tuvo una rápida intensificación por el cambio climático. No era la primera vez que una tormenta inundaba la casa de la familia Carpintero, ya que en 2012 la fuerza del huracán Isaac los obligó a desplazarse. Pero es la primera vez que llevan el título de desplazados climáticos, según los estándares de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

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Impacto mental aún después del huracán

Laura dijo que no abandonaría por completo Cumanacoa, no sin antes saber dónde está su hija Dayana. A casi un año de solicitar a Protección Civil que la busquen, no ha tenido respuesta. La institución tampoco respondió las preguntas de la prensa ni a las solicitudes de entrevista para este reportaje.

Mientras tanto, se adapta a su nueva rutina: debe recorrer más de 5 kilómetros para trabajar como profesora en un colegio en San Lorenzo, un poblado cercano a Cumanacoa. No hay transporte público: las vías aún siguen dañadas. El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares (ó 1.3 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para mayo de 2025): eso es lo que recibe Laura.

Por ello tampoco puede irse muy lejos. Está en un estado depresivo y aún le cuesta hablar de lo que vivió.

Dunia, su hermana, aseguró que ninguno de los miembros de su familia tuvo acceso a asistencia psicológica por parte de los entes gubernamentales después del desastre. Tampoco sabían si las organizaciones independientes ofrecían este tipo de apoyo. “Yo sé que es importante que reciban atención psicológica, soy enfermera y lo entiendo, pero no supe con certeza si ofrecieron esos servicios aquí”, comentó.

Nueve de cada diez venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad psicológica, según el estudio Psicodata de 2024, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El informe resalta que en Venezuela no hay información epidemiológica sobre la salud mental ni los centros de atención disponibles, por lo que sus datos provienen de encuestas levantadas por la academia. Entre los factores de vulnerabilidad sobresale el acceso limitado a la asistencia psicológica o psiquiátrica.

En Latinoamérica, la falta de mediciones y estadísticas públicas enfocadas en los efectos asociados al cambio climático han condicionado que, hasta ahora, no existan reportes estandarizados de afectaciones en salud mental en torno a este tema, asevera Carolina Quiñones, psicóloga ambiental y consultora del Banco Mundial (BM) sobre adaptación climática.

No obstante, la especialista refiere que las personas resultan afectadas ante una exposición directa e inmediata a un evento climático extremo, como el huracán Beryl, “aunque eso no implique que se desencadene un desorden psicológico o un desorden psiquiátrico”.

“Sin embargo, no es solamente estar expuesta una única vez, sino estar expuesta a todas las consecuencias que vienen después asociadas al paso de un huracán”, agregó. “Esa es una de las dificultades que se experimentan a nivel global: la incapacidad que tenemos para encontrar esa asociación [entre salud mental y cambio climático]. No porque no se dé, sino porque nuestros sistemas no preguntan si esa es la causa”.

Trayectoria e intensidad del Huracán Beryl. Foto: cortesía Climate Central

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La misma amenaza pero con intensidad aumentada

Las crecidas de ríos por lluvias no son nuevas en la localidad. El 23 de agosto de 2012 hubo un desastre similar, cuando el huracán Isaac pasó por la misma zona, pero como tormenta tropical. El desbordamiento del río Manzanares dejó dos muertos y 35 familias damnificadas, según las cifras oficiales de Protección Civil y la gobernación del estado Sucre.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, prometió -en una alocución televisada- la construcción de casas. En una de las comunidades afectadas, en el caserío La Peña, se construyeron solo 15 casas a unos 3 kilómetros del pueblo de Cumanacoa. Vecinos de la zona, que pidieron reservar sus identidades por temor a represalias, denunciaron que esas casas no tenían servicios de agua potable, electricidad ni calles. La construcción también estaba incompleta: faltaban techos y pisos.

Casas del sector La Fragua, en Cumanacoa, después de las inundaciones del río Manzanares ocasionadas por el paso del Huracán Beryl, el 12 de febrero de 2025. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

El huracán Beryl fue diferente. La ONG internacional Climate Central advirtió en un informe del 14 de agosto de 2024 que la temperatura superficial del mar Caribe ese 2 de julio estaba 1.8 °C por encima del promedio registrado entre 2001 y 2020, lo cual “facilitó el desarrollo temprano e intenso del huracán Beryl”, un escenario que, según el informe, era 400 veces más probable debido al cambio climático.

En cuanto a las condiciones que facilitaron el desarrollo del evento meteorológico, Orlando Aurquia, meteorólogo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de Telemundo 48 en el área de la Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos), explicó que “un ambiente mucho más cálido en el mar Caribe, en la zona por donde se movió el huracán, y condiciones atmosféricas completamente favorables”, ayudaron a que se desarrollara un proceso rápido de intensificación del huracán, “con un incremento de los vientos que en 24 horas fue incluso superior a los 56 km/h”.

Y ese calor “extra” fue impulsado por el cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte en un informe publicado en 2022 que existe una “alta confianza” de que la intensidad media de los huracanes en el mundo aumentaría un 5 % respecto a los registros de 1980 si el planeta se calienta dos grados centígrados. La tendencia ya la están observando en la Universidad de Berkeley, donde han registrado al menos cinco huracanes con una intensidad mayor a la categoría 5 entre 2012 y 2021.

“Estos procesos de intensificación podrían ocurrir tanto en las zonas cercanas a las costas y a las ciudades, lo que daría menos margen a las autoridades y a los ciudadanos de establecer procesos de preparación para enfrentar estos fenómenos y minimizar las pérdidas humanas y materiales”, explicó Aurquia.

Once meses han pasado desde el desastre del huracán Beryl en Venezuela y, pese al tiempo, las zonas de Cumanacoa más cercanas al río Manzanares, y que tenían mayor actividad agrícola, siguen en los escombros. Las rocas y detritos transportados por las lluvias siguen allí. Algunas personas prefieren montarse en un burro, en lugar de un automóvil, para ir sobre la tierra y el fango. Las ruinas no se han limpiado.

Más de 100 personas en “refugios” temporales, ubicados en colegios de primaria, denunciaron bajo confidencia a este equipo periodístico que los refugios tienen una tasa alta de hacinamiento.

Alejandro Álvarez, biólogo y director del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, apuntó que este escenario de vulnerabilidad meses después de un desastre socioambiental ocurre con frecuencia en Venezuela. Según dice, los programas no se adaptan a las necesidades de la población, principalmente porque no existe un levantamiento público de las personas afectadas más allá de los reportes de la prensa y la sociedad civil a nivel local.

Según la base de datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que trabaja en conjunto con la OIM, Venezuela acumuló aproximadamente 52 000 casos de desplazamiento interno producto de eventos climáticos extremos, principalmente inundaciones, entre 2020 y 2024.

“Nosotros hacemos un registro continuo de noticias ambientales, y la mayor parte se obtiene porque un periodista llega al sitio, pregunta a la gente, y ellos les dicen su percepción de lo que está pasando, una percepción del impacto momentáneo sobre su familia. Pero las autoridades sacan a los periodistas de la zona”, dijo Álvarez.https://flo.uri.sh/visualisation/22856656/embed

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Desplazarse entre ruinas

Alejandro y Osdalys Rodríguez construyeron su vida alrededor del río Manzanares, en el caserío La Peña, que con los años se transformó en balneario. Allí tenían un pequeño negocio de víveres en el que atendían a vecinos y turistas. Él tenía un automóvil con el que trabajaba trasladando pasajeros desde Cumanacoa hacia La Peña, a unos tres kilómetros de distancia.

“En la medianoche [del 2 de julio de 2024] empezó a llover muy fuerte. Nos dimos cuenta de que el agua venía con fuerza y se metió en la casa. Nos subimos al techo unas diez personas, entre familiares y vecinos”, cuenta Osdalys, una profesora jubilada.

Subieron alimentos y enseres a la azotea de la casa. Estuvieron allí unas diez horas rezando un rosario, con el sonido del agua de fondo y el lodo arrasando la ciudad. Vieron cómo el río, crecido por las lluvias del huracán, arrastró el carro de Alejandro.

Sobrevivieron, pero la casa quedó en ruinas: solo quedó una tubería de aguas blancas. Al ver que ni el gobierno local ni nacional les brindaron un refugio, decidieron irse a unas casas sin terminar que el Ejecutivo nacional construyó en 2012 como parte de las viviendas otorgadas a los damnificados por las inundaciones ocasionadas por el huracán Isaac.

El desbordamiento del río Manzanares por las lluvias intensas del huracán abarcó más de 800 hectáreas de Cumanacoa y destruyó al menos 360 casas. Fuente: Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres (NASA), Pleiades (CNES, Distribution Airbus DS), Maxar Technologies, Cruz y Media Luna Roja y ABAE

Se trató de unas estructuras entregadas sin sistema cloacal ni de aguas blancas. Tampoco tenían ventanas completas y los pisos estaban descubiertos. Hace 12 años la familia Rodríguez se había negado a habitar esa zona; pero ahora lo hacen porque, afirman, no han conseguido otra opción.

Desde allí, los Rodríguez viajan tres kilómetros a su antiguo hogar para conseguir agua potable entre las ruinas.

La pensión de Osdalys también ronda los 130 bolívares. Su esposo, Alejandro, está ahorrando para recuperar su auto y volver al trabajo. Ellos no son los únicos con ingresos bajos: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2024, otro instrumento de medición de la UCAB frente a la carencia de datos gubernamentales, estudió 16 212 hogares en más de 10 ciudades del país y concluyó que más de un tercio de la muestra se encuentra en pobreza extrema y solo el 1 % tiene una póliza para cubrir pérdidas por desastres socioambientales.

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Factores de riesgo en ascenso

Para Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorologista de la Universidad Central de Venezuela, el municipio Montes está situado en una zona de riesgo por ser una planicie que la hace susceptible a inundaciones producto de las ondas tropicales y huracanes. “Y cuando comienza la gente a vivir en esas zonas de riesgo, ya aparece la vulnerabilidad”, apuntó.

Pero no es el único factor antrópico que favorece el desplazamiento climático en la región. Álvarez comentó que la región situada al sur de Cumanacoa, en las cuencas del río Manzanares y Neverí, ha sido deforestada “fuertemente” en los últimos años, aumentando el riesgo debido a la falta de contención de los árboles en las cuencas.

Según el proyecto MapBiomas Venezuela, entre los años 1985 y 2022 se deforestaron 9200 hectáreas de cobertura vegetal en la cuenca del río Manzanares. La mayor parte de las actividades de deforestación se desarrollan alrededor de la siembra, ya que Montes es catalogado como uno de los municipios agrícolas del estado de Sucre.

Andrade agregó otra arista: la ocupación del territorio de alta exposición frente a la inacción del gobierno venezolano para mitigar los desastres. “Entonces comienzan a generarse los desplazados climáticos y las autoridades carecen de la capacidad económica para solventar, construir viviendas y reubicar a los desplazados”, afirmó.

El ingeniero no descarta que estos escenarios se repitan en el futuro, a menos que las autoridades elaboren mapas de riesgo hidrológico, tanto de crecidas como de deslaves. “Y si hay población dentro de esa zona, bueno, buscar mecanismos de reubicación”.

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Sin acceso a cifras oficiales

Seis días después de las inundaciones, el 8 de julio de 2024, la administración de Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo especial de un millón de dólares para atender a los sectores económicos afectados.

La autoridad única del municipio Montes, Nayade Lockiby Belmontes, ha desarrollado proyectos de infraestructura para la reconstrucción del municipio, dentro del denominado “Plan Hugo Chávez Frías para el Renacer de Cumanacoa”. Sin embargo, el acceso a cifras oficiales por parte de la prensa independiente ha sido restringido.

Aunque se intentó contactar al funcionario para conocer la cantidad de viviendas que estiman construir en la municipalidad o la cifra actual de personas afectadas y ubicadas en refugios, no fue posible obtener información. Las restricciones en el acceso a la información también dificultan conocer cuántas personas buscaron, por su cuenta, un sitio donde vivir ante la pérdida de sus hogares.

Habitantes de la zona indicaron que a inicios de marzo de este año, personas que residían en caseríos devastados por las inundaciones, como La Fragua o Las Trincheras, aún permanecían en refugios.

Once meses después de perderlo todo, Alejandro y Osdalys avanzan por su cuenta. Sus hijos, que viven fuera del estado de Sucre, les envían dinero para que puedan, poco a poco, volver a instalar una pequeña tienda de víveres, esta vez en la sala de su casa.

Por su parte, Laura Carpintero sigue con su trabajo como docente en una escuela en San Lorenzo mientras espera noticias de su hija, que el 4 de octubre cumplió 18 años, aún cuando las búsquedas de desaparecidos en las inundaciones cesaron oficialmente cuatro semanas después del siniestro. “El Gobierno sólo dio una o dos bolsas de comida”, dijo su hermana Dunia. También recibió un colchón y un par de prendas de vestir. Las semanas siguientes al desastre los afectados recibieron comida de instituciones religiosas y de la sociedad civil.

Dunia Carpintero, enfermera, observa una casa destruida por el Huracán Beryl y el río Manzanares en el sector La Fragua, Cumanacoa, estado de Sucre. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

Dunia admite que todos en su familia necesitan ayuda psicológica para lidiar con el trauma de la tragedia. “Ella [Laura] quiere encontrar a su hija, aquí o en Japón, y darle sepultura si está muerta. Eso es lo único que siempre dice. Yo sé que necesita ayuda, terapia, pero no hay cómo hacer eso”.

Aunque ya no residen en La Fragua, tanto Dunia como Laura y algunos de sus familiares regresan de vez en cuando a su antiguo hogar. “Fui en moto, en el camino de lejos uno puede ver todo el caserío y ver los escombros. Cada vez que voy me dan ganas de llorar al ver toda la destrucción”, dijo Dunia.

Mientras tanto, el IPCC advierte que tormentas tropicales intensas se pueden volver más frecuentes si la temperatura media global llega a los 2 grados centígrados o más. La situación se vuelve más complicada si se considera que, según la ONG Clima21, el gobierno venezolano, hasta ahora, no ha publicado un plan de mitigación para eventos extremos potenciados por el cambio climático.

*Este reportaje periodístico forma parte del especial “Desterrados Climáticos: Nuevas Migraciones Venezolanas” al que puede acceder aquí.

**Imagen principal: el caserío La Peña, un proyecto habitacional abandonado por el gobierno venezolano, que los desplazados de Cumanacoa por el Huracán Beryl usan como refugio. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

El artículo original fue publicado por Joshua de Freitas y Nayrobis Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El centenario del nacimiento de Orlando Fals Borda

Damian Pachon Soto — Mon, 30 Sep 2024 14:18:35 +0000

Damián Pachón Soto, Universidad Industrial de Santander

Helwar Figueroa Salamanca, Universidad Industrial de Santander

En el año 2013, uno de los autores de esta editorial presentaba los textos compilados por Ediciones desde abajo con el título Socialismo raizal y el ordenamiento territorial. Allí resaltaba cómo el pensamiento de Orlando Fals Borda en torno a la Investigación Acción Participativa (IAP) con las comunidades subalternas suponía a la vez una transformación social; una subversión social liderada por parte de las propias comunidades emancipadas, que en su proceso de concientización imaginaban una sociedad opuesta al capitalismo y a la dominación cultural. De esta manera, en los territorios habitados por diversas culturas, el saber histórico, la autoconciencia y las utopías raizales se trenzaban en búsqueda de otro mundo posible.

La publicación de este libro se daba en un año en el cual los movimientos sociales de América Latina confluían como una fuerza esperanzadora manifestada en Chile, México, Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia. Las protestas denunciaban las medidas represivas de gobiernos de talante autoritario, el fraude electoral, la corrupción, la represión estudiantil, la destrucción de los ecosistemas en beneficio de las multinacionales, el reconocimiento de los derechos sociales de los campesinos, propiedad sobre la tierra labrada y un comercio justo; así como el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las comunidades raizales, negras e indígenas. Al mismo tiempo, en Europa las huelgas protagonizadas por los trabajadores y la ciudadanía en general iban en aumento, particularmente en Grecia, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Portugal e Italia. En Estados Unidos, en las manifestaciones del movimiento negro por una justicia igualitaria todavía se sentía el eco de la toma de Wall Street (2011). En Rusia y Turquía, los ciudadanos también se movilizaban defendiendo la democracia. Movilizaciones sociales precedidas por la llamada Primavera Árabe (2011), crítica de las dictaduras, y que, en ese mismo año, 2013, en Túnez y Sudán, en plena transición a la democracia, continuaban reprimiendo a los ciudadanos.

En ese momento, como lo expresaba Bonaventura de Sousa, el continente latinoamericano era visto como el más adelantado en la lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, en un escenario en donde se presentaban dos tipos de luchas: ofensivas y defensivas. En Ecuador, Bolivia y Venezuela, que estaban en plenos cambios radicales del modelo de desarrollo, de Sousa definía sus luchas como ofensivas. Mientras tanto, en Brasil y Perú se presentaban acciones para desmontar los logros alcanzados por parte de gobiernos progresistas por medio de una contrarrevolución jurídica (Lawfare) y la criminalización de la protesta, estas eran las luchas defensivas. En ese escenario, las democracias se tensionaban entre los cambios sociales y la defensa del statu quo; luchas políticas enmarcadas en un debate cultural defensor de la autodeterminación de los pueblos, comprometidas con la superación del colonialismo y el establecimiento de una sociedad respetuosa de la diversidad, abierta al diálogo cultural, a la autodeterminación de los pueblos y a la defensa de los ecosistemas. Una agenda política liderada por diversos movimientos sociales, vistos como sujetos históricos, capaces de superar el colonialismo cognitivo (o lo que las teorías decoloniales llaman colonialidad del saber) y desarrollista a través de sus acciones políticas. Por cierto, en ese convulsionado 2013 en la mencionada obra se afirmaba que “(…) la propuesta participativa, democrática no dogmática y pluralista de Fals Borda aboga precisamente por un proyecto contra-hegemónico, alternativo, intercultural para hacer frente al capitalismo global y a la unificación cultural del mundo y el arrasamiento de los recursos y las formas de vida”.

Hoy, diez años después, la revista Cambios y Permanencias, teniendo en cuenta que el 11 de julio de 2025 se cumplen cien años del natalicio de Orlando Fals Borda, decide realizar un merecido homenaje a su obra con este número especial titulado Sentipensando el territorio con Fals Borda: saberes, resistencias y nuevas perspectivas de futuro. Publicación que tiene por objeto reflexionar sobre el legado crítico de Fals en un contexto que por momentos se percibe más adverso que hace diez años, pues el péndulo de la política global se mueve nuevamente hacia la derecha en donde los fascismos viralizados por personajes de ficción amenazan con callar las voces de millones de seres humanos, cada vez más empobrecidos por un capitalismo salvaje, depredador y bárbaro.

El genocidio palestino por parte de los israelitas que amenaza con destruir los cimientos del humanismo construido precariamente durante más de dos siglos de luchas sociales al mismo tiempo que los derechos humanos, forjados con la sangre de millones de víctimas; la guerra entre Ucrania y Rusia que afina las miras de las armas de fuego (y virtuales) en una especie de tercera guerra mundial no declarada; el incesante aumento de las migraciones que intenta ser contenidas con murallas naturales o construidas por el hombre; y la crisis ambiental en un escenario de postpandemia en la llamada nueva era del Antropoceno, por momentos parecen cerrar las puertas al pensamiento crítico y alternativo –Fals diría “sentipensante”–.

De ahí la vigencia de la obra de Fals y su llamado de volver a las utopías, a la historia y a la acción para llenarnos de la fuerza necesaria para que el pensamiento crítico no desfallezca en medio del presentismo, la pérdida del saber histórico y los intentos homogeneizadores de uniformar la diversidad.

Este reconocimiento se justifica, además, por el innegable lugar que ocupó Fals Borda en el pensamiento crítico latinoamericano. Recordemos que, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el continente quedó a la intemperie espiritual debido a la crisis europea, tal como lo recordaba el filósofo mexicano Leopoldo Zea. En ese contexto, la ciencia social despierta en el continente con corrientes como la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la nueva historia social y, desde luego, con la sociología auténticamente latinoamericana, tal como la llamaba Camilo Torres. Es ahí donde el trabajo de Fals Borda irrumpe con fuerza y creatividad cuestionando la importación acrítica de marcos teóricos y de conceptos lejanos de la especificidad de la realidad latinoamericana. Por ejemplo, Fals denunció lo inadecuado que resultaba para nuestro contexto usar conceptos como “feudalismo”, “semifeudalismo”, “pequeña Edad Media”, para referirse al periodo colonial.

Fals Borda llamó entonces a repensarse el “trasplante” conceptual a la vez que exigió asumir los “acumulados históricos” emancipatorios construidos por indígenas, campesinos, negros, etc., para la construcción de un nuevo orden social. La crítica al colonialismo intelectual iba de la mano de la construcción de una nueva metodología, la Investigación Acción Participativa (IAP), que no era solo una apuesta epistemológica, sino política, donde el investigador y las gentes sencillas trabajaban de la mano en pro del cambio social. Esta conjunción feliz entre epistemología y política fue la que le dio el puesto a Fals en la sociología mundial.

Con los recuerdos autobiográficos de Gabriel Restrepo damos inicio a esta aventura por la obra de Fals y su legado intelectual devenido en unas categorías analíticas construidas desde el saber popular y transformador. Restrepo en su texto Orlando Fals Borda: Peregrinación Mítica y Sapiente narra cómo desde los años sesenta la relación con Fals pasó de la confrontación, algo infundada y juvenil, a una amistad centrada en el respeto y la admiración por la capacidad resiliente, creatividad y originalidad en el actuar de Fals, así como en su compromiso con los sectores populares con los cuales compartía su sentir y forma de pensar, pero a la vez imbuido del ethos académico construido a través de sus esfuerzos intelectuales por comprender la sociedad colombiana.

Restrepo considera que la constancia intelectual y una especie de estoicismo de Fals provienen de su formación protestante, característica religiosa que Restrepo inmediatamente complementa con el jolgorio y la alegría carnavalesca de ser un pansexual nacido y “gozado” al ritmo de los porros de San Pelayo. Según él, será en esa mezcla alucinante de fascinación por el sentir popular y la forma cómo lo racionaliza “sentipensantemente” donde estaría el leitmotiv falsbordiano.

Joanne Rappaport en el ensayoMetodologías sentipensantes de investigación nos explica cómo los sentimientos y racionalidad de los campesinos “corronchos” que acompañaron a Fals en sus investigaciones sobre el Caribe colombiano le permitió referirse a ellos como “sentipensantes”, Una categoría que ellos mismos construyeron y que Fals llena de contenido narrando sus vidas y contextualizándolas a través de las creencias míticas y saberes mágicos. De esta manera, la creatividad y aguante del campesino luchador por su tierra cultivada y que le despojan recurrentemente los hacendados señoriales (de ayer y de hoy) deviene en un pescador (hombre anfibio, hoy diríamos hombre y mujer, anfibios), lo que le permite adaptarse a ecosistemas acuíferos, que en tiempos de verano se transforman en grandes zonas de cultivo. El hombre hicotea se transforma en un anfibio que se sumerge y se mueve con la destreza de un pez por las aguas de la vida y de la muerte. Relatos convertidos en comics y cartillas con viñetas cargadas de lenguaje popular, y sociodramas protagonizados por los mismos campesinos interesados en formar políticamente a sus compañeros de lucha. Un proceso de creación artística que para Rappaport es la esencia de la IAP y su devenir histórico y “sentipensante”.

En el tercer ensayo que lleva por título Génesis y legado de la investigación (acción) participativa Alfonso Torres resalta cómo la metodología de investigación de Fals se basa en darle eco, dimensión narrativa y analítica al saber popular o al sentido común de la gente corriente, saberes que posteriormente constituyen la ciencia y el pensamiento universal. Además, es la experiencia “para sí” de las personas corrientes la que les permite comenzar un proceso de autoconciencia para la liberación y la transformación social en la cual el investigador sólo es un mediador. De esta manera, Torres argumenta cómo se fue construyendo el saber “sentipensante” de Fals alrededor de la IAP, la cual comenzó a llenarse de contenido desde sus primeros trabajos en torno al mundo campesino andino (años cincuenta) donde Fals analizó los fuertes vínculos cuasi-religiosos que el campesino tenía con la tierra, para terminar de perfilarlo en los años setenta al estudiar la idiosincrasia costeña del campesino más alegre y vivaz quien por esos años luchaba creativamente por la emancipación y el derecho a la propiedad. Experiencias que le van a permitir a Fals decantar su método para presentarlo oficialmente en el “Simposio mundial sobre investigación activa y análisis científico” realizado en Cartagena en 1977.

Cierra esta primera sección de la revista, dedica a los autores invitados, la reflexión de Alexander Pereira que lleva por título Orlando Fals Borda. Retorno a mi Caribe natal. Un caribeño universal, nacido en el Carmen de Bolívar, que nos habla nostálgicamente sobre cómo Fals, luego de su ostracismo en el centro del país andino, encuentra en el Caribe colombiano un lugar para reconstruir su pensamiento, alejado radicalmente de cierto positivismo evidente en sus primeros escritos; o su distanciamiento de su marcado estructural funcionalismo cuando elaboró su tesis doctoral El hombre y la tierra en Boyacá (1957). Es así como a finales de la década de 1960 se encuentra nuevamente con sus paisanos para elaborar con ellos su obra cúspide Historia doble de la Costa (1979-1986), que para Pereira representa un trabajo colaborativo con campesinos que se encuentran en plena emancipación, de ahí que las apuestas performativas e investigativas del Fals le permitiera contar a varias voces la historia de la resistencia campesina. Una tenacidad forjada históricamente frente a la dominación de las elites costeñas (tropicales, señoriales y atrasadas) acaparadoras de la tierra y despojadoras además de las culturas ancestrales enraizadas en tierras, ciénagas y ríos.

La sección de artículos científicos se abre con el artículo del uruguayo Eduardo Gudynas Sentipensando territorios: una revisión del concepto, sus expresiones y urgencias en América Latina, quien evidencia cómo es posible usar las categorías de Fals en otros escenarios con problemáticas similares o en propuestas de investigación alternativas, comprometidas con las comunidades. De ahí que Gudynas analice cómo las políticas extractivistas, lideradas por los estados en asocio con las multinacionales, están afectando las identidades y los ethos territoriales de las diversas comunidades que habitan la gran cuenca de la Amazonia al sobreponer intereses nacionales y corporativos en territorios culturalmente diversos. La respuesta por parte de Gudynas a esta homogenización cultural, destructora de la naturaleza, es “sentipensar” el territorio desde la perspectiva de sus habitantes para proponer a la vez un socialismo raizal y ecológico, donde el territorio se organice popularmente y de esta manera evitar la injerencia de actores externos que desconocen la idiosincrasia territorial.

El texto de Damián Pachón presenta un panorama general del pensamiento de Orlando Fals Borda iniciando en sus apuestas de investigación con los campesinos, su interés por la violencia y preocupación por cómo producir el cambio social en la historia. Aquí Pachón no solo alude a las relaciones entre la utopía y el cambio, o lo que Fals llama “subversión”, sino que muestra, también, cómo se va dando el paso hacia la IAP. Al final del texto Pachón analiza los rasgos principales de la utopía de Fals. Esa utopía tiene nombre propio: el socialismo raizal, el cual debe ser construido tomando valores y aprendizajes de los grupos subalternos y de la mano con estos. En ese trabajo de co-construcción la IAP sigue estando presente, pues ciencia y emancipación van de la mano, a diferencia de lo que asume el positivismo más aséptico.

Por su parte, las reflexiones de Nicolás Herrera Farfán –como el título de su artículo lo sugiere– ahondan en las virtudes teórico-metodológicas que Fals Borda adquirió y desarrolló a lo largo de sus travesías por el país. El contacto con comunidades campesinas le proveyó un sólido insumo para su propuesta de la IAP, mediante la cual planteó discusiones esenciales a nivel pedagógico que tuvo alcances más allá del territorio nacional. De ahí que Herrera establezca una sugerente relación entre la IAP y la Educación Popular (EP) de Paulo Freire, diálogo por medio del cual el autor realiza un balance de las raíces del pensamiento de nuestro sociólogo colombiano a través de los vaivenes de la academia y su vida misma.

En una línea argumental similar a la del anterior texto, en el artículo Orlando Fals Borda y el laboratorio metodológico: investigación crítica y comprometida en el período 1970-1975 las autoras argentinas María Mercedes Palumbo y Laura Celina Vacca desarrollan una necesaria síntesis de la metodología falsbordiana. Para las autoras, fue entre los años de 1970 y 1975 cuando Fals Borda tuvo su período de mayor riqueza productiva investigativa, que ellas denominan “laboratorio de experimentación metodológica”. Esto tuvo que ver con sus periplos por el país, con la cercanía con otros intelectuales de “La Rosca” y con su contacto con comunidades campesinas. Es decir, que dicho período fue esencial para la posterior propuesta teórica de la IAP y para las bases del pensamiento de Fals que hoy por hoy recordamos.

Precisamente, un ejemplo de la forma en la que el pensamiento de Fals Borda debe ser aplicado en la cotidianidad de las comunidades desde el presente y con un compromiso que implican los planos académico y social, es el artículo de Carlos Duque Acosta Universidad pal´ barrio como propuesta de educación popular, re-existencia y deselitización de la academia de inspiración falsbordiana. Duque Acosta, en el contexto del estallido social del año 2021 en la ciudad de Cali, adelantó una propuesta de educación popular con la comunidad basada en la puesta en escena de varios conceptos teóricos de la IAP que son retroalimentados luego de entrar en contacto con los saberes de las gentes. La propuesta del autor es muestra, como insiste, del potencial que subyace a la educación popular y al pensamiento falsbordiano, a través de los cuales es posible deselitizar la academia y transformar la sociedad.

Por último, en la sección de Diálogo con autores tenemos el privilegio de contar con las palabras que el profesor Rodrigo Uprimny pronunció a finales del año pasado en la Cátedra de Paz sobre la Justicia Especial de Paz (JEP) realizada en la Universidad Industrial de Santander. En esa ocasión nuestro invitado hizo una defensa destacada del informe de la Comisión de la Verdad y de las labores adelantadas por la JEP. Ambas, instancias paradigmáticas en la implementación de los Acuerdos de la Habana puesto que al poner en un lugar central a las víctimas del conflicto armado interno colombiano nos ubicamos a la vanguardia de la puesta en funcionamiento del derecho alternativo. Un hecho que por su originalidad a nivel internacional se convierte en una contribución para el mundo en la búsqueda de la paz y de la cual los colombianos todavía no somos conscientes.

De esta manera, consideramos haber logrado, junto con los autores que nos aceptaron esta invitación, rendir un merecido homenaje a la obra de Orlando Fals Borda y reconocer a la vez, con él, que es posible imaginarse, con los sectores excluidos del poder, un mundo donde la razón se realice transitando por los cauces de las emociones y los sentires diversos. Por ello, invitamos a nuestros lectores y especialistas en el pensamiento de Fals a que superemos al maestro con nuevas propuestas y desarrollos investigativos novedosos, pues por momentos pareciera que no hemos avanzado y que continuamos girando en torno a un marasmo de utopías no realizadas, que, sin embargo, siguen siendo la esperanza.

‘Voces silenciadas’: 166 defensores ambientales fueron asesinados en Latinoamérica en 2023

Mongabay Latam — Tue, 10 Sep 2024 16:38:06 +0000

La cifra de crímenes contra defensores ambientales y de la tierra es de 196 a nivel global.
El 85 % de esos hechos de violencia ocurrieron en Latinoamérica, que se mantiene como la región más peligrosa para quienes protegen el medio ambiente.
Colombia ocupa el primer lugar con 79 asesinatos, seguido de Brasil con 25 y Honduras y México con 18.
Nicaragua, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, Ecuador y Venezuela también figuran en la lista de los países que perdieron a quienes protegen los bosques, el agua, la tierra y la vida.

“La cifra es realmente escalofriante en Colombia con 79 asesinatos en el país, lo que supone el 40% de todos los casos que documentamos a nivel mundial”, dice Laura Furones, Asesora de campañas de Global Witness, durante la presentación del informe “Voces silenciadas: la eliminación violenta de los defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo”. La publicación revela que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. De esta lista, Latinoamérica aparece una vez más como la región más afectada por la violencia.

De los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región.

Julia Francisco Martínez, viuda del activista indígena y defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro de MILPAH, quien fue asesinado en enero de 2015 después de meses de amenazas de muerte. Foto: Giles Clarke.

La información presentada en el reporte ubica una vez más a Colombia en el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012. En la lista le siguen Brasil con 25 crímenes, México y Honduras con 18 cada uno y Filipinas con 17, si nombramos a los cinco primeros.

En la relación de 18 países donde se registraron estos crímenes, 11 son latinoamericanos. Si se suma a Estados Unidos que también reporta un asesinato este año, serían 12 los casos reportados en este continente.

“El informe se titula voces silenciadas porque además de los datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, estamos también sacando a la luz el lado oculto de la represalias. Con esto lo que queremos hacer es reconocer que los asesinatos, por horribles que sean, solo ofrecen una imagen parcial de una realidad mucho más compleja. Las personas defensoras en todo el mundo enfrentan una serie de ataques muy diversos”, comenta Furones.

El reporte de Global Witness revela también la vulnerabilidad de las principales víctimas: casi la mitad de los casos, el 49 % de las personas asesinadas, pertenecía a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Un dato adicional causa estupor: seis de los asesinados fueron niños.

Los awá del Nariño enfrentan graves amenazas como reclutamiento forzado, confinamiento, masacres, asesinatos. Crédito: Comunicaciones UNIPA.

El informe también da cuenta de lo que ha ocurrido en el planeta en los últimos 12 años, desde que Global Witness empezó el registro de estos crímenes. Según estos datos, 2106 personas defensoras fueron asesinadas entre 2012 y 2023, y por lo menos 1500 de esos casos ocurrieron tras la firma del Acuerdo de París en 2015.

“El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal. Pero, como muestra este informe, los ataques letales a menudo ocurren junto con represalias más amplias contra los defensores, que están siendo objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores no estatales”, dice el informe.

El riesgo de defender la vida

“No es novedad que América Latina tiene por desgracia, sistemáticamente, el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras. No hay excepción a esta regla desde el año 2012 que empezamos a recopilar datos”, señala Laura Furones, asesora de Global Witness y autora principal del informe.

Lo dicho por Furones se refleja en las estadísticas de Global Witness de los últimos 12 años. Según estos datos, entre 2012 y 2023 se registraron 2106 asesinatos a nivel global y casi el 80% fueron en América Latina.

Familiares de los defensores del medio ambiente desaparecidos en México en una marcha de protesta. Foto: Luis Antonio Rojas / Global Witness.

Los registros de los últimos 12 años de Global Witness indican que solo en Colombia han ocurrido 461 asesinatos y en Brasil 401, ambos países lideran esta lista global. En la relación también figura México con 203 casos, Honduras con 149, Guatemala con 86, Nicaragua con 70 y Perú con 58.

En el continente asiático, Filipinas es el país con mayor cantidad de asesinatos en esos 12 años, con un total de 298, pero también en 2023 con 17 crímenes. India es otro país de este continente con un alto número de crímenes, 86 entre 2012 y 2023, y 5 en el último año. En el 2023 también aparece Indonesia con 3 defensores asesinados.

Por otro lado, en África, República Democrática del Congo encabeza la lista con 74 crímenes en los 12 años de registro y 2 en 2023. En la lista del último año también están Ghana y Ruanda con un crimen en cada país.

Furones señala también que existe un subestimación en las cifras documentadas por Global Witness, no solo en América LAtina, sino también en todo el planeta. En ese sentido comenta que lo que se reporta en Asia y África puede tener un subreporte mayor que Latinoamérica, pues en esos continentes hay más problemas de acceso a la información y a la justicia, así como más restricciones que enfrentan las organizaciones de Derechos Humanos para documentar los casos.

Jonila Castro, activista ambiental de Filipinas, participa en la protesta del Día de la Independencia en Manila, Filipinas, el 12 de junio de 2024. Foto: Raffy Lerma / Global Witness.

“Si se miran las cifras de África o de Asia, se podría pensar que son entornos más seguros para las personas defensoras, pero sabemos que no es así. Es cierto que América Latina es la primera región y que esas cifras son absolutamente aterradoras, pero también es cierto que por contraste en las otras regiones, sospechamos que la subestimación es todavía más fuerte”, aclara Furones.

El informe también indica que más de 1500 de los crímenes a defensores ocurrieron a partir del 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Los defensores asesinados intentaban, de diferentes maneras, proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales. Cada asesinato deja al mundo más vulnerable a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación”, indica el reporte.

Otro dato que se destaca en el informe de Global Witness son las industrias que están relacionadas con los crímenes de defensores ambientales. En esa lista es la minería la que lidera este ranking con 25 de los asesinatos ocurridos en 2023. Le siguen la pesca y la tala de madera con cinco cada uno, luego los sectores de agroindustria e infraestructura con 4 y, finalmente, las hidroeléctricas con 2 asesinatos.

“Lo que hemos visto el año pasado y el anterior es que muchos casos están ligados al eje minero. La minería se presenta en distintos países como una industria muy dañina y peligrosa para las personas defensoras”, señala Furones. Dos ejemplos de ellos son los cuatros asesinatos en Panamá relacionados con las protestas en contra de un proyecto minero y las desapariciones forzadas de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en México.

Keyvan Díaz Valencia, hijo de Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena Aquila, desaparecido en el estado de Michoacán. Foto: Luis Antonio Rojas / Global Witness.

Según este informe, de los 25 asesinatos atribuidos a la industria minera el año pasado, 23 ocurrieron en América Latina. Por otro lado, el reporte también indica que “más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias”.

De los 18 países en donde se registraron crímenes a defensores en 2023, 11 están en América Latina. Además de Colombia, Brasil, México y Honduras que aparecen entre los primeros cinco a nivel global, también están Nicaragua con 10 asesinatos; Guatemala, Panamá y Perú con 4 cada uno; Paraguay con 2 y Venezuela con 1.

“América Latina es un continente enorme, diverso en sus realidades sociales, políticas, históricas, pero en general, tiene la suerte de tener voces de la sociedad civil muy fuertes y movimientos sociales e indígenas muy fuertes y logran que estos temas se pongan en la mesa, se documenten y se investiguen”, se lee en el informe.

Colombia: 79 crímenes, una cifra nunca antes registrada

“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”. indica el reporte de Global Witness. Del total de los crímenes cometidos en Colombia, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.

Focos de violencia contra los pueblos indígena cercanos a corredor de tráfico ilegal de armas y de narcotráfico. Crédito: ONIC.

La mayoría de los ataques, según el registro de Global Witness, ocurrió en las regiones de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). “Una combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha devastado estas regiones, dejando a defensores y comunidades a menudo atrapados en el fuego cruzado. Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, advierte el reporte.

Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores Colombia, el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a las personas defensoras. “Pese a que en nuestro país hay una robusta arquitectura normativa con más de 30 tipos de leyes, en realidad las entidades del Estado colombiano no coordinan sus acciones y por ello no hay resultados”. Torres también cuestiona la baja efectividad en las investigaciones y de la judicialización contra quienes cometen los asesinatos.

Un caso emblemático que refleja las fallas en la protección del Estado, señala Torres, es el crimen contra Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, asesinado el 3 de diciembre de 2023 en el territorio ancestral de Puerto Asís, en el Putumayo.

Para Torres, otra de las causas del alto nivel de asesinatos en Colombia es el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, “que permitió una reconfiguración del conflicto armado en Colombia y, con ello, la expansión de los grupos armados ilegales que generan presión y asesinan a las personas que se oponen a sus intereses”.

A pesar de los hostigamientos, los pueblos indígenas de Villagarzón continúan en pie de lucha por la defensa de su territorio ancestral. Crédito: Imagen suministrada por Joaquín Jansasoy, coordinador territorial inga.

Según la información de Global Witness, la combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha dejado a los defensores ambientales y a sus comunidades atrapados en el fuego cruzado. “Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, se asegura en el informe.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, en Colombia, señala que la cantidad de asesinatos a defensores ambientales ocurridos en ese país en 2023 contrasta con el escenario de implementación del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016. “Sabemos que ha tenido innumerables retos, pero se necesita una implementación efectiva, principalmente con el avance de diferentes grupos armados sobre territorios biodiversos como la Amazonía colombiana, donde cada vez es más difícil para el Estado retomar el control sobre ciertos territorios”.

Otro tema que aborda Torres, de Ambiente y Sociedad, es el de la impunidad. La experta afirma que la mayoría de los casos quedan impunes o, en su defecto, los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. “Hay un desgaste por parte de las familias en encontrar a los responsables. Recuerdo mucho el asesinato de Mario Jacanamijoy, con quien nosotros trabajamos, y a quien yo conocí. Fue asesinado en el año 2017 por la defensa de su territorio del pueblo Inga, en el departamento del Caquetá. Y la familia tuvo que insistir muchísimo, acudir a muchas instituciones del Estado y hasta ahora, 2024, no se tiene la certeza de quiénes fueron las personas que lo asesinaron”.

México: 70 % de los asesinatos fueron en territorios indígenas

El informe de Global Witness indica que más del 70% de los defensores asesinados en 2023 en México era de pueblos indígenas, y refiere que la mayoría de estos ataques ocurrieron en la franja de estados costeros del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán. De los tres estados, Michoacán fue el más mortífero con ocho asesinatos documentados en 2023, señala el reporte.

Ana Lucía Gasca Boyer, sostiene una fotografía de su hijo Ricardo Lagunes, reconocido abogado de derechos humanos que se encuentra desaparecido en Michoacán. Foto: Luis Rojas / Panos Pictures / Global Witness.

“Me parece que esa franja ha sido históricamente, al menos en los últimos 10 años, la región más peligrosa para ejercer la defensa del medio ambiente. Y esto tiene que ver, desde nuestro análisis, con que hay una coincidencia de recursos naturales, comunidades indígenas, presencia del crimen organizado y un Estado con muchas deficiencias”, señala Felipe Romero, Gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

A los estados mencionados por Global Witness, Romero agrega Guadalajara, Guerrero, así como Oaxaca y Chiapas, ubicados más al sur pero en el mismo sector del Pacífico, como lugares donde también se registran agresiones letales según los estudios que hace Cemda.

El informe de Global Witness también indica que más del 40% de los asesinatos en México en 2023 ocurrieron contra defensores que se oponen a las operaciones mineras. “Más allá de los asesinatos, México también ha experimentado un número significativo de desapariciones forzadas, una forma de violencia particularmente cruel, aunque no exclusiva de este país”.

Las cifras presentadas en este informe indican que en el estado de Michoacán 21 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron desaparecidos forzadamente o asesinados entre 2012 y 2023. Dos de ellos son Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes trabajaban juntos para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila ante los abusos de la industria minera. En enero de 2023, ambos fueron víctimas de desaparición forzada y hasta el momento no han sido encontrados. Mongabay Latam investigó el caso de Lagunes y Díaz como parte de la serie A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México, publicada en agosto de 2023, que confirmó en ese momento la desaparición de al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.

Protesta en honor a los desaparecidos en el Día de la Madre en el centro de la Ciudad de México. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, un abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, un líder indígena, desaparecieron juntos después de una reunión contra la minería. Foto: Luis Antonio Rojas / Global Witness.

Felipe Romero de Cemda explica que muchos de los casos de agresiones letales y desapariciones forzadas tienen que ver con la lucha que están enfrentando las comunidades por su autonomía y por la protección de su territorio y de sus recursos naturales. “Es muy claro para nosotros que hemos hecho algunos análisis, que en esa región lo que está sucediendo con proyectos extractivos de minerales”. El experto de Cemda menciona que en Michoacán se ha documentado la presencia de proyectos mineros de extracción de hierro y de empresas vinculadas con diferentes casos de agresiones en la región.

Romero también indica que la mayoría de las desapariciones forzadas se centran en esa región, en contextos de comunidades que están luchando por ejercer su derecho a la autonomía como una forma de controlar y de cuidar su territorio, y que coinciden con la presencia de una gran cantidad de recursos naturales y del crimen organizado. “Hemos documentado que las desapariciones se han presentado en la regiones de Michoacán y de Guerrero han sido en contra de personas defensores indígenas, muchos de ellos integrantes de las policías comunitarias”.

América Central: 36 asesinatos en cuatro países

De acuerdo con el reporte de Global Witness, Centroamérica se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras, pues se trata de la región donde han ocurrido la mayor cantidad de homicidios per cápita en el mundo.

Manifestación de integrantes del pueblo garífuna en Honduras. Foto: Cortesía OFRANEH

En 2023 se registraron 18 homicidios en Honduras, 10 en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá. Fueron en total 36 defensores asesinados en cuatro de los siete países que forman Centroamérica, “casi uno de cada cinco asesinatos documentados a nivel global, en una región con menos del 1% de la población mundial”, señala el informe.

Las cifras también indican que 17 de los asesinados en Centroamérica en 2023 eran defensores indígenas, dos eran afrodescendientes y ocho eran pequeños agricultores. En uno de los crímenes ocurridos en Honduras, un joven de 15 años fue asesinado junto a su padre defensor.

“No podemos separar la situación de violencia y de inseguridad de las defensoras y defensores en Honduras de un Estado fallido, donde no existe una aplicación de justicia verdadera”, dice Miriam Miranda, activista del pueblo garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Miranda señala que en Honduras la alta criminalidad y violencia se ha sumado al secuestro del sistema de aplicación de justicia, lo que hace que exista una absoluta indefensión para las defensores del ambiente y de la tierra, porque no tienen a quién acudir cuando son víctimas de amenazas y de agresiones.

Protesta para exigir la presentación con vida de los jóvenes garífunas víctimas de desaparición forzada. Foto: Cortesía OFRANEH

“Los territorios están controlados por el crimen organizado y los narcotraficantes, y ellos luchan por esos territorios. Por eso, hay una semejanza muy grande con México, porque aquí, en los territorios donde estamos nosotros luchando, sabemos que hay lugares donde no podemos entrar porque vas a ser secuestrada o asesinada”, comenta Miranda. “Estamos en una lucha perpetua por seguir viviendo en nuestros territorios”, agrega.

La lideresa del pueblo garífuna también se refiere a la presencia del narcotráfico en las esferas del gobierno. “Tenemos un presidente [Juan Orlando Hernández] encarcelado por narcotráfico, pero las estructuras no se han desmontado, al contrario lo que hay es un reacomodo de esa estructura de poder. Y ahora el escándalo mayúsculo sobre el cuñado de la presidenta Xiomara Castro”, señala Miranda, en relación al video publicado por Insight Crime que muestra a varios narcotraficantes ofreciendo dinero a Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras Manuel Zelaya y esposo de Xiomara Castro, para una campaña política del partido Libre.

“Estamos en una situación bastante grave y creo que en los próximos meses y años se seguirá profundizando”, agrega Miranda y menciona que Centroamérica lleva décadas lidiando con el narcotráfico, que se ha convertido en un negocio que involucra a las autoridades, como en los casos de los jefes de estado mencionados anteriormente. “Es doloroso darse cuenta que las autoridades que deben tomar decisiones son parte del narcotráfico”.

El informe de Global Witness también menciona a Nicaragua, el segundo país en Centroamérica con mayor cantidad de crímenes. En este país, los 10 crímenes registrados en 2023 fueron a personas indígenas de los pueblos mayangna y miskitos, en el norte del país.

Marca para exigir que el Estado Hondureño cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Cortesía OFRANEH

“En los últimos años, Nicaragua ha estado perdiendo bosques más rápidamente que cualquier otro lugar del mundo, y los mayangna y miskitos han sufrido repetidas masacres. Esta devastación es ‘facilitada y permitida’ por el gobierno de Nicaragua, según grupos de derechos humanos, y un grupo de expertos calificó el ‘asesinato sistemático’ de los pueblos indígenas como ‘una política tácita del Estado nicaragüense destinada a apropiarse de sus tierras’”, señala el informe de Global Witness.

En el caso de Guatemala, la publicación menciona que tras la guerra civil que se prolongó durante 36 años en este país, las instituciones guatemaltecas claves quedaron controladas por redes criminales con estrechos vínculos con el ejército. “Estos grupos continúan ejerciendo una enorme influencia en la actualidad. En los últimos cuatro años, más de 50 defensores de derechos humanos, fiscales, jueces, defensores de la impunidad y periodistas se han visto obligados a huir del país debido a procesos penales infundados iniciados en su contra”, indica el reporte.

En 2023, en Panamá —donde ese año fueron asesinados 4 defensores del medio ambiente— un nuevo contrato con una mina de cobre canadiense provocó protestas que durante más de un mes paralizaron al país. La causa de estas protestas fueron la contaminación, la deforestación y la escasez de agua. El proyecto fue clausurado por la Corte Suprema, pero dejó el saldo de los cuatro defensores que murieron durante la represión de las protestas.

Imagen principal: Protesta por las personas desaparecidas en México. Foto: Luis Rojas / Panos Pictures / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Argentinos intentan detener exploraciones de gas y petróleo en el mar de la principal costa turística del país

Mongabay Latam — Mon, 20 Mar 2023 23:32:01 +0000

La autorización para buscar hidrocarburos en el mar argentino tiene en vilo a las ciudades y pueblos en las costas de Buenos Aires.
Las prospecciones mediante disparos de aire comprimido son una amenaza para los sistemas auditivos de cetáceos y demás mamíferos marinos. La posibilidad de derrames preocupa a la industria turística.
Protestas en las calles y un conflicto judicial todavía sin sentencia definitiva han logrado hasta ahora demorar el inicio de unas obras que podrían comenzar en octubre.

En Argentina, el nombre de Mar del Plata es sinónimo de playas, vacaciones, alegría, bullicio, descanso y disfrute. Por eso, y desde siempre, se la conoce como “la Ciudad Feliz”, o directamente como “La Feliz”. Las razones de su éxito se encuentran en la geografía. Se trata de un punto excepcional en la extensa costa de la provincia de Buenos Aires (1200 kilómetros), porque allí se hunde en el océano el sistema serrano de Tandilia, uno de los más antiguos del mundo, creando un paisaje cuya moderada elevación ofrece atractivas vistas sobre el mar, en claro contraste con lo que ocurre en el resto del litoral bonaerense, dominado por amplias y monótonas planicies. Sin embargo, desde hace más de un año, La Feliz dibuja una mueca de disgusto y preocupación. El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación autorizó a las empresas Equinor (de Noruega), Shell (Países Bajos) y a la local YPF a ejecutar prospecciones sísmicas para identificar la presencia de gas, y fundamentalmente de petróleo, en tres áreas de la Cuenca Atlántica Norte (CAN) situadas en el mar argentino, a unos 300 kilómetros de distancia de esas playas que cada verano reciben a millones de turistas.

La autorización también incluye la realización de un pozo exploratorio en una de esas áreas, que lleva por nombre Argerich-1.

Durante los últimos dos veranos, las protestas de turistas y residentes coparon las calles de Mar del Plata. Aquí, frente al emblemático edificio del casino local. Foto: Diego Izquierdo/Greenpeace.

La medida sacudió el espíritu de la ciudad, la sexta más poblada del país con 685 000 habitantes, y dio comienzo a una larga disputa que aún sigue en pie en los tribunales de Justicia, los medios de comunicación y la calle. “Claramente se trata de un negocio que no tiene validación social ni en Mar del Plata ni en el resto de la región”, dice la instructora y jueza internacional de surf, Alejandra Pastor, quien es secretaria de la organización Surfrider Argentina y usuaria cotidiana de las olas.

La respuesta a la decisión del gobierno fue inmediata. En enero de 2022, La Feliz sirvió de escenario principal para el Atlanticazo, una masiva manifestación popular que se repetiría un año más tarde como expresión de la oposición al proyecto de erigir en un futuro más o menos cercano plataformas petrolíferas en el mar.

Aunque dichas plataformas no se divisarán desde la costa, los expertos afirman que podrían constituir un peligroso foco de derrames de hidrocarburos y afectar de manera dramática al turismo, eje central de la economía regional. Además, según sostienen los especialistas, las plataformas también podrían poner en peligro a especies marinas y espacios naturales. “Ya de por sí la prospección sísmica es una actividad muy dañina porque implica bombardeos acústicos submarinos que tienen un impacto muy negativo en la vida de la fauna marina, más que nada en los mamíferos que dependen principalmente de su oído para moverse y desarrollarse”, explica Luisina Vueso, responsable en Argentina de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. “Además, la posible explotación estaría localizada en el frente del talud continental del mar argentino, un área muy productiva, vulnerable y sensible que deberíamos proteger”, agrega Vueso.

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Un auténtico “supermercado del mar”

La plataforma continental argentina, que se extiende a lo largo de 4725 kilómetros de costa (sin contar el sector antártico) y ocupa una superficie de 3 744 000 kilómetros cuadrados, es reconocida como un punto particularmente rico de la oceanografía mundial. La conjugación de vientos, mareas y corrientes cálidas y frías (la de Brasil y la de Malvinas, respectivamente) provoca diferencias de salinidad y temperatura que favorecen el ascenso de nutrientes que, de esa manera, atraen a miles de especies y son la base de complejas tramas de alimentación.

Tales circunstancias crecen en intensidad en los límites del talud, donde la profundidad baja de manera abrupta desde los 200 hasta los 4000 metros. Es en torno a esa zona donde se supone que habría yacimientos de gas y petróleo y las prospecciones son el imprescindible primer paso para confirmar las sospechas antes de iniciar la explotación propiamente dicha.

Las áreas concesionadas para la búsqueda de hidrocarburos (en rojo) se superpones con las consideradas relevantes para la diversidad biológica (en azul). Fuente: Prospección Sísmica. Riesgos e Impactos en el mar argentino. Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, reconoce en diálogo con Mongabay Latam que la obtención de gas a partir de esta actividad no es una respuesta adecuada al cambio climático. “Entendemos que el desarrollo del gas que se obtenga a partir de la actividad off shore (en el mar) o de las eventuales exportaciones de hidrocarburos no proporcionan una respuesta a largo plazo frente al cambio climático”, dice, pero justifica la actividad ya que “la transición energética no puede hacerse de un día para el otro”. Según Nicolini, “la utilización de esos recursos es un modo de obtener las divisas que el país necesita para implementar las medidas que nos permitan alcanzar nuestros compromisos climáticos”.

Vueso, en cambio, considera que no deberían abrirse pozos nuevos: “Es muy preocupante que se lleve a cabo una política que extienda la frontera hidrocarburífera hacia el mar, mucho más si es afectando lugares donde concurren a alimentarse especies de buena parte del Atlántico y poniendo en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el océano”.

Un muy completo informe elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, red de 25 organizaciones de la sociedad civil con actividad en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile —entre ellas BirdLife Internacional, Wildlife Conservation Society, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Instituto Baleia Jubarte, dedicado a la investigación científica de cetáceos— indica que ya sea como habitantes permanentes o atravesando esas aguas durante sus rutas migratorias, en la zona pueden encontrarse unas 900 especies de moluscos, 400 de peces óseos, 105 de peces cartilaginosos, 48 de mamíferos marinos —incluyendo lobos, elefantes, focas, delfines, cachalotes y la ballena franca austral (Eubalaena australis)— y 3 de tortugas marinas. Semejante concentración de fauna ubica en el centro de la discusión al procedimiento que se utilizará para efectuar las prospecciones sísmicas.

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Ruidos que complican el comportamiento de la fauna marina

El sistema consiste en el lanzamiento de disparos de aire comprimido en intervalos de unos 10 o 20 segundos, desde una línea de 12 a 48 cañones arrastrados por el buque prospector a una profundidad de entre 4 y 10 metros. Esta liberación violenta de aire emite intensos pulsos acústicos. Estos generan ondas sonoras que viajan a través del agua y penetran en el subsuelo. Una vez allí, y a medida que tropiezan con las distintas formaciones geológicas que van encontrando, las ondas se reflejan en el subsuelo marino, recorren el camino inverso desde el fondo hacia la superficie y son captadas por uno o varios grupos de hidrófonos transportados mediante cables de arrastre de varios kilómetros de longitud. El procesamiento en las computadoras a bordo del buque sísmico completa el proceso que produce imágenes del fondo y el subsuelo marino, y permite reconocer su conformación y contenido.

Esquema de una operativa de prospección. El barco arrastra los cañones, la boya de navegación y los hidrófonos que captan las ondas acústicas. Fuente: Prospección Sísmica. Riesgos e Impactos en el mar argentino. Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

“No solo importan la cantidad y disposición de los cañones, sino también la frecuencia con la que se realizan los disparos”, comenta la bióloga Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Se trata de niveles sonoros extremos, en torno a los 250 decibelios que se disparan cada diez segundos”, agrega. Como para tener una idea comparativa, el despegue de un avión genera un ruido de unos 110 decibelios y cualquier sonido por encima de 120 podría provocar la pérdida de la audición a un ser humano. Además, dichos niveles sonoros, explica la experta, “se superponen con el resto de ruidos que ya existen en el mar” por lo que podrían generar graves daños auditivos en las especies marinas, asegura.

Contra lo que pueda suponerse, el ambiente submarino está muy lejos de ser silencioso. Los factores físicos, como el viento, la lluvia, el hielo e incluso los terremotos crean sus propios sonidos, a los que deben sumarse los producidos por las maquinarias y las acciones creadas y desarrolladas por el ser humano. Los cañones de las prospecciones sísmicas agregan estruendos en un escenario en el que resulta indispensable no alterar en demasía los ruidos habituales. Además, “no se trata de impactos aislados, sino acumulativos y sinérgicos, un aspecto que no veo que haya sido tomado en cuenta con el énfasis que corresponde en las presentaciones realizadas”, dice Michelson.

La distancia de la fuente de un ruido tiene una incidencia vital en el impacto y el tipo de lesiones que puede producir. Fuente: Prospección Sísmica. Riesgos e Impactos en el mar argentino. Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

El mencionado informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico señala que “una amplia variedad de organismos marinos utiliza el sonido para diversas funciones biológicas: la alimentación, la reproducción, la socialización, el cuidado paternal, el reconocimiento de crías, la evaluación del entorno, la detección de presas y depredadores, la orientación, la navegación, la comunicación entre individuos, etcétera”.

A partir de esta información resulta sencillo deducir que la irrupción de nuevos sonidos puede interferir de manera directa en los comportamientos de peces y mamíferos marinos. “Los efectos en el sistema auditivo de peces y mamíferos son fisiológicos, biológicos y conductuales”, subraya Vueso. “Empiezan a evitar las zonas de alimentación donde se efectúan los disparos, se estresan, y si la reiteración deriva en una discapacidad permanente puede acabar en el varamiento y la muerte de los individuos”, asegura. De hecho, uno de los inconvenientes en el uso de estos métodos es que sus consecuencias no son inmediatas, por lo que resulta imposible medir la incidencia de mortalidad producida a mediano plazo por lesiones auditivas.

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Ballenas y merluzas desaparecidas durante todo un año

Situadas en la acera de enfrente, las empresas que se adjudicaron las concesiones y el gobierno nacional describen las prevenciones que se tendrán en cuenta y relativizan los daños.

La última actualización del estudio de impacto ambiental realizada por la consultora Serman para la petrolera Equinor acepta que la ballena franca austral “presenta una moderada a alta sensibilidad frente al proyecto, principalmente debido a que el rango de audición estimado se superpone con el rango principal de frecuencias de la actividad sísmica propuesta”. Asimismo, determina que “la exposición aguda [de ese grupo de cetáceos] a ruidos a corta distancia genera desplazamientos espaciales que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga”. Sin embargo, la conclusión es que “independientemente de la potencial existencia de efectos a largo plazo, se considera que los mamíferos marinos desarrollan una reacción de evitar directa e inmediata a las fuentes sonoras”.

Tabla donde se aprecia la coincidencia entre los niveles de ruidos del mar (naturales o antropogénicos) y los rangos de audición de algunas especies. Fuente: Prospección Sísmica. Riesgos e Impactos en el mar argentino. Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Luisina Vueso aporta lo ocurrido en anteriores experiencias: “En 2009, la empresa Panamerican realizó tareas de prospección sísmica en el Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza no pudieron trabajar durante un año porque los peces desaparecieron. Lo mismo ocurrió con las ballenas. No se vio ninguna en ese lapso. No estoy diciendo que hayan muerto, pero no volvieron”.

Respecto al procedimiento en sí mismo, el estudio de impacto ambiental indica que será de “arranque suave”, es decir, que el pulso sísmico se irá incrementando durante al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima. Y detalla que tres observadores de fauna marina, situados en el punto más alto del barco desde el cual se realizan las prospecciones, controlarán con sus prismáticos que “los organismos marinos abandonen el área” al menos media hora antes de que los disparos alcancen su máxima potencia. Un operador de monitoreo acústico pasivo (sin visión directa) servirá de apoyo desde el interior del buque.

Recorridos efectuados por ballenas solitarias marcadas con neurotransmisores en el mar argentino y sus alrededores. Proyecto Siguiendoballenas (https://siguiendoballenas.org/) Fuente: Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

“En cada instancia de este proceso apuntamos a levantar la vara de evaluación ambiental, incluso por encima de los estándares internacionales”, asegura Nicolini, y lo reafirma con un ejemplo: “Países como Reino Unido o Canadá fijan el radio de protección de mamíferos marinos en 500 metros alrededor de donde se lleva a cabo la prospección. En nuestras actividades de exploración sísmica en las áreas de la Cuenca Argentina Norte hemos duplicado ese radio hasta un kilómetro”.

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Temor a los derrames, dudas sobre la rentabilidad

Las divergencias de opinión abarcan también otras cuestiones. En el informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico se enumera una decena de lugares de alto valor de conservación —reservas provinciales y de la biósfera, sitios Ramsar, áreas protegidas marino-costeras o ecológicas y biológicas significativas— ubicadas a menos de 250 kilómetros del proyecto de evaluación sísmica. Algo más alejado también se encuentra el Agujero Azul, al que se denomina “el supermercado del mar”, no solo por la disponibilidad de alimento sino porque es una zona de generación de oxígeno, absorción de carbono y producción de fotosíntesis.

En el estudio de impacto ambiental, en cambio, se menciona que las áreas naturales protegidas marinas “vedan en principio las actividades exploratorias y productivas” y aclara que “se consideró la proximidad y eventual afectación indirecta por actividades sísmicas”, sin abundar en más detalles. “En esos estudios las empresas dicen lo que quieren, incluso mienten sin que nadie las sancione. Hay demasiados defectos en las normativas”, denuncia Alejandra Pastor.

Ballena franca austral. Foto: Centro de Conservación Cetácea (CCC).

El riesgo de que se produzcan derrames o microderrames de petróleo cuando comience la explotación es otro punto de discusión. “Un reciente trabajo científico recopiló la información de más de 1700 derrames agudos en el mundo que liberaron millones de toneladas de petróleo entre los años setenta y 2018. Sin embargo, solo en el 18 % de los casos se informaron los efectos sobre la vida silvestre”, comenta Andrea Michelson. “Equinor, la empresa que lidera el proyecto, ha tenido decenas de accidentes en Noruega y Brasil”, denuncia a su vez Luciana Vueso.

Al hablar de las tareas de exploración del pozo Argerich-1, Equinor estima que los escenarios de derrames submarinos o de superficie “son de baja probabilidad (0,001-0,01 %)”, aunque acepta que “podrían afectar potencialmente a especies vulnerables y en peligro de extinción en aguas argentinas”. Según Cecilia Nicolini, “en caso de derrame desde el pozo, este no llegaría a las costas”. El Argerich-1 tendrá una profundidad de 4000 metros y será cerrado y sellado una vez que concluya la exploración. Dicha profundidad, es la misma que deberán alcanzar la mayoría de las perforaciones que se realicen a futuro para extraer el hidrocarburo si es que se avanza a la etapa de la explotación. Las dificultades que plantearían el control y la eventual reparación de un desperfecto imprevisto a semejantes distancias tampoco escapa a los cuestionamientos.

Foto: Instituto de Conservación de Ballenas. www.ballenas.org.ar.

Por el momento, el gobierno argentino solo ha autorizado las prospecciones que certifiquen la existencia de hidrocarburos, pero el debate sobre la verdadera rentabilidad que la explotación de los mismos pueda generar una vez que comiencen a extraerlos del subsuelo marino también está en marcha.

“Se espera que los pozos que se instalen en el talud estén operativos en 2030, año en el que deberíamos haber reducido mucho las emisiones de CO2”, subraya Michelson. “Las cifras de divisas que se obtendrían están consideradas según el precio actual del petróleo, que no es real porque está condicionado por las sanciones a Rusia”, apunta Luisina Vueso. Ni las empresas implicadas, ni la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron responder las preguntas de Mongabay Latam al respecto.

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La compleja batalla judicial

Con alta participación ciudadana, todas estas cuestiones han invadido las calles de la generalmente tranquila costa atlántica de Buenos Aires. En cuanto se conoció la autorización para empezar las tareas, la reacción social se hizo sentir a través de las protestas y de una batalla judicial que aún perdura.

No habían transcurrido ni dos semanas tras la publicación del decreto gubernamental de diciembre de 2021 y ya el juzgado federal de Mar del Plata había recibido cuatro demandas de amparo, dos individuales (una de ellas presentada por el propio alcalde de la ciudad) y dos colectivas, solicitando una medida cautelar que suspendiera la puesta en marcha del proyecto. El 11 de febrero de 2022, el juez Santiago Martín admitió las presentaciones y paralizó cualquier iniciativa. Más tarde, el 3 de junio, la Cámara de Apelaciones revocó el recurso, pero solicitó al Ministerio de Ambiente la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental. El 18 de octubre, el juez Martín entendió que ese nuevo estudio no satisfacía las exigencias, pero el 5 de diciembre del año pasado la Cámara falló en contra del juez y permitió las exploraciones. La medida ha sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia que aún no se expidió al respecto, aunque esto no impide el comienzo de los trabajos.

Organizaciones ambientalistas presentan amparo y medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación, por la aprobación de la exploración petrolera offshore en el mar argentino, y piden que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021 que aprueba la realización del proyecto de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114, por su afectación al mar, a la biodiversidad y al clima.

“Las prospecciones podrían iniciarse ya mismo, aunque nos parece difícil que lo hagan hasta octubre o noviembre, ya que es más propicio realizarlas en verano cuando cambia el clima, disminuyen las tormentas y el mar está más calmo”, subraya Vueso.

Las espadas, mientras tanto, se mantienen en alto. Un recorrido por cualquier punto de la costa bonaerense permite descubrir paredes pintadas con el lema “No a las petroleras” y frases en defensa de la salud del mar. Las protestas frente a los juzgados marplatenses se repiten de manera continua.

“Sabemos que la lucha es muy desigual y que hay gente con mucho más poder que nosotros que quiere hacer su propio negocio sin que le importe nada el bien común. Pero ellos saben que tendrán a buena parte de la sociedad en contra, que habrá manifestaciones permanentes y que intentaremos ponerles todos los obstáculos posibles. Quizás sea la forma de impedir que venga el barco y acabar con esta historia”, se ilusiona Alejandra Pastor mientras mira el mar que surca casi cada día sobre su tabla de surf.

* Imagen principal: Organizaciones ambientalistas presentan amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación.

El artículo original fue publicado por Rodolfo Chisleanschi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Los desafíos ambientales de Perú en el 2023: nuevos gobernadores regionales, leyes ambientales en peligro y la deforestación imparable de la Amazonía

Mongabay Latam — Tue, 07 Feb 2023 15:09:18 +0000

- Perú inicia un año de cambios en las regiones con nuevas autoridades, mientras atraviesa una crisis política y social.
- Cuestionadas leyes que están en debate en el Congreso de la República, así como las amenazas a la Amazonía y los impactos en el mar que el 2022 sufrió el más grande derrame de petróleo de su historia son temas que están en la agenda del 2023.

Nuevas autoridades en los gobiernos regionales asumieron sus cargos el 1 de enero de 2023, en medio de una crisis política y social que ha dejado más de 40 personas fallecidas en Perú. El país se mantiene en Estado de emergencia luego de que el expresidente Pedro Castillo anunciara un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el gobierno ese mismo día.

Los días que siguieron fueron de protestas, marchas y enfrentamientos en casi todo el país cuyos puntos de agenda eran la renuncia de la nueva presidenta, el cierre del Congreso de la República y el adelanto de elecciones generales. Una semana después del estallido, el gobierno decretó el Estado de emergencia durante 30 días que se cumplieron este 14 de enero de 2023 y que autoriza a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en el control interno del país.

La población peruana pide la renuncia de la nueva presidente Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Foto: Agencia Andina.

Tras varios días de protestas, el Congreso de la República aprobó el adelanto de elecciones para abril del 2024 —aunque todavía debe confirmarse en una segunda legislatura—, pero además, mientras el país permanecía en conflicto, varias leyes que buscaban debilitar la política ambiental peruana estuvieron en la agenda para su aprobación. Cuestionados proyectos para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, así como para cambiar también la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial se discutieron los últimos días de 2022 y se mantienen en la agenda de este nuevo año.

Mientras la discusión política continúa su camino, los ecosistemas peruanos enfrentan desafíos que cada año se vuelven más complicados. La Amazonía va perdiendo sus bosques por efecto de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de madera, los cultivos ilegales de coca y las invasiones de tierras o el tráfico de las mismas para cambiar bosques por zonas de cultivo.

En medio de la devastación de la Amazonía peruana, los defensores ambientales y pueblos indígenas enfrentan amenazas y, muchas veces, asesinatos. Esta situación límite los ha ido arrinconando en sus territorios sin una real protección del Estado.

La Amazonía peruana resiste la presión de actividades ilegales que causan deforestación. Foto: Sebastián Castañeda/Mongabay Latam.

Los océanos también viven su propia lucha. El derrame de petróleo más grande ocurrido en el mar en enero de 2022 hizo visible los riesgos y la desprotección del mar frente a estos desastres.

Este es el panorama ambiental con el que iniciamos el año en Perú este 2023.

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La llegada de nuevas autoridades regionales

Las investigaciones por corrupción alcanzan a 17 de los 26 gobernadores regionales que asumieron su cargo este 1 de enero de 2023. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con 23 casos, encabeza la lista de las autoridades regionales con mayor cantidad de procesos por corrupción. El electo gobernador tiene ahora una orden de comparecencia restringida, impedimento de salida del país y un pago de 100 mil soles ordenado por el Poder Judicial ante la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos. En la lista sigue el gobernador de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, quien ha acumulado 11 procesos por delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación, colusión y cohecho.

El gobernador regional de Ucayali, manuel Gambini, tiene 10 denuncias por corrupción, según la Defensoría del Pueblo.

En las regiones de la Amazonía, Manuel Gambini Rupay, gobernador regional de Ucayali, tiene diez investigaciones por peculado, negociación incompatible, colusión, malversación, concusión y cobro indebido. No es la primera vez que Gambini Rupay está a la cabeza de Ucayali pues ocupó el mismo cargo en el periodo 2015 al 2018. Una situación similar ha sucedido en Madre de Dios, donde Luis Otsuka, con tres investigaciones por peculado, malversación y colusión, ha retornado como gobernador regional después de un periodo fuera del cargo. En tanto, los gobernadores de San Martín, Walter Grundel, con siete investigaciones por corrupción, y de Loreto, Jorge Chavez, con cuatro casos, también han asumido sus cargos este 1 de enero.

“Hay algunos que me preocupan, como el señor [Luis] Otsuka, en Madre de Dios, porque su regreso significa el retorno de la minería ilegal como un actor negativo en la región. Ya hemos visto cómo fueron las cosas la primera vez que fue gobernador regional”, señala Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente.

Otsuka, quien durante su gestión anterior promovió la derogación de las normas para la formalización minera y que además figura con dos denuncios mineros en Geocatmin (sistema de información geográfica de la minería), asume ahora la conducción de la región más deforestada por la minería ilegal.

Autoridades regionales y locales de Madre de Dios se reunieron con los manifestantes en La Pampa. Foto: Informativo Madre de Dios.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también cuestiona la elección de Otsuka en Madre de Dios. “Después de todo lo que se denunció y del daño generado en la región, nuevamente tienes a Otsuka de gobernador y con respaldo fuerte de la población. Incluso Madre de Dios tiene también congresistas con denuncias vinculadas a temas de ilegalidad. Si te das cuenta el esquema siempre tiene que ver con la ilegalidad, el crimen organizado y la corrupción”.

En Ucayali el retorno de Manuel Gambini Rupay a la gobernación regional también causa preocupación debido a las investigaciones fiscales en su contra. Iris Olivera, Coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la organización Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR) menciona que la vinculación de los gobernadores regionales con la actividad maderera los lleva a “priorizar esta actividad extractiva en lugar de promover mecanismos vinculados a la protección y resguardo de los bosques”. Además, Olivera recuerda los problemas de seguridad jurídica y tráfico de tierras que existen en esta región que ocupa el primer lugar en cuanto a deforestación de bosques, según la evaluación de Geobosques, del Ministerio del Ambiente.

Olivera también menciona que con el estado de emergencia que se ha decretado en el país, se reducirá la presencia estatal y policial en lugares lejos de las ciudades como La Pampa, en Madre de Dios, así como en Amazonas y en Loreto. “Las actividades ilegales aprovecharán esta ausencia estatal, como ocurrió durante la pandemia, que se incrementaron las actividades ilegales porque, justamente, no hubo presencia estatal”.

Para Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, los nuevos gobernadores regionales que acaban de asumir sus cargos deben integrar efectivamente las cuestiones ambientales y climáticas dentro de sus planes de inversión en diversas áreas: conectividad, infraestructura, atención de servicios básicos, desarrollo rural, gestión forestal y minería artesanal.

En octubre de 2022 se eligieron a los nuevos gobernadores regionales. Foto: Agencia Andina.

“Los gobiernos regionales tienen una importante responsabilidad sobre las condiciones en que se encuentra el ambiente y los ecosistemas en su región. La primera línea de responsabilidad está en manos de los gobiernos regionales y estos cuatro años que vienen son fundamentales para que el país tenga mejores condiciones para enfrentar los desafíos climáticos que están afectando severamente los medios de vida”, señala Castro, quien actualmente es director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú.

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La legislación ambiental

“El Congreso nos preocupa mucho porque a lo largo de los últimos meses ha empezado a promover normas nefastas para el medio ambiente, para los defensores ambientales y para los pueblos indígenas”, señala Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés).

Varias leyes cuestionadas que impactan en el medio ambiente se debaten en el Congreso de la República. Foto: Agencia Andina.

Urrunaga comenta, por ejemplo, que se intenta modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en contra de la opinión de todos los expertos del sector público, de organizaciones civiles y de los pueblos indígenas. “Todos la califican como nefasta, como destructiva para los bosques y en contra de los derechos de los pueblos indígenas”.

El proyecto al que se refiere Urrunaga es una propuesta para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que incluye disposiciones para promover la zonificación forestal. Esta norma fue aprobada inicialmente en julio de este año, pero el Ejecutivo la observó. Tras regresar al Congreso, se decidió que la propuesta sea debatida nuevamente en la Comisión Agraria y también en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Sin embargo, la Comisión Agraria persiste en su pedido de que se apruebe por insistencia. Actualmente permanece en la agenda del Pleno para debatirse en cualquier momento.

El proyecto de ley ha sido cuestionado por instituciones públicas, pueblos indígenas y organizaciones civiles. Incluso los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente y de Cultura han señalado que los cambios propuestos en la Ley Forestal “provocarían deforestación y degradación de los bosques”.

Otro proyecto de ley que ha causado controversia en las últimas semanas es la propuesta de modificación de la Ley para la protección de Pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Piaci), una norma que también ha sido considerada peligrosa porque propone que los gobiernos regionales decidan la creación de las reservas en lugar del gobierno nacional como sucede hasta ahora. La norma está en debate en la Comisión de Descentralización y podría ingresar a discusión al Pleno del Congreso en cualquier momento.

Una maloca se observa en el territorio solicitado para la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes. Foto: Mongabay Latam.

“Las organizaciones indígenas protestan porque el Gobierno Regional de Loreto está entregando concesiones forestales de modo acelerado sobre reservas indígenas para pueblos en aislamiento o en territorios solicitados para tal fin. Esto va absolutamente en contra de la ley”, comenta Urrunaga. En paralelo a estos reclamos —continúa Urrunaga— el Gobierno Regional de Loreto emite comunicados en los que exige la derogación de la Ley Piaci, argumentando que los indígenas en aislamiento no existen, que son un mito creado por las organizaciones ambientalistas.

Un grupo formado por empresarios y autoridades regionales denominado Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) se ha pronunciado en más de una ocasión en contra de la creación de las reservas indígenas y han emitido comunicados en los que se niega la existencia de los Piaci en la región, principalmente en el territorio solicitado para la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes pese a que en setiembre de 2022, el Ministerio de Cultura reconoció la existencia de los pueblos en aislamiento en este territorio.

“Me preocupa este movimiento político para desconocer la existencia de pueblos no contactados y promover el uso indiscriminado de los recursos naturales como alternativa de desarrollo”, dice Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente, en relación a lo que sucede en Loreto.

El controvertido proyecto para modificar la ley Forestal podría causar mayor deforestación en la Amazonía peruana. Foto: Mongabay Latam.

Mariano Castro, de FCDS Perú, considera que es fundamental alertar sobre “los retrocesos y atentados contra los medios de vida de la población que son impulsados por grupos políticos en el Congreso”. Castro señala que estas prácticas van en contra de los derechos ambientales y de los derechos territoriales de la población más vulnerable de Perú. “Creo que es fundamental que la sociedad civil impulse acciones para generar alternativas que expresen las prioridades nacionales en esta materia, y para que en este periodo electoral que se viene se generen propuestas políticas sólidas que incluyan e integren la cuestión ambiental”.

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Los peligros en la Amazonía

La pérdida de bosques en la Amazonía ha sido una constante en los últimos años. Aunque el 2021 la deforestación fue menor a la registrada en años anteriores —137 976 hectáreas de bosques, cifra inferior a las 203 272 del año 2020— los números ubican al Perú entre los países con mayor deforestación en Latinoamérica.

El gráfico muestra las cifras de deforestación en Perú en los últimos 20 años. Imagen: Geobosques.

Ucayali con 36 305 hectáreas deforestadas encabeza la lista de regiones con más bosques perdidos, le sigue Madre de Dios con 23 142 hectáreas y Loreto con 19 829 hectáreas. Detrás de ellas van Huánuco con 15 021 hectáreas, San Martín con 13 080 hectáreas y Junín con 12 082 hectáreas. También están Pasco con 5597, Cusco con 5349, Amazonas con 4330 y Puno con 1891 hectáreas.

“La deforestación en la Amazonía es un tema central y eso implica que se prioricen políticas efectivas para reducir la pérdida de bosque que incluyen generar alianzas concretas con gobiernos regionales”, señala Mariano Castro de FCDS Perú. Asociado al tema de la lucha contra la deforestación —continúa Castro— está la presencia del crimen organizado y las actividades ilegales que, además, son una amenaza para personas defensoras de derechos humanos y derechos ambientales. “Se requiere fortalecer la Unidad de Delitos Ambientales y las estrategias y mecanismos multisectoriales de protección a los defensores y atacar las causas estructurales como, entre otras, los problemas de titulación. Además, se debe atender los problemas en el sector rural con estrategias de desarrollo productivo bajo en carbono”.

Para el Procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, es importante que en 2023 se cuente con presupuestos adecuados para que se intensifiquen las acciones de interdicción y de investigación en contra de la minería ilegal. “Cada año se va incrementando el número de casos y no necesariamente se incrementa proporcionalmente el número de fiscales y del equipo que se dedica a estas investigaciones”.

Guzmán también considera que para este 2023 se debe trabajar la estrategia de lucha contra la minería y que esa estrategia establezca las pautas para saber dónde priorizar las intervenciones, sin embargo, el Procurador señala que “toda la Amazonía está plagada de esta actividad, ya no es Madre de Dios como hace ocho a diez años, actualmente están en Loreto, Amazonas, Cajamarca”.

La comunidad nativa Tres Islas perdió más de 500 hectáreas de bosques en los dos últimos años por causa de la minería ilegal. Foto: FEMA Madre de Dios.

Solo en Madre de Dios, según los informes Radiografía de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en la Amazonía Peruana y Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en la Amazonía peruana, hay 46 605 mineros artesanales y, de esa cifra, 31 390 son informales y 9323 ilegales. Solo unos cinco mil mineros trabajan de manera formal.

Como indica el procurador Guzmán, la minería ilegal se ha extendido por toda la Amazonía. La presencia de las denominadas pequedragas —dragas para la extracción de oro adaptadas en pequeñas embarcaciones de madera— están en los ríos de Loreto como en Napo, en Nanay y el Putumayo. También se han encontrado en los ríos de la región Amazonas. Por otro lado, sectores de la Amazonía en las regiones de Huánuco y Pasco también tienen presencia de minería ilegal.

La deforestación amazónica también está relacionada con el narcotráfico y la invasión de bosques y territorios indígenas para este fin. Los casos de las comunidades nativas Unipacuyacu y Puerto Nuevo del pueblo kakataibo en Huánuco y Ucayali son un ejemplo de cómo está avanzando el narcotráfico dentro de los territorios indígenas.

Según un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (Devida), hallazgos que fueron presentado por el expresidente de esta institución Ricardo Soberón, Ucayali se ha convertido en la región con el mayor incremento de producción de hoja de coca en Perú. Entre el 2020 y 2021, la superficie cultivada aumentó en 266 %, de 3822 hectáreas en 2020 a 10 151 hectáreas en 2021.

Los cultivos ilegales de coca han aumentado principalmente en la selva central de Perú. Foto: Amazon Watch.

“El despliegue policial es necesario en algunos momentos, pero lo fundamental es atender las causas de fondo a los problemas estructurales que está generando esta violencia, problemas que son frecuentemente denunciados por las organizaciones indígenas. Estamos hablando de la falta de seguridad jurídica de su tierra que está siendo parcelada y entregada con títulos individuales a colonos, del avance del narcotráfico y de la minería ilegal. Sería importante que todas las políticas que tratan de enfrentar estas problemáticas sean construidas con la participación de los pueblos indígenas”, manifiesta Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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¿Esperanza para los defensores ambientales?

Un tema que lleva pendiente varios años es la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso de la República. Durante el 2022 el tema no entró en la agenda del Ejecutivo ni del Parlamento luego de que en el año 2021 el pedido de aprobación fue archivado por el Legislativo.

“Se debe retomar el tema del Acuerdo de Escazú. Es una vergüenza que Perú sea uno de los pocos países que no lo ha aprobado, nos estamos quedando solos en la región”, señala Sidney Novoa, director SIG y Tecnología para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA).

Marchas en la que jóvenes le pedían al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú. Foto: Escazú Ahora Jóvenes Perú.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. También aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que 17 defensores y líderes indígenas han sido asesinados en Perú entre el 2020 y 2022, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Creo que como país tenemos todavía mucho trabajo que hacer en el tema de defensores ambientales y defensores de los derechos indígenas. Tenemos normas y protocolos para su protección pero no existen los presupuestos en las oficinas que tienen que activar estos protocolos. No se cuenta con recursos humanos ni económicos para implementar y garantizar la seguridad de los defensores ambientales”, dice Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental.

El último año, dos asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas han sido reportados por la CNDDHH. El primero ocurrió en Madre de Dios, el 20 de marzo, cuando Juan Julio Fernández Hanco, quien desde el año 2006 tenía una concesión de forestación y reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en Madre de Dios, recibió dos disparos de bala en la cabeza. El segundo crimen sucedió en Loreto, contra el líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa del Distrito de Manseriche, Genaro Comisario Bitap, quien fue asesinado de dos disparos de bala mientras caminaba acompañado de su hijo.

Para Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), es importante que este 2023 se asigne presupuesto para la protección de defensores ambientales. “Las organizaciones civiles se movilizaron para pedir que en 2023 se incluya una partida para defensores ambientales, pero no se logró que se incluya en la Ley de Presupuesto que se aprobó en el Congreso. Entonces nos encontramos con una situación donde los pocos casos donde se dictan medidas de protección, estas no son implementadas por falta de presupuesto”. Pérez menciona que lo que correspondería ahora es solicitar un crédito suplementario en el mes de marzo.

Colonos invaden el territorio de la comunidad nativa Puerto Nuevo para sembrar coca de manera ilegal. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Pérez pone como ejemplo el caso de la comunidad nativa Nueva Austria del Sira, donde la Policía se comprometió a realizar un patrullaje cada mes y “solo han podido realizar uno en todo el año por falta de logística”. Lo mismo ha ocurrido en el Cenepa —precisa Pérez— donde el Estado se comprometió a ejecutar un operativo de interdicción masiva contra la minería ilegal, pero no se ha podido cumplir porque no hay presupuesto para hacerlo. “La asignación de presupuesto y de personal suficiente es imprescindible para que el mecanismo de protección de defensores ambientales no sea letra muerta”.

Algo que es urgente —continúa Pérez— es la aprobación de lineamientos para las medidas de protección de los defensores por parte del Ministerio del Interior, pues asegura que sin esas pautas claras no se pueden tener detalles de cómo será la intervención de la policía. También está paralizada la aprobación de un protocolo dentro del sector mujer porque el mecanismo intersectorial contempla, al menos de manera enunciativa, el enfoque de género.

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Una mirada al océano

Durante el 2022, se debatió en la Comisión de Producción del Congreso de la República, hasta en dos oportunidades, el predictamen de un proyecto de ley que busca actualizar la Ley General de la Pesca que tiene 30 años de vigencia.

“Ha sido una discusión que se extendió todo el año 2022 e incluso hubo manifestaciones y múltiples encuentros entre pescadores, pero no avanza y llegamos al final del año sin que se apruebe”, comenta Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.

El 2022 no se logró aprobar la actualización de las Ley de Pesca, una norma con 30 años de antigüedad. Foto: The Nature Conservancy.

Riveros comenta que para el 2023, el proyecto de ley debería estar debidamente socializado y conversado con la participación de todos los sectores involucrados. “El mar debe estar claramente protegido, con un mejor manejo de stocks, mayor transparencia y mayor participación de los derechos de uso. Estamos cansados de escuchar por más de seis años de la formulación de esta ley y no se avanza”.

Uno de los temas que se incluyen en la propuesta de actualización de la Ley de Pesca es que por primera vez se incorporaría el concepto de recurso sobreexplotado. Actualmente, la normativa contempla diferentes grados de explotación de las pesquerías: inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Sin embargo, la categoría de “sobreexplotado”, es decir, cuando la pesca ha sobrepasado la capacidad natural de recuperación de la población, no existe en la ley actual. El proyecto también contempla la protección de las cinco millas como una zona de refugio y reproducción de las especies costeras; la reclasificación de la flota artesanal y la creación e implementación de zonas de reserva pesquera, es decir, espacios clave en el mar que deberían recibir una atención especial para facilitar la reproducción y crecimiento de ciertas especies.

Los impactos dejados por el derrame de petróleo ocurrido a inicios de 2022, en la costa central de Perú, también requieren de atención este nuevo año. Como se recuerda, el 15 de enero del año pasado se vertieron 11 900 barriles de petróleo en el mar peruano, las playas de Ventanilla, en el Callao. La emergencia ambiental se registró cuando el Buque Tanque Mare Doricum, de bandera Italiana, realizaba operaciones de descarga de petróleo en las instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol. Lo que siguió fue una catástrofe ambiental con consecuencias en los ecosistemas marinos y en la población que depende directamente de la pesca.

Andrea Collantes, bióloga marina experta en derrames de petróleo, señala que es importante seguir atendiendo la afectación ecológica del mar, pero también los impactos sociales y económicos, “porque los pescadores todavía siguen luchando con la empresa Repsol para que se cumpla con los pagos de la ayuda económica”.

Funcionarios de Sernanp recogen las aves muertas en el área protegida. Todas tienen las plumas y el pico manchados de petróleo. La información de este censo será proporcionada a fiscalía. Foto: Max Cabello Orcasitas / Mongabay Latam.

Collantes menciona que también es una tarea pendiente contar con datos reales de cuáles han sido los efectos de este derrame. “Se debe saber cuál es la afectación biológica, hasta el momento, en los ecosistemas marinos y también hacer evaluaciones de las especies que hasta ahora no han sido analizadas como el plancton, los crustáceos, los moluscos, así como el monitoreo del fondo marino”.

Un tema que también se viene postergando desde hace varios años es la creación de nuevas áreas protegidas marinas —una de ellas la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau— para alcanzar las metas definidas por los compromisos internacionales suscritos por el Perú. Hasta ahora no se ha logrado llegar al 10 % del compromiso que se asumió con las Metas Aichi y recientemente, en la conferencia de las partes número 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP 15) se acordó como nuevo marco global la estrategia 30×30, es decir, que por lo menos el 30 % de la superficie terrestre y acuática del planeta esté bajo algún tipo de manejo y conservación para el año 2030. Perú se ha sumado a esta meta global.

Imagen principal: Pequedraga realizando minería ilegal en el río Putumayo. Foto: Michelle Carrere.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

EL MIEDO A LA DEMOCRACIA

Hernando Llano Ángel — Sat, 28 Jan 2023 15:22:46 +0000

EL MIEDO A LA DEMOCRACIA

Hernando Llano Ángel.

Es tan pobre y limitada nuestra idea y práctica de la democracia que ella misma se convierte en objeto de polarización cuando se pretende expresarla y vivirla en las calles y el espacio público. Es lo que está sucediendo con la convocatoria de las marchas contra el gobierno de Petro, programadas para el próximo 14 de febrero, y el llamado del Presidente a la ciudadanía a respaldar ese mismo día sus iniciativas legislativas. Semejante tensión y polémica tiene como trasfondo una visión profundamente maniquea y equivocada de la democracia, que la sitúa en una arena de combate entre supuestos amigos y enemigos de la misma. De allí la tensión y el peligro para ambas partes de encontrarse en las calles cara a cara. Ello, probablemente, conduciría a un enfrentamiento violento, pues ya las redes sociales han incitado profusamente a los dos bandos a batirse en las calles. Los estereotipos, prejuicios y odios mutuos son incontenibles e irrebatibles, ellos no dejan lugar a los argumentos, solo a las emociones y pasiones que reafirman identidades fanáticas en cada bando. Los congresistas opositores que convocan la manifestación contra Petro lo consideran un enemigo implacable de la democracia liberal representativa, a la cual supuestamente pretende subvertir, destruir y sustituir por una democracia plebiscitaria para gobernar carismáticamente y en forma caudillista. A la manera del “Estado de opinión, parte 2”, según editorial de este diario. ¡Cómo si la democracia se agotara en las urnas y en sus instituciones representativas! Olvidan el artículo 2 de la Constitución que señala como fin esencial del Estado: “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Afirman que la convocatoria del Presidente a sus seguidores presagia y anuncia el camino recorrido por Hugo Chávez y profundizado por Nicolás Maduro. Que inevitablemente vamos a la hecatombe de Venezuela. De otra parte, Petro estima que no obstante contar con las mayorías en el Congreso, solo el apoyo popular a sus reformas garantizará que se puedan realizar. De tal suerte que la democracia deja de ser el ámbito por excelencia para el debate, la deliberación y la persuasión y se va convirtiendo en un terreno cenagoso donde lo que importa es vencer y no convencer. Un terreno donde lo primero que desaparece es el reconocimiento del otro como un adversario y su conversión en un peligroso enemigo que no merece la menor credibilidad y confianza. Un enemigo cuyas iniciativas gubernamentales están viciadas y descalificadas de antemano, pues su única finalidad es destruir la democracia para supuestamente implantar el socialismo; dejar a Colombia sin reservas de gas y petróleo; expropiar a los empresarios y acabar con la propiedad privada; legalizar la cocaína e instaurar un narcoestado mediante la estrategia de la “paz total” para así garantizar la impunidad completa a los más implacables criminales de lesa humanidad, codiciosos e insaciables narcoterroristas, camuflados tras banderas políticas. Tal son, sin exageraciones, el contenido de innumerables memes y mensajes que circulan profusamente por las redes sociales. Todo lo anterior es un revival casi semejante a la exitosa campaña desatada por el Centro Democrático contra el Acuerdo de Paz en el 2016, que logró que millones de colombianos salieran a “votar verracos por el NO”, manipulando sus miedos, prejuicios y odios. Dicha campaña auguraba un inminente gobierno de las Farc, la pérdida de las pensiones para subvencionar guerrilleros, la perversión de niños y jóvenes con la ideología de género, en fin, la llamada hecatombe nacional y la venezonalización irreversible de Colombia si se refrendaba el acuerdo. Han pasado 6 años de aplicarse parcialmente el Acuerdo y nada de eso sucedió. Fue una campaña tan exitosa como mentirosa, que incluso reconoció en tono exultante su director, Juan Carlos Vélez Uribe, por lo cual mereció hasta un regaño del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su manejo imprudente de las comunicaciones. Es el uso estratégico y deliberado de la mentira para infundir miedo y precipitar a una sociedad al abismo de la desconfianza, la ingobernabilidad de la polarización y el fracaso total de un gobierno reformista, si acaso socialdemócrata. Así promueve la oposición su profecía autocumplida de la hecatombe nacional. De allí que el mayor desafío que enfrenta el gobierno del Pacto Histórico sea confrontar todo lo anterior con la verdad, con información verificable y argumentos razonables, sin dejarse arrastrar por la tentación de jugar con las mismas cartas de sus opositores y saboteadores profesionales. Logró hacerlo con la aprobación de la reforma tributaria, pero debe refrendarlo con eficientes políticas sociales que promuevan una ciudadanía con mayores oportunidades para el ejercicio autónomo de sus derechos a la educación, la salud, la propiedad y la prosperidad, sin pretender atraparla en las redes precarias del asistencialismo. Para ello debe esforzarse en corregir su deficiente información y pedagogía pública sobre reformas tan cruciales y vitales como la transición energética, la salud, el régimen laboral y pensional, la paz total, sobre las cuales hay más sombras que claridades. Petro debe superar el uso frenético del Twitter y estimular la presentación y deliberación pública de las reformas, no solo en el Congreso, sino en espacios académicos, profesionales y sociales, con la intervención de expertos y de todas las partes interesadas y afectadas. El mayor reto en la actualidad es no caer en el abismo de una democracia adversarial y de revancha, solo interesada en vencer a la oposición o provocar el colapso del gobierno. Si queremos vivir algún día en democracia debemos transitar por la búsqueda de acuerdos nacionales donde el sentido de lo público y el bienestar general prevalezcan sobre los intereses y las obsesiones de las partes. Para hacerlo hay que derrotar el miedo a la democracia y despojarnos de tantos prejuicios, privilegios y fundamentalismos ideológicos, desde la derecha, el centro y la izquierda. Dejar atrás la democracia como un juego de suma cero, donde siempre ganan las minorías del país político[6] y pierden las mayorías del país nacional, para entre todos, como ciudadanos responsables y deliberantes, antes que beligerantes, forjar una democracia de suma positiva que garantice la convivencia como resultado de la justicia social y la paz política. Convendría al Pacto Histórico tener siempre presente el sabio consejo del jurista suizo Johann Caspar Bluntschli: “La política debe ser realista; la política debe ser idealista: Dos principios que son ciertos cuando se complementan y falsos cuando se mantienen separados”, especialmente en la política de transición energética. Pero también, en la conducción del Estado, atender la lúcida advertencia del poeta romántico Friedrich Hölderlin: “Lo que ha hecho siempre del Estado un infierno en la tierra ha sido precisamente el intento del hombre de convertirlo en su cielo”. Tal podría ser el mayor peligro de la “Paz Total”, más próxima al reino celestial que al conflictivo mundo terrenal, donde deberíamos esforzarnos por alcanzar una “Paz Grande”, como la propuesta en el Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, para salir de este infierno en que vivimos, donde cada día continúan siendo asesinados más líderes sociales y desplazadas o confinadas numerosas comunidades rurales, salvo los avances significativos para la convivencia pacífica en Buenaventura.

[6] “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!” Jorge Eliécer Gaitán, abril 20 de 1946. Teatro Municipal, Bogotá.