Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

Leer más | Elecciones en Colombia: los principales candidatos relegan la agenda ambiental con propuestas incompletas

Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

Leer más | “En Colombia, en temas ambientales y de defensores seguimos siendo un país que se queda mucho en la retórica” | ENTREVISTA

Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

Leer más | Imágenes satelitales revelan la devastación de la minería ilegal en los ríos de la Amazonía colombiana

Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

Leer más | Colombia: estudio afirma que emisiones contaminantes persisten en instalaciones de Ecopetrol en Magdalena Medio, pese a compromisos ambientales

Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.  

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.

Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

Leer más | Conoce y regístrate en el Puma Fest: primer Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

Leer más | Colombia: el nuevo Congreso llega con el desafío de legislar sobre defensores, deforestación, energía y crisis climática

Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

Leer más | Desafíos ambientales de Colombia en 2026: incremento de la violencia, deforestación y defensores en riesgo en un año electoral

Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Leer más | En Colombia, 2025 fue el año más violento para defensores de DDHH desde la asunción de Gustavo Petro | INFORME

Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

Leer más | La minería china se expande en Nicaragua sin consulta, con denuncias de impactos y desplazamientos | INFORME

“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

Leer más | El mar argentino a oscuras: qué se pierde cuando no hay un observador a bordo de la flota pesquera

Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

Leer más | Desafíos ambientales de Colombia en 2026: incremento de la violencia, deforestación y defensores en riesgo en un año electoral

Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

Leer más | Colombia: el desafío de alcanzar la autonomía indígena pese a la violencia y las deudas del Congreso

Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

Leer más | Colombia: una hidroeléctrica cambió el río Sogamoso y está impactando en la vida de las comunidades ribereñas | ESTUDIO

Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

Leer más | Ministra Irene Vélez: “La instrucción del presidente Petro fue superar el extractivismo” | ENTREVISTA

También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Los tiburones sedosos no son los más grandes de su género, miden en promedio unos dos metros y medio. Sin embargo, tienen la capacidad de nadar 45 kilómetros diarios. Esta característica que los hace admirables también los vuelve vulnerables. Un estudio reciente encontró que los Carcharhinus falciformis pasan la mitad de su tiempo en zonas pesqueras y el resto lo pasan dentro de alguna área marina protegida del Pacífico Este Tropical.

Leer más | Científicos logran imágenes únicas de orcas depredando tiburones blancos juveniles en México | ESTUDIO

“Están ranqueados como una de las dos especies más pescadas a nivel mundial por su tendencia a agregarse en cardúmenes de atún [para alimentarse]”, explica Pelayo Salinas de León, investigador de la Fundación Charles Darwin de Galápagos y coautor del artículo científico publicado a inicios de 2026 en Biological Conservation.

Mientras persiguen su alimento favorito, caen en cercos de pesca y palangres –una línea madre de la cual penden múltiples ramales con anzuelos–, describe el investigador. La especie está clasificada como “Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

No obstante, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) clasifica a la especie en su Apéndice II. Es decir, se permite su comercialización. Además, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el organismo de regulación pesquera regional, autoriza que los palangreros retengan hasta un 20 % por peso de tiburón sedoso.

“El 20 % de la captura total de un viaje puede suponer muchas toneladas de tiburón. [El permiso] no discrimina por tallas, sexo, condición reproductiva ni fisiología”, señala Irene Casanova, bióloga marina e investigadora de la organización no gubernamental mexicana Pelagios Kakunjá. Por eso, opina que el artículo de sus colegas es novedoso y necesario. “Aporta una evidencia útil para la conservación del tiburón sedoso”, afirma.

El estudio encontró que los tiburones pasaron el 46.95 % de su tiempo dentro de alguna área marina protegida. Si se consideran solo las zonas de protección total, donde la pesca está 100 % prohibida, el tiempo se reduce al 41.76 %. Por los riesgos que los sedosos enfrentan fuera de las áreas marinas protegidas, los autores sugieren expandir la Reserva Marina Hermandad, ubicada al noreste de las Islas Galápagos, hacia el norte y el oeste, zonas identificadas de alto riesgo para la especie.

Cuarenta tiburones marcados para estudiar sus trayectos

Los científicos viajaron en embarcación hasta las islas Darwin y Wolf, donde hay una de las mayores concentraciones de tiburones en el mundo. Antes de su llegada, prepararon anzuelos sin muerte, es decir, sin la pequeña púa tras la punta, minimizando el daño al animal. “Se lima el mecanismo para retener al tiburón, con lo cual la soltada es más fácil después de instalar el transmisor satelital”, explica Salinas de León.

Una vez que capturan un tiburón, esperan a que esté cansado y lo acercan al lateral de la embarcación. Sin sacarlo del agua, para que pueda respirar, se hace la maniobra de marcaje. En menos de siete minutos, los especialistas instalan el equipo tecnológico en la aleta dorsal. “Se prioriza el bienestar del animal”, asegura el investigador de ecología y conservación de tiburones.

Se marcaron 40 individuos: 33 hembras y siete machos. Los investigadores no saben a ciencia cierta si es que hay épocas del año preferidas por las hembras para nadar en esa zona, si es una zona importante para ellas a lo largo del año o si son más propensas a morder anzuelos. Lo que queda claro al momento es que muchas especies de tiburones tienen una segregación sexual: “chicos por un lado y chicas por otro”, puntualiza Salinas de León.

Reconstruyeron las transmisiones que duraron más de 30 días. Eso les dejó un total de 38 trayectorias válidas para analizar. Es decir, dos tiburones, una hembra y un macho, pudieron perder sus transmisores. Esto sucede por diferentes razones, por ejemplo, pueden caerse, dañarse u otros animales pueden morderlos.

Durante dos años, los transmisores mostraron en tiempo real la posición de los 38 tiburones, una cantidad de ejemplares que permitió obtener patrones robustos sobre las rutas migratorias de la especie.

Una vez que se agotaron las baterías, se filtraron los datos para hacer análisis estadísticos de los movimientos y crear zonas de distribución. Así pudieron conocer la cantidad de tiempo que pasaron en áreas protegidas marinas y en zonas donde operan flotas pesqueras.

Los datos mostraron que los sedosos pasaron la mayor parte de su tiempo en Galápagos, con un 36.41 %. “Tenemos datos que muestran que pueden viajar a lo largo de distancias bastante grandes, así que me sorprendió que pasen tanto tiempo en la Reserva Marina de Galápagos”, dice Mahmood Shivji, profesor en Nova Southeastern University, otra de las instituciones que lideró el estudio a través de la Fundación Save Our Seas y The Guy Harvey Research Institute.

A pesar de su alta movilidad, pasaron muy poco tiempo en otras áreas protegidas. Por ejemplo, en la recién creada Reserva Marina Hermandad, ubicada en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, solo pasaron un 3.96 % de su tiempo y menos del 1 % en el Parque Nacional Isla de Cocos, en Costa Rica.

Leer más | México: una investigación con drones revela cómo el turismo impacta en el tiburón ballena

Pocos datos pesqueros

Los investigadores usaron información de Global Fishing Watch, una plataforma en línea y de acceso libre que monitorea la actividad pesquera industrial casi en tiempo real. Aunque es una fuente importante, los datos abiertos de embarcaciones no representan a toda la flota que opera en la región.

Salinas de León detalla que los datos disponibles para descargar son del sistema de rastreo AIS (Sistema de Identificación Automática), pero solo una fracción de las embarcaciones pesqueras lo usan. La mayoría tiene el sistema de posicionamiento VMS (Sistema de Monitoreo de Buques), pero estos datos no están abiertos al público. Además, puntualiza, gran parte de las embarcaciones de las flotas artesanal y semiindustrial no tienen sistemas de rastreo.

En el artículo se especifica que en el Pacífico Este Tropical, solo Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú proporcionan datos de VMS a Global Fishing Watch. No obstante, los datos solo pueden visualizarse en mapas específicos y no pueden descargarse para realizar análisis científicos detallados.

“Creo que es urgente que se comparta la información”, dice Irene Casanova, quien junto a Pelagios Kakunjá está rastreando a 30 tiburones sedosos marcados en el Archipiélago de Revillagigedo, México. “La solución sería que los gobiernos hagan obligatorio que se compartan los datos y, sobre todo, que se haga colaboración entre la comunidad científica y los gobiernos”, añade.

Debido a estos vacíos de información, los datos de Global Fishing Watch indicaron un riesgo diario aparentemente bajo para los tiburones sedosos.

Los riesgos fuera de las áreas protegidas: las flotas pesqueras

Cuando estos grandes depredadores cruzan los límites de las áreas protegidas, corren el riesgo de ser pescados, señala Salinas de León. Durante el rastreo, hubo tres eventos de pesca de los individuos marcados. El primero se dio fuera de la Reserva Marina de Galápagos, en aguas ecuatorianas; el segundo sucedió en el área económica exclusiva de Costa Rica; y el tercero, en aguas internacionales, entre el sur de El Salvador y el norte de Ecuador.

Los casos se confirmaron porque los transmisores terminaron en puertos pesqueros: dos de ellos en Punta Arenas, Costa Rica; y el último en Manta, Ecuador. “Ha habido más eventos, ahora llevamos el trabajo para ver en dónde están esas zonas de desaparición de los transmisores satelitales”, dice el investigador de la Fundación Charles Darwin.

Entre julio y noviembre, al oeste de las Islas Galápagos, en aguas internacionales, hay un fenómeno de afloramiento. Las presas de los sedosos nadan hacia esa zona y los tiburones y las flotas pesqueras van detrás. Aquí es cuando los ‘silkies’, como los llaman cariñosamente por su nombre en inglés, enfrentan mayor esfuerzo pesquero.

“Si vamos a protegerlos, tenemos que expandir las áreas marinas protegidas hacia el oeste”, afirma Shivji. El experto en la conservación y el manejo de tiburones y otras especies del océano señala que el Tratado de Altamar, que entró en vigencia a inicios de 2026, es el mecanismo que permitirá que se establezcan áreas marinas protegidas en aguas internacionales. “Como todo, es bastante político y va a tomar tiempo, pero es lo que debemos hacer”, afirma.

El tiburón sedoso no es el único que se beneficiaría de esta propuesta. Otros estudios demuestran que el tiburón martillo común y el tiburón ballena también usan esta zona, de acuerdo con Shivji.

El investigador reconoce que la presión pesquera no parará, pero el objetivo es encontrar herramientas de manejo que permitan que los tiburones sedosos no desaparezcan. El también genetista señala que la diversidad genética –necesaria para que las especies se adapten y sobrevivan– requiere de “grandes números de individuos”, por lo que hay que implementar medidas antes de que las poblaciones continúen decayendo.

Reforzar las medidas de protección

Salinas de León opina que hace falta revisar la clasificación del sedoso en la Lista Roja de Especies Amenazadas, pues “los volúmenes de captura actual son un riesgo”.

El investigador explica que al comparar a esta especie con otros tiburones con historias de vida similares, se concluye que “no se puede sostener una pesca severa durante tanto tiempo”. Estos animales son de crecimiento lento, reproducción tardía y tienen pocas crías, por lo que las poblaciones estarían disminuyendo a un ritmo mayor que su capacidad para reponerse.

Además, a su parecer, todas las especies en la Lista Roja deberían estar incluidas en el Apéndice I de CITES, con el fin de prohibir su comercialización y promover su protección efectiva.

El estudio señala que la Comisión Atunera ha implementado medidas, como la prohibición de retención de tiburones sedosos en buques de cerco. Aunque es un paso importante, Irene Casanova asegura que se necesita más información biológica para tomar una medida concreta. “Hay una mortalidad postliberación que no es evaluada”, dice.

Para la experta, hay que modificar los artes de pesca y los dispositivos de agregación flotantes, los cuales, asegura, son los que tienen más índice de pesca incidental de tiburón sedoso.

Shivji celebra que junto a sus equipos ya esté trabajando la Comisión Atunera. Asegura que existe un gran interés en la protección del tiburón sedoso y del tiburón martillo común. El organismo de regulación pesquera cuenta con observadores que viajan a zonas bastante alejadas, donde por recursos es difícil que los científicos lleguen. Por lo tanto, esta sería una oportunidad para obtener información clave para la conservación.

Por último, Salinas de León insiste en que dado que los datos muestran que los sedosos pasan más de la mitad de su tiempo en zonas expuestas a la pesca, es urgente que se formulen políticas pesqueras basadas en criterios biológicos y enfocadas en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

REFERENCIA

Vaudo, J. J., Salinas-de-León, P., Logan, R. K., Suarez-Moncada, J., Wetherbee, B. M., & Shivji, M. S. (2026). Pelagic sharks in parks: Marine protected areas in the Eastern Tropical Pacific provide limited protection to silky sharks tracked from the Galapagos Marine Reserve. Biological Conservation, 111658. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111658

Imagen principal: un sedoso junto a un cardumen de atún. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Historias de la ciencia es el programa radial, de divulgación científica, que escribe y trasmite el físico Guillermo Pineda, para la emisora de la Universidad de Antioquia

El capítulo 452, llamado “Divulgación” está dedicado al trabajo de mi padre.

En días pasados coincidieron aquí en el Antiquarium la profesora Juanita y el profesor Fonseca, la una buscando los libros del profesor Antonio Vélez, recientemente fallecido, y el otro buscando alguna curiosidad vintage para hacer un regalo. Cuando Juanita, que por ser muy joven no tuvo la oportunidad de conocer al profesor Antonio, comentó el motivo de su visita al Antiquarium, el profesor Fonseca manifestó ser conocedor de la obra de este distinguido ingeniero y matemático que con elocuencia y propiedad había divulgado en nuestro medio algunas de las tendencias más recientes de la sicología evolutiva, a la vez que se convirtió en un implacable crítico de las corrientes seudocientíficas que cautivan a los ilusos creyentes en curas milagrosas y eventos sobrenaturales, fieles seguidores de las autodenominadas medicinas alternativas y de la parasicología.  

–Tuve el gusto –nos comentó el profesor Fonseca– de asistir a las excelentes conferencias que Antonio ofreció en los auditorios de la universidad sobre la teoría de la evolución, luego de la publicación de su libro Del Big Bang al Homo Sapiens a mediados de los años 90, conferencias que suscitaron intensos debates, puesto que algunas de las afirmaciones que contiene su texto chocan con las ideas y los rígidos principios que defienden, o defendían, algunos de los compañeros más ortodoxos de la corrección política.

–Tengo las mejores referencias de la obra del profesor Vélez –expresó la profesora Juanita– y por eso quiero conocerla mejor. Lo que no me deja de extrañar es que un ingeniero y matemático no solo se haya interesado en el tema de la evolución, sino que se haya dedicado de manera tan sistemática y rigurosa –según lo que me han dicho– a la divulgación de esta disciplina científica, y es por eso que quiero conocer sus textos de primera mano.

–Según me dijo el propio Antonio –anotó el profesor Fonseca– en una de las animadas tertulias que compartíamos con un grupo de amigos luego de sus conferencias, su interés por la teoría de la evolución surgió luego de la lectura del libro La evolución en acción de Julian Huxley, que cayó en sus manos de manera casual, cuando quiso mejorar su comprensión del inglés mientras hacía su posgrado en matemáticas en los Estados Unidos.

–Teniendo en cuenta –complementó la profesora Juanita– que muchas de las conclusiones a las que llega la teoría de la evolución son el resultado de un estudio estadístico de poblaciones, ya no resulta tan extraño que una persona como el profesor Vélez, con una rigurosa formación en matemáticas, haya encontrado particularmente atractivo este aspecto de la teoría y, por así decirlo, haya quedado enganchado en su estudio y divulgación.

–De hecho –asintió el profesor Fonseca– el argumento más contundente del que echaba mano Antonio cuando se trataba de refutar los reclamos de las curas cuasi milagrosas de las medicinas alternativas, o de los sucesos fantásticos que proclamaban los parasicólogos, era el análisis estadístico de los casos, la teoría de las probabilidades y la programación lineal, de la que era un experto, tal como se puede apreciar en su brillante crítica a los creacionistas y defensores del diseño inteligente que exhiben la complejidad del ojo como ejemplo de una entidad que no pudo haber aparecido por azar.

– ¡Ah, sí! –coincidió la profesora Juanita– Para ciertas personas es difícil entender que no es raro que aparezcan estructuras tan complejas como nosotros mismos luego de millones de años de mutaciones y de selección natural.

–Por otra parte –continuó Fonseca– dentro del 30 y algo por ciento de la supuesta efectividad de los placebos se puede camuflar la pretendida efectividad de las medicinas alternativas, y la credulidad de las gentes hace lo demás.

–Mi papá decía –corroboró la profesora Juanita– que la naturaleza obra y el médico cobra. Pero no se puede negar la posibilidad de que algunas terapias alternativas estimulen los mecanismos de auto sanación del organismo, lo difícil es saber cuáles y cómo lo hacen.

–Buen punto. En sus escritos y conferencias –continuó el profesor Fonseca– Antonio se apoyaba en la ciencia en términos de lo que Carl Sagan llamaba un detector de mentiras, porque, si bien es imposible alcanzar la certeza absoluta sobre las causas de un fenómeno natural, resulta relativamente fácil desenmascarar un fraude.

–Al fin y al cabo –dijo la profesora Juanita– la ciencia no es el repositorio de la verdad sino el sistema más eficiente y confiable del almacenamiento y procesamiento de la información objetiva que se tiene sobre los fenómenos naturales.

–Se dice –comentó el profesor Fonseca– que es en los costureros, y no en los círculos académicos o científicos, donde se decide quién es el mejor médico de la ciudad.

–Estoy completamente de acuerdo, –añadió la profesora Juanita– no sé cuántas veces le he oído decir a personas que no tienen ni la más mínima formación en medicina que el doctor fulanito es el mejor especialista de tal o cual rama de la medicina, porque los atendió y les fue muy bien con él, sin tener en cuenta que es el único que los ha tratado.

–Y a la visconversa –replicó el profesor Fonseca– porque por competente que sea un médico no se le perdona un solo error, o un resultado desfavorable, a pesar de que el tratamiento haya sido el adecuado según su criterio y experiencia.

–Por eso es tan importante – añadió la profesora Juanita– hacer una buena divulgación científica, para que la gente esté bien informada y tome decisiones de manera racional y objetiva, en circunstancias que pueden ser de vida o muerte.

–Comprendo tus buenas intenciones, mi querida Juanita –dijo el profesor Fonseca–, pero, teniendo en cuenta la fría estadística, una de las herramientas preferidas del profesor Vélez, es notorio que las actividades relacionadas con la divulgación científica tienen muy poca acogida por el público en general, y por esta razón, o por este motivo, los medios de comunicación le dedican una muy pequeña parte de sus publicaciones a cuestiones relacionadas con la ciencia, en comparación con lo que le dedican a la farándula, los deportes, el horóscopo, o a los demagogos y populistas.

–Sin embargo –insistió la profesora Juanita– es necesario tener en cuenta que la llamada educación informal, de la cual hace parte la divulgación científica, aporta el mayor porcentaje del conocimiento sobre la ciencia que adquiere la población después de haber terminado el ciclo de educación formal, independientemente del nivel que se haya alcanzado.

–Créeme, mi querida Juanita –respondió Fonseca– que no desdeño el tremendo esfuerzo que han hecho divulgadores como Carl Sagan, o el profesor Vélez del que estamos hablando, porque nos brindan, a quienes tenemos un interés genuino por los asuntos científicos que se salen de nuestra competencia, la posibilidad de acceder a una información básica sobre temas de relevancia.

–Recuerdo, profesor Fonseca –dijo la profesora Juanita–, haberle oído decir a usted que no hay que ser músico para apreciar la música clásica, pero que mientras más se conoce de la teoría musical, más gusto se puede sacar al escuchar un concierto, y que lo mismo aplica para la ciencia.

–Tiene usted muy buena memoria, mi querida profesora –dijo Fonseca–, en esa ocasión me refería al hecho de que mientras más información se tenga sobre la ciencia más fácil será comprender sus propuestas teóricas, sus predicciones y sus resultados prácticos.

–Pero hay algo más –continuó la profesora Juanita–, también le escuché a usted decir que algunos materiales de divulgación científica pueden ser usados con gran provecho en cursos regulares de ciencias, sobre todo en los que tienen un carácter introductorio. Le cuento que he seguido su consejo muy exitosamente.

–Eso es cierto –corroboró el profesor Fonseca–, y me complace escuchar lo que usted dice. A principios de los años ochenta, cuando yo iniciaba mi ejercicio docente apareció en televisión la serie Cosmos de Carl Sagan, y con un grupo de colegas nos pusimos la tarea de grabar los capítulos en videograbadoras domésticas para compartirlos con los estudiantes del curso de Introducción a la física que estábamos dictando, pues en ese entonces no existía la Internet ni se disponía de todos los recursos audiovisuales que se tienen en la actualidad.

–Lo difícil hoy en día –afirmó la profesora Juanita– es seleccionar dentro de la gran cantidad de material disponible el que sea más confiable y más apropiado para el curso en el que se quiera utilizar, porque, así como hay producciones de excelente calidad y rigor científico, la pseudociencia también pulula.

–Porque es lo que más se vende –añadió el profesor Fonseca–. Fue lamentable ver como algunos canales de televisión que inicialmente estaban dedicados a la divulgación científica seria empezaron a exhibir programas dedicados a los extraterrestres, los sucesos paranormales y las curaciones milagrosas.

–Es por la presión del rating –afirmó la profesora Juanita– que en la red se manifiesta en el número de visualizaciones y de “likes” que reciba una publicación.

–Pensando en eso –continuó el profesor Fonseca– se comprende la necesidad de enfocar la educación no tanto en los contenidos de los currículos sino en la capacidad de discernir y de identificar la información confiable referente a un tema específico y desechar la basura.

–O, como dice la Biblia –complementó la profesora Juanita– hay que separar la paja de la mies.

–Por eso –continuó Fonseca– resulta tan provechoso adentrarse en una obra tan extensa y rigurosa como la de Antonio Vélez, no precisamente con la intención de abarcarla, porque en ocasiones resulta casi enciclopédica, sino para apreciar su metodología, la forma como examina los diferentes casos, y las conclusiones a las que llega, siempre basado en la evidencia.

–Precisamente –respondió la profesora Juanita–, viendo todos los libros del profesor Vélez que tiene aquí don Tomás, y puesto que algunos son bastante voluminosos, no sabría con cuál empezar.

–El primer libro que yo le leí a Antonio –anotó el profesor Fonseca– fue Del big bang al Homo sapiens publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia, y que dio lugar a la serie de conferencias de las que ya he comentado.

–Debo decir –respondió la profesora Juanita– que ese texto me resulta muy atractivo.

–Estos otros dos de menor extensión –siguió diciendo el profesor Fonseca–, sobre las medicinas alternativas y la parasicología, podrían ser un buen inicio de lectura, pero para una mejor comprensión de su obra hay que leer Homo Sapiens, que es el más voluminoso de todos, en el que se repasan varios de los temas tratados en libros anteriores y se llega a conclusiones muy interesantes, como la referente al asunto del libre albedrío que casi dos décadas más tarde retoma Robert Sapolsky en su libro “Determined” que fue traducido al español con el título de “Decidido”.

–¡Ah! Qué interesante –comentó la profesora Juanita– porque los planteamientos de Sapolsky sobre el libre albedrío, que es una pieza central de algunas confesiones religiosas y de los sistemas judiciales, suscitan fuertes controversias sobre cuestiones de responsabilidad e imputabilidad.

–Permítame, profesora –dijo Fonseca–, buscar un pasaje del libro de Antonio que tiene que ver con este tema… mire, aquí está, en la página 296, hace referencia a una serie de experimentos en los que se registra la actividad cerebral de un sujeto al cual se le han colocado una serie de electrodos, y se le pide que realice algún acto supuestamente voluntario, sin embargo el análisis posterior indica que antes de que el individuo hubiera manifestado su voluntad de realizar una acción específica el cerebro ya había decidido por él autónomamente, y que, por lo tanto, la volición es inconsciente y lo que se tomaba como causa es el efecto y viceversa.

–Sapolsky llega a conclusiones similares –afirmó la profesora Juanita– y sustenta sus afirmaciones con novedosos experimentos utilizando procesamiento de imágenes de resonancia nuclear magnética, que corroboran los hallazgos anteriores hechos con equipos más primitivos.

–Para una sociedad –concluyó Fonseca– que se fundamenta en los principios de virtud y pecado, inocencia y culpabilidad, premio y castigo, prescindir del libre albedrío supondría realizar una revisión a fondo de sus estructuras.

–Lo cual –comentó la profesora Juanita– parece ser muy poco probable, al menos en el corto y mediano plazo.

–Porque los prejuicios culturales –añadió Fonseca– son duros de matar. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que ha experimentado la humanidad en los últimos doscientos años la credulidad de la población en cuestiones esotéricas y fenómenos paranormales no parece haber disminuido.

–Más aun –complementó la profesora Juanita–, a todas esas creencias de vieja data se han sumado el avistamiento de ovnis y las abducciones alienígenas, como resultado indirecto de la carrera especial que se inició luego de la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Guerra Fría.

–Que nuevamente se está calentando –afirmó Fonseca.

–Siempre por las mismas razones –dijo la profesora Juanita–. Es como si la violencia y el ejercicio desaforado del poder fuera una impronta en el ADN de la humanidad que opaca o desconoce los principios éticos más fundamentales.

–A este respecto –comentó el profesor Fonseca– el libro de Antonio al que me he referido tiene un capítulo muy interesante sobre los orígenes de la ética y los estrechos vínculos que han existido entre el poder y la religión, cuya expansión ha estado fuertemente entrelazada.

–Sin embargo–apuntó la profesora Juanita– me da la impresión que actualmente las estructuras religiosas han perdido mucha de su antigua influencia para ser suplantadas por todo tipo de tendencias ideológicas y activismos sociales.

–Mirados en un plano estrictamente racional –dijo Fonseca– las religiones y las ideologías políticas comparten sus fundamentos y su visión del mundo cuando proclaman la existencia de una ley natural implantada en cada individuo, que se proyecta en los preceptos de la ética y sus consecuencias políticas, pero aun esto se fundamenta en los procesos evolutivos relacionados con el egoísmo genético.

–¿El egoísmo genético? –preguntó la profesora Juanita.

–El egoísmo genético –respondió Fonseca– es una manifestación de la tendencia a preservar la información genética que confiere ventajas evolutivas a una especie, siempre y cuando se transfiera de una generación a otra asegurando su supervivencia.

–La supervivencia del mejor adaptado –comentó la profesora Juanita.

–O del más oportunista –respondió Fonseca–. Porque el mecanismo básico de la teoría de la evolución es el oportunismo. Por más fuertes que hayan sido los dinosaurios no pudieron sobrevivir el impacto de un gran meteorito, suponiendo que esa haya sido la causa de su extinción.

–En su lugar –corroboró la profesora Juanita– los pequeños mamíferos empezaron a prosperar y a diversificarse hasta dar lugar a esta rama del árbol de la evolución en la que actualmente nos asentamos los seres humanos.

–La idea central que expone Antonio en su texto –continuó Fonseca– es que esos rasgos característicos que permitieron la evolución exitosa de algunas especies quedaron almacenados como información en sus genes, y se han manifestado de manera muy similar en el comportamiento de diversas especies y en la organización social de las más complejas, como, por ejemplo, en los primates, y, muy notablemente, en los seres humanos.

–Lo cierto es –comentó la profesora Juanita– que en ocasiones no deja de sorprender la tremenda similitud que hay entre el comportamiento de ciertas especies de animales y los humanos.

–Antonio destaca –reafirmó Fonseca– que en las más de diez mil religiones conocidas por los antropólogos se puede apreciar la influencia que ejercen los factores culturales en la determinación de los criterios éticos.

–Teniendo en cuenta –dijo la profesora Juanita– que la cultura de cada pueblo es, al menos inicialmente, el resultado de una diversidad de factores ambientales incluyendo la disponibilidad de recursos naturales.

–Por supuesto –asintió Fonseca–. Kant consideraba que existían juicios éticos a priori en el alma de los seres humanos, en tanto que los teólogos cristianos asumían que existe una ley natural de origen divino implantada en cada individuo.

–Independientemente de cuál sea su origen ––comentó la profesora Juanita– estos preceptos morales nos son implantados culturalmente durante la niñez.

–Así es –asintió Fonseca–, ante lo cual Antonio hace uno de sus comentarios sarcásticos afirmando que “la razón entre en acción cuando ya es demasiado tarde”.

–Pues no le faltaba razón al profesor Vélez –coincidió la profesora Juanita.

–Desde otra perspectiva –continuó Fonseca–, que prescinde de la intervención de entidades sobrenaturales, se puede pensar que los patrones de comportamiento tienen su origen en factores evolutivos que generan material genético hereditario que da prelación a la supervivencia de la especie.

–En lo cual –comentó la profesora Juanita– juega un papel muy importante la reproducción.

–Por supuesto –asintió Fonseca–, respecto a lo cual en el texto de Antonio se encuentran algunas consideraciones muy particulares respecto a la actividad reproductiva y al comportamiento sexual de diferentes especies.

–Y en el caso de los seres humanos –añadió la profesora Juanita– en el que se manifiesta una gran diversidad cultural.

–En los procesos reproductivos de las diferentes especies –continuó Fonseca– se pueden advertir factores evolutivos, como en la tendencia de los machos a tener una descendencia numerosa que garantice la máxima difusión de sus genes; y en la preferencia de las hembras por los machos de características superiores, que ofrezcan las mejores condiciones para la subsistencia.

–Todos los asuntos que tienen que ver con la moral –subrayó la profesora Juanita– tienden a generar fuertes discusiones entre personas con perspectivas diferentes de la misma situación, y los temas que hemos mencionados no son la excepción.

–En sus textos –continuó Fonseca– Antonio aborda cuestiones todavía más espinosas, como las que tienen que ver con las religiones y el papel que a lo largo de la historia han tenido en las expoliaciones y genocidios de unos pueblos por otros, siempre en el nombre de dios.

–O de las ideologías –intervino la profesora Juanita– que reemplazan a Dios por utopías más terrenales.

–Tu comentario –respondió Fonseca– me hace recordar un pasaje del libro de Antonio donde se refiere a la aparente necesidad de los seres humanos de creer en poderes sobrenaturales, y cómo en la China de Mao, en la que estaban prohibidos los cultos religiosos, muchos conductores ponían una foto de Mao en los retrovisores para que los protegiera de accidentes.

–No hay duda –comentó la profesora Juanita– de que, en su momento, y al igual que sucedió con otros líderes sanguinarios de la historia, Mao era un dios para sus seguidores.

–Curiosamente –dijo Fonseca–, Mao consideraba que la religión era el opio del pueblo, y puesto que los chinos tienen una trágica historia relacionada con el opio, prohibió las prácticas religiosas; pero el actual dirigente de China considera que las redes sociales son el nuevo opio del pueblo, y supongo que también las van a prohibir.

–Eso está por verse –comentó la profesora Juanita.

–En fin –dijo Fonseca– nos podríamos quedar mucho rato mencionando citas puntuales del texto de Antonio, de temas que encontraríamos a lo largo de sus más de seiscientas páginas, pero lo único que puedo decir es que sigue teniendo una gran actualidad, sobre todo en estos momentos tan críticos que atravesamos, y que su lectura reflexiva y juiciosa aporta elementos claves para entender de dónde venimos y para dónde vamos.

–Justamente –añadió la profesora Juanita– ese es uno de los grandes valores de la práctica de la divulgación científica: aportar elementos de juicio confiables para tener una opinión bien informada a la hora de tomar decisiones y poder rebatir las falacias con las que, desde diferentes sectores, pero siempre con los mismos intereses, se intenta subyugar a las sociedades.

–Debo confesar –reconoció Fonseca– que mi gran placer al debatir sobre estos temas con interlocutores tan lúcidos, honestos y bien informados como Antonio Vélez, es el mismo que experimentan los amantes de la música o de la literatura cuando comparten con quienes tienen  sus mismos gustos y conocimientos de una u otra disciplina; pero no me hago la ilusión de que tales gustos o convicciones lleguen al gran público con los beneficios libertarios que usted señala, mi querida Juanita, porque, citando una expresión que con frecuencia le escuché al maestro Antonio: “primero se acaba el helecho que los marranos”.

En audio aquí https://drive.google.com/file/d/1pe_7DKc8iA5_MhmJ1fO5HJtY7-3mAtAG/view?usp=drive_link

Obras citadas de Antonio Vélez:

Del big bang al Homo sapiens, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 1994.

Medicinas alternativas, Editorial Planeta, 1997.

Parasicología, Taurus, Santa Fe de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, 2000.

Homo Sapiens, Villegas Editores, Bogotá, 2006.

Se han suprimido conceptos muy útiles y formativos que anteriormente eran de obligatorio aprendizaje y se han distribuidos algunos tópicos en varios grados que aparentemente abarcan más temas; pero al final solo aportan un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad.

Me refiero especialmente a los capítulos dedicados a la Geometría Euclidiana, esa que se estudiaba con rigor, como asignatura independiente, cuyo texto guía por muchos años en toda Hispanoamérica fue el libro de Geometría de G. M. Bruño, publicado a comienzos del siglo pasado y que hoy puede descargarse en PDF de manera gratuita. Sí, me refiero a esa geometría que se aprendía usando como herramientas el lápiz, el cuaderno cuadriculado, el borrador, la escuadra, el transportador, la regla, el compás y que, usando tizas de colores, los docentes se esforzaban por explicar con trazos rectos y círculos perfectos en el tablero que luego producía lástima tener que borrarlo.  

No pretendo que volvamos a esas herramientas solamente, aunque no comparto la idea de jubilar la escritura a mano; no hay duda de que hoy las gráficas pueden ser computarizadas y con programas como “Geogebra” es fácil mejorar el entendimiento de la mayoría de los tópicos geométricos; también con la asistencia de la Inteligencia Artificial puede facilitarse hoy su comprensión, pero quiero llamar la atención sobre la necesidad de que al menos se les dé a conocer y se les permita disfrutar a los niños y jóvenes, de la Geometría Euclidiana en forma integral e independiente, sin prohibir las herramientas y ayudas modernas que quieran utilizar para que sea aún más atractiva para su propio deleite.  

Los conceptos, postulados, figuras, axiomas, teoremas, corolarios y demostraciones de la Geometría Euclidiana constituyen la mejor visión de las matemáticas. No debemos reemplazar tal riqueza con una dispersa y superficial noción en el bachillerato; es como vivir en el penthouse del piso 30 y cubrir las ventanas para ocultar la vista y evitar la luz. 

Los tópicos más conocidos de la Geometría Plana están contenidos en el famoso libro “Elementos”, que nos dejó el matemático griego Euclides, obra escrita hace más de 23 siglos, pero hay también resultados y aplicaciones que han sido descubiertos recientemente y que pueden incentivar a los jóvenes a cultivar el estudio de las matemáticas con nuevos retos, usando herramientas modernas. Menciono solo la abundante oferta de juegos electrónicos, que basan sus diseños y presentación en conceptos geométricos.

Después de Euclides y a lo largo del tiempo, desde la invención de la imprenta en 1450, han aparecido incontables ediciones del trabajo de Euclides, como esta bella publicación:

que usa para las demostraciones solamente ilustraciones como estas:

Tampoco la investigación y los resultados en Geometría Euclidiana después de Euclides cesó; incluso el emperador Napoleón Bonaparte hizo un original aporte al formular y demostrar el conocido “Teorema de Napoleón” sobre el que hace unos años escribí (ver: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ignacio-mantilla/el-teorema-de-napoleon-column-729818)

Ahora bien, no podría cerrar este llamado para recuperar la enseñanza de la Geometría Euclidiana sin ofrecer al menos un buen ejemplo, como lo haré continuación. Pero antes un poco de contexto: comúnmente los matemáticos sentimos mayor aprecio por un teorema en particular en cada área estudiada, y ese teorema favorito lo podemos escribir y demostrar de memoria; así por ejemplo, en mi caso, el Teorema de Punto Fijo de Banach es mi favorito del Análisis Matemático y el Teorema de Infinitud de los Números Primos, demostrado por Euclides usando el método de reducción al absurdo, es mi favorito de la Teoría de Números. 

En el caso de la Geometría Euclidiana también tengo mi favorito, y no es el Teorema de Pitágoras, sino uno, bastante menos famoso y poco conocido. Se trata de un resultado de una extraordinaria sencillez que tiene múltiples aplicaciones, me refiero a un bonito resultado publicado hace 200 años, más exactamente en 1822, o sea después de 2000 años de Euclides, conocido como el “Teorema de Poncelet”, de autoría del matemático e ingeniero militar francés Jean-Victor Poncelet (1788-1867), quien estuvo en una prisión rusa entre 1812 y 1814 tras participar en la campaña napoleónica. De este período prolífico son sus trabajos publicados años después. El teorema mencionado es el siguiente:

Teorema de Poncelet

En un triángulo rectángulo la suma de los catetos a y b es igual a la suma de la hipotenusa c y el doble del radio R de la circunferencia inscrita. O sea:

a + b = c + 2R.

La demostración de este fascinante resultado es sencilla. Basta observar la siguiente figura en donde están presentes dos resultados que son conocidos:  

1. Los dos segmentos de rectas tangentes, trazados desde un mismo punto exterior a un círculo, tienen la misma longitud; por lo tanto los segmentos que unen los vértices de los ángulos no rectos del triángulo y los puntos de tangencia con la circunferencia son, en cada caso, de la misma longitud; es decir m en un caso y n en el otro. 
2. El cuadrilátero que forman los dos radios que unen el centro de la circunferencia con los puntos de tangencia en los catetos a y b del triángulo y los dos segmentos que desde estos puntos de tangencia unen el vérttice del ángulo recto del triángulo, es un cuadrado de lado R.

Ahora la demostración resulta trivial pues:

a + b = (m + R) + (R + n) 

         = m + n + 2R

         = c + 2R.

Una de las imágenes más bellas de la Geometría Euclidiana se obtiene usando precisamente el Teorema de Poncelet. En efecto: por el Teorema de Pitágoras se sabe que el triángulo de lados (3, 4, 5) es un triángulo rectángulo (3² + 4² = 5²); esta es la tripla pitagórica más conocida y lo que resulta alucinante es que el círculo que puede inscribirse en ese triángulo, tiene un área de π unidades cuadradas. La prueba de esta bella relación resulta inmediata usando el Teorema de Poncelet, porque: 

3 + 4 = 5 + 2R,

entonces el radio R del círculo debe ser R = 1, y reemplazando en la fórmula del área del círculo:

A = π·R² = π·1² = π.

¿No es esto sorprendente? Prácticamente puede definirse el número π como el área del círculo que puede inscribirse en la primera tripla pitagórica (3, 4, 5).

Así como se afirma que la ecuación más bella de las matemáticas es la Ecuación de Euler: 

Finalizo con una frase del matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1639): 

“Donde haya materia existe geometría”.

@MantillaIgnacio

La Corte Constitucional estudia tres demandas que piden declarar inconstitucional la Ley 2494 de 2025, la cual prohibía entre julio y noviembre de este año realizar y publicar encuestas en Colombia.

“A pesar de sus fallidos resultados al predecir ganadores, las encuestas electorales siguen siendo un tema atractivo para el público y una herramienta para entender las preferencias políticas de los ciudadanos, permitiendo tomar decisiones en cuanto a los candidatos o a los partidos políticos en países con democracias estables”, dice en este artículo de UN Periódico, la profesora Mayo Luz Polo, del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien analiza lo bueno y lo malo de dicha ley.  “… pese a la buena intención detrás de la Ley, se pueden identificar claramente algunos desaciertos relacionados con la teoría de muestreo”, añade.

Más allá de la autopsia a la norma, lo que está pasando en materia de encuestas en Colombia es preocupante —se habla incluso de posibles amenazas a los encuestadores—, a juzgar por este episodio de Presunto Podcast.

Pareciera que hoy quieren crucificar a César Caballero aquellos a quienes la última encuesta de Cifras y Conceptos no les sirve, pero que con absoluta seguridad lo bajarán en hombros de la misma cruz, si mañana el viento les sopla a favor.

¿Qué creo yo? Lo que yo creo es que el gran pecado del encuestador es hacer análisis de su propia encuesta bajo el argumento de tener “una opinión informada”, porque, de entrada esas dos palabras juntas llevan implícito el sesgo detrás de toda opinión personal. Quizás el encuestador deba tomar distancia, no lo sé, y dejar que terceros interpreten el universo estadístico de sus encuestas, tal vez.

¿Por qué digo esto? En el mismo episodio de Presunto Podcast, César Caballero dijo lo siguiente: “Yo tengo una frase que puede ser muy dura: Colombia ha elegido dos tipos de presidentes. Aquellos que les gusta el trabajo de ser presidente y aquellos que les gusta el honor de ser presidente.  Yo creo que el presidente Gustavo Petro es del segundo tipo, le gusta el honor pero no sentarse a trabajar juicioso”.

Para una persona como él, cuyo negocio son las encuestas que le miden el pulso político al país, declaraciones como esa casi que invalidan la imparcialidad de su trabajo o al menos siembra dudas sobre la transparencia del mismo, porque, para empezar, quien tiene arte y parte en la industria de las encuestas, podría incurrir, creo yo, en un conflicto de interés al fijar posiciones que dejan ver sus afectos o desafectos políticos de cara a las elecciones del 2026. Una opinión informada sigue siendo una opinión, es lo que quiero decir.   

Una solución salomónica, se me ocurre, es que las encuestas sean pagadas y contratadas por los partidos políticos y los candidatos, pues al fin de cuentas son los directamente involucrados en una elección, y por lo general la información arrojada les sirve de insumo para tomar decisiones a partir de lo que indiquen esos indicadores.

No creo, como dice Mauricio Vargas, el columnista de El Tiempo, que “la aplicación de una ley restrictiva (…) nos está violando el derecho a estar informados, consagrado en el artículo 20 de la Constitución y considerado derecho fundamental”. Lo de la posible censura es más una falacia ideológica.

Nunca habrá certeza de si hay o no intereses ocultos detrás de las encuestas, ni de por qué o quién escoge este u otro momento para darlas a conocer.

Siendo las firmas encuestadoras negocios privados, los electores deberíamos tener derecho a decidir tranquilamente a quién le damos el voto, sin la coerción velada (¿constreñimiento?), de una encuesta, que actúa como intermediaria entre los partidos políticos y la ciudadanía. Suficiente influencia tenemos con la exposición mediática de los candidatos y el trato preferencial que algunos de ellos reciben (y recibirán cuando se acerque la elección), por parte de ciertos medios de comunicación.

Nunca habrá certeza de si hay o no intereses ocultos detrás de las encuestas, ni de por qué o quién escoge este u otro momento para darlas a conocer. Y no es de ahora. Las encuestas siempre han sido objeto de escarnio público. Se parte en todo caso de la buena fe del encuestador y del carácter científico de la encuesta.

Lo que muestra la foto del momento en Colombia es que el problema en sí no son las encuestas, (mientras escribo esto, acaba de aparecer la del Centro Nacional de Consultoría), sino la satanización que hacen de ellas los políticos si los números los dejan mal parados, o la manera como los medios las interpreten. La encuesta gusta si sirve a los intereses proselitistas y disgusta a aquellos que se sienten maltratados por los resultados.

Con todo, el país está en mora de dar un gran debate en torno al papel que cumplen las encuestas y las firmas encuestadoras en los procesos electorales. Por ejemplo: ¿Se debería prohibir la publicación de encuestas, más no la realización de las mismas? Es decir, ¿se deberían limitar las encuestas para que sean de consumo interno y exclusivo de los partidos?

Durante los tres meses de veda a las encuestas por cuenta de la ley, en el país se respiraron mejores aires.  Sin encuestas, el ambiente electoral mejora y eso nos obliga a los ciudadanos y electores a escudriñar en los programas de gobierno de los candidatos, sin quedarnos en unos números que, en el fondo, nada dicen sobre las capacidades reales de quienes quieren gobernarnos. 

Así mismo, los medios deberían generar contenidos a partir de las plataformas programáticas de los presidenciables para que sepamos qué hay en sus cabecitas, y no quedarse en la especuladera sobre los muestreos. En una sociedad con exceso de información y escasez de formación política, el riesgo está en dejar que primen los números sobre las ideas.

Dicho de otra forma, es irresponsable poner la elección de un presidente de la República en manos de una encuesta, porque estadista y estadística no son la misma cosa. Y en Colombia necesitamos más de lo primero.