“El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión”: Nathalia Barón, economista colombiana.

“El dinero sin un propósito se convierte en avaricia”, dice Nathalia Barón, una economista colombiana especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Desde el coaching, se dedica a transformar la mentalidad y el comportamiento financiero de las personas. Está convencida de que existen las herramientas para romper lo que ella llama “patrones de escasez, culpa o miedo económico”.

De acuerdo con la experta, existen cuatro tipos de personas según su comportamiento frente al dinero: Los gastadores (compran sin límite, en su mayoría cosas que no necesitan). Los ahorradores (guardan el dinero motivados por el miedo a perderlo y esto los aleja del disfrute del mismo). Los indiferentes (dejan el manejo del dinero en manos de terceros, lo cual los hace vulnerables a decisiones ajenas que no siempre son las correctas). Y los temerosos (asocian el dinero con algo malo).

Bajo su propia marca, Dinero Consciente, esta bogotana creó una metodología que integra economía conductual, neurofinanzas y PNL aplicada. “Utilizamos técnicas de PNL, modelos de coaching y principios de neuroeconomía para reentrenar la mente en la toma de decisiones financieras conscientes”, afirma.

Según ella, es posible construir una cultura económica saludable “donde el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta de bienestar y libertad”.

¿Qué significa el término “dinero consciente”?

Significa comprender que el dinero es una consecuencia, no una causa. Refleja nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestros hábitos. El 70% de las decisiones económicas son emocionales; por eso, sin inteligencia emocional no existe inteligencia financiera. Y a un cambio emocional lo precede un cambio mental, entonces allí comienza todo.

En la práctica, ¿Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos en torno al dinero?

La ciencia ha demostrado cómo funciona el cerebro y cómo influye nuestro lenguaje en el proceso de programación mental. Alguien que hackea su mente con un nuevo sistema de creencias sobre el dinero y la prosperidad con certeza puede esperar un resultado diferente en su realidad económica personal. Por ejemplo: “el dinero fluye a mí”, “soy muy bueno manejando mi dinero”, “el dinero siempre me alcanza”, “el dinero se multiplica en mis manos”, etcétera. Son algunos ejemplos de una programación para la prosperidad. 

¿Usted cree en el concepto de igualdad social?

Creo en la igualdad de oportunidades mentales y estructurales. La verdadera equidad no se logra solo con redistribución económica, sino con educación de calidad y transformación estructural del sistema de creencias. Sin un cambio mental, cualquier ayuda externa se diluye en el tiempo y se vuelve una interferencia para quien la recibe.

¿Qué opina de la frase “Los pobres son pobres porque quieren”?

Es una afirmación falsa y simplista. La pobreza no es una elección consciente; es una consecuencia de carencias estructurales y emocionales, motivadas por el sistema y por la historia familiar.

En nuestras mediciones, el 78% de las personas que pasan por procesos de reeducación financiera y mental reportan mejoras sostenidas en ingresos y hábitos económicos en los primeros seis meses.
La pobreza no se combate con subsidios, sino con herramientas que le devuelvan a la persona su autonomía a la hora de crear dinero y le enseñen a manejarlo de manera consciente.

¿Generar riqueza o redistribuir la que ya existe?

Ambas son necesarias, pero ninguna funciona sin educación económica y bienestar emocional. Generar sin consciencia produce desigualdad; redistribuir sin criterio genera dependencia. El punto medio es una sociedad mentalmente preparada para prosperar.

El otro día le escuché la expresión “trauma colectivo”. ¿A qué se refiere?

Es el conjunto de creencias culturales que asocian el dinero con abuso, culpa o peligro. Durante generaciones se enseñó que el dinero corrompía. Ese trauma social condiciona las decisiones financieras y frena el desarrollo. Sanar la relación emocional con el dinero restituye la confianza. Sin confianza, ninguna economía puede crecer.

¿Colombia puede reducir la desigualdad generando riqueza?

Sí, si genera también nuevos marcos mentales. No se trata solo de productividad, sino de estructura de pensamiento. La evidencia muestra que cuando las personas aprenden a tomar decisiones desde la expansión y no desde el miedo, aumentan su estabilidad económica más rápido.

¿Cómo pedirle a una persona que nació pobre pensar en prosperidad?

No se le pide: se le enseña. El cambio empieza en el lenguaje, luego en los hábitos. En comunidades rurales que hemos acompañado, un 60% de las mujeres logró iniciar un negocio en menos de un año después de reprogramar su mentalidad de supervivencia hacia una de progreso. Yo misma soy resultado del proceso que ahora promuevo, pues mi realidad económica en la infancia fue de dificultad y lucha.

¿Prosperidad significa lo mismo para todos los estratos?

Sí. Prosperar no es tener más, sino vivir sin miedo, tener lo suficiente y aprender a crear dinero siendo contribución para el otro, es decir, desde el propósito. He visto el mismo miedo frente al dinero en diferentes estratos sociales y niveles educativos, por eso sé que el aprendizaje con el dinero es el mismo para todos, solo que en proporciones numéricas diferentes. La prosperidad real se construye desde un nuevo nivel de consciencia que empieza en lo individual antes que en lo colectivo.

¿Qué opina de la justicia redistributiva y la evasión fiscal?

La redistribución es necesaria, pero no desde el dar dinero a otros, sino desde crear el entorno para que lo aprenda a generar. Esto requiere confianza institucional. La evasión no es solo corrupción: es una respuesta cultural a la desconfianza. El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión. Necesitamos un nuevo contrato social basado en transparencia, educación y ética pública.

¿Dinero y felicidad van de la mano?

El dinero da libertad, pero no propósito. Sin propósito, se convierte en avaricia. En contraste, el dinero con propósito se vuelve una herramienta de progreso consistente.

“La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano”: Nathalia Barón.

¿Deberían los políticos hablar más de generación de riqueza?

Sí, pero acompañada de consciencia y crecimiento personal para sostenerla. La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano. Lo que hoy se entiende sobre educación financiera está muy lejos de ser suficiente para el propósito para el que se está usando. No hay reforma fiscal que compense una cultura que desconfía del progreso y una sociedad que siga habitando en la mentalidad del asistencialismo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia para cambiar esa mentalidad?

Un liderazgo ético, emocionalmente maduro y basado en evidencia. Dirigir no es solo administrar recursos: es gestionar mentalidades. Un país prospera cuando sus líderes entienden que la economía no se sostiene con leyes, sino con un nuevo nivel de consciencia colectiva. El trabajo conjunto entre educación económica, cambio mental y sanación emocional tiene un impacto real y medible sobre el bienestar y la productividad.

Soy de los que cree que el país debería conversar más sobre riqueza. ¿Por qué no lo estamos haciendo?

Porque aún cargamos la herencia cultural de ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Pero hablar de dinero es hablar de desarrollo, dignidad y libertad. La conversación pendiente no es económica: es educativa. Cuando las personas sanan emocionalmente su relación con el dinero, su entorno prospera con ellas siempre.

Así nos lo relatan nuestros APRECIADOS..: Fabio Colagrande y Eugenio Murrali 

La misión Artemis II tuvo previsto su lanzamiento el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera con astronautas a bordo. Transporta una tripulación de cuatro cosmonautas que volarán más allá de la órbita terrestre para realizar un sobrevuelo prolongado de la Luna, sin alunizaje. Este es el paso intermedio hacia Artemis III, la misión que busca traer de vuelta a los astronautas para caminar sobre la Luna, 53 años después de la misión Apolo 17, que finalizó el 14 de diciembre de 1972. El espacio se ha convertido en un tema de debate cada vez más frecuente en las Naciones Unidas. El número de satélites en órbita ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo que demuestra cómo el espacio se ha convertido en un tema constante en los debates relacionados con la geopolítica, la seguridad y las relaciones internacionales.

El arzobispo Ettore Balestrero durante la presentación del VIDEO.

Para explorar el significado de las misiones espaciales, la Fundación Caritas in Veritate, presidida por el arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra , ha producido y publicado un vídeo. Este vídeo da continuidad a la publicación, el pasado mes de febrero, de « El espacio exterior y la humanidad en la encrucijada: una nueva frontera del bien común». El vídeo retoma y resume la reflexión sobre los motivos para explorar el universo —estableciendo un diálogo entre la ciencia, la teología y el derecho internacional— y sobre los principios que deben regir nuestra relación con él y entre los seres humanos ante esta obra de Dios.

Excelencia, ¿por qué es tan urgente reflexionar sobre las opciones políticas y normativas en materia de espacio?

La Misión de la Santa Sede en Ginebra y la Fundación Caritas in Veritate, que colabora con ella, se preocupan por el espacio, que es obra de Dios y obedece a sus leyes.
Para alcanzar el cielo, un concepto sobrenatural, el ser humano debe comportarse bien en el espacio, que es un concepto geográfico, un orden físico y biológico. El espacio no es tierra de nadie, no es un campo de conquista sin ley, donde impera el principio de «el primero en llegar es el primero en ser atendido». De ahí el título de la publicación, «El espacio y la humanidad en una encrucijada», y también el contenido del vídeo que hemos producido. La humanidad ya está tomando decisiones sobre el espacio, decisiones morales que tendrán un impacto a largo plazo y que, por lo tanto, pueden construir o destruir a la humanidad. Por consiguiente, la Iglesia no puede permanecer indiferente.

¿De qué manera?

Analizar el espacio desde una perspectiva ética nos invita a preguntarnos: “¿Es correcto perseguir todo lo que podemos lograr tecnológicamente? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tipo de realidad y orden queremos construir?”. Esta perspectiva ética y multilateral es la que propone el documento y el vídeo de la Fundación Caritas in Veritate.

¿Qué acciones específicas son necesarias?

El espacio debe seguir siendo un bien común, con normas legales claras que, cuando sea necesario, se actualicen con un sentido de responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. Cuando presentamos la publicación en las Naciones Unidas en Ginebra, el testimonio de un astronauta, que regresaba tras casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (Michael Scott Hopkins, ed. ), impresionó profundamente a la audiencia. Describió el llamado overview effect (efecto perspectiva).

El astronauta de la NASA Michael Scott Hopkins

¿En qué consiste?

Es el cambio de perspectiva que experimentan todos los astronautas en el espacio, porque la Tierra parece pequeña, frágil, sin fronteras ni divisiones, un símbolo de pertenencia compartida y responsabilidad colectiva. Y es una imagen que, lamentablemente, choca con la realidad de las guerras, los abusos y la violencia que afloran cuando volvemos a observar el planeta de cerca. El Papa Benedicto XVI recordó esto, con palabras que siguen siendo relevantes, cuando dialogó con los astronautas en la Estación Espacial Internacional . En un momento dado, les dijo: «Creo que les resulta evidente que todos vivimos juntos en una sola Tierra y que es absurdo luchar y matarnos unos a otros».

Entonces, el Espacio también es un hogar compartido y tiene normas que respetar. ¿Qué contribución específica puede ofrecer la doctrina social de la Iglesia para orientar el desarrollo del Espacio hacia el bien común?

El mensaje central de la Iglesia es que no debemos convertir el espacio en una jungla. Ofrece a la humanidad una segunda oportunidad, invitándonos a evitar muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra. El espacio debe explorarse con responsabilidad, solidaridad y respeto al principio de subsidiariedad, para el bien de las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo?

Debemos evitar que se convierta en un escenario de competencia feroz y, peor aún, de conflicto. El primer paso práctico que la Santa Sede insta a dar es respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por aproximadamente ciento veinte Estados, incluyendo a todas las principales naciones con capacidad espacial. Este tratado lleva en vigor casi sesenta años (desde 1967) y establece claramente que la exploración y el uso del espacio deben ser en beneficio e interés de todos los países. El tratado define el espacio como un «dominio común de la humanidad». La Santa Sede insta a que se fortalezca la legislación vigente, en lugar de abandonarla, para evitar que los países se queden atrás y para preservar el cuidado de la creación, por ejemplo, mediante proyectos conjuntos para la eliminación de desechos espaciales.

La Tierra y la Luna

¿Existe también el riesgo de militarización del espacio?

Por supuesto. El derecho internacional vigente prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio. Este es el artículo 4 del Tratado de 1967. Sin embargo, no prohíbe explícitamente las armas convencionales ni, por ejemplo, los ciberataques, ni tampoco la interferencia de señales de radio, algo que, lamentablemente, ya ocurre. Es importante distinguir entre el uso del espacio para apoyar operaciones militares terrestres, por ejemplo, mediante el uso de satélites, lo cual ya es una realidad, y el despliegue físico de armas y su uso directo en el espacio.

¿Es esta última también una posibilidad real?

Algunos Estados se acercan cada vez más al lanzamiento de armas en órbita, lo que incrementa la inestabilidad internacional, debilita la confianza mutua y transforma el espacio, que según el Tratado es una “provincia de la humanidad”, en otro escenario de conflicto. Debemos comprender, sin embargo, y esto es fundamental, que si un conflicto involucrara directamente el espacio, probablemente no perdonaría a nadie en la Tierra.
Aquí en Ginebra, se afirma que una guerra en el espacio jamás podría ganarse ni debería librarse. Por ejemplo, no está claro cómo podría respetarse el principio de distinción, piedra angular del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, muchas voces, incluida la de la Santa Sede, abogan por el fortalecimiento de las normas, la transparencia e incluso la cooperación multilateral, precisamente para preservar el uso pacífico del espacio.

¿Cómo se puede transformar la competencia espacial en un mecanismo positivo para el beneficio de todos? ¿Cómo puede el espacio contribuir a la dignidad humana en la Tierra?

La competencia debe equilibrarse con la cooperación. La competencia sin cooperación conduce a la inestabilidad, enfrentamientos irracionales, violencia e incluso conflictos. La competencia, orientada hacia objetivos pacíficos y canalizada hacia formas de cooperación, estimula la investigación y, sin embargo, debe traducirse en bienes compartidos, estándares comunes e incluso alianzas internacionales.

¿Con qué efectos?

Un equilibrio entre competencia y cooperación ayuda a evitar que el uso comercial del espacio se convierta en un fin en sí mismo y exacerbe las desigualdades existentes. Un equilibrio saludable entre competencia y cooperación permite que el espacio sirva directamente a la dignidad humana y al bien común, por ejemplo, en tiempos de crisis, con comunicaciones de emergencia, datos satelitales para asistencia humanitaria o vigilancia para la protección de lugares de culto. En otras circunstancias, sin embargo, mejora la predicción meteorológica, la agricultura, la atención médica y el transporte, y llega a países y comunidades que de otro modo quedarían excluidos.

¿Cómo pueden la ciencia y la fe ir de la mano en este campo de la investigación espacial?

La ciencia y la fe pueden ir de la mano y fortalecerse mutuamente, pues la ciencia busca la verdad científica y la fe la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios y de Dios, que ilumina el camino de la humanidad. La fe y la ciencia no se confunden ni se contradicen. La ciencia explica el cómo, la fe ilumina y guía el porqué último de la acción humana, y en el ámbito espacial esto significa utilizar la experiencia técnica y científica para el bien común, evitando que el progreso se convierta en dominación o destrucción.

¿Qué papel puede desempeñar la Santa Sede?

La Santa Sede puede y debe desempeñar un papel en los debates actuales sobre el espacio, principalmente los intergubernamentales. Debe iluminar conciencias y, por supuesto, dirigirse al mundo entero, incluyendo el mundo comercial e industrial. A nivel internacional, con la misión en Ginebra y otras en Nueva York y Viena, proponemos un marco ético centrado en la dignidad humana y colaboramos en el diálogo multilateral y la paz, haciendo un llamado a un sentido de responsabilidad compartida centrado en el espacio como bien común. Además, la Fundación Caritas in Veritate, en colaboración con la Misión en Ginebra, organiza eventos en Ginebra, Bruselas, Viena y Nueva York, y produce publicaciones y videos como los que hemos difundido recientemente. No debemos olvidar que la Santa Sede posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen, el Observatorio Vaticano, establecido en su forma actual por el Papa León XIII, en 1891, lo que confirma que la Iglesia, como se afirma en el motu proprio que estableció el Observatorio, no se opone a la ciencia verdadera y sólida, sino que, de hecho, la alienta y promueve con todo el compromiso posible.”

Mientras tanto en el ESPACIO… ARTEMIS II sigue con su REALITY SHOW avanzando al lado OSCURO de la LUNA… y UD lo puede seguir en su MINUTO a MINUTO…

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CONTINUARÁ

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

La palabra “eutanasia” viene del griego eu (bueno) y thanatos (muerte): la “buena muerte”. En la Antigua Grecia, la idea no estaba completamente ajena a ciertas discusiones filosóficas sobre la dignidad, pero su uso moderno surgió mucho después, en el siglo XIX, en el marco de la medicina y la ética clínica. Hoy, en países como España, ha pasado de ser un tabú a convertirse en una política pública regulada, un derecho cuidadosamente delimitado.

Pero el verdadero trasfondo de esta conversación no está en cómo morimos, sino en cómo vivimos.

Durante décadas, el progreso se ha medido en cifras: crecimiento del PIB, ingreso per cápita, acceso a bienes. Sin embargo, algunos economistas comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. Richard Easterlin formuló en los años 70 una observación inquietante: más riqueza no necesariamente produce más felicidad. La llamada “paradoja de Easterlin” sugiere que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el bienestar subjetivo deja de crecer al mismo ritmo que los ingresos.

Más recientemente, economistas como Amartya Sen han insistido en que el desarrollo no puede reducirse a la acumulación de riqueza, sino que debe medirse en términos de capacidades reales: la posibilidad de vivir una vida que uno tiene razones para valorar.

La pregunta, entonces, cambia de eje. Ya no es cuánto tenemos, sino qué podemos ser.

En 1932, Aldous Huxley imaginó una sociedad donde el sufrimiento había sido prácticamente eliminado. En su novela Un mundo feliz, la estabilidad social se sostenía sobre el placer constante, la ingeniería genética y una droga, el soma, que anestesiaba cualquier malestar. Era, en apariencia, una civilización feliz.

Pero esa felicidad tenía un costo: la libertad, la profundidad emocional, el conflicto que hace posible la identidad.

Huxley no describía un infierno, sino algo más perturbador: un paraíso superficial.

La inquietud no es nueva. Mucho antes, Thomas Malthus advirtió que el crecimiento de la población podía superar la capacidad de los recursos, generando tensiones inevitables. Hoy, paradójicamente, muchas sociedades enfrentan el problema inverso: envejecimiento, baja natalidad, soledad estructural.

Y Colombia, tradicionalmente joven, rural, expansiva, comienza a parecerse cada vez más a ese espejo. La transición demográfica avanza. La población envejece. La natalidad cae. Millones han migrado del campo a la ciudad en pocas décadas, rompiendo tejidos comunitarios que durante generaciones funcionaron como amortiguadores emocionales.

La modernidad llegó rápido. Quizás demasiado.

Se habla de una “pandemia de salud mental”. Ansiedad, depresión, aislamiento. No son fenómenos marginales, sino síntomas extendidos de una forma de vida. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que estemos diseñando sociedades materialmente más exitosas pero existencialmente más frágiles?

Porque la prosperidad, por sí sola, no enseña a vivir.

Tal vez la discusión sobre la eutanasia no deba agotarse en los marcos jurídicos o médicos. Tal vez deba empujarnos hacia una reflexión más incómoda: si alguien quiere morir, ¿qué dice eso del mundo en el que le tocó vivir?

No se trata de romantizar el sufrimiento ni de negar la autonomía individual. Se trata de entender que la felicidad no es un subproducto automático del progreso.

Es, más bien, una construcción colectiva.

¿Y qué es la felicidad?

No es una cifra. No es una curva ascendente. No es una ausencia total de dolor.

Quizás es, como sugería Aristóteles hace más de dos mil años, la posibilidad de florecer: de desarrollar nuestras capacidades en relación con otros, en comunidades que tengan sentido, en vidas que se sientan propias.

Colombia está entrando, silenciosamente, en esa conversación global. Ya no somos solo un país en busca de crecimiento. Somos un país enfrentado a las preguntas del bienestar.

Y eso exige algo más difícil que producir riqueza: exige imaginar formas de vida.

Porque al final, la verdadera pregunta no es si podemos construir un mundo más próspero.

Es si queremos, y sabemos cómo, construir un mundo más feliz.

“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN

Cuando abrí mi Facebook a finales de enero, en mi feed estaba la avalancha de videos de soldados regulares festejando porque su bonificación mensual les llegó por un salario mínimo. Estaban emocionados. ¡Felices! Celebrando el valor de su bonificación. Antes nadie les había pagado de forma digna. En los videos bailan, tienen sonrisas que parecen soles. Verlos me provocó una pequeña inundación lagrimal.

Uno de ellos soltó con una sonrisa iluminadora: “Te amo, Petro”, de manera espontánea, sin ironía, sin malicia ni cálculo político. En ese “Te amo, Petro” solo había gratitud auténtica por lo que significa que su trabajo no sea invisible.

Por primera vez en la historia colombiana, recibían un salario mínimo legal vigente por prestar su servicio militar. En un video un soldado pregunta: ¿Cuánto es? Otro responde, con una sonrisa de oreja a oreja, los ojos aguados y tono de asombro: “1.750.905 pesos”.

Esta cifra significa para ellos mucho más, es:

Dignidad monetizada.

Dignidad reconocida.

Eso se llama dignidad social.

Los soldados regulares del Ejército y la Fuerza Aérea, infantes de marina de la Armada y auxiliares de la Policía Nacional, a partir de este año no recibirán como bonificación una limosna institucional, sino el valor de un salario digno y decente.

¿Por qué esto es histórico? La bonificación que recibían los solados, antes de 2026, era una fracción miserable del salario mínimo legal vigente —30 % hasta antes de 2024, luego 50 % en 2024 y 70 % en 2025— lejos de lo que un trabajador normal recibe. Y hoy esa barrera se rompió: con ese SMLV ($1.750.905) se reconfigura la relación entre ciudadano y Estado para miles de jóvenes (esto lo explicaré más a fondo en próximos párrafos).

Pero esto va más allá de la dignidad, toca otras esferas ciudadanas. Genera una transformación estructural en la manera como el Estado reconoce el trabajo de los jóvenes que salen del colegio sin saber qué hacer con sus vidas.

Hoy podemos afirmar que se abrió para muchos jóvenes un horizonte distinto, principalmente en zonas rurales y poblaciones con altos niveles de pobreza. Los jóvenes salen del colegio para dar un salto al vacío. Surge la pregunta aterradora: “¿y ahora qué?”, sin posibilidad de un empleo formal, con pocas oportunidades de educación superior. Muchos se quedan en el limbo de la informalidad o, peor, en el círculo de la violencia.

Esta bonificación con el valor de un salario mínimo es realmente una política pública con consecuencias profundas sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.

El economista Gary S. Becker en 1968 publicó en el Journal of Political Economy el artículo académico Crime and Punishment: An Economic Approach, del que nació la moderna economía del crimen. Durante gran parte del siglo XX el crimen se explicaba desde la sociología y la psicología. El comportamiento criminal se debía a una desviación patológica, una enfermedad mental; también era producto de la alienación social o de deficiencias mentales individuales. Entonces, desde ese ángulo, el crimen es un destino escrito o una reacción irracional, no una elección.

Pero Becker plantea una idea incomoda y definitivamente revolucionaria pero útil para la política pública y para entender la génesis del crimen: que la lógica del llamado “costo de oportunidad” también funciona cuando alguien decide delinquir.

Muchas decisiones —incluidas las criminales— se toman dependiendo de qué tan grande sea el beneficio. Las personas, consciente o inconscientemente, comparan lo que pueden ganar con lo que pueden perder al cometer un delito.

Para que el crimen resulte atractivo, lo que se consiga ilegalmente debe ser más y mejor que lo que se puede obtener por la vía legal.

Entonces, el delito se convierte en una elección económica: las personas eligen delinquir cuando sienten que es la salida más rápida y sencilla para obtener eso que necesitan. Son más propensas a delinquir cuando creen que cometer el delito le dará una “ganancia” mayor que usar su tiempo y esfuerzo en actividades legales.

¿Cómo funciona eso en la ciencia económica?

La matemática del modelo de Becker está basada en la teoría de la utilidad esperada de los señores Von Neumann y Morgenstern. Ya sabemos que la teoría de Becker dice que las personas toman decisiones pensando —la mayoría de las veces de manera inconsciente e intuitiva— en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder.

Pero esta elección delictiva se hace en medio de la incertidumbre, porque nadie sabe con seguridad si le va a salir bien la vuelta o si va a terminar descubierto y capturado.

Von Neumann y Morgenstern resumen esto en una fórmula que, aunque parece difícil y compleja, representa algo muy cotidiano:

E(Uⱼ) = pⱼ Uⱼ(Yⱼ – fⱼ) + (1 – pⱼ) Uⱼ(Yⱼ)

Se las traduzco:

E(Uⱼ) es lo que la persona espera “ganar” o sentir al final de su decisión.

pⱼ es qué tanta probabilidad cree que tiene de ser capturado y condenado.

Yⱼ es lo que gana con el delito: “el botín” y, a su vez, esa sensación de poder o de salida rápida de la pobreza.

fⱼ es lo que perdería si lo atrapan: multas, cárcel (su libertad), que se reduce a tiempo de vida perdido, vergüenza social…

Y Uⱼ representa cómo cada quien enfrenta el riesgo —hay quienes se lanzan sin paracaídas y sin miedo y quienes no—.

Esta fórmula matemática es la comparación (consciente o inconsciente) que las personas hacen: lo que quieren ganar con el delito frente a lo que ganarían quedándose en lo legal —para el caso de los jóvenes: un horizonte nublado—.

Becker no ve el crimen como una enfermedad mental o un arrebato irracional, sino como alguien que decide meterse en un negocio peligroso. Si el premio parece grande y el riesgo pequeño, la gente se arriesga. Si el castigo es alto o la probabilidad de caer es grande, la idea deja de ser atractiva.

Por eso, cuando aumenta la presencia policial (sube p) o cuando endurecen las penas (sube f), en teoría el delito se vuelve menos atractivo. Pero esto no es suficiente y debe ir acompañado de políticas públicas sociales.

Aquí entra el economista Isaac Ehrlich, que amplió y profundizó la teoría de Becker. En 1973 publicó, también en el Journal of Political Economy, el artículo investigativo Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Allí nos dice que cada persona reparte su tiempo como puede, inconscientemente arma un pequeño plan de vida con lo poco que tiene a mano.

Según su Ehrlich, cada persona divide su tiempo (t) entre tres cosas:

• El tiempo en actividades legales (tₗ): trabajo honrado, buscar empleo, estudiar, trabajo informal para sobrevivir —todo lo que da ingresos seguros o medio seguros (Wₗ).

• El tiempo en actividades ilegales (tᵢ): delincuencia, meterse en vueltas raras, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, paras —que pueden dejar plata rápida (Wᵢ), pero también cárcel y problemas (Fᵢ).

• Y el tiempo de ocio (t𝚌): en el que están sin hacer nada o sin hacer mucho, esperando que el futuro les cambie con oportunidades que surjan.

Ehrlich lo explica como si cada joven intenta “invertir” su tiempo donde cree que le va a rendir más.

Ahora traduzcamos esto a la actual realidad colombiana:

Un joven se gradúa de bachiller: no consigue trabajo, no puede ingresar a la universidad, su familia tiene necesidades, pasan hambre, pasa días enteros sin hacer nada productivo, nadie lo contrata o, cuando lo hacen, es con un pago miserable. Su ingreso legal (Wₗ) es casi cero. En ese escenario, para el joven dedicar tiempo a lo legal no parece el camino que muestre un horizonte para salir adelante.

Ahí es cuando aparecen los grupos ilegales, las bandas criminales, el narcotráfico, ofreciendo plata rápida, pertenencia a un grupo, una salida —así sea peligrosa— frente a una vida sin horizonte, sin oportunidades.

Para muchos jóvenes, no es que el crimen sea bueno. Simplemente es mejor que no tener nada.

Y por eso Ehrlich demuestra que cuando el ingreso legal es muy bajo, el costo de meterse en lo ilegal desaparece. Coloquialmente: cuando trabajar honradamente no da para vivir, delinquir empieza a verse como una alternativa.

Ahora viene lo interesante que está pasando con la bonificación de los soldados bachilleres y auxiliares de policía:

Cuando el Gobierno sube el ingreso legal —cuando convierte el valor de bonificación miserable en un SMLV para quienes prestan servicio militar— cambia completamente ese cálculo del costo de oportunidad.

Aparece entonces una opción concreta para miles de jóvenes que hoy están sin estudiar ni trabajar, sin rumbo claro: entrar al Ejército como soldado regular o bachiller o a la Policía como auxiliar.

Ya no van a arriesgar su vida, ni van a pasar trabajos por una miseria, sino para recibir un salario mínimo digno durante su tiempo de servicio; con ese ingreso van a progresar ellos y ayudar a sus familias.

Eso, en términos de Ehrlich, significa que el Wₗ —el ingreso legal— deja de ser casi cero y se vuelve una alternativa real de vida.

Y cuando eso ocurre, pasan dos cosas:

Primero: el tiempo que a los jóvenes antes se les iba a la nada o a la delincuencia empieza a moverse hacia lo legal. Trabajar para el Estado ya no parece perder el tiempo, sino un horizonte claro y una oportunidad.

Segundo: disminuye la necesidad de buscar plata rápida y peligrosa.

Ser soldado o auxiliar de policía ahora sí paga. Entonces, muchos jóvenes que hoy están sin futuro van a preferir ponerse el uniforme de nuestro Ejército y nuestra Policía antes que meterse en una banda criminal o en el narcotráfico.

Esto no solo beneficia a los jóvenes y a sus familias. Hace algo que Colombia necesita: le quita al crimen una de sus principales fuentes de reclutamiento.

El reclutamiento y uso de niños y jóvenes por grupos armados, narcotráfico y bandas criminales es un fenómeno que persiste gracias la desigualdad. Y que permite control territorial de las bandas criminales, paramilitares, narcos… además de coerción, vulnerabilidad social y ausencia estatal.

Y genera algo más: estos jóvenes que entran a prestar su servicio en el Ejército y la Policía por necesidad económica terminan encontrando un horizonte, un proyecto de vida, quedándose en las Fuerzas Públicas, que, por cierto, desde 2024 el ingreso es gratuito. Así se profesionalizan, construyendo una estabilidad y un futuro.

Becker y Ehrlich, por supuesto, no hablaban de Colombia. No hicieron estas teorías pensando en un país suramericano. Pero la teoría de cada uno explica perfectamente por qué políticas como esta —pagar dignamente el servicio militar— pueden tener efectos enormes a mediano plazo en un país como el nuestro, con la violencia y el reclutamiento juvenil tan arraigados.

Decisiones gubernamentales como esta no atacan el crimen solo con más castigo.

Lo atacan donde más duele: en la falta de oportunidades.

¿La transformación es inmediata? No. ¿Es determinista? No. ¿Funciona como una varita mágica? Tampoco. Pero produce cambios sociales positivos a mediano y largo plazo. El Estado acaba de abrir una opción legal, inmediata y pagada dignamente para jóvenes que salen del colegio sin alternativas. Es la transformación del horizonte vital de cada joven que elige servir en nuestra Fuerza Pública: dejan de deambular sin rumbo ni expectativas.

Son 18 meses con ingreso equivalente al mínimo, permitiendo que construyen un proyecto de vida y aprendiendo disciplina. Eso que llamamos “decisiones políticas” son, muchas veces, rutas disponibles. Y el gobierno de Petro acaba de abrir una ruta legal y con futuro para progresar a miles de jóvenes.

Y si tú estás leyendo esto y aún te preguntas: “¿y eso qué tiene que ver con la seguridad?” te respondo:

Primero: menos jóvenes disponibles para las economías ilegales y el reclutamiento forzoso, porque una parte de ellos verá en el Ejército y la Policía una fuente de progreso, una manera de construir su vida. Y eso, a mediano plazo, reduce el reclutamiento en los lugares de mayor pobreza.

Segundo: esta bonificación equivalente al SMLV hace más atractivo entrar y permanecer en el Ejército y la Policía. Si más jóvenes entran como bachilleres, algunos intentarán quedarse, pasar a profesionalizarse y construir carrera. Esto va a aumentar el número de miembros de las Fuerzas Públicas, lo que mejora las capacidades y aumenta la presencia en los territorios.

Y era inaceptable que se les diera una miseria de bonificación por servicio a jóvenes —casi todos pobres— sin pagarles como a cualquier persona que trabaja. La dignidad no es un discurso. También es una cifra en la cuenta bancaria.

El bienestar y la moral de nuestras Fuerzas Públicas no se suben con elogios en redes sociales, ni con eslóganes acompañados de saludos militares. Que los soldados regulares y auxiliares de policía ganen dignamente es estar verdaderamente firmes con y por la patria. Los otros usos que le dan a la expresión actualmente hacen parte del guion cómico y cínico que usa, histriónicamente, alguien que codicia la presidencia de este país.

¿Falta medir impactos? Sí. Las estadísticas juiciosas y reales no nacen en un mes. Pero lo que si puedo afirmar —con convicción— es que cuando la política está orientada a la dignidad y no al castigo, quedan positivas herencias silenciosas: un país donde algunos jóvenes no entrarán a la violencia porque, por primera vez, el Estado les ofreció una alternativa pagada y concreta. Eso es realmente construir un país sin desigualdad.

Les cuento la historia real de este aumento para que no sigan como zombis a las momias politiqueras actuales que se atribuyen logros ajenos:

 La ley 1861 de 2017 decía que todo joven que prestara el servicio militar tenía derecho a una bonificación mensual del 30% del salario mínimo.

Pero —porque en Colombia siempre hay un “pero”— el Congreso dejó una puertica medio abierta, por supuesto con su trampa: esa bonificación podía subir hasta el 50%, siempre y cuando hubiera plata.

En versión colombiana:

“Te vamos a pagar más… si sobra presupuesto”. ¿Y qué creen? Nunca hubo plata… hasta que llegó Petro.

El 30 % era un derecho automático. El 50 % era una ilusión bonita, pero falsa, amarrada a una sentencia de muerte: “sujeto a disponibilidad presupuestal”, es decir: “algún día, tal vez”.

¿Y qué pasó durante años? Entre 2017 y 2022 la bonificación nunca pasó de ese 30 %. Para 2022, un soldado y un auxiliar de policía recibían alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Con eso debían cubrir la comunicación con su familia, el transporte en los permisos, sus cosas de aseo y todos los gastos personales necesarios… y, la gran mayoría de veces, eran las familias (casi siempre de bajos ingresos) las que terminaban mandando plata, con un esfuerzo increíble, para sostener al hijo que estaba “sirviendo a la patria”.

Ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque quisieron invertir en mejorar la calidad de vida de estos jóvenes subiendo al 50 % la bonificación.

Hasta que llegó Gustavo Petro y cambió esto.

Llevó al Congreso una adición al Presupuesto General de la Nación —la Ley 2299 de 2023— donde, entre muchas cosas, aumentó el presupuesto para dignificar a la base de la Fuerza Pública, los soldados regulares, los auxiliares de policía… El Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1557 de 2023 y, aplicando la ley 1861 de 2017— que ningún presidente ni ministro quiso aplicar— subió la bonificación al 50% del salario mínimo.

Petro no estaba inventando nada nuevo. No era populismo. Estaba pensando en el bienestar de las tropas. Pensó en el futuro de todos esos jóvenes y, para ello, usó el máximo que la ley permitía… por primera vez.

Pero el 50 % no es suficiente. Si de verdad se quiere dignificar a la Fuerza Pública, esos jóvenes que trabajan para Colombia prestando su servicio militar merecen que se les pague, como bonificación, el valor de un SMLV, como a cualquier ciudadano colombiano. Pero la Ley 1861 de 2017 no lo permitía: había que cambiar la ley.

Así que en 2024 se presentó y aprobó la Ley 2384, y el aumento de la bonificación fue paulatino hasta llegar al 100 % del salario mínimo.

Gustavo Petro entró como presidente con la firme intención de mejorar la vida de todos esos jóvenes soldados y auxiliares de policía. Y no en discurso, sino en hechos.

Lo primero: hizo efectivo el aumento del 50 % que permitía la ley vigente desde 2017.

Lo segundo: presentó una nueva ley. Aprobada, subió al 70 % en 2025. Y este 2026 inició con el salario mínimo completo. Cada sonrisa, cada baile, cada festejo de nuestros jóvenes soldados y policías alegra el alma de todos aquellos que entendemos lo que esto significa para cada joven, para las familias y para la sociedad. Y como dijo un soldado: “Te amo, Petro”. Sí: yo también digo “Te amo, Petro” cuando logra cosas como estas.

El significado de esos $1.750.905 pesos es el inicio de una transformación social… es lo más lejano a una medida populista o a querer “comprar a los soldados”. Es darles el valor, la dignidad y los derechos que merecen, que les pertenecen, y que todos esos politiqueros les negaron por años.

Es importante entender la dimensión del cambio:

En 2022: unos $300.000.

En 2026: $1.750.905.

El aumento real es de más del 400%. Logrado por Gustavo Petro.

El servicio militar dejó de ser una carga económica para las familias pobres y pasó a ser, por primera vez, una fuente real de ingresos para los soldados y sus familias.

Aquí no hay un detalle menor: más del 80 % de los jóvenes que prestan servicio vienen de los estratos 1, 2 y 3. Es decir: de los hogares más vulnerables del país. Los estratos altos prácticamente no aparecen en las cifras.

Cada vez que se negaba el aumento, no se estaba “cuidando el presupuesto”: se le estaba quitando recursos directos a las familias más pobres cuyos hijos ponen el cuerpo en cuarteles, selvas y calles.

Paradójicamente —o no, en realidad no tiene nada de paradójico— es lo que podemos esperar de los políticos actuales: el principal opositor en 2017 y 2018 a cualquier aumento automático fue, adivinen, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, ¡oh sorpresa!, fue Mauricio Cárdenas Santamaría. Hoy precandidato presidencial, seguramente está muy preocupado por la justicia social, aunque, cuando pudo hacerlo, nunca le interesó el bienestar de los soldados regulares y auxiliares de policía.

Para Cárdenas, dignificar a jóvenes pobres que prestaban servicio al Estado no era una urgencia nacional. Era, más bien, un gasto incómodo.

Y ese “gasto incómodo” no solo lo evito Cárdenas.

Durante el gobierno de Iván Duque, sus “gloriosos” sucesores en Hacienda —Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo— tampoco movieron un dedo para activar el aumento del 30% al 50% que la misma ley permitía.

Ni hablar de los ministros de Defensa de turno —Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano—, ni del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se la pasa dando discursos vacíos sobre la dignidad, la moral y el honor de la tropa… Curiosamente, nunca dijo ni hizo nada cuando se trataba de mejorarle el ingreso real a esa misma tropa que tuvo bajo su mando.

Defender la dignidad en micrófonos era fácil.

Defenderla en el presupuesto no era difícil: simplemente no fue importante para ellos.

Subir la bonificación al 50 % era un atrevimiento. Para cada uno de ellos —presidentes de turno, ministros y comandantes— esos muchachos no lo merecían.

Pensar en pagarles un salario mínimo completo era, sencillamente, ciencia ficción, comedia o terror.

Según los cálculos hipócritas de ellos, subir la bonificación al 50 % para unos 80.000 o 100.000 jóvenes representaba “cientos de miles de millones de pesos” al año, que no eran necesarios y no encajaban con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Traducido:

Había dinero para muchas cosas, menos para los soldados y policías pobres.

A esto se sumó el coro político que nunca falta.

Desde Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que sueñan con dirigir este país, y otros congresistas se dedicaron (en su momento) a deslegitimar cualquier intento de mejora salarial, tildándolo de “populismo”.  

No porque el dinero fuera innecesario — no lo decían de esa manera (es impopular y quita votos)—, sino porque, según ellos, que ocurrieran esos aumentos en esta época era una estrategia para “comprar la lealtad” de una Fuerza Pública inconforme. Omitiendo, posiblemente de manera intencional (démosles el beneficio de la duda), que ese aumento que hoy se materializó se logró desde 2024 con un incremento paulatino, para no afectar de golpe el presupuesto nacional.

Curiosa preocupación, ¿no creen? Durante años no les inquietó en lo más mínimo que esos jóvenes vivieran con una bonificación miserable; lo que sí les preocupó fue que el gobierno les pagara dignamente porque eso aumenta la popularidad del opositor. Comprobado: solo les importa el poder y la política, nunca el bienestar del pueblo.

Muchos discursos de honor. Puro bla bla bla. Les duele que el pueblo gane más para vivir mejor.

El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 5:30 pm a 6:00 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

• Ana Carolina Quijano, exviceministra de educación superior, aspirante por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes, en la lista de la Coalición Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), # 111.
• Libardo Asprilla, exconcejal de Bogotá, candidato a la Cámara por Bogotá, en la lista de Nuestra Fuerza, # 101.
• Gisella Palacios, exgestora social del Chocó, aspirante al Senado de la República en la lista de Alianza Verde, # 70.

Será la emisión 165 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

Las 10 preguntas para los candidatos invitados

Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

Revista Colombia Afro TV

Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.

El concepto de progreso, de hecho, nace muy lejos de nuestras disputas actuales. Surge con fuerza en la Ilustración europea, cuando se empieza a creer que la sociedad puede mejorar mediante la razón, la ciencia y las reformas institucionales. No era una idea revolucionaria en el sentido violento del término, sino una apuesta por el cambio gradual, por la ampliación de derechos y por la superación de privilegios heredados. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el progreso fue defendido por liberales, socialdemócratas e incluso sectores conservadores reformistas en distintos países del mundo.

Por eso resulta peligroso que hoy un concepto tan amplio, tan necesario y tan históricamente plural sea monopolizado por un solo sector de la izquierda, y peor aún, por uno que tiende a asumirse como el único intérprete legítimo del cambio. Cuando el progreso se vuelve una etiqueta cerrada, pierde su capacidad transformadora y se convierte en un instrumento de exclusión política.

Colombia tiene ejemplos claros de esa pluralidad progresista. Jorge Eliécer Gaitán, tantas veces invocado desde discursos que poco tienen que ver con su tradición política, fue liberal. Su lucha por la justicia social, por la dignidad del pueblo y por la ampliación de la democracia se dio dentro de un proyecto popular, sí, pero también profundamente institucional. Gaitán no concebía el progreso como una ruptura total con la democracia liberal, sino como su profundización.

Hoy, más que nunca, existe una necesidad liberal urgente: recuperar la capacidad de contar más relatos. Colombia no se agota en una dicotomía permanente entre Petro y Uribe. Esa narrativa binaria, que durante años estructuró el debate público, empieza a sonar anacrónica frente a una sociedad mucho más diversa, más compleja y más cansada de los mismos antagonismos. Persistir en esa lógica no solo empobrece la discusión política, sino que bloquea la aparición de nuevas ideas, liderazgos y consensos posibles.

En ese contexto, la discusión actual sobre la consulta en el campo del progresismo cobra una importancia que va más allá de nombres propios. La salida forzada de Iván Cepeda de la consulta es lamentable, no solo por lo que representa su figura, sino porque envía una señal equivocada: la de un progresismo cada vez menos tolerante con la diferencia interna. Precisamente por eso, la consulta debería continuar.

Seguir adelante con la consulta es un mensaje político poderoso: que en el progresismo hay pluralidad, matices, debates reales. Renunciar a ella sería regalarle al país la idea de que solo existe una forma válida de ser de izquierda o de centro izquierda. Del otro lado, no estar en esa consulta implica perder una oportunidad histórica: permitir que millones de colombianos conozcan rostros, trayectorias y proyectos distintos, y que puedan escoger, de manera democrática, qué perfil representa mejor una visión de cambio responsable.

Las consultas no son un capricho ni una debilidad. Son instrumentos democráticos. Permiten tramitar las diferencias sin anularlas, y convierten la diversidad en fortaleza política. El error de no participar sería grave, no solo estratégicamente, sino éticamente. Porque el progreso, si algo exige, es más democracia, no menos.

El progresismo colombiano no puede reducirse a una sola voz ni a una sola corriente. Su riqueza histórica —desde López Pumarejo hasta Gaitán— demuestra que el cambio real siempre ha sido plural. Recuperar esa tradición liberal, abierta y democrática no es nostalgia: es la única manera de que el progreso vuelva a ser una promesa compartida y no un eslogan con dueño.

Hernando Llano Ángel.

MAGA no es la creación de Trump. Todo lo contrario. Trump es apenas un aprendiz de brujo esperpéntico que pretende revivir el glorioso pasado de la hoy decadente Maga. Un pasado donde ella hizo gala de su maestría de embaucadora y tuvo al mundo occidental embrujado desde mediados del siglo pasado con tres poderosos mitos: la libertad, la democracia y el progreso. Mitos incorporados como realidades en la cosmovisión capitalista occidental desde que irrumpieron en forma fulgurante y mortal sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki en 1945[i], dejando una estela de muerte y horror hasta entonces inimaginable en nombre de la paz, la libertad y la democracia. Era el parto criminal y genocida del nuevo orden geopolítico que hoy está agonizando. Pero la mayor maestría de la Maga de entonces no fue tanto esa demostración de su poder nuclear, pues pronto fue desafiado por la Unión Soviética, seguida por otros tres Estados como Gran Bretaña, Francia y China. Su máxima demostración fue el ilusionismo político de la OTAN[ii], surgida en 1949 para proteger esa secular trinidad mítica frente a la amenaza de otros tres poderosos mitos enarbolados por la URSS: la revolución, la igualdad y la solidaridad de los pueblos, que reaccionó 6 años después con su Pacto de Varsovia[iii] como respuesta a la OTAN.

De la Guerra Fría al “Fin de la Historia”

Desde entonces asistimos a la mortandad de la “guerra fría” y su nuevo orden mundial, configurado por guerras y disputas imperiales mediante un tercero interpuesto en Asia, Medio Oriente y Latinoamérica con millones de víctimas sacrificadas en el altar del “mundo libre capitalista” contra el implacable totalitarismo comunista. Hasta que un mediocre actor de reparto de películas de Hollywood, Ronald Reagan, con su “Guerra de las Galaxias”[iv], propiciara la implosión de ese mundo de cucaña socialista y la caída del muro de Berlín. Entonces un joven politólogo, Francis Fukuyama, descendiente de japoneses –para mayor ironía–escribirá una opereta titulada el “Fin de la historia”[v], celebrando el triunfo inobjetable de la democracia liberal sobre el comunismo soviético. Pero ahora resulta que estamos asistiendo a la segunda versión de esa sanguinolenta película, donde Maga perdió más de una guerra en Corea, Vietnam y Afganistán.

Los Mercaderes Imperiales

Una segunda entrega más truculenta con la aparición de mercaderes imperiales por doquier: Trump, Putin, Netanyahu, Xi Jinping y otros tantos más en ligas menores, llamados a repartirse el mundo y sus áreas de influencia. Sin duda, el mago mayor de esta segunda serie es Trump, no tanto por su estatura física y desfachatez grandilocuente, sino por encarnar, ya sin la retórica hipócrita de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, los máximos valores del naciente orden: la codicia insaciable de los mercaderes, la fuerza impune de los matones, la brutalidad exultante de sus subordinados, la vulgar adulación de sus cómplices y la mentira universalizada de sus ideólogos, ahora pertrechados con Fake News y la IA proporcionada por un vasto conglomerado tecnológico cibernético capaz de crear realidades paralelas y embaucar a sus millones de seguidores en la ilusión de ser los elegidos, como cruzados invencibles de MAGA.

Las Naciones como botín de guerra estratégico

Por eso desde Davos, Trump promueve una “Junta de Paz”[vi] para socavar ladinamente a las Naciones Unidas[vii] y utilizarla como plataforma de lanzamiento de sus nuevas guerras de conquista en nombre y beneficio de sus mercados y la restauración de la grandeza de Maga. Ya cuenta para ello con cerca de 20 cómplices, entre los que se destacan “demócratas” tan íntegros como Benjamin Netanyahu, Víctor Orban y Javier Milei. Porque para Trump la paz no es otra cosa que la continuación de guerra por la disputa de los mercados mediante los aranceles, las amenazas de anexiones territoriales y la oferta de compraventa de las naciones, ya sea Groenlandia, Venezuela o cualquier otro lugar del mundo lo suficientemente rico en petróleo o minerales críticos y débil en el terreno político y militar. Lo que olvidan Trump y sus nuevos cómplices en la “Junta de Paz” es que la identidad y dignidad de los pueblos, ya sea Groenlandia o Venezuela, no está en venta y no tiene precio, así cuente para ello con encumbrados delincuentes estatales o busque cooptarlos en su nueva “Junta de Paz” para hacer buenos negocios en el Oriente Medio y el hemisferio Occidental. Pero el mayor error de Trump es que subestima demasiado a su propio pueblo, pues está convencido que puede seguir manipulando a su antojo sus miedos, prejuicios, odios y esperanzas, utilizando la fantasmagoría de MAGA en su propio beneficio y sus ansias de perpetuarse como inquilino frívolo de la Casa Blanca, cuya ala este[viii] convertirá en un fastuoso salón de baile para celebrar sus triunfos.

¿Habrá fiesta en la Casa Blanca en noviembre?

Todo parece indicar que el tiempo no le dará esa oportunidad, pues a un año en la presidencia tiene el índice de desaprobación ciudadana más alta en toda la historia, “de acuerdo con una encuesta de CNN, el 58 % de los estadounidenses considera que su primer año en el cargo ha sido un fracaso, en un escenario marcado por la preocupación económica, el cierre parcial del gobierno y el desgaste de algunas de sus políticas emblemáticas”[ix]. Y, lo que es peor, olvida que la represión y la violencia que no duda en aplicar en el exterior, bombardeando lanchas, secuestrando y asesinando, no serán toleradas impunemente si lo hace también en el interior contra sus ciudadanos y la población migrante[x], como está sucediendo, pues el próximo noviembre se lo cobrarán en las elecciones para el Congreso. Por eso Trump es un mago esperpéntico tanto más peligroso cuanto más seguro está de haber seducido a MAGA y cuando ella lo rechace en las urnas es probable que intente de nuevo abusar de ella por la fuerza, como lo hizo en su vida privada en varias ocasiones y por ello fue condenado en el caso de la columnista E J Carroll a pagar 5 millones de dólares por abuso sexual[xi]. Por algo aparece tan sonriente al lado de Epstein en varias fotografías, una prueba irrefutable de sus afinidades electivas: “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Un tipo estupendo”, dijo Trump a New York Magazine en 2002. “Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. Sin duda: Jeffrey disfruta de su vida social”[xii].

¿Otro asalto al Capitolio?

Por último, no hay que olvidar que ya indultó a 1.500 de los asaltantes encausados por la toma del Capitolio que el 7 de enero de 2021 lo respaldaron violentamente[xiii], reclamando su triunfo contra Biden. ¿Repetirá la escena el próximo noviembre si pierde las elecciones su partido republicano para el Congreso? ¿Celebrará en la sala este de la Casa Blanca o se irá a su palacete de Mar-a-Lago a jugar golf y rumiar su derrota? ¿Será capaz de reconocer que la vida pública no es lo mismo que su vida privada y no puede hacer con la vida de millones de personas lo que le plazca? ¿Cerrará el Congreso si pierde las elecciones alegando que hubo fraude de los demócratas? En 10 meses sabremos si Maga lo “despide” y repudia como un pretendiente indeseable por gobernarla a punta de amenazas, aranceles y violaciones de ICE.

[i] https://www.dw.com/es/trump-indulta-a-1500-encausados-por-asalto-al-capitolio/a-71356135

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_de_Hiroshima_y_Nagasaki

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia

[iv] https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_Defensa_Estrat%C3%A9gica

[v] https://es.wikipedia.org/wiki/El_fin_de_la_historia_y_el_%C3%BAltimo_hombre

[vi] https://elpais.com/internacional/2026-01-23/que-es-la-junta-de-paz-servira-para-resolver-guerras-las-claves-del-organismo-creado-por-trump.html

[vii] https://faustotounsi.substack.com/p/la-estafa-de-la-junta-de-paz-de-trump

[viii] https://www.nytimes.com/es/2025/10/23/espanol/estados-unidos/trump-demolicion-ala-este-casa-blanca.html

[ix] https://www.nytimes.com/es/2025/10/23/espanol/estados-unidos/trump-demolicion-ala-este-casa-blanca.html

[x] https://es.wired.com/articulos/por-que-ice-puede-matar-con-impunidad

[xi] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65540220

[xii] https://www.nytimes.com/es/2025/07/18/espanol/estados-unidos/trump-epstein-amistad-cronologia.html

[xiii] https://www.dw.com/es/trump-indulta-a-1500-encausados-por-asalto-al-capitolio/a-71356135

A partir de julio de este año, dediqué las columnas de este blog al análisis crítico y a la búsqueda de alternativas individuales y sociales que nos depara la crisis climática. Reflexionamos sobre el proceso de colonización española, que impuso una modernidad sangrienta que arrasó buena parte de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro continente y que marcó el origen del extractivismo que maltrata la madre tierra.

El capitalismo de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, incorporó al ideario político de las nacientes repúblicas de Latinoamérica, la tesis del crecimiento económico como promesa para alcanzar progreso y bienestar, basado en la explotación de la naturaleza que promovía la revolución industrial europea y las concepciones instrumentales del desarrollo.

El mito del progreso se fortaleció con la industria petrolera del siglo XX y con ello, emergió la crisis climática como parte de la crisis ambiental de la sociedad occidental, fundada en el extractivismo de la naturaleza y en el modelo lineal del emprendimiento científico y tecnológico aferrado a ideas cartesianas del mundo y en concepciones cientificistas.

El capitalismo sobrepasó los límites planetarios y especialmente el referido a la regulación de la temperatura global del planeta, que se alteraría, por primera vez, debido a la emisión de gases efecto invernadero producidos especialmente por la actividad industrial y por la dependencia energética de hidrocarburos fósiles, fundamentalmente petróleo.

La crisis climática envuelve disputas científicas, políticas, económicas, culturales e ideológicas sobre el tipo de modelo que debemos configurar como humanidad para garantizar la vida en el planeta. Pero lo más importante, exige de acciones individuales y colectivas para enfrentarla y porque no superarla.

El camino más claro para superar la crisis no está en las promesas de la economía verde promovida por el capitalismo, o en las soluciones técnicas de las ciencias, porque las dos insisten en conservar el modelo económico hegemónico de occidente basado en la manipulación, control o explotación de la naturaleza.

Dialogar con los saberes ancestrales de nuestros antepasados indígenas y valorar los que aún han sobrevivido constituye una mejor alternativa para enfrentar la crisis. La profesora Leidy Marcela Bravo Osorio de la Universidad Pedagógica Nacional, promovió con mucha claridad este camino, en sus trabajos académicos vivió, sintió y defendió los saberes ancestrales de los pueblos indígenas colombianos, especialmente del Cauca y del Putumayo como base esencial para la promoción de prácticas sociales sustentables.

Basados en los aportes de la maestra colibrí[1], podemos pensar en una forma distinta de investigar y actuar frente a la crisis climática apoyados en los saberes ancestrales. En primer lugar, debemos aprender a caminar, es decir, debemos seguir el saber del pueblo Inga de reconocer nukanchipa alpa mama (‘nuestro territorio’); saber en dónde vivimos, con quién vivimos, explorando la biodiversidad, la riqueza hídrica, el aire, la tierra y todas las relaciones ecológicas que sostienen la vida, para conservarla, protegerla y defenderla.  

En segundo lugar, debemos aprender el Samaspa iachaikuspa: ‘descansando aprendemos’, o sea, es necesario detenernos para revisar los trayectos realizados de la sociedad occidental sustentada en el antropocentrismo, para reorganizar de forma colectiva qué hace falta para cambiarlo y que nuevas cosas podemos construir juntos para reencontrarnos con la naturaleza y emprender prácticas sostenibles como la agroecología, la permacultura, la movilidad limpia, la construcción sustentable, entre otras prácticas que sigan los ritmos y equilibrios naturales.

Y en tercer lugar, debemos proyectar para soñar, esto significa que el caminar y el descansar nos permite comprender, más allá de lo aparente, emprendiendo diálogos entre distintos saberes que nos conduzcan a una comprensión holística y compleja de la crisis climática para tomar mejores decisiones, que orienten el plan de vida integral que nos permitan superar esta crisis y todas aquellas que trae la crisis ambiental que padecemos. La maestra colibrí nos enseña:

“Caminar, descansar y proyectar el soñar se entretejen para posibilitar la creación de puentes para ‘cruzar’ (chakai) formas de comprensión del mundo. Esta acción de “cruzar” tiene su referente cosmogónico en la chakana (‘cruz andina’), entendida como la posibilidad de ir y venir y en ese movimiento recrear y deconstruir conocimientos”[2].

Es posible superar la crisis climática, y esto va más allá de las insuficientes avances de las cumbres sobre el cambio climático, para esto los saberes ancestrales de los pueblos de Abya Yala, en diálogo con los aportes de las ciencias comprometidas con la ética y la justicia ambiental pueden impulsar nuestro encuentro con la naturaleza para rescatar la identidad olvidada y sobreponerla a la lógica eurocéntrica y anglosajona que insisten en el progreso y desarrollo capitalista como único camino posible.

En palabras de Enrique Dussel, es necesaria una nueva época sustentada en la pluriversidad y en la otredad como reconocimiento de todos y todas, más allá de las lógicas de mercado y del consumo desenfrenado que alinean y borran la dignidad humana. Es posible construir una sociedad sustentable y sentipensante como diría el maestro Fals Borda, que supere el extractivismo y que emprenda alternativas productivas sustentadas en la raíces indígenas, afrodescendientes y campesinas para construir justicia y paz con la naturaleza.

Que el 2026 traiga un reencuentro profundo con nuestras raíces culturales y que tejamos nuevas conexiones con nuestra madre tierra.

Leonardo Boff nos muestra con claridad este desafío: El futuro de la madre tierra no cae del cielo, sino de las decisiones que tomamos en el sentido de entrar en sintonía con los ritmos de la naturaleza y del universo[3].

@LeoMartinezUPN

[1] Bravo, L. ( 2022) Nukanchipa iuiaita maskasunchi: buscar más allá de lo aparente. Buscar una laguna donde no la hay y encontrarla, ¡eso es investigar! En Absalon, J., y Alfonso, T. La práctica investigativa en ciencias sociales. Nuevas perspectivas. (p.179-202)

[2] Bravo, L. (2015). Ugpachisunchi i katichisunchi kilkaikunata – llevando y trayendo la palabra-: territorio, “saber vivir ahí” y pensamiento Inga [Tesis de maestría]. Universidad Pedagógica Nacional. p. 65.

[3] Boff, L. (2021). O doloroso parto da mãe terra. Uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social. Editora Vozes. (p. 125-126)