El Me Too Colombia, propio de esta fase feminista en clave digital del siglo XXI, estalló en todas las redes y, a manera de búmeran, visibilizó casos de denuncia de violencia, abuso sexual, abuso de poder y otras formas de acoso en el mundo del periodismo y en otros escenarios. Esto, sin duda, removió y dio oxígeno —no solo de manera simbólica, sino real— al movimiento dedicado a estas causas nobles, a las mujeres víctimas que se atrevieron a denunciar, hoy y siempre, y a las colectivas dedicadas al litigio violeta, muchas de ellas igualmente perseguidas, estigmatizadas e incluso denunciadas por los victimarios.

Pero también cuestionó, entre otras instituciones, al Estado patriarcal y a su justicia lenta, responsable en parte de la impunidad frente a la infinidad de casos que llegan —o que deberían llegar— a su conocimiento. El #MeTooColombia dejó al descubierto “el pacto de silencio” en torno a esta crueldad normalizada por todos y todas, en donde el Estado y la justicia han quedado en cuestión significativa. Ni hablar del silencio del primer gobierno de izquierda ante tantas denuncias, en el que ha preferido premiar a los denunciados, dejándolos en condiciones privilegiadas para la construcción de estrategias de silenciamiento y violencia sistemática.

Gracias a la lucha de siglos y décadas de las colectivas feministas, se han logrado avances en el mundo y en Colombia en la construcción de un marco jurídico de protección. En el caso colombiano, ese marco parte de la propia Constitución Política, de su bloque de constitucionalidad —con instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará— y de normas como la Ley 1257 de 2008, gran ley contra todas las formas de violencia de género; la Ley 1542 de 2012; la Ley 1761 de 2015, que tipificó el feminicidio y es conocida como la Ley Rosa Elvira Cely; la Ley 2126 de 2021; la Ley 2365 de 2024; el Código Penal, en su componente violeta; y el Código de Procedimiento Penal. A ello se suman las sentencias violetas de la Corte Constitucional, de las demás altas cortes de cierre, los aportes de la justicia transicional impulsada por la JEP y la lenta transformación de la justicia patriarcal colombiana. Aun así, la impunidad ha seguido siendo la regla.

Todo este ordenamiento jurídico —en muchos casos de carácter punitivo— se ha tenido que implementar ante la prevalencia de una cultura que sigue viendo a las mujeres como propiedad, como subordinadas, como cosas, como objetos y hasta como amenaza. Así lo reflejan las cifras, en donde las mujeres constituyen el 75,6 % de las víctimas de violencias basadas en género (VBG), dato que evidencia la feminización de la crueldad en este ámbito, sin desconocer que otros géneros e identidades sexuales también son susceptibles de estas violencias estructurales e históricas.

Son estas mismas instituciones las que conocen de primera mano los hechos aberrantes o reciben las denuncias y, por lo tanto, tienen la enorme responsabilidad de recepcionar, acompañar, investigar y administrar justicia en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio, acoso sexual, trata y toda forma de violencia simbólica. Al final, todo se convierte en un viacrucis —como he denominado esta columna— que culmina en la revictimización o crucifixión de las víctimas: una especie de Semana Santa permanente, pero sin resurrección, sin la más mínima esperanza.

Por fortuna —y lo digo así— las estrellas se alinearon en el caso de #MeTooColombia: algunos agresores fueron removidos de escenarios de poder (ya los veremos en otros escenarios, como si nada), se activaron redes de mujeres y mecanismos de protección, y el tema logró visibilidad gracias a voces femeninas influyentes en el mundo de la comunicación, un asunto impensable para mujeres de otras geografías en Colombia. Sin embargo, esto no puede quedarse en la reacción coyuntural. Se requiere ir más allá de comités de investigación —el show mediático que están haciendo las instituciones ante lo que denominan crisis— y avanzar hacia la creación urgente de culturas organizacionales con enfoque de género e interseccionalidad.

En esa línea, resulta relevante el anuncio de la Fiscal General de la Nación sobre la creación de grupos especializados con enfoque de género, la revisión histórica de casos bajo su conocimiento —¿qué pasó?— y la valoración y el seguimiento del derecho fundamental al escrache, identificado por la Corte Constitucional de Colombia como la libertad de expresión que “permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia” (Sentencia T-289 de 2021). Un derecho fundamental que, en el contexto colombiano, culmina con la criminalización de las víctimas y de las colectivas, quienes terminan denunciadas por injuria y calumnia por parte de sus agresores. Lo de la Fiscalía llega tarde, pero es mejor tarde que nunca.

Vuelvo entonces a la metáfora de los lentes: no todos los casos los requieren, pero los de VBG, indudablemente, sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de juzgar con perspectiva de género cuando los casos clamen dichos enfoques. Sin embargo, estos lentes resultan insuficientes si no se articulan con enfoques de interseccionalidad e interculturalidad. No es lo mismo estar en Bogotá que en las diversas geografías del país. Edad, etnia, condición migratoria, identidad sexual, discapacidad, ruralidad, pobreza y subordinación son variables que deben cruzarse para comprender la complejidad de estos casos, muchos de los cuales terminan en el olvido, mientras el viacrucis continúa.

La crueldad histórica contra las mujeres no ha terminado y no promete hacerlo pronto. Hablamos de siglos de sistema patriarcal, pero también de luchas, resistencias y avances —desde distintas geografías y miradas— que nos recuerdan que este proceso no es lineal ni homogéneo. En Abya Yala, por ejemplo, las luchas no solo son por igualdad, sino por comunidad, reconocimiento y vida digna. Allí, el feminismo comunitario también realiza la tarea.

Nota 1: Esta columna fue escrita en plena Semana Santa. Que la espiritualidad nos colme de empatía para comprender —y erradicar— tamaña crueldad histórica.

Nota 2: Un análisis más profundo de este tema se encuentra en el artículo escrito junto con Ana Lucía Caldas: La lucha por la inclusión de la perspectiva de género en la aún justicia patriarcal colombiana. Cuatro casos emblemáticos, el cual se puede consultar a texto abierto en el siguiente enlace:
https://www.rivistaianus.it/numero_30_2024/flipbook/html/05/05_Ianus_30_Achury_Caldas_117-148.html

Escribo desde la piel desde Feminismo Artesanal y la urgencia.

No me interesa posar de intelectual ni aparentar que he devorado bibliotecas enteras; lo poco que he podido indagar en medio de la vida y del “dios Tiempo” —ese que nos niega su beneplácito— me ha servido para poner sobre la mesa un tema que hoy quema: el nepotismo.

¿Realmente nos incomoda el nepotismo o solo nos molesta cuando no somos nosotros quienes repartimos los cargos?

Esta reflexión nace de la necesidad de rescatar la conversación del ruido mediático. Hablar de nepotismo se ha vuelto un griterío de redes sociales, cuando lo que necesitamos todas las personas es conciencia crítica y pensamiento situado. Es mi intención desglosar esta realidad con la filigrana que merece.

El nido y el gregarismo: El instinto de supervivencia

Aclaro desde el inicio : trabajar con la familia, los amigos y la gente de confianza es, en su raíz, un acto de supervivencia.

Si soy una funcionaria pública con responsabilidades de alta envergadura, lo mínimo es rodearme de personas en quienes confío.

La antropología y la sociología no mienten: el ser humano es gregario. Buscamos cuidarnos la espalda, necesitamos la mirada del que nos ama para sentirnos seguros en la batalla.

Entiendo profundamente a ese funcionario que busca gente cercana para confiarle su propia gestión; nadie desea trabajar con desconocidos cuando su propia cabeza está en juego.

Es una cuestión de simple supervivencia profesional y de salud: buscamos equipos que nos permitan mantener el cortisol en niveles bajos para poder operar con tranquilidad.

Trabajar con conocidos es una estrategia para reducir el estrés y garantizar la lealtad en entornos hostiles.

Eso es lógica humana; eso es coherencia vital.

Pierre Bourdieu (1986) explicó el capital social como ese tejido de relaciones que permite acceder a ciertos espacios. Sumo aquí la voz de Hannah Arendt, quien advirtió que el peligro surge cuando confundimos la “oikos” (el hogar) con la “polis” (lo público).

Lo que en casa es amor, en el Estado podría convertirse en un muro que excluye a todas las personas que no pertenecen al linaje.

¿En qué momento el círculo de seguridad se transforma en una barrera para el mérito ajeno?

La paradoja del “Cambio”: ¿Ética o hambre de poder?

El problema real radica en el riesgo de trabajar con personas cuya idoneidad sea inexistente.

Resulta preocupante que el Estado pueda convertirse en una bolsa de empleo personal. Esta práctica ha sido señalada históricamente en Colombia, la diferencia hoy es que el gobierno de Gustavo Petro Urrego llegó bajo la promesa de una ética distinta.

¿Y si el problema nunca fue el nepotismo de los otros sino no tener el poder propio para ejercerlo?

La historia reciente nos obliga a preguntarnos si la incomodidad de ayer era por la injusticia o por la exclusión del banquete. Se percibe una tendencia hacia la búsqueda de un poder absoluto que parece preferir la lealtad ciega sobre la competencia técnica. Contratar agentes sin experiencia podría interpretarse no como un acto de inclusión, sino como el deseo de rodearme de figuras obedientes; marionetas que no cuestionen el rumbo. Como sugería Virginia Woolf, para tener pensamiento propio se necesita independencia; la dependencia del favor estatal mata el juicio crítico.

Una cosa es buscar confianza para bajar el cortisol y otra muy distinta es buscar obediencia para armar una cofradía de intereses.

Los cuestionamientos públicos son contundentes y están documentados.

Se han conocido denuncias sobre familiares de altos mandos, como el caso de la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, cuyos hijos (Diego Alejandro Restrepo Ramírez y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez) han ocupado cargos en el Ministerio de Salud y la Unidad de Restitución de Tierras respectivamente. Así mismo, se ha reportado el vínculo de Vladimir Antonio Ginas Ulloa, hermano del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa, en entidades del sector público. El caso del maquillador y asesor de imagen de la primera dama Verónica Alcocer García, el señor Fadi Flórez, vinculado mediante contratos con ProColombia para acompañar comitivas oficiales, suma otra capa de duda sobre el uso de recursos públicos para fines del círculo íntimo. A esto se agregan las graves investigaciones por la gestión en la UNGRD, donde el manejo de recursos parece haber favorecido a redes de absoluta cercanía.

Cuando la “confianza” se traduce en clanes familiares o amigos personales manejando la chequera del Estado, la esperanza de transformación se resquebraja.

De la rosca de confianza a la cofradía de intereses

Investigadoras como Valentina Bustamante González han evidenciado cómo el favoritismo destruye la percepción de justicia. Cuando el afecto se usa presuntamente para blindar la mediocridad, el nepotismo deja de ser apoyo para transformarse en lo que la antropóloga Rita Segato define como una “cofradía”: un pacto de lealtad que opera al margen de la ética pública. Es ahí donde el ejercicio del poder degenera en una estructura que prioriza el interés privado sobre el bien común.

La Acracia y el fin de la excusa

Hoy la cívica consiste en indagar. La ignorancia es una decisión consciente. Tenemos herramientas para dejar de ser espectadores pasivos. Estudiar significa poner el deseo y la atención al servicio de algo valioso. Si estudiar se reduce a un trámite, perdemos la capacidad de razonar.

Invito a todas las personas a no quedarse con lo que escribo. Usen las herramientas, busquen a Bourdieu, a Segato, a Arendt, a Woolf. Hagamos un ejercicio de acracracia —ese orden que nace de la conciencia propia— para que el civismo sea una práctica diaria y situada. ¿Estamos dispuestos a cuestionar el poder incluso cuando es el poder por el que votamos?

Colofón

Como edu -comunicadora y escribidora, mi voz se planta firme: trabajar con allegados no constituye un delito por definición. Lo condenable es que esos afectos se utilicen presuntamente para afectar el erario o para anular la meritocracia. Una cosa es el instinto de supervivencia que busca paz mental; otra es la ambición que busca marionetas. Diferenciemos la confianza de la complicidad, porque de esa filigrana depende la salud de nuestra democracia.

Fuentes de consulta y soportes públicos:

• SECOP II (Portal de Contratación Estatal): Registros de contratos de Fadi Flórez (vinculación ProColombia), Vladimir Antonio Ginas Ulloa y hermanos Restrepo Ramírez.
• Declaraciones de Bienes y Rentas (Función Pública): Verificación de cargos ocupados por familiares de altos funcionarios del Ejecutivo 2022-2026.
• Informes de Auditoría de la Contraloría General de la República: Sobre los gastos de representación y comitivas de la Primera Dama.
• Investigaciones periodísticas (La Silla Vacía, El Espectador, Revista Cambio): Reportajes detallados sobre el “círculo íntimo” de la Casa de Nariño.
• Boletines de la Procuraduría General de la Nación: Apertura de indagaciones sobre idoneidad y presunto tráfico de influencias en ministerios y UNGRD.

Un óleo, una hacienda y el origen silencioso de la banca en Colombia

La historia del surgimiento de los bancos colombianos a partir del análisis de un óleo que custodia los cerros tutelares de Tenjo

Por: Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero

¿Puede un cuadro narrar la historia de la fundación del sistema financiero colombiano?
La respuesta yace en un óleo pintado hacia 1893 por el afamado retratista republicano Epifanio Garay, una obra que no solo captura un rostro, sino que condensa una época, una visión económica y un carácter forjado en medio de guerras civiles, debates ideológicos y la construcción de nación.

El retrato presenta a un hombre de bigote bien definido, gesto afable y mirada firme: Juan Sordo Girardot. Su semblante transmite serenidad, pero también una persistencia silenciosa, propia de quienes saben que el progreso exige paciencia, riesgo y determinación. Enmarcado en madera dorada, el cuadro parece suspender el tiempo y devolvernos a la tarde del jueves 2 de abril de 1835, cuando nació en Bogotá, como hijo mayor del español Juan Sordo y Sobrino y de Josefa Joaquina Girardot Díaz, hermana del prócer Atanasio Girardot, héroe de la colina de Bárbula.

Durante décadas, el óleo ha permanecido inmóvil, ajeno al paso del tiempo, coronando un dintel sostenido por una viga bicentenaria en una antigua hacienda situada en la falda de la montaña que abraza al municipio de Tenjo (Cundinamarca). Desde allí, su mirada —penetrante pero serena— parece vigilar el ingreso a la casa de su bisnieta, Isabel Ancízar Duque, guardiana de un invaluable acervo documental: los archivos personales de Manuel Ancízar, primer rector de la Universidad Nacional de Colombia y cercano confidente del liberal radical Santos Acosta, presidente que sancionó, entre otras, la ley de creación del Archivo Nacional.

Ese lugar fue, en vida, y durante sus últimos años, el refugio definitivo de Juan Sordo Girardot. Un espacio de recogimiento tras años de persecuciones, presiones y constantes solicitudes de dádivas destinadas a financiar las interminables guerras civiles que desangraron a la joven República de Colombia, en una lucha fratricida impulsada por la ambición política y el afán hegemónico. A ello se sumó el dolor íntimo por la muerte de su esposa y prima, Bárbara Manuela Menéndez Girardot, con quien tuvo ocho hijos y con quien compartió la pérdida prematura de Luis María, fallecido en París.

La finca Altamira fue su último destino, luego de haber residido durante años en Bogotá, en la conocida “esquina de las Esmeraldas”, en una casa de su propiedad ubicada en la calle 12 con carrera 6ª. Aquella edificación, que más tarde albergó la Procuraduría General de la Nación, fue destruida durante el Bogotazo. Desde allí se recuerda una de sus empresas más notables: haber ganado en licitación el arrendamiento para la explotación de las minas de esmeraldas de Muzo, entre 1876 y 1886, a través de la Compañía de Minas y Esmeraldas.

La explotación de Muzo se convirtió en un símbolo de la disputa política entre federalismo y centralismo, debate que ocupó buena parte de la agenda legislativa del siglo XIX. Los representantes boyacenses reclamaban la propiedad absoluta de las minas para su territorio, pleito que derivó en la expedición de una ley en 1878, mediante la cual la Nación cedía 10.000 pesos y entregaba la riqueza esmeraldera al denominado Estado Soberano del Norte. Sin embargo, con la llegada de Rafael Núñez al poder y la instauración del régimen centralista, muchos de estos bienes retornaron al control del Estado nacional.

Juan Sordo Girardot comprendía que sin riesgo no hay recompensa. Esa convicción la aplicó también en el ámbito financiero. Fue fundador y segundo gerente del Banco de Colombia en 1875, tras la breve administración de Ramón del Corral. El banco surgió por iniciativa suya y de figuras clave como José Obregón, Manuel Antonio Ángel, José Camacho Roldán y Elías Casseres, con la idea de crear una institución de giro y descuento, sustentada en acciones de 1.000 pesos y un capital nominal inicial de 1.500.000 pesos.

En aquel entonces, la noción de banca distaba mucho de la actual relación entre Estado y sistema financiero. Prueba de ello ocurrió en 1898, cuando el Banco de Colombia desempeñó un papel decisivo en la diplomacia internacional al aportar 20.000 libras esterlinas al Gobierno de Italia, evitando un conflicto bélico derivado de la confiscación de bienes del ciudadano italiano Ernesto Cerruti. La controversia había culminado en un laudo arbitral desfavorable para Colombia y ya se encontraban en aguas nacionales buques armados italianos, bajo el mando del almirante Candiani, apuntando sus cañones.

La experiencia bancaria de Sordo Girardot se remontaba aún más atrás, a 1870, año en el que se constituyó la sociedad anónima que dio origen al Banco de Bogotá, el primer banco privado del país, fundado el 15 de noviembre, coincidiendo simbólicamente con el bautizo de su tercera hija, María, de quien fue accionista fundador.

Desde joven, Juan Sordo mostró una notable aptitud para los negocios y la política. Inició con la producción y comercialización de quinas, lo que lo llevó a estructurar un sistema de transporte fluvial mediante champanes por el río Magdalena hasta Neiva. Desde allí exportaba productos y abastecía a la región, experiencia que lo condujo a ocupar cargos públicos como procurador y gobernador, a la temprana edad de 22 años.

Hoy, el óleo del sobrino de Atanasio Girardot, junto al retrato de Juan Sordo y Sobrino pintado por el maestro Rubiano, trascienden el ámbito privado para inscribirse de manera definitiva en la memoria pública del país. Desde 2019, estas obras hacen parte de la colección de la Pinacoteca del Archivo General de la Nación, gracias a la generosa donación realizada por Isabel Ancízar, y bajo la protección institucional garantizada durante la administración del entonces director del AGN, Armando Martínez Garnica. Su incorporación al acervo nacional los consagra como fuentes de alto interés patrimonial para el estudio de los inicios de la República, tal como se evidencia en la reciente publicación de Rubén Hernández, Una de las Quintas de San Cristóbal – La Eneida. Estos cuadros se erigen, así, en testimonio inmutable que nos permite conspirar contra el olvido y reafirmar el valor de la memoria histórica como fundamento de nuestra identidad nacional.

Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las elecciones se han convertido en la coartada perfecta para perpetrar y perpetuar, con total impunidad política, un crimen de lesa ciudadanía contra la democracia. Es un crimen cometido con premeditación y alevosía por quienes más abusan periódicamente de ella en su propio beneficio: los políticos profesionales y sus financiadores legales e ilegales, junto a los poderes de facto. En lugar de propiciar y facilitar la expresión libre y consciente de la voluntad ciudadana, las elecciones y la parafernalia de partidos políticos que se la disputan hacen todo lo contrario. Las convierten en una estratagema infalible para la manipulación y sometimiento de la voluntad ciudadana a intereses plutocráticos, todo bajo la ficción constitucional de la soberanía, proclamada en el artículo 3 de nuestra Constitución Política: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”.

¿Cuál soberanía ciudadana?

Una soberanía popular que termina siendo solo una ficción constitucional. Más en estos tiempos que corren, donde los algoritmos, las redes sociales y ahora la IA, con su raudal incontenible de desinformación y Fake News, manipulan, condicionan y determinan esa supuesta soberanía popular y voluntad ciudadana. Una voluntad ciudadana imaginaria y fantasmagórica, proyectada al menos desde el siglo XVIII por una pléyade de filósofos, entre los que destaca el ginebrino Rousseau con su idealizada “voluntad general”, plena de racionalidad y deliberación. Pero en la realidad ella es profundamente emotiva y excepcionalmente deliberativa. Así lo demuestran con creces las últimas elecciones en muchas latitudes, desde la supuesta fría y flemática racionalidad británica que votó a favor del Brexit, arrastrada por prejuicios racistas y una aporofobia hábilmente exacerbada por políticos populistas de extrema derecha, utilizando Cambridge Analytica[i]. Ni hablar del auge incontenible de Trump con sus delirios imperiales de America First y MAGA, que revive los prejuicios discriminatorios y las heridas sangrantes de la primera República moderna, incapaz de vivir a la altura de sus principios fundacionales y verdades, proclamadas desde su independencia como evidentes: “que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, hoy negadas cotidianamente por las redadas de ICE y la represión de la Guardia Nacional.

La paz política dilapidada

En nuestro caso, el ejemplo más doloroso y patético fue el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz el 2 de octubre de 2016, que dilapidó la oportunidad histórica para que los colombianos comprendiéramos que el presupuesto existencial de la democracia es la paz política, como ya aparece en el artículo 22 de la Constitución: “Un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sucedió lo contrario, la búsqueda de una legitimidad incuestionable, refrendada por mayorías en las urnas, convertida en una obsesión para el presidente Santos y las Farc-Ep[ii], terminó sumergiéndola en un lodazal de negociaciones que dejó a la paz política herida de muerte. Una herida profunda que no cierra, propiciada por la puñalada trapacera de una extrema derecha que manipuló con éxito prejuicios tan atávicos como la homofobia, pues le hicieron creer a numerosos electores que sus hijos e hijas serían corrompidos por una inexistente ideología de género que jamás hizo parte del Acuerdo. Sin dejar de mencionar la exaltación del miedo y el odio, anunciando la hecatombe del castrochavismo en la que terminaría convertida Colombia por una inalcanzable e inimaginable Presidencia de Timochenko, si se le permitía a las Farc convertirse en partido político y participar a sus excomandantes en política. ¡Como si sus contados votos fueran hacer más letales que sus innumerables disparos! Una campaña contra el Acuerdo de la que aún se sienten orgullosos por haber llevado a la gente a “votar verraca”, según la eufórica y cínica celebración de su principal promotor, Juan Carlos Vélez Uribe[iii], rápidamente recriminado por el jefe “natural” del “Centro democrático”, Álvaro Uribe Vélez: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones[iv]. Sin duda, lo que más daño hace a la democracia es la mentira y la perversión del juicio ciudadano, manipulando sus emociones y prejuicios, para perpetuarse así en el ejercicio de un poder político sustentado en el miedo y en una falsa superioridad moral de “ciudadanos de bien” contra sus contradictores y adversarios políticos a quienes estigmatizan como peligrosos enemigos de la patria y la democracia.

Entre Urnas y Tumbas

Es en esa estratagema maniqueísta en donde se encuentra el origen de la polarización social y la radicalización de todo el proceso electoral, pues impide la deliberación y la argumentación ciudadana. En su lugar, lo que aparece es una pueril división y confrontación de los “buenos” contra los “malos”, de los “demócratas” contra los “comunistas”, quienes a su vez responden con una simplificación aún mayor, llamando a derrotar a los “paracos” y éstos a su vez a eliminar a los “mamertos”.  Entonces de esa violencia simbólica a la directa hay menos de un paso, solo falta disparar, como dolorosamente sucedió con Miguel Uribe Turbay y a 163 líderes sociales hasta el 9 de noviembre en curso[v]. Así las urnas se transforman en tumbas. Por eso el bien intencionado llamado a la Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación[vi] es pertinente pero insuficiente, pues no se sustenta en el terreno firme de la PAZ POLÍTICA, amenazada por un complejo entramado de organizaciones armadas ilegales que combinan la violencia política con la financiación y el apoyo a campañas electorales, afines a sus intereses estratégicos. En el pasado, fueron los paramilitares y la narcoparapolítica en nombre de la seguridad, pero también la guerrilla invocando la justicia social, mediante el control de vastos territorios y sus pobladores, imponiendo el voto o impidiendo su libre ejercicio, asesinando líderes sociales y candidatos independientes, quemando urnas y puestos electorales. Así han parcelado y fragmentando el territorio en feudos electorales bajo el control de sus armas, convencidos que “el poder nace de la punta del fusil” y no de la deliberación y libre participación ciudadana. Por eso vivimos más bajo un régimen político electofáctico que uno propiamente democrático.

A tan antidemocrático paisaje, en las próximas elecciones del 2026 se suma el riesgo mortal de la influencia de liderazgos de candidatos iracundos cargados de tigre y organizaciones políticas afines que solo están interesadas en ganar votos estimulando el sectarismo y la descalificación emocional de sus contradictores, apelando de nuevo al miedo, los prejuicios y la ausencia casi total de reflexión y deliberación. De allí, que las elecciones sean necesarias pero insuficientes para la existencia de la democracia, cuya vitalidad depende fundamentalmente de una ciudadanía capaz de expresarse en clave política, es decir,  deliberando y decidiendo libremente en torno a intereses generales y bienes públicos, y no tanto convalidando la transacción del Estado y sus elegidos en función del mercado, intereses minoritarios de poderes corporativos y empresariales, cuando no hipotecando su gobernabilidad a poderes de facto camuflados bajo la tramoya de una sofisticada institucionalidad que se autoproclama la más estable y democrática del subcontinente, solo por realizar ininterrumpidamente elecciones desde 1957. Elecciones que siempre han transcurrido entre urnas y tumbas, pues aún no conocemos y menos vivimos la política como paz, como una deliberación creadora, en gran parte debido a que sus líderes protagónicos la continúan promoviendo como una confrontación destructora. Cuando más, hacen de la democracia un juego de suma cero, donde el ganador de la presidencia se queda con casi todo y los perdedores en el Congreso con casi nada. Deberíamos preguntarnos, antes de votar, ¿a quiénes sirve y beneficia semejante “democracia”?

Peor, aún, todavía persisten entre nosotros algunos “demócratas” que la ven y viven como una guerra, un juego de suma negativa, en donde todos perdemos, incluso los supuestos ganadores, como nos sucedió con el plebiscito por la Paz, cuyo costo sigue siendo la inseguridad, el asesinato de líderes políticos y sociales, el desplazamiento forzado, las desapariciones y el confinamiento de cientos de miles de pobladores rurales. Por todo ello, esta “democracia” está muriendo, paradójica y cruelmente, gracias al uso intensivo de las elecciones y a la ausencia de una ciudadanía deliberante y promotora de intereses generales, no solo de los personales, partidistas, familiares, empresariales y hasta criminales. En gran parte dependerá de nuestro juicio ciudadano resucitarla o enterrarla en una profunda fosa cavada por la indiferencia de millones de abstencionistas y la indolencia, el fanatismo e ignorancia de otros tantos millones de electores que van a las urnas a votar verracos para cobrar revancha durante cuatro años contra quienes consideran sus enemigos.

[i] https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522058765_703094.html

[ii] https://razonpublica.com/la-paz-es-un-juego-de-suma-positiva/

[iii] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/02/cuando-el-gerente-del-del-no-en-el-plebiscito-revelo-la-estrategia-del-uribismo-para-ganar-la-gente-voto-verraca/

[iv] https://www.elcolombiano.com/colombia/alvaro-uribe-regana-a-juan-carlos-velez-por-entrevista-a-la-republica-sobre-campana-del-no-YE5116643

[v] https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/11/09/aumentan-a-163-los-lideres-sociales-asesinados-en-2025/

[vi] https://pazelectoralprocuraduria.com/sobre-la-estrategia/

(Artículo para EL PAIS, el periódico global, edición América-Colombia, noviembre 2025.)

Resulta tentador realizar un paralelo entre las presidencias de Belisario y Petro, pues ambas tienen en común su obsesión por la paz y la ampliación de la democracia. Belisario la postuló desde su discurso de posesión presidencial con su inconfundible estilo lírico: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! … No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más!”. Pero, lamentablemente, el 6 y 7 de noviembre de 1985 olvidó tan vital deseo e imperativo presidencial y corrieron ríos de sangre en el letal desenlace del Palacio de Justicia.

Algo semejante le acaba de suceder al presidente Petro, pues su consigna central “Colombia, potencia mundial de la vida”, ha sido olvidada al ordenar bombardear un destacamento guerrillero en la selva del Guaviare, con un saldo de por lo menos de 15 menores de edad muertos. Sin duda, las circunstancias son muy diferentes, incomparables, desde el punto de vista político y militar, pero en ambos casos los mandatarios apelan a razones de Estado para justificar el resultado de sus decisiones.

Del Palacio

En el Palacio de Justicia, Belisario lo hace argumentando que lo que se“hizo fue para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”. Argumento falaz, pues esa decisión la tomó Betancur no solo por fuera de la Constitución de 1886 en su artículo 121, sino también desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario, como bien lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: “La Procuraduría considera que el problema no puede plantearse primero legal que políticamente; y, además, que el enfoque legal correspondiente, no es propiamente el del Código Penal, sino el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Al Guaviare

En el bombardeo contra el agrupamiento guerrillero del Estado Mayor Central de las Farc, Petro lo justifica políticamente así: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”. Y agrega que los menores, al portar armas y estar uniformados, se convierten en objetivos militares: “estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados, integran un grupo armado que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra”.

Tal es la mayor paradoja de la política cuando se enfrenta a situaciones límites, propias de la guerra, los conflictos armados internos y la criminalidad organizada, donde lo decisivo es el uso de la violencia. Entonces los jefes de Estado ya no se pueden guiar solamente por sus convicciones y lo que Max Weber denominó “ética de principios”, sino también contando con la ética de la responsabilidad, so pesando las consecuencias de sus decisiones, como en este caso lo expone el presidente Petro. En efecto, la práctica criminal de Iván Mordisco de reclutar menores los convierte en carne de cañón en desarrollo de las confrontaciones armadas con la Fuerza Pública. Una consecuencia que trata de aminorar el accionar de la Fuerza Pública, pues según las cifras presentadas en su alocución presidencial del pasado 19 de noviembre[i], se han recuperado 2.411 menores.

Ética de responsabilidad en acción

De alguna forma, esa ética de responsabilidad es así sustentada en dicha alocución: “Quiero dejar aquí una idea y es que se dice que abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo, si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben, ya han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños y sería un mensaje contradictorio, en vez de reducir el reclutamiento como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, en menos 34 por ciento, aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría y de menores en general combatientes”.

También le sucedió a Belisario después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, ordenado por Pablo Escobar, en retaliación por la destrucción de los laboratorios de cocaína en Tranquilandia[ii], en los llanos del Yari. Entonces, justificó así su decisión de aplicar el tratado de extradición: “Así mismo, a pesar de mi renuencia inicial para acoger el Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos, por mis convicciones humanísticas y democráticas, y mi acendrado sentido de la soberanía nacional, después de la muerte del ministro Lara Bonilla, creí interpretar el sentir del país al reconocer que el tráfico de narcóticos no tiene fronteras y que deben facilitarse los medios para que, quienes incurran en él, sean juzgados en cualquier parte del mundo donde los reclame la justicia”.

Así las cosas, teniendo en cuenta la encrucijada mortal enfrentada por Belisario y Petro, tan parecidos en su obsesión y voluntad política por alcanzar la paz y ampliar la democracia, llegamos al menos a tres conclusiones insólitas e ineludibles:

La primera, que el telón de fondo que impide avanzar en la consecución de la paz política es la imbricación de numerosos grupos armados ilegales con el narcotráfico y rentas provenientes de minerales críticos o “tierras raras”, que los provee de recursos ilimitados para hacer la guerra.

La segunda, que esta simbiosis criminal los despoja cada vez más de identidad política y de reivindicaciones sociales que en el futuro puedan hacer valer en el mundo de la legalidad, pues han perdido por completo su credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Como bien lo advirtió Belisario desde 1982: “En la violencia que el narcotráfico ha engendrado, desde hace cerca de tres lustros, no existe ningún designio social o político distinto al del súbito enriquecimiento. Todo lo demás es cobertura o camuflaje, hábilmente manipulado según las conveniencias y las alianzas”. Así lo han demostrado no solo los grupos narcoparamilitares y narcoguerrilleros, sino también un entramado de empresarios y políticos afines con las economías ilícitas, que han contado en sus campañas políticas con sus generosos aportes y apoyos electorales.

Y, la tercera, que ambos mandatarios tuvieron que enfrentar un establecimiento político y social tan retardatario y cerril al cambio y la paz que les impidió avanzar en sus principales reformas sociales, al punto que sigue siendo válida esta caracterización de Belisario, aludiendo al imaginario Gaitanista del “País Nacional y el País Político”:

“la prioridad del gobierno es empezar  -y lo recalco, empezar tan sólo a que las dos naciones en combate se cohesionen y se fundan, a que la expresión ciudadano colombiano tenga embrujo de porvenir y no eco fantasmal de irrisión; a que expresemos nuestra colombianidad con orgullo; a que dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”.

Objetivo que, igualmente, expresa Petro en su discurso de posesión presidencial: “Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”. Una aspiración que se quedó, como sucedió con Belisario, en el discurso, por circunstancias muy complejas, entre ellas su liderazgo mesiánico y su descuido, cuando no desprecio, por el esfuerzo gris, colectivo y coherente que demanda una eficiente gestión pública.

Una etapa que es imperiosa comenzar y nos señala un horizonte que todos deberíamos tener presente en las elecciones para Presidencia y Congreso en el 2026 y la mediática feria de vanidades preelectorales en curso con cerca de 100 precandidaturas. De lo contrario, seguiremos convirtiendo las urnas en más tumbas, como lo auguran todos aquellos candidatos y candidatas que se proclaman salvadores de la Patria en nombre de la “seguridad, el bien común” y hasta la “defensa de la democracia”, coartadas con las que siempre han gobernado impunemente hasta el presente, por eso abjuran del Estado Social de derecho y reclaman más administración y menos política, haciendo de lo público su empresa privada.

[i] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Alocucion-del-presidente-de-la-Republica-Gustavo-Petro-Urrego-sobre-seguridad-251119.aspx

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Tranquilandia

Pero eso sí: sobre la conformación de una Universidad de la Procuraduría, que tendrá unos gastos que superan los miles de millones de pesos —financiada con recursos públicos y en la que él, como jefe del Ministerio Público, tendrá un enorme poder burocrático—, ahí sí, calladito.

No sé si la idea de Gregorio Eljach sea, además de hablar de lo divino y lo humano, sembrar pánico en la función pública, porque ante cualquier rumor o cualquier foto, sin antes indagar si existe o no mérito para abrir investigaciones a los funcionarios públicos, sin pensarlo dos veces, las inicia. ¿Se habrá detenido a pensar que, si no hay mérito alguno, el daño reputacional que se le causa a la persona involucrada es enorme?

El procurador ha dicho en las últimas semanas que los funcionarios públicos no pueden ni deben participar en política. Me pregunto entonces: ¿qué es participar en política? ¿Asistir a una simple reunión donde cientos de personas escuchan a un candidato, incluso en los tiempos libres? ¿Eso es participar en política? ¿Colocarse una camiseta que alude a determinada causa, sin tener vínculo alguno con la organización de una campaña? ¿Eso también es participar en política? ¿En serio?

Hasta donde alcanza mi entendimiento, lo que no está permitido es utilizar un cargo público para ponerlo al servicio de una causa proselitista. Y para abrir una investigación en ese sentido se requiere suficiente material probatorio, precisamente para no dañar el buen nombre de las personas. No se puede actuar basándose en chismes o rumores. Eso no es serio.

El caso más reciente es el del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, investigado por su presunta participación indebida en actividades políticas, en las que estaría involucrada su esposa, Laura Cristina Ahumada García, quien tiene aspiraciones al Senado de la República. Curiosamente, uno de los oponentes políticos de la señora Ahumada García es Gustavo Bolívar, el mismo que, mientras fue director del Departamento de Prosperidad Social, no dejó de usar su cuenta de X para opinar sobre temas políticos, asegurando que lo hacía en sus tiempos libres, cuando no ejercía funciones públicas.

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Pero volviendo al ejemplo: ¿hay suficientes méritos para llegar a una decisión de este tipo? ¿Está segura la Procuraduría de que esta actuación no causa un daño reputacional al alcalde de Barrancabermeja, del que difícilmente podrá reponerse, en caso de que el señor Gregorio Eljach determine que no había nada irregular?

Así mismo, pueden existir miles de casos similares, porque la Procuraduría General de la Nación se ha convertido en el coco de la función pública. Todo porque el doctor Gregorio Eljach parece decidido a convertirse en el Donald Trump de Colombia, pues actúa como si todo lo pudiera, sin medir las consecuencias.

En un mundo donde el entorno o las situaciones que rodean a nuestros hijos pueden dar pie a situaciones de acoso escolar, como mamá de dos maravillosos niños que llegaron a mi vida de una manera que enmarca un diferencial, he tenido el firme compromiso de darles herramientas para que puedan ser empáticos, seguros y capaces de defenderse sin dañar y esta necesidad estoy segura nace en todos los padres, pero en mí, se vuelve primordial y es que mis chiquis no son mis hijos biológicos y llegan a mi vida con tan solo 5 años y 17 meses de edad, llevando en su corazoncito el dolor, pero a la vez la valentía de afrontar la pérdida de su mamá, una situación que de por vida los va a acompañar.

Es mi familia, la encontré

Esta historia, y sintiéndome identificada con una frase de la película Lilo & Stitch y la cito, cuando Stich dice “es mi familia, la encontré, es chiquita y está rota, pero es buena” da inicio a lo que somos ahora 3 años después, un hogar que transforma, donde su papá y yo hemos puesto nuestra alma y corazón para reconstruir, para aprender a atesorar momentos donde los silencios en el carro, las risas en la cocina, las preguntas inesperadas antes de dormir, cada instante, guarda pistas, emociones, señales, y, en ese ejercicio de observar con amor, descubrimos que protegerlos se vuelve nuestra misión.

Soy una mamá donde el amor que nos profesamos con mis hijos no tiene límites, y por lo mismo les enseño y les fomento que sus emociones tienen lugar, que nuestro hogar es un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos sin miedo a hablar y les confirmo que su voz importa y que ellos tienen el poder de transformar.

El papel de los padres

Como padres, no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar disponibles, de mirar a los ojos, de preguntar sin miedo, de abrazar sin condiciones y es nuestro deber gestionar y asegurar que nuestros hijos tengan la oportunidad de crecer en entornos donde ser diferente no sea motivo de burla, sino de celebración, donde por medio de nuestro ejemplo, les podamos mostrar que la valentía no siempre se ve en los superhéroes, sino en quienes se atreven a hablar, a pedir ayuda y a defender a los demás.

Nuestra familia siendo consecuente con las herramientas que les proporcionamos a nuestros hijos para salir a enfrentar el mundo y en pro de gestionar entornos donde su voz no sea minimizada, llega la decisión más importante que se debe tomar para dar continuidad a su camino, donde la base no es solo una excelente formación académica, sino también continuar fortaleciendo su esencia y su ser, esa decisión donde todas las familias evalúan los pros y los contras de los ambientes y/o escenarios que estarán expuestos, esa decisión que marcara un antes y un después, esa decisión que es a que institución educativa pertenecerá.

El mayor tiempo de nuestros hijos está dedicado al colegio, con horarios que pueden ser extensos, con años de formación, con el miedo como padres de no saber cómo será su adaptación, estamos entregando nuestros más grandes tesoros y en inevitable preguntarse, ¿cómo siendo mamá o papá y sin invadir su espacio lo puedo apoyar?

La elección de colegio

Elegir el colegio para nuestros hijos es una decisión significativa para todas las familias y en nuestro caso, no solo buscábamos solo un lugar donde fuera excelente académicamente, sino que se complementara con un espacio que estuviera alienado con lo que somos como familia.

El Colegio Bilingüe José Max León nos abrió sus puertas con una propuesta que va mucho más allá de lo académico: un compromiso real con la convivencia, el respeto y la inclusión.

Aunque no somos una familia convencional como lo enmarca parte de nuestra sociedad, encontramos en este colegio un refugio donde nuestras creencias y valores fueron no solo aceptados, sino respaldados.

El programa SER —Social, Empathic, Responsible— nos cautivó desde el primer momento. Es una apuesta valiente por formar seres humanos íntegros, capaces de admirar la diferencia, abrazar opiniones diversas y expresar su voz con libertad y respeto.

La gestión antibullying del colegio no se queda en el papel. Se vive, se siente, se trabaja día a día con acciones concretas que garantizan un ambiente sano y seguro para todos. Saber que nuestros hijos crecen en un entorno que celebra la diversidad y promueve el bienestar emocional nos da tranquilidad.

Bullyin en colombia

Si bien revisamos las cifras de acoso escolar en Colombia son alarmantes y en un blog reciente del politécnico gran colombiano ¿Cuál Es La Situación del Bullying En Colombia? y revisando varias fuentes para corroborar esta información, podemos ver que según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, el 23% de los estudiantes colombianos reportaron ser víctimas de acoso escolar de forma regular o constante durante 2023. Este porcentaje ubica al país en el puesto 11 entre los miembros de la OCDE con mayor prevalencia de bullying.  

Además, el Sistema Unificado de Convivencia Escolar (SUICE) registró 6.180 casos de acoso escolar tipo II (agresiones reiteradas) y tipo III (delitos) en 2023, lo que representa un aumento de 2.690 casos respecto al año anterior.

En 2024, la Procuraduría General de la Nación reportó 1.515 casos de acoso escolar, 610 de violencia sexual y 399 de ciberacoso en instituciones educativas del país.

Quiero que esta columna sea un llamado para que no ser indiferentes y comprender que el acoso escolar no es un problema de otros.

Un problema de todos

Porque cada niño que sufre en silencio, cada adolescente que se siente solo, cada familia que no sabe cómo actuar… podría ser la nuestra.

Y si no lo es, aun así, merece nuestra voz, nuestro apoyo, nuestra acción, el acoso escolar no es una etapa, no es una travesura, no es algo que “se supera con el tiempo”, es una herida que puede marcar para siempre.

Desde el consejo de padres y teniendo la fortuna de ser presidenta del mismo, abrazo a las familias que sí lo han vivido, hago un llamado para quienes aún no lo ven, y, es una promesa para mis hijos: que haré todo lo que esté en mis manos para que crezcan en un mundo más justo, más amable, más humano.

No necesitamos esperar a que el acoso toque nuestra puerta para actuar. Desde casa, podemos sembrar respeto, empatía y valentía. Porque cada conversación, cada abrazo, cada límite claro, es una herramienta poderosa para construir un mundo donde ningún niño tenga que esconder su voz por miedo.

Ser presidenta del consejo de padres, es un honor, y me uno a esta campaña de rompamos el silencio para levantar mi voz en nombre de todos e invitarlos a que seamos parte del cambio.

El bullying no es solo un problema entre niños y/o adolescentes, es un reflejo de lo que como adultos permitimos, ignoramos o enfrentamos.

¿Qué podemos hacer?

Como consejo de padres, estamos aquí para apoyar, para escuchar, para actuar, queremos ser parte activa de la solución, no espectadores del problema, y, sabemos que cuando una comunidad se une, el bullying pierde fuerza, aunque el acoso escolar no siempre se ve, pero siempre duele, queremos invitar a todas las familias a sumarse a esta causa y a comprometerse con:

• Escuchar a nuestros hijos con atención y sin juicio.
• Educar en la empatía, el respeto y la valentía.
• Trabajar de la mano con el colegio para prevenir y actuar.
• No minimizar ni justificar ninguna forma de agresión.
• Ser parte activa de una cultura que celebra la diferencia.

Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos, porque al final, no se trata solo de proteger a nuestros hijos, sino de formar una comunidad que los inspire a ser mejores seres humanos.

Una comunidad que no calla ante el dolor ajeno, que no normaliza la violencia, que no se esconde detrás de excusas.

Cada palabra que decimos en casa, cada gesto que damos como adultos, cada decisión que tomamos como familias, tiene el poder de construir o destruir.

Hoy elegimos construir. Elegimos cuidar. Elegimos actuar.

Gracias por sumarse a esta causa. Sigamos caminando juntos, con empatía, con firmeza y con el corazón abierto, sigamos construyendo juntos un colegio donde el respeto sea el lenguaje común y la diferencia, motivo de orgullo.

La Red de Veedurías alertó al órgano de control disciplinario por una posible injerencia del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien podría tener dos personas participando por el cargo.

De acuerdo con Pablo Bustos, el mandatario departamental podría estar jugando a favor de los candaditos Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda Tobón.

“Un contralor de bolsillo es sinónimo de impunidad y corrupción. Por eso hemos llevado estos hechos ante la Procuraduría y la Fiscalía, solicitando medidas cautelares inmediatas e incluso la suspensión del concurso hasta que se garantice su total transparencia”, dijo Pablo Bustos.

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Bustos dijo además que Colombia necesita contralores independientes, “no de bolsillo, que respondan al interés público y no a pactos políticos locales”.

La Procuraduría General de la Nación anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia en el proceso de elección del contralor departamental de Antioquia, particularmente en la aplicación de las pruebas de conocimiento que se adelantan en dicho territorio.

El órgano de control disciplinario hará un despliegue de funcionarios de la entidad que vigilarán el normal desarrollo de los exámenes, y además que la operación cuente con la logística indicada.

En Antioquia, los procuradores asignados deberán verificar con rigor:

– La cadena de custodia de los cuadernillos y hojas de respuesta, desde su embalaje hasta su entrega en las universidades encargadas de la calificación.

– El registro de asistencia, horarios de inicio y finalización de la prueba.

– La correcta rotulación y sellado de las bolsas de seguridad, así como el manejo del material sobrante.

– La elaboración de actas detalladas que permitan identificar cualquier novedad o inconsistencia.

La Procuraduría insistió en que los informes que resulten de la observación en Antioquia servirán como insumo para adoptar las decisiones preventivas y de ser necesario, disciplinarias. 

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En un comunicado oficial, la Red expresó su preocupación por el contenido y el momento en que se emitieron las afirmaciones de Rojas Cuéllar. Según la organización, las denuncias presentadas carecen de respaldo documental y no fueron tramitadas por las vías institucionales adecuadas.

“Las denuncias deben presentarse con oportunidad y sustento probatorio. No basta con comunicados tardíos y sin respaldo de pruebas”, enfatizó Pablo Bustos.

La Red de Veedurías cuestionó especialmente que Rojas Cuéllar, quien afirma haber sido testigo directo de los hechos, no haya acudido en su momento ante organismos competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la Contraloría para formalizar sus denuncias. En su lugar, optó por divulgar sus señalamientos a través de un documento carente de valor legal.

Para la organización veedora, resulta llamativo que dichas afirmaciones se hagan públicas únicamente después de la salida del exdirectivo de su cargo en Hocol, lo cual, a su juicio, pone en duda tanto la motivación como la veracidad del testimonio.

La Red insistió en que este tipo de declaraciones deben hacerse con responsabilidad, pruebas y ante las instancias pertinentes, evitando así causar daño injustificado a la imagen de instituciones como Ecopetrol.

Bustos recordó además que Ecopetrol y su filial Hocol en un comunicado dejaron claro que lo dicho por el exfuncionario no es cierto:

«El Sr. Rojas efectivamente gestionó por su cuenta la visita de dos analistas de seguridad a su oficina en las instalaciones de Hocol para realizar verificaciones. Dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia. Posteriormente, una vez el Sr. Rojas dejó su posición como presidente, Hocol llevó a cabo una evaluación adicional de seguridad, la cual tampoco encontró evidencia alguna de micrófonos, cámaras o interceptaciones», dice el texto de la empresa.

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