En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Llega el nuevo gobierno y quien tiene la probabilidad de administrar la educación pública en Colombia es una persona de confesión cristiana. Empiezan a surgir  algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el direccionamiento de la educación religiosa desde la nueva política educativa? ¿La educación religiosa va a tener el criterio de obligatoria en el currículo escolar? ¿Hablar de educación laica es sinónimo de ateísmo y agnosticismo? ¿La educación va a tener preferencias y favorecimientos por el enfoque de la confesión cristiana? ¿Cambiará el calendario de fiestas religiosas?¿Quiénes defienden la educación laica, deberían ir a trabajar en los declarados días festivos religiosos? ¿Es lo mismo educación espiritual y educación religiosa?

La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado laico y pluralista. Esto generó choques jurídicos, por lo que la Corte Constitucional declaró exequibles (viables) muchos artículos del Concordato, siempre y cuando se interpreten bajo los principios de igualdad, libertad de cultos y separación de poderes (ver, por ejemplo, la Sentencia C-027/93)

Un Estado laico es aquel que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa (judaísmo, cristianismo no católico, catolicismo, islamismo, hinduismo, budismo). No reconoce ninguna religión oficial, mantiene una separación institucional con las iglesias y garantiza la plena libertad de culto, trato igualitario y derechos para todos los creyentes y no creyentes por igual

La Constitución Política de Colombia consagra el Artículo 19: Garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar su religión y difundirla, y ninguna religión es considerada oficial por el Estado. También el Artículo 18: Protege la libertad de conciencia. Nadie será molestado por sus convicciones ni obligado a actuar en contra de su conciencia.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en Colombia, reglamenta en el Artículo 24, el derecho consagrado en la Constitución. Garantiza la asignatura, pero protege la libertad de conciencia y estipula que en colegios del Estado nadie puede estar obligado a recibir la educación religiosa.

La educación religiosa se puede impartir entre el sector público como en el privado. En las escuelas públicas, se rige por la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que se enseña sobre religión de forma académica, pero sin promover credos. En el sistema privado, las instituciones imparten doctrina y valores específicos libremente.

Ahora bien, hablar de educación religiosa, implica prácticas educativas orientadas por una pedagogía pluralista y cultural, buscando como objetivo que los estudiantes puedan interpretar el fenómeno religioso en su contexto histórico, social y filosófico. Además de ayudarle a los estudiantes de provocar análisis curiosos y rigurosos de las creencias propias y diferentes. La pedagogía pluralista y cultural ha de buscar el diálogo interreligioso, la tolerancia, el respeto y la reflexión ética.

La educación religiosa es un área del conocimiento que busca el desarrollo integral y espiritual de la persona. A diferencia de la catequesis, que busca adoctrinar en una fe específica, esta materia tiene un enfoque pedagógico, cultural y pluralista para fomentar el diálogo interreligioso, el respeto y la reflexión ética

De otra parte, lo preocupante es interesar la reflexión por diferenciar la secularización del secularismo (o laicismo absoluto), ya que este último es una postura ideológica que busca erradicar la religión de la sociedad. En cambio, la secularización describe la transformación natural de cómo las sociedades modernas organizan su pensamiento y estructuras.

El teólogo Leonardo Boff, propone la religión como fuente de utopías regenadoras y libertarias. El lugar de la religión no está sólo en la razón, aunque posea una dimensión racional, sino en la inteligencia cordial, en el sentimiento oceánico, en esa esfera de lo humano donde surgen las utopías. Boff no duda que la religión puede hacer el bien mejor pero también puede hacer el peor mal. Hoy podríamos estar asistiendo a la enfermedad del fundamentalismo contaminando a sectores importantes de casi todas las religiones e iglesia. Hay una guerra religiosa. Frente a lo anterior invita al ecumenismo, una práctica que trasciende y se fundamenta en el reconocimiento de todas las creencias como caminos hacia un mismo Dios. Propone el diálogo interreligioso de todas las tradiciones espirituales unidas por el amor, la compasión, el cuidado integral de los más vulnerables y la defensa de la naturaleza.

Otra versión sobre el sentido de la educación religiosa, es la propuesta por el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, sugiere un cristianismo sin religión, alejando la religión de rituales o consuelo personal. Su enfoque exige vivir para los demás, asumir la responsabilidad histórica y estar dispuesto al sacrificio.

El filósofo ateo Ernest Bloch afirma que lo importante es aprender a esperar. Sueña con un mundo digno donde vivir, lleno de calidez humana, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Sugiere que se ayude al hombre a que muestre lo mejor de sí mismo. Además hay encontrar aquí mismo en la tierra una forma de afirmar la vida frente a la muerte: la sonrisa de un niño, la alegría de ayudar a un necesitado, las artes, la música, la entrada de un buque en un puerto, incluso toda la herencia de esperanza contenida en las religiones.

La educación religiosa ha de tener entre sus propósitos la educación espiritual, como la práctica educativa que busca en sus estudiantes, el desarrollo interior y trascendente más allá del conocimiento académico. Promueve el autoconocimiento, la reflexión profunda, y cultiva valores como la amistad, la empatía, la solidaridad, la compasión y la gratitud. Lo importante es conectar al individuo con su ser, con los demás y con el entorno

Byung-Chul Han, reclama la necesidad de preocuparnos por la dimensión espiritual, esta implica una atención profunda y una capacidad de contemplación que hoy están atrofiadas por el exceso y la aceleración en el rendimiento del trabajo y del ruido, además de la hiperconexión (redes sociales y plataformas). Para Han, lo sagrado y el sentido solo pueden recuperarse mediante el despojamiento del ego y una pausa en nuestra obsesión por el rendimiento

El teólogo Carlo María Martini, describe la espiritualidad como práctica de escucha frente a los signos de los tiempos, (realidad convulsionada y agitada por cambios profundos y acelerados que pueden afectar la vida, como modas, tendencias y expresiones tecnológicas, sociales, fanatismos ideológicos y culturales, ) que ayuden a discernir en las personas de distintas edades, buscando inquietar su corazón con preguntas existenciales profundas para que puedan hallar luz interior

Una de las preocupaciones de la clase de religión es procurar que los estudiantes hagan sus propias comprensiones sobre la existencia o no de Dios, hay que escucharlos y ayudarles a intensificar la reflexión sobre el silencio y la escucha, así como  a encontrar calma interior puesto qué es una necesidad espiritual sobre este mundo.

El desafío de la educación religiosa, es cómo provocar reacciones que activen en los estudiantes desde la más temprana edad, capacidades como prácticas de silencio, de meditación y de reflexión para promover el bienestar, la paz interior, la salud mental y el pensamiento crítico.

Propongo sobre la mesa de la conversación de la educación religiosa, la pregunta de Foucault: sabemos que existimos ¿Pero quiénes somos? 

Fui al Centro Nacional de las Artes invitado a ver una nueva coproducción de Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes de Umbral Teatro. Como suele ocurrir con las experiencias más memorables, llegué desprevenido y salí acompañado de preguntas que todavía me siguen rondando la cabeza.

La Suite del Despertar, escrita y dirigida por Carolina Vivas Ferreira, encuentra una ruta poco transitada para hablar del conflicto colombiano y de los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. No busca convencernos de nada, no intenta funcionar como una consigna política ni como una celebración acrítica del proceso, tampoco cae en la tentación de convertir el dolor nacional en una colección de cifras o estadísticas. Hace algo mucho más complejo: devuelve los rostros.

Durante años hemos conocido la guerra a través de informes, titulares, mapas, porcentajes y balances. Sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desplazados, cuántos secuestrados, cuántas víctimas. Sabemos las dimensiones de la tragedia. Lo que a veces olvidamos es que detrás de cada número existió una persona concreta, una familia, una comunidad, una historia interrumpida. La Suite del Despertar trabaja precisamente sobre esa ausencia y por eso pone en el centro a los civiles, los grandes perdedores de todas las guerras.

No a los comandantes, no a los estrategas, no a los dirigentes políticos que negocian o rompen acuerdos desde la distancia. La obra mira a quienes han tenido que sobrevivir durante décadas entre guerrillas, paramilitares, grupos armados, narcotráfico, ausencias estatales y múltiples formas de violencia. Allí radica buena parte de su fuerza, en la decisión de observar el conflicto desde abajo, desde quienes han soportado las consecuencias sin haber tomado las decisiones.

Mientras observaba la puesta en escena pensaba inevitablemente en estos diez años transcurridos desde 2016. Pensaba en aquel plebiscito que dividió al país, en las esperanzas y temores que despertó el acuerdo, en las discusiones interminables que todavía hoy siguen ocupando espacios políticos y mediáticos. También pensaba en algo más incómodo. Han pasado gobiernos de derecha y de izquierda, han llegado proyectos políticos que se presentaban como antagónicos y representantes de visiones completamente distintas de Colombia. Sin embargo, para muchos territorios golpeados por la violencia, la sensación sigue siendo que los acuerdos quedaron atrapados entre disputas ideológicas, prioridades cambiantes e incumplimientos.

La derecha cuestionó aspectos fundamentales de la implementación. La izquierda llegó prometiendo una nueva etapa para la paz y tampoco logró transformar de manera decisiva las condiciones estructurales que siguen alimentando la violencia en muchas regiones. Mientras tanto, en demasiados lugares del país la guerra simplemente cambió de nombre, de uniforme o de bandera. La obra no esquiva esa realidad. Por el contrario, parece preguntarse qué ocurrió con aquella oportunidad histórica que Colombia tuvo en sus manos y, sobre todo, por qué seguimos atrapados en ciclos tan extraños y persistentes de violencia, ciclos que parecen terminar para luego reaparecer bajo nuevas formas, ciclos que se heredan de una generación a otra y que, en ocasiones, dan la impresión de ser eternos.

Hay escenas que condensan esa reflexión de manera extraordinaria. En una de ellas, un niño campesino interpreta su cuatro mientras alrededor suyo aparece la posibilidad de la guerra. La música y el reclutamiento conviven en el mismo espacio. El arte y las armas se disputan el futuro de un muchacho que simplemente debería estar creciendo, estudiando o tocando su instrumento. La escena es devastadora precisamente porque no necesita explicarse. Resume décadas enteras de la historia colombiana.

En otro momento, una mujer cuida a un paramilitar como si estuviera cuidando al hijo que perdió en la guerra. Allí desaparecen las respuestas fáciles. El dolor se vuelve más complejo que cualquier consigna política. La compasión se mezcla con la memoria y la tragedia humana aparece en toda su dimensión. Son imágenes que permanecen mucho después de terminada la función y quizás esa sea una de las mayores virtudes de Carolina Vivas y de todo el equipo creativo. Entienden que la función del teatro no es reemplazar a los historiadores, a los periodistas o a los centros de memoria. Su trabajo consiste en devolverle humanidad a los hechos.

En una conversación posterior a la función, la directora me explicaba que el punto de partida del montaje fue estudiar cuidadosamente qué había ocurrido durante esta década de implementación de los acuerdos, cuáles habían sido los avances, cuáles los obstáculos y cómo esos procesos habían impactado la vida cotidiana de las personas comunes. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido únicamente qué pasó con la paz. La pregunta es qué pasó con la gente, con quienes siguieron viviendo en los territorios, con quienes enterraron a sus muertos, con quienes continúan esperando que el Estado llegue de manera efectiva y con quienes sobrevivieron.

La respuesta aparece fragmentada a lo largo de la obra, construida mediante testimonios, literatura, danza, música en vivo, coros y una puesta en escena visualmente poderosa. La propia directora ha señalado que existe un diálogo con el Guernica de Picasso, particularmente desde la fragmentación, la composición espacial y la construcción visual de la escena. Sin embargo, más allá de cualquier referencia estética, lo que termina imponiéndose es la presencia de los seres humanos que habitan el escenario.

Y especialmente la presencia de las mujeres. Las mujeres que sostienen las familias cuando todo se derrumba, las mujeres que cargan la memoria, las mujeres que mantienen vivas las comunidades y las mujeres que reconstruyen el tejido social después de cada ola de violencia. La Suite del Despertar es, en muchos sentidos, una obra sobre ellas.

También merece una mención especial la música en vivo, que acompaña el recorrido emocional de manera notable. No funciona como un simple complemento sino como una voz adicional dentro del relato. El resultado es una experiencia profundamente emotiva que evita tanto la solemnidad excesiva como la simplificación.

Lo más valioso es que la obra nunca pierde de vista quiénes han pagado el precio más alto. Si algo hemos aprendido los colombianos después de tantas décadas de conflicto es que la fuerza bruta de distintos ejércitos, con distintas banderas y diferentes discursos, terminó demasiadas veces cayendo sobre la misma población. Secuestros, desplazamientos, reclutamientos forzados, violaciones, masacres, desapariciones, abusos y miedo forman parte de la experiencia de millones de ciudadanos que quedaron atrapados en medio de una guerra que rara vez consultó su voluntad.

Y aun así, el país sigue produciendo resistencias. Sigue produciendo comunidades capaces de reconstruirse, mujeres capaces de sostener la vida cuando todo parece perdido y artistas capaces de convertir el dolor en preguntas. Por eso resulta tan importante que el Centro Nacional de las Artes impulse una creación como esta. También por eso sería deseable que la obra pudiera viajar por el país, encontrarse con públicos de municipios que han vivido directamente muchas de las historias que aparecen representadas en escena. Estoy convencido de que tendría una recepción poderosa en territorios donde la memoria del conflcito no es un tema de debate sino una experiencia cotidiana.

Salí de la función pensando que quizás la pregunta más difícil no es qué ocurrió durante estos diez años después de La Habana. La pregunta es otra: por qué seguimos regresando a la violencia una y otra vez, por qué los ciclos de nuestra guerra parecen resistirse a terminar y cuánto más tendremos que esperar para que un niño campesino pueda seguir tocando su cuatro sin que nadie vuelva a ofrecerle la guerra como destino.

Información para asistir

La Suite del Despertar
Sala Delia Zapata – Centro Nacional de las Artes
Calle 11 # 5-60, Bogotá.

Temporada: del 16 al 26 de julio de 2026.

Funciones: jueves, viernes y sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m.

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las serpientes son animales enigmáticos, su presencia genera temor y en términos bíblicos se las identifica con el mismo ‘demonio’. En cambio, en algunas culturas precolombinas, –en la mitología andina se la conoce como Amaru— la serpiente era una deidad que simbolizaba la sabiduría y expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, por la forma de su cuerpo, los pueblos indígenas la relacionan con los ríos y los flujos de agua.

Las serpientes también cumplen un rol central en la cadena trófica, pues son depredadores y presas a la vez. También son especies amenazadas y los principales peligros que enfrentan están la pérdida de su hábitat y la interacción con las personas, justamente por el temor que inspiran, lo que las convierte en víctimas de los humanos.

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En el Día Mundial de las Serpientes, que se celebra cada 16 de julio para despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies, Mongabay Latam presenta tres historias de investigadores que desde diferentes perspectivas estudian a estos animales. En Perú dos herpetólogos recorren lugares poco estudiados y áreas protegidas para rastrearlas. En Costa Rica, una veterinaria investiga el uso del veneno de la serpiente al mismo tiempo que se dedica a explorar en la salud de estos reptiles. Y en Argentina, un investigador que participó en la elaboración de la principal lista de serpientes en el país ahora las monitorea a través de equipos de radiotelemetría.

Perú: en busca de las serpientes para llenar vacíos de información

James William Ttito y Michel Gulman, investigadores del Instituto Peruano de Herpetología, recorren lugares poco explorados en Perú y áreas naturales protegidas para hacer inventarios biológicos y colectar ranas, lagartijas y serpientes. “Las serpientes han sido poco estudiadas, son poco conocidas y, muchas veces, nos encontramos con registros nuevos, nunca vistos en la zona que estamos visitando, especies que posiblemente estaban ahí, pero nunca nadie las había encontrado para la ciencia”, cuenta Gulman durante la conversación con Mongabay Latam.

“Serpientes hay prácticamente en todos lados. Lo que más las limita para conquistar un hábitat es el frío extremo”, comenta Gulman sobre estas especies y agrega que “los reptiles suelen ser endémicos”. Por eso, en Perú, donde abundan los bosques nublados, separados por cañones, y cordilleras, con cuencas que tiene su propio ecosistema de bosque geográficamente aislado, suele haber mayor especiación y potencial de descubrir especies nuevas.

Sus recorridos están llenos de sorpresas y de historias que los inspiran en su tarea. “Encontrar una serpiente en campo no es tan común. Si hacemos estudios con ranas y sapos, en una noche podemos encontrar cinco, seis, hasta diez, pero si queremos encontrar una especie de serpiente, en una noche encontraremos una o dos, en el mejor de los casos”, cuenta Ttito, quien también es investigador del Centro de Investigación Vertebrate de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y del Museo de Historia Natural de la misma universidad.

“Vamos a lugares donde hay vacíos de información, donde no se han hecho estudios herpetológicos”, agrega Ttito. Uno de los lugares recorridos recientemente por Ttito ha sido el Santuario Histórico de Machu Picchu, para ubicar anfibios y reptiles. “Ahí apareció una serpiente enigmática, llamada Oxyrhopus erdisii, que fue descrita en 1911”, durante la expedición de la Universidad de Yale, cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu. “Es una serpiente super rara de ver y la hemos encontrado en una expedición de casi 20 días. Ese ejemplar para nosotros es muy valioso e importante”.

Ttito cuenta otra experiencia de un herpetólogo argentino que llegó a Perú con la esperanza de poder ver dos especies de serpientes: Bothrocophias microphthalmus y Bothrops Taeniatus. “Había pasado casi una semana de la expedición y apareció la Bothrops Taeniatus. El colega que tenía el sueño de ver esa serpiente se puso a llorar porque era su especie soñada y consiguió verla. Fue un momento lleno de emociones”, cuenta el herpetólogo peruano.

Los investigadores han realizado juntos algunas de las expediciones, entre ellas, un recorrido por el Parque Nacional Cordillera Azul; pero también hacen exploraciones por separado. Ttito ha viajado principalmente por los departamentos del sur de Perú, en los Andes amazónicos, así como por algunos lugares de la Amazonía; mientras que Gulman recorre principalmente los departamentos del norte peruano. “Yo soy de Piura y él [Ttito] es de Cusco, entonces, naturalmente, resulta más fácil explorar los lugares cercanos a tu zona”, comenta Gulman.

“Poco a poco estamos recorriendo varios lugares y para el siguiente año tenemos una expedición supergrande en Codo de Pozuzo, en la región de Huánuco”, agrega Ttito.

Mientras tanto Gulman acaba de participar en una larga expedición en el Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes. “Ha sido increíble para todos porque hemos promediado más de siete u ocho serpientes por noche”, comenta.

Ttito comenta otro aspecto del trabajo que realizan durante sus expediciones: el esfuerzo para que las personas de las localidades que recorren tengan un acercamiento y mayor conocimiento sobre las serpientes. “Las personas tienen mucho miedo y cualquier serpiente que ven, las matan”.

Gulman reafirma lo que dice su colega y menciona las dos principales amenazas para las serpientes. Uno de ellos es la interacción con los humanos “porque las matan, en todos lados, la gente tiene una imagen negativa de las serpientes, es un tema cultural, muy profundo y tiene una connotación religiosa porque la Biblia pone a la serpiente como un ser malvado”.

El otro riesgo es la pérdida de hábitat. “Es el mayor de los problemas”, dice Gulman. “En todos lados hay cierto nivel de pérdida de hábitat y eso afecta mucho más a las poblaciones de serpientes”. En ese sentido, menciona a la minería ilegal, la expansión ganadera, la tala y la expansión urbana como las principales causas de esta pérdida de hábitat.

Gulman explica que cuando encuentran una nueva especie para la ciencia es importante ponerle un nombre para que así pueda ser ubicada en una categoría de protección, “porque muchas de esas especies cuando se las encuentra ya están en situación vulnerable o en peligro de extinción, sobre todo si habitan en parches de bosques o en espacios reducidos por la deforestación”. “Queremos que por lo menos haya un registro de que existieron, porque muchas de estas especies se podrían extinguir antes de que se pueda hacer algo”, agrega Gulman.

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Costa Rica: en busca de los beneficios del veneno

A Natalia Montero Leitón le fascinan las víboras cascabeles. “Son demasiado curiosas y es un animal que cuesta mucho mantener en cautiverio, es un reto. Yo creo que ella conoce su potencial porque tiene un veneno muy fuerte, muy poderoso”, dice la médica veterinaria de fauna silvestre del Serpentario del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica.

Aunque asegura que las cascabeles son animales tranquilos, también advierte que se deben manejar con mucho respeto. “Me parece un animal muy bonito, físicamente es precioso, un gigante noble, pero cuando se enoja, hay que darle su espacio”.

Quizá su fascinación por las serpientes empezó cuando de niña observó uno de estos animales subiendo un árbol. Como veterinaria, se ha dedicado a estudiar a los reptiles. “En Costa Rica tenemos 147 especies de serpientes en total, de las cuales 25 son venenosas”, aclara.

Montero cuenta que en el instituto donde trabaja se investiga la producción de sueros antiofídicos que se usan como antídotos ante la mordedura de una víbora, es decir, una serpiente venenosa. En este proceso, comenta Montero, se analizan, por ejemplo, combinaciones de venenos que pueden potenciar la eficiencia del suero. “Podemos usar un grupo de tres especies, por ejemplo, para elaborar el suero y estudiar qué combinaciones de venenos nos sirven para cubrir más especies en caso de un accidente [mordedura]. Así vamos mejorando el antídoto”.

Pero este veneno también es útil en medicina. Uno de estos usos ocurre en los fármacos para controlar la presión arterial. “En Brasil, por ejemplo, muchos de los productos que se usan para controlar la presión se elaboran en base a una toxina que tiene el veneno de las Bothrops [género de serpientes venenosas]. Se produce de manera sintética en el laboratorio y lo aplican para bajar la presión”, comenta la veterinaria.

Montero agrega que en el Instituto Clodomiro Picado también se está estudiando el veneno de las serpientes para la industria cosmética, además de que se investigan las propiedades físicas de sus pieles.

Las investigaciones de Montero, sin embargo, están principalmente enfocadas en la salud de las serpientes. La investigadora cuenta que cuando realizaba sus investigaciones para su tesis del sistema reproductor de las serpientes logró apreciar una torsión uterina en una hembra. Cuando la hembra se apareaba y recolectaba el esperma, su cuerpo tenía la capacidad de hacer una torsión del útero para almacenar el esperma durante años. “Es impresionante. Imagínese lo fuerte que tiene que ser la torsión para que no escape un espermatozoide, pero al mismo tiempo que le permita al órgano seguir llevando sangre y no morir el tejido”.

“Son un reto porque son pacientes muy difíciles, no solo por su carácter y porque son venenosas, sino porque son animales muy poco expresivos y es difícil darse cuenta de que el animal está enfermo”, comenta Montero sobre sus estudios con las Bothrops.

Montero explica que con estas especies muchas veces solo pueden darse cuenta que algo les sucede cuando se ve un signo clínico mínimo, “como una postura diferente, un cambio de temperamento, algo mínimo”. señala la veterinaria. Sin embargo, al hacer los análisis, descubren que la situación puede ser crítica. “A veces no entendemos cómo el animal está vivo”, comenta.

“Son increíblemente resistentes ante cosas que ningún otro animal aguantaría. Uno entiende que es parte de su evolución”, explica Montero y cita un ejemplo de cuando una serpiente “tenía un puntito chiquito” y la atendieron con antibióticos, pero el animal murió. “A la hora de hacer la autopsia vimos que el animal tenía un absceso en la parte interna que le había perforado el hígado. Me preguntaba cómo ha estado vivo. Había estado sufriendo toda esta enfermedad durante mucho tiempo”.

El Serpentario del Instituto Clodomiro Picado también tiene una función social, dice Montero, que se concreta a través de charlas y capacitaciones en la comunidad, en las instituciones, escuelas, con el fin de prevenir los accidentes con serpientes.

También se habla sobre la coexistencia de las personas con las serpientes para evitar que las maten. “Se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, se hizo incluso una aplicación para identificar serpientes venenosas y algunas de las más comunes. Y estamos viendo un cambio, las personas nos llaman y preguntan por las serpientes, se interesan en estos animales. ‘¿Qué puedo hacer? No la quiero matar’, nos dicen”.

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Argentina: una lista de serpientes y nuevas investigaciones

En 2021, un equipo de tres herpetólogos argentinos elaboró una lista de las serpientes registradas hasta ese momento en el país. Los datos que mostró el estudio correspondían a “ocho familias y 129 especies que habitan en el territorio argentino”, según la publicación.

“Era una lista de todas las serpientes de la Argentina que existían o que estaban descritas hasta esa fecha, porque lo que sucede en biología es que es muy dinámico el asunto de las especies y con el tiempo se van describiendo más especies o surgiendo cambios en las clasificaciones de los animales”, comenta a Mongabay Latam David Gustavo Vera, uno de los investigadores que realizó el estudio. “En 2023 [dos años después de la publicación] se describieron una o dos especies más”, recuerda.

La investigación se centró principalmente en la revisión de otros estudios y artículos científicos, experiencias de ciencia ciudadana y el trabajo de campo de los propios investigadores. “Trabajamos mucho con las colecciones biológicas de los museos en Argentina para recopilar esa información”, recuerda Vera, quien actualmente es docente investigador en el Museo de la Plata, en Argentina.

La investigación realizada hace cinco años, dice el herpetólogo, actualmente sirve a los investigadores para tener un punto de partida, por ejemplo, al seleccionar una especie de estudio. “Un trabajo de estas características con serpientes no se hacía por lo menos hacía unos 20 años o más”, agrega Vera.

En la actualidad, las investigaciones de Vera se han centrado en una especie en particular, la Bothrops alternatus, conocida como víbora de la cruz o yarará grande. “Es una especie de importancia médica que causa bastantes accidentes físicos [mordeduras] en el país. Me interesa conocer los aspectos de zoología, es decir, dónde se encuentra, qué tipo de hábitat usa, porque todo está asociado a la problemática de los accidentes”.

En sus investigaciones, Vera también utiliza la radiotelemetría, una técnica usada para monitorear “por dónde se mueven, cuánto se mueven, qué área de actividad tienen, en qué rango se pueden desplazar”, comenta Vera. “Lo que busco es tratar de predecir cuánto podría moverse un individuo en la naturaleza para poder establecer algunas medidas de prevención o zonas más probables de encuentro con estos animales en mi área de trabajo, los pastizales de la provincia de Buenos Aires”, agrega.

“Hace dos años sacamos una publicación corta sobre el primer caso en Argentina de la colocación de un radiotransmisor a una serpiente venenosa”, menciona sobre sus investigaciones. Los radiotransmisores, explica Vera, son aparatos similares a una pila doble AA, que emite ondas de radio, cuya señal se recoge en equipo receptor similar a una radio antigua conectada a una antena.

En el caso de las serpientes, estos transmisores se colocan dentro del cuerpo. Vera dice que resulta más complicado en comparación con otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, a los que se les colocan los radiotransmisores de manera externa, acoplados a un collar, y también las aves y lagartijas, a las que se les pone una especie de arnés alrededor del cuerpo.

En cambio, como las serpientes no tienen extremidades, es mucho más complicado, porque si se coloca externamente corre riesgo de que se desprendan o que afecte sus movimientos, pues “se pueden enganchar la antena del transmisor con algo del ambiente como pastos, arbustos, roca y desprenderse”. Por tanto, en el caso de las serpientes, el método que existe “es hacerle directamente una intervención quirúrgica”. “Se abre una pequeña parte del cuerpo y se introduce el radiotransmisor, luego se cierra y se les deja en recuperación para luego liberarlas en el campo”. Lo particular del método es que una vez que se concluye el estudio, se debe hacer una nueva intervención para retirar el aparato, por tanto, se debe capturar dos veces a la misma serpiente.

En una primera investigación liderada por Vera —que lleva por título Primera experiencia de implantación de radiotransmisores en la víbora Bothrops alternatus— se instalaron radiotransmisores a tres serpientes. “Fueron individuos de prueba, pero seguimos investigando con más individuos en campo para poder obtener más información y sacar conclusiones”, comenta con relación a una segunda investigación que aún no ha sido publicada.

Sin embargo, ya existen algunos datos. “Tuvimos pistas de cuánto se pueden mover en un año y cuáles son las estaciones en las que más se mueven. Como son animales que regulan la temperatura corporal con el ambiente, dependen mucho de la estacionalidad de la zona donde viven”, comenta y aclara que estos animales “se mueven más en primavera y en verano, mientras que en otoño baja la actividad y el invierno lo pueden pasar sin moverse”.

En el Museo de la Plata, comenta Vera, también se investiga la ecología de las especies y su relación con el cambio climático. “Nos llama la atención indagar sobre cómo van a responder los animales al cambio climático”.

Estas investigaciones están a cargo de Diego Di Pietro, otro de los herpetólogos que participó en la investigación de 2021. Una de las recientes publicaciones de Di Pietro —Impactos del cambio climático en la herpetofauna endémica y amenazada de los pastizales pampeanos en Argentina—, de enero de 2025, señala que “el conocimiento detallado sobre los impactos del cambio climático en la mayoría de las especies de la región neotropical es incipiente y la herpetofauna de los pastizales pampeanos no es la excepción”.

El documento explica que para esta investigación se modelaron los hábitats adecuados de nueve especies endémicas de anfibios y reptiles que habitan los pastizales pampeanos de Argentina, bajo las condiciones climáticas actuales y escenarios futuros de cambio climático. Lo que encontraron fue una pérdida significativa tanto en las superficies de hábitat adecuadas como en las poblaciones conocidas de la mayoría de las especies estudiadas.

“Estamos investigando si las especies van a poder sobrevivir en el tiempo, de acá a 100 años; si van a tener una mayor distribución; si el cambio climático va a favorecer que se expandan en el país o si va a acotar su distribución”, finaliza Vera.

*Imagen principal: el Día Mundial de las Serpientes busca despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies. Foto: cortesía Natalia Montero.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Menos del 1% de la extensión territorial del municipio de Ipiales corresponde a la zona urbana, lo que evidencia que nuestro municipio es mayoritariamente rural; sin embargo, la dinámica poblacional muestra otra realidad: de los aproximadamente 122.000 habitantes estimados, cerca del 70% se concentra en la zona urbana y el 30% permanece en la zona rural, generándose una fuerte concentración poblacional en la ciudad. En cuanto a la composición étnica, el 73% de la población se autorreconoce como mestiza, el 26% como indígena, el 0,7% como afrodescendiente y el 0,1% como población rrom o gitana. Estas cifras permiten visibilizar una realidad que muchos ipialeños desconocen: nuestro territorio, aunque mayoritariamente mestizo e indígena en términos poblacionales, también está habitado por comunidades afro y Rrom que hacen parte de la diversidad cultural de Ipiales.

A muchos, por tanto, les llamará la atención el título de este artículo, pues existe la idea extendida de que la población afro nariñense se encuentra exclusivamente en el Pacífico o, quizá, en los valles interandinos del Patía, en el Cauca, y del Chota, en el Ecuador. La realidad territorial, sin embargo, nos muestra otra historia. En el año 2012 el Estado colombiano, a través del INCODER, reconoció la presencia de tres Consejos Comunitarios en la zona rural de Ipiales, específicamente en el corregimiento de Cofanía–Jardines de Sucumbíos: el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, el Consejo Comunitario Nuevo Renacer y el Consejo Comunitario Liberación y Futuro. Estas organizaciones surgieron al amparo de la Ley 70 de 1993, conocida como Ley de Comunidades Negras, norma que reconoce los derechos étnicos, culturales y territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991.

Hablar del poblamiento afrodescendiente en Cofanía–Jardines de Sucumbíos exige mirar más allá de las fechas, de los registros administrativos y de los reconocimientos institucionales recientes. Toda historia territorial comienza mucho antes de que aparezcan los documentos oficiales que intentan ordenar la vida de los pueblos. Antes de los caminos abiertos por la colonización, antes de las actividades extractivas que transformaron el paisaje y antes de que la frontera adquiriera la importancia económica que hoy se le atribuye, este territorio ya poseía una memoria profunda, una relación antigua entre comunidad, selva y río. Allí estaba el pueblo Cofán (A’i), habitante ancestral de estas tierras, con una presencia construida desde el conocimiento de la montaña, la espiritualidad, la medicina tradicional y una forma particular de comprender el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.

El territorio de Cofanía–Jardines de Sucumbíos no puede comprenderse como un espacio vacío sobre el cual posteriormente llegaron otros pobladores. La selva amazónica y el piedemonte nariñense tenían memorias y formas de ocupación propias mucho antes de que fueran delimitados por mapas, municipios o intereses económicos. Para el pueblo Cofán, los ríos San Miguel y Guamuez, los senderos de la selva y los lugares sagrados constituían una geografía viva, donde cada elemento del paisaje tenía un significado dentro de su cosmovisión. La tierra no era simplemente una extensión disponible para el aprovechamiento, sino un territorio habitado por historias, conocimientos y vínculos que daban sentido a la existencia colectiva.

La llegada de población afrodescendiente a esta región hace parte de los movimientos internos que transformaron diversos territorios colombianos durante el siglo XX. Familias negras provenientes de distintas zonas del país, con una presencia importante de personas procedentes del Pacífico colombiano, inicialmente de Santa Bárbara de Iscuandé, comenzaron a desplazarse hacia el piedemonte amazónico buscando nuevas posibilidades de vida. No se trataba únicamente de una búsqueda económica; detrás de cada familia existía una historia de necesidades, desplazamientos, expectativas y la decisión de encontrar un lugar donde sembrar, construir una vivienda y proyectar el futuro de sus hijos. La Amazonía nariñense apareció entonces como una frontera de posibilidades, pero también como un territorio difícil, distante y marcado por una débil presencia institucional.

Los primeros afrodescendientes que llegaron a Cofanía–Jardines de Sucumbíos encontraron un territorio donde ya existían comunidades indígenas con profundas raíces. El encuentro con el pueblo Cofán fue parte esencial de este proceso, pues quienes llegaban debían aprender a habitar un espacio con dinámicas propias, con conocimientos acumulados durante generaciones y con formas de relación que no respondían a las lógicas externas de ocupación. Las memorias recogidas sobre este proceso muestran que la convivencia estuvo marcada por intercambios cotidianos, relaciones de vecindad y aprendizajes mutuos. Los Cofanes conocían los secretos de la selva, los caminos del agua y las posibilidades del territorio; los nuevos pobladores aportaban sus propias experiencias, sus prácticas agrícolas, sus formas familiares de organización y una cultura construida en otros paisajes del país.

La presencia afro en Sucumbíos fue consolidándose alrededor de actividades rurales que permitieron la permanencia de las familias. La agricultura, el trabajo comunitario y el aprovechamiento de los recursos naturales fueron configurando una forma de vida ligada al territorio. Uno de los primeros motores económicos que impulsó la llegada de personas fue la explotación maderera. La abundancia forestal de la región atrajo comerciantes y trabajadores que encontraron en la selva una fuente de sustento. El bosque comenzó a tener una doble lectura: para quienes habitaban ancestralmente el territorio era un espacio de vida, de conocimiento y de equilibrio; para otros sectores externos empezó a representar una reserva económica susceptible de extracción.

La madera abrió trochas, facilitó desplazamientos y aceleró la ocupación de algunos sectores del territorio. Con ella llegaron nuevas dinámicas sociales, intercambios comerciales y transformaciones que modificaron lentamente el paisaje. La selva, que durante siglos había mantenido sus propios ritmos, empezó a experimentar la presión de economías que veían en sus árboles un recurso antes que una memoria. Esa tensión entre territorio vivido y territorio explotado acompañaría la historia posterior de Sucumbíos.

El petróleo marcaría otro momento decisivo. La presencia de hidrocarburos convirtió esta zona fronteriza en un espacio de interés nacional y empresarial. La exploración y explotación petrolera modificaron las relaciones económicas, generaron nuevas vías de comunicación, atrajeron trabajadores y cambiaron la dinámica de las comunidades asentadas en la región. El discurso del desarrollo llegó acompañado de promesas de empleo y progreso, pero también de preguntas profundas sobre el impacto ambiental, la transformación cultural y la manera en que las comunidades locales participarían en las decisiones sobre un territorio que históricamente habían construido.

La riqueza del subsuelo terminó imponiéndose sobre la complejidad de la vida en la superficie. Mientras las empresas y el Estado miraban el territorio desde la lógica del recurso estratégico, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes continuaban enfrentando las necesidades concretas de la vida cotidiana: cultivar, educar a sus hijos, conservar sus prácticas y defender los espacios donde habían construido sus historias familiares.

A estas transformaciones se sumó la expansión de los cultivos de coca y las dinámicas asociadas al conflicto armado. La ubicación geográfica de Sucumbíos, entre Nariño, Putumayo y la frontera ecuatoriana, convirtió este territorio en un corredor de especial interés para diferentes actores. La presencia de economías ilegales, los procesos de erradicación, la violencia y los desplazamientos dejaron marcas profundas en las comunidades que habitaban la zona. La frontera, que podía ser entendida como un lugar de intercambio y encuentro, también se convirtió en un escenario de tensiones y disputas.

En medio de estas circunstancias comenzó a fortalecerse una conciencia comunitaria entre las familias afro asentadas en Jardines de Sucumbíos. La experiencia compartida de habitar un territorio complejo, las dificultades derivadas de la ausencia institucional, la necesidad de defender sus formas de vida y la búsqueda de reconocimiento fueron construyendo un sentido colectivo más fuerte. La identidad afro en este territorio no nació únicamente de un origen común, sino de una historia compartida de permanencia, resistencia y adaptación en un espacio donde confluyeron distintas memorias.

El reconocimiento de esta identidad fue un proceso construido desde abajo, desde la vida cotidiana de las familias, desde las conversaciones comunitarias, desde las experiencias acumuladas en la agricultura, el trabajo y la defensa del territorio. Antes de existir una figura jurídica que los representara, ya existía una comunidad que se reconocía, que compartía preocupaciones y que empezaba a comprender que su presencia en Sucumbíos tenía una dimensión histórica que debía ser narrada y protegida.

Fue en ese tránsito, entre la memoria del poblamiento y la necesidad de organización, donde las comunidades afro comenzaron a asumirse no solamente como habitantes de un espacio rural, sino como una colectividad con identidad propia, con vínculos territoriales y con una historia que reclamaba reconocimiento: una comunidad con historia, memoria y derechos propios.

Cada 14 de julio, conservacionistas y científicos del mundo invitan a detenerse un momento para pensar en unos animales que rara vez inspiran ternura, pero que sostienen el equilibrio de los océanos desde hace más de 400 millones de años. Es el Día Mundial de los Tiburones, una fecha creada para recordar algo que la ciencia repite desde hace décadas: sin depredadores tope, los ecosistemas marinos se desmoronan. Y sin embargo, más de un tercio de las especies de tiburones y rayas del planeta están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La mayoría es víctimas de la pesca —dirigida o incidental—, que no da tregua.

En América Latina, son numerosos los ejemplos donde la ciencia ha emprendido una carrera contra el tiempo para intentar comprender y proteger a estos animales antes de que sea demasiado tarde. En Galápagos, Ecuador, un estudio le pone precio a la industria del turismo de tiburones para desafiar a la presión pesquera que desde hace años intenta legalizar un método de pesca que pondría en riesgo a los tiburones. En el Golfo de California, México, un corredor migratorio empieza a mapearse de la mano de los propios pescadores para convertirse en área protegida. Y en Argentina, transmisores satelitales están revelando los movimientos de un primitivo tiburón.

Mongabay Latam conversó con los científicos detrás de estas tres historias. Esto es lo que están descubriendo.

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Ecuador: el avistamiento de tiburones en Galápagos gana puntos contra la pesca ilegal

Desde hace años el sector pesquero artesanal de la Reserva Marina de Galápagos presiona para legalizar el palangre, una línea con cientos de anzuelos prohibida en el área desde el año 2000. El argumento de ciertos pescadores es que el uso del palangre les permitiría acceder a especies de alto valor destinadas a la exportación. Para científicos y conservacionistas, en cambio, el palangre representa una grave amenaza: engancha todo lo encuentra en su camino, incluyendo a los tiburones amenazados de extinción que, justamente, son parte de la razón de ser del área protegida. La discusión ha vuelto una y otra vez, pero los científicos de la Fundación Charles Darwin están inclinando la balanza a favor de la conservación. Sus datos demuestran que el avistamiento de tiburones deja ganancias en el archipiélago que sobrepasan con creces las que pudiera dejar la pesca ilegal con palangre.

Un equipo de científicos liderados por Gabriel Vianna, coinvestigador principal del Programa de Ecología y Conservación de Tiburones de la Fundación Charles Darwin, calculó que el turismo de avistamiento de tiburones generó, en 2023, un impacto económico de 76 millones de dólares en Galápagos —cerca del 15 % de toda la economía del archipiélago— y sostuvo directamente unos 1900 empleos.

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini), la estrella de esa industria, aportó 14.6 millones de dólares, 30 veces más de lo que llegó a generar la captura de esta especie a nivel nacional, antes de que su comercialización se prohibiera en 2020. El tiburón ballena sumó otros 5.1 millones en apenas seis meses de temporada. Son los primeros datos que ponen a Galápagos entre las industrias de buceo con tiburones más grandes del mundo.

Según la investigación, la pesca dirigida a los tiburones en las décadas de los 90 y 2000 dio lugar a capturas anuales estimadas entre 63 000 y 405 000 tiburones solo dentro de la reserva, creada en 1998. “Esas capturas generaron ingresos netos anuales en Galápagos de entre 0.6 y 9.4 millones de dólares entre 2000 y 2005”, indica el estudio. Considerando la inflación, los científicos calculan que la pesca ilegal de tiburones en Galápagos, de haber continuado a esa misma escala, habría generado aproximadamente 7.5 millones de dólares en 2023. Esa cantidad representa solo el 15 % de los ingresos generados por el turismo de observación de tiburones en el mismo año.

El porcentaje real, sin embargo, sería mucho menor, dado que los niveles actuales de pesca ilegal de tiburones son mínimos en comparación con las décadas anteriores. Y es que no hay que olvidar que “a principios de la década de 2010, la caída de los precios de las aletas en el mercado negro, junto con las mejoras en la vigilancia y la aplicación de la ley, provocó un importante descenso de la pesca artesanal ilegal de tiburones dentro de la Reserva Marina de Galápagos”, señala el estudio.

En todo caso, estas cifras calculadas por los científicos de la Fundación Charles Darwin son la pieza que le faltaba a la discusión sobre el palangre. Otra investigación liderada por Vianna y publicada en la revista Marine Policy concluye que el uso sostenible de los recursos marinos es esencial para mantener los medios de vida en Galápagos, incluyendo los de los pescadores. Y es que el turismo consume el 70 % de la producción pesquera artesanal local, “así que los mismos pescadores terminan beneficiándose de que los tiburones sigan vivos”, dice Vianna.

Abrir una pesquería artesanal de palangre para exportación, en cambio, tendría costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que sus beneficios, costos que terminarían pagando otras industrias, el Gobierno y las comunidades locales.

“No se trata de ponerle precio a la vida de un animal”, señala Vianna a Mongabay Latam. “Deberíamos conservar porque los animales tienen su derecho de existir”, agrega. El problema, indica, es que “la conservación en base a ese argumento perdió”. De hecho, “las poblaciones de tiburones están entre 30 % y 40 % —tal vez entre 20 % y 40 %— de lo que eran hace 50 años. Tenemos que tener argumentos más efectivos“, explica.

México: pescadores y científicos buscan proteger un corredor marino clave para los tiburones

Entre Loreto y Los Cabos, en el suroeste del Golfo de California, hay una autopista submarina que nadie ve desde la superficie. Es un corredor migratorio que conecta islas y montañas submarinas, por el que se mueven numerosas especies marinas, entre ellas tiburones. James Ketchum, cofundador de la organización Pelagios Kakunja, lleva más de una década documentando esos movimientos.

La especie emblema es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, famoso por formar los grandes cardúmenes que en los años 90 era posible ver en el Golfo de California. “Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos grandes cardúmenes que vimos en su tiempo y que básicamente desaparecieron», dice Ketchum.

El corredor cumple varias funciones para la especie: es zona de alimentación, de reproducción, de descanso y de limpieza. Además, al estar conectado con las zonas costeras de crianza, el corredor es un espacio de tránsito para las hembras que van a parir cerca de la costa.

Lo que distingue a este proyecto es quiénes lo están construyendo. Desde el inicio, casi todo el trabajo de Pelagios Kakunja se ha hecho de la mano de pescadores artesanales locales, comunidades con más de 100 años pescando en estos mismos bajos con piola y anzuelo. Son ellos quienes conocen cada roca submarina y quienes han llevado a los investigadores a los sitios exactos donde han podido capturar y marcar a los animales. Muchos de esos pescadores fueron tiburoneros hasta hace pocos años; dejaron de serlo ante la escasez de animales y la caída del precio de la aleta a un tercio de lo que valía. Hoy se dedican a la pesca de escama —como pargos o cabrillas — en las mismas montañas submarinas donde antes buscaban tiburones.

Con algunos de ellos Ketchum y su equipo ya probaron que la transición hacia otras actividades productivas funciona. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, que es parte del corredor migratorio, Pelagios Kajunja financió hace unos años una embarcación para que un grupo de pescadores extiburoneros hiciera vigilancia en el área marina protegida, particularmente en el Bajo de Espíritu Santo donde está prohibido pescar con redes y otras artes de pesca consideradas de impacto. Este año, esos mismos pescadores comenzarán a ofrecer turismo de avistamiento de tiburones y fauna marina. El problema es que la protección que existe en Espíritu Santo se detiene en la frontera invisible del parque nacional.

Por ejemplo, a solo 20 millas al norte, en un islote llamado Las Ánimas, no existe ninguna protección ni regulación, excepto la veda de tiburones y rayas que dura tres meses. “Las Ánimas es un área abierta a la pesca”, indica Ketchum. El problema es que los tiburones martillos que nadan protegidos en Espíritu Santo se mueven hacia allí, donde barcos industriales que utilizan redes de cerco se aproximan a pescar, explica el científico. “Tiran sus grandes redes y sacan de todo, incluido los tiburones. Están básicamente acabando con lo que queda”, señala Ketchum.

El corredor marino que se quiere proteger —y que es al mismo tiempo una de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (ISRA) reconocidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— cubre justamente esos vacíos. La iniciativa, sin embargo, deberá nacer de los pescadores para que pueda ver la luz. “Para que este corredor marino se pueda conservar y proteger, se tiene que involucrar a los pescadores desde un inicio y sean ellos quienes busquen las mejores herramientas para su conservación y manejo”, dice Ketchum.

Científicos empiezan a desentrañar los misterios del tiburón gatopardo en Argentina

Durante décadas, lo que se sabía sobre el tiburón gatopardo —Notorynchus cepedianus, uno de los depredadores más grandes del mar argentino— era un rompecabezas armado con piezas sueltas: reportes de pesca deportiva, desembarcos ocasionales, observadores a bordo de barcos industriales. Nadie tenía un mapa real de por dónde se movían. Ahora, gracias a transmisores satelitales ese mapa empieza a dibujarse.

El gatopardo tiene una anatomía que delata su antigüedad evolutiva: una sola aleta dorsal, siete hendiduras branquiales en lugar de las cinco habituales y una mandíbula de articulación primitiva. Es uno de los tiburones de mayor tamaño que se pueden encontrar en en la Patagonia argentina —las hembras llegan a medir hasta 2.68 metros— y lo que es más sorprendente: este tiburón podría ser, incluso, un depredador tope más relevante que la propia orca (Orcinus orca).

Nelson Bovcon, investigador del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS-GSJ) y del Instituto de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, forma parte del equipo que este año, en colaboración con la Universidad Provincial del Sudoeste y Rewilding Argentina, colocó ocho transmisores satelitales en ejemplares capturados en Caleta Malaspina, Chubut, y en Cabo San Antonio, provincia de Buenos Aires.

La técnica de marcado es artesanal. Dado que estos animales nadan muy cerca de la costa, los pescan con caña apenas unos pocos metros desde la playa, meten al animal en escasos centímetros de agua para inmovilizarlo sobre una camilla y en menos de dos minutos lo miden, lo sexan y lo liberan. “Nadan tan cerca de la costa que a veces los agarramos de la cola y los sacamos hacia fuera. De noche escuchas los coletazos; con la linterna ves el brillo de los ojos. Es increíble la cantidad que suele haber”.

Los datos que empezaron a llegar confirmaron los movimientos de estos animales para entender cómo ocupan el territorio marítimo. Todos los ejemplares monitoreados se movieron hacia el norte y al menos una hembra recorrió, casi en línea recta, la distancia completa entre Chubut y la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplar nadó 300 kilómetros de ida y vuelta entre Caleta Malaspina y el Golfo Nuevo en un mismo verano. Los hallazgos también están apuntando hacia la posibilidad de que estos animales no nadan siempre pegados al lecho marino como se pensaba, sino que ocupan toda la columna de agua, aunque esto sigue siendo una hipótesis.

El gatopardo está clasificado como Vulnerable por la UICN, aunque Bovcon aclara que esa categoría es, sobre todo, precautoria: es una de las pocas especies cuyo esqueleto no se calcifica, así que no hay forma de determinar con certeza la edad de un ejemplar ni, por lo tanto, cuántas camadas puede llegar a tener en su vida. Lo que sí hay son testimonios de pescadores que documentan una reducción de la población en las últimas tres generaciones. Además, “se conocen matanzas importantes en la década de los 80 y 90. Iban pescando y mataban de a 15, 20 ejemplares. Era algo anecdótico”, cuenta Bovcon.

La amenaza hoy no es tanto la pesca dirigida —nadie sale a buscar gatopardos— sino la incidental. De hecho, aparecen con frecuencia en las redes agalleras costeras de Buenos Aires que los pescadores instalan para capturar otras especies.

La función del gatopardo en el ecosistema, así como la de todos los tiburones, es indelegable. Al ser depredadores topes, regulan las poblaciones de otras especies marinas y garantizan el equilibrio de la cadena alimenticia. Aunque son numerosas las preguntas que aún permanecen sin respuesta para entender a esta enigmática especie, conocer sus movimientos es el primer paso para protegerla.

*Imagen principal: los tiburones se encuentran en la cima de la pirámide trófica. Al cazar, también se alimentan de peces heridos o enfermos, lo que regula las poblaciones de otras especies, manteniendo la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Foto: Joshua Vela.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los libros de Steven Pinker siempre enseñan y divierten. Hoy se hablará del más reciente, Cuando todos saben que todos los saben. El conocimiento común y la ciencia de la armonía, la hipocresía y la indignación, traducción Pablo Hermida Lazcano. Paidós, 2005.

Para Pinker, el lenguaje genera conocimiento común a un costo muy bajo, lo que a su vez hace posible la coordinación social. Las relaciones sociales son juegos de coordinación que se juegan con símbolos, con la reputación y con el rostro. Su análisis sobre la generosidad y la caridad es importante y sumamente interesante; no es algo que uno sepa o prediga de entrada, y nos permite comprender cómo funcionan realmente. Incluso resulta valioso entenderlo para diseñar métodos más sugestivos o persuasivos que motiven a la gente a donar y hacer caridad.

Pinker siempre ha mantenido un enfoque científico en sus escritos. Por eso sostiene que todos los experimentos, incluidos los sociales, deben ser reproducibles para ser válidos. En este libro, él mismo explica varios experimentos que realizó junto a sus colegas y estudiantes.

Asimismo, analiza las relaciones sociales y de parentesco a través del tira y afloja de nuestro juicio social y nuestra mentalización recursiva. El autor afirma: «Los juegos de relación son frágiles, con constantes oportunidades de descoordinarse y desertar, y solo son sostenibles cuando tienen puntos focales o generadores de conocimiento común para atraer y mantener a las partes en equilibrios fructíferos».

Todas esas frases románticas e idílicas sobre la amistad que circulan en las redes sociales —muy cursis, por cierto— quedan al desnudo en este libro. El equilibrio de las relaciones sociales es frágil cuando no hay un parentesco de sangre, lo cual tampoco significa que las relaciones familiares no sean complejas. Según Pinker, cada una de estas relaciones «encarna un juego de coordinación que prescribe una distribución de recompensas».

Los ejemplos primigenios de comunalidad (familias, parejas, amigos) evolucionaron a partir del mutualismo proporcionado por los genes compartidos. Más tarde, esto se expandió a los gremios, equipos, camarillas y tribus que comparten recursos y favores, donde el equilibrio debe ser positivo para todas las partes. Compartir de manera comunal es natural en las familias, pero se vuelve más débil con otros grupos.

Respecto al estatus y a la imagen que proyectamos o deseamos proyectar, Pinker revela las oscuridades del alma humana al señalar: «Todos somos receptivos a las señales conductuales que revelan rasgos valorados, como la honestidad, la generosidad, la competencia, la equidad y la fiabilidad. Sabiendo esto, intentamos granjearnos la admiración de nuestros semejantes exhibiendo esos signos y señales. Pero sabiendo que las personas a las que juzgamos también saben esto, subestimamos cualesquiera intentos de ostentación de virtud, ya que tan solo indican astucia social, no las virtudes mismas. Y sabiendo que aquellos que nos juzgan a nosotros saben que sabemos que subestimarán nuestros alardes de virtud, intentamos que nuestros alardes sean lo suficientemente sutiles como para que no piensen que estamos intentando alardear en absoluto; o bastante sutiles para que no sean conocimiento común, de modo que todos podamos seguir fingiendo que el comportamiento es auténtico».

Por otra parte, reír, llorar, sonrojarse, mirar fijamente o fulminar con la mirada son expresiones emocionales evidentes que generan conocimiento común. Son reacciones que nos ponen en evidencia, pues revelan lo que sentimos, y Pinker las analiza meticulosamente. En el capítulo 6, propone su propia teoría del humor. Curiosamente, mi padre, Antonio Vélez Montoya, también escribió un libro titulado El humor (publicado por la editorial de la Universidad EAFIT) y coincide en varios puntos con él. Pinker señala: «La risa genera conocimiento común que desafía una convención de dominio, estatus o prestigio. La autoridad puede ser cuestionada de manera agresiva, con el objetivo de nivelar o reforzar una jerarquía de dominación, o puede ser cuestionada de forma amigable, para convertir en conocimiento común el hecho de que la base de una relación no es en absoluto la dominación, sino más bien la comunalidad».

Mi padre pensaba que la risa no solo servía para rebajar el estatus de alguien, sino también para celebrar un logro. Por eso, cuando vemos a un patinador realizar una pirueta muy difícil, de manera natural nos reímos o sonreímos.

En definitiva, lejos de ser meros actos espontáneos o sentimentales, nuestras expresiones emocionales y nuestras convenciones sociales funcionan como herramientas evolutivas de coordinación. Al desnudar estas dinámicas, el texto nos revela que nuestra aparente sofisticación social, con todo su teatro de sutilezas, jerarquías y alardes de virtud, no es más que una intrincada estrategia biológica diseñada para mantener el frágil equilibrio de la cooperación humana.

Pero quizá el valor de esa palabra no reside únicamente en su dimensión espiritual. Tal vez su origen más interesante no sea la teología, sino la historia económica. El siglo XX conoció varios “milagros” nacionales, y ninguno fue producto de un acto sobrenatural.

El milagro alemán, el milagro japonés, el milagro coreano describen procesos de transformación que parecían imposibles. Países devastados por la guerra, atrapados en la pobreza o relegados de la economía mundial lograron convertirse, en apenas una generación, en sociedades prósperas, innovadoras y competitivas. Lo extraordinario de esos casos no fue la buena fortuna. Lo extraordinario fue la capacidad de sostener durante décadas una estrategia nacional de crecimiento.

Alemania Occidental emergió de la Segunda Guerra Mundial con sus ciudades destruidas, millones de desplazados y una economía prácticamente colapsada. Corea del Sur, tras la guerra de Corea, era uno de los países más pobres del planeta. A comienzos de los años sesenta su ingreso por habitante era comparable al de muchas economías africanas y buena parte de su infraestructura había desaparecido.

Sin embargo, pocas décadas después Alemania se consolidó como la principal economía europea y Corea del Sur pasó a liderar industrias como la construcción naval, la electrónica, la producción de semiconductores y la innovación tecnológica.

La explicación nunca fue un milagro entendido como un hecho sobrenatural. Detrás de ambos procesos existieron decisiones muy concretas: estabilidad macroeconómica, inversión masiva en educación, fortalecimiento institucional, desarrollo industrial, apertura a las exportaciones, disciplina fiscal y, sobre todo, una continuidad estratégica capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Ninguno de esos países encontró una fórmula mágica. Encontraron algo mucho más difícil: perseverancia.

Quizá ahí aparece una de las mayores diferencias entre los países que protagonizaron los llamados milagros económicos y Colombia. Alemania, Corea del Sur, Japón o Irlanda entendieron que existen objetivos nacionales que deben sobrevivir a los gobiernos. Las elecciones cambian los liderazgos, pero no alteran el rumbo estratégico del país. La alternancia política no significa empezar de cero cada cuatro años, sino corregir, perfeccionar y profundizar un proyecto compartido.

Precisamente por eso, la oposición casi trágica en la que está cayendo la política colombiana constituye uno de nuestros mayores fracasos y uno de nuestros mayores riesgos. Hemos convertido la democracia en una disputa permanente donde cada proyecto busca deshacer lo construido por el anterior y donde el éxito de un gobierno parece depender del fracaso del otro. Una nación no puede prosperar si cada elección implica volver a discutir sus fundamentos.

Lo que Colombia necesita por encima de todo no es unanimidad política —propia de los regímenes autoritarios—, sino acuerdos nacionales suficientemente sólidos para trascender las diferencias ideológicas. Necesitamos construir proyectos de país capaces de sobrevivir a los presidentes, a los partidos y a las coyunturas electorales. Porque los milagros económicos no son el resultado de un líder excepcional, sino de sociedades capaces de sostener un mismo horizonte durante décadas.

Nuestra propia historia demuestra que esos consensos son posibles. La Constitución de 1991 constituye, probablemente, el mayor acuerdo político alcanzado por Colombia en el último siglo. En medio de una crisis institucional profunda y de una violencia que parecía no tener salida, el país fue capaz de construir un nuevo pacto constitucional que amplió derechos, fortaleció las instituciones democráticas y redefinió las reglas de convivencia. Con todas sus limitaciones y debates posteriores, sigue siendo uno de los pocos relatos compartidos capaces de reunir a una sociedad profundamente diversa alrededor de unos principios comunes. Ese tipo de logros colectivos son los que construyen nación.

Tal vez el próximo gran acuerdo colombiano deba ser económico. Un consenso que reconozca que el crecimiento sostenido no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a los ciudadanos que necesitan empleo, oportunidades y movilidad social. Un pacto que entienda que invertir en educación, fortalecer la productividad, promover la innovación, aumentar las exportaciones, cerrar las brechas regionales y consolidar instituciones confiables no debería depender del color político del gobierno de turno. Esas son decisiones de Estado, no de campaña.

Porque, al final, un país no se mantiene unido únicamente por una bandera o un territorio. También necesita un relato compartido sobre el futuro. Una idea de progreso que permita que quienes piensan distinto sigan sintiendo que caminan hacia un mismo destino. Sin ese relato común, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de victorias parciales y derrotas colectivas. Ningún milagro económico ha nacido jamás de una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo sobre lo esencial.

Esa reflexión resulta especialmente pertinente cuando observamos el comportamiento de la economía colombiana durante las últimas décadas. Nuestro problema no ha sido el colapso. Nuestro problema ha sido la incapacidad para despegar.

Colombia lleva demasiado tiempo creciendo por debajo de su potencial. Más grave aún, ha normalizado ese bajo crecimiento como si fuera una condición inevitable de nuestra historia.

Las cifras muestran esa realidad con claridad. Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y una de las voces más respetadas de la economía colombiana, hace una observación que trasciende cualquier gobierno específico. Al evaluar los resultados recientes del país señala que “el Gobierno del Cambio no alteró sustancialmente la trayectoria de esos indicadores sociales y económicos”, y concluye que, pese a las enormes expectativas, “fue un gobierno normal”.

Más allá del debate político, esa afirmación revela un problema estructural: Colombia parece incapaz de modificar su trayectoria histórica. Según recuerda González, en 2014 existían alrededor de 16,4 millones de personas en condición de pobreza y una década después la cifra apenas se había reducido hasta 16,3 millones. La desigualdad prácticamente permaneció intacta. Incluso una reforma tributaria progresiva apenas consiguió mover el coeficiente de Gini en unas pocas milésimas.

Estas cifras obligan a una reflexión más profunda. El verdadero drama colombiano no es una crisis permanente, sino la ausencia de grandes transformaciones. No somos un país que se derrumba, pero tampoco uno que despega. Vivimos instalados en una especie de estabilidad mediocre que evita el colapso, pero también impide el desarrollo acelerado.

Tal vez por eso la palabra milagro resulte tan sugerente. No porque implique esperar un acto providencial, sino porque expresa el anhelo de romper esa inercia.

Los milagros económicos tienen una característica común: cambian la velocidad de la historia.

Una economía que crece al dos por ciento anual mejora lentamente las condiciones de vida de su población. Una economía que logra crecer al seis o siete por ciento durante varias décadas transforma completamente el destino de una generación. La diferencia parece pequeña cuando se observa un solo año, pero el crecimiento compuesto multiplica sus efectos. Un país que sostiene tasas altas de crecimiento durante treinta años no solo produce más riqueza: cambia su infraestructura, fortalece sus instituciones, mejora la educación, reduce la pobreza y amplía las oportunidades para millones de personas.

Ese fue el verdadero milagro alemán.

Ese fue el verdadero milagro coreano.

Y esa quizá sea la conversación pendiente en Colombia.

Durante años el debate nacional ha oscilado entre dos visiones aparentemente opuestas. Unos creen que el desarrollo llegará principalmente mediante una mayor redistribución de la riqueza. Otros confían casi exclusivamente en las fuerzas del mercado. Sin embargo, los países que protagonizaron los grandes milagros económicos hicieron algo distinto. Comprendieron que primero debían crear riqueza para después distribuirla. Entendieron que sin productividad no existe Estado de bienestar sostenible; sin empresas competitivas no hay recaudo suficiente; sin inversión no hay empleo; sin crecimiento prolongado cualquier política social termina enfrentándose al límite de los recursos disponibles.

El verdadero milagro no consiste únicamente en aumentar el PIB. Consiste en construir capacidades nacionales. Significa educar mejor, innovar más, exportar productos de mayor valor agregado, fortalecer las instituciones, reducir los costos logísticos, recuperar la confianza inversionista, mejorar la infraestructura y convertir el conocimiento en motor del desarrollo. Significa pasar de discutir únicamente cómo repartir una economía pequeña a preguntarnos cómo construir una economía mucho más grande.

Quizá la mayor enseñanza de Alemania y Corea del Sur sea precisamente esa. Ninguna de las dos naciones esperó un líder providencial. Ambas construyeron proyectos nacionales capaces de sobrevivir a los gobiernos. Entendieron que las grandes transformaciones requieren décadas, no periodos presidenciales.

Y aquí aparece, quizá, el mayor desafío para quienes hoy proponen la idea de una Patria Milagro. Si Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aspiran a que esa expresión sea algo más que un lema de campaña, tendrán una responsabilidad histórica que trasciende cualquier elección: ayudar a construir los acuerdos nacionales que Colombia ha sido incapaz de consolidar durante décadas.

La historia reciente ofrece una lección elocuente. Gustavo Petro llegó a la Presidencia con el mandato popular más importante que haya recibido la izquierda colombiana y con la promesa de un “Gobierno del Cambio”. Sin embargo, más allá de los debates sobre sus aciertos y errores, terminó enfrentando una realidad que ha acompañado a casi todos los gobiernos del país: la dificultad para convertir un proyecto político en un verdadero proyecto nacional. Incluso su propia coalición terminó fragmentándose, las alianzas se rompieron y muchas de las transformaciones prometidas quedaron atrapadas entre las tensiones del sistema político y las divisiones de quienes inicialmente lo acompañaban. Como escribió Jorge Iván González, quien dirigió el Departamento Nacional de Planeación durante ese gobierno, el resultado fue, en muchos aspectos, el de un “gobierno normal”, incapaz de alterar la trayectoria estructural del país.

Sería un error que quienes hoy hablan de una Patria Milagro repitieran esa misma lógica desde el extremo opuesto. Colombia no necesita reemplazar un proyecto excluyente por otro; necesita construir un proyecto suficientemente amplio para que quienes piensan distinto también puedan reconocer una parte de él como propia.

Los grandes milagros económicos nunca fueron patrimonio de una sola corriente ideológica. En Alemania, Corea del Sur, Irlanda o España hubo alternancia política, desacuerdos profundos y debates intensos. Lo que no cambió fue el compromiso con ciertos objetivos nacionales: crecer, educar, industrializar, exportar, fortalecer las instituciones y aumentar las oportunidades para las nuevas generaciones. Los gobiernos discutían el camino, pero compartían el destino.

Esa debería ser, quizá, la verdadera ambición de una Patria Milagro. No ganar una elección. No derrotar definitivamente a un adversario político. No imponer un relato sobre los demás. La verdadera ambición debería ser construir un relato nacional tan sólido que sobreviva a quienes hoy lo proponen.

Porque un milagro económico nunca comienza cuando un líder llega al poder. Comienza cuando una sociedad descubre que hay objetivos más importantes que la próxima elección. Cuando entiende que el crecimiento, la educación, la productividad, la ciencia, la seguridad jurídica, la infraestructura o la lucha contra la pobreza dejan de ser banderas de un partido para convertirse en causas de toda una nación.

Si la expresión Patria Milagro quiere tener un lugar en la historia, deberá significar precisamente eso: la voluntad de convocar, de escuchar, de integrar y de construir consensos. Los milagros no ocurren cuando una mitad del país derrota a la otra. Ocurren cuando un país consigue, por fin, ponerse de acuerdo sobre aquello que vale la pena construir juntos.

Porque la historia demuestra que los milagros existen. Pero también demuestra que nunca ocurren por casualidad. Son el nombre que damos, muchos años después, a la disciplina, la visión y la constancia de sociedades que decidieron cambiar su destino.

Quizá el verdadero milagro que necesita Colombia no sea extraordinario en el sentido religioso. Quizá sea, simplemente, el más difícil de todos: abandonar la improvisación, recuperar la confianza entre quienes piensan distinto y aprender, por fin, a crecer juntos.

Ese fue, quizá, uno de los mayores fracasos del gobierno saliente. Habló del país profundo con una intensidad inédita, convirtió el enfoque territorial en bandera discursiva y multiplicó escenarios de diálogo, asambleas y gestos de cercanía simbólica. Pero al examinar la ejecución pública, el resultado es menos épico: las obras estructurales avanzaron con dificultad, la seguridad confirmó una grave fractura institucional en amplias zonas del país y una parte sustancial de los recursos destinados a transformar las regiones terminó en baja ejecución y rezago presupuestal.

La verdadera deuda territorial de Colombia no consiste en haber hablado poco de las regiones. Consiste en haberles negado, de manera persistente, las tres condiciones mínimas del poder público moderno: decisión, presupuesto y capacidad técnica. Sin esas tres dimensiones, el territorio se convierte en una escenografía. Puede aparecer en discursos, planes de desarrollo y fotografías oficiales, pero no se convierte en un gobierno efectivo.

Los datos fiscales ayudan a descorrer el telón de esa narrativa. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la ejecución del Presupuesto General de la Nación en 2024 cerró en 83%, pero al excluir el servicio de la deuda, se redujo a 81,9%, el nivel más bajo en veinticinco años. La inversión pública fue el rubro más golpeado: de una apropiación vigente de $90,6 billones, solo se ejecutaron $51,6 billones, equivalentes al 57%. Sectores directamente vinculados con la transformación regional, como Agricultura y Desarrollo Rural y Transporte, registraron rezagos especialmente graves. Mientras el discurso oficial prometía rescatar a la Colombia olvidada, una parte considerable de los recursos destinados a financiar vías, proyectos productivos, conectividad e infraestructura social no se tradujo en bienes públicos concretos.

La seguridad confirma, desde otra orilla, la misma fractura. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en 790 municipios del país hay presencia de grupos armados y que el 71% de los municipios colombianos se encuentra bajo alertas tempranas por la amenaza o expansión de estos actores. Esa realidad no puede leerse como un simple problema de orden público. Es, ante todo, una señal de desinstitucionalización territorial. Allí donde el Estado no llega con justicia, infraestructura, inteligencia, oportunidades y autoridad legítima, otros poderes ocupan el vacío.

La paradoja es profunda. El gobierno que más invocó el territorio terminó reproduciendo una de las patologías más antiguas del centralismo colombiano: creer que las regiones son destinatarias de decisiones, no productoras de inteligencia pública. Bajo esa mirada, el país regional aparece como un espacio administrable desde Bogotá. Rara vez se le reconoce como una trama viva de conocimiento, instituciones, actores económicos, universidades, comunidades, gobiernos locales y capacidades instaladas.

La reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, confirma, más que resuelve, la ambigüedad del debate territorial colombiano. Fue presentada como un avance hacia la autonomía regional y, en efecto, puede abrir una necesaria discusión sobre la distribución del poder fiscal en Colombia. Sin embargo, dejó planteada una preocupación de fondo: si se aumentan las transferencias sin definir con precisión las competencias, los costos reales, las fuentes de financiación sostenibles y las capacidades institucionales, se corre el riesgo de una descentralización fiscalmente riesgosa y administrativamente frágil. El punto de la política pública debe quedar más claro: no basta con mover porcentajes del centro hacia la periferia. La verdadera descentralización no consiste simplemente en reasignar recursos, sino en fortalecer un poder público responsable, capaz y verificable en las regiones.

El próximo gobierno tendrá, por tanto, un desafío mayor: corregir esa fractura con una política territorial precisa, sin caer en la tentación de reemplazar la territorialidad retórica por un centralismo de escritorio, más sobrio en el tono, pero igualmente incapaz de comprender la complejidad regional.

Colombia necesita una autoridad estatal situada: firme en el propósito, rigurosa en la ejecución y descentralizada en la construcción de capacidades. La respuesta al desorden no puede ser únicamente recentralizar, recortar o imponer disciplina desde Bogotá. Tampoco puede ser repartir competencias y recursos sin método. La política territorial debe orientarse hacia una descentralización por capacidades: gradual, diferenciada, fiscalmente responsable y atada a resultados.

Saldar la deuda territorial implica asumir que las regiones no requieren más homenajes verbales, sino instrumentos concretos de poder público. El primer momento de dicha política, entonces, no debería ser inventar una nueva entidad ni sumar otra sigla al laberinto institucional, sino articular una verdadera plataforma nacional de preinversión y de estructuración territorial. Colombia ya cuenta con herramientas dispersas —metodologías de formulación, bancos de proyectos, proyectos tipo, banca de desarrollo, asistencia técnica, regalías, estructuradores públicos y capacidades universitarias—, pero todavía no ha logrado convertirlas en una respuesta ágil, coordinada y orientada a cerrar la principal brecha territorial: la dificultad de transformar necesidades en proyectos maduros, financiables y ejecutables.

Muchas de las apuestas locales no fracasan por carecer de necesidades o de visión, sino porque no cuentan con equipos suficientes para convertir esas necesidades en estudios, diseños, estructuración jurídica, análisis financiero y cierre técnico. Entonces, la preinversión continúa siendo una de las fronteras silenciosa del desarrollo territorial. Allí donde no hay proyectos bien formulados, la promesa territorial muere antes de convertirse en obra.

La segunda fase de la política debería ser avanzar hacia una bolsa complementaria de financiación territorial asociada a capacidades, a la mejora relativa y a un desempeño verificable. No se trata de premiar únicamente a los territorios que ya tienen mejores condiciones, ni de castigar a los municipios más débiles. Se trata de combinar una base de financiación orientada por criterios de equidad con incentivos adicionales para quienes mejoren respecto de su propio punto de partida y de los territorios comparables. La asignación de recursos públicos debe depender más de la calidad en la estructuración de proyectos, la ejecución oportuna, la transparencia contractual, el fortalecimiento catastral, la generación de ingresos propios, la rendición de cuentas y el cumplimiento de metas sectoriales.

La descentralización responsable no puede limitarse a girar más dinero. Debe crear incentivos para que las entidades territoriales fortalezcan su músculo institucional y respondan por los resultados que generan. De lo contrario, más recursos pueden terminar financiando las mismas debilidades que se pretendía superar.

El tercer momento de la política consiste en fortalecer los nodos institucionales que ya habitan el territorio. En este punto, las universidades públicas regionales deberían ocupar un lugar estratégico. Bajo estándares de mérito, transparencia y capacidad demostrada, pueden convertirse en aliadas técnicas del Estado territorial: para estructurar proyectos, producir datos, formular políticas públicas, evaluar el impacto, formar funcionarios locales, acompañar procesos de innovación productiva y atraer cooperación internacional.

Pero esa posibilidad exige cuidado. Las universidades no pueden utilizarse como simples intermediarias administrativas ni como atajos para eludir las reglas de contratación. Su papel debe estar asociado a capacidades verificables, equipos técnicos idóneos, datos abiertos, evaluación de resultados y rendición pública de cuentas. Solo así podrán contribuir a cerrar brechas sin convertirse en otra expresión de la intermediación burocrática.

A su vez, nada de esto funcionará si no se recupera una palabra que la política suele sacrificar en nombre de la conveniencia: el mérito. Descentralizar no puede significar entregar recursos a redes clientelares locales ni reemplazar las burocracias nacionales por burocracias territoriales igualmente ineficientes. Más autonomía debe implicar más responsabilidad. Más recursos deben ir acompañados de mejores capacidades. Más confianza en las regiones debe traducirse en indicadores claros, transparencia contractual, rendición de cuentas y evaluación de resultados.

La verdadera discusión territorial, por tanto, no es sentimental. Es institucional. No se trata de idealizar lo local ni de asumir que todo lo que allí ocurre es virtuoso por definición. Pero tampoco se trata de suplantar a las regiones desde el centro. Se trata de ayudarlas a construir músculo público propio. El Estado debe aprender a gobernar con los territorios, no apenas sobre ellos.

Gobernar a Colombia desde sus realidades profundas exigirá, entonces, desmontar el eufemismo. El territorio no es una palabra para adornar los programas de gobierno. Es el lugar donde la autoridad del Estado se vuelve real o se desvanece; donde una carretera cambia la economía de una vereda, un acueducto redefine la dignidad de una comunidad, una universidad abre una puerta al mundo y la seguridad deja de ser consigna para convertirse en presencia institucional cotidiana. Colombia no necesita más poemas políticos sobre el territorio. Necesita una administración pública situada, rigor presupuestal, mérito técnico y poder efectivo instalado en las regiones.