Cita de la película Amanece que no es poco (1989, José Luis Cuerda)

Mientras escribo estas líneas, curso el Máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España y uno de los módulos es África Subsahariana, que me ha permitido descubrir un continente fascinante en todas sus dimensiones y que se convierte en el mejor marco teórico, para defender algo que he sostenido en diferentes ámbitos, la necesidad de contar con una Dirección de África en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Para los lectores que no conozcan el entramado institucional del Ministerio, es importante informarles que una Dirección en Cancillería, es una oficina que depende de cada uno de los Viceministerios y que se encarga de la orientación temática y administrativa de la materia que lleva. Hay tres tipos de Direcciones, las geográficas que dependen del Viceministerio de Relaciones Exteriores, las temáticas del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y las consulares del Viceministerio creado recientemente. En este caso, me refiero a las de orden geográfico, que ordenan las relaciones bilaterales del país con los demás continentes. Actualmente existen las Direcciones de América, Europa y la de Asia, África y Oceanía. Cualquier persona, puede comprobar a simple vista que hay una disparidad en esa clasificación.

La cita que encabeza este artículo proviene de una de las películas más importantes de la filmografía en nuestro idioma, Amanece que no es poco, cinta de 1989 del director español José Luis Cuerda, inclasificable, los especialistas suelen ubicarla como exponente del surrealismo, cuando no del absurdo, e incluso del realismo mágico en versión española, plena de citas citables, aunque no tenga nada que ver con el contenido del presente texto, me basta con dos palabras claves, importante y contingente. 

En ocasiones se realizan cambios en los organigramas oficiales, como puede ser el caso de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que obedecen más que a criterios salidos de la reflexión y planeación, a las necesidades o urgencias burocráticas de un momento determinado, simplemente para dar cargos, muchas veces no necesarios a la clientela de la coyuntura, eso es lo contingente. En el caso de la Dirección de África, se trata de una decisión tanto urgente como importante, que no debería aplazarse más. 

Quienes hemos prestado servicios en la Dirección de Asia, África y Oceanía, sabemos que desde hace mucho tiempo, se requiere una reingeniería, para esadependencia que históricamente se ha concentrado mucho más en los países asiáticos que en el resto de las complejas realidades geográficas que atiende, que además en los últimos tiempos, por su importancia internacional, van superando el restringido espacio que los designa, en concreto, África y el Medio Oriente. Seguramente, algún día Oceanía también será objeto de un tratamiento diferenciado.

Hay muchas razones para darle a África el sitio que está reclamando desde hace varios años. Iniciemos por lo geográfico, pues parece que nadie se ha percatado de lo cerca que se encuentra África, al menos su costa occidental, porque en la mente la tenemos muy distante. En el imaginario colombiano, el continente africano pareciera que estuviera ubicado en las antípodas, o peor, casi que en otro planeta. 

Sin embargo, el terrible comercio perverso de seres humanos, la ignominiosa trata de personas, durante varios siglos demostró que no es tan complicado el transporte entre los puertos colombianos y africanos. Si se toma un mapa, se podrá constatar que siendo esas partes que encajaban perfectas en el ancestral continente de Pangea, prácticamente estamos ubicados al frente. La distancia en kilómetros entre Colombia y Senegal es un poco más de 6000 kilómetros, mientras que entre nuestro país y cualquier destino en Europa es de al menos 8000 kilómetros. Eso daría para hacer varias cuentas.

La historia de África es mucho más antigua y rica de lo poco que hemos aprendido. Los científicos e historiadores han coincidido en que África, fue el punto en el cual surgieron los primeros humanos. Cuna de diversos reinos e imperios, mucho antes que los asiáticos o europeos. Cuando se habla de emperadores legendarios, vienen a la cabeza nombres como Julio César, Alejandro el Magno, es cierto que se mencionan algunos faraones egipcios, pero aunque Egipto corresponde al continente africano, se le suele identificar más con la cultura mediterránea o del Oriente Medio. En cambio, no se menciona nada del África Subsahariana.

Sea el momento, de señalar la existencia de imperios poderosos y complejos como los de Malí, o Aksum, en la actual Etiopía, que incluso es mencionado en la Biblia. Uno de los gobernantes más poderosos y ricos de la historia de la humanidad, para envidia de algún mandatario norteamericano de la actualidad, fue Mansa Musa, quien con su legendario viaje a la Meca, provocó la primera gran crisis internacional monetaria.La civilización de Los Garamantes, pueblo sedentario ubicado en lo que hoy corresponde a Libia y otros lugares del norte de África, revolucionaron la agricultura, con complejos sistemas de irrigación que establecían toda una ruta de oasis en una tierra tradicionalmente desértica.

En los últimos años Colombia se ha acercado al África, lo importante es que debe ser una política que se mantenga e intensifique en el futuro. La estrategia África 2022 – 2026, no se puede limitar a un cuatrienio de gobierno y sólo por el interés de la vicepresidenta Francia Márquez, orgullosa afrodescendiente. A Colombia le honra haber liderado los esfuerzos por acercar a dos continentes que tienen mucho en común, así como acompañar iniciativas africanas tan justas como necesarias, como la de la Resolución de la Asamblea General que califica la trata de personas esclavizadas como el peor delito de lesa humanidad. Incomprensible la abstención europea, pero una vergüenza los votos en contra de Argentina, los Estados Unidos e Israel, una falta de empatía total con el sentido de humanidad. 

La importancia de África no se queda en su brillante pasado, que nos había ocultado con mucho esmero, la Biblioteca Colonial (esa cuidadosa estructura intelectual de los imperios occidentales que negaban la identidad africana, para justificar sus atrocidades e ilegal ocupación), es sobre todo por su presente y su potencial futuro. El continente africano cuenta con una población mayor a 1500 millones de personas, siendo el tercero en tamaño del mundo, con una edad promedio de 20 años, en un área de 30 millones de kilómetros cuadrados que concentra un tercio de los recursos minerales del mundo, especialmente de Coltán, Platino y Cobalto.

En el caso de la herencia africana en Colombia, aparte de su inobjetable presencia en nuestra música, gracias a la lectura de una novela fascinante, cuya lectura recomiendo, Todo se derrumba del autor nigeriano Chinua Achebe, surge el ñame como producto conector entre nuestras culturas, porque ese tubérculo, considerado como símbolo e identidad de los pueblos del África occidental, como los igbos, en la gastronomía del Caribe colombiano resulta fundamental. El ñame seguramente llegó en un barco esclavista y es considerado uno de los superalimentos del futuro. Dentro de los mayores exportadores de ñame, Colombia se encuentra dentro de los diez primeros países, en una clasificación dominada por las naciones africanas, especialmente por Nigeria. 

Nuestro país ha establecido ocho misiones diplomáticas permanentes en África, las acreditadas ante los gobiernos de: Argelia, Egipto, Marruecos, Kenia, Sudáfrica, Ghana, Senegal y Etiopía, esta última aparte de lo bilateral, también debe atender temas multilaterales al ser Adís Abeba la sede de la Unión Africana, recordando que Colombia recientemente en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC, alojó la Primera Reunión de Alto Nivel entre los dos bloques regionales continentales, celebrada en Bogotá en marzo de 2026. 

Por todo lo que hemos hablado, porque el continente africano en medio de sus propias complejidades y limitaciones internas busca cumplir con los propósitos trazados en la Agenda 2063, año en el cual la Unión Africana se ha comprometido a llegar a ser un continente integrado, próspero y pacífico y algunos, aunque no lo veremos, pensamos que lo va a conseguir y los demás países del mundo, elegirán ser socios confiables, respetuosos o ser indiferentes ante un futuro que se torna brillante. En el caso de la relación colombo-africana hay un enorme potencial en materia de cooperación, cultura, economía y comercio. 

No podemos olvidar, que un 10% de la población totalde Colombia, también es reconocida como una categoría especial de la división regional africana, que le confiere a su diáspora y a los descendientes de africanos, la condición de sexta región natural africana. Colombia es el tercer país con mayor número de afrodescendientes del continente americano, ahora que estamos en un nuevo mundial de fútbol, esa realidad se refleja en ese espejo de nuestra sociedad que es la Selección Colombia, otro importante aporte afro en nuestro deporte y en la cultura colombiana en general. Todo esto para ilustrar, lo necesaria e importante que resulta tener una Dirección de África en nuestra Cancillería.

Tengo entendido que luego de descartarla, nuevamente se contempla a nivel directivo del Ministerio, el establecimiento de la Dirección de África, que como hemos visto no es un capricho, pues será la encargada de manejar las relaciones bilaterales de Colombia con 55 países, así como de acompañar el trabajo multilateral porque entre otras, deberá hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados en la citada I Reunión de Alto Nivel entre la CELAC y la UA,antesala de la que debería ser en el futuro la I Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los dos bloques regionales, que son realmente, eso que llaman los analistas internacionales el Sur Global, ni más ni menos. 

Dixon Moya 

Embajador de carrera, escritor por vocación, lleva un blog en el periódico colombiano El Espectador con sus apellidos literarios http://blogs.elespectador.com/lineas-de-arena/ En lo que sigue llamando Twitter lo encuentran como @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aunque es pertinente señalar que este marchitamiento institucional no es exclusivo de los escenarios diplomáticos —pues hemos visto cómo otras carteras han sufrido una alarmante fuga de capacidades técnicas, una realidad de la que me ocuparé en futuras entradas—, hoy resulta imperativo poner la lupa exclusivamente sobre el Palacio de San Carlos. Allí ha primado una diplomacia de micrófono, dominada por discursos altamente ideologizados que se agotan en su propia retórica y han dejado a la deriva a una de las instituciones más críticas para la proyección y la seguridad de la nación.

La política exterior colombiana ha caído en la trampa del activismo gubernamental, sacrificando en el camino la institucionalidad y la visión de Estado y el respeto por el mérito. Allí, hemos visto cómo, de manera sistemática, embajadas y consulados se han convertido en moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos, ignorando la necesidad de privilegiar trayectorias diplomáticas y capacidades técnicas y profesionales. Esta es, particularmente,  una realidad que ha encendido las alarmas de los propios expertos y de quienes sostienen el ministerio por dentro.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), su dirigencia ha tenido que salir al paso no solo para rechazar los proyectos que buscan reducir los requisitos para nombrar diplomáticos, sino para exigir que se detengan las insubsistencias masivas de personal capacitado. Como bien lo ha señalado el sindicato ante las afirmaciones estigmatizantes del Ejecutivo: la carrera diplomática no se hereda ni es de una rosca, se gana por concurso público. A esto se suman los constantes y vergonzosos fallos del Consejo de Estado, que ha tenido que anular un sinnúmero de nombramientos por la flagrante ausencia de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Cuando la dirección de una entidad se enfoca casi exclusivamente en sostener una narrativa ideológica, la base operativa, por supuesto, colapsa. Uno de los ejemplos de esta parálisis administrativa ha sido la crisis de los pasaportes. Más allá de si la expedición de las libretas logra estabilizarse a tropezones, lo que durante años operó como un modelo de eficiencia estatal fue sometido a un nudo ciego de improvisación jurídica, advertido repetidamente por la Contraloría y la Procuraduría. El país presenció una escena, a todas luces, preocupante: la enorme exposición a demandas millonarias derivadas de la accidentada salida de Thomas Greg & Sons, el letargo de la Imprenta Nacional para asumir un proceso técnico complejo y la limitada capacidad de maniobra internacional en la coyuntura. Esta debacle es la radiografía perfecta de lo que ocurre cuando se subordina el rigor técnico y la planeación al capricho político de turno.

A nivel internacional, el costo de esta improvisación es incalculable. Al supeditar nuestras relaciones internacionales a las afinidades ideológicas de turno, Colombia ha ido cediendo aceleradamente en su estatus histórico de país serio y líder en los escenarios multilaterales. Una Cancillería desprovista de su cuerpo técnico pierde la memoria institucional necesaria para navegar crisis complejas. Por ello, el diagnóstico del desastre debe dar paso urgente a la hoja de ruta de la reconstrucción. El próximo presidente heredará un ministerio profundamente golpeado y la política exterior del próximo cuatrienio requerirá una agenda de choque, contundente y audaz, para devolverle a la diplomacia su carácter de Estado.

El pilar fundacional de esta hoja de ruta debe ser la consagración de la política exterior colombiana como una verdadera política de Estado, completamente blindada ante los ánimos y vaivenes del gobierno de turno. Aunque la Cancillería cuenta en su base con un cuerpo de planta sumamente capaz, riguroso y preparado, la ausencia histórica de un marco inviolable a largo plazo fue la grieta que permitió el preocupante escenario actual. Fue precisamente esa falta de lineamientos estrictos lo que permitió que la diplomacia cediera en su operatividad técnica y tomara cada vez más espacio la legitimación ideológica de las erráticas decisiones internacionales del Ejecutivo. Esa vulnerabilidad institucional debe cerrarse definitivamente. Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo con cada ciclo electoral; se requiere un consenso que fije líneas rojas que ningún mandatario pueda cruzar.

Con ese blindaje institucional como base, la primera tarea es rectificar de inmediato del rumbo geopolítico, empezando por recomponer y madurar nuestra relación con los Estados Unidos. La próxima administración debe desterrar la retórica anacrónica que reduce nuestro vínculo con Washington a un antagonismo ideológico. Necesitamos una diplomacia pragmática que reconozca a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, elevando la agenda a temas de transición energética real, transferencia tecnológica y seguridad transnacional, sin complejos, pero, a la vez,  sin sumisiones. En esa misma línea, Colombia debe recuperar su vocación de liderazgo en América Latina. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que retomar un rol de estabilización que impulse una integración basada en intereses comerciales, de infraestructura y de defensa democrática, y no en clubes políticos que se desmoronan con cada elección vecinal.

Pero la transformación más profunda debe darse, será, seguramente, de puertas para adentro: la política exterior colombiana tiene que dejar de ser un monopolio exclusivo de los pasillos diplomáticos en Bogotá. El próximo presidente debe apostar por una verdadera descentralización de la cooperación internacional y la interacción diplomática, instalando capacidades de base en los territorios. No se trata de permitir una diplomacia fragmentada, sino de dotar a las regiones de herramientas técnicas y de negociación para que asuman un rol protagónico en la diplomacia pública. Los territorios deben ser capaces de salir al mundo para gestionar recursos, buscar mercados y forjar alianzas directas.

Ya existen ejemplos tangibles de esta visión que demuestran que no es una utopía académica. Un caso verdaderamente emblemático y cercano es el de la Universidad del Quindío, que ha asumido con éxito un rol inédito como agencia de diplomacia pública. Al conectar el conocimiento con las necesidades de su entorno territorial, la institución se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión entre el mundo y la región. A través de la gestión de proyectos de cooperación internacional, dicha institución ha demostrado que cuando se instalan capacidades técnicas a nivel local, se abren puertas de desarrollo que la burocracia centralizada suele ignorar. Este modelo de articulación, en el que la academia se convierte en el motor de la internacionalización regional, es una fórmula que el Estado podría replicar en todo el país.

El desafío que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño es enorme, pero la reconstrucción es posible porque no se parte de cero. En la Cancillería permanece una base profesional seria, rigurosa y comprometida: diplomáticos de carrera que, incluso en medio de la incertidumbre institucional, han contribuido a sostener la continuidad del servicio exterior colombiano. Ese capital humano debe ser el punto de partida para reconstruir la entidad. Recomponer la Cancillería no significa únicamente restituir el valor de la carrera diplomática y consular —aunque ello es indispensable y debe contar con garantías estatutarias sólidas—. También implica recuperar una visión de Estado que entienda la diplomacia como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, capaz de proyectar al país con coherencia, previsibilidad y sentido territorial. Solo sobre la base del mérito, de la experiencia técnica y de una orientación internacional seria, Colombia podrá dejar atrás la improvisación y recuperar una voz respetada, confiable y protagónica en el escenario global.

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

Pregunta 1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

La política exterior del gobierno Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo cumplirá con tres objetivos: hacer de Colombia una nación más segura, próspera y confiable, con fundamento en los siguientes principios:

1. El interés nacional

2. La democracia como sistema de gobierno y la democracia liberal como modelo de desarrollo.

3. La institucionalidad

Para el logro de los objetivos enunciados:

Seguridad nacional y seguridad pública — la política exterior estará al servicio de la contención de las amenazas a la integridad territorial y a la institucionalidad democrática, provenientes de todas las formas de criminalidad organizada transnacional.

Prosperidad — la política exterior contribuirá al desarrollo y el progreso social soportados en la generación de empleo formal, a través de la atracción de inversión y la ampliación y apertura de mercados. 

Confiabilidad  y credibilidad— la política exterior se diseñará y ejecutará con base en los más altos estándares de profesionalismo e integridad, desde la institucionalidad, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la rendición de cuentas.

📌 Fuente: Plan RI, sección Visión y Propuestas 2.4.1 / 111 Puntos, propuestas 43–47

Pregunta 2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Cuáles serán las líneas de participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

En un entorno volátil e incierto, resulta más necesario que nunca establecer con claridad las prioridades de la política exterior, fundamentadas en el interés nacional, e identificar los vehículos por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos trazados. En este propósito, Colombia fundamentará su acción exterior en la institucionalidad, afianzando mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación y priorizando la participación del país en los organismos internacionales con criterios de efectividad, transparencia y exigencia de resultados. 

Las tensiones y cuestionamientos que se plantean en torno a la vigencia del multilateralismo, el derecho internacional y el orden basado en reglas ciertamente plantean desafíos, pero no invalidan la existencia de una arquitectura que se ha construido a lo largo de cerca de un siglo y cuya adaptación a los nuevos desafíos depende, justamente, de la voluntad y capacidad de los Estados.

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional entrante atenderá inicialmente la agenda derivada de la Misión Especial de Verificación para el seguimiento a los aspectos pertinentes del Acuerdo firmado con las FARC en 2016, a fin de evaluar sus resultados a la luz del mandato que sustenta su operación. Adicionalmente, impulsará la discusión sobre los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional a la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe, así como las amenazas que imponen los regímenes autoritarios a la convivencia y el progreso en la región.

En el Consejo de Derechos Humanos, el país velará por la integridad de este órgano, cuya membresía debe reflejar un compromiso efectivo con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalará los dobles estándares que debilitan y restan credibilidad a la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos convencionales y extra convencionales que soportan el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.1 y 2.4.7 / 111 Puntos, propuesta 47

Pregunta 3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (EE. UU., UE, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones (África, Asia-Pacífico)?

La relación con los socios estratégicos tradicionales de Colombia, incluyendo, entre otros, a EEUU, Reino Unido, los países que integran la Unión Europea y Canadá, es esencial y prioritaria, como parte de una política exterior orientada a lograr que el país alcance mayores niveles de seguridad y progreso. No obstante, lo anterior, para avanzar en estos propósitos, resulta indispensable afianzar vínculos y consolidar mecanismos de cooperación efectiva con los países latinoamericanos y del Caribe – especialmente aquéllos con los que se comparten fronteras terrestres y marítimas – así como con aliados extra regionales cuya contribución, en términos de capacidades y experticia debe ser asegurada. En este sentido, se avanzará en la implementación de agendas estratégicas con compromisos verificables en materia de seguridad nacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, acceso a mercados y atracción de inversión con Israel, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Se verificará, igualmente, el nivel de avance en el relacionamiento con los países de Medio Oriente, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y los países africanos, en particular aquéllos en los que se han establecido misiones diplomáticas en los años recientes. Finalmente, se fortalecerá la interlocución de Colombia en espacios extra regionales de integración y diálogo político, como la Unión Africana y la Liga Árabe, entre otros. 

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 46

Pregunta 4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

La consolidación de la política de fronteras será prioritaria y para ello, se dará prioridad a la operación de los mecanismos de trabajo y seguimiento binacionales como los Gabinetes Binacionales, las Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) y los diálogos 2+3 (ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa) para asegurar la cooperación y el desarrollo de una agenda que atienda los intereses y desafíos de las partes.

De otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo se emplearán a fondo para asegurar la operación y profundización de la arquitectura y normatividad de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, como plataformas de impulso al crecimiento del comercio, la atracción de inversión, la seguridad jurídica y la movilidad de personas y recursos. Se procurará restablecer la iniciativa de integrar nuevos miembros y aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico. 

Colombia reafirmará su compromiso histórico con el Sistema Interamericano y  la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espacio hemisférico de defensa de la Democracia y exigirá el cumplimento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática, así como una rendición de cuentas permanente por parte de las respectivas Secretarías. En cuanto a CELAC, como mecanismo de diálogo, el nivel de participación del país estará vinculado con la compatibilidad de su agenda con los objetivos prioritarios de la política exterior y la oportunidad que dicho espacio ofrezca para la atención del interés nacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.4 / 111 Puntos, propuestas 44, 47

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

Pregunta 5. ¿Cuál será la estrategia de Colombia para enfrentar las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas?

El ministerio de Relaciones Exteriores gestionará, ante los países y organizaciones cuyo concurso sea requerido, los acuerdos y compromisos que viabilicen los planes y estrategias del Gobierno Nacional para combatir y contener las amenazas derivadas de la criminalidad organizada internacional que se lucra de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, el contrabando, el lavado de activos y el delito cibernético. Dichos compromisos y acuerdos incluirán elementos de cooperación judicial e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades operativas y entrenamiento, así como inteligencia e investigación, acceso a equipos y desarrollo de operaciones conjuntas. 

La política migratoria, de una parte, estará enfocada en garantizar una atención cercana, efectiva, permanente y confiable a los connacionales en el exterior, con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los equipos consulares para dar respuesta a los casos de privación de la libertad, expulsión o deportación. 

El ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, avanzará en la adopción de tecnología y medidas regulatorias que garanticen la máxima transparencia en el trámite de visados para extranjeros que deseen ingresar al país, evitando la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de toma de decisión. La política migratoria estará enfocada en la atracción de talento e inversión, y se asegurará que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado opere, así mismo, con la mayor diligencia, eficiencia y transparencia. 

Una eventual crisis migratoria, como la evidenciada entre 2017 y 2019, producto de las condiciones humanitarias que obligaron a más de ocho millones de ciudadanos venezolanos a abandonar su país, será atendida de manera fraterna y solidaria, profundizando, renovando y perfeccionando los mecanismos de regularización que fueron adoptados durante 2021 para asegurar el acceso de los refugiados y migrantes a los bienes y servicios públicos en el país y facilitar su integración social y productiva.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.2 / 111 Puntos, propuestas 7, 44

Pregunta 6. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial y cómo articula estos instrumentos con su acción de gobierno?

Colombia participará activamente en las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático en los foros multilaterales. La posición del país parte de reconocer que Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero, pero sí una potencia ambiental en virtud de su biodiversidad, cuya responsabilidad fundamental es detener la deforestación, restaurar lo que se ha perdido y conservar las especies de fauna y flora presentes en su territorio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales ambientales se articulará con la acción de gobierno a través de: la restauración de un millón de hectáreas y la reducción de la deforestación; el fortalecimiento de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y del incentivo forestal; el incremento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB; la destinación de recursos del sector minero-energético al cuidado de la naturaleza a través del sistema de regalías; y la protección de parques nacionales naturales de la acción depredadora de los grupos armados ilegales que se lucran de la explotación criminal de los recursos naturales y de los cultivos ilícitos (111 Puntos, propuestas 98–106).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 98–106

Pregunta 7. ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a exportaciones no tradicionales, IED, acuerdos comerciales, inserción Asia-Pacífico y OCDE?

La diplomacia para el progreso, el crecimiento sostenible y el desarrollo es uno de los tres ejes centrales de la política exterior. El ministerio de Relaciones Exteriores trabajará de la mano con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la acción política necesaria que convierta a Colombia en un nodo estratégico de inversión, comercio y relocalización productiva, integrándose de manera más competitiva a los mercados globales y a las cadenas internacionales de suministro y valor.

Acuerdos comerciales: Se aprovecharán plenamente los acuerdos vigentes y se negociarán nuevos acuerdos estratégicos, como plataformas para profundizar el comercio de bienes y servicios, atraer IED, perfeccionar el marco regulatorio, facilitar encadenamientos productivos y potenciar la creación de conocimiento.

Exportaciones: Las misiones diplomáticas, en alianza con ProColombia, estarán al servicio de promover el turismo, abrir nuevos mercados para productos y servicios colombianos en función de las prioridades de la política industrial y productiva del Gobierno Nacional (111 Puntos, propuesta 45). La meta es USD 10.000 millones adicionales en exportaciones (111 Puntos, propuesta 36).

IED: Se garantizará la seguridad jurídica necesaria para construir confianza inversionista a partir de Tratados de Protección de Inversiones, la adopción de los mejores estándares en materia de solución de controversias e incentivos tributarios diseñados por el ministerio de Hacienda para atraer y destrabar al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos en sectores estratégicos (111 Puntos, propuesta 38).

Asia-Pacífico: (de la respuesta a la pregunta 3) En especial, se avanzará en la negociación de marcos de profundización económica y comercial, y se asegurará la participación de Colombia en los grupos de trabajo de APEC; se trabajará para culminar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y el proceso de ingreso al CPTPP, y se impulsarán estrategias de acceso real al mercado Chino en el marco del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta, y se trabajará activamente para para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea del Sur y expandir el intercambio comercial con India.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 36, 38, 45, 111

Pregunta 8. ¿Qué postura adoptará Colombia frente a la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica EE. UU.–China?

Colombia volverá a condenar la guerra de agresión iniciada por Rusia en contra de la integridad territorial de Ucrania y condenará las acciones violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los escenarios, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En todos los casos, la posición del país y sus votaciones en los organismos multilaterales será de rechazo a las dictaduras y regímenes autocráticos, al patrocinio del terrorismo y de la criminalidad organizada transnacional (111 Puntos, propuesta 47).

Colombia mantendrá relaciones privilegiadas con países que compartan su compromiso con los valores de la democracia liberal y las libertades económicas como modelo de desarrollo, y trabajará de la mano con ellos, como un aliado confiable, en su promoción y defensa. Lo anterior no impedirá el establecimiento de relaciones que atiendan los intereses nacionales y las prioridades de la política exterior, sobre la base del pragmatismo y la identificación de oportunidades de trabajo conjunto a partir de agendas que reflejen los intereses de las partes.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.6, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 46, 47

Pregunta 9. ¿Cuál será su estrategia frente a la ciberseguridad, la gobernanza de la IA, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

Crimen organizado transnacional: Se reconstruirán y fortalecerán las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y capacidades operacionales con EE. UU., Reino Unido, Israel, EUROPOL y AMERIPOL. Se priorizará la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional organizado y las amenazas híbridas, incluyendo narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Ciberseguridad: Colombia se involucrará en la construcción de regulaciones multilaterales sobre ciberseguridad. A nivel interno, se implementará un SOC País 24/7 con enfoque Zero Trust y cibersimulacrosanuales (111 Puntos, propuesta 108 y el programa de Estado Digital).

Gobernanza de la IA: Colombia participará en los foros multilaterales para la construcción de regulaciones sobre inteligencia artificial, reconocida como uno de los nuevos desafíos globales que requieren gobernanza internacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 108

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

Pregunta 10. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico?

La Carrera Diplomática es la garantía de una acción exterior orientada por los más altos estándares de integridad y excelencia en la gestión de los intereses nacionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional. Para ello, debe estar dotada de las herramientas necesarias para asegurar el más alto nivel profesional, amplia experticia y una rigurosa capacidad técnica. Se verificará que el proceso de formación y evaluación de los servidores públicos que conforman el servicio exterior, a lo largo de su carrera, opere con criterios de mérito, eficacia y transparencia, al servicio del interés nacional. Especial atención se brindará al proceso de convocatoria para el concurso de selección de los nuevos integrantes de la carrera, a la identificación de las competencias críticas para el desempeño del servicio exterior, a la verificación de los requisitos para los ascensos y evaluaciones periódicas y a la selección de los perfiles más idóneos para asumir responsabilidades de crítica importancia en las misiones diplomáticas y consulados del país en el exterior. 

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de la Cancillería para el pensamiento y la planeación estratégicos, la anticipación y respuesta a las dinámicas geopolíticas, y el cumplimiento efectivo de su papel articulador de la acción exterior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 11. ¿Qué medidas adoptará para proteger y fortalecer el sistema de mérito, formación y evaluación permanente de la Carrera?

La carrera diplomática se fortalecerá con reglas claras de ingreso, formación continua, evaluación y promoción, con énfasis en la capacidad técnica, el conocimiento profundo de la institucionalidad nacional e internacional y competencias y habilidades requeridas para el relacionamiento y la negociación, incluido el bilingüismo.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto frente a la designación de los funcionarios de carrera en el exterior, y se promoverá su vinculación en las oficinas de relaciones internacionales de las instituciones del Estado colombiano.

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 12. ¿Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería —actualmente solo el 9,4% de los cargos directivos—?

La designación del equipo directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su planta interna, se llevará a cabo con fundamento en un estudio riguroso de los perfiles profesionales de los funcionarios de carrera diplomática, sus logros, experiencia y su nivel de experticia en las áreas temáticas y geográficas que corresponden a los viceministerios y direcciones de la institución. 

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 13. ¿Cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado con visión de largo plazo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo continuará fortaleciendo su capacidad de documentación y sistematización para la producción de conocimiento al servicio de la gestión del servicio exterior. La política exterior, en todos los casos, continuará diseñándose con base en los intereses y prioridades del Estado, en beneficio de los ciudadanos, y apalancará e impulsará las prioridades nacionales en materia de defensa y seguridad, crecimiento sostenible, desarrollo y progreso social.

De la misma manera, se asegurará  la operatividad y participación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en el proceso de consulta para la toma de decisiones de la política exterior del país, como mecanismo institucional de construcción de consensos al interior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 14. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática internacional, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano. Se garantizará la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales, y se asegurará la construcción de currículos, el diseño de los contenidos y la incorporación de docentes con base en el mérito académico, la competencia profesional y el compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los intereses nacionales.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

Pregunta 15. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el PND se articularán con el trabajo técnico del cuerpo diplomático y consular?

La gestión de todas las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior tendrá como fundamento las prioridades y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, la gestión del cuerpo diplomático estará orientada por los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, construidos a partir de la articulación y la consolidación de los elementos técnicos aportados por las instituciones del Estado, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, reflejando así el interés nacional. 

Adicionalmente, la adscripción de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) a la Cancillería, fortalecerá la agenda estratégica en esta materia; se dará prioridad al fortalecimiento de las capacidades de la Cancillería para la planeación estratégica y la respuesta rápida a las crisis, y se garantizará una interlocución más profunda, explícita y obligada de la Cancillería con las dependencias de gobierno encargadas de seguridad y defensa, inteligencia, desarrollo económico y comercio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8 y Visión general

Pregunta 16. ¿Qué lecciones toma del rol de la Cancillería en la pandemia de COVID-19 para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?

Durante la crisis del COVID 19, el ministerio de Relaciones Exteriores comprobó su capacidad de responder de manera rápida y efectiva en dos aspectos fundamentales: la gestión política requerida para asegurar el acceso a vacunas y la operación logística requerida para la repatriación de colombianos que se encontraban en el exterior. Esta respuesta efectiva fue el resultado de un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República, coordinado por la Cancillería de manera estrecha con múltiples entidades, entre ellas, los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Salud y sus áreas técnicas; Transporte y Aerocivil; Comercio, Industria y Turismo, y ejecutado con rigor y precisión por parte de las embajadas y consulados acreditados alrededor del mundo.

En este orden, la lección principal que se puede derivar de esta experiencia es que se debe asegurar la capacidad institucional de la Cancillería para desplegar todas las herramientas de planeación, ejecución y seguimiento requeridas para dar respuesta a crisis y situaciones urgentes de diversa naturaleza. 

Pregunta 17. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas, así como su pertinencia y sostenibilidad en función de intereses nacionales claramente definidos y ponderados. Los criterios serán: (1) prioridad estratégica del país de destino para los intereses comerciales, de seguridad y de cooperación de Colombia; (2) volumen y necesidades de la comunidad colombiana residente; (3) eficiencia y valor estratégico en términos de resultados concretos y medibles.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9

Pregunta 18. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas en función de intereses nacionales claramente definidos. La renovación tecnológica dentro de la entidad será una prioridad para modernizar procesos y reducir costos operativos, permitiendo reasignar recursos hacia la acción sustantiva del servicio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 107

Pregunta 19. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional?

La proyección educativa, cultural, científica y turística del país se recuperará como instrumento de poder blando, con el fin de consolidar el posicionamiento internacional de Colombia, profundizar relaciones estratégicas y apoyar el desarrollo económico y los vínculos transnacionales. Esto incluye: programas de intercambio, becas y cooperación STEM; fortalecimiento del bilingüismo; y el posicionamiento de Colombia como sede de las principales cumbres regionales e internacionales con visión de atracción de turismo, inversión y diplomacia corporativa y social.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.7

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Pregunta 20. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados y la atención a colombianos en el exterior?

Los servicios consulares serán ágiles y digitales, priorizando la atención al ciudadano, la protección de los colombianos en el exterior y el acompañamiento a las comunidades. La acción consular estará articulada con la promoción de inversión, comercio y turismo.

Se fortalecerá la implementación y uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de tiempo, recursos y éxito en los procesos consulares, trámites y comunicación con las embajadas y consulados. Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

Pregunta 21. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico, y proteger sus derechos?

Colombia tendrá una política migratoria que incentive la migración por competencias, preparación e interés de invertir en el país. Se ampliarán los programas de intercambio, becas y cooperación para alcanzar un alto nivel de bilingüismo y fortalecer la formación en matemáticas, ciencia y tecnología, impulsando la movilidad académica y cooperación STEM orientada hacia la empleabilidad.

Se impulsará una agenda de movilidad académica con el objetivo de que los colombianos en el exterior fortalezcan sus vínculos con el país y contribuyan a la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.2

Pregunta 22. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares?

La renovación tecnológica dentro de la Cancillería y sus misiones en el exterior será una prioridad, con el objetivo de modernizar procesos, facilitar trámites e impulsar la máxima transparencia frente a los ciudadanos nacionales y extranjeros. Se fortalecerá el uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de procesos consulares y la comunicación con embajadas y consulados.

Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados. Para los colombianos con títulos universitarios extranjeros, se promoverá la convalidación automática (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Dicho de otra manera: comprar un bien al otro lado del mundo es posible en segundos y haciendo un simple clic, sin embargo, para que ese artículo llegue hasta la puerta de tu casa necesita de un andamiaje logístico que se sofistica desde hace siglos.

Hoy, la logística es la médula de empresas de varios sectores de la economía, quienes a la hora de decidir dónde operar tienen en cuenta un buen número de variables que buscan anticiparse a riesgos y potenciar la productividad del negocio.

El Valle del Cauca es una región que ofrece a las empresas ventajas únicas para una logística inteligente y eficiente. Revisemos algunas de ellas.

Infraestructura de transporte

Contar en el departamento con el Puerto de Buenaventura es una ventaja innegable para el comercio exterior, que se potencia hacia el interior del país con el corredor logístico Buenaventura-Yotoco-Buga.

A esto se suman proyectos que sumarán a la conectividad y competitividad de la región como: futura concesión y ampliación del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón (Palmira) y la modernización de las terminales aéreas de Buenaventura y Cartago; dragado del canal de acceso a Buenaventura; tren de cercanías del sur y Ferrocarril del Pacífico; y la vía Mulaló-Loboguerrero y los corredores Buenaventura-Buga y Cali-Rumichaca.

Proximidad a clientes y plantas de producción

Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, el Valle del Cauca ofrece una singular condición: cercanía con clientes internacionales a través del Puerto de Buenaventura, así como con plantas de producción y consumidores nacionales por cuenta de su conectividad aérea y vial. Justamente, su proximidad con el llamado ‘Triángulo de oro’ —que concentra el 75% del mercado interno y el 66% de la población colombiana—, es una ventaja innegable. Es una región capaz de conectar con el exterior, así como los mercados internos.

Costos operativos

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Logística que adelanta el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el costo logístico promedio nacional fue del 15,6 % de las ventas en 2024. Para el Valle del Cauca ese promedio es de 11,4 %, es decir, casi cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, lo que ratifica su competitividad en este rubro.

Regulaciones y normatividad

En el Valle del Cauca hay siete Zonas Francas disponibles, concentradas en el centro y sur del departamento, que son responsables del 25 % de las exportaciones que desde se hacen desde estas áreas en Colombia. Estas Zonas Francas aseguran beneficios tributarios y arancelarios para las empresas, como por ejemplo, cobro diferenciado de impuesto de renta (20 % versus 35 % en el resto del territorio nacional), entre otros.

Tecnología y expansión

El cable submarino del Pacífico (SAC, South American Crossing) que entra al continente por Buenaventura asegura su conectividad digital. Además, el privilegiado territorio del departamento ofrece alternativas para la generación limpia de energía, así como capacidad de expansión de operaciones en comunión con la protección de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Hecho que se refuerza con la baja emisión de gases de efecto invernadero por la calidad de carreteras y la conexión intermunicipal.

Sin duda, todavía hay factores en los que el Valle del Cauca puede mejorar su atractivo, como lo es el de la seguridad. En este punto, el trabajo articulado entre los actores nacionales y departamentales es clave para superar esos retos y potenciar así las condiciones para que más empresas elijan al Valle del Cauca como su destino ideal para el fortalecimiento de una logística inteligente y eficiente.

*Por Santiago Correa Giraldo, analista de inteligencia de mercados en Invest Pacific.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Iniciamos una serie de notas técnicas en lenguaje sencillo que ayudará a enmarcar y entender más el proceso para facilitar una mejor participación.

En esta primera nota se muestra por qué es importante el POT, cuál es la primera gran decisión que debe tomarse (el modelo de ocupación del territorio), decisiones políticas concretas y riesgos típicos de corrupción asociados a esa primera decisión.

Por Daniel Mera Villamizar, con asistencia de Inteligencia Artificial (ChatGPT) para uso de volúmenes de literatura experta y normatividad.

¿Por qué es importante el Plan de Ordenamiento Territorial?

La planificación del desarrollo territorial no es un ejercicio técnico accesorio: es una condición habilitante del desarrollo económico, social y ambiental.

En Colombia, el ordenamiento territorial se concibe como un proceso colectivo que busca un desarrollo “ambientalmente sostenible, económicamente competitivo, socialmente justo y fiscalmente viable”, reconociendo las dinámicas propias de cada territorio y sus conflictos de uso.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) subraya que el desarrollo no ocurre en abstracto, sino en territorios concretos donde interactúan el agua, los suelos productivos, la infraestructura, la población y los ecosistemas.

Por ello, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) son los dos instrumentos integrales con los que cuentan municipios y distritos para orientar su desarrollo.

Cuando estos instrumentos, POT y PDT, están bien formulados y articulados, permiten reducir conflictos, orientar inversiones públicas y dar previsibilidad a la acción privada.

La primera gran decisión: el modelo de ocupación del territorio

La planificación territorial es clave porque define el modelo de ocupación del territorio, es decir, cómo se localizan las actividades económicas, la población y las infraestructuras que las soportan.

Según la Ley 388 de 1997, el POT “establece la estructura urbano-rural e intraurbana, determina las grandes infraestructuras requeridas y define los sistemas de comunicación vial del municipio”.

Esto convierte al POT en un instrumento estructurante del desarrollo económico, no solo en un marco normativo del uso del suelo.

La experiencia colombiana muestra que cuando el POT carece de modelo explícito de ocupación, el desarrollo se vuelve reactivo y fragmentado, lo que limita su capacidad para orientar inversiones públicas y privadas de largo plazo.

En contraste, donde el POT articula proyectos de movilidad, vivienda y servicios públicos, se crean condiciones más favorables para el desarrollo territorial sostenible.

Así, la primera gran decisión es el modelo de ocupación del territorio, que la toma el alcalde distrital, pero no discrecionalmente, porque es la realidad en gran medida la que dicta cuál debe ser ese modelo.

Claro, el alcalde se puede equivocar de modelo o no adoptar realmente un modelo, que es otra forma de equivocarse.

¿Cuáles son las tres opciones de modelo de ocupación del territorio?

La literatura sobre ordenamiento territorial en Colombia coincide en que el modelo de ocupación del territorio es el núcleo estratégico de un POT: define dónde crecer, dónde proteger y cómo articular usos del suelo, población e infraestructura. No se trata solo de zonificación, sino de una apuesta de desarrollo implícita.

Entre los modelos más frecuentes está el modelo compacto o de consolidación, que prioriza la densificación urbana, el aprovechamiento de infraestructura existente y la contención de la expansión.

Este modelo busca eficiencia fiscal, menor huella ambiental y mejor acceso a servicios, y es recomendado cuando existen altos costos de provisión urbana y riesgos ambientales.

Otro enfoque es el modelo policéntrico o de nodos, que promueve varios centros urbanos o subcentros articulados por infraestructura y servicios.

Este modelo es particularmente relevante para regiones funcionales y áreas metropolitanas, donde la productividad depende de la conectividad entre municipios y de la especialización territorial.

Finalmente, se identifica el modelo ambiental o de ordenamiento alrededor del agua, que parte de las estructuras ecológicas principales —cuencas, áreas protegidas, riesgos— como determinantes del uso del suelo.

Este enfoque busca compatibilizar desarrollo productivo y sostenibilidad, reduciendo conflictos y costos futuros.

Los expertos coinciden en que el éxito de cualquier modelo depende menos de su formulación formal y más de su coherencia con la realidad territorial, su viabilidad fiscal e institucional, y su capacidad de implementación sostenida en el tiempo.

Como en Fundación Color de Colombia creemos que el modelo policéntrico o nodal (por Currulao, Nueva Colonia, El Tres y Río Grande) es el que mejor se adecúa a Turbo, vamos a compartir las decisiones políticas concretas y los riesgos de corrupción típicos asociados a ese modelo.

Decisiones políticas concretas del modelo policéntrico

La lógica es articular territorio para productividad y cohesión regional; el desafío es la complejidad institucional y necesidad de coordinación entre centros poblados, y la virtud clave es la productividad territorial y la reducción de desigualdades espaciales.

Decisiones concretas en el POT:

Perímetro urbano

• Definición de varios centros urbanos o subcentros con funciones diferenciadas.
• Coordinación intermunicipal (hecho metropolitano o región funcional).

Vivienda

• Desarrollo de vivienda cerca de nodos de empleo y servicios, no solo del centro principal.
• Reducción de desplazamientos largos hogar-trabajo.

Suelo industrial y logístico

• Localización estratégica en nodos conectados a corredores viales, puertos o plataformas logísticas.

Infraestructura

• Inversión prioritaria en conectividad entre nodos (vías, transporte regional, TIC).
• Planeación conjunta de equipamientos (hospitales, educación superior, centros tecnológicos).

El modelo de ocupación del territorio no es técnico: es una decisión política sobre quién gana, quién paga y cuándo.

Un POT coherente alinea perímetros, vivienda, suelo productivo e infraestructura con un proyecto explícito de desarrollo, no con la improvisación ni con la captura de rentas.

Riesgos típicos de corrupción en el modelo policéntrico y cómo prevenirlos en el POT

Riesgos de corrupción más frecuentes (aquí hemos incorporado los riesgos del modelo compacto o de consolidación):

• Definición oportunista de nodos para valorizar suelos específicos.
• Sobredimensionamiento de infraestructura para justificar proyectos privados.
• Manipulación de normas de densidad (índices de construcción y ocupación) para beneficiar predios específicos.
• Cambios ad hoc en usos del suelo en zonas de renovación urbana con información privilegiada.
• Captura del POT por grandes desarrolladores en procesos de redensificación.
• Subvaloración o no cobro de plusvalía en proyectos de alto aprovechamiento urbano.

Cómo prevenir desde el POT

• Criterios técnicos explícitos y verificables para definir nodos (accesibilidad, empleo, servicios, conectividad).
• Jerarquización de inversiones según impacto distrital y no por presión política.
• Cláusulas de coherencia territorial que impidan desmembramientos del Distrito.
• Reglas automáticas y generales de densificación (rangos claros por tipología de zona), evitando excepciones prediales.
• Delimitación previa y cerrada de áreas de renovación urbana, aprobadas con el POT y no por acto administrativo posterior.
• Cálculo y cobro obligatorio de plusvalía asociado al aumento de edificabilidad, con destinación explícita (espacio público, vivienda social).
• Registro público de cambios normativos con trazabilidad de decisiones y responsables.

La corrupción en el ordenamiento territorial no ocurre por falta de planes, sino por exceso de discrecionalidad mal diseñada.

Un buen POT no promete ciudades ideales: reduce oportunidades de captura, limita decisiones caso a caso y hace predecible el uso del suelo.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La oficialización de las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía colombiana marca un cambio en el ordenamiento político del país y salda una deuda de más de 34 años que el Estado tenía con los pueblos originarios desde el nacimiento de la Constitución de 1991.

Los gobiernos indígenas oficialmente reconocidos en Colombia desde el pasado 16 de diciembre, tras la firmas de decretos del presidente Gustavo Petro, entrarán ahora a una nueva etapa en la que deberán coordinarse con instituciones del Estado, que ahora los reconoce como autoridad, para implementar sus saberes en los sistemas de salud, educación, justicia y ambiente, donde han logrado la preservación de sus territorios.

Esto también implica la modificación del mapa Colombiano, donde los territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo y UITIBOC–ASOAINTAM no solo aparecerán dentro de la cartografía, sino que gozarán también de autonomía presupuestal y fiscal para desarrollar aún más las estructuras políticas, espirituales y territoriales que los han sostenido durante siglos, incluso ante el extractivismo de los recursos naturales y la violencia armada.

La Fundación GAIA Amazonas acompañó 10 de los 20 procesos que gobiernos indígenas emprendieron para ser reconocidos formalmente como ETI. Julieth Rojas Guzmán, subdirectora técnica y política de la organización, explica a Mongabay Latam los pasos que siguen para este ejercicio histórico, que vendrá con retos, pero que, asegura, permitirá fortalecer la autonomía, el pluralismo y la construcción del Estado desde los territorios.

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—Llegó la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas, ¿qué pasos deben seguir ahora para esta reconfiguración en Colombia?

—Viene todo lo que implica el funcionamiento pleno de esas entidades territoriales indígenas. Acá lo que es importante es recordar que los acuerdos interculturales definen una serie de rutas y de garantías para que estos gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, administrativas, fiscales, para que puedan efectivamente ejercer sus competencias en coordinación con las otras instituciones, sobre todo del orden nacional, para poder cumplir con esos objetivos que se tienen como Estado, sobre todo lo que implica la coordinación con educación, con salud, con ambiente, con hacienda, con planeación.

Lo que se requiere es sostener un diálogo intercultural y mecanismos efectivos de coordinación para una adecuación institucional en doble vía.

La idea no es que la institucionalidad del Estado se transforme totalmente de modo que sea semejante a los gobiernos indígenas. Tampoco el caso contrario, que los gobiernos indígenas tengan que transformarse para que funcionen tal cual como opera el resto de la institucionalidad estatal, sino que en efecto se puedan trazar puentes y esas adecuaciones institucionales para que la diversidad de gobierno, de administración, de conocimiento, se pueda expresar como está previsto en la Carta Constitucional.

El decreto 488 aclara cuáles son las fuentes públicas a las que pueden tener acceso estas entidades territoriales indígenas bajo el principio de igualdad con otras entidades territoriales. Por ejemplo, que las fuentes son todas las públicas y no solamente lo que corresponde a la Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Ya entran regalías entre el Sistema General de Participaciones para los distintos sectores, incluido educación, salud y otras rentas nacionales.

Habrá un proceso de diálogo intercultural para que esos mecanismos de planeación, de ejecución, de seguimiento, de rendición de cuentas que han desarrollado los gobiernos indígenas puedan interlocutar en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Planeación y de Presupuestación. Eso implica transformaciones para que se pueda hacer efectivo.

La asunción de competencias va a ser progresiva en cada uno de esos territorios. La idea es que con base en los avances que ya tienen esos gobiernos territoriales se definan esas rutas para que cuenten con el acompañamiento técnico y financiero de las instituciones con las que se coordinan para ese ejercicio de competencias.

Por ejemplo, en el caso de salud, en los acuerdos interculturales hay fechas, mesas, rutas específicas para que esos gobiernos indígenas terminen de desarrollar los modelos y la coordinación con el Sistema General de Salud del Estado y que sea a partir de ahí que se generen puentes con todas las garantías financieras para poder lograrlo.

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—¿La delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas también se hará geográficamente en el mapa político de Colombia?

—Sí, de hecho eso es parte de la celebración que queremos acompañar con los gobiernos indígena porque este proceso lo que hace es que el mapa de Colombia se transforme y que se transforme para reflejar esa realidad de gobierno territorial que la cartografía anterior no mostraba.

Están los departamentos, los municipios, los distritos especiales, que no son muchos, pero existen, también los ves reflejados en el mapa, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pero como las Entidades Territoriales Indígenas son toda esta deuda estructural de 34 años con la formalización de estas primeras ocho es que empieza a configurarse esa cartografía, reflejando esa realidad de gobierno que existe en la Amazonía Oriental Colombiana.

Entonces, la idea también de lo que sigue es que muy pronto se puedan hacer también esas adecuaciones de cómo se configura esa realidad político-administrativa también en la cartografía oficial del país, que se va a seguir transformando en tanto son 25 gobiernos en total los que han avanzado en esta decisión de formalizarse como Entidad Territorial Indígena.

Los 10 gobiernos indígenas con los que trabajan en Amazonas son los que han liderado el proceso y quienes han abierto el camino para los otros gobiernos indígenas. Pero una vez que todos estén en un punto de avance, esa Amazonía va a mostrar esas 20, 25 ETI completando este mapa con base en esas realidades de gobierno territorial. Estamos en ese momento de celebración porque se está concretando el pacto constitucional de 1991, construyéndose el Estado desde lo local y con base en la diversidad y pluralismo.

—¿Los 25 territorios que están en proceso son a nivel nacional o sólo en la región de la Amazonía?

—Únicamente en la Amazonía. Incluyen los ocho que ya cuentan con su acuerdo intercultural, es decir, que ya están formalizados. En mayo también se expidió un decreto, a través del cual también se constituye la entidad territorial indígena de la zona extrema de la Guajira. Y esa entidad territorial indígena está al norte del país, no está en la Amazonía, sino en la Guajira.

Y sabemos de otros pueblos indígenas en distintas partes del país que también están interesados en dar estos primeros pasos. Entonces estas 25 de las que te hablo están ubicadas en lo que conocemos como Amazonía Oriental, que son tres departamentos: Amazonas, Vaupés y Guainía.

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—Por ejemplo, ¿qué pasará en este nuevo escenario con otros conflictos que surgen en el día a día, como la violencia intrafamiliar?

—Cada uno de esos gobiernos territoriales cuenta con lineamientos de política y están centrados en el bienestar de la gente de los territorios, en un goce efectivo de los derechos de las personas.

Se entiende que hay asuntos que deben coordinarse, por ejemplo, con la Justicia ordinaria. Los gobiernos indígenas tienen toda la potestad de desarrollar e implementar sus propios sistemas para la administración de la justicia en sus territorios y hay asuntos que deciden coordinar con esa Justicia ordinaria, de acuerdo a los desarrollos que han venido generando la capacidad de respuesta de la institucionalidad que ya está construida para esos fines y de los casos puntuales.

Las infancias y las mujeres son sujetos de especial protección y de interés general. Frente a ese tipo de temas habrá también que desarrollar esos mecanismos de coordinación efectiva en territorios donde realmente esa institucionalidad nunca ha sido efectiva. El desarrollo de estos gobiernos indígenas permite sobre todo consolidar ese bienestar colectivo y atender situaciones que a través de la Justicia ordinaria o de mecanismos ordinarios no ha tenido ningún tipo de respuesta.

Se pueden tejer unas nuevas formas de relacionamiento que respete esa autonomía territorial, pero siempre, por supuesto, con garantía de los derechos de las personas.

—La autonomía para los pueblos indígenas ha venido más de resoluciones judiciales y decretos presidenciales, ¿sigue pendiente una ley de ordenamiento territorial en el Congreso?

—Todo lo que ha venido ocurriendo y la formalización efectiva de estas primeras entidades territoriales indígenas dan la pauta de cómo está ordenado el país y cómo se configura política y administrativamente.

Esa ley orgánica de ordenamiento territorial, cuando exista, debería recoger todos esos avances, nunca ponerlos en duda o entrar en contradicción con ellos, sino reconocer que ya ha habido un reconocimiento efectivo de esos gobiernos territoriales, que se sabe que ahí efectivamente se garantizan los derechos de la gente.

Pero también hay un ordenamiento territorial que procura el bienestar de la vida y, precisamente, esa ley de ordenamiento debería recoger esas realidades y soportarse en esos avances que se han venido generando por la decisión clara de estos gobiernos indígenas. Son los procesos locales los que le están dando la pauta. Acá ya se está materializando lo que se había planteado en la Constitución de 1991.

—¿Qué llamado haría a la sociedad colombiana para que reconozca la autoridad de estas ETI?

—Un llamado a reconocer que esto es un proceso que protege los derechos de la gente, que protege realmente esas funciones vitales de la Amazonía, porque la consolidación de esa autonomía en términos políticos, administrativos y fiscales es una estrategia que pone en el centro de la conversación nacional y global ese bienestar de la gente y la integridad del territorio.

Es un llamado a la celebración como ciudadanía de que finalmente se esté cumpliendo ese pacto constitucional y un mensaje de que la autonomía en los gobiernos indígenas lo que hacen es aportar a esa configuración del Estado y no socavar el relacionamiento entre otras entidades que existen en el ordenamiento. Con este proceso Colombia gana. También con que la ciudadanía realmente pueda conocer y comprender lo que esto significa para su propio bienestar y para la protección de la integridad de la vida.

Imagen principal: las Entidades Territoriales Indígenas reconocidas en Colombia abarcan el 15 % de la Amazonía del país. Foto: cortesía Juan Gabriel Soler / GAIA Amazonas.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El profesor Carlos Niño Murcia es un maestro en el sentido más pleno de la palabra: uno de esos seres que nacen para enseñar y para encender en sus discípulos la pasión por el arte de la arquitectura. En sus clases, las formas pétreas de los edificios se transformaban en relatos: historia, legado, memoria, identidad.

Acepté gustosamente escribir un artículo, desde la mirada del alumno que fui, sumando mi voz a tantas otras que reconocen lo que significa el oficio de la arquitectura y su ejercicio en Colombia.

El libro en el que aparece este texto lleva su nombre como título —porque su nombre mismo es una marca— y fue editado por la Universidad Nacional de Colombia (Castell, E. et al. (2024). Carlos Niño Murcia (1.ª ed.). Grupo Editorial: Universidad Nacional de Colombia).

Comparto aquí, para La Conspiración del olvido, un abrebocas que invita a dejarse cautivar por este oficio vital, sagrado y pleno que, cuando se ejerce con verdadero sentido, permanece vivo para siempre.

Ramón García Piment

Revolución, es uno de los pensamientos que se me viene a la cabeza cuando traigo al presente mi pasado de estudiante en los corredores del edificio 303 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Revolución de ideales, revolución de pensamiento, revolución de moda, y sin embargo la mayor revolución de una clase, la tuve en el aula de uno de los docentes que con su presencia inspiradora de respeto y de bondad nos hablaba sobre el orden y el poder.

De esa manera conocí a Carlos Niño Murcia, quien andaba con su mirada altiva y risueña, atareado en medio de muchos proyectos que tenía con el distrito para levantar perfiles urbanos e investigar sobre los desarrollos poblacionales de las urbes. Siempre se le veía, rodeado de estudiantes que lo admiraban y lo asediaban en la cafetería cuando salía de sus clases.

Sin embargo, la mejor forma de introducirnos en su pensamiento era a través de sus libros, en particular recuerdo el de “Arquitectura y Estado”. En él, podíamos ver la relación que tuvo el estado insipiente luego de las terribles guerras civiles decimonónicas para poder, no solo administrar una nación heterogénea, sino para poder mostrar la cohesión centralista del poder del Estado a través de la consolidación de edificios municipales a manera de palacios modernos, en donde se ubicarían las instituciones de correos y telégrafos, junto con las alcaldías, aduanas, oficinas de impuestos y otros estamentos propios de la administración del estado. Todos ellos, planeados y diseñados desde el Ministerio de Obras Públicas de Colombia.

Ese panorama lleno de conceptos teóricos sobre poder local, población y ordenamiento territorial, altamente impregnado de modelos estilísticos nos transportaba a un ideario lleno de formas e inspiraciones que se salían de las burguesías y oligarquía, de los poderes políticos para llevarnos a una utópica relación entre forma y control.

Así nos inspirábamos, viendo que no solo los preceptos se daban en la funcionalidad y la estética, sino en la dominancia y el poder, fusionados en un matrimonio indisoluble con una sociedad perturbada entre control social, pobreza y riqueza.

Es así como el profesor Carlos Niño, resultó siendo inspirador de una revolución no actual, sino una revolución pasada, llena de dificultades sociales y estudios etnológicos amañados de ansias de poder. Fue así como el maestro nos permitió ver un aprendizaje que iba más allá de los conceptos, que se encontraban matizados en las formas, en el desarrollo conceptual encriptado.  Empecé a ver en los perfiles urbanos, en las fachadas, los mensajes ocultos que permitían decodificarse a cada clase, con cada texto. Fue así como las clases pasaron a tener un matiz de desciframiento de lo oculto.

Como no recordar al maestro que pasó a educar basado en los textos pre- existentes, a ser un investigador que concluía sus apreciaciones casi en el mismo momento que las formulaba a los alumnos.  Así captó nuestra atención, así transformó el pensamiento de sus estudiantes, permitiéndonos la motivación que nos llevaba a buscar en nosotros mismos las virtudes que se encontraban adentro y afuera, en los estudios de campo.

Su voz plausible, pausada y a la vez reflectiva, nos llevó a ver que la arquitectura respondía a los valores de una sociedad, a reflexionar de manera crítica sobre una escritura de las formas y del poder. Luego de veinte años de haber estado en las aulas, aún recuerdo como en sus clases en un salón cubierto de cortinas gruesas, a través de un caluroso proyector de acetatos o de un moderno proyector de diapositivas, nos llevaba a recorrer la ciudad, sus tramas, la forma de concepción de barrios y urbanizaciones.  Nos presentaba las etapas en las que se formaban las ciudades, con materiales y formas llenas de pensamientos sociales, y como se generalizaba la forma cúbica, el material a la vista que se recubría, y por otro lado el trabajo de las oficinas de planeación que competían en la intervención de los espacios públicos, en donde lo único común era la consecución de hitos urbanos y puntos de encuentro.  La pugna de dos miradas, la de la sociedad que busca habitar y la del Estado que imponía el orden en el hábitat.