El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

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La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

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El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

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Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

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El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

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Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bajo el agua del Santuario Marino de las Islas Darwin y Wolf, en Galápagos, grandes depredadores y otras criaturas marinas nadan sin miedo al ser humano. Cuando el científico Pelayo Salinas de León se sumerge con su traje de buzo y herramientas de observación, algunas especies incluso se acercan con curiosidad.

“Uno sabe que está en un sitio especial cuando al caer al agua ya ve tiburones y peces grandes”, dice Salinas de León, coautor de un estudio que analizó la abundancia y biodiversidad de tiburones y peces depredadores en áreas marinas protegidas del Pacífico Este Tropical (PET). Una experiencia similar se repitió cuando buceó en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, México; el Área Marina Protegida Isla Clipperton, Francia; y el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, Colombia.

Estas islas oceánicas protegidas albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones y peces depredadores documentadas a escala mundial. Este fue uno de los principales hallazgos del estudio, que se publicó a finales de 2025 en la revista Plos One. “Esto indica que están en un estado de conservación muy bueno”, puntualiza el investigador de la Fundación Charles Darwin. Estas áreas protegidas oceánicas funcionan como una ventana al pasado que permiten ver cómo eran los océanos antes de la pesca indiscriminada, añade.

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El equipo, liderado por el científico Simon McKinley, también evaluó tres áreas marinas protegidas costeras: la Reserva Marina Galera San Francisco y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Ecuador; y la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica. Los hallazgos aquí fueron diametralmente opuestos, pues casi no se detectaron tiburones ni peces depredadores.

“Esto sugiere que las áreas no están siendo efectivas o el estado de conservación de los ecosistemas ya está a un nivel tan reducido que no se ve el beneficio del área protegida”, explica Salinas de León.

Esta ambiciosa investigación demandó que los científicos viajen a islas que, a excepción de Galápagos, no tienen presencia humana permanente. Por eso se realizó en colaboración con el programa Pristine Seas de National Geographic, que visitó con su embarcación cada uno de estos destinos. Navegar hasta Clipperton, la isla más alejada, tomó cuatro días.

Bajo el agua y a 25 metros de profundidad, el grupo de investigadores colocó cámaras y cebos que los animales podían oler pero no comer. Así, los atrajeron para identificar las especies y el número de individuos. El equipo de video permaneció en el agua durante 100 minutos, de los cuales se analizaron 90, descartando los primeros y últimos cinco minutos para evitar perturbaciones causadas por el bote.

La biodiversidad del Pacífico Este Tropical

Sandra Bessudo, una de las investigadoras y directora de la Fundación Malpelo, explica que el Pacífico Este Tropical es una gran región que se extiende desde México hasta el norte de Perú. En esta región, las corrientes frías y cálidas se encuentran, provocando que los nutrientes suban desde las profundidades y alimenten una gran biodiversidad. “Es un sistema muy productivo, pero frágil, sensible al cambio climático y a las acciones humanas”, asegura.

La gran concentración de tiburones que confirmó el estudio se debe, sugieren los investigadores en el artículo, al aislamiento geográfico, impactos humanos reducidos y los fenómenos naturales únicos descritos por Bessudo.

Clipperton, la isla más alejada de las costas, se destacó por tener las mayores abundancias generales. Aquí, y en general en las áreas protegidas oceánicas del norte, se observaron mayores concentraciones del tiburón de punta plateada (Carcharhinus albimarginatus). Mientras tanto, en las áreas protegidas del sur, Malpelo y Galápagos, se registró mayor abundancia de tiburones martillo (Sphyrna lewini).

Los tiburones de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) fueron comunes en casi todas las áreas protegidas. También observaron tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) y tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

El hallazgo más preocupante se dio en las áreas marinas costeras. En las dos reservas ecuatorianas, los tiburones y grandes depredadores estuvieron casi ausentes, lo que sugiere que la cadena alimenticia ha sido simplificada por la sobrepesca.

En la Reserva Marina Galera San Francisco ni siquiera se detectaron teleósteos de alto orden. Estos son peces óseos modernos y complejos que ocupan niveles tróficos altos, con comportamientos y funciones ecológicas especializadas. “Muy probablemente la actividad pesquera no ha permitido que se recuperen las especies que hace muchas décadas vivían en esas zonas”, explica Salinas de León.

Mientras tanto, en la Isla del Caño, en la zona costera de Costa Rica, se encontraron mayores abundancias de peces planctívoros y herbívoros. Esta isla se distingue de las otras zonas costeras por su posición un poco más alejada de la costa y cercana al Domo de Costa Rica, una región oceánica rica en nutrientes y productividad. Además, aquí y en Clipperton hay mayor cobertura de coral vivo, una estructura que usualmente alberga mayor abundancia y diversidad que los arrecifes de roca.

Amenazas persistentes

En las islas oceánicas también se encontró una alta proporción de peces comerciales que estaban por debajo de su talla de madurez sexual, incluyendo jureles (Carangidae) y meros (Serranidae). “Este patrón es consistente con la extracción selectiva de individuos adultos, particularmente de especies de gran tamaño y crecimiento lento como tiburones y otros depredadores, que son objetivos frecuentes de la pesca ilegal”, contextualiza Bessudo.

La especialista detalla que la remoción de los adultos reduce el aporte reproductivo y deja poblaciones dominadas por juveniles, limitando su capacidad de recuperación. En el Pacífico Este Tropical, este efecto se ve amplificado, explica, por la alta conectividad y movilidad de las especies.

El tiburón martillo, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga verde (Chelonia mydas) y el mero de las Galápagos (Mycteroperca olfax) son algunas de las especies migratorias que utilizan un corredor marino que existe entre el Archipiélago de Galápagos; la isla del Coco, en Costa Rica; la isla de Coiba, en Panamá; y la isla de Malpelo.

Aunque tienen resguardo dentro de las áreas marinas protegidas, Bessudo reconoce “la persistencia de una vigilancia limitada en áreas remotas”. Sin embargo, destaca que en Malpelo la pesca ilegal ha disminuido “considerablemente”. Lo atribuye a distintos esfuerzos, como la Ley Contra la Pesca Ilegal de Colombia, que desde 2018 impone a los infractores sanciones fuertes e incluso prisión.

Eduardo Espinoza, especialista en monitoreo de ecosistemas marinos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, asegura que la institución cuenta con “uno de los mejores centros de monitoreo y vigilancia satelital en la región”. Al detectar actividades irregulares, envían al punto embarcaciones de control y vigilancia. No obstante, los mismos guardaparques han reconocido que hace falta personal y equipamiento para un control efectivo.

Bessudo insiste en que para enfrentar la pesca ilegal “se necesita más vigilancia tecnológica, cooperación regional reforzada, aplicación firme de la ley y participación activa de comunidades y organizaciones ambientales”.

En aguas internacionales y fuera de los límites de las áreas protegidas, las especies migratorias corren mayor riesgo de ser capturadas por las flotas pesqueras industriales. “Esto debilita la protección local”, reconoce Bessudo.

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Protección significativa

El estudio señala que en las últimas décadas se han creado más de 77 áreas marinas protegidas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estas varían en su nivel de protección, desde reservas de uso múltiple hasta zonas de no captura total, como Malpelo. Las áreas costeras, en oposición a las oceánicas, sufren una mayor presión debido a su proximidad con las poblaciones humanas. Sin embargo, su protección es clave.

Especies altamente migratorias dependen del buen estado de las áreas costeras, explica Espinoza, del Parque Nacional Galápagos. Por ejemplo, los tiburones martillo dan a luz en los manglares y las tortugas marinas desovan en las playas.

“Las reservas marinas siguen siendo pequeñas para proteger a especies altamente migratorias, hay que trabajar en unidades de manejo”, dice Espinoza. Adelanta que en Ecuador se está haciendo énfasis en proteger las primeras ocho millas náuticas de la zona costera, con el fin de que allí se realicen solo actividades de pesca artesanal, dejando afuera a la pesca industrial. “Esto es un aliciente”, asegura.

Para Salinas de León, la recuperación de los ecosistemas depende de medidas más drásticas. “Si uno protege una zona relativamente grande y prohíbe totalmente la pesca, muchas de estas especies se recuperarán solas; el océano tiene un poder de regeneración increíble”, dice.

De hecho, considera que la meta de proteger el 30 % del océano para 2030, establecida en el Marco Mundial Kunming-Montreal, debe contemplar la creación de áreas con protección significativa, donde no se permita ningún tipo de pesca. “Lo que demostramos aquí es que las zonas estrictamente protegidas funcionan muy bien”, insiste.

Espinoza celebra la entrada en vigencia del Tratado de Altamar, a través del cual se podrá llegar a acuerdos internacionales para proteger a los tiburones y otras especies migratorias que corren el riesgo de caer en artes de pesca de las flotas industriales cuando están fuera de las áreas protegidas.

Mientras tanto, científicos como Salinas de León y Bessudo continúan estudiando a los tiburones y otras especies que son indicadores del buen estado del océano. “El objetivo final no es entender por entender, sino usar ese conocimiento para ayudar al manejo y asegurar que tanto los tiburones como el ecosistema se recuperen a un nivel óptimo de conservación”, concluye Salinas.

REFERENCIA

McKinley, S. J., Hansen, S. F., Fierro-Arcos, D., Cundy, M. E., Mossbrucker, M., Vianna, G. M. S., Suarez-Moncada, J., Hoyos-Padilla, M., Bessudo-Lion, S., Sala, E., & Salinas-de-León, P. (2025). Relative abundance and diversity of sharks and predatory fishes across marine protected areas of the Tropical Eastern Pacific. PLoS ONE, 20 (11), e0334164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334164

Foto principal: tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus) captados en Revillagigedo. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El transporte marítimo, la columna vertebral del comercio mundial, se ha quedado como barco detenido en altamar en sus metas climáticas, luego de que la Organización Marítima Internacional (OMI) decidió postergar hasta 2026 la adopción formal de una regulación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para las grandes embarcaciones, la cual prometía marcar un nuevo rumbo en este sector, que contribuye con el 3 % de las emisiones contaminantes en el mundo.

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Se trata del Marco Cero Neto (Net Zero Framework), un nuevo esquema que busca acelerar la descarbonización en el transporte marítimo mediante dos medidas principales: un estándar mundial de combustibles para limitar las emisiones y un sistema de impuestos a pagar para quienes superen este límite.

Este nuevo sistema —que fue aprobado por los Estados en abril de 2025 y debía ser adoptado formalmente este mes, antes de entrar en vigor en 2027— obligaría a todos los grandes buques del mundo, incluidos los cruceros, a reducir drásticamente sus emisiones en un 17 % para 2028, con objetivos cada vez mayores. Si no lo hicieran, pagarían un impuesto.

El acuerdo histórico, que forma parte del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), podría eliminar 1000 millones de toneladas métricas de carbono anualmente para 2050, de acuerdo con la organización Ocean Conservancy.

Las diferencias entre los países por el costo de esta transición energética, así como en el sistema de precios al combustible, han postergado acciones en medio de la crisis climática que afecta también a los océanos.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los factores que frenaron este plan, sus implicaciones, pero también las alternativas que pueden implementar los países para no dejar correr más tiempo valioso.

La resistencia política a la descarbonización

Los países petroleros o productores de combustibles fósiles fueron los principales opositores a la adopción del acuerdo Marco Cero Neto. Incluso, presionaron a otras naciones para posponer la decisión, cuenta Delaine McCullough, gerente de política de emisiones de transporte marítimo de Ocean Conservancy, organización que incluso ha participado activamente en las negociaciones globales.

Entre estos países está Estados Unidos, que previamente había anunciado su rechazo a la iniciativa, al considerar que es un impuesto recaudado por una entidad “que no rinde cuentas” (Naciones Unidas), que “perjudica” a los estadounidenses y “beneficia” a China. Incluso, el presidente Donald Trump se indignó con la propuesta y dijo que su administración no tolerará un “impuesto verde y fraudulento”.

“Fueron bastante expresivos, pero no fueron los únicos. [Estados Unidos] fue parte de un grupo que incluyó a Arabia Saudita, Irán, Irak, Rusia, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, muchos de los países que producen petróleo y gas”, explica McCullough a Mongabay Latam.

La especialista considera que esta pausa fue una salida fácil para los países que sintieron la presión de adoptar o rechazar el acuerdo. Sin embargo, destaca que la negociación ya cuenta con el respaldo de la mayoría de los países.

“Ha llevado mucho tiempo llegar a un conjunto de políticas consensuadas. Se trata menos del transporte marítimo y más de acuerdos multilaterales, son muy difíciles. Cada país tiene sus propios intereses y prioridades políticas, económicas y de desarrollo social”, sostiene McCullough sobre la dificultad de concretar estos acuerdos.

Para Nancy Carmina García Fregoso, coordinadora legal del Equal Routes, una organización dedicada a la investigación para descarbonizar la industria marítima, el retraso del plan Marco Cero Neto fue una forma de evadir la realidad del planeta.

“Se desperdicia una gran oportunidad para abordar o mitigar la contribución del transporte marítimo al cambio climático. La cuestión geopolítica jugó un papel muy importante para que se pospusiera la votación un año más”, sostiene la especialista.

García destaca que esta decisión también envía una señal a la industria marítima que se queda sin regulación en plena crisis climática.

“Aunque el Net Zero Framework no era perfecto, sí hubiera sido un paso muy importante para cumplir con los compromisos de la OMI. La industria marítima respalda el acuerdo y se le dejó desprovista en un marco regulatorio”, explica García a Mongabay Latam.

En tanto, Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), un centro ciudadano y científico especializado en energía, interpreta esta pausa como un rechazo a la acción climática que favorece a empresas que buscarán protegerse de medidas que busquen reducir la emisiones contaminantes.

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“Estaban las condiciones dadas para que se hiciera una reiteración del compromiso de todos los países y este ‘retraso’ es un ‘no’ disfrazado. En este tiempo que esté pospuesto se van a generar mecanismos desde el sector de transporte marítimo para blindarse de compromisos”, expone la especialista en desarrollo sustentable.

Impuestos y combustibles “limpios”, una discusión clave

Si bien la adopción del marco regulatorio se retrasará al menos un año, el Grupo de Trabajo Intersesional sobre la Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los Buques siguió trabajando en aspectos técnicos clave, como la certificación de combustibles alternativos y su eficiencia energética.

Conocidos como Directrices sobre la intensidad de los GEI del ciclo de vida de los combustibles marinos (LCA, por sus siglas en inglés), son la base del acuerdo y se utilizan para calcular si los barcos cumplen con sus objetivos de reducción de emisiones.

“Toman cada combustible o fuente de energía, por ejemplo, la eólica, y analizan las emisiones de ese combustible en particular a lo largo de su ciclo de vida completo: desde la producción, el transporte y la carga en el barco hasta su combustión o uso”, explica McCullough.

Estos criterios técnicos también son sumamente importantes para determinar el impuesto que pagarían las embarcaciones que no cumplan con el estándar mundial de combustible.

El mecanismo contempla dos tarifas, una de 100 dólares por tonelada de emisiones y una segunda que establece una reducción mínima de emisiones, la cual de no cumplirse establece un pago de 380 dólares por tonelada de emisiones. Este sistema de precios generaría ingresos por entre 11 000 y 13 000 millones de dólares anuales que se destinarían de forma equitativa a países con menor desarrollo.

Si un buque emite por debajo de lo permitido, puede acumular o intercambiar sus sobrantes. Incluso si cambia a combustibles de emisiones “cero o casi cero”, puede obtener recompensas económicas.

Sin embargo, McCullough destaca que habrá un reto para definir cómo distribuir los fondos generados para recompensar e incentivar el desarrollo de combustibles más sostenibles y garantizar que los países tengan las mismas oportunidades de participar en la transición energética.

Por otro lado, García advierte que el acuerdo también deberá cuidar que el uso de combustibles basados en metano, como el gas fósil, no sean incluidos como sostenibles, pues tienen un efecto de calentamiento 80 veces más alto que el dióxido de carbono (CO2).

“Es muy importante que se asegure que los combustibles basados en metano no formen parte de las alternativas o de las vías para lograr la descarbonización. Para alcanzar los objetivos de reducción del calentamiento climático es indispensable prescindir del metano”, insiste la especialista.

Aún hay alternativas

Pese al aplazamiento de la acción climática en el transporte marítimo, las especialistas señalan que no todo está perdido y destacan alternativas que los países pueden implementar para cumplir con los objetivos acordados ante la OMI: reducir las emisiones anuales al menos un 20 % para 2030, un 80 % para 2040 y lograr emisiones netas cero en 2050, “o cerca de esa fecha”.

García señala que uno de los aspectos que se pueden implementar y mejorar es el Indicador de Intensidad de Carbono, o también conocido por sus siglas en inglés como CII, el cual mide la eficiencia de un buque mediante una calificación anual basada en el consumo de combustible, las emisiones hechas por la carga transportada y la distancia recorrida.

“Los Estados miembros pueden enfocarse para transformar esta unidad de medida y hacerla incluso mucho más eficiente para cambiar el rumbo. Podría ser una medida a corto plazo que podría ayudar a cambiar el rumbo de posponer la decisión para el Net Zero Framework”, explica.

También destaca la agilización de operaciones portuarias para acortar el tiempo en los puertos y la prohibición de scrubbers, dispositivos especiales que adoptaron las navieras para filtrar sus emisiones contaminantes en el aire, pero que vierten toxinas al agua.

“Es algo que se puede adoptar en países que no tienen, por ejemplo, acceso a innovaciones más costosas, como el uso de energía eólica. La conectividad eléctrica en los puertos podría permitir a las embarcaciones conectarse a la red y la prohibición del uso de los scrubbers podría contribuir a la reducción del carbono negro y el metano”, expone.

Otra de las alternativas, señala McCullough es reducir la velocidad de los buques, lo que implicaría menos emisiones de gases contaminantes.

“Es una de las formas más rápidas de reducir las emisiones y más eficientes. No solo se aborda el impacto climático, sino que al reducir la velocidad y aplicar otras medidas, como la limpieza completa de los buques, se reduce el ruido submarino, que tiene un gran impacto negativo en mamíferos marinos como las ballenas”, afirma la especialista.

En cuanto al uso de biocombustibles, Valenzuela no descarta su uso como alternativa, sin embargo señala la importancia de descarbonizar al sector y no solo sustituir combustibles que pueden implicar costos ambientales.

“Algunas empresas están hablando de biocombustibles, como bioetanol, como exploración de combustibles alternativos. Los esfuerzos y las narrativas de las navieras deben transitar a la descarbonización. No sirve de nada que hagamos esfuerzos de estar probando otros combustibles que nos van a mantener en una matriz energética sucia”, sostiene.

El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI volverá a sesionar en abril de 2026, donde se espera, ahora sí, una adopción formal para que la acción climática del transporte marítimo reafirme su rumbo.

Imagen principal: las emisiones del transporte marítimo seguirán sin una regulación formal, al menos hasta 2026. Foto: cortesía UNCTAD

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

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Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

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Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

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La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia existe una región con 23 487 especies de fauna y flora, lo que representa el 29 % del total de especies observadas en el país, según los registros biológicos que se tienen hasta el momento. Aquí se han registrado 761 especies de aves (38 % de la avifauna colombiana), es una de las regiones con mayor cantidad de especies de peces (767), alberga el 48 % de los humedales continentales del país y aporta el 26 % de la disponibilidad hídrica de Colombia.

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Estos datos hacen referencia a la Orinoquia y aparecen en el Reporte Bio Orinoquia, una reciente publicación del Instituto Humboldt de Colombia, que se encarga de estudiar la biodiversidad del país. En palabras de su director, Hernando García, “esta es una de las regiones donde hay muchas expectativas de desarrollo, pero donde también hay grandes expectativas para la conservación de la biodiversidad”. García explica que el informe pretende ser una ayuda para entender, por ejemplo, que esta es una región anfibia, donde los pulsos de inundaciones de departamentos como Arauca y Casanare pueden llevar a que hasta el 60 % de su territorio esté bajo un humedal en ciertos momentos del año.

La riqueza ambiental de la Orinoquia colombiana, región que también es conocida como los Llanos Orientales, enfrenta grandes retos: 491 de sus 23 487 especies de fauna y flora se encuentran en alguna categoría de amenaza, cifra que corresponde al 23 % del total de especies amenazadas en el país. Además, las actividades agroindustriales están transformando de forma acelerada los ecosistemas y el incremento del uso del agua ya está causando problemas. “La huella espacial humana ha sido intensa en las últimas tres décadas”, asegura García.

Una olla de presión sobre el paisaje llanero

El Reporte Bio Orinoquia destaca que la región tiene una gran riqueza hídrica, sin embargo, la transformación de sus ecosistemas, debido a factores como la deforestación, la agroindustria, la ganadería extensiva, la infraestructura vial y urbana, la extracción de minerales y el déficit de sistemas de tratamiento de agua, tiene impactos negativos sobre el agua, entre los que destacan la desconexión de hábitats, la liberación de contaminantes a la atmósfera, la pérdida de navegabilidad y el control de inundaciones. “Esto pone en riesgo la disponibilidad y calidad del agua, así como la calidad de los hábitats que brindan soporte a la biodiversidad”, se lee en el documento.

El reporte muestra que durante las últimas cuatro décadas, la huella espacial humana —magnitud de la influencia acumulada de las actividades humanas sobre los paisajes y ecosistemas— en la Orinoquia ha experimentado un incremento del 35 %. Además, los análisis hechos por los expertos sugieren que este aumento podría ascender un 6 % en los próximos diez años.

“La huella espacial humana está asociada a procesos de construcción y expansión de vías que permite acceso a actividades como cultivo y ganadería. Esto hace que las zonas naturales tengan una tendencia más alta a ser impactadas”, le dice a Mongabay Latam Daniel Cruz, investigador de la Universidad Javeriana que participó en el desarrollo de este tema para el Reporte Bio Orinoquia.

Cruz menciona que los análisis muestran al departamento de Vichada como una de las zonas de la Orinoquia con alto impacto según el índice de huella humana, “precisamente porque tiene altos índices de asentamientos humanos y asimismo de vías que los conectan e impactan las zonas naturales aledañas”.

Otro dato importante es que gran parte de las zonas que están en riesgo de impacto humano están muy asociadas a los cuerpos de agua, ya que esto les permite abastecer sus actividades productivas.

Los científicos también destacan que los parques nacionales y resguardos indígenas limitan el avance de valores altos de huella espacial humana al interior de estas áreas. Sin embargo, la capacidad de contener este avance varía en función de la categoría de manejo y el tamaño de cada área.

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Alerta a la expansión agropecuaria

Entre los desafíos que enfrenta la región está la expansión agroindustrial, ya que, en las últimas dos décadas, la frontera agrícola de la Orinoquia se ha expandido de 1000 kilómetros cuadrados a 8000 kilómetros cuadrados de área cultivada, y se espera que la demanda hídrica de la agricultura se duplique para 2040 debido al aumento en las áreas de cultivo, principalmente de arroz y palma de aceite.

Esta presión no es un factor sorpresa para los expertos, ya que en diversos momentos el gobierno nacional y los gobiernos locales han dicho que la Orinoquia podría ser “la última gran despensa agrícola del país” y, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 150 000 kilómetros cuadrados de esta región son aptos para la agricultura, lo que representa aproximadamente el 45 % de la cuenca del Orinoco.

El Reporte Bio Orinoquia tiene un capítulo dedicado a los efectos de la expansión agroindustrial sobre los ríos y allí se menciona que, para 2040, se prevé un incremento del 13 % en la demanda de agua para el cultivo de arroz, una de las principales actividades en la región.

Una modelación hidrológica que considera el desarrollo agroindustrial revela reducciones de hasta un 85 % en más del 50 % de la cuenca del Orinoco colombiano en periodos de lluvias escasas. “En los escenarios más extremos, los ríos Meta, Vichada y Guaviare experimentarán reducciones en sus flujos de hasta 95 %, 98 % y 50 %, respectivamente”, señala el reporte.

Jonathan Nogales, investigador de The Nature Conservancy (TNC) y coautor del capítulo, asegura que el arroz y la palma son los mayores motores de transformación de la dinámica hídrica de la Orinoquia.

Nogales menciona que se están viendo cambios drásticos en la cuenca del río Ariari, en el departamento del Meta, con los cultivos de palma de aceite y un fenómeno llamativo en el departamento de Casanare, donde personas que hacen ganadería extensiva alquilan predios a los arroceros porque son zonas inundables (condición favorable para el cultivo de arroz) y esto ha generado una degradación en los suelos y los ecosistemas, comenta.

“Si bien la Orinoquia tiene un potencial bastante grande y siempre se plantea que es la última frontera agrícola que tiene el país, hay que hacerlo de una manera responsable y controlada”, dice Nogales, y agrega que “puede parecer que en la región hay bastante agua, pero realmente está concentrada en un periodo de tiempo, no está presente durante todo el año, y los meses secos, cuando se necesita el riego de cultivos, los flujos hídricos se vuelven críticos”.

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Eje de conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales son otro de los grandes desafíos de la Orinoquia. Si siguen escalando, y no llegan a soluciones, pueden poner en riesgo los territorios y la gran biodiversidad de la región. De acuerdo con el Instituto Humboldt, identificarlos es una herramienta útil para fomentar espacios de diálogo que promuevan la comprensión mutua, el análisis de las controversias y la construcción de entendimientos.

El reporte analizó estos conflictos y destacó 29 que se encontraban latentes hasta 2024. Allí encontraron choques entre distintas formas de ver y entender la Orinoquia: una productivista, en la que el territorio se entiende como proveedor de recursos naturales que se pueden explotar para generar riquezas; otra conservacionista, que promueve la protección del territorio para la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brinda; y una de hábitat, que comprende el territorio como el lugar donde se desarrolla la vida cultural, social, material y simbólica de las comunidades que lo habitan.

Los investigadores lograron agrupar las conflictividades socioambientales en tres grandes tipos. El primero son los conflictos derivados del uso y apropiación de territorios indígenas para desarrollar actividades agropecuarias, que emergen de las disputas entre grupos étnicos y grupos de colonos o empresas agropecuarias por el acceso y uso de los territorios colectivos.

El segundo son los conflictos por la gestión y conservación de áreas protegidas, producto del desencuentro entre las visiones de conservación del Estado (principalmente autoridades ambientales) y las visiones de producción de las empresas petroleras, agroindustriales, actores armados y algunas comunidades locales.

El tercero son los conflictos asociados con el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que nacen por discrepancias entre grupos étnicos, comunidades campesinas y empresas petroleras.

“Uno de los impactos más relevantes de los diferentes conflictos socioambientales es la transformación del paisaje, es decir, de humedales, bosques y diferentes ecosistemas. Esto reduce el territorio, el hábitat de las especies que allí habitan y por supuesto redunda en una pérdida de biodiversidad”, asegura Omar Ruiz, investigador del Instituto Humboldt.

Ruiz comenta que los conflictos socioambientales son procesos que van cambiando a lo largo del tiempo y aunque en todos los departamentos de la Orinoquia hay conflictos. Meta y Arauca son dos de los más críticos.

Muchos de los conflictos se dan con la industria petrolera, ya que esta región es la principal productora de hidrocarburos de Colombia. Sin embargo, Ruiz dice que también hay muchos conflictos entre comunidades y autoridades ambientales por la presencia de áreas protegidas y de estrategias de conservación en zonas de traslape con territorios de comunidades locales, campesinas o indígenas.

El investigador destaca que hay conflictos socioambientales que han escalado a la violencia y que también están relacionados con el conflicto armado. Un caso emblemático, dice, es el desencuentro entre comunidades indígenas y campesinas con empresas petroleras, principalmente relacionadas con el funcionamiento del campo petrolero Caño Limón – Coveñas, en el departamento de Arauca, “donde es común el ataque a la infraestructura petrolera por parte de grupos armados [particularmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN]”, dice Ruiz.

A pesar de esto, el investigador indica que desde el Instituto Humboldt no ven tanto las conflictividades como obstáculos para la sostenibilidad, sino como oportunidades para generar transformaciones hacia esa sostenibilidad.

*Imagen principal: Una hembra de la especie mono aullador rojo (Alouatta seniculus), junto a su cría, en los llanos orientales colombianos. Foto: Rhett Butler

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¿No hay quien viva en Bogotá, no hay quien la gobierne?

Bogotá parece una ciudad de zombis, con el perdón de todos y de mí que soy uno más, aunque a veces me siento extraño habiendo nacido aquí, en una casa que —todavía me acuerdo—, se inundaba cuando llovía, y pescaditos pero no de oro flotaban en el ambiente. Era la época de Las Señoritas Gutiérrez, las solteronas más famosas de la ciudad y de la televisión.

La ciudad es tan distinta pero tan igual. Tan distinta porque los niños ya no juegan en la calle: con la pandemia aumentó el número de mascotas y de la calle se adueñaron los perros y su popó; y tan igual porque no ha dejado de ser el arca de los diluvios. La misma ciudad lúgubre en invierno que encontró Gabriel García Márquez a su llegada. “En los tranvías y orinales públicos había un letrero triste: ´Si ni le temes a Dios, témele a la sífilis´”, escribió en Vivir para contarla. Hoy los perros han cogido la calle de orinal y cagadero público. Y se le teme al raponero, no a Diosito.

Tampoco nosotros hemos cambiado. Somos como autómatas. Vivimos porque toca vivir, vamos porque toca ir, regresamos porque toca regresar. La ciudad se mueve indiferente a sus problemas. Ansiosa. Desinteresada. Indolente. Inclemente. Insolente. Y todo lo terminado en ente. Sí, a veces también, demente.

Somos apáticos y abandonados, incapaces de sentir amor verdadero por la capital.

Los días de lluvia son terribles, pero ya nos acostumbramos al caos que trae el agua, y con ella la sorbedera de mocos, porque todos andan apestados por estos días y toca gritar “a metros Satanás” para que no le estornuden a uno en su cara. El que viaja en Transmilenio, va condenado. Los virus son como un mal alcalde: Nadie se salva de ellos ni bañándose con las siete hierbas amargas, porque agua tampoco hay.

“Alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo”: presidente Gustavo Petro en su discurso del Día Cívico en la plaza de Bolívar.

Los aguaceros bogotanos son apocalípticos pero hay racionamiento de agua. ¿Cómo explicarlo? El sistema de alcantarillado colapsa y a nadie se le ocurre pensar que tal vez sea hora de actualizarlo, pero eso debe costar un ojo de la cara y nos terminarán arrancando los dos ojos vía impuestos. Reflejo de una ciudad mal hecha, sin la debida planeación urbana.

El sistema de tuberías actual corresponde a una Bogotá antiquísima, no a esta que crece desordenadamente. A eso súmele que el sistema de basuras colapsa los sistemas de drenaje de la ciudad. Ahí estamos pintados nosotros y nuestro chiquero.

Nos rajamos en cultura ciudadana. Sobre la pared se lee este aviso: “Prohibido botar basura. Multa reglamentada en la ley 1801 de 2016. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Comparendo ambiental”.

Bogotá es de las ciudades más vulnerables al cambio climático.

Las propiedades horizontales se pasan por la faja el decreto de racionamiento, gracias a que cuentan con tanques de almacenamiento, pero carecen de conciencia ambiental.

Si “el 68,3% de los predios en Bogotá corresponden a propiedad horizontal”, algo así como 36 mil conjuntos residenciales, según este artículo de El Espectador, la pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿Quiénes sí cumplen con el Decreto 334 de 2024 sobre ahorro de agua?

¡Qué llueva, qué llegue, aunque en Bogotá no haya vírgenes ni cuevas! El otro día llovía y yo veía hacia el cielo, porque estaba seguro de que se vendría abajo con todo y Dios, y San Pedro, y los ángeles, y los arcángeles y los querubines. En todo caso, sería lindo un espectáculo semejante antes del fin del mundo, solo para estar seguros de que la Biblia no decía mentiras.

La semana pasada cayeron rayos y centellas por mi casa. Yo estaba en la salita leyendo, esperando la descarga de un rayo dentro de mi vaso con limonada de té verde.  Era como un simulacrito del Apocalipsis pero sin la Gran Ramera, la mujer vestida de púrpura y escarlata, a la que San Juan describe en los capítulos 17 y 18 del libro de las Revelaciones.

Una vecina sacó un balde gigante. Alguien le vino con el cuento de que llovían maridos y ella se lo creyó, como le cree al alcalde. Le toca porque votó por él. Afuera es invierno, pero en su casa de ella es verano. Ustedes entienden, no se hagan.

En Bogotá pasan cosas graves pero nosotros no espabilamos: hablo de quienes aquí nacimos y también de los calentanos que vinieron a chupar frío y se amañaron.

Bogotá es incomprendida. Nos falta entendimiento y civilidad. Cada ciudadano habla un lenguaje diferente y por eso la ciudad no avanza como debería hacerlo; somos la torre de Babel, cemento y hormigón. Si avanzara con decencia, mis abuelitos habrían alcanzado a montar en Metro.

Estamos tan dormidos como el alcalde, pero al burgomaestre tampoco se le puede achacar la culpa de todo. ¿Qué pasa con los ediles y los alcaldes menores de cada localidad? A ellos también debemos reclamarles, pero nadie lo hace. Es casi seguro que ni usted se acuerda de por quiénes votó. Falta vigilancia y control ciudadano. Una fuente me advierte que la Secretaría de Ambiente cuenta apenas con tres gestores de participación local (funcionarios que trabajan en territorio con las comunidades), para moverse por veinte localidades.

Gina Martínez, una rola que ama a Bogotá y usa el sumercé con orgullo, me echa un cuento interesante. “Con la Constitución del 91, pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero la ciudad desconoce esos instrumentos de participación y por lo tanto no hace uso de ellos; por ejemplo, la medición de Capital Social, que sirve para evaluar la confianza de los ciudadanos con sus instituciones. El Concejo de Bogotá y las Juntas Administradoras Locales (JALes) son las que mayor desconfianza generan. Si el Concejo pierde sus atribuciones de control político y coadministración, dejando todo en manos del alcalde de turno, la gestión pública desfallece”, dice mi amiga.

En un acto de verdadera transparencia, el alcalde mayor debería promocionar estos instrumentos de medición.

Se discute, por ejemplo, la importancia de los humedales, en contra de quienes quieren llenar la ciudad de ladrillo y cemento. Del medio ambiente va quedando un tercio. Nos roban el verde de la ciudad, y mientras tanto la prensa habla de robos a mano armada, bombas, granadas de fragmentación o petardos, bandas criminales y microtráfico. No hablemos ya de los petardos humanos, sin civismo, sin cultura.  

Está en riesgo la seguridad ciudadana, pero también la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y hasta los mapas de riesgo sobre zonas inundables que se alteran para levantar construcciones. “La ciudad sí se puede desarrollar pero de manera sostenible, con respeto por los humedales. El problema no es el ambiente. El problema es no ser respetuosos con el ambiente”, añade Gina.  

En lugar de anticiparnos al cambio climático, destruimos o empeoramos lo que hay. Por emisiones de gases de efecto invernadero y aumento en las precipitaciones, se sabe que Bogotá es de las ciudades más vulnerables al cambio climático, pero es temprano para saber a cuántas personas afectará en el futuro la migración climática. ¿Qué se está haciendo para prevenir?

¿Prensa complaciente?

“El 2024 cerró con la cifra de homicidios más alta en ocho años: 1.204 muertos, un 11% más que el año anterior”, dice El País.

“¿Qué pasa con lo que nos corresponde hacer como ciudad? ¿Con la inteligencia? ¿Tres explosiones en tres semanas en el mismo lugar, cómo se explican? ¿Para qué sirvieron los operativos, los allanamientos, los decomisos y demás?”. Ahí le habla, señor alcalde, un cortés Ernesto Cortés desde las páginas de El Tiempo, un diario que en líneas generales, al igual que otros medios, ha sido complaciente/benevolente con usted y su administración. La pauta oficial nos expone a los ciudadanos a recibir información sesgada, y ante eso: ¿Quién podrá defendernos? Pero es entendible porque, además, Galán fue empleado (editor político) de aquella casa editorial.

Formo parte del 47% que desaprueba la gestión del alcalde, según la última encuesta Invamer Poll, contra el 44% que la respalda. Pero nadie le pide cuentas. Todos se van por las ramas, como si se dirigieran a un fantasma, temerosos de decirle en su cara que la ciudad le está quedando dos tallas más grande.

Pareciera que la prensa y el Concejo de Bogotá andan felices con lo que hay. Y lo que hay es un desorden como el de mi casa antes de que llegue Carolina a ayudarme. Un día les hablaré de ella, que es mi paño de lágrimas. A ella, que es cartagenera y cocina como Leonor Espinosa, le doy quejas de mi ciudad. Y ella, tan bonita, me da la razón, porque también la sufre. Ojalá también me la diera el señor alcalde. Sería buena idea invitarlo a almorzar un día de estos.

A veces pienso que alcalde no hay. El que aparece por ahí de vez en cuando es un espectro al que le gusta cazar peleas con el presidente de la República, como si el precandidato a la presidencia fuera él y no su hermano Juan Manuel.

El alcalde no se responsabiliza de nada; en vez de eso, en actitud escuelera, amenazó a los maestros con descontarles del salario si salían a marchar en Día Cívico y vigilarlos para ver si van a clases. Si su papá viviera, que fue ministro de Educación y abogaba por las reformas sociales, junior no se comportaría con esta actitud antidemócrata. Lástima que doña Gloria Pachón ya no esté en edad para reprenderlo.

Insistió para hacerse elegir, con la seguridad como bandera, y está saliendo con un chorro de babas, que tampoco alcanzan para llenar los benditos embalses.

Ah, pero llámenlo a hablar del Metro de Bogotá, ese otro espectro, y ahí si el el doctor Carlos Fernando Galán está presto, como si dentro de un momentico nos fuéramos a montar en él, sabiendo que lo inauguran hasta el 14 de marzo de 2028, si nada falla. Como esto es Colombia, están demorados en decirnos que hay que correr los tiempos, como hago yo cada vez trasteo el reloj de la alcoba a la sala.  Perdonen lo aguafiestas.

Los bogotanos estamos desentendidos de lo que pasa en Bogotá. Parecemos alcaldes todos. Ni siquiera somos conscientes de la advertencia que hizo dos años atrás la directora del Instituto Nacional de Cancerología: En 2030 el cáncer habrá aumentado un 30% en Bogotá, a causa, entre otros motivos, de la feroz polución. Lo leí en El Espectador en 2023.

Es posible que mucha gente muera de cáncer de pulmón sin haber fumado jamás en su vida. Y ni hablemos de los dramas adicionales que traería el cambio climático.

“En la ciudad, en cinco años se registró que 15.600 hombres y 23.800 mujeres viven con cáncer. Y cada año 8.000 mujeres y 6.300 hombres reciben el diagnóstico. Son los datos más recientes recopilados por el INC”, dijo la doctora Carolina Wiesner. 

Sigamos creyendo que la contaminación únicamente la causan automóviles, buses y motocicletas. Yo creo que las construcciones y el crecimiento desordenado de la ciudad contribuyen al problema, pero de eso tampoco se habla.

Quiero irme de Bogotá donde pueda respirar aire limpio, antes de morir ahogado por el smog. Sin embargo, Gina me para en seco. “La Sabana de Bogotá no es una opción porque allá tampoco hay agua. La inseguridad hídrica es consecuencia de la urbanización descontrolada y la suburbanización”.

Tampoco hablamos de las malas construcciones, los edificios en altura que le quitan luminosidad y calidad de aire al vecindario, ni de los adefesios (como este edificio angosto de la calle 26 con carrera 30), que son herencia del ex alcalde Petro, a través del Decreto 562 de 2014.

La ciudad está patas arriba (y no me refiero únicamente a las múltiples obras en la vía). Como estamos en año preelectoral, los políticos empiezan a salir de sus cuevas para echarse culpas o ganar indulgencias con avemarías ajenas. Bogotá es lo de menos, los votos es lo de más. Se lanzó el exalcalde Enrique Peñalosa, pero no al río Bogotá: Dijo que la culpa de la escasez de agua es de Petro, al que un día culparán también de la lluvia pertinaz para exonerar a San Pedro.

El alcalde va perdiendo otro año, lo que es más grave que la última derrota de mi Millos 3-2 contra Santafé. La prueba de su deficiente labor está en los titulares o en las asambleas de copropietarios: inseguridad por doquier, caca de perro por doquier, basuras por doquier. Podríamos escribir un poema. O el cuento de “El bello durmiente”, título que le otorgó el exconcejal Juan Carlos Flórez.

Carlos Fernando Galán – Foto tomada de la cuenta del alcalde en la red social X.

¿Un Metro a la medida de aspiraciones presidenciales?

El alcalde se la pasa hable que hable de un Metro inexistente, como si fuera el niño ilusionado con el regalo que le han prometido desde enero para Navidad, pero faltan tres años para que llegue ese Papá Noel.

Cuando se inaugure la primera línea del susodicho, y se haga el primer viajecito, él ya no será inquilino en el Palacio Liévano; seguramente estará en campaña por la presidencia de la República para 2030, y al igual que sus antecesores, viajará en el tiempo para sacar pecho y reclamar lo suyo. Todos dirán: ´Este Metro es mío de mí´. Pero si un día un terremoto lo echa abajo, ese Metro no tendrá ni papi ni mami.  

No sé por qué permitimos un Metro que afecta el paisaje de la ciudad. Nos cogieron elevados. No quiero ser ave de mal agüero, pero me aterra lo que pasaría el día que la tierra se mueva. Siento vértigo al ver aquella megaestructura que lo sostendrá. Subamos al TransMiCable de Ciudad Bolívar para prepararnos psicológicamente.

Dizque un Metro elevado nos permitirá disfrutar la arquitectura y el paisaje bogotanos, alegan algunos. ¡Bah! ¿Cuáles? Lo único que contemplamos, cual autómatas, son los teléfonos móviles. Porque lo más bonito de la ciudad, que es el verde de las montañas, cada vez se ve menos por culpa de tanto edificio, incluyendo a los esperpénticos. El día menos pensado nos taparán el sol con un dedo.

Carlos Fernando Galán – Foto tomada de la cuenta del alcalde en la red social X.

La ciudadanía debe ejercerse a pesar de los gobernantes.

Usarán el Metro de Bogotá como lema de campaña presidencial, acuérdense de mí. Por ahí ya vi las imágenes del ex presidente Juan Manuel Santos y Claudia López, cada cual por su lado y ambos con el casco puesto. Alquilemos balcón para ese momento, porque con ellos trepados el día inaugural no habrá espacio para los demás.

Ser bogotano es ser quejoso. Nos quejamos de todo y por todo, de la lluvia, del sol y del frío, de San Pedro y de Dios, pero no les exigimos a los políticos, en buena parte culpables de los males. A ellos les podríamos reclamar, ¿a Dios dónde? Dicen por ahí que la gente tiene los gobernantes que se merece porque son los que elige. Hagamos reseteo, porque la ciudadanía debe ejercerse a pesar de los gobernantes.

Me crucé con la vecina veraneante en el ascensor. “A mí, Galán no me ha hecho nada. Y ese es el problema, que no he hecho nada por mí, ni por la ciudad. Y yo sí voté por él. Era él o el candidato gomelo. Cuando llegué a la mesa de votación, recuerdo que dije: ´Sálvanos Señor´. Espero que un día escuche mis plegarias”.

Bogotá está manga por hombro. La culpa es del alcalde y de nosotros. De nosotros y el alcalde. ¿Están de acuerdo?

Diego: Lo primero que quisiera abordar el rol en el jardín botánico de NY el año pasado, especialmente con la COP16, sumado a los eventos en la Semana del Clima de Nueva York y el maravilloso encuentro que organizaste junto a Wade Davis, Cristian Samper y otras figuras clave del país en temas de biodiversidad. Ha sido evidente tu esfuerzo, desde tu trabajo en Kew Gardens, por transformar los jardines botánicos en actores dinamizadores de la investigación científica y del debate público, sin perder de vista su importante función pedagógica. Creo que empezar hablando de esto es fundamental.

Mauricio: En la COP 16 tuvimos varios paneles de discusión donde resaltamos el papel fundamental que juegan hoy en día los jardines botánicos en la acción climática y ambiental. Su función va mucho más allá de ser un espacio de recreación o esparcimiento, o simplemente de tener jardines bonitos que la gente pueda visitar. Los jardines botánicos han evolucionado a lo largo de la historia y, actualmente, cumplen un rol esencial al conectar a la ciudadanía con la naturaleza. No existe otra institución capaz de establecer este vínculo de forma tan efectiva, especialmente para quienes viven en las ciudades. 

Hoy en día, los jardines botánicos combinan varias funciones: el componente recreativo y educativo sigue siendo importante, pero también tienen un rol clave en la investigación, la conservación y la restauración de ambientes naturales. Dentro de sus áreas, se realiza conservación ex situ, pero muchos jardines también están comprometidos con la conservación in situ en áreas naturales, trabajando activamente en la restauración de ecosistemas. 

Si miramos su origen, los jardines botánicos nacieron durante el Renacimiento en Italia como pequeños espacios dedicados a plantas medicinales y especias esenciales para mantener la calidad de vida. Para cuidar estas plantas, era necesario identificarlas correctamente, entenderlas, cultivarlas, propagarlas y saber qué hacer si enfermaban. Esta necesidad de conocimiento impulsó su asociación con la investigación científica. 

Con el tiempo, los jardines botánicos crecieron y se transformaron, incorporando especies de distintas partes del mundo y adaptándose a los momentos históricos. Hoy en día, son espacios únicos que conectan directamente con los ecosistemas y la naturaleza en un contexto urbano. A diferencia de los museos, que exhiben especímenes preservados, o las universidades, donde la naturaleza se entiende a través de textos, los jardines botánicos ofrecen una conexión directa y vivencial con la biodiversidad. 

En el Jardín Botánico de Nueva York, por ejemplo, nuestra misión es comprender la diversidad de plantas y hongos del planeta, así como sus usos para el beneficio de la humanidad y de todas las formas de vida. Actuamos como defensores de esta diversidad, con colecciones atractivas que fomentan la reconexión y el esparcimiento, pero también con un área educativa y científica extremadamente sólida. 

Un ejemplo de nuestro impacto social y ambiental es el manejo de unas 300 huertas urbanas en Nueva York. Trabajamos con comunidades locales, capacitando y entrenando a las personas para que se encarguen de estas huertas, donde a menudo cultivan productos tradicionales, algunos de los cuales datan de antes de la expansión urbana de la ciudad y son parte del conocimiento indígena lenape. Este trabajo contribuye a recuperar especies en riesgo, proporcionar alimentos y crear experiencias educativas. 

También creemos en la horticultura como terapia. Tenemos programas específicos, como uno para veteranos de guerra que trabajan como voluntarios en el jardín botánico. Esta actividad les ofrece un mecanismo de sanación ampliamente estudiado, que aborda problemas psicológicos a través de la jardinería. 

Además, en el Jardín Botánico de Nueva York estamos comprometidos con la conservación urbana. Buscamos convertir a la ciudad en un ejemplo de reverdecimiento, recuperando su biodiversidad original y transformando lo que hoy se conoce como una “selva de concreto”. Queremos que Nueva York recupere parte de la vegetación y los espacios naturales que existían antes de la llegada de los colonizadores. 

En este sentido, también apoyamos el programa “Biodiversidades”, una iniciativa que surgió en Colombia y que ahora estamos extendiendo a nivel mundial. Los jardines botánicos, hoy más que nunca, son puentes entre las ciudades y la naturaleza, desempeñando un papel crucial en la construcción de un futuro sostenible.

Diego: Hablemos un poco sobre la COP. Ya has tenido la oportunidad de vivir la experiencia de participar en este evento, ¿cierto? Yo también estuve allí, y de hecho organizamos un evento tanto en el Jardín Botánico de Nueva York como en el Jardín Botánico de Cali, ambos lugares bellísimos. Quisiera saber cuál es tu perspectiva ahora que la COP está terminando. ¿Cuál es tu balance general del evento? ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado? ¿Cómo ves a Colombia en este contexto? ¿Qué crees que se ha logrado y cuál es tu análisis sobre los resultados obtenidos?

Mauricio: La COP enfrentó cuatro grandes retos y tuvo un mensaje muy importante, que quiero destacar desde el principio: paz con la naturaleza. Lo que siempre he mencionado es que para lograr paz con la naturaleza, que es crucial, primero debemos alcanzar la paz entre nosotros mismos. Si no existe paz entre las personas, será muy difícil lograr esa armonía con la naturaleza.

Hemos visto ejemplos concretos de esto en Colombia. Gracias a los acuerdos de paz, hemos avanzado en el conocimiento científico de nuestra biodiversidad, incluso en regiones previamente inaccesibles para la investigación. Esto nos ha permitido desarrollar estrategias de gobernanza, protección y manejo de recursos, así como monitoreo de especies amenazadas, recuperación y restauración de ecosistemas. Estas actividades son imposibles sin un entorno de paz.

Actualmente, mientras hablamos, existen grandes guerras en el mundo y conflictos armados que persisten en algunas regiones de Colombia. Esto subraya la necesidad de integrar la paz social como parte fundamental de nuestra relación con la naturaleza.

La COP se enfocó en cuatro grandes objetivos:

Proteger y restaurar la biodiversidad perdida:

Esto incluye metas específicas como el “30×30”, es decir, conservar el 30% de las superficies terrestres y marinas para 2030, y, a más largo plazo, para 2050, mantener, mejorar y restaurar ecosistemas, además de reducir significativamente la tasa de extinción.

Prosperar con la naturaleza:

Se busca reducir la pobreza y la desigualdad a través del uso sostenible de la biodiversidad, implementando estrategias de bioeconomía que compartan beneficios de manera más equitativa. Actualmente, hay debates importantes sobre temas como la información digital asociada a la biodiversidad.

Movilizar recursos económicos:

Es fundamental cerrar la brecha de financiamiento para gestionar adecuadamente los recursos, además de fomentar la cooperación técnica y científica.

Transformar la relación entre la biodiversidad y las comunidades:

Durante esta COP, Cali se convirtió en un ejemplo de integración de la biodiversidad en la vida diaria de las personas. La ciudad fue un escenario transformador, casi como un gran micelio o las raíces de una ceiba, que conectaron cada rincón y llevaron el mensaje de biodiversidad a los corazones de sus habitantes.

Ayer, mientras caminaba por la Zona Verde, observé cómo las personas interactuaban con una escultura que representaba especies extintas. Había un silencio casi solemne, como si estuvieran frente a un memorial tras una catástrofe. Es un recordatorio contundente de la crisis que enfrentamos con la pérdida de biodiversidad.

Hace una década, hablar de biodiversidad no generaba tanto interés. Recuerdo que, en 2014, como director científico del Jardín Botánico de Bogotá, alguien me cuestionó: “¿Por qué querríamos biodiversidad en la ciudad? Eso trae insectos, culebras, escorpiones…” Pero la biodiversidad no solo trae desafíos, sino también alimentos, servicios ecosistémicos, oportunidades económicas y mejor calidad de vida.

La COP también evidenció la diversidad étnica y cultural de Colombia, con manifestaciones de pueblos indígenas y comunidades de todas las regiones, unidos pacíficamente para buscar soluciones.

Para Cali, esta COP ha sido transformadora. Nunca volverá a ser la misma ciudad. Ha comenzado un camino hacia convertirse en una ciudad biodiversa ejemplar. Para Colombia, ha sido una oportunidad única de visibilidad global, aprendizaje y reflexión sobre el valor de nuestra biodiversidad.

Este evento, el más importante que la humanidad ha tenido para proteger la biodiversidad, nos ha dejado grandes logros. Ahora, tenemos la responsabilidad de mantener el impulso y seguir trabajando en favor de nuestra naturaleza y de nuestra paz.

Diego: Hay un tema que vuelve a estar sobre la mesa, y es el siguiente: hace unos años replicamos los movimientos liderados por Greta Thunberg en la COP de Glasgow. Yo estuve allí con ella y con el grupo Fridays for Future, observando todo este fenómeno de la eco-ansiedad, del que también se ha hablado mucho y que genera tantas preguntas.

Pero mi pregunta finalmente es, desde tu experiencia y desde tu trabajo, ¿crees que estamos haciendo las cosas bien? ¿O no las estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo demasiado lento? ¿O realmente vamos por buen camino?

¿El planeta se está moviendo en la dirección correcta o las cosas, más bien, están estancadas?

Y aquí quiero agregar algo: hacer pronósticos siempre es complejo, pero creo que, con lo que está ocurriendo en el mundo, es posible trazar ciertas proyecciones para los próximos 30 años. Quiero saber cómo ves tú esos próximos 30 años. ¿Crees que estamos funcionando? ¿Qué va a pasar? Por supuesto, nadie puede acertar completamente, pero me interesa mucho tu perspectiva. ¿Qué crees que está sucediendo y qué sucederá?

Mauricio: Como dices, es un tema muy complejo y que varía geográficamente. Hay grandes ejemplos de desarrollo en armonía con la naturaleza; países como Bután y Costa Rica están haciendo un excelente trabajo. Creo que hemos logrado enormes avances y seguimos avanzando. Hace 10 años, una discusión tan profunda y relevante sobre biodiversidad como esta no habría sido posible. No teníamos la conciencia ni el sentido de responsabilidad como sociedad que tenemos hoy. 

Estamos haciendo cambios significativos, pero, lamentablemente, no a la velocidad que se necesita. Por eso es fundamental seguir socializando la importancia de acelerar estos procesos de transformación. Me encanta que estemos teniendo esta entrevista porque ustedes, los reporteros, tienen un rol fundamental para llevar este mensaje a toda la sociedad. 

Esto no lo van a resolver únicamente los tomadores de decisiones o los políticos; lo tenemos que solucionar como sociedad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad frente a la protección de la biodiversidad y de la naturaleza. 

Cuando cada persona se levante, mi llamado es: mírese al espejo y pregúntese, *¿qué puedo hacer hoy para proteger la biodiversidad y aportar mi granito de arena?* Por ejemplo, si puedes usar bicicleta o transporte público en lugar de tu carro, hazlo. Tratemos de reducir nuestra huella de carbono. Consumamos alimentos que no generen tantas emisiones. 

Soy vegetariano desde hace 35 años. No espero que todo el mundo lo sea, pero creo que debemos ser conscientes de que una de las principales causas del deterioro ambiental es la alimentación. Hoy en día, el 50% de la superficie terrestre está destinada a la agricultura, y hay más vacas que personas. Sabemos que el consumo de carne genera una enorme huella de carbono, mucho mayor que una dieta vegetariana. 

Si todos disminuimos nuestro consumo de carne, estaríamos contribuyendo significativamente a la solución. Ojalá esto se haga de manera voluntaria, sin necesidad de que los gobiernos impongan tarifas o restricciones para desincentivar el consumo. Cada uno debería tomar esta decisión como un aporte consciente. 

También podemos participar en actividades de protección, conservación y restauración de los ecosistemas. Sin embargo, seguimos enfrentando tasas extremadamente altas de deforestación, tanto en Colombia como en el resto del mundo. 

Diego: Para finalizar, ¿cuáles crees que son los retos más importantes para Colombia después de la COP y, en general, en términos de medio ambiente? 

Mauricio: Sin duda, uno de los mayores retos es la tasa de deforestación. Es fundamental tener una gestión adecuada de las áreas protegidas, no solo a nivel nacional, sino también regional, municipal e incluso en las reservas de la sociedad civil. Estamos lejos de lograr una gestión efectiva. 

Esa gestión debe basarse en conocimiento y datos precisos: saber cómo se están comportando las especies amenazadas, cuál es su variabilidad genética, y cómo han cambiado las interacciones entre las especies debido al cambio climático, que podría estar poniendo en peligro a muchas de ellas. Necesitamos estrategias preventivas frente al impacto del cambio climático. 

Por ejemplo, más del 50% de los frailejones están en peligro. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque necesitamos más recursos económicos, mayor capacitación, y más apoyo técnico y científico. También necesitamos muchas más personas comprometidas con salvar estas plantas, que son fundamentales para el sostenimiento de los ecosistemas de páramo, los cuales, entre otras cosas, nos proporcionan agua. 

Es mejor prevenir que lamentar. Es más eficaz evitar la desaparición de los frailejones y el deterioro de los ecosistemas que nos proveen agua, que luego tener que buscar soluciones como el trasvase de cuencas para abastecer a ciudades como Bogotá. Ese tipo de medidas reactivas son mucho más costosas y menos efectivas. 

Debemos entender que dependemos completamente de la naturaleza; somos parte de ella. El verdadero rol de la humanidad debería ser el de protectores, no destructores. Contamos con inteligencia, tecnología y podemos actuar con sabiduría, cualidades que deberían guiarnos para proteger a las especies y no para destruirlas.