La palabra “eutanasia” viene del griego eu (bueno) y thanatos (muerte): la “buena muerte”. En la Antigua Grecia, la idea no estaba completamente ajena a ciertas discusiones filosóficas sobre la dignidad, pero su uso moderno surgió mucho después, en el siglo XIX, en el marco de la medicina y la ética clínica. Hoy, en países como España, ha pasado de ser un tabú a convertirse en una política pública regulada, un derecho cuidadosamente delimitado.

Pero el verdadero trasfondo de esta conversación no está en cómo morimos, sino en cómo vivimos.

Durante décadas, el progreso se ha medido en cifras: crecimiento del PIB, ingreso per cápita, acceso a bienes. Sin embargo, algunos economistas comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. Richard Easterlin formuló en los años 70 una observación inquietante: más riqueza no necesariamente produce más felicidad. La llamada “paradoja de Easterlin” sugiere que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el bienestar subjetivo deja de crecer al mismo ritmo que los ingresos.

Más recientemente, economistas como Amartya Sen han insistido en que el desarrollo no puede reducirse a la acumulación de riqueza, sino que debe medirse en términos de capacidades reales: la posibilidad de vivir una vida que uno tiene razones para valorar.

La pregunta, entonces, cambia de eje. Ya no es cuánto tenemos, sino qué podemos ser.

En 1932, Aldous Huxley imaginó una sociedad donde el sufrimiento había sido prácticamente eliminado. En su novela Un mundo feliz, la estabilidad social se sostenía sobre el placer constante, la ingeniería genética y una droga, el soma, que anestesiaba cualquier malestar. Era, en apariencia, una civilización feliz.

Pero esa felicidad tenía un costo: la libertad, la profundidad emocional, el conflicto que hace posible la identidad.

Huxley no describía un infierno, sino algo más perturbador: un paraíso superficial.

La inquietud no es nueva. Mucho antes, Thomas Malthus advirtió que el crecimiento de la población podía superar la capacidad de los recursos, generando tensiones inevitables. Hoy, paradójicamente, muchas sociedades enfrentan el problema inverso: envejecimiento, baja natalidad, soledad estructural.

Y Colombia, tradicionalmente joven, rural, expansiva, comienza a parecerse cada vez más a ese espejo. La transición demográfica avanza. La población envejece. La natalidad cae. Millones han migrado del campo a la ciudad en pocas décadas, rompiendo tejidos comunitarios que durante generaciones funcionaron como amortiguadores emocionales.

La modernidad llegó rápido. Quizás demasiado.

Se habla de una “pandemia de salud mental”. Ansiedad, depresión, aislamiento. No son fenómenos marginales, sino síntomas extendidos de una forma de vida. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que estemos diseñando sociedades materialmente más exitosas pero existencialmente más frágiles?

Porque la prosperidad, por sí sola, no enseña a vivir.

Tal vez la discusión sobre la eutanasia no deba agotarse en los marcos jurídicos o médicos. Tal vez deba empujarnos hacia una reflexión más incómoda: si alguien quiere morir, ¿qué dice eso del mundo en el que le tocó vivir?

No se trata de romantizar el sufrimiento ni de negar la autonomía individual. Se trata de entender que la felicidad no es un subproducto automático del progreso.

Es, más bien, una construcción colectiva.

¿Y qué es la felicidad?

No es una cifra. No es una curva ascendente. No es una ausencia total de dolor.

Quizás es, como sugería Aristóteles hace más de dos mil años, la posibilidad de florecer: de desarrollar nuestras capacidades en relación con otros, en comunidades que tengan sentido, en vidas que se sientan propias.

Colombia está entrando, silenciosamente, en esa conversación global. Ya no somos solo un país en busca de crecimiento. Somos un país enfrentado a las preguntas del bienestar.

Y eso exige algo más difícil que producir riqueza: exige imaginar formas de vida.

Porque al final, la verdadera pregunta no es si podemos construir un mundo más próspero.

Es si queremos, y sabemos cómo, construir un mundo más feliz.

La pregunta de fondo no es, entonces, únicamente cuánto crece la economía, sino desde dónde lo hace, a qué niveles de productividad y con base en qué tipo de actividades. Plantear esta pregunta con rigor revela un problema estructural: cerca del 70% de la población ocupada no tiene educación terciaria, más del 55% del empleo es informal y el tejido productivo está formado por unos 5,3 millones de micronegocios, principalmente en sectores como el comercio, las actividades agropecuarias de baja tecnificación y el transporte. Estos factores permiten observar una configuración productiva persistente que limita las posibilidades reales de desarrollo del país.

En ese contexto, distintos análisis han convergido en un punto central: Colombia no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino, sobre todo, un problema de productividad. Dicho de otro modo, el país no ha logrado incrementar de manera sostenida su capacidad de generar valor ni ha avanzado con suficiente profundidad en la sofisticación de su base productiva. Y es precisamente allí donde el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del modelo de desarrollo resulta prioritario.

Aunque la ciencia y la tecnología aparecen de manera recurrente en el discurso público, su peso efectivo en la estructura económica y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitado. La inversión en I+D, cercana al 0,31% del PIB, resulta claramente insuficiente para impulsar una transformación productiva de fondo. El problema no es únicamente de financiamiento, sino también de la escala de la producción de conocimiento y de las capacidades que el país ha construido —o ha dejado de construir— en este ámbito.

En efecto, Colombia cuenta con aproximadamente 88 investigadores en I+D por millón de habitantes. Al comparar estas cifras a nivel internacional, un referente como Corea del Sur supera los 9.400 investigadores por millón, mientras que países latinoamericanos como Chile presentan niveles considerablemente más altos que los de Colombia. Esta diferencia no solo refleja un menor volumen de investigadores, sino que evidencia una brecha estructural en la capacidad del país para generar conocimiento, sostener procesos de innovación y vincularlos con su aparato productivo.

Así, las trayectorias de desarrollo más exitosas a nivel regional e internacional muestran un patrón bastante claro. Las economías que han logrado incrementar su productividad y diversificar su estructura lo han hecho sobre la base de inversiones sostenidas en ciencia, tecnología e innovación, acompañadas de la consolidación de un talento investigador robusto y de una articulación efectiva entre el Estado, la universidad y el sector productivo. Por ejemplo, Corea del Sur no solo invierte más del 5% de su PIB en I+D, sino que también ha construido un ecosistema capaz de sostener procesos de innovación continuos. En contraste, Colombia no solo invierte poco, sino que también dispone de una base científica limitada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de transformación.

Ahora bien, el problema colombiano no radica tanto en la ausencia de condiciones como en la subutilización de su verdadero potencial. El país cuenta con ventajas evidentes, incluso envidiables a nivel internacional, como su biodiversidad, su potencial agroindustrial y su riqueza cultural. Estas características, bien aprovechadas, podrían convertirse en motores de desarrollo. Sin embargo, esas ventajas no se traducen automáticamente en valor agregado. Su aprovechamiento depende de la capacidad para incorporarlas en procesos productivos directamente relacionados con su transformación a partir del conocimiento.

El sector agropecuario ilustra bastante bien este punto. Allí, particularmente, el aumento de la productividad no se basa en producir más, sino en producir mejor, mediante biotecnología, analítica de datos, trazabilidad y transformación industrial, entre otros. En ese contexto, el contraste regional también ofrece ejemplos concretos. Brasil, uno de los líderes regionales en este sector, no se consolidó como potencia agroindustrial solo por su escala productiva, sino también por su apuesta sostenida durante décadas por la investigación aplicada. El caso de Embrapa —la empresa pública brasileña de investigación agropecuaria— muestra que la articulación entre la ciencia, el Estado y el sector productivo puede transformar de manera estructural la productividad del campo.

Ahora, al revisar las apuestas recientes sobre política pública en Colombia, el panorama general resulta insuficiente, ya que los instrumentos impulsados —convocatorias, políticas emergentes en inteligencia artificial, programas de formación avanzada y mecanismos de financiación territorial— no han resuelto el problema de fondo: las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología operan en una escala limitada, sin una articulación clara con la estrategia de desarrollo productivo y sin prioridad real dentro del Estado.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa operando más como un espacio de validación discursiva que como un verdadero motor estratégico de transformación económica. El problema no es la inexistencia de instrumentos, sino la ausencia de un proyecto integrado, ambicioso y sostenido que sitúe el conocimiento en el centro del modelo de desarrollo del país.

De allí que el debate sobre el futuro económico de Colombia no pueda seguir reduciéndose a variables macroeconómicas de corto plazo. La discusión exige una pregunta clave: ¿qué economía quiere construir el país en las próximas décadas? Esa pregunta, en un contexto global cada vez más exigente, implica la necesidad de tomar decisiones estructurales en ciencia, tecnología e innovación. Decisiones que el próximo o próxima presidente de Colombia, sin posibilidad de renunciar a ello, deberá tomar para el futuro del país.

Quien llegue a la Casa de Ñariño deberá trazar una estrategia decidida para incrementar la inversión en investigación y desarrollo que permita alcanzar, a mediano plazo, al menos el 1% del PIB. Además, deberá reposicionar el lugar de la ciencia en el Estado, dotando la política de ciencia, tecnología e innovación de una capacidad real de incidencia en la planificación económica. También se le exigirá impulsar la formación de capital humano avanzado, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y territorios, y apostar por sectores en los que el conocimiento y la innovación sean el principal motor de la generación de valor. Finalmente, deberá propiciar ecosistemas regionales de innovación con capacidad real para interactuar con contextos glocales.

Nada de esto será accesorio. Por el contrario, será determinante para las apuestas de desarrollo de Colombia. Las experiencias internacionales muestran que las transformaciones productivas profundas no resultan de ajustes marginales, sino de decisiones técnicas y políticas sostenidas que sitúan el conocimiento en el centro del proyecto nacional.

Colombia aún tiene una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no es indefinida. En últimas, las decisiones del próximo gobierno —y, en particular, la composición y las capacidades de su gabinete— darán cuenta de si el país será capaz de construir una economía basada en el conocimiento o si continuará reproduciendo una estructura de baja productividad, alta informalidad y limitada generación de valor. Mientras en Colombia no se asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen un sector más, sino el fundamento mismo de la productividad, la generación de valor y la competitividad, estas seguirán ocupando un lugar marginal dentro de la estructura del Estado y, en esas condiciones, el país difícilmente podrá avanzar hacia la transformación productiva que requiere.

Justamente en los quince años recientes, el Valle del Cauca ha logrado potenciar su atractivo ante los ojos de los inversionistas, para que encuentren en esta región del país el lugar estratégico para instalar sus empresas, crecer sus negocios e insertarse a un tejido empresarial sólido y diverso.

En Invest Pacific hemos sido compañeros de este viaje y aquí les comparto algunos de los frutos de este camino:

En 2010 el número de empresas de capital extranjero instaladas en el Valle era de 85, hoy son 261; la inversión extranjera llega hoy a 31 municipios -incluyendo 5 del norte del Cauca-, mientras que quince años atrás era de 15; el número de países de origen de esas inversiones pasó, en ese mismo lapso, de 26 a 47; y las exportaciones desde el departamento de empresas de capital extranjero pasaron de 585 millones a 960 millones de dólares.

No cabe duda de que la inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

Además, durante estos últimos años, Invest Pacific ha acompañado 240 proyectos de inversión extranjera en la región, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos formales.

Hemos hecho un trabajo detallado por evidenciar las ventajas comparativas del departamento para que más empresas extranjeras se instalen en la región y, las ya presentes, continúen con sus planes de crecimiento. De igual manera, hemos aportado a la definición de las narrativas que han permitido elevar el posicionamiento del territorio ante actores de alto nivel internacional.

Hoy, por ejemplo, seguimos posicionando ‘Valle Verde’, una narrativa con la que demostramos las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización; así como también ‘Cali Home4Tech’, una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global, impulsando más inversiones enfocadas en tecnología para diversas industrias.

Todos estos resultados son producto de la sinergia de Invest Pacific con sus fundadores y aportantes: la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, ProPacífico, así como otras alcaldías y cámaras de comercio municipales y más de 60 organizaciones del ecosistema productivo e institucional de la región. De igual manera ha sido clave el apoyo de los miembros del Consejo Directivo de Invest Pacific, ProColombia y demás aliados estratégicos.

Seguiremos trabajando por quince años más de inspiración, conectando al mundo con oportunidades en nuestro territorio, así como cuidando y respaldando todo ese aporte de las empresas de capital extranjero hacia nuestra región.

Por: Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Comuna 13, esa contradicción no se esconde, más bien convive.

Allí, donde durante años el Estado llegaba tarde o no llegaba, hoy llegan también visitantes con cámaras, grafitis convertidos en relato turístico y cafés que traducen la ciudad al inglés. Pero más allá de ese encuadre —el que circula en Instagram— hay otra historia que insiste: la de los jóvenes que siguen creciendo entre oportunidades fragmentadas.

Y en medio de esa tensión, una casa se vuelve a abrir.

La sede de la YMCA Medellín en San Javier no es solo una renovación física. Es, en el fondo, una declaración política: creer en los jóvenes en una ciudad que todavía no termina de decidir cómo hacerlo. La dirige Daniel Ledesma, 27 años, criado en ese mismo territorio, alguien que no llegó a “intervenir” la comuna, sino que creció dentro de ella.

“Hay en las comunidades mucho más que conflicto, hay posibilidades, arte y jóvenes con un potencial maravilloso”, me dice Daniel, sin romanticismo pero con convicción.

Su historia no es excepcional; es precisamente el punto. Es el tipo de liderazgo que Medellín necesita multiplicar, pero que aún no logra escalar. Porque mientras la ciudad se posiciona como hub tecnológico y destino global, la pregunta sigue siendo quiénes participan realmente de ese crecimiento.

La Comuna 13, Bello, el nororiente, los bordes invisibles de la ciudad: ahí se está jugando otra Medellín.

Una donde los jóvenes no solo enfrentan la presión de sobrevivir, sino la de encajar en una narrativa de éxito que no siempre les pertenece. Donde el turismo encarece la vida, donde el arriendo sube más rápido que las oportunidades, donde el inglés abre puertas, pero no todos tienen llave.

Y en ese contexto, hablar de juventud en Colombia ya no es solo un asunto social: es un asunto estructural.

Hoy, más de 12 millones de personas en Colombia tienen entre 14 y 28 años. Es casi una cuarta parte del país. Pero esa cifra, que debería ser una ventaja demográfica, convive con otra realidad: tasas de desempleo juvenil que históricamente duplican el promedio nacional, altos niveles de informalidad y brechas profundas entre lo urbano y lo rural. En ciudades como Medellín, esa desigualdad no desaparece; se redistribuye.

El país, además, está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído de forma sostenida en los últimos años, y eso reconfigura todo: el mercado laboral, el sistema pensional, la productividad futura. Los jóvenes de hoy no son solo una generación más; son, literalmente, la base del país que va a sostener las próximas dos décadas.

Pero hay una tensión evidente: se les exige ser el futuro, sin garantizarles el presente.

En ese vacío, también emergen fenómenos incómodos que Medellín conoce bien pero que pocas veces se integran a la conversación pública con la suficiente profundidad. El aumento del turismo internacional ha traído consigo no solo inversión, sino también dinámicas complejas como el crecimiento de economías informales asociadas al trabajo sexual, muchas veces atravesadas por desigualdad, explotación y falta de oportunidades para jóvenes —especialmente mujeres y población diversa— que encuentran en estos circuitos una salida inmediata en ausencia de alternativas estructurales.

No es una historia nueva. Es una que cambia de forma.

“Se necesita creer en los jóvenes y eso significa inversión. Necesitamos pensar en quiénes son los jóvenes de Colombia”, insiste Daniel.

La frase suena simple, pero en Medellín adquiere otra dimensión. Porque no hay un solo tipo de joven. Está el que programa desde El Poblado y trabaja remoto para una startup en California, y está el que cruza la ciudad dos horas para estudiar, o el que decide entre un ingreso inmediato o una apuesta educativa a largo plazo.

Pensar en “los jóvenes” en abstracto ya no alcanza.

Y ahí es donde el Estado —el actual y el que viene— tiene una deuda que ya no admite aplazamientos. Colombia se acerca a un nuevo ciclo político, y con él, la oportunidad (y la obligación) de redefinir su relación con esta generación. No basta con políticas juveniles nominales o programas fragmentados: se requiere una lectura profunda de quiénes son estos jóvenes, qué territorios habitan, qué economías los sostienen y qué expectativas tienen.

Porque gobernar en los próximos años será, en gran medida, gobernar para una generación que no necesariamente cree en las instituciones como lo hicieron las anteriores.

En ese mismo espacio renovado aparece otra figura que conecta la historia global con la realidad local: Sam Blyth, tataranieto de Sir George Williams, fundador de la YMCA en Londres en 1844. No es un detalle menor. Hay algo simbólico en que un descendiente directo de ese origen llegue a la Comuna 13, no como espectador, sino como aliado.

“Medellín ha tenido una historia compleja, pero es precisamente por eso por lo que queremos impulsarlo. Soy muy optimista sobre Medellín”, me dice Sam.

El optimismo, en este caso, no es ingenuo. Es una apuesta.

Porque la YMCA no está llegando a descubrir la ciudad; lleva décadas ahí. Desde 1998 en la Comuna 13, acompañando procesos que no se miden en métricas rápidas, sino en trayectorias de vida. Más de 3.000 jóvenes en los últimos años, miles de horas de voluntariado, programas que van desde formación digital hasta liderazgo comunitario.

Pero su historia es mucho más larga —y más amplia— que Medellín.

Nacida en el Londres industrial de 1844, en medio de una revolución económica que también desbordaba a los jóvenes trabajadores, la YMCA surgió como una respuesta a una pregunta que sigue vigente: ¿qué hacer con una juventud que migra, que trabaja, que cambia más rápido que las instituciones que deberían acompañarla?

Desde entonces, ha estado presente en guerras, procesos de urbanización, crisis económicas y transformaciones culturales en más de 120 países. Ha trabajado con jóvenes desplazados, con comunidades obreras, con estudiantes, con migrantes. Ha sido refugio, escuela, red, punto de encuentro. Y en todos esos contextos, hay un hilo común: juventudes atravesadas por cambios profundos, intentando encontrar un lugar en sociedades que se reconfiguran constantemente.

Lo que pasa en Medellín, en ese sentido, no es una excepción. Es parte de una historia global.

Y, sobre todo, algo más difícil de cuantificar: espacios de cuidado.

En las últimas semanas, los llamados enfrentamientos de “macheteros” volvieron a encender alertas. Videos virales, jóvenes convocados por redes sociales, violencia que parece nueva pero que tiene raíces viejas. En ese escenario, organizaciones como la YMCA vuelven a hacer lo que el algoritmo no puede: mediar, escuchar, sostener.

No se trata solo de evitar la violencia, sino de ofrecer alternativas reales.

Porque si algo queda claro al caminar Medellín hoy es que la ciudad está en disputa narrativa. Entre el orgullo legítimo de su transformación y las deudas que siguen abiertas. Entre el brillo internacional y las fracturas internas. Entre lo que se muestra y lo que se vive.

La nueva sede de la YMCA no resuelve esa tensión. Pero la reconoce.

Es un espacio con mejor luz, más accesible, más conectado tecnológicamente. Pero también es un recordatorio de algo más profundo: que el desarrollo no es solo infraestructura, es tejido social. Y que ese tejido, en Colombia, sigue dependiendo en gran medida de sus jóvenes.

Creer en ellos —como dice Daniel— no es una frase inspiracional. Es una decisión de urgencia económica, política y cultural.

Y en una ciudad como Medellín, donde todo parece avanzar rápido, la pregunta no es si va a haber futuro, sino quiénes van a poder habitarlo.

Swaka es una palabra en lengua arhuaca que puede traducirse como centro para el pensamiento, un lugar donde se transforma la palabra. De la mano de la familia Durán, perteneciente al pueblo iku o arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, se convirtió en un proyecto que busca generar dinámicas para fortalecer la economía y soberanía alimentaria de su pueblo.

El proyecto inició en 2015, cuando Juan Durán era estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cada vez que volvía a su territorio, le rondaban una serie de ideas. Una de ellas fue la de llevar algunos productos de la Sierra a la ciudad para comercializarlos, sin mucha experiencia y sin un plan concreto.

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Con esa primera vivencia, Durán se dio cuenta de la necesidad de crear un enlace entre el campo y la ciudad. Sin embargo, no podía ser un proyecto productivo más, apoyado por instituciones u organizaciones, que usualmente se limitan a brindar una asistencia temporal. Este proyecto tenía que basarse en una apropiación del conocimiento por parte del pueblo arhuaco.

Swaka, a su vez, nació de la necesidad de recuperar conocimientos acerca de la memoria agrobiológica y agroalimentaria del territorio. Esta necesidad no es menor, pues actualmente gran parte de la dieta de las comunidades de la Sierra se basa en productos adquiridos desde fuera de su comunidad, como el arroz y la pasta. “La iniciativa es ver cómo poco a poco empezamos a disminuir esa dependencia porque ahí también empieza la soberanía”, comenta Juan Durán.

Es por esto que el proyecto tiene varios frentes: educación comunitaria, memoria agroalimentaria, comercialización de productos y recuperación de saberes ancestrales. “De donde yo vengo hay muchas formas de enseñar, desarrolladas a lo largo de milenios, por lo que necesitamos empezar a apropiarlas, para que no vayan a desaparecer», recalca Durán.

Para Margareth Durán Izquierdo, arhuaca, doctora en toxicología, es importante ver cómo se pueden recuperar y salvaguardar saberes para el servicio de la humanidad. No se trata solo de extraer plantas y medicinas sino de entender la dimensión espiritual y social de cada planta.

Dentro de las actividades que han realizado las mujeres y los niños se encuentra el desarrollo de semilleros de plantas medicinales y de plantas en peligro de extinción. Estos procesos se realizan de la mano con la autoridad de la comunidad, el Mamo, quien autoriza la realización de estas actividades por medio de un ritual tradicional.

“Nuestros mayores son muy celosos con el conocimiento y creo que no es por algo en contra de la ciencia, o de este saber, sino que es una respuesta a todo lo que han vivido”, cuenta Margareth Durán. Esta propuesta de Swaka, es, para ella, una invitación a revalorar cómo ha sido considerado el conocimiento tradicional a lo largo de varios siglos.

Un término del que se habla en la academia tradicional es el de la apropiación social del conocimiento. De allí surge la idea de generar nuevas metodologías que integren los conocimientos ancestrales con el trabajo que se desarrolla en las universidades. “La idea no es decir que la mía sí es la definición acertada de desarrollo, sino mirar desde el punto de vista territorial y cultural cómo hacemos para encontrar la convergencia entre estas dos definiciones”, recalca Margareth Durán.

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Un proceso que teje puentes entre la técnica y la cultura indígena

Una de las preocupaciones principales de los estudiantes indígenas en las universidades es cómo ser capaces de aportar a sus comunidades una vez finalizados sus estudios. Esta fue una obligación para Juan Durán, cuando estaba terminando sus estudios en 2016.

Junto con la profesora Adriana Patricia Ramírez, y al también arhuaco Rafael Mindiola, concibieron la idea de generar un proyecto de extensión solidaria. Este proyecto intentó generar una incidencia de la agroacuicultura en los territorios de Juan y Rafael.

Según cuenta la profesora Ramírez, “encontramos que el modelo de sistemas agro acuícolas era el modelo que técnicamente se podía ajustar a ese contexto donde ellos estaban como pequeños productores físicos y se vio que era posible formular un proyecto en la escuela indígena en Jimaín”.

Lo más importante para llegar a trabajar con ellos, según Ramírez, fue entender las dinámicas propias de la comunidad, más que velar por las metodologías de trabajo a implementar. “El escenario ideal es que los habitantes indígenas hagan sus propias investigaciones y sean protagonistas de sus propias experiencias, todos lo hacemos en conjunto para que el resultado sea para ellos y no para mí como profesora», recalca.

A la hora de entender los ritmos y los tiempos de las esferas académica y comunitaria, no siempre se cuenta con una sincronía. Por lo general, en la comunidad se aprecia más la escucha a través del círculo de la palabra (reunión circular en la que las personas se sientan a hablar y a escucharse entre sí), las recomendaciones de los y las guías espirituales, así como la reflexión constante de los procesos. Esto añade un valor a la academia, donde se suelen priorizar los recursos económicos, los calendarios y la ejecución de proyectos para una entrega de resultados.

Para la profesora Ramírez, todos los investigadores deberían hacer una pasantía en la comunidad que quieren estudiar antes de hacer cualquier investigación, pero, afirma, “muchas veces no hay forma de gestionar ni el tiempo para hacer esos círculos de la palabra”.

Una de las alternativas que se plantearon allí fue entender Swaka como un aula viva, en la que estudiantes de la Universidad Nacional, sede La Paz, en Valledupar, pudieran tener un espacio de extensión, tanto para aplicar los saberes aprendidos en la universidad, como para entender de qué manera los saberes indígenas y comunitarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de saberes múltiples.

Recorriendo Swaka y recuperando el bosque

Lo primero que hizo la familia Durán con el terreno que dispuso para este centro de pensamiento fue restaurar el ecosistema de bosque seco tropical. Para ello sembraron vara de humo (cordia alliodora), nogal criollo (juglans australis), ceibas (ceiba pentandra), guáimaros (brosimum alicastrum), palmas (lepydocarium tenue & prestoea acuminata) y frutales como mango (mangifera indica) y arazá (eugenia stipitata).

Maku Durán, uno de los guardianes del territorio de Swaka, cuenta que en el lugar hay alrededor de ocho hectáreas de bosque recuperado, mientras que en toda la comunidad de Jimaín, con unas 10 000 hectáreas, hay unas 7000 hectáreas en conservación.

Entre las iniciativas surgidas en Swaka están los proyectos de acuaponía, que es un sistema de producción sostenible que combina la crianza de peces (acuicultura) con el cultivo de plantas sin suelo (hidroponía); la Escuela de árboles que intenta recuperar el bosque seco tropical y la Escuela de Tejido y Teñido que se enfoca en la transformación del algodón criollo (gossypium). Todo el proyecto está acompañado por un grupo de científicos que buscan involucrar los conocimientos ancestrales con los académicos tradicionales.

En este espacio cuentan con 12 estanques de piscicultura que al año pueden producir hasta cinco toneladas de carne de pescado, entre cachamas, tilapias y bocachico. También tienen 26 colmenas de abejas, mientras que en la comunidad, dice Maku Durán, hay alrededor de 2000, lo que alcanza para cubrir la producción de Despensa de la Sierra, la marca que crearon para comercializar los productos en las ciudades. “Hacemos la transformación de los productos para poder generar un mayor retorno de los ingresos, antes dependíamos mucho del sector externo”, comenta Juan Durán.

“Hay muchas familias que producen y hacen trueques. De aquí se llevan el pollo, el pescado, el ayu u hoja de coca (erythroxylum coca), hay familias que ahora se dedican solo al tema de producción de miel. Se trata de dinamizar la comunidad para que pueda circular y que los recursos vuelvan a la comunidad”, secunda Maku Durán. En Swaka, no todo intercambio depende del dinero, lo que puede ayudar a fortalecer el tejido social.

Para Maku Durán, el objetivo de Swaka y Despensa de la Sierra es tener una mejor calidad de vida. Esto no implica que “se vayan a perder la cultura o las tradiciones, queremos transformar las realidades con herramientas para seguir existiendo en nuestro territorio”, recalca.

“En Colombia no somos capaces de innovar a la hora de producir comida, ésta es una de las razones por las que en Swaka se está intentando un enfoque agroalimentario circular. Por ejemplo, los alimentos que se producen allí pueden alimentar a los animales y estos a su vez dejan el excremento que será el abono de las siguientes cosechas”, y añade: “Queramos o no, mantener a la sociedad significa producir comida y alimento, pero esto implica pensar desde qué punto de vista se produce“.

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Para la familia Durán Izquierdo, así como para la comunidad Jimaín y el pueblo arhuaco, hay otros métodos para convivir, para hacer las cosas, en los que se le da privilegio a la enseñanza de otras dinámicas y no solo al dinero. Esa es la manera de ver el mundo que ellos quieren ampliar.

Por su parte, la conclusión de Juan Durán apunta a la recuperación de saberes orales. A raíz de esto surgió el texto Recetario ancestral ilustrado Memoria Agroalimentaria Arhuaca. “Creo que de donde vengo -señala- hay muchas formas de enseñar, relacionadas con la producción sostenible, cuidados de la naturaleza, resolución de conflictos y esas formas que son desarrolladas a lo largo de milenios, necesitamos pasarlas al papel, empezarlas a apropiar para que no vayan a desaparecer”.

Imagen principal: Swaka quiere impulsar el desarrollo científico con un enfoque de respeto hacia el conocimiento tradicional. Foto: Daniel Ricardo Guerra.

El artículo original fue publicado por Daniel Guerra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las mujeres representan menos de un tercio de los investigadores a escala mundial, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO). Por eso, este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, se enfoca en las recomendaciones de buenas prácticas para construir ecosistemas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más inclusivos.

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Mongabay Latam habló con tres científicas latinoamericanas sobre los obstáculos que enfrentaron durante su formación y a lo largo de su ejercicio profesional, sus motivaciones y mayores logros.

Graziella Bozzano, geóloga marina italiana radicada en Argentina, contó algunas de las emocionantes experiencias que ha vivido en las más de 20 expediciones marinas que ha realizado en Europa y Latinoamérica. Aunque siente que en general no vivió momentos duros que frenaran su carrera científica, el sexismo no faltó.

Para hacer la ciencia más inclusiva, Bozzano recomienda que las niñas tengan modelos a seguir más allá de lo relacionado a la belleza o el rol materno. “Que las niñas entiendan que hay otras formas de vivir la vida como mujer de forma muy plena”, invita. Además, desmitificar que las mujeres no sean buenas en las ciencias “es una cuestión de estímulos tempranos”, puntualiza. Por eso, aconseja algo que le acompañó en su niñez: regalarles libros y herramientas tecnológicas y científicas.

Vicky Flechas, herpetóloga colombiana, sí ha tenido experiencias negativas con repercusiones en su vida laboral. En entrevistas laborales, ha visto que las oportunidades se han cerrado cuando los entrevistadores supieron de su maternidad. Propone la adopción de políticas que eviten la discriminación por género.

Específicamente, espera que pronto se deje de indagar sobre aspectos familiares que no están relacionados con la posición laboral, algo que usualmente no les sucede a los hombres.

Rosa Vásquez, bióloga molecular peruana, anima a las mujeres y a las niñas a cumplir sus sueños sin dejar su feminidad de lado, algo que se exigió mucho a las profesionales en décadas pasadas. “Las perspectivas artísticas y femeninas pueden sumar. Corremos el riesgo de perder si no integramos esas voces”, opina.

Cree que haber sido bailarina profesional durante su niñez le ayudó a ganar confianza para hablar ante audiencias grandes, pero también a tener creatividad a la hora de aplicar sus conocimientos científicos. “No se avergüencen de su feminidad”, aconseja.

Estas son las historias de tres científicas latinoamericanas destacadas:

Graziella Bozzano, la geóloga marina que rompió barreras en Argentina

Graziella Bozzano nunca imaginó que terminaría explorando el fondo marino. De niña, soñaba con ser vulcanóloga mientras recorría las montañas de su natal Génova, en Italia, y los nevados de los Alpes. “Siempre hacía muchas preguntas sobre los eventos extremos, los terremotos, las erupciones volcánicas”, recuerda. Tanto que a sus diez años sus padres le regalaron una enciclopedia de ciencia. “Estaban hartos de mis preguntas”, dice entre risas.

Mientras cursaba la carrera de geología, cerraron la clase de vulcanología. Una beca para hacer una estancia en Barcelona, España, cambió su destino. Allí se unió al Grupo de Geología Marina del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y participó en su primera campaña oceanográfica en el Mediterráneo y a bordo del buque Hespérides. “Me quedé totalmente enamorada de la geología marina”, afirma.

Aunque asegura que no fue algo común, recuerda que al inicio de su carrera recibió un comentario sexista por parte del docente de geología regional. «Vos que sos mujer, vamos a hablar de los residuos”, aunque hablaba de algo técnico, lo dijo en referencia al estereotipo de que las mujeres se encargan de las tareas de limpieza en el hogar.

Años después de especializarse, se radicó en Argentina, donde ocupa un cargo como geóloga en el Servicio de Hidrología Naval. En 2025, Bozzano participó en dos expediciones a bordo del Falkor (too), el buque de investigaciones científicas marinas del Schmidt Ocean Institute. En la primera, realizada en agosto, fue la única geóloga entre un equipo de biólogos que exploraron el cañón Mar del Plata, en Argentina. “Me sentí con mucha responsabilidad, quería ver si podía estar a la altura”, dice.

La campaña científica se volvió viral en la región. A pesar de que creía que los internautas que se conectaban a las transmisiones en vivo estaban más interesados en la fauna submarina, los comentarios le dejaron ver que no era así. Los seguidores de la expedición preguntaban sobre los cañones, esas misteriosas y enormes pendientes que aparecían en los videos.

“Finalmente hablé y los chicos [sus colegas] hacían fotos de los comentarios donde la gente me agradecía”, relata todavía con emoción. Poco a poco fue ganando confianza para explicar las formaciones geológicas de la zona. Recuerda especialmente un comentario que dejaron en el chat de la transmisión: “No sabía que me gustaba tanto la geología marina”.

En octubre colideró junto a otras tres científicas la expedición Ecos de dos Cañones. En esta ocasión colaboró en la planificación de las inmersiones del ROV Subastian, el vehículo de operación remota que toma imágenes y muestras del fondo marino. También estuvo a cargo de analizar aspectos técnicos para elegir los lugares de inmersión y obtener resultados. “Fue desafiante desde un punto de vista científico y personal, estaba 24 horas sin dormir”, cuenta.

Tras las expediciones, no acabó el trabajo. Ahora está en la fase de analizar las rocas y el sedimento recuperados en la primera campaña. El objetivo es conocer qué tipo de sustrato prefieren los organismos bentónicos. Además, en la campaña de octubre obtuvieron información batimétrica (profundidad oceánica) de la plataforma continental y del talud que ahora se está analizando para conocer mejor la morfología del fondo marino.

Vicky Flechas, la herpetóloga colombiana que enseña ciencia a niños y niñas

Vicky Flechas quería ser veterinaria y trabajar con animales grandes. Sin embargo, durante su época universitaria llegó a la biología y terminó fascinada con los anfibios. “Las ranas son organismos increíbles”, dice. El género Atelopus, por ejemplo, es conocido como el de las ranas arlequín por sus llamativos colores. Actualmente trabaja en el Plan de Acción que busca evitar la extinción de las 99 especies de arlequín descritas.

El mayor reto de estudiar biología tuvo que ver con la época de conflicto interno en Colombia. A veces sola y en otras ocasiones con alguna compañera, tenía que viajar a zonas conflictivas para realizar trabajo de campo. “Íbamos a sitios donde no había nadie, éramos dos mujeres solas en una casa con sus hamacas, eso me aterraba”, confiesa. “Salir a campo a buscar ranas también implicaba estar de noche a solas”, relata.

Durante su formación, la mayoría de docentes eran hombres y había pocas mujeres referentes en herpetología. Eso está cambiando, asegura. Además, a medida que se especializó, se fue vinculando con más investigadoras.

Tras graduarse, al aplicar a trabajos los entrevistadores hacían preguntas que está segura que sus compañeros nunca recibieron. “¿Tienes hijos? Si vas al campo, ¿con quién se van a quedar?”, recuerda que indagaban. En una ocasión, se presentó a una entrevista mientras estaba embarazada. “Estoy segura de que no conseguí el trabajo por eso”, dice.

Durante su especialización se consolidó como referente en la investigación del hongo Batrachochytrium dendrobatidis que ha causado un descenso significativo de las poblaciones de anfibios en Latinoamérica. Tuvo que buscar becas y apoyo financiero en el extranjero para continuar con sus estudios, que buscan encontrar soluciones para evitar la desaparición de anfibios por la enfermedad provocada por el hongo.

Las preguntas que hacían sus hijos sobre cuestiones científicas la motivaron a cofundar Bichos.team y El Microscopio Podcast, espacios dedicados a incentivar el amor por la ciencia en la infancia. En los talleres de Bichos.team, los pequeños se transforman en investigadores al explorar jardines y aprender sobre la clasificación de los seres vivos. También se vuelven científicos cuando experimentan y observan cómo el calcio puede endurecer una sustancia gelatinosa.

Considera que uno de sus mayores triunfos ha sido construir una red de mujeres herpetólogas. “Siempre que tengo un proyecto, trato de involucrar a otra mujer”, dice. Recientemente, junto a sus colegas mujeres, escribieron un capítulo sobre enfermedades infecciosas de los anfibios en la región andina, incluido en el libro Herpetofauna Andina, publicado por la editorial científica Springer Nature. En este contexto, donde la disparidad todavía se siente, aconseja que las mujeres sigan apoyándose y formando comunidades.

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Rosa Vásquez, la científica peruana que une ancestralidad y ciencia por la Amazonía

Rosa Vásquez creció en Lima, pero todos los años viajaba a las montañas andinas y a la selva peruana para visitar a sus familiares. Los recuerdos más alegres de su infancia están ahí, en medio de la naturaleza y escuchando a su abuela, quien le enseñó sobre plantas medicinales. La científica peruana publicó a mediados de 2025 el libro The Spirit of the Rainforest, en el que muestra cómo la sabiduría indígena y la curiosidad científica conectan con el mundo natural.

Cuando decidió que quería dedicarse a las ciencias, se dio cuenta que el idioma sería una barrera. “Desde muy chica noté que mucha de la información solo estaba disponible en inglés, en esa época no había traducción automática”, recuerda. Así que se propuso aprender inglés y a los 18 años se mudó a Estados Unidos para estudiar biología molecular.

“El hecho de ser minoría es un reto”, dice, pero no solo por ser mujer latina, sino también por su ascendencia indígena. “La ciencia actual está basada en el conocimiento occidental y no hay necesariamente una puerta abierta para otros tipos de conocimientos”, añade. Sin embargo, las científicas que encontró en el camino la inspiraron. “Ver que traían su feminidad a la ciencia me inspiraba, era saber que no tengo que cubrir mi feminidad para ser tomada con respeto”, señala.

Después de especializarse en el extranjero, en 2021 fundó Amazon Research International. Su objetivo era hacer ciencia con la sabiduría ancestral en el centro y con oportunidades para jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades. “Quería retribuir, sé del talento que nace acá”, afirma.

El conocimiento indígena, por ejemplo, ha sido clave para levantar información sobre biodiversidad. Los habitantes amazónicos conocen la selva y las señales que dejan las esquivas especies de animales que la habitan. Esto permitió que, aunque tenían pocas cámaras trampa, en una investigación con indígenas asháninka identificaran en poco tiempo especies como el tapir, el puma, el oso andino y el huidizo armadillo gigante.

Uno de los focos de la organización es la investigación de las abejas sin aguijón. Esta especie es clave para la polinización y conservación del bosque amazónico. La organización liderada por Vásquez logró recientemente que sea reconocida como sujeto de derechos.

La presencia de Vásquez en los territorios indígenas asháninkas, kukamas o shipibos tiene un impacto inesperado. Las niñas y las mujeres la observan con curiosidad, se acercan, le hacen preguntas. “Eso de seguro les hace pensar: ‘Si ella puede, yo también puedo’”, reflexiona.

Imagen principal: mujeres indígenas trabajan en investigaciones científicas junto a Rosa Vásquez. Foto: cortesía Rosa Vásquez.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Estados Unidos es el país de la libertad y de la democracia”. Este es el estribillo que desde el siglo XVIII se ha repetido sin cesar en Occidente. Se educa a la gente con ese imaginario, con esa representación de la grandeza de un país, de una sociedad. Los libros de historia, de ciencia política y hasta los de filosofía han repetido ese mensaje de manera acrítica. Pero hay otra historia de los Estados Unidos, una historia lo bastante visible que desmiente ese mensaje, esa cantinilla. Es cierto que Estados Unidos surgió a partir de las colonias, con sus formas democráticas asamblearias, de participación política horizontal; es cierto que fue un orden social y político construido por inmigrantes europeos que instituyeron “desde abajo” una sociedad próspera; también es cierto que ha sido un país que logró ya desde el siglo XIX un notable desarrollo tecnológico e industrial, entre otras hazañas, tal como lo mostró (bastante acríticamente, por demás) Hannah Arendt (2017) en su libro On revolution de 1963, sin embargo, es imposible ocultar la otra historia (bastante negra) de los Estados Unidos.

En la lectura apologética que se repite sin cesar, se suele ocultar:

“la dominación, represión y hasta el exterminio de la población indígena, de los esclavos afro, de los blancos pobres y principalmente de los migrantes que por grandes oleadas fueron llegando a territorio norteamericano […], la opresión inmisericorde contra la izquierda, los movimientos obreros […] Estados Unidos ha eliminado en el pueblo toda oposición crítica con una metodología cruel y sumamente eficaz”. (Dussel, 2022, p. 29).

A lo anterior hay que agregar su racismo estructural (segregar a los negros de los blancos) y el intervencionismo militar e imperial en todo el mundo. Pues bien, ya en su coletazo final o en su canto de cisne para no perder la hegemonía en el actual contexto global, los americanos desembocan abiertamente en el fascismo. En la actualidad, Estados Unidos es ya una dictadura andante y galopante, y esto es algo inocultable. Los eslóganes de Donald Trump de “America First” (“América primero”) y  “Make America Great Again” (“Hacer grande a América de nuevo”), MAGA en sus siglas, no solo son lemas de una potencia en decadencia, asustada, sino que son frases que expresan los viejos propósitos del “Destino manifiesto”, de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, o de los delirios del “panamericanismo” de finales del siglo XIX, todos ellos encaminados a justificar providencialmente (como si Estados Unidos fuera un pueblo guiado por Dios mismo) el expansionismo, el anexionismo, el saqueo y el intervencionismo en América Latina y el mundo.

Hoy, desde luego, el contexto de ese expansionismo es diferente al pasado porque la hegemonía china, la presencia de Rusia, el auge de otros países en los BRICS+, etc., amenazan la hegemonía americana en el mundo. Y a esto hay que adicionar los conflictos sociales internos: el desempleo, la pobreza, las drogas, la inflación, el pésimo sistema de salud, la impresionante deuda pública que supera el PIB en 122%, etc., que han activado los “afectos inmunitarios” (Quintana, 2021) contra un “Otro” al cual culpabilizan de todos los males de la sociedad. Aquí solo se activa una vieja táctica de la política: para ocultar los males y sus verdaderas causas hay que inventar un culpable, un chivo expiatorio, un enemigo interno y externo. Este papel de culpable lo asumen los socialistas, los comunistas, los ambientalistas, los zurdos, la ideología woke, las feministas, los pobres, los inmigrantes.

“America First” implica, por derivación lógica, acudir a una jerga de la autenticidad, a la idea de la existencia de un pueblo puro, virginal, grande, heroico, magnificente, virtuoso, que ha sido degradado y corrompido por la presencia y la intrusión de Otro, el cual es asimilado a un virus que hay que eliminar y del cual hay que protegerse. Es una “operación paranoica” fundamentada en una lógica identitaria. Para decirlo con Jorge Alemán en su libro Ultraderechas:

“las nuevas derechas, con argumentos neonazis que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra construida en una férrea lógica identitaria, la que siempre habla a los verdaderos nacionales invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero”. (Alemán, 2025, p. 79).

Así, en la actual dictadura americana se juntan los dos motivos: 1º) el problema externo enmarcado en la perdida de hegemonía en el mundo, donde China es el gran Otro, lo cual es visto como un asedio peligroso para la nación americana, y 2º) la conflictividad interna con todos sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Ambos confluyen para activar una política nacionalista, xenofóbica, racista, supremacista y sionista. Esto lleva a los americanos a una ofensiva hemisférica y, probablemente, global, que es, en realidad, un disimulado movimiento defensivo que expresa debilidad, miedo y temor a dejar de ser lo que antes se era. Es el pavor a la pérdida de la grandeza que solo expresa inseguridad existencial como nación.   

Donald Trump es, en realidad, quien pilotea la decadencia americana, es quien en su segundo mandato se puso decididamente al frente del timón de un barco que naufraga, pero al que para sacarlo avante y evitar que se hunda solo le queda el poderío militar americano, el mismo que han alimentado por décadas con altos porcentajes (del 3.4%) del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, a la potencia en crisis solo le queda la fuerza bruta…es la defensa peligrosa de la bestia moribunda. Es la política del matoneo, del chantaje, de la amenaza, en las relaciones internacionales; y, como vimos en el caso de Venezuela, de la acción directa y el ataque ilegal, donde se ha mandado al traste el derecho internacional y las estructuras políticas creadas después de 1945 para mantener el orden mundial. Es la muerte del multilateralismo para resolver problemas entre Estados y es el regreso del hobbesiano “estado de naturaleza”, pero esta vez entre los Estados mismos, donde sobrevivirá el más fuerte y más poderoso. Es darwinismo social aplicado en las relaciones interestatales y el regreso a la barbarie.

La dictadura americana 

En Sobre la violencia Hannah Arendt, citando a Henry Steel, nos dice que: “si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas” (Arendt, 2015, p. 115). Exactamente esto es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos: ha ido desmantelando poco a poco los frenos constitucionales y ha erosionado las instituciones americanas, con la diferencia que esto no lo hace primero, sino simultáneamente con la destrucción del orden jurídico global.

Dado a que tiene mayorías en el congreso, allí le aprueban todas sus decisiones, medidas y políticas, entre ellas, intervenir en Venezuela sin el permiso del mismo congreso. Así logra imponer su voluntad al partido demócrata. Esto nos indica que ni siquiera en una democracia con contrapesos, la sociedad está a salvo del autoritarismo. Trump ha ido presionando el sistema judicial (Jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia), está desbaratando el federalismo mismo, busca influir en la Reserva federal, matonea, censura, amenaza y ataca jurídicamente a la prensa, así como a un conjunto de instituciones claves para la democracia de un país, entre ellas, las universidades y las instituciones culturales.

En Este último caso, Trump ha emprendido una batalla ideológica represiva contra la diversidad, el pensamiento crítico, las teorías críticas del racismo, la llamada ideología woke, el movimiento LGBTIQ+, los ambientalistas. Sabe que la uniformización y la homogenización de las creencias, de las representaciones del mundo, del pensamiento, de la cultura, cumplen una función primordial, pues cierran el campo de lo posible y las alternativas al sistema. En esta tarea el uso del lenguaje ha sido clave: este es convertido en un lenguaje simple, macartizador, estigmatizador, donde el Otro es acusado de antisemita, enemigo de la nación, izquierdista, agitador, etc. Es un lenguaje que crea la realidad y que va preparando el camino para la acción. Así convierte las palabras, las declaraciones, los eslóganes, en hechos. Es una especie de performatividad planeada que anuncia la realidad deseada para que luego sea aceptada sin oposición por la ciudadanía. Es la creación de un régimen consentimental o de  un consenso inmunitario que allana toda disidencia y desacuerdo.  

Recordemos que Trump emitió un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de guerra, llama al Golfo de México “Golfo de América”, entre otras acciones en las cuales el trabajo sobre el lenguaje, el cambio de los nombres, los deslices semánticos, etc., no es inofensivo, sino donde claramente intenta transformar el sentido común del americano para normalizar la sociedad autoritaria que desea, una sociedad delirantemente pura, virginal, pulcra, sin virus y contaminaciones. Estas acciones sobre el lenguaje recuerdan la neolengua de la que habló George Orwell en su libro 1984, donde decía:

“el propósito de la nuevalengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y de los hábitos mentales […], sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar […] La nuevalengua estaba pensada no para extender, sino para disminuir el alcance del pensamiento”. (2013, p. 315-316).   

Es decir, con estas operaciones sobre el lenguaje y la cultura, se busca un ciudadano promedio domesticado, acrítico, borrego, incapaz de pensar, y, por lo mismo, y para recordar de nuevo a Arendt, capaz de cometer el mal. Esto ya se nota en el incremento de los ataques racistas, aporofóbicos, homofóbicos y xenofóbicos en Estados Unidos. Cuando desde el poder se atiza el odio y se moviliza la agresión contra el Otro, las sociedades se vuelven más peligrosas y belicosas: se justifica la violencia y la eliminación física del chivo expiatorio, se alienta el maltrato, el dominio y la represión contra el Otro que supuestamente daña la nación. Esto es lo que ocurre ya a diario en Estados Unidos.

El siete de enero de 2026 un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) asesinó a disparos en la cara a una ciudadana americana, madre de tres hijos. Su nombre era Renee Nicole Good. Un video muestra claramente cómo ocurrió el hecho en Mineápolis. Sin embargo, el gobierno Trump, incluido él y el Vicepresidente, tildaron de agitadora y de terrorista a la ciudadana. La culparon llamándola una “víctima de la ideología de izquierda” a la vez que defendían la “inmunidad absoluta” del agente asesino. Es decir, le mintieron en la cara al país, a sus ciudadanos; los infantilizaron despreciando su buen juicio. Cuando esto ocurre en un país, es el acabose porque implica que la verdad no importa, que la única verdad es la del poder y la del relato oficial, en estos casos, la mentira puede convertirse en verdad o es la noción de verdad misma la que desaparece. Así, todo queda justificado con un precio muy alto para la ciudadanía, las víctimas y la legitimidad de las instituciones mismas. Esto es lo que ocurre cuando “la mentira moderna- y esta es la característica que la distingue- se produce en serie y se dirige a la masa”(Koyré, 2015, p. 38).

Hechos como el descripto está llevando a Estados Unidos al borde de una guerra interna, una guerra civil, pues frente a la mentira el ciudadano responde con la protesta, tal como efectivamente ocurrió en distintas ciudades americanas. De hecho, en ciudades como Mineápolis en el Estado de Minnesota, la gente se está organizando y atacando al ICE, su autoridades civiles han criticado la militarización y el autoritarismo desplegado en sus jurisdicciones y han entrado en colisión con el gobierno Trump que ahora amenaza con una ley de insurrección, un “estado de excepción” gravísimo, pues implica, como toda excepcionalidad, más poder para el gobierno y menos garantías constitucionales y menos derechos para los ciudadanos, estos quedarían a merced del ICE o las fuerzas represivas del Estado, una especie de Gestapo, encapuchados, sin identificación que desde hace un tiempo allanan tiendas, supermercados, lugares de trabajo, espacios públicos (calles), escuelas, etc., golpeando, maltratando, arrastrando, etc., a migrantes y hasta a sus propios ciudadanos. Nadie está a salvo. Ese grupo parece una organización paramilitar sin control que nos recuerda, de nuevo, a Orwell cuando decía en su magnífico libro:

“Si quieres hacerte una imagen del futuro, imagina una bota aplastando una cara humana…eternamente. […] El hereje, el enemigo de la sociedad, seguirá ahí para que podamos derrotarle y humillarle una y otra vez. […] el espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones proseguirán eternamente […] He ahí el mundo que preparamos”. (2013, p. 283).  

Esto es lo que parece incubarse al interior de Estados Unidos, un país donde el miedo, el odio, la rabia, la zozobra, la inseguridad y la intranquilidad son ya habituales y afectan el día a día de las personas. Es la pesadumbre y la epidermización del miedo los que se incrustan en la vida cotidiana de mujeres, hombres y hasta niños. En Estados Unidos llaman, hoy, libertad al terror, y seguridad al estado de miedo permanente; en ese país se está desmantelando a pasos agigantados el Estado de Derecho y la democracia liberal, una democracia cacareada pero inexistente. Trump parece el Gran Hermano o, mejor, es el egócrata, el alfil de los multimillonarios corporativos, dispuesto a arrasar con la sociedad y el mundo entero en sus delirios supremacistas y nacionalistas. Es el costo, pero, a la vez, la consecuencia y el efecto natural de la ideología MAGA y de “America First”.  

Digamos, para resumir, que la vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores, entre otros síntomas, muestran que el fascismo americano es una realidad y ponen en tela de juicio, una vez más, el candoroso relato según el cual Estados Unidos es la cuna de la libertad y la democracia.    

En todo lo anterior no se puede excluir el papel y la responsabilidad de parte de la prensa corporativa, la cual determina lo que vale la pena mostrar y lo que es conveniente esconder, a la vez que actúan como instrumentos de legitimación del poder fascista y de las neoderechas globalizadas. En estas estrategias fatales “la prensa es hoy un ejército con especialidades cuidadosamente organizadas; los periodistas son los oficiales y los lectores son los soldados” (Adorno, 1984, p. 32). La prensa se convierte, así, en la punta de lanza de la acción fascistoide, la preparara, la normaliza entre las audiencias.

La derecha fascista en ascenso

En la actualidad se habla en la academia de neofascismos, posfacismos, nuevas derechas, ultraderechas, derechas fascistas, etc. En verdad, no importa tanto el nombre o la denominación sino las ideas que defienden, las ideas que encarnan y promueven como visión de sociedad y como destino del mundo. En esas ideas están dibujadas y representadas formas de valorar, creencias, deseos, defensa de privilegios, visiones de futuro desigualitarias e intereses geopolíticos.

 No es raro, por ejemplo, que frente a la guerra en Ucrania o el enorme desarrollo económico de China, la derecha mundial y sus conglomerados mediáticos se abalancen en gavilla a atacar a Rusia o a China. Y lo hacen porque esto países representan un peligro para su hegemonía y sus intereses. O, en otros casos, la ideología anticomunista contra China, o la animadversión histórica por el poder de Rusia (y de su líder actual Vladimir Putin), maquillan los verdaderos intereses de las potencias occidentales: no se trataba tanto de defender a Ucrania, como decían, sino de debilitar o quebrar a Rusia (lo cual no pudieron hacer) y de paso, como en el caso de Estados Unidos, vender petróleo y armas a Europa y apoderarse de sus tierras raras. Esto les permitió a los gringos someter a Europa y doblegarla bajo sus propios intereses. Hoy Europa carece de poder geopolítico frente a Oriente y frente a su mayor aliado occidental, hoy es un continente sometido a las órdenes de Trump. Es la decadencia de Europa. Como vaticinaba Hegel en sus Lecciones sobre filosofía de la historia universal, el poder, el espíritu (Der Geist) se desplazó desde Europa hacia América del Norte: “América es el país del porvenir” (1974, p. 177), decía el filósofo alemán en la primera mitad del siglo XIX.

En el caso de Gaza, para Estados Unidos se trataba de favorecer el poder de Israel en Oriente medio. Israel es, como se sabe, el principal aliado de los americanos en la región; se trataba, también, de pagar favores a los judíos multimillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump a la presidencia. En este caso, Estados Unidos actuó como siempre lo ha hecho en el mundo:  con cínico pragmatismo. Esto implica atacar a sus enemigos, defender a sus aliados, saquear recursos naturales y asegurar su hegemonía geopolítica. Es la misma lógica del ataque a Venezuela, donde el petróleo -y no la flagrante democracia y libertad- fue su principal motivo. Este ataque, que según la misma ONU viola el derecho internacional, ha sido justificado por las nuevas derechas. Igualmente ha sido ampliamente difundido por la prensa, la cual nunca habla de, por ejemplo, que las brutales sanciones económicas a Venezuela también son responsables de la migración venezolana en América Latina. Se pasa por alto algo tan simple como el hecho de que las sanciones económicas impuestas o los bloqueos para presionar a un gobierno terminan afectando en mayor grado, y en la vida cotidiana, a la población de ese país y no tanto a los gobiernos o cúpulas en el poder.

En su accionar estratégico y geopolítico, como ya advertíamos, Estados Unidos da un tiro de gracia al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos humanos, el multilateralismo, la doctrina política de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Su política exterior injerencista es un darwinismo político, voraz y depredador. En estas actuaciones ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el Caribe al asesinar tripulantes de lanchas. Sin captura, sin debido proceso, sin derecho a la defensa y posibilidad de refutar las pruebas (estas nunca se han mostrado) los americanos asesinan en aguas internacionales. También los gringos son cómplices del genocidio en Gaza pues han sido los principales defensores de Netanyahu y su expansionismo en Oriente. Gaza parece encarnar el destino de los previamente declarados superfluos, prescindibles, por el fanatismo sionista y por el poder. Nada volverá a ser igual después de Gaza pues ejemplifica la debacle moral de Occidente:

“solo una humanidad a la que la muerte le ha llegado a resultar tan indiferente como sus miembros, una humanidad que ha muerto, puede sentenciar a muerte por vía administrativa a incontables seres” (Adorno, 2017, p. 242).

 Lo preocupante es que todas estas acciones, estas formas de ver el mundo, son apoyados por las derechas globales afines a Occidente. Desde Vox en España, Javier Milei en Argentina, Bukele en Salvador, Kast en Chile, la derecha colombiana, parte de la derecha europea, justifican los ataques de Israel a Gaza, su necrofordismo o producción serializada de cadáveres de mujeres, niños y hombres; justifican el sionismo, o aplauden la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. No se trata de defender a Maduro. Se trata de defender la soberanía de cualquier país, de rechazar el imperialismo, de defender la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional así este funcione deficientemente.  Se trata de abogar por la dignidad y la vida de la gente inocente victima de una historia sacrificial dirigida por los poderosos del mundo.

Las derechas actuales son globales, se articulan en la defensa de sus intereses interviniendo en las elecciones de otros países, promueven una visión de mundo que defiende sus privilegios, sus propiedades, el capitalismo y su neoliberalismo. Es una derecha hipócrita que despotrica del Estado de bienestar, pero acude al Estado para que la salve de la crisis o les proteja sus negocios. Les gusta el Estado para depredarlo, para vampirizar la riqueza socialmente producida, para saquear el producto de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esa derecha global unida, desde Argentina, pasando por Colombia, Europa y Estados Unidos, es un peligro para la humanidad porque apoyan la locura imperialista y fascistoide de Trump. Son derechas que ponen en peligro la vida y la existencia del mundo. Se oponen a subsidios, a inversión pública, a salarios y seguridad social dignas; desfinancian la educación y atacan la educación pública, no pagan o pagan pocos impuestos, son aporofóbicas, racistas, clasistas, belicistas, excluyentes. Desean un mundo solo para ellos, eso sí, que les permita explotar a otros para incrementar y reproducir su riqueza.

Esa derecha usa los mismos mecanismos de estigmatización que el trumpismo. Es preocupante como Milei habla de los “Zurdos de mierda”; o, en Colombia, como un candidato de esa topología ideológica habla de “destripar” a la izquierda o al progresismo. Hacen esas aseveraciones en nombre de la libertad y de la patria. Al respecto cabe decir: “Los hombres han manipulado de tal forma el concepto de libertad, que acaba en el derecho del más fuerte y más rico a quitarle al más débil y más pobre lo poco que aún tiene” (Adorno, 2017, p. 263). Desde luego, también lo hacen en nombre de sus privilegios oligárquicos y del santo mercado que les permite mantenerlos y perpetuarlos.

La idea que transmiten es que quienes defienden ideas igualitarias, a favor de los menos favorecidos, denunciando el cambio climático, críticos del mercado, que se oponen al militarismo y al sionismo global (apoyado en América Latina por Milei) deben ser exterminados como pulgas o insectos. Así se abonó el exterminio de los judíos en Alemania, y así se prepara en el discurso el exterminio de la izquierda o de cualquier ideología que no se alinee con su cosmovisión. Esto es ya fascismo puro y duro. En el mundo de las neoderechas no hay pluralismo de ideas, libertad de pensamiento y diferencias. Solo un mundo plano, llano, sin fisuras, un régimen ad unum que con su razón instrumental les permite gestionar a su favor la renta y las riquezas globales. Así se manifiesta, también, su deseo desesperado por mantener un capitalismo caníbal puesto a su servicio.  

 Básicamente, defender la vida, la dignidad, la igualdad, la diversidad, el planeta y la naturaleza, es incompatible con las derechas actuales. Las derechas globales son necrófilas: Desean la muerte de su Gran Otro inventado. De hecho, no parece haber puntos medios: ya ni siquiera hay espacios para la socialdemocracia o el Estado social de derecho. En su ceguera conveniente, pues olvidan que todo es relacional, interdependiente, codependiente, niegan la crisis climática y los problemas del mundo. Seguramente suponen que cuando estos se vuelvan extremos, y se nos echen encima, ellos podrán contenerlos con más fascismo y represión, pero sin que se altere su “modo de vida imperial” (Saito, 2022, p. 22), el cual se podrá seguir sosteniendo con las riquezas del Sur global, con los réditos del trabajo de los explotados laboral y económicamente; con la depredación vampírica de las potencialidades de las corporalidades vivientes de quienes desprecian.   

En este contexto juega actualmente América Latina. Este continente, como África, ha sido explotado y subdesarrollado por Europa y Estados Unidos, por el Norte. Ya decía Eduardo Galeano:

“Todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases [ricos, pobres, clases medias] de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo” (2021, p. 18). 

Y en esta realidad históricamente comprobable para Nuestra América, las clases dominantes, las oligarquías (dominantes hacia adentro, arrodilladas frente a los países del Norte), tienen una gran responsabilidad, pues han permitido y promovido el saqueo de las riquezas de nuestros países. Esa es la maldición de nuestros pueblos sin conciencia, sin un proyecto histórico nacional o continental como deseaban Simón Bolívar, José Martí, Manuel Ugarte, entre otros.

Por eso, hoy hay que acudir a la imaginación política, al rescate de la utopía, la defensa de la esperanza, la articulación desde debajo de los movimientos altermundistas, la construcción de una democracia radical, etc., con la defensa de la vida, la dignidad, el bienestar y la supervivencia de las generaciones futuras como principios rectores para hacerle frente al fascismo y las neoderechas que lo encarnan. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales en Colombia no pueden ser la excepción, pues oponerse a la derecha radical y oligárquica deja de ser fanatismo partidista y se convierte, más bien, en un imperativo ético en defensa de la vida biológica humana y no humana. Es cuestión de principios.

Nota: En este artículo no uso el concepto “dictadura” en la acepción romana, sino en la moderna. Equivale plenamente a Fascismo.

Referencias

Adorno, Theodor. (1984). Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe.

Adorno, Theodor. (2017). Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Akal.

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. Madrid: NED ediciones.

Arendt, Hannah. (2015). “Sobre la violencia”. En Crisis de la república (pp. 81-152), Madrid: Trotta.

Arendt, Hannah. (2017). Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.

Arendt, Hannah. (2020). Verdad y mentira en la política. Barcelona: Página Indómita.

Dussel, Enrique. (2022). Política de la liberación. Crítica creadora. Volumen III. Madrid: Trotta.

Galeano, Eduardo. (2021). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI Editores.

Hegel, G. W. F. (1974). Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Revista de occidente.

Koyré, Alexander. (2015). La función política de la mentira moderna. Pasos perdidos.

Orwell, George. (2013). 1984. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.

Saito, Kohei. (2022). El capital en la era del Antropoceno. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Hablar de economía solidaria es hablar de cooperativas de producción, de bienes y servicios, de cooperativas financieras, de fondos de empleados y de pequeñas asociaciones. Es hablar de territorios históricamente excluidos del sistema financiero tradicional y de millones de personas para quienes el crédito no es un lujo, sino una herramienta de subsistencia y progreso. No es menor, entonces, que este sector aporte hoy cerca del 4 % del PIB nacional, una cifra que incluso supera la contribución del café.

Bajo la dirección de Navarro, estas cifras han dejado de ser simples estadísticas para convertirse en argumentos económicos de peso. Colombia cuenta con 173 cooperativas de ahorro y crédito que captan recursos y colocan préstamos en todo el país, especialmente en las regiones más apartadas. El dato es contundente: el 90 % de las personas asociadas pertenecen a los estratos uno, dos y tres. Allí donde la banca tradicional no llega o llega con condiciones restrictivas, la economía solidaria cumple una función de inclusión financiera real y efectiva.

El impacto social es aún más significativo cuando se observa la dimensión de género. Cerca de 600.000 mujeres cabeza de familia ahorran y reciben créditos a través del sector solidario. En un país atravesado por brechas económicas y desigualdades estructurales, estas cifras reflejan una apuesta concreta por la autonomía económica de las mujeres. No es casual que, durante la gestión de Navarro, el número de ahorradores haya crecido un 3 % y el volumen del ahorro un notable 22 % a junio de este año.

A estos avances se suma la solidez financiera del sector. En los últimos dos años, las cooperativas han registrado un crecimiento histórico: cerca de 9 % más en patrimonio y un 35 % más en excedentes. Estos resultados desmienten el prejuicio de que lo solidario es sinónimo de fragilidad. Por el contrario, muestran que un modelo económico basado en la asociación, la confianza y el arraigo territorial puede ser sostenible, rentable y socialmente transformador.

Uno de los hitos más simbólicos de esta gestión fue la devolución de la Cooperativa de Caficultores del Tolima a sus asociados, tras una intervención estatal. El mensaje fue claro: la supervisión no es castigo, sino garantía; no busca destruir organizaciones, sino fortalecerlas y devolverlas a sus verdaderos dueños cuando las condiciones lo permiten.

Otro logro estructural ha sido el Pacto por la Democratización del Crédito. Gracias a este acuerdo entre entidades del Gobierno y la banca de segundo piso, se creó una oferta directa de crédito productivo y asociativo para las cooperativas de ahorro y crédito. A octubre, los resultados hablan por sí solos: más de 70.000 créditos desembolsados y más de 800.000 millones de pesos destinados a actividades productivas. No se trata de consumo inmediato, sino de inversión, empleo y desarrollo local.

Este enfoque responde a un diagnóstico claro: aunque la inclusión financiera en Colombia ya roza la universalidad en términos de tenencia de productos, el verdadero desafío está en transformar ese acceso en crédito productivo pertinente y en cerrar las brechas rurales, regionales y de género. La Superintendencia, bajo el liderazgo de Navarro, ha entendido que no basta con tener una cuenta; lo fundamental es que el sistema financiero sirva para mejorar la vida de las personas.

La historia personal de María José Navarro también explica, en buena medida, su sensibilidad social. Formada en la Universidad del Magdalena, institución pública del Caribe colombiano y escenario de importantes luchas estudiantiles, allí forjó su vocación de liderazgo y su compromiso con las comunidades afectadas por el conflicto social. Desde entonces, ha combinado el rigor técnico con una mirada profundamente humana del desarrollo.

Nota recomendada: Congreso de la República, un escenario en decadencia

En sus redes sociales se define como “caribe” y afirma que entrega su “corazón por la paz”. Esa identidad se refleja en su estilo de liderazgo: cercano, firme y consciente de las desigualdades históricas del país. No ha sido un camino exento de obstáculos. Su juventud y su condición de mujer han sido objeto de cuestionamientos que difícilmente se habrían hecho a un hombre en un cargo similar. Ella misma lo ha señalado con claridad: llegar a los 31 años a una superintendencia no debería ser motivo de sospecha, sino de esperanza.

Hoy, María José Navarro representa una nueva generación de liderazgos públicos: jóvenes, técnicos, con compromiso social y capaces de demostrar que el Estado puede ser eficiente sin perder sensibilidad. Su gestión ha revitalizado una entidad históricamente discreta y ha puesto a la economía solidaria en el centro del debate sobre desarrollo, inclusión y justicia social.

Su trabajo demuestra que otra forma de hacer política económica es posible: una que no deja a nadie atrás y que entiende que el crecimiento solo es verdadero cuando se comparte.

La economía colombiana va bien. Mejor de lo que esperaban los pesimistas, mejor incluso de lo que proyectaban muchos optimistas. El crecimiento del 3,6% del PIB en el tercer trimestre de 2025 —el más alto desde la pandemia— no es un dato menor, ni una casualidad estadística. The Economist ha llegado a señalar que Colombia fue este año la economía con mejor desempeño de América Latina y una de las más dinámicas del mundo. El desempleo está en mínimos históricos, el consumo privado repunta y la cartera vencida del sistema financiero mejora de manera sostenida. Todo esto ocurre, además, en un contexto internacional que dista de ser ideal.

Pero sería un error —uno grave— concluir que este desempeño tiene como gran artífice al gobierno de Gustavo Petro. No porque la economía se haya derrumbado, como algunos auguraban con ligereza, sino precisamente porque ha resistido a pesar de la incertidumbre política, no gracias a ella.

El crecimiento reciente tiene explicaciones bastante más prosaicas: un consumo público elevado, un consumo privado que se recupera tras años débiles, un mercado laboral que formaliza lentamente y sectores como el agro beneficiados por precios internacionales favorables. A eso se suma un contexto monetario internacional que ha favorecido la apreciación del peso y aliviado ciertas presiones financieras. Nada de esto es producto de una estrategia económica novedosa ni de un giro estructural impulsado desde la Casa de Nariño.

Por el contrario, la inversión —especialmente la extranjera— lleva varios años deprimida. Los sectores minero y petrolero, históricamente claves para el país, se han visto golpeados tanto por factores externos como por decisiones internas: mayores impuestos, mensajes ambiguos y una narrativa gubernamental que mira con desconfianza al capital privado. El déficit fiscal, cercano al 6,2% del PIB, es hoy el principal foco de alarma. Y no lo dicen los “mercados”, sino economistas de todas las corrientes y el propio Banco de la República.

Aquí es donde la frase de Stiglitz cobra pleno sentido. Colombia ha ido por buen camino, sobre todo, porque sus instituciones han funcionado. Las cortes, el Congreso y el Banco de la República han logrado contener la creatividad —a veces desbordada— del presidente. Reformas tributarias rechazadas, proyectos recortados, respeto por la autonomía del banco central y una separación de poderes que, con todas sus tensiones, sigue operando. En otras palabras: la economía no se ha salido del carril porque hay barandas institucionales.

Observar esto es muy importante, sobre todo para los extremos políticos. La estabilidad trae ventura, y eso ocurre en todos los ámbitos, no solo en el económico. Los países no progresan desde el sobresalto permanente ni desde la épica del conflicto, sino desde la previsibilidad, la confianza y el respeto por las reglas.

Este periodo también deja un aprendizaje profundo para la izquierda colombiana. No uno menor ni cómodo. Con dos ministros en la cárcel y con la imagen penosa —y dolorosa para el país— de un profesor emérito de economía como el exministro Ricardo Bonilla cubriéndose el rostro mientras es conducido esposado, queda en evidencia que cierto pragmatismo estuvo mal encaminado. Muy mal encaminado.

El pragmatismo que necesita Colombia no es el de la corrupción, no es el de “aceitar” mayorías ni comprar silencios en el Congreso. Ese atajo siempre termina pasando factura, y casi siempre la paga el país entero. El pragmatismo que necesitamos es otro: el de los consensos colectivos, los acuerdos sociales y políticos amplios, los que permiten abordar de manera sostenida problemas reales como la desigualdad persistente o la violencia estructural que aún atraviesa amplias regiones del país.

No es comprando congresistas como se transforma una nación. Es uniendo al país.

Por eso, el ejercicio contrafactual es inevitable: si la economía logró crecer y resistir en medio del ruido, la incertidumbre y los errores políticos, ¿qué podría pasar con un cambio de gobierno que recupere la confianza perdida y entienda que gobernar también es escuchar, concertar y construir sobre lo que ya funciona?

No hay razones serias para atribuir el buen desempeño económico actual a este gobierno. Las bases vienen de antes, de una economía que ya crecía cerca de su potencial y de instituciones que han demostrado resiliencia. Pero sí hay razones para el optimismo hacia adelante. Un relevo político que reduzca la incertidumbre, enfrente con seriedad el déficit fiscal y restablezca un clima favorable a la inversión podría abrir años importantes para la economía colombiana.

Colombia no necesita milagros ni experimentos. Necesita reglas claras, consensos amplios y respeto por las instituciones que, hasta ahora, han sido su mejor política económica. Si Stiglitz tenía razón entonces, puede tenerla aún más ahora.