Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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María José de la Hoz, directora de Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de Cartagena designó a las profesionales Yulissa Martínez y Valeria Sarmiento para hacer la inducción a rectores, coordinadores y docentes directores de curso de grado 11.

La charla mostrará la oferta de pregrados, las vías de admisión (regular y cupos especiales), puntajes de Saber 11 de referencia por programa, políticas de bienestar universitario (Cristina Cepeda).

La casi centenaria (fue fundada en 1827) Universidad de Cartagena ofrece:

• 27 pregrados presenciales
• 7 pregrados a distancia en seis sedes regionales (centros tutoriales)
• más de 3.000 cupos en pregrado por semestre
• de los cuales alrededor de 225 se asignan por vías especiales

Dado que más de la mitad de los cupos especiales no logran ser utilizados, desde la sociedad civil la Fundación Color de Colombia apoya los esfuerzos de difusión de las oportunidades de acceso a educación superior de calidad.

Por el Acuerdo 66 de 2024, la Universidad de Cartagena asigna cupos especiales a los siguientes grupos de bachilleres:

• Comunidades indígenas
• Comunidades negras
• San Andrés, Providencia y Santa Catalina
• Sur de Bolívar
• Víctimas del conflicto armado
• Zona insular de Cartagena
• Mejores bachilleres del departamento de Bolívar
• Reincorporados
• Mejores bachilleres del Distrito de Cartagena

Cupos especiales para el sur de Bolívar

El Acuerdo 66/2024 establece tres cupos para Medicina, tres para Derecho, un (1) cupo para el resto de los programas de pregrado (en modalidad a distancia
en Cartagena y en modalidad presencial), y un (1) cupo para los centros tutoriales de Mompox y Magangué entre los programas a distancia.

Son dos los requisitos específicos que deben cumplir los aspirantes: 1) certificado de estudios de los grados 10° y 11 ° de una Institución Educativa ubicada
en el Sur- Sur de Bolívar, y 2) certificado de residencia expedido por el alcalde municipal.

Los municipios del sur de Bolívar focalizados por la Universidad de Cartagena son:

• Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco
• El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Montecristo, Morales, Norosí
• Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Jacinto del Cauca
• San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití
• Talaigua Nuevo, Tiquisio

El acceso de los bachilleres de las zonas rural e insular de Cartagena

Por Acuerdo 66, los bachilleres de los colegios de la zona insular tienen cuatro (4) cupos al año, dos por semestre, y los de la zona rural no tienen cupos especiales.

Sin embargo, estos bachilleres podrían presentarse por las otras categorías de beneficiarios, como comunidades negras o víctimas, si cumplen los requisitos.

Los bachilleres de las 10 instituciones educativas de los siguientes corregimientos de la zona insular pueden usar la vía especial de admisión:

• Isla de Barú (corregimientos de Ararca, Santa Ana y Barú)
• Isla de Tierra Bomba (corregimientos de Tierra Bomba, Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica)
• Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo que incluye a Isla Grande, Islas del Rosario, Santa Cruz de Islote e Isla Fuerte.

Las instituciones educativas de la zona rural invitadas a la charla de Admisiones de la Universidad de Cartagena son:

• IE Arroyo de Piedra
• IE Puerto Rey
• IE de Tierra Baja
• IE de Pontezuela
• IE de Leticia
• IE Manzanillo del Mar
• IE de Bayunca
• IE José María Córdoba de Pasacaballos
• IE Nueva Esperanza Arroyo Grande
• IE Técnica de Pasacaballos
• IE Nuestra Señora del Buen Aire
• IE de la Boquilla

El pin de inscripción es costoso, $205.000, y es una de las barreras que se enfrentan.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Si Uribe es el papá de Paloma, ¿Quién gobernaría en caso tal? Por ahora, Álvaro Uribe encabeza el comité político de la candidata, aunque no sepamos lo que eso signifique.

¿A ustedes no les preocupa la falta de carácter de la candidata Valencia?

Hay quienes piensan, yo entre ellos, que ahora que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son fórmula para llegar a la Presidencia, ambos estarán sometidos a la voluntad del mismo amo: Álvaro Uribe Vélez.

Sócrates, el pensador griego, sabía que la mayor virtud del ser humano no eran ni el dinero, ni la belleza, pero sí el carácter, ese rasgo de la personalidad que se tiene o no se tiene. Y si no se tiene, decía el filósofo, podemos forjarlo. La voluntad propia: pensar y actuar por nosotros, sin esperar que una voluntad ajena nos gobierne, como quien tiene un control remoto que prende o apaga a su antojo.

El carácter de Paloma Valencia se percibe débil o, quizás, impostado. Varias veces le hemos visto arengando a todo pulmón en tarima, alzando la voz para no parecer dócil, queriendo posar de montañera, en el término paisa de la expresión, para parecerse a su jefe inmediato, el expresidente Álvaro Uribe. No son ganas de fregar mías, ahí están los videos.

Pero Paloma no tiene sangre arriera. Nació en cuna de oro en Popayán, arropada por los apellidos de la élite, Valencia y Laserna, y pronto se crio en Bogotá, bajo la tutela de su abuelo materno, Mario Laserna, fundador de la Universidad de Los Andes.

Tengo amigos caucanos, la mayoría son periodistas. A uno le pregunté qué tan caucana es en realidad Paloma Valencia, después de ver otro video donde la candidata habla de caucanidad.

“Ella no conoce el parque Caldas, a pesar de que la Casa Valencia queda a una cuadra”, me dijo uno de ellos.

“Lo interesante de esa casa –me respondió otro colega, vía WhatsApp- es que Álvaro Pío Valencia Muñoz, tío abuelo de Paloma, el más destacado intelectual de la familia, fue un abogado, pensador, escritor, conferencista, académico, historiador, educador y político, considerado el precursor del pensamiento marxista en Colombia. Fue rector de la Universidad Santiago de Cali y de la Autónoma de Occidente”.

Indagando, encontré que este intelectual fue un fervoroso militante del Partido Comunista y luego de la Unión Patriótica durante los años 80. Parte de las tierras que recibió como herencia, las donó a los indígenas caucanos.

Paloma Valencia al ser educada en Bogotá, no tiene la culpa de esa falta de sensibilidad con la gente indígena, negra y campesina de su tierra, porque ella ciertamente pertenece al bando contrario, al del privilegio; creo que se le hizo tarde para asumir falsamente las banderas de la caucanidad.

En este trino, la socióloga y escritora Olga González expuso el carácter racista de su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia.

La senadora tuvo tres periodos en el Congreso para hacer gestión en favor del Cauca, ¿y lo hizo? Molesta con los indígenas, por los paros y mingas que promueven para reclamar sus derechos, ella propuso partir al Cauca en dos, como queriendo convertir a las comunidades ancestrales en un gueto. Creo que es una mirada clasista, incluso xenófoba, de la realidad, pero insisto: pueden ser las consecuencias de criarse en la metrópoli bogotana.   

Volviendo al asunto del carácter, está ese otro video donde Uribe la mandó a regañar en plena tarima por distraerse chateando; ella, obediente como es con él, hace caso, luego de que una influenciadora le transmite la molestia del expresidente. Todo ocurrió el mismo día en que Uribe ordenaba que hicieran llorar en las redes sociales a la activista de izquierda María José Gómez.  

Esa escena nos devuelve dos siglos en el tiempo cuando las mujeres no podían cruzar la raya marcada por los hombres. La literatura decimonónica muestra ese universo en el que se arreglaban matrimonios para intercambiar la dote por el sometimiento de ellas. En política ese tipo de matrimonio disfuncional existe y funciona bajo las mismas lógicas. Si Paloma Valencia gana la presidencia, es probable que Uribe gobierne en cuerpazo ajeno, y no necesariamente desde la Casa de Nariño; quizás se sienta más cómodo dando órdenes a distancia desde cualquiera de sus haciendas.  

El problema de Paloma Valencia es su inocultable fanatismo uribista. Lo que trasluce un rasgo débil de su personalidad.

En campaña Uribe ya ha dicho: “No cometan el error de atacarla por mis errores”.

A Paloma no la atacan por los errores de Uribe. Uribe tiene que pagar los suyos si la justicia así lo determina. El error de Paloma es mantenerse fiel al hombre que gobernó dos veces a Colombia, la segunda de ellas volteando un articulito de la Constitución, no olvidemos.

Las frases que ha venido repitiendo la delatan: “Uribe es mi papá” o “Yo no me voy a separar de Uribe, me voy a morir uribista”.

Ahora entiendo porque la senadora María Fernanda Cabal y el uribismo partieron cobijas. Cabal ha enfrentado en más de una ocasión a Uribe y, que yo sepa, no hay evidencia de ningún comportamiento que la convierta en apéndice de él. Aunque no es santa de mi devoción, a la Cabal autoritaria hay que reconocerla que, frentera como es, le sobra el temple qué la falta a la mansa Paloma.

¿Hay un costo político de la sumisión? Yo creo que sí, especialmente en esta era de redes sociales en que todo lo que un político diga no solo se usa en su contra sino que se repite las veces que sea necesario para ridiculizarlo. La expresión “Uribe es mi papá” desnuda una actitud infantil de dependencia, que nada tiene que ver con el respeto entre pares. La mujer que aspire a ser presidenta de una nación debe demostrar autosuficiencia a lo largo de su vida pública, un modelo a seguir, en vez de usar un modelo prestado, menos si ese modelo representa al patriarcado.

Daría mayor confianza una mujer con sentido de la autonomía, porque gobernar una nación de 50 millones de personas implica en primer término autoridad. Y creo que la autoridad y el carácter se forjan como hermanitos a lo largo de la vida. El presidente de la República debe tener el control, no ser controlado; ustedes entienden de lo que hablo.   

Una mujer sin carácter se convierte en una criatura fácilmente gobernable, manipulable, maleable. Si Paloma Valencia gana la presidencia, el dicho podría ser al revés: detrás de toda mujer, hay un hombre que manda. Se llama Álvaro Uribe y de sobra hemos conocido y padecido su carácter belicoso.

Un país que empieza a civilizarse, apenas diez años después de la firma del Acuerdo de paz, no puede darse el lujo de abrir esa compuerta que nos arroje de bruces al pasado. Colombia no puede quedar expuesta otra vez a los caprichos de un hombrecito de 1,65 metros de estatura, ya en su ocaso político. Si queremos abrazar el futuro con esperanza, no hay de otra que darle una patada al pasado antes de que el pasado nos alcance.   

Unas figuras resplandecientes se mueven en el follaje de los árboles. Algunas saltan entre las ramas y desaparecen debajo de ellas para reaparecer metros más allá. Otras se desplazan lentamente entre las hojas mientras que ciertas figuras permanecen en un mismo lugar, emitiendo un brillo que las hace visibles en medio del follaje del bosque.

Son imágenes captadas por un dron con cámara térmica —DJI Mavic 3T— fabricado para detectar fuentes de calor. Y en este caso, se utilizaron como parte de un proyecto de monitoreo en los bosques peruanos para identificar a una especie considerada en Peligro Crítico de extinción: el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda).

Durante ocho meses, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado, liderada por mujeres, junto con especialistas de Yunkawasi —organización dedicada a la protección del mono choro cola amarilla—, pusieron en marcha un programa de monitoreo que combina el seguimiento de la especie desde tierra con la vigilancia desde el aire.

“Queríamos encontrar un método adicional que nos permita ser más precisos en el monitoreo de los monos. Vamos por el tercer año que están funcionando los comités de monitoreo que son hermosos porque lo realiza gente de la comunidad”, dice Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi. “En este camino, con esta metodología validada, quisimos agregar un componente, el dron con cámara térmica, para complementar la información que se estaba obteniendo con los monitores”, agrega.

La experiencia se realizó en el Área de Conservación Privada (ACP) Hierba Buena Allpayacu, en el territorio de la Comunidad Campesina Corosha, ubicada en la región Amazonas, uno de los hábitats del mono choro cola amarilla. En esta área protegida, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado han implementado, desde hace tres años, un sistema de monitoreo efectivo de esta especie, de la mano de Yunkawasi. El proyecto también ha contado con el apoyo de National Geographic; la Universidad de Bostón, en Estados Unidos; New England Biolabs Foundation; y Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

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La experiencia de seguir a los monos

“En realidad, al monito choro de cola amarilla nunca lo había visto en vivo en mi niñez, pero sí sabía que había en mi población”, cuenta Lizeth Arista, una de las dos primeras mujeres que se animaron a formar parte del equipo de monitoreo en la ACP y que ahora es coordinadora del comité de monitoreo de la Asociación de Conservación Oso Dorado. “Había guías que salían al campo y yo me entusiasmé, me decía: yo quiero verlo y conocerlo”.

Arista llevaba varios años haciendo peluches del mono junto con un grupo de mujeres que desde 2009 organizaron la asociación antes de salir al bosque como parte del equipo de guías y monitores que protegen la ACP. “Cuando llegué a verlo me gustó la forma de los monitos, cómo corrían y gritaban. Me emocionó bastante y me animé a seguir en este trabajo”.

Las expediciones para el monitoreo de los monos, cuenta Arista, se realizan durante cuatro a 10 días en el bosque, generalmente, una vez al mes. “Los recorridos los hacemos de día, desde las 6 de la mañana hasta casi el mediodía, porque los monitos de 11 a 12 pm se duermen. Cuando se despiertan retomamos el recorrido porque los monitos continúan desplazándose en medio del bosque montano hasta las 6 de la tarde. Los monos de cola amarilla se duermen a las 6 de la tarde. Tienen sus horarios establecidos”, cuenta.

Para Arista y su equipo identificar a los monos en medio del bosque “ahora resulta fácil”. Los reconocen por “los sonidos” que emiten y por “cómo se van moviendo los árboles” cuando se desplazan. “Cuando se mueven los árboles ya vemos que los monos están ahí. Vamos a ese sitio y ahí les encontramos. A veces también pelean, así sabemos cómo encontrarlos”.

No siempre fue fácil hacerlo, dice Arista, pero en estos dos años han aprendido a reconocer sus voces, sus movimientos y los lugares “donde los monos se quedan a dormir”. “Si no los encontramos en un sitio, vamos a otro y ahí los encontramos”.

El mono choro cola amarilla es una especie endémica que solo habita en los bosques primarios premontanos, montanos y nublados del norte de Perú, entre los 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en los departamentos de Amazonas y San Martín, aunque también se los encuentra en pequeñas áreas de La Libertad, Huánuco y Loreto. Recientemente se ha ubicado una población en Junín que aún está en estudio. Son monos que pasan su vida sobre los árboles, casi nunca se mueven por el suelo. Por ello, quienes realizan el monitoreo de esta especie tienen que saber identificarlos en medio de la espesura del bosque.

“Los bosques donde vive el mono choro cola amarilla son escarpados, retadores físicamente. Por tanto, la idea de utilizar este dron fue tener información más detallada sobre los grupos que los monitores ubican desde el suelo. Es increíble porque al estar a la altura de los monos con el dron, puedes contar exactamente cuantos son, tener datos específicos de edad, de sexo, que a veces desde el suelo es difícil”, explica Cornejo.

También se buscaba saber si resultaba más rápido que los monitores ubiquen a los monos desde el suelo o ubicarlos desde el aire. El resultado fue que los monitores logran ubicarlos antes que los drones. Con un dron, explica Cornejo, se utiliza una metodología en base a grillas —líneas guía horizontales y/o verticales— que se van recorriendo para obtener información de los animales. “Pero el bosque es amplio y en los bosques montanos la gente local es tan conocedora de esos ámbitos que encuentra a los monos en base al oído, es decir, cuando vocalizan o cuando las ramas se quiebran mientras saltan”, afirma la investigadora.

También los encuentran en base a los restos de alimentos, como frutos a medio comer, con las huellitas de los dientes de los monos o al ver una bromelia deshojada que tiene la hoja masticada. “El dron no ve todo eso”, puntualiza Cornejo.

La especialista señala que el dron, en este caso, no ha podido reemplazar a una persona o un equipo a la hora de hacer un censo poblacional. “Esta tecnología todavía no está a la altura de los retos de trabajar en los Andes”, comenta y explica algunos obstáculos que la tecnología encuentra en lugares geográficos complejos como los bosques nublados de la vertiente oriental de los Andes peruanos, en lo que se denomina selva alta.

“Pensábamos que tal vez un dron termal puede encontrar más rápidamente a los monos y que de esta forma la gente de la comunidad no necesitaba subir a la montaña para ubicarlos. Pero los resultados nos demuestran que el dron sí puede encontrar a los monos y tenemos imágenes muy buenas, pero es mejor que los ubique una persona que está muy bien entrenada para hacerlo”, comenta Christopher Allen Schmitt, explorador de National Geographic y profesor asociado de Antropología y Biología en la Universidad de Boston, quien también formó parte de esta experiencia.

Uno de los inconvenientes es la señal, pues debe permanecer conectado al mando. Si bien el dron tiene un desplazamiento de 20 kilómetros, el problema surge cuando existen pequeñas montañas o microvalles en el terreno, “lo que es común en los Andes”, de tal forma que “los 20 kilómetros se transforman en unos cuantos cientos de metros”, ya que se pierde la señal por las variaciones geográficas, agrega.

Otra limitación es que el dron requiere condiciones atmosféricas y de clima sin lluvia o humedad alta. “Esto en bosque nuboso es también retador porque siempre está lloviendo. Si empieza a llover un poquito el dron regresa. Si hay neblina fuerte con gotitas en el aire, el dron tampoco puede fusionar”, explica Cornejo.

La información desde el aire

Lo que sí ha permitido el dron es tener detalles específicos de la composición de la población de monos que se ubican durante el monitoreo. Esto es posible porque el dron tiene dos cámaras. Una de ellas capta el calor de los cuerpos en los árboles y una segunda funciona como una cámara fotográfica con la que se puede realizar acercamiento a los objetos, lo que permite obtener detalles. “Hemos podido ver diferentes atributos de los monos. Son datos específicos de edad, de sexo que a veces en el suelo es difícil distinguir y en particular por la topografía”.

También desde el aire ha sido posible observar qué están haciendo, explica la investigadora. “Lo que se hacía era mantener el dron en sobrevuelo. Desde el suelo se veían sombras de varios monos, pero desde el aire se podía identificar cuántos eran y si eran hembras o machos, adultas o juveniles”.

En el caso de las imágenes captadas por el lente térmico, las diferencias se manejan en base a la temperatura y a las diferencias que estas temperaturas ofrecen en una gama de colores. “Se puede elegir utilizar la gama de colores en tonos morados con amarillos, como lo hicimos para algunos videos y otros en tonos grises. De acuerdo a la cantidad de luminosidad que emiten los monos se puede detectar su presencia”. La gama de colores y la luminosidad se va graduando en el dron para obtener mejores resultados.

En horas de la mañana funciona muy bien, dice Cornejo, porque hay una diferencia de temperatura grande entre el bosque y la temperatura corporal de los monos. “Los videos donde se distingue hasta la colita son usualmente cuando hay esta diferencia de temperatura. En cambio, hay otros videos en los que se ve todo muy amarillo, eso se debe a que el sol ha calentado la copa de los árboles. En ese caso, se puede distinguir si se mueve el mono, de lo contrario puede confundir”.

La investigadora explica que hay bromelias ubicadas en la parte alta de los árboles y como las bromelias acumulan agua, con el sol se calientan y puede dar la impresión de que se trata de monos durmiendo, lo que genera confusión. En ese caso, dice, se puede utilizar la cámara con zoom para ver los detalles.

Otro detalle que explica Cornejo es que si bien el dron puede distinguir y capturar la imagen de “cualquier cosa que emite calor”, la diferencia es que en los bosques que son el hábitat de estos monos, “la única especie de día que se está moviendo es el mono choro cola amarilla”. “Entonces hay poca posibilidad de cometer errores. Quizás en algún momento podamos encontrar un mono machín, pero es poco probable y hasta ahora no nos ha pasado”, agrega.

Schmitt afirma que el dron es muy bueno para capturar imágenes de los monos y que desde el aire se les puede ver perfectamente con el zoom. “Tenemos videos buenísimos de monos que podemos compartir con la gente para inspirarlos a apoyar la conservación que hace la Asociación de Conservación Oso Dorado y Yunkawasi”.

“Con el dron podemos ver realmente la vida de los monos, se les observa cuando están arriba de los árboles, cómo interactúan entre ellos”, comenta Schmitt.

Una experiencia de ciencia ciudadana

El ACP Hierba Buena Allpayacu no es el único lugar en el que se monitorea el mono choro cola amarilla en coordinación con la comunidad. La experiencia bajo el liderazgo de Yunkawasi también se repite en la Concesión de Conservación Cerro El Adobe, colindante con la Reserva Comunal Chayu Nain, y en el Área de Conservación privada Copallin, vecina del Santuario Nacional Cordillera de Colán. Estos tres lugares forman parte del territorio que es el hábitat de esta especie, bosques que a lo largo del tiempo se han reducido en un 80 % aproximadamente.

Junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado, en los otros dos espacios donde aún habita el mono choro cola amarilla la población también se ha comprometido con la conservación del monito, cuenta Cornejo.

“En el caso del ACP Copallin, se ha formado un comité de monitoreo en coordinación con los guardaparques de la zona. Y el tercer caso es una concesión de conservación, Cerro El Adobe, liderada por la Asociación de Conservación Chorrera Blanca (Acochoba) liderada por agricultores”, explica Cornejo.

Hasta ahora la experiencia con el dron con cámara térmica solo se ha realizado en el ACP Hierba Buena Allpayacu, pero el proyecto continuará en las otras dos zonas. “Estamos entrando al tercer año de trabajo con estas organizaciones y lo genial ha sido conectar a la gente local con el uso de tecnología. Si bien el dron con cámara térmica no lo hemos manipulado mucho, los comités sí cuentan con drones sin lente termal que utilizan para observar desde el aire las amenazas a esta especie”, dice la investigadora de Yunkawasi.

Cornejo también destaca la participación de las mujeres en los comités de monitoreo, así como el uso de los drones por parte de la población, quienes ahora cumplen funciones que antes estaban solo reservadas a investigadores con la ventaja de que conocen a la perfección estos bosques. “Para mí es uno de los proyectos más lindos que tenemos porque justamente se trata de lograr esta confluencia de practicar ciencia con la gente local”, comenta. En ese sentido agrega que ya se está planificando el monitoreo acústico y las investigaciones con ADN ambiental con estas comunidades.

El explorador de National Geographic, Schmitt, agrega que las comunidades conocen mucho a esta especie. “Los ven todos los días, se preocupan por ellos. Viven con ellos. Nosotros, como científicos o biólogos, aportamos nuestro propio conocimiento, que es muy diferente, y que puede complementar el conocimiento que la comunidad ya tiene. Así que la comunidad ya sabe adónde van los monos y pueden pensar por qué van a un determinado lugar. Los conocen mejor”.

Schmitt también considera que al unir los conocimientos se pueda comprender mejor a la especie y se responda mejor a sus necesidades. “Por ejemplo, tenemos experiencia en estudiar su comportamiento sistemáticamente para poder determinar cómo cambia según la disponibilidad de alimentos, la altitud, las precipitaciones o la temperatura. De esta manera, podemos obtener respuestas con mayor certeza que la que se podría obtener solo con la observación”.

“Creo que si el objetivo final de la comunidad es la conservación de los monos, porque conviven con ellos, los ven y los aprecian -dice Schmitt-, podemos complementar ese deseo con métodos que les proporcionen las herramientas necesarias para protegerlos de una mejor manera”.

En esta confluencia de conocimientos, Lizeth Arista habla desde su experiencia con el uso de la tecnología. Explica, por ejemplo, que han llevado talleres para manejar los drones, que por ahora manejan sin problema los drones pequeños, pero que le gustaría seguir aprendiendo más. “El dron que ahora estamos trabajando en campo es más grande [dron con cámara termal]  tiene más cosas que debemos aprender”. ¿Es fácil manejar un dron?, le preguntamos. “El pequeño sí, pero el grande se me complicaba aún”, responde.

Sin embargo, como dicen los investigadores, las personas de estas comunidades conocen perfectamente a estos animales. “Ahora tenemos un grupo de 12 monitos identificados, hasta les hemos puesto nombre”, cuenta. ¿Es fácil identificar a los monitos?, le preguntamos. “Sí, es fácil”, responde. “A las hembritas las identificamos por su clítoris, que tiene poco vello, y a los machos los podemos identificar porque tienen su mechón más grande que las hembras. Y los juveniles no tienen nada, es más fácil saber cuáles son hembras y cuáles machos”, agrega.

Hasta hace un par de décadas, dice Lizeth Arista, “algunas personas en nuestra comunidad los cazaban”, pero ahora ya no ocurre eso. Ahora hay interés por la conservación desde que son niños. “A mi hijita menor le gusta el trabajo que hago en el campo. Tiene 10 años y me dice que cuando sea grande le gustaría ser bióloga. Ella ve cómo trabajamos, los materiales que tenemos en el comité. Ella agarra los materiales, sale a observar el bosque con los binoculares y me dice: ‘Cuando sea grande quiero ser bióloga para poder utilizar todos estos materiales’».

*Imagen principal: el mono choro cola amarilla es una especie endémica de los bosques nublados de los Andes orientales de Perú. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Durante cuatro años estuve alejado de mi país para perseguir mis sueños con el afán del que sólo piensa que el sentido de la vida estaba en llegar a la meta, en lograrlo. La vida me llevó a nuevos lugares y nuevas personas, caminé por senderos desconocidos que nunca imaginé hasta llegar al CBJML.

Mi alma se dejó contagiar por esa idea de que vivía bien por tener la posibilidad de comprar unos tenis de marca con un día de trabajo o que era genial poder tener el último teléfono con solo quince días de trabajo: creía que eso era el bienestar y el progreso.  En esa frenética lucha por alcanzar esos imaginarios de triunfo tropecé. 

Fue un golpe durísimo y certero que hizo que mi vida entera entrara en un limbo, en un punto de quiebre. Decidí volver. He hablado con muchas personas que afirman que migrar es un acto de valentía.

El verdadero acto de valentía es volver

Conozco a muchas personas que están atrapadas en un país y un lugar que no les pertenece, un lugar que no los hace felices, están atados a esa idea de que volver es una derrota. Yo descubrí que hay derrotas necesarias y hermosas sin las cuales algunas de las victorias no tienen sentido. Tal vez de eso se trate la vida, de aceptar que las derrotas implican necesariamente el sentido y la validez de futuras victorias.

Cuando volví todo parecía oscuro: no sabía por dónde empezar ni cómo volver a reconstruir esa vida que creía perdida. Necesitaba desesperadamente un faro, algo que me devolviera las ganas de volver a descubrir nuevas rutas, mi salud mental estaba empezando a deteriorarse a causa de la inactividad y las secuelas del pasado.

Mi victoria más valiosa fue volver a las aulas

El 10 de enero del 2024, recibí una llamada telefónica que le devolvió la respiración a mi alma: “Profe, te llamamos del Colegio Bilingüe José Max León, recibimos tu hoja de vida para la vacante de Docente de Lengua Castellana, queremos conocerte un poco más, ¿puedes venir mañana?”.  Claro que podía. No solo podía, lo necesitaba, llevaba seis meses esperando esa llamada. 

El trece de enero fue mi primer día de trabajo con los niños en el colegio. Ese primer día me pareció exageradamente extraño, llevaba exactamente cuatro años y un mes sin pisar un aula.

Ese primer día fue un estado de shock constante e ininterrumpido: venía de trabajar en la obra cargando bultos de cemento y vaciando escombros durante 8 horas, repartiendo comida en bicicleta en el frío tempestuoso del invierno, lavando platos con alergias severas en la piel por el vapor y el jabón desde los dedos hasta los codos o recibiendo insultos de un chef porque no llevaba el plato rápido a la mesa del comensal. Eso solo por mencionar algunos casos.  

Ahora que lo veo desde afuera, no sé por qué pude aguantar tanto tiempo normalizando esas acciones; como inmigrante cargué sobre mi espalda el injusto peso de perder mi dignidad por esa falsa idea de bienestar de la que hablé anteriormente.  

Ciertamente esos trabajos, que hacen un paréntesis en mi profesión real, me enseñaron a ver el mundo con otros ojos y a entender que detrás de nuestro privilegio está el sacrificio de quien trabaja en esas otras profesiones que viví: ellos siempre serán dueños de todo mi respeto y admiración.

En el CBJML

Los días allí empezaron a redireccionar mi vida. No hubo mejor terapia para mí que el calor humano de los niños, ellos me devolvieron la esperanza, las ganas de volver a empezar mi vida.

Aprendí, gracias a ellos, que la docencia es un acto profundamente vital que va más allá de cualquier necesidad material: es un ejercicio que permite ensanchar el espíritu. Recuerdo uno de esos primeros días en el aula, una niña me dijo: “profe, ¿por qué eres tan raro?, parece como si no tuvieras sentimientos”.

Ese fue un comentario que, lejos de escandalizarme, me conmovió profundamente. Por un lado, fue una radiografía de lo que era yo en ese momento, de cómo llegaba de nuevo a mi país: en esa frase pude verme reflejado como el viajero que llega después de mucho tiempo cansado y sin energía.

Pero por otro, me demostró la increíble sensibilidad que guarda un niño para ver lo que los demás no pueden ver o no se atreven a decir. A partir de ese momento me prometí no subestimar, en ninguna circunstancia, el pensamiento de los niños.

Vivimos en un mundo adulto-céntrico que considera que el único pensamiento válido es el que está determinado por la sabiduría que solo se alcanza con la experiencia, pero olvidamos que allí en la raíz, en el pensamiento de los niños se esconde una profundidad sublime, se esconden las preguntas y las reflexiones de los grandes filósofos y la espontaneidad de quien dice lo que siente sin ningún tipo de pretensión.

Abrazos de seres que apenas conocía en el CBJML

No podía creer que un abrazo tuviera la posibilidad de curar las heridas de una forma tan certera, eran verdadera medicina para el alma.  En las aulas y los espacios de diálogo con mis colegas empecé a enamorarme de la filosofía del colegio, de esa manera en la que el vínculo y el cuidado eran tan importantes como el pensamiento crítico.  

Poco a poco fui dejándome llevar por esa forma de ver la educación hasta que mi alma sanó por completo y la angustia por llegar a la meta desapareció.

Descubrí que la meta que tanto perseguí es el camino en sí y que ese camino que empezaba a recorrer de nuevo sólo podía ser recorrido si implicaba enseñar. El tiempo que llevo en el CBJML me ha hecho entender que enseñar en la escuela, es también contemplar. 

En ese camino de la contemplación que se posibilita gracias al acto de enseñar, se dibujan paisajes que no todos los seres humanos pueden contemplar:  El paisaje de ver a mis estudiantes crecer.

El paisaje de ver materializado un concepto tan abstracto como la felicidad en la figura de pequeños niños corriendo en el parque todos los días (este es uno de los más bellos). Un paisaje sonoro: “¡Profe, te quiero mucho!”.  El paisaje del agradecimiento cuando mis brazos son el consuelo del llanto.  El paisaje dulce. 

El paisaje de la tormenta: un paisaje triste cuando cometo algún error en mi condición humana. El olor del paisaje a hierba mojada después de esa tormenta, cuando logro dialogar y solucionarlo…  Todas esas formas de paisaje que aparecen en el camino de la enseñanza me han demostrado constantemente que ser profesor es un privilegio que me permitió descubrir que mis sueños no son nada si no implican construir sus sueños.

A mis estudiantes que me han enseñado el valor real de la vida, al CBJML que confió en mí cuando todo estaba apagado, y a mis colegas que comparten y viven conmigo la pasión por la enseñanza, les agradezco por ser mi faro.

Ese movimiento territorial constante sufre una convulsión en época electoral. Llegan las promesas y, con ellas, un sistema de desorganización planificada: las bases territoriales se vuelven un tesoro transaccional para los políticos. Por lo general se piensa que allí se perdió el voto de opinión, pero la realidad es más cruda. La relación se ha convertido en una negociación entre quien busca el poder y quien ofrece lo único que tiene a cambio de lo que necesita su comunidad. No es una falla moral de las comunidades; pedir solución a sus necesidades, es la respuesta racional a un sistema que nunca construyó canales de participación real.

Pedir un cargo o un mercado, la terminación de una obra o un proyecto a cambio de votos no es oportunismo, es lo único que el sistema les ha enseñado a negociar en el momento en que ven cercano al poder que una vez electo, se va a alejar. Cualquier gobierno, sin importar su color político, tiene el incentivo de mantener comunidades dependientes para complacerlas hoy y manipularlas después. Ahí reside el verdadero problema.

El trabajo comunal es infravalorado porque su capacidad transformadora no se ha dimensionado, ellos pueden cambiarlo todo con sus pequeñas acciones, pero los aplausos protocolarios no bastan. Son las comunidades organizadas las que sostienen la democracia cuando las instituciones fallan. La reflexión entonces, debe hacerse hoy que acaban de pasar las elecciones, dado que todo este sistema descrito, ya ha hecho su trabajo pero con toda claridad, es momento de abrir el debate ciudadano responsable y repensarse.

No puede seguir sucediendo que la gente que se ha movilizado a diario siga dependiendo de elecciones de momento para obtener algo. Por ejemplo, el Congreso recién elegido tiene una deuda pendiente con la democracia territorial. No se trata solo de asignar más presupuesto a las juntas, sino de garantizar mérito real, participación vinculante y transparencia. El reto para el liderazgo comunal es elevar la vara: exigir convocatorias limpias y rendición de cuentas constante, no solo cuando el candidato necesita el aplauso. ¿Acaso los comunales no están cansados de participar en convocatorias públicas, hacer el papeleo y nunca ganarse nada? El poder está en las bases, pero al entregarlo sin control, sencillamente se diluye.

A los comunales nadie les ha regalado nada, es su trabajo y disposición lo que los legitima, cada cámara instalada y cada frente de seguridad organizado es evidencia de que, cuando la comunidad decide, el gobierno sobra como intermediario, solo cumple su función. El desafío es fortalecer los territorios para que el trabajo sea tan sólido que la efervescencia electoral se vuelva prescindible.

Una sociedad que decide por sí misma no depende de un político que aparece cada cuatro años. La base no necesita que la salven; necesita que dejen de usarla. La estructura comunal es la clave de todo, siempre lo fue, el problema es que algunos solo la recuerdan cuando necesitan que alguien les abra la puerta del barrio. La decisión de cambio va en una reflexión profunda y una autocrítica de los líderes de base y un empoderamiento real que les permita alzar la voz y exigir, desde una territorio, seguro se puede cambiarlo todo.

Todo comenzó la noche del 16 de octubre de 2025. Pará, una jaguar o yaguareté (Panthera onca) adulta, fue hallada en un complejo habitacional militar en la zona Las 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en la región de Misiones, al noreste de Argentina. De inmediato se inició un operativo que inicialmente buscaba trasladar únicamente a la madre por el creciente conflicto con los vecinos, pero esa acción se topó con una complejidad no prevista: la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses.

Agustín Paviolo, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador de Proyecto Yaguareté -que participó de la reubicación de los tres felinos-, afirmó a medios locales que la situación de Pará se complicó en 2025, cuando la detectaron en la zona urbana de Puerto Iguazú. En esa área encontraron –dijo- trampas y cebos para matarla y que incluso los habitantes iban a tomar medidas por su cuenta. El investigador afirmó que la presencia de las crías no estaba confirmada antes del operativo, aunque era una posibilidad que barajaban.

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“Había indicios, en algún video la vimos medio panzona, pero no lo sabíamos con certeza. De cualquier forma, analizamos todos los escenarios. No hubo improvisación: fue un procedimiento planificado”, dijo Paviolo.

Los tres felinos –las crías todavía eran lactantes- fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó del lugar, según el collar de GPS que tiene instalado, mientras que los cachorros quedaron en las inmediaciones del sitio de traslado. Desde entonces, no se volvió a tener registro de las crías.

La medida despertó duras críticas a la reubicación de jaguares o yaguaretés. Está en curso una investigación federal para determinar si el procedimiento de traslocación fue el adecuado y poder ubicar a las crías o conocer su destino. Una de las hipótesis es que los cachorros fueron abandonadas y no pudieron sobrevivir solas en el lugar donde fueron relocalizadas.

Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, explicó a Mongabay Latam que tres entidades decidieron la traslocación de Pará: el Ministerio de Ecología de Misiones, el equipo del Proyecto Yaguareté del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Administración de Parques Nacionales.

“Todos intervinieron, todos decidieron, todos avalaron y todos participaron”, dijo Lodeiro Ocampo, quien aseguró que, si la Red Yaguareté participaba en ese operativo, se hubiera ejecutado dos acciones: que Pará y sus cachorros fueran llevados a un recinto seguro en la zona de Iberá para analizar los pasos a seguir o automáticamente hubieran sido liberados nuevamente en su lugar de captura. “Jamás habríamos permitido un traslado criminal a Esmeralda. Conocemos del tema, conocemos más aún la historia de traslocaciones y a todos los actores involucrados”, reprochó el experto.

La reubicación de jaguares ya ha provocado debates entre autoridades y expertos en otros países. En Colombia, como informó Mongabay Latam en noviembre pasado, la decisión de trasladar a un jaguar macho adulto no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre.

En el caso colombiano, como en el de Pará, pobladores locales habían advertido que matarían al felino, lo que motivó el traslado. Pero desde la perspectiva de los expertos críticos a la decisión, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

Lodeiro Ocampo añadió que Pará vivía en un lugar donde podía caminar y llegar tranquilamente hasta una casa habitada. Es por eso -dijo- que se exigió que se instale un alambrado perimetral como existe en muchos parques nacionales y advirtió que el problema no lograría solucionarse con el traslado de la jaguar. “Es seguro que el territorio que Pará utilizaba y defendía de otros yaguaretés ya esté ocupado por otro ejemplar al encontrarse vacío. ¿Ya se desarrollaron medidas eficaces para que esa nueva dominante no haga lo mismo que ella?”, preguntó el experto.

Parte de la investigación

La Red Yaguareté presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) un escrito de más de 30 páginas con su posición sobre el caso. El caso judicial comenzó con una denuncia anónima a la que la organización se adhirió. La red presentó ante la Fiscalía  antecedentes históricos de situaciones de conflictos del yaguareté o jaguar con poblados en Misiones, traslocaciones fallidas de yaguaretés y pumas en Misiones y opiniones técnicas de expertos nacionales e internacionales que claramente expresan su negativa a un traslado de esta naturaleza y de esta forma.

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Además, se solicitó la citación a declaración indagatoria a personal y profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones, del Proyecto Yaguareté del Conicet y funcionarios de Parques Nacionales que están involucrados en el operativo de captura y traslado.

El Ministerio de Ecología de Misiones no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay Latam, pero en un comunicado a medios locales afirmó que el operativo de reubicación de Pará y sus dos cacharros duró nueve días y en esa acción participaron varias organizaciones.

“El procedimiento [de captura] consistió en la instalación de jaulas trampa y lazos en los senderos más transitados, con monitoreo constante a través de transmisores y presencia rotativa de equipos técnicos. Una vez capturado el ejemplar, los especialistas del Imibio realizaron la toma de muestras biológicas para análisis genéticos y el resguardo del ADN en el Biobanco provincial”, expresó en un comunicado la institución provincial.

Además, el Ministerio de Ecología de Misiones aseguró que primero se capturó a Pará y luego de “varias horas” lograron capturar a sus crías. Para esta entidad, la relocalización al parque Esmeralda fue una “decisión correcta”. Sin embargo, el organismo oficial no establece dónde están los cachorros luego de la relocalización. Sobre las crías, el informe oficial reconoce: “No es posible determinar con certeza su situación actual” y admite que “las cámaras trampa no registraron el egreso de los cachorros”.

“En ese lugar se llevó adelante el proceso de ambientación y reunificación familiar bajo la supervisión de guardaparques provinciales, personal del Imibio, la Fundación Azara, el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre «Güirá Oga» y el Proyecto Yaguareté [de Conicet], que controlaron su adaptación al nuevo entorno”, continuó el comunicado.

Rafael Hoogesteijn es médico veterinario, especialista en conflictos entre jaguares y ganado vacuno y miembro de Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de los felinos salvajes. El experto, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que una traslocación en felinos es una “medida de última aplicación”, cuando ya se realizaron otras acciones que no tuvieron éxito. En el caso de Pará se aplicó como medida inmediata.

“Las traslocaciones en grandes felinos no dan resultados. ¿Por qué? Porque cuando el felino es consumidor de ganado y lo traslocan, en la nueva localidad es muy posible que lo vayan a matar, especialmente los ganaderos. El otro problema es que están trasladando parásitos y enfermedades de una región a otra, incluso introduciendo nuevos parásitos y nuevas enfermedades”, destacó Hoogesteijn.

El especialista añadió que en el caso de los jaguares estos son rechazados por los mismos jaguares que habitan en la zona elegida para la traslocación, especialmente si son machos. “Inclusive hay peleas fuertes y el jaguar traslocado es matado por los jaguares locales”, dijo Hoogesteijn, quien acotó que hay casos escasos donde una jaguar joven es aceptada por los jaguares locales con miras a la reproducción. Pero este no es el caso de Pará, que, se estima, tiene ocho años.

“En muchos otros casos los felinos caminan muchos kilómetros regresando al lugar donde fueron capturados. Entonces, las traslocaciones se ven muy bonitas en los medios de comunicación, pero es carísimo y generalmente los resultados son ineficientes”, dijo Hoogesteijn.

Reubicación cuestionada

En el caso de una traslocación de una jaguar con sus crías, Hoogesteijn afirmó que esa situación “es mucho más difícil”, ya que las hembras adultas no pueden moverse mucho para cazar y lograr alimentos para sus crías y para dar de lactar. “Cuando ellas están en un territorio que ya conocen, ellas van a buscar las presas donde ya conocen y se les hace más fácil, pero cuando son traslocadas se les hace más difícil, ya que primero tendrán el rechazo de jaguares locales y, segundo, no conocen el área para poder cazar y establecerse. Además, los cachorros traslocados pueden ser matados por los jaguares locales”, dijo.

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Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Según informó la Ufima, la investigación preliminar se encuentra en trámite, a la espera de informes técnicos de los organismos especializados.

Lodeiro Ocampo advierte que el parque Esmeralda no era el destino más adecuado y recuerda que se había propuesto trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes, como alternativa inicial. Sin embargo, desde el Ministerio de Ecología argumentaron que se priorizó “mantener al ejemplar dentro de su ecorregión de origen (Selva Paranaense)”. Sin embargo, la Red Yaguareté identificó a Esmeralda como una zona donde la caza ilegal de felinos creció en el último tiempo.

En 2023, la propia Pará fue víctima de caza ilegal. La jaguar perdió un ojo y registró marcas de perdigones en su cuerpo durante una revisión. Es por eso que le pusieron un collar satelital, que hasta ahora funciona y permite que sea monitoreada, pero según Londeiro Ocampo es “imposible” acceder a las rutas que siguió Pará en este último tiempo.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, organización que no participó del operativo, afirmó a Mongabay Latam que en hembras con crías una situación de estrés, como una traslocación, puede provocar abandono de la madre. Por eso existen –dijo- distintas modalidades de liberación: algunas con adaptación previa en corrales (suelta blanda) y otras directo en el ambiente (suelta dura).

“Con animales provenientes de cautiverio suele ser preferible una suelta blanda; si es un animal silvestre, la suelta dura puede ser una opción. Como sea, no hay que demonizar el manejo: una especie en peligro crítico de extinción requiere acciones activas para recuperarla”, afirmó Di Martino.

Pará camina sola. Está todavía en el parque Esmeralda, pero no se sabe si está a salvo. Su collar satelital y las cámaras trampa lo ratifican, pero no hay novedades sobre los cachorros. La tecnología no muestra a las crías y las críticas aumentan por la traslocación.

Imagen principal: Pará camina por el bosque del norte argentino antes de ser capturada para su traslado junto a sus crías. Foto: cortesía Red Yaguareté.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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