•  “Decir la verdad es siempre revolucionario”: Antonio Gramcsi, filósofo italiano.

Hay quienes piensan, yo entre ellos, que el mundo sería mejor si lo condujeran los filósofos en vez de los políticos. Detrás de los grandes desastres del mundo, oh sorpresa, hay siempre un político. Pocos encarnan la dimensión humanística del filósofo. Tan pocos que en Colombia apenas hemos tenido cuatro presidentes con formación filosófica: Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez, Eduardo Santos, y Carlos Lleras Restrepo. De resultar elegido, Iván Cepeda Castro sería el quinto. Y ya saben lo que se dice en estos casos.

El otro día, en una cafetería bogotana, conversé con Fabián Rodolfo Acosta Sánchez, un bogotano de 64 años, profesor de Filosofía de la Universidad Nacional y amigo de adolescencia y juventud de Iván Cepeda. Ambos se criaron en el ambiente proletario de la localidad de Kennedy de los años 70.  Se conocieron en el Colegio El Politek, que pertenecía a la Universidad Incca de Colombia.

Aquel muchachito, que ya manifestaba inquietudes políticas, era el típico estudiante juicioso, apasionado por las ciencias sociales, vestido de pantalón gris, saco azul, camisa blanca y zapatos negros.“Desde mi casa, lo veía pasar con la hermana; ya en el colegio, las horas se nos iban en hablar de política. Recuerdo que la decana Maruja García de Córdoba, promovía el debate político al interior del colegio y el respeto por las diferencias de posiciones”. La universidad tenía una decanatura especial para El Politek.

Con el tiempo, Iván Cepeda se convirtió en profesor de Filosofía de las universidades Incca y Javeriana. El profesor Acosta recuerda que la Incca fue fundada por Jaime Quijano Caballero, socialista como su padre, el escritor bogotano Joaquín Quijano Mantilla, quien fue embajador de Colombia en la Alemania Nazi; de hecho, estudió con el célebre filósofo alemán Nicolai Hartmann. “Esa tendencia socialista se reflejaba, parcial o plenamente, en otras universidades bogotanas como la Javeriana, los Andes, la Central y la Autónoma”, recuerda Fabián Acosta. 

En la Universidad INCCA floreció un grupo inquieto por los filósofos clásicos y la filosofía colombiana. Venían pensadores importantes como el argentino Enrique Dussel, y grande fue la influencia de Antonio Gramsci, el filósofo italiano, y de Georg Lukács, el filósofo húngaro, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. “Discutíamos sobre el arte socialista disruptivo, el cine de Andréi Tarkovski, la literatura de Borís Pasternak, la poesía de Ósip Mandelshtam y toda la poesía rusa de la época”.

En calidad de catedráticos, y con otros autores, Iván Cepeda y Fabián Acosta escribieron el libro “Antonio Gramsci y la realidad colombiana”.

• “La idea de la cultura de la alteridad como ampliación de la democracia, puede sustituir efectivamente la nostalgia romántica o las utopías del pasado, por los programas totalizantes y dar lugar a que se exprese libremente la diversidad de la sociedad moderna”: Iván Cepeda, en el libro “Antonio Gramsci y la realidad colombiana”, página 142.

Los dos amigos

La amistad entre ellos se estrechó cuando, más grandecitos, formaron parte de la Juventud Comunista y se relacionaron con otras vertientes de la izquierda colombiana. 

No compartieron muchas fiestas, que entonces se hacían en las casas, pero sí muchos festivales culturales del periódico Voz, en los que brillaban las orquestas cubanas. Eran famosos los “chocolates charla” para echar carreta sobre política alrededor de la música, así como las peñas culturales, donde reinaban el teatro, la música y el cine. “En esa década asesinaron al presidente Salvador Allende en Chile y estábamos influenciados por la música de Víctor Jara y la nueva trova cubana”.

En Colombia, una noticia acaparó todos los titulares: el famoso Paro Cívico Nacional de 1977, con más de un millón de personas volcadas en las calles, y un saldo lamentable: “decenas de personas perdieron la vida, cientos resultaron heridas y miles fueron detenidas”. Cepeda y Acosta formaron parte del grupo de valientes muchachos que hicieron posible esta marcha histórica de la clase trabajadora contra el gobierno de Alfonso López Michelsen.

• “A pesar de la represión, el paro cívico de 1977 no fue en vano. Se consolidó como un punto de inflexión en la historia de la movilización social en Colombia. Mostró la capacidad de la sociedad para unirse y organizarse, incluso frente a la violencia estatal. A largo plazo, sentó un precedente para futuras protestas y luchas por los derechos sociales y laborales”, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los dos amigos obtuvieron el título de Filosofía en la Universidad de Sofia en Bulgaria, una nación del sureste europeo, cuyo territorio formó parte de la Grecia antigua, especialmente Tracia, la tierra de Aristóteles.

Iván Cepeda con su compañero de estudios en Bulgaria, Fabián Acosta. Foto: Iana Pankova.

Cepeda soñaba convertirse en economista pero, seducido por la filosofía, cambió de opinión. Fueron cinco años de estudio profundo sobre la filosofía occidental y la filosofía antigua, y uno aprendiendo búlgaro. El candidato presidencial habla también griego moderno y además se especializó en Estudios Culturales en Europa.

“Vivíamos en la ciudad universitaria y nos pagaban, incluso por estudiar”, recuerda Acosta, quien desde la filosofía política ha dedicado los últimos veinte años a estudiar y entender el mundo cambiante de los jóvenes y sus frustraciones.

El mundo estaba en plena Guerra Fría y Bulgaria influenciada por la Unión Soviética. “Vimos el último pasaje de la existencia de los países de la llamada Cortina de Hierro antes de la caída del Muro de Berlín”, comenta.

Fabián regresó a Colombia a finales del año 86, Iván en 1987. Eran los tiempos de la Perestroika, Mijail Gorbachov y la URSS a punto de desintegrarse. En Colombia, esa década se recuerda con horror porque fue el comienzo de la persecución y exterminio de la Unión Patriótica. Cepeda enterró a dos de sus amigos entrañables, José Antequera (1989) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), antes de enterrar a su propio padre, el periodista y senador Manuel Cepeda Vargas (1994).

”Lo acompañé en el momento en que le tocó reconocer el cuerpo en Medicina Legal. Mataban mucha gente de la UP y no había cómo parar eso”, cuenta.

En ese punto, los dos amigos tomaron caminos diferentes. Fabián continuó en la vida universitaria e Iván dejó la cátedra para dedicarse en cuerpo y alma a buscar justicia para su padre y las demás víctimas del genocidio. Así nació el político, que este 21 de junio podría ser el nuevo mandatario de los colombianos.

“Fuimos grandes amigos. Iván es el padrino de mi matrimonio búlgaro”, dice el profesor, quien se casó con la licenciada en lenguas Iana Pankova. “Tenemos dos hijos que se criaron en Colombia; el mayor terminó Biología en la Nacional y el menor estudió Cine en Argentina”.

Esos años en Bulgaria, dice, se vivieron en un ambiente de mucha tertulia e intercambio de libros. “Le conocí una novia a Iván, pero no era el más noviero, muy aplomado sí. Lo recuerdo como una persona inteligente y aplicada en el estudio. Tenía un gusto exquisito por el cine. Se la podía pasar todo un día metido en un teatro viendo distintas películas”.

El filósofo Fabián Acosta, amigo de infancia y juventud de Iván Cepeda.

Iván, el filósofo

“La filosofía es sobre todo paciencia”, dice Fabián. “Iván ha mostrado, con su capacidad reflexiva y su escucha atenta, la vena paciente del filósofo. Esa creatividad suya para ofrecer otra visión del mundo, se verá reflejada en el modo de asumir el poder en caso de resultar elegido”, agrega.

Sin dudarlo, votará por él. “La filosofía del siglo XX habla de la otredad como ese otro totalmente distinto a uno. Iván tiene la virtud de reconocer al oponente y al contradictor. En un escenario de guerra y paz como el colombiano, el filósofo puede sugerir otras maneras de abordar esos problemas, que no sean el belicismo fácil que exacerba la violencia en vez de contenerla, abriendo caminos que lleven a más paz en vez de a más violencia”.

Le pregunto si cree que con un presidente como Iván Cepeda, Colombia iría por mejor camino.

“Que un filósofo gane el poder es ganar el poder para la filosofía. Es poner a pensar a los políticos sobre sus propios males, su capacidad destructiva al volver antagónico el mundo humano. Porque la política corrupta, malversadora y antiética genera un estado de cosas tal que nada se puede resolver. Un filósofo parado en el poder hará una pedagogía necesaria que impacte positivamente la vida institucional y remueva conciencias para transformar al país”.

 Considera que el discurso filosófico de Iván Cepeda es consecuente con su actuar. “Lo que él hace es seducir a la gente con la idea de que podemos vivir la vida política de una manera decente”.

Dice que si pudiera darle un consejo, le daría este: “Iván, no deje de mirar nunca el mundo humano que está por fuera del Estado”.

Uno cree que los únicos demagogos son los políticos; a veces, los columnistas de prensa también caen en eso, sobre todo aquellos que han tenido la fortuna de pasar por uno que otro gobierno y luego se convierten en analistas de la cosa política, tal es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Vélez, Felipe Zuleta Lleras, Néstor Humberto Martínez o Mauricio Vargas.

La demagogia es una estrategia usada para conseguir respaldo popular apelando a las emociones, los miedos o los prejuicios. Al leer la columna del ex funcionario Luis Guillermo Vélez, en La Silla Vacía, encuentro un poco de esos tres ingredientes. Dicho sea de paso, ese mismo sesgo ideológico, una especie de ceguera conveniente, le resta brillo a ciertos capítulos del podcast Déja Vu que hace a dos voces con Alejandro Lloreda para el mismo portal.

Empiezo por decir quién es Luis Guillermo Vélez, antes de desmontar algunas falacias que trae su columna “Por qué Cepeda perderá las elecciones”.

Según Wikipedia, el doctor Vélez es abogado de la Universidad de los Andes; entre otros cargos, ha sido Viceministro de Defensa Nacional y Cónsul General de Colombia en México D.F (durante el gobierno de Ernesto Samper); cabildero de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Superintendente de Sociedades entre 2010-2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), y en su segundo gobierno secretario general de la Presidencia de la República.

Se entiende entonces que el doctor Vélez tenga razones para desear de todo corazón que gane la derecha de sus afectos y, de todo corazón también, desear que pierda la izquierda de sus desafectos. Su apuesta es la candidata uribista Paloma Valencia.

De entrada quiero referirme al título de la columna, porque, usando el mismo símil del fútbol que utiliza él, un partido tiene un tiempo reglamentario (primera vuelta, el 31 de mayo) y un tiempo suplementario en caso de empate o de que ninguno meta los goles suficientes en las urnas (segunda vuelta, en junio).

Si Cepeda ya perdió, pues cancelemos las elecciones, ahorrémonos ese dinerito y vayamos de juerga la noche anterior. El titular que anticipa la derrota de Cepeda me recordó la famosa frase del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, puesta en portada de Semana (entonces bajo la dirección de Vicky Dávila), y que con el tiempo tuvo que tragarse enterita: “Petro nunca será presidente”. El guión va tomando la misma forma, pero con otro nombre: el del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Lo chistoso es que aquella frase se volvió estribillo en boca de personajes como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o la hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”, le dijo Valencia a Gustavo Petro.

Pero volvamos al doctor Vélez y su columna. Aquí esta rápida autopsia a sus afirmaciones.  

“Actualmente las probabilidades en el mercado de apuestas en plataformas como Polymarket están iguales entre los dos. Es decir, la definición del presidente de Colombia está sujeta al lanzamiento de una moneda. Fifty, fifty”.

¿En serio, doctor Vélez? ¿Usted, con un Master in Business Administration, cree que el destino de un país está en manos de una casa de apuestas? En ese caso, démosle también crédito al astrólogo Daniel Daza, quien leyó en las estrellas que Iván Cepeda será el siguiente presidente de Colombia. Ambas cosas constituyen una mirada respetable pero poco seria de la política.

Si Cepeda no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se unirán la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Suponiendo inclusive que todos los votos verdes, indígenas y progres –que llegan a un poco más de 2 millones– su sumen, la cifra total llega a los 6 o 7 millones de votos, que son los que Cepeda y la izquierda tienen en el bolsillo. Los cuales, valga decir, son el mismo 34% que las encuestas más serias dicen que tiene. Pero no tiene más. Los que piensan que Cepeda puede ganar en primera vuelta se engañan”.

Hacer cuentas alegres es deporte nacional en época electoral. Sin embargo, considero que, sí o sí, Cepeda debe ganar en primera vuelta, porque en junio llegarán ferozmente unidas y con el ánimo de arrasar en las urnas la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Faltan los partidos tradicionales y clientelistas, como el Liberal y el Conservador. (…) Los veremos subiéndose a la Palometa en los próximos días, cuando las encuestas reflejen el crecimiento de la candidatura. Si esto se materializa Paloma llegará muy fortalecida a la primera vuelta”.

Esta oración deja claro que si gana Paloma Valencia volveremos al gobierno de la mermelada clientelista para pagar los favores de las maquinarías que mueven el ya no tan glorioso Partido Liberal y el aún menos glorioso Partido Conservador.

“¿Por qué pierde Cepeda? Porque se quedará, por designio, aislado en la izquierda. Algo parecido a lo que le ocurrió a Petro en el 2018. Su estrategia de caminar agarrado de las enaguas del presidente es un error”.

Es exactamente lo mismo que dicen de Paloma Valencia, aunque no me consta que Álvaro Uribe use enaguas. La diferencia está en que Petro es el presidente en funciones, y Uribe un hombre apocado y opacado en el ocaso de su vida política y con líos judiciales aún por resolver. Con todo, quizás quien deba independizarse de su líder supremo sea Paloma Valencia.

“Ninguna encuesta muestra a Petro con una favorabilidad superior al 50%”. 

Otra pequeña mentira, mi doctor. Las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría lo sitúan con una imagen positiva del 54,5% y 50,9%, respectivamente. Hablando de la mitad más uno para ganar elecciones, la pregunta del millón es: ¿Qué hacer para que los buenos números de Petro se traduzcan en votos?   

“Cepeda quiere reforzarla. Por eso escoge a una vicepresidente que no le suma un voto adicional”. 

Empecemos por decir que la fórmula de Cepeda es la senadora y ex gobernadora indígena Aida Quilcué, representante de los territorios. La fórmula Paloma-Oviedo la conforman un bogotano y una mujer payanesa criada en Bogotá. No se entiende esta unión en un país con 32 departamentos y con las profundas grietas ideológicas que separan a Paloma y Oviedo en materia de paz y libertades individuales.

Cepeda escogió a una persona que representa al país de los excluidos, tan excluidos que la propia senadora Valencia, propuso en 2015 separar ese departamento en dos: un territorio para indígenas y otro para mestizos. Ese es resultado de criarse en Bogotá, en medio de privilegios, desconociendo que somos una nación multiétnica y pluricultural.

No se trata, pues, de escoger a quien dé más votos, sino a quien permita sumar sensibilidad social para avizorar un país donde quepamos todos.

“Aida Quilcué les parecerá un sortilegio semiótico a los camaradas del Parkway, pero el mensaje no se le transmite a la ama de casa en Mazurén que está preocupada por la inflación. A punta de resentimiento, lucha de clases y retórica ancestral no logran las mayorías”.

Tremenda lección de clasismo. Creo doctor que en estas líneas se le salió el estrato: el de cierta clase de bogotanos que creen que Colombia empieza y termina de la calle 72 hacia el norte. No señor. Hay otro país real, aunque no tenga apellido ilustre, ni abolengo. Y seamos honestos: el tema de la inflación no es asunto de las señoras (ni las de que viven en Rosales, ni de las sobreviven con lo que pueden en Ciudad Bolívar); ni siquiera es un asunto de los señores, pero ya que toca el tema, es un dato comprobable que Petro recibió la inflación en 10.21%, y hoy la mantiene alrededor del 5%.   

“Decíamos que Cepeda debía conseguir 4 o 5 millones de votos adicionales para ganar (en segunda vuelta necesita inclusive un poco más). No se ven por ningún lado. Y no se tiene ni la capacidad ni la voluntad para conseguirlos. En Chile pasó algo parecido. La candidata comunista –que era la del gobierno– se embolsilló el primer tiquete a la segunda vuelta y su contrincante, que para Chile es un derechista moderado, empujó más a la derecha a Kaiser, su rival ideológico, mientras se tiró a recoger los votos del centro espantados con la posibilidad de que un soviet se instalara en el Palacio de la Moneda”.

Doctor Vélez, ¿por qué no mejor ponemos como ejemplo a México, país mucho más parecido a Colombia que tuvo un primer gobierno de izquierda exitoso con Andrés Manuel López Obrador, quien dio paso a la progresista Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no dejar a un lado la retahíla comunista que usted usó en la entrevista que le concedió a María Jimena Duzán? Tres veces tildó de comunista a Iván Cepeda y las tres veces ella lo corrigió. La misma respuesta aplica para Felipe Zuleta Lleras y su columna “Solo unidos derrotaremos al comunismo”, en El Espectador.

Consulté directamente con la fuente. Resulta que el senador Cepeda sí militó en la Juventud Comunista (Juco) y en el Partido Comunista Colombiano durante su adolescencia y juventud. De allí se retiró en búsqueda de otros credos ideológicos: Alianza Democrática M19, Polo Democrático y, finalmente, Pacto Histórico. Si algún apelativo le cabe a Iván Cepeda es el de hombre socialdemócrata.

“Así fue como José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile y será la forma como Paloma la ganará en Colombia”.

El optimismo es bueno para la salud. Con su frase final podríamos dar inicio a otra columna interesante sobre eso que en las redes sociales la gente llama ahora, en tono jocoso, Pa´lomismo.

Su candidata ha dicho que con ella se acaba la Paz Total y llega la Seguridad Total, lo que trae a mi mente, indefectiblemente, la Colombia triste de los falsos positivos en la era Uribe y me lleva a preguntar qué vara de premios habrá esta vez para alentar a los militares a dar resultados en materia de orden público. La señora Valencia dijo además que militarizará la vía Popayán-Cali-Pasto, al tiempo que este confidencial de Semana informa que la candidata recibió el respaldo de 32 generales (r) y cinco ministros de Defensa, entre ellos Martha Lucía Ramírez y Diego Molano.

Al unir una noticia con la otra, no es difícil pensar que la candidata, enemiga del Proceso de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, podría tumbar ese tribunal de paz que es la JEP, encargado de revisar los crímenes de exguerrilleros y militares. Lo raro, doctor Vélez, es que usted, como ex funcionario de Santos, nada diga sobre estas cuestiones, habiendo cumplido su papel en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. 

Aun así, hay quienes insisten en que ella es una política moderada de derecha, equiparándola con José Antonio Kast, el presidente de Chile, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi. Me sostengo en que mientras Uribe sea el poder detrás del trono, en un eventual gobierno de Paloma Valencia el país retrocederá las dos décadas que tanto nos ha costado superar. Perdonen que lo diga gráficamente: Colombia no puede volver como el perro al vómito.

En un momento crucial, merecemos análisis desapasionados: que los analistas hablen menos con el corazón y más con la razón. Se habla mucho de votos y de futurología, y poco sobre los programas de gobierno de catorce candidatos presidenciales, lo que es otro despropósito, pues la inmensa mayoría no tiene opción distinta que aspirar a una embajada.

A la demagogia de nuestra clase política, no podemos añadir la demagogia de los opinadores. Quizás lo que se nos pide es esforzarnos más a la hora de argumentar, menos pereza intelectual. La gente está curada de mentiras y de espantos. Y el que no, que se mire en un espejo.  

Las cifras

Con el preconteo del 99,14% de las mesas, el Senado quedó configurado de la siguiente manera: 

Pacto Histórico: 4.402.601

Centro Democrático: 3.020.459

Partido Liberal: 2.268.658

Alianza por Colombia: 1.899.096

Partido Conservador: 1.859.493

La U: 1.560.593

CR-Alma: 1.244.811

Ahora Colombia: 896.527

Salvación Nacional: 698.074

Las consultas interpartidistas dejaron huella. La Gran Consulta por Colombia movilizó 5.842.145 votantes. Paloma Valencia obtuvo 3.225.482, el 55,2% del total. La Consulta de las Soluciones reunió apenas 617.998 personas. Claudia López ganó con 574.025, el 92,9% de un universo pequeño. La consulta del Frente por la Vida congregó 482.465 votantes: Roy Barreras se impuso con 255.912 —el 53,1% de un universo todavía más reducido que el de López—. La Consulta del Pacto Histórico, celebrada en noviembre de 2025, convocó 2.715.212 votantes: Iván Cepeda se impuso con 1.522.347.

La derecha: disciplina de voto, no terremoto

La primera conclusión es que la Gran Consulta no implica una movilización extraordinaria del uribismo, sino una concentración del voto existente. Los 3.225.482 votos de Valencia superan en cerca de 200 mil a los 3.020.459 que obtuvo el Centro Democrático en el Senado. No hubo crecimiento orgánico masivo: hubo disciplina.

Eso no es un elogio menor. En 2022, Federico Gutiérrez ganó su consulta con 2.161.686 votos y luego obtuvo 5.058.010 en primera vuelta. Un factor de crecimiento de 2,34 veces. Ese coeficiente, sin embargo, no es una constante: depende de una campaña sin fracturas internas, de un clima político que movilice en lugar de desanimar y, sobre todo, de que no exista un candidato disputándole el mismo electorado.

Si Valencia replica ese patrón, sobre su base de consulta, el resultado teórico superaría los 7,5 millones. Ese número es probablemente alto para la realidad del 2026: la derecha es más grande que la de 2022, pero está más fragmentada gracias a la disputa con Abelardo De la Espriella.

Un rango honesto para Valencia, en primera vuelta, estará entre 4,8 y 5,5 millones. Su piso lo establecerán los partidos que gravitarán en torno a ella: los 2,98 millones del Centro Democrático, más una parte de los 1,86 millones del Conservador y los 1,24 millones de CR-Alma. Su techo lo fija De la Espriella.

La izquierda: de la mística a la maquinaria

El Pacto Histórico pasó de 2.692.999 votos en el Senado (2022) a 4.402.601. El crecimiento es palpable. Sin embargo, hay un número que lo opaca: en 2022, la consulta de Petro reunió 4.495.831 votos; en 2025, la de Cepeda reunió 1.522.347. Una caída del 66% en participación de consulta es una señal más elocuente del ciclo electoral.

¿Cuánto puede crecer Cepeda en primera vuelta?

En 2022, Petro multiplicó por 1,9 el voto de su consulta (4,49 millones → 8,52 millones). Aplicar ese mismo factor a la consulta de Cepeda daría apenas 2,9 millones, un resultado desmentido ayer en las elecciones legislativas: el Pacto obtuvo 4,4 millones, tres veces más que esa proyección.

La razón es simple: la consulta del Pacto de 2025, celebrada cinco meses antes con reglas de participación más restrictivas: fue un termómetro de militancia activa, no de electorado real. Por esa razón, el piso más honesto para proyectar a Cepeda no es su consulta sino los votos al Senado del Pacto.

Aplicando el factor 1,9 sobre los 4,40 millones, se obtiene un resultado teórico para Cepeda de 8,36 millones, que se ajusta hacia abajo —entre 7,5 y 8,2 millones— para incorporar el desgaste de pertenecer al partido del gobierno. Como cualquier factor histórico, 1,9 es una referencia, no una garantía. El 2022 tuvo características que no se repitieron en el 2026.

Al anterior análisis se agrega que las encuestas de intención de voto lo confirman como favorito: la Gran Encuesta de febrero le asignaba el 34%, e Invamer lo ubica en el rango del 31–37%. Pero una cosa es ser favorito en encuesta y otra convertir esa intención en votos.

El centro: la tragedia en números

En 2022, la consulta de la Coalición Centro Esperanza reunió 2.159.465 votantes. En 2026, la Consulta de las Soluciones apenas alcanzó 617.998. El centro atrajo menos de una tercera parte de lo que movilizó hace cuatro años. Ese colapso de participación no es un accidente: es el síntoma de un electorado que ha optado masivamente por la polarización, dejando al centro sin el oxígeno para ser fuerza de gobierno.

El triunfo de Claudia López es contundente en términos internos, pero irrelevante en términos de volumen electoral. La Alianza por Colombia obtuvo 1.899.096 de votos en el Senado, pero ese universo no le pertenece íntegramente: es una coalición con sectores que no migrarán a su candidatura presidencial.

Sergio Fajardo suma al problema: sin consulta y sin estructura partidaria, depende de su capital y de la fatiga con la polarización, el mismo recurso del que depende López. Dos candidatos y un mismo electorado. López puede llegar a recibir entre 0,8 y 1,2 millones; Fajardo, entre 0,7 y 1,0 millones. La suma de los dos suman no supera los 2,2 millones.

Roy Barreras completa el cuadro con una variable adicional de fragilidad. Su consulta obtuvo 482.465 votos —menos que la de López—, y los 255.912 que lo eligieron apenas superaron a un Quintero sin partido ni recursos. Los 900 mil votos de Ahora Colombia en el Senado, son votos de partido, no de adhesión personal. Barreras, además, compite en el mismo segmento progresista que Cepeda, un terreno donde llegó tarde y cojeando. Los tres —López, Fajardo, Barreras— serán agentes decisivos en la segunda vuelta, pero espectadores de la primera.

De la Espriella: la variable que los datos estructurales no pueden resolver

Aquí el análisis responsable exige honestidad metodológica. Si uno proyecta desde la votación de Salvación Nacional en el Senado —cerca de 700 mil votos—, De la Espriella llega a la primera vuelta como un candidato menor —entre 1,2 y 1,8 millones—. Esa lectura tiene coherencia interna: los partidos cuentan, pero las estructuras y las maquinarias consiguen votos.

Pero hay un problema: Rodolfo Hernández en 2022.​

Hernández tenía un partido casi inexistente, sin estructura nacional. Era un candidato de voto de opinión. Aun así, obtuvo 5.953.209 votos en primera vuelta, el 28,15% del total. El voto antisistema en Colombia existe como fenómeno estructural —no solo como accidente— y busca un vehículo en cada ciclo electoral. En 2026, las encuestas le asignaban a De la Espriella entre el 18 y el 28% de intención de voto. AtlasIntel lo ubicó liderando en enero con el 28%, por encima de Cepeda.

Es probable que las elecciones legislativas no hayan destruido a De la Espriella, pero sí lo redimensionaron. Valencia ganó la Gran Consulta con más de 3 millones de votos, arrebatándole el argumento de ser “el único capaz de derrotar a la izquierda”.

El rango honesto para De la Espriella está entre 2,5 y 4,0 millones: demasiado alto para ignorarlo, demasiado incierto para precisarlo. Es la variable que más puede alterar la narrativa de la primera vuelta si logra transformar las encuestas en votos.

Segunda vuelta: el mismo forcejeo del Plebiscito del 2016  

El escenario más probable es de Cepeda vs. Valencia, pero la amplitud del rango de Abelardo obliga a tener sobre la mesa también el enfrentamiento Cepeda vs. De la Espriella. La encuesta de Invamer de diciembre de 2025 modeló ese escenario, dándole ventaja a De la Espriella de 9,3 puntos. ¿Esa ventaja persiste después de la consolidación de Valencia como candidata de derecha?

En este escenario el Partido Liberal merece más que una nota al pie página. Sus 2,27 millones de votos serán valiosos en la segunda vuelta. También serán los más esquivos. La fractura entre la facción de Gaviria y el sector a favor del gobierno, impide que ese caudal se vaya en bloque para un candidato. Se moverá por fragmentos regionales, con lógicas de negociación local que ninguna encuesta nacional puede capturar.

La analogía del plebiscito no es retórica: es estructural. En octubre de 2016, el país votó en bloque por dos orillas sin que una tercera fuerza tuviera masa electoral para ofrecer una alternativa real. La diferencia entre el Sí y el No fue de 53.894 votos sobre más de doce millones de sufragios válidos.

En 2026, el mapa recuerda ese esquema: dos candidatos con una base fija y consolidada, y un bloque centrista —López, Fajardo, Barreras— sin ninguna posibilidad. Quien seduzca al Centro, se irá a la Casa de Nariño. Valencia y Cepeda se disputarán los votos anti-polarización, que será el más codiciado y el menos predecible. Al presidente lo elegirán los votantes, pero a los candidatos inclinan sus cabezas ante las maquinarias. Al menos eso susurran las cifras.

Mariátegui, 1928.

En septiembre de 1926 apareció el primer número de la Revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la Revista era un homenaje a los antiguos maestros educadores de la nobleza en el imperio incaico; solo “refleja el homenaje al incaismo”, sostuvo el peruano, pero con un sentido y fines diferentes, un sentido, una acepción, que había que crear en un Perú y en un mundo nuevos, más allá del capitalismo.

La revista Amauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, de crear un socialismo peruano, indoamericano. Esta tarea sonaba extraña para los marxistas de manual que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa, esto es, en sociedades que, de acuerdo con el Komintern, hubieran atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y se hallaran en un capitalismo con una burguesía y un gran desarrollo de la clase proletaria.  

Pues bien, sin conocer al último Marx, el mismo que le había contestado en 1881 en una carta a Vera Zasúlich que era posible partir de la comuna rural (la obschina) para construir el socialismo en Rusia, sin necesidad de atravesar todas las etapas del desarrollo que el capitalismo había tenido en Inglaterra y en los países occidentales, Mariátegui llega a la misma conclusión y se empeña en construir el socialismo en la periferia de Europa. Si Marx, y los primeros populistas rusos (naródniki) del siglo XIX como Herzen o Chernyshevski , pensaba que era posible partir de la comuna rural  y construir el socialismo, eso sí, aprovechando los aportes materiales, técnicos y espirituales creados por la modernidad y el capitalismo en Occidente, Mariátegui buscó recuperar el ayllu incaico, como unidad básica económica y social, y las formas y relaciones comunitarias indígenas y agrarias supérstites, para edificar un nuevo socialismo.  

Mariátegui no buscaba revivir el incaismo, ni extender el comunismo indígena y sus formas supérstites al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una identidad sustancial, virginal y pura del indígena. Eso ya no era posible en un Perú cuyas instituciones eran básicamente occidentales, y donde el país estaba inscrito ya, atravesado, por esa cultura. Lo que él pretendía era aprovechar esos elementos cooperativos sobrevivientes, esos insumos, para construir el socialismo en el Perú. Esto lo deja claro en 1928 cuando dice que:  

“no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, dentro de una técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.

Lo que hizo Mariátegui fue un análisis detallado, materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas, que, adornados con el liberalismo, habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna, del libre trabajo y salario. Mas bien, esas relaciones y estructuras económicas habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes con las exigencias de un capitalismo moderno. Eso creó una “economía colonial” articulada al capitalismo extranjero de la época.

Digamos que antes de la teoría de la dependencia, Mariátegui había mostrado como las burguesías latinoamericanas, señoriales como en el Perú, no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el posterior a 1867, Mariátegui se percataba de la existencia de un desarrollo desigual y periférico; un capitalismo dependiente, como se diría después. Esto es lo que aparece en su obra cumbre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, uno de los mejores ejemplos, en Nuestra América, de la aplicación de la concepción materialista de la historia en la investigación de las realidades y las formaciones sociales concretas.    

Entonces, si el problema del indígena en el Perú era, principalmente, económico, y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas, de poder (el gamonalismo) y la base económica (el latifundio), para eliminar la servidumbre indígena. Por eso era necesario construir una voluntad nacional-popular, una voluntad común, una hegemonía en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el “sujeto revolucionario de la historia” o algo similar. No. Exigía la articulación de las masas indígenas campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, que animados por el mito del socialismo, se encaminaran de forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea de Lenin de la “alianza”. Y en este proyecto político, el mito, que Mariátegui había tomado de Georges Sorel, operaba como pegante emocional, como élan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba en la praxis política misma.

En verdad, en Mariátegui el partido y el proletariado seguían siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano, pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población era indígenas campesinas, no se podía lograr la cancelación de la servidumbre si esas clases no estaban igualmente emancipadas. En Perú, la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono, que aprovechaba la tradición, pero que también asumía los logros modernos, era tan solo una etapa, una fase, de la construcción de un socialismo cosmopolita más allá de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental. Crisis que en Europa era patente tras el final de la Gran guerra (1914-1918), tal como aparecía en el libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.

Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo de vacas al que se refería Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, como si pudiéramos, por ejemplo, prescindir de la teoría de la relatividad; pero también llamaba a que el socialismo en América no fuera “copia y calco” del europeo. El socialismo peruano debía partir de la realidad concreta, de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero; debía reconocer el grado de desarrollo pero, igualmente, debía prestar atención a la cuestión cultural y educativa del indio, del peruano en general, como bien lo percibió Augusto Salazar Bondy.

En este último aspecto Mariátegui acogía el gran énfasis que el marxismo historicista italiano en el que se formó, el de Benedetto Croce, Gobetti, Gramsci y, por su puesto de Lenin en Rusia, daba al papel de la cultura. El Amauta entendía que se necesitaba una reforma cultural y moral, pero esta se lograba en el trabajo con las masas, con la educación por medio de las escuelas rurales y agrarias, con el periódico, con las revistas y también en las cátedras de las universidades populares.

La Revista Amauta fue, entonces, uno de esos artefactos culturales para elevar el nivel intelectual, de conciencia, de las masas populares. Un medio para dar la batalla cultural, diríamos hoy. Por eso en el primer número decía: “El objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos al Perú siempre dentro del panorama del mundo”. La revista se presentaba como parte del proyecto de construcción del socialismo en el Perú, junto a Labor, el periódico creado para los obreros y las distintas organizaciones que hubieran acogido el mito socialista. Duró 4 años y alcanzó a publicar 32 números. Articuló parte de la intelectualidad del continente, y publicó crítica literaria, análisis político, corrientes filosóficas, etc.

Era una revista con espíritu, parte de un proyecto. No era como las revistas académicas actuales que reproducen el paperfordismo y, con él, la mercantilización burda del conocimiento. Era una revista con claridad política, sin la asepsia ideológica y burocratil de las revistas actuales.       

El marxismo sui generis de Mariátegui.

Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, algo ecléctico, y sin el calado teórico al estilo de un Adorno, un Lukács, un Korsch, pero que rescataba el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y cuya mejor virtud era la capacidad para aplicar el método al análisis de la realidad concreta. Con acierto ha dicho el filósofo Pablo Guadarrama, que: “[ Mariátegui] no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo reino de los filósofos. No era su preocupación y no hizo esfuerzo especial por parecerse a ellos”. Esto se debe a que Mariátegui fue, ante todo, un autodidacta, un militante, un revolucionario, pero fue un auténtico genio, uno de esos frutos escasos de la historia, con una gran capacidad para “tomar fotos” de la realidad, para analizar lo que ocurría en el mundo. Su método “periodístico y cinematográfico”, como dice en 1925, en la Advertencia de su libro La escena contemporánea, está basado en la siguiente idea de Bergson:  

“Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento, para imitar lo característico del devenir mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, como de expresarlo o, incluso, de percibirlo no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”.

Creo que en esa capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, está su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo (visto de manera positiva) y de las fuentes de las que bebió. Él admiró a Sorel quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson; tomo elementos de Croce, de James, de Simmel y otros. En fin, asumió contenidos de los mal llamados “irracionalismos” (que prefiero llamar filosofías de la vida o Lebenphilosophie), los cuales también rescataron la interioridad humana sus pasiones, sus afectos, las emociones, y buscaron un humano más íntegro, sensible, espiritual. Las filosofías de la vida de la Europa finisecular contenían, también, una crítica de la cultura. Mariátegui asumió ideas vitalistas, como la crítica de la razón y el énfasis en la afectividad humana. Ahí veo uno de sus más interesantes aportes: el peruano entendió la dimensión afectiva de la política, comprendió que el mito (y su vitalismo intrínseco) puede ser usado tanto por el fascismo como por los revolucionarios socialistas. El suyo por eso es, strictu sensu, un marxismo vitalista.     

Ma parece importante, también, hablando de las fuentes marxistas de Mariátegui, no sobredimensionar las posibles influencias de Gramsci. En ellos se presenta, ciertamente, un pensamiento convergente, pero llegaron a ideas parecidas por vías diferentes. Si bien es cierto que ellos coincidieron en Livorno en 1921, según dice Héctor Alimonda, la obra más relevante de Gramsci, sus famosos Cuadernos de la cárcel, fue escrita después de 1926 cuando fue encarcelado. Para ese año Mariátegui ya residía en Perú tras su regreso en el año 1923. Es más, la obra importante de Gramsci fue conocida años después, tras 1945, por lo tanto, “Mariátegui sigue un camino independiente del recorrido por el historicismo marxista, son discursos homólogos, pero que se desconocen mutuamente”.

Todo esto es lo que hace de Mariátegui, justamente, un pensador creador, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había en Marx una filosofía de la historia o un determinismo histórico, pues esas posiciones las había superado el “último Marx” ya en la década de 1870.  Mariátegui no llegó a pensar, tampoco, que su papel en la historia fuera el de volverse custodio del pensamiento de Marx, sino que su tarea era medirlo, estrujarlo, repensarlo, en relación con la especificidad de las realidades históricas y geopolíticas. En eso consiste, también, su grandeza.

Referencias bibliográficas.

• Alimonda, Héctor. (2010). “Presentación: La tarea americana de José Carlos Mariátegui”. En Mariátegui, José. La tarea americana, (p. 11-29). Buenos Aires: Clacso, Prometeo.
• Bergson, Henry. (1973). La evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe.
• Gramsci, Antonio. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
• Guadarrama, Pablo. (2013) “La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”. En Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, (p. 233-248). Tomo III. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1967). En defensa del marxismo. 3ª ed. Lima: Biblioteca Amauta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1995). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.
• Mariátegui, José Carlos. (2010). En La tarea americana. (Alimonda, Héctor, ed). Buenos Aires: Prometeo, CLACSO. 
• Mariátegui, José Carlos. (2021). Antología. Selección, introducción y notas de Martín Bergel. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
• Marx, K. (1980). “Karl Marx a Vera Zasúlich”. En:  En Marx, K., y Engels, F. Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa, (p. 60-61). México: Cuadernos del pasado y el presente.
• Pachón, Damián. (2024). La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci. Bogotá: Desde abajo.
• Salazar Bondy, Augusto. (2015). “Un salvador de Mariátegui”. En Rojas, Joel et al. Repensar a Augusto Salazar Bondy. Homenaje a los 90 años de su nacimiento, (p. 58-63). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.

Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.

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“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.

De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.

Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.

Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.

El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.

“No hay política ambiental en Venezuela”

“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.

En ese régimen, dice Teran-Mantovani, se dio la “más clara destrucción de la política ambiental venezolana, que siempre estuvo subordinada a la industria petrolera y a los designios del petroEstado”. En ese sentido, el sociólogo precisa que durante décadas los impactos de la industria petrolera “fueron tremendos y se mantuvieron en una gran impunidad”.

Teran-Mantovani añade que esto ocurrió desde la llamada Cuarta República de Venezuela —desde 1958 hasta 1999—, que luego continuó en el periodo de Hugo Chávez (1999-2013) y se mantiene hasta hoy. “Hay una continuidad y queda claro que la política ambiental no es una prioridad para el Gobierno”.

Si bien Teran-Mantovani menciona que durante el Gobierno de Chávez surgió un discurso sobre el ecosocialismo y se “habló de un proyecto político con la naturaleza”, nada de ello se sustentó en la realidad. “La devastación que generó la industria petrolera, la deforestación, la contaminación por mercurio en la Amazonía, la impunidad en torno a los conflictos ambientales se mantuvieron de forma no solo permanente, sino intensa”.

Es más, para el investigador los problemas ambientales en Venezuela se agudizaron con la crisis política, económica y social que empezó en 2013, por tanto, “lo poco que hubo en relación a una política ambiental terminó destruida”.

En su análisis, el sociólogo venezolano acota que el Gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando los acuerdos económicos en la reorganización del país. “Es sacar más petróleo, acelerar los cambios legislativos para que sean favorables a las inversiones extranjeras y no a la protección ambiental ni a los intereses nacionales”, agrega.

“La continuidad de la que hablo se intensifica porque se formaliza la indolencia ambiental con las leyes que regulan claramente la liberalización y el favorecimiento del capital extranjero antes que la protección ambiental”, comenta Teran-Mantovani y agrega otro factor a su evaluación: la política estadounidense actual. “Trump ha sido muy claro en su política antiambiental en los Estados Unidos, en los acuerdos globales sobre el clima. Este factor es importante porque si la democracia ni siquiera está sobre la mesa, lo ambiental está oculto, ni se menciona”.

Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, también asegura que en Venezuela “no hay una política ambiental” y menciona que durante todo el período denominado bolivariano —que empieza con el gobierno de Chávez— había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que pasaba en términos ambientales en el país. “Eso ha sido una tendencia general a lo largo de estos casi 30 años que llevamos de este periodo”.

Álvarez dice que, en los últimos diez años, ha ocurrido una diferenciación cada vez mayor entre el discurso y la práctica, y menciona, específicamente, el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016. “Desde un inicio se sabía que iba a ser dañino para el ambiente, pero se presentó como un gran aporte social y económico y que iba a respetar completamente el tema fiscal y los derechos mineros”.

Otro tema que aborda Álvarez es la total inacción del Gobierno en temas climáticos. “Llevamos once años asegurando que se elaborará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hasta este momento no se concreta, mientras el 60 % de la población venezolana no tiene acceso al agua potable de manera regular”.

Álvarez agrega que el cambio de la ley de hidrocarburos es para permitir que empresas de Estados Unidos puedan operar con enorme facilidad. “Algunas personas en el país piensan que una empresa que en su país de origen, Estados Unidos, cumple con regulaciones ambientales posiblemente aplicaría lo mismo en Venezuela, pero yo no estoy seguro de eso, por dos razones: son empresas petroleras cuyo interés, para nada, es la protección ambiental y, adicionalmente, porque Donald Trump desprecia completamente cualquier regulación ambiental”.

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¿Hacia dónde va la política ambiental de Rodríguez?

Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, también se une a las voces que no ven cambios en las decisiones ambientales. “El único anuncio, digamos, oficial por parte de Delcy Rodríguez fue que aumentará la producción, obviamente, de petróleo, pero también de los minerales, aunque no está muy claro si el 30 % que ha anunciado es de oro o en general de la minería”, comenta sobre el reciente anuncio de la presidenta de Venezuela.

En ese sentido, Burelli cuestiona que la mandataria de Venezuela no mencionara “absolutamente nada sobre la minería ilegal”. Por el contrario, dice que “en las últimas semanas, todo sigue igual en las minas ilegales del sur de Venezuela, sigue llegando maquinaria pesada, siguen las dragas en los ríos, el flujo de gasolina a las minas, que es monopolio de las Fuerzas Armadas”.

Burelli habla de lo caótica que es la minería en el sur del país, “con pequeños mineros controlados por grupos armados organizados”, sin ningún respeto por las leyes ambientales ni atención a las condiciones de trabajo. “Cada vez estamos viendo más accidentes mineros porque hay más minería y más mineros trabajando en la zona en condiciones infrahumanas, sin ningún control», afirma.

Explica, además, que hasta que no haya un anuncio por parte del Gobierno de que van a empezar a limitar y cerrar las minas ilegales, «todo seguirá igual y no tenemos ninguna esperanza de que ocurran cambios”.

Burelli responsabiliza a Delcy Rodríguez por la política minera que existe en Venezuela porque la supervisión del arco minero ha estado bajo su responsabilidad cuando era ministra y vicepresidenta. “Ella ha permitido la cohabitación entre el Estado y los grupos armados organizados que controlan estas minas y que ejercen una gobernanza criminal en todas estas minas”.

Ella tiene responsabilidad directa, asegura Burelli, porque “conoce muy bien lo que está ocurriendo” en esa zona. Además, asegura que fue responsabilidad de Rodríguez que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tenía el encargo de visitar las minas en septiembre de 2022, no lograra su cometido. “Todos los años la Unesco pide que se defina una fecha para la visita, pero hasta hoy el Gobierno de Venezuela la sigue postergando”.

Para Burelli la política ambiental en Venezuela está impactada por el decreto del Arco Minero del Orinoco, una decisión que convirtió a la pequeña minería “en una máquina de extracción violenta patrocinada por el Estado y controlada por autoridades civiles y militares que se benefician de toda la cadena de suministro.

En ese sentido, la investigadora coincide en que Delcy Rodríguez está siguiendo la misma línea en política ambiental marcada por los gobiernos que la precedieron.

De acuerdo con el informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.

En un artículo publicado en Mongabay Latam, en octubre de 2025, se explica que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

Mongabay Latam contactó a miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los anuncios en temas de minería y petróleo, las decisiones en política ambiental y los problemas presentes en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Teran-Mantovani plantea algunos escenarios futuros de la política ambiental de Delcy Rodríguez. Por un lado, “que se mantenga una continuidad total con el autoritarismo, sin democracia y con el desastre ambiental”. Un segundo escenario apunta a “algunas medidas paliativas”, pero sin cuestionar el modelo o las políticas ambientales de fondo. Sin embargo, “podrían aparecer algunas medidas, más bien, cosméticas sobre lo ambiental para refrescar un poco la imagen en relación al medioambiente”.

El sociólogo piensa que Rodríguez podría intentar “un contraste con el Gobierno de Maduro” e iniciar algunas medidas ambientales que calmen las críticas nacionales e internacionales y muestren “una imagen más verde”, como un incentivo para que ingresen inversiones climáticas a Venezuela.

En ese camino, dice Teran-Mantovani, el Gobierno podría formalizar algunas minas en el Arco Minero del Orinoco y despejar un poco el crimen organizado para “dar una apariencia de un camino hacia la legalidad”, que ha sido parte de la propuesta de la oposición. “Esto ya estuvo sobre la mesa, incluso en grandes conferencias mineras, la propuesta que llevaba la oposición era: vengan, inviertan que nosotros vamos a garantizar todo”.

Estos son los dos escenarios que plantea el sociólogo, pero en ninguno de ellos vislumbra “una política ambiental que aborde la restauración del desastre ambiental que ha ocurrido en Venezuela”. Lo que le queda claro, sin embargo, es que continuarán los procesos de facilitación y de regulación para las inversiones petroleras y mineras.

Imagen principal: en las últimas semanas, la explotación minera y petrolera ha estado en la agenda de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Ariana Cubillos/AP.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A unos 4800 metros por encima del nivel del mar, el Cerro Rico sobrepasa la ciudad de Potosí, en el altiplano sur de Bolivia. Famoso por sus vastas reservas de plata, el Cerro Rico financió prácticamente por sí solo el Imperio español. En 1656, el autor Antonio de León Pinelo afirmó que los esclavos indígenas y africanos habían extraído suficiente plata para construir un puente desde Bolivia hasta Madrid.

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En su apogeo a principios del siglo XVII, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo, incluso más grande que Londres y Milán. Actualmente, la montaña, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, sigue siendo explotada por mineros asociados con 54 cooperativas de zinc, plomo, estaño y plata, y continúa impulsando la economía de la ciudad.

Ahora, plagada de túneles tras casi 500 años de minería informal, la parte superior de la montaña está al borde del colapso, lo que supone una amenaza para las aproximadamente 180 familias que viven en la montaña y los cerca de 10 000 mineros que trabajan allí, la mayoría de ellos indígenas quechuas.

“Todas las casas están rajadas porque todo se está hundiendo”, le dijo a Mongabay Silvia Mamani Armijo, de 34 años, quien vive en la montaña con sus tres hijos pequeños y trabaja como guardia de túnel minero. “Durante la temporada de lluvias, toda esta área puede derrumbarse”, agregó, señalando las rajaduras en las paredes de adobe de varias casas cercanas a la suya. “Muchísimas familias podrían morir”.

Los pequeños derrumbes han formado parte durante mucho tiempo de la vida en el Cerro Rico, cuyos siglos de minería, que se remontan a la fundación de la ciudad como puesto remoto colonial español en 1545, se han cobrado la vida de posiblemente 8 millones de mineros, según las estimaciones históricas. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el aumento de los precios de los minerales, las nuevas técnicas de extracción y la inestabilidad de una montaña ahuecada, estos derrumbes se han vuelto más frecuentes y graves.

En 2010, un derrumbe importante cerca del pico de la montaña fue el primero de muchos. En 2014, la UNESCO agregó el Cerro Rico y Potosí a su lista de sitios patrimonio mundial en peligro, citando el riesgo que “las operaciones mineras continuas y no controladas” representan para la zona.

El derrumbe del Cerro Rico

En lo que respecta a las montañas, es difícil calcular la altura del Cerro Rico. Actualmente se cree que tiene una altura aproximada de 4753 metros, casi 250 metros menos que la altura original estimada antes de que comenzara la explotación minera española en el siglo XVI. “Probablemente se desplome otros 10 o 20 metros”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica Freddy Llanos, un ingeniero en minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí y miembro de la comisión técnica de conservación del Cerro Rico. “Terminará siendo un cono truncado”, agregó.

Como resultado de su mineralogía singular y la explotación brutal del trabajo esclavo a manos de los colonizadores españoles, las riquezas del Cerro Rico fueron clave para impulsar el capitalismo mundial. “La riqueza del Cerro Rico generó la globalización de la economía mundial”, afirmó Llanos. “Durante la época colonial, las ganancias fueron a Europa a través de España y, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro estaño respaldó el esfuerzo bélico”.

A pesar de tener riqueza en minerales, el departamento de Potosí es uno de los más pobres de Bolivia. “La gente venía a Potosí, se enriquecía y se marchaba”, le dijo a Mongabay Hernán Ríos Montero, geólogo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y explicó que el capital que no se iba del país se iba a ciudades vecinas. Tras 480 años de extracción informal y falta de inversión para preservar la montaña, la minería continúa, y la montaña está atravesada por innumerables túneles y se está volviendo cada vez más inestable.

La intensificación de la actividad minera también ha acelerado el derrumbe del Cerro Rico. En septiembre, la compañía minera estatal COMIBOL informó que aproximadamente 30 000 mineros trabajan actualmente en la montaña, un aumento pronunciado de los 20 000 informados por las autoridades mineras en 2024 y los 12 000 en 2023.

Mario Caro, un periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que las cifras informadas por COMIBOL están infladas para aumentar el poder político del sector minero, y estimó que la cifra real ronda los 10 000, aunque reconoció que la actividad minera está aumentando.

El aumento repentino en la actividad minera está impulsado por los altos precios de los minerales, con la plata cotizando a niveles casi históricos en 2025. El aumento de la demanda mundial de paneles solares, que dependen de la plata, y de aerogeneradores, cuya fabricación requiere zinc, ha contribuido al reciente aumento de los precios. “Mientras nosotros nos llevamos la peor parte del botín y la explotación, son otros países los que hablan de una transición”, le comentó a Mongabay Alfredo Zaconeta, investigador en minería de la organización boliviana sin fines de lucro CEDLA.

La minería en el Cerro Rico está en manos de muchas cooperativas que operan de forma independiente y los trabajadores se juntan en masa en las minas cuando los precios están elevados. Aunque el trabajo es peligroso, los mineros pueden ganar mucho más que en la mayoría de las demás profesiones.

Los cambios en la tecnología minera también han llevado a más derrumbes. “En aquel entonces, había que tomar la broca y el martillo, cavar un agujero a mano y luego cargarlo con dinamita”, explicó a Mongabay Basilio Vargas, de 35 años, minero desde los 11. Hoy, los taladros neumáticos permiten a los mineros trabajar mucho más rápido y llenar un camión volquete de 20 toneladas en pocos días, un trabajo que anteriormente tomaba entre tres y cuatro semanas. Vargas y su familia aparecieron en un documental de 2005 sobre mineros menores de edad en Potosí, y comentó que la casa que se muestra en la película desapareció luego de que la tierra debajo de ella cediera. “Cada año hay más y más derrumbes”, afirmó.

Si bien la mayor parte de la riqueza temprana del Cerro Rico provenía de vetas de plata pura, estos yacimientos ahora están prácticamente agotados. En su lugar, los mineros ahora extraen grandes volúmenes de minerales distribuidos en pequeñas concentraciones por toda la roca, lo que les exige extraer más mena -el material natural del que se pueden extraer minerales o metales- para generar ganancias. Los mineros luego venden la mena a la Empresa Minera Manquiri, que opera una planta de procesamiento que tritura y lixivia el mineral para recuperar los metales.

Según Ríos Montero y Zaconeta, la tecnología de lixiviado ha contribuido al derrumbe de la montaña al aumentar el volumen de los materiales extraídos de ella.

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Aunque resulten problemáticos para conservar la montaña, los derrumbes son beneficiosos para las cooperativas mineras y las refinerías como Manquiri, dijo Zaconeta, y señaló que estos tienen la misma función que la dinamita. “Si se produce un derrumbe natural, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que las cooperativas pueden recolectar directamente el material del derrumbe”, afirmó.

Manquiri y su empresa matriz canadiense, Andean Precious Metals, que los mineros y expertos dicen que contribuyen a impulsar la demanda de minerales diseminados vinculados con los derrumbes de la montaña, no respondieron a las solicitudes reiteradas de comentarios de Mongabay.

Efectos en la comunidad

Al 3 de octubre, 96 personas habían muerto mientras se encontraban trabajando en la explotación minera en el departamento de Potosí en 2025, de las cuales al menos 90 murieron dentro del Cerro Rico, según datos no publicados de la policía. Mario Caro, el periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que muchas muertes no se informan y observó que las tasas de mortalidad de 2025 han sido superiores a las de años anteriores.

La mayoría de quienes murieron eran hombres, pero las mujeres también están en riesgo, en tanto el aumento de la actividad minera les da más trabajo en las minas o en torno a ellas. Como guardabocaminas, Silvia Mamani Armijo y su madre, Lucía Armijo, defienden los túneles de minas de los ladrones, con poco más que perros y dinamita, que encienden y lanzan a posibles intrusos.

Estas mujeres viven en las entradas de las minas, a menudo sin electricidad ni agua potable, y ganan entre 500 y 1000 bolivianos al mes (unos 72-145 dólares al tipo de cambio oficial), o aproximadamente entre el 18 % y el 36 % del salario mínimo en Bolivia. También venden algo de desechos minerales de las minas para complementar sus ingresos. Si se produce un robo, los jefes de las cooperativas suelen deducir las pérdidas de sus salarios.

“Vivir en la montaña no es agradable”, le dijo a Mongabay Lucía Armijo, de 51 años, que ha sido guardabocamina en el Cerro Rico durante más de 30 años. “Durante la temporada de lluvias hay que preocuparse por si alguna parte de la montaña se derrumba, por si ocurre cualquier cosa”, agregó mientras pasaba por la zona donde una vez se encontraba la casa de su hija Claudia, antes de que se derrumbara. “¿Adónde irán nuestros hijos y nietos, dónde trabajarán? En Potosí no hay ni siquiera una fábrica”.

Armijo, que al igual que muchos potosinos habla quechua como lengua materna, dijo que los peligros de vivir en el Cerro Rico exceden su inestabilidad estructural. “Ese polvo… Mira adónde va”, dijo mientras una ráfaga de viento soplaba por la montaña. “Va directo a nuestras habitaciones, es horrible”. Sin agua potable en la montaña, la cooperativa minera que emplea a Armijo llena periódicamente unos grandes barriles de metal con agua que, cuando se contamina con polvo de la minería, les provoca diarrea frecuente a ella y a sus hijos, asegura.

La violencia sexual y las prácticas laborales explotadoras, a menudo ilegales, también son comunes para las mujeres que trabajan en el Cerro Rico, le dijo a Mongabay Paulina Ibeth Garabito Ovando, fundadora de MUSOL, una organización que apoya a las mujeres en el sector minero de Potosí.

Los efectos del derrumbe del Cerro Rico van más allá de lo material. Como reliquia de la historia colonial, el pico sigue siendo un poderoso símbolo de identidad y orgullo para los potosinos y los bolivianos en general. Su silueta domina el horizonte local y figura de forma destacada en la iconografía nacional, desde el escudo de armas del país hasta los billetes.

“Puntita era pues”, le dijo Petrona Santos Mamani, de 82 años, a Mongabay, recordando la forma de la montaña en su infancia. “Es un símbolo de Bolivia y ahora está roto”, dijo la mujer que pasó su vida adulta trabajando como palliri, palabra quechua que se usa para describir a las mujeres mineras que trituran manualmente rocas fuera de los túneles en busca de minerales. “Me duele ver el Cerro así, me dan ganas de llorar”.

Santos Mamani participó en una acción en 1996 cuando más de 250 palliris ocuparon la cima del Cerro Rico para protestar por la explotación insostenible de la montaña impulsada por una empresa de refinería propiedad del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las palliris están considerando actualmente otra acción colectiva para exigir la preservación del símbolo nacional.

A Santos Mamani le preocupa aún más que parece probable que las mismas tendencias que enriquecieron a Europa con escasos beneficios para las comunidades bolivianas productoras de materias primas continúen en otras partes del departamento de Potosí, ya que el Gobierno boliviano firmó recientemente contratos de minería de litio con dos empresas extranjeras.

¿Qué le depara el futuro al Cerro Rico?

Los esfuerzos por preservar la cumbre histórica han sido lentos y han contado con fondos insuficientes. En 2022, un tribunal de Potosí ordenó a COMIBOL cerrar todas las entradas de las minas por encima de los 4400 metros y trasladarlas a terrenos más bajos y estables en un esfuerzo por preservar la montaña y permitir que las operaciones mineras continúen de manera segura.

Sin embargo, tres años después, la reubicación sigue sin terminar, retrasada por la resistencia de las cooperativas mineras que ven la medida como una amenaza para sus resultados, dado que las mayores concentraciones de minerales se encuentran cerca de la cima de la montaña. “Ojalá a las autoridades les importara”, dijo Mamani Armijo, y agregó que teme que su casa y la mina que custodia puedan derrumbarse. “Muchas familias trabajan aquí”.

Según Zaconeta y otros expertos, la estrecha alianza entre las cooperativas mineras y el Gobierno boliviano durante los últimos 20 años también ha contribuido a desacelerar los esfuerzos de conservación. “Lo que han logrado es un alto grado de permisividad”, dijo.

Aunque el departamento de Potosí es rico en minerales, Llanos dijo que las autoridades mineras del Gobierno no han emprendido la exploración necesaria para encontrar nuevos yacimientos, lo que haría más viable la orden judicial para que COMIBOL traslade las entradas de las minas. “Seguimos explotando minerales de los mismos yacimientos que se conocían en la época colonial”, afirmó.

En septiembre, un tribunal ordenó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura; del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo Fernández; y del gerente regional de COMIBOL en Potosí, Iván Guillermo Fuentes, hasta que cumplieran con órdenes previas para preservar la estructura del pico. Les dio 31 días para demostrar avances.

En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Pardo Fernández defendió la labor de la empresa minera estatal para preservar la montaña y afirmó que se tomarían “medidas drásticas” para acelerar el cierre de las entradas de las minas por encima de los 4400 metros.

A principios de octubre, COMIBOL y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) instauraron restricciones que permiten la minería solo durante el día y solo en días laborables, y prohíben el uso de maquinaria pesada por encima de los 4400 metros.

Santos Laura también dijo en una conferencia de prensa: “Hemos completado más del 60 %” del trabajo para trasladar las entradas de las minas: se han cerrado 20 minas por encima de los 4400 metros y quedan otras 10. Durante una marcha minera, el presidente de FEDECOMIN, Óscar Chavarría, declaró a los periodistas que los mineros estarían dispuestos a dejar de trabajar en el Cerro Rico si las autoridades les otorgaran concesiones para explotar yacimientos en otros lugares, y les dio a los funcionarios 30 días para que respondieran a sus demandas.

Caro dijo que duda de que el cierre de las cuentas bancarias de los funcionarios obligue a COMIBOL a priorizar el traslado de las entradas de las minas y señaló que solo se habían cerrado las cuentas bancarias personales de las autoridades mineras. “Les llega dinero de todas partes”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica.

Tras hablar con El País en julio sobre el proceso de traslado de la mina, un portavoz de COMIBOL declaró a Mongabay que la empresa minera estatal ya no concede entrevistas sobre el Cerro Rico.

Llanos y sus colegas han propuesto una iniciativa para reforzar la cima con hormigón y acero, lo que impediría a los mineros excavar túneles hacia arriba y fortalecería la estructura del pico. No obstante, ante la falta de 3.5 millones de dólares de financiación en medio de una crisis económica cada vez más profunda, hay quienes temen que el proyecto nunca se complete, una realidad que Llanos encuentra irónica.

“Nunca podremos saber con exactitud cuántos miles de millones de dólares ha generado, y sigue generando, el Cerro Rico de Potosí”, afirmó. “Debería ser una obligación moral y material devolverle al Cerro, no sé, el 0.00001 % de las divisas que generó durante siglos”.

A principios de octubre, el gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa Gutiérrez, mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales, líderes cívicos y cooperativas mineras, en la que firmaron un acuerdo para apoyar la iniciativa de Llanos.

Si bien estos avances son importantes, “todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Zaconeta, ya que estabilizar la montaña requeriría una financiación significativa y voluntad política. Freddy Llanos dijo que ve estos avances como esperanzadores y espera reunirse con autoridades gubernamentales locales y departamentales en las próximas semanas para analizar detalles técnicos y el potencial de financiamiento.

“El problema que enfrenta el Cerro Rico es un problema del mundo entero, ya que de una u otra forma, el mundo se ha beneficiado de sus riquezas”, afirmó. “Debe resolverse con urgencia”.

Imagen destacada: la montaña Cerro Rico, situada sobre la ciudad de Potosí, Bolivia. Foto: Benjamin Swift

El artículo original fue publicado por Benjamin Swift en la edición en inglés de Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

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Su lema era su principal promesa de campaña: “Colombianos jijuepuercas: Tenemos la obligación de trabajar juntos por este moridero para hacerlo cada día más grande”. Pero el tiempo no le alcanzó para gruñir desde la Casa de Nariño.  

Se murió Carlos Molina, el querido Cerdo, el personaje de la Tele Letal y El Siguiente Programa, amigo de Doña Anciana, Martín De Francisco y Santiago Moure. El país no le rindió los homenajes que merecía por ser una colombiano auténtico, el hombre que quiso gobernarnos; aunque no llegó ni a ministro, nos hizo reír bastante, con lo cual podemos decir que fue, por mucho, mejor que tanto presidente mediocre, cuyo principal mérito fue darle trabajo al gremio de los caricaturistas.  

Cerdo representaba al genuino hombre de la calle, el colombiano de a pie, el que lleva del bulto gracias a la clase política, de la que forman parte personas como Jota Pe Hernández, el rey del bochinche, ese que con sus escándalos intermitentes, ya es un exponente de una clase política guache y bochinchera, que confunde el Capitolio Nacional con una chichería cada que se le da la gana.  

No sé de qué me aterro si Jota Pe tiene acostumbrado al país a sus arrecheras verbales. Ofende, eso sí, que al personaje le paguen $50 millones al mes por ofrecer esta clase de espectáculos bochornosos; mal contados son $2.400 millones en los cuatro años. Un colombiano asalariado necesita trabajar durante 123 años para ganarse esa fortuna. O sea, nunca jamás se los ganará en esta vida.

Por si no lo sabían, en agosto de 2024 el congresista fue elegido presidente de la Comisión de Ética del Senado. ¡Plop!

Menos mal nuestro Cerdo tampoco se convirtió en Padre de la Patria, porque allá, en el recinto (¿sagrado alguna vez?) del Congreso de la República, la competencia está tan brava, que un día de estos no se les haga extraño si un vergajo de esos le saca cuchillo a otro antes, durante o después de sesiones. O en los pasillos, como ocurrió esta vez.

“Si me tengo que morir, me muero, compadre, pero usted no me toca… (…) Si nos van a matar vengan que acá los esperamos (…) Míreme a los ojos, conmigo se equivoca (…) ¡Qué…! ¡Qué…! ¡Qué…! ¡Qué…!”, gritaba un energúmeno legislador Jota Pe Hernández, miembro del “glorioso” Partido Alianza Verde, al que todavía no le han terminado de sacar cuentas por la cuota de corrupción que aportó en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

A Hernández sólo le faltó rematar con la frase típica del matón de barrio: “A la salida nos vemos”. Parecía ebrio o embrutecido por alguna extraña sustancia. Casi en simultánea otra gresca ocurría el mismo miércoles en el Senado de México con un “no me toques” y amenazas de muerte de por medio.   

Personajes como el congresista santandereano Jota Pe Hernández son la prueba de que cada cierto tiempo la política es la porqueriza de nuestra muy patética realidad nacional.

Había que verlo salido de los chiros (qué pena, pero aquí no cabe otro lenguaje), que por un momento quise preguntar a cómo están el tomate y cebolla en el Capitolio Nacional. Pero no, no hagamos comparaciones odiosas, porque en la plaza de mercado, cualquiera sea, está la gente verdaderamente humilde, honrada y decente de este país. 

Lo peor no es que nuestro Cerdo aspirara a gobernar “esta cochinada”, como lo dijo en campaña. Lo peor es que en la política real haya especímenes de carne y hueso con el delirio de ser presidentes de la República. El señor Jota Pe Hernández, por ejemplo, figura en el tarjetón de posibles presidenciables, hágame el bendito favor, con hache y con pe.

Como colombiano siento vergüenza de este legislador y de este Congreso. ¿A qué hora el país eligió a un personaje grotesco y desagradable en su conducta? Un gamín, un patán de los que se comportan ordinario y grosero. ¿En serio dónde quedó la dignidad del cargo?

Se murió nuestro Cerdo y no hubo ni medio día de duelo para él. Pidamos al cielo –o al infierno, ¡qué más da!- que no muera el humor, porque es el único antídoto para soportar a tanto político vulgar.  

Paz en la tumba del actor Carlos Molina. En un país hastiado de la violencia de las palabras, ojalá un fallo de la Corte Suprema de Justicia tumbe al influencer por su conducta indecorosa y altanera, Gente así, que actúa a las patada, merece más que una sanción social.

El avance de la deforestación en el piedemonte amazónico es uno de los conflictos socioambientales con mayor impacto en las comunidades locales, al provocar la pérdida de sus medios de vida y la disputa por el acceso a la tierra y recursos en sus territorios. La complejidad de este problema se mantiene a lo largo del tiempo y responde a múltiples factores, entre ellos el recrudecimiento del conflicto armado, la expansión de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y la construcción de infraestructura sin permisos.

Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones orientadas a reducir las cifras de deforestación en la Amazonía. Según la actualización de cifras de monitoreo de la superficie del bosque 2024 del IDEAM-MADS, entre las principales medidas implementadas se encuentran la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes realizan actividades ilegales de deforestación, el despliegue de operativos militares y policiales para reforzar la vigilancia y el control territorial, y el apoyo a proyectos productivos sostenibles dirigidos a las comunidades locales de la Amazonía.

Estas medidas contribuyeron a una reducción del 38 % en la deforestación de la Amazonía entre 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se registró un repunte del 43 % en la deforestación a nivel nacional, alcanzando las 113.608 hectáreas, de las cuales aproximadamente 77.124 se concentraron en la región amazónica, con un  68 % del total. Este aumento afectó principalmente a los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde persisten múltiples presiones sobre el bosque, como la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y el recrudecimiento del conflicto armado.

En este contexto, Cartagena del Chairá, ubicado en el departamento de Caquetá, destaca no solo por ser uno de los municipios más extensos de la Amazonía colombiana, sino también por haberse convertido en uno de los principales focos de deforestación del país durante la última década. De acuerdo con cifras recientes,Cartagena del Chairá fue catalogado como el municipio con mayor superficie deforestada del país, con un total de 10.375 hectáreas. Esta situación refleja la gravedad del avance de la pérdida de selva en el piedemonte amazónico, región que, según  las cifras del gobierno, presentó un incremento del 43 % en la deforestación entre 2023 y 2024. La deforestación en Colombia aumentó un 43% entre 2023 y 2024 .

Frente a este panorama, este documento profundiza en las propuestas y acciones impulsadas por la sociedad civil, que desde sus capacidades y niveles de organización ha desarrollado iniciativas productivas sostenibles, mecanismos de monitoreo comunitario y esquemas de gobernanza territorial. Estas acciones han demostrado ser complementarias y fundamentales para contener la deforestación, y muestran un camino promisorio hacia modelos económicos más sostenibles y arraigados en las realidades locales de la Amazonía.

Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones para reducir las cifras de deforestación en el piedemonte amazónico. Para atenderlo, se han desplegado diversas acciones que van desde sanciones a quienes deforestan, intervención  militar, modelos que incluyen incentivos económicos. A la par, la sociedad civil, que ha apostado desde sus capacidades y alcances ha realizado desde su propia autogestión alternativas productivas para transitar hacía modelos económicos más sostenibles.

Problemática en Cartagena del Chairá

En 2024, la deforestación en la Amazonía colombiana volvió a incrementarse. El departamento de Caquetá registró una pérdida de 22.837 hectáreas, consolidándose como el segundo con mayor superficie deforestada del país. Cartagena del Chairá reportó el 45 % del total del departamento. Estas cifras evidencian que las respuestas dadas por el Estado no han logrado atender las causas reales de la conflictividad socio ambiental ni han perdurado en el tiempo como soluciones efectivas.

Si bien es importante reconocer los avances en marcos legales y las iniciativas de transición productiva impulsadas desde el Estado para enfrentar la deforestación, estas acciones han resultado insuficientes frente a la complejidad del problema. Las sanciones aplicadas como multas elevadas, decomisos, destrucción de cultivos o judicializaciones por ocupación de tierras y delitos ambientales recaen desproporcionadamente sobre familias campesinas en situación de alta vulnerabilidad. En muchos casos, estas medidas se imponen sin ofrecer alternativas viables que les permitan permanecer en sus territorios, y terminan siendo costosas en términos logísticos y presupuestales, sin lograr resultados duraderos ni efectivos en términos ambientales ni sociales.

Como respuesta a esta situación, el campesinado de Cartagena del Chairá ha venido organizándose desde 2021 para denunciar la criminalización injusta de quienes buscan proteger el bosque. A través de movilizaciones pacíficas, lograron la creación de la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, espacio desde el cual, se construyó una agenda para exigir soluciones estructurales: la revisión de la política de captura como mecanismo principal frente a la deforestación, la participación en procesos de zonificación ambiental y el reconocimiento de los derechos territoriales del campesinado, como respuestas reales frente a las causas de fondo de la deforestación en el territorio.

En este contexto, las causas estructurales de la deforestación identificadas por el propio Estado persisten sin contención efectiva. Entre estas se destacan el acaparamiento de tierras, la expansión de la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y, de manera creciente, el recrudecimiento del conflicto armado. Este último ha intensificado el control de actores armados ilegales sobre zonas estratégicas, facilitando la consolidación de economías ilícitas, la apropiación violenta de tierras y el deterioro del tejido comunitario.

Estas dinámicas han agravado la informalidad en la tenencia de la tierra y han impulsado la expansión continua de la frontera agrícola. En territorios como Cartagena del Chairá, la presión sobre los bosques se ha profundizado debido a la presencia activa de grupos armados que regulan el uso del suelo, imponen restricciones de movilidad, promueven la ganadería ilegal y protegen la construcción de infraestructura no autorizada. Este control territorial impide no solo la acción del Estado, sino también la implementación efectiva de políticas públicas para la conservación ambiental y el fortalecimiento de los derechos del campesinado. 

Lejos de consolidarse una reducción sostenida en las tasas de deforestación, el panorama actual muestra una profundización de los riesgos sociales, económicos y ecológicos, con impactos directos sobre las comunidades locales y los ecosistemas amazónicos.

Acciones comunitarias para enfrentar la deforestación

Como apuesta por frenar los focos de deforestación y dar respuesta a los conflictos socioambientales en el territorio. La Asociación Ambiente y Sociedad y ASOJUNTAS de Cartagena del Chairá, han retomado desde inicios de 2024 las líneas de la Mesa de Concertación Agroambiental. Dicha agenda contempló tres líneas de trabajo: i) Acceso y derecho a la tierra ii) Respeto a los DDHH iii) Generación de alternativas de reconversión productiva que tengan en cuenta la economía campesina.

Desde el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá, estructura comunal organizada, resultado de las iniciativas autónomas de las comunidades campesinas que representan las Juntas de Acción Comunal, se ha realizado acompañamiento a la reconversión productiva y generación de alternativas económicas (Ver Figura 1). 

A través del proyecto Soluciones Apropiadas, se ha impulsado a 33 familias y su propuesta comunitaria enfocada en acciones culturalmente apropiadas para el territorio, por medio de subsistemas productivos de semillas locales como caña regional caqueteña, plátano, yuca y la implementación de sistemas de producción agroforestal que combina la producción de pasto con las especies forestales del territorio.

Figura 1. Organización núcleos comunales Cartagena del Chairá.

Esta apuesta comunitaria se ha materializado en la propuesta de una finca modelo replicable para los predios de las 33 familias y una granja integral sostenible de construcción colectiva. La tecnificación de estas acciones y el fortalecimiento del tejido organizativo y productivo de las familias, ha permitido posicionar dos iniciativas que han logrado fortalecer la economía campesina, proteger el bosque y acciones que contribuyan al reconocimiento del campesinado como defensores de la naturaleza.

“Ganarle espacio al pasto”, como primera iniciativa autogestionada por la comunidad, ha logrado frenar la expansión ganadera como principal motor de deforestación en el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá y posicionar un modelo en el que es posible la convivencia de la ganadería con el bosque amazónico. Como segunda iniciativa, la granja integral ha permitido el intercambio vecinal de semillas locales y la generación de bioinsumos que reduzcan el gasto para el mantenimiento de los cultivos de subsistencia de las familias, logrando reducir las afectaciones a la naturaleza por el uso indiscriminado de productos químicos para la expansión agrícola. 

Estas iniciativas han permitido fortalecer un sistema con enfoque comunitario y sostenible, aportando capacidades técnicas e insumos con bajo impacto ambiental, que con el tiempo se espera contribuyan a promover la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias.

Resultados del proyecto

A pesar del contexto adverso marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales de Caquetá, las acciones comunitarias lideradas por el campesinado organizado de Cartagena del Chairá han logrado mantenerse y fortalecerse. La estructura comunal del Núcleo 5, junto con organizaciones como ASOJUNTAS, ha demostrado que la autogestión territorial, el conocimiento profundo del entorno y el arraigo a la tierra pueden sostener iniciativas ambientales aún en medio de la presión de actores armados y dinámicas de violencia. 

Lejos de detener las actividades del proyecto, estas comunidades han resistido a las imposiciones y controles territoriales y han posicionado propuestas propias que articulan la defensa del bosque con el fortalecimiento de la economía campesina. 

Esta continuidad ha sido posible gracias a la legitimidad social que tienen sus formas organizativas, al desarrollo de estrategias colectivas de seguridad comunitaria y a la capacidad de generar soluciones adaptadas al territorio. Así, las experiencias del campesinado chairense reafirman que la construcción de propuestas ambientales sólo serán posibles si se parte del reconocimiento del campesinado como actor político clave en la gobernanza territorial y en la lucha contra la deforestación.

Como resultados ambientales, el proyecto ha logrado mantener durante 18 meses similitudes en la cobertura boscosa en los predios de las 33 familias que participan en el proyecto. El área total de los predios es de 1431.5 hectáreas, con un área de bosque que se ha mantenido en pie de 301.5 hectáreas. El mantenimiento de la cobertura del bosque y cuidado territorial, han sido posibles por el compromiso de la comunidad a través del fortalecimiento de las iniciativas que han aportado alternativas económicas, la reducción de costos para la transformación de productos y nuevos canales de comercialización locales que proveen a las familias del proyecto de recursos permanentes.

Hasta el momento se han impulsado: i) 28 modelos silvopastoriles ii) 10 subsistemas de avicultura y 6 piscicultura  iii) 11 policultivos. 

Conclusiones

Para que se consolide una tendencia de disminución de las cifras de deforestación y sean   transformadas sus causas y agentes, es necesario incorporar en la agenda pública los modelos de gobernanza ambientales del campesinado y que este sujeto sea incluido de forma efectiva en los espacios de toma de decisión territoriales.

Como se visibilizó en este documento, las iniciativas desde las organizaciones campesinas que cuentan con reconocimiento y acompañamiento en la generación de capacidades técnicas para el fortalecimiento de sus modelos productivos, logran contrarrestar localmente las causas de la deforestación. Sin embargo, para que estas acciones sean replicables y tengan una mayor escalabilidad, es necesario el reconocimiento por parte de la institucionalidad pública al campesinado como actor fundamental para el cuidado de la naturaleza y de la interlocución para propiciar soluciones a mediano y largo plazo.

Desde la Asociación Ambiente y Sociedad, señalamos la necesidad de continuar el proceso de ajuste e integración de las iniciativas comunitarias en beneficio mismo del territorio desde los saberes, sentires y aspiraciones del campesinado que lo habita. Este proceso deberá conducir a dinámicas de arraigo y permanencia, como garantías para el cuidado del territorio y la conservación de la naturaleza.

La vida política de Álvaro Uribe está iluminada y ensombrecida por numerosas paradojas. El origen de las mismas se encuentra en su reducción de la política a un combate irreductible e interminable del bien contra el mal. De la virtud y el honor, que asume representar y encarnar personalmente, contra la ignominia y el deshonor de todos sus adversarios. Por eso se proclama como un demócrata integral predestinado a combatir sin tregua el terrorismo, que ahora denomina “neocomunismo”, en su afán por deslegitimar el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia. De esta forma, el expresidente politiza la justicia y la traslada a la arena política, confiando en que la pasión de sus seguidores prevalecerá sobre la razón, el debido proceso y las pruebas legalmente allegadas en su contra. Pruebas aportadas desde el comienzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con este proceder Uribe profundiza el trasfondo del asunto que es, sin duda, un pulso entre el poder y la verdad judicial, desafiadas y confrontadas por su poder y verdad política como líder carismático. Un líder que se considera no solo intocable sino irreprochable, revestido de una superioridad moral que nadie puede poner en duda, así toda su vida pública haya estado circundada de sombras y escándalos, como los reseñados en la primera parte de este artículo[i]. Por eso es un político paradójico que hoy vive una encrucijada, ya no del alma como cuando dudaba presentarse a la reelección del 2006, sino política y judicialmente, que lo tiene recluido en su propio domicilio. Una encrucijada desatada por él mismo al acusar al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito de manipulación de testigos[ii]. Denuncia que, paradójicamente, se volvió en su contra y lo condujo, por ahora, a su reclusión domiciliaria.

Uribe, un político paradójico

En el origen de esta paradoja política y judicial, todavía en curso, se encuentran las ambiguas y públicas relaciones del candidato Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Relaciones que datan de su primera candidatura a la presidencia de la República en el 2002. Ambiguas, puesto que durante esa campaña no rechazó categóricamente el apoyo que le brindaban dichos grupos paramilitares en las regiones que controlaban. Respaldo posteriormente reconocido por varios de sus comandantes, entre ellos Salvatore Mancuso, en entrevista con la W Radio: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”. Todavía más categórico fue Mancuso en la última entrevista concedida al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo.  A la pregunta sobre la relación electoral entre las AUC y la campaña presidencial del 2002 de Álvaro Uribe, respondió: “Claro de que éramos conscientes de que las votaciones nuestras estaban apoyando al presidente Uribe, porque los conceptos ideológicos de Uribe en cuanto al tema de la seguridad, en nada riñen con los que nosotros teníamos en la zona, parecido a lo que implementamos en las regiones”. Y a la pregunta: “¿Sin ustedes, Álvaro Uribe hubiera sido presidente de Colombia?, respondió: “No creo, porque las personas que están en esas zonas de autodefensa tienen una ideología en cuanto a seguridad nacional, parecida a la seguridad democrática que estaba exponiendo Uribe. Por supuesto que les dijimos a nuestras comunidades, aquellas que nos eran afectas y que dependían de nosotros, como un estado en gestación que éramos, a nuestros líderes, a nuestras bases y a nuestros simpatizantes, que votaran por ese candidato ya que engranaba perfectamente con nuestras ideologías políticas. (Giraldo, “Las comadres de la Parapolítica”, 2008, p. 403).

Los Paras en el Congreso

Esa identidad ideológica y también contrainsurgente tendría un respaldo del mismo presidente Uribe, cuando facilitó la presencia de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004 en compañía de Iván Roberto Duque (alias, Ernesto Báez, ya fallecido) y Ramón Isaza, según lo relatado por las congresistas Eleonora Pineda[iii] y Rocío Arias[iv], al periodista Juan Carlos Giraldo, como aparece en las páginas 178 y 181, de su libro “Las comadres de la parapolítica”: “Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran”. En efecto, estuvieron en el Congreso exponiendo la necesidad de una ley para su desmovilización y avanzar en firme en un proceso de paz, elocuentemente expresada así por Mancuso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros”. Dicho discurso fue el preámbulo de la ley 975 de 2005[v], más conocida como ley de “Justicia y Paz”, que no logró ni lo uno ni lo otro, pues dichos grupos se reciclaron y mutaron en otros similares, cuyo máximo heredero es hoy el temible “Ejército Gaitanista de Colombia”, con el cual el presidente Petro acaba de iniciar conversaciones en el exterior para su desmovilización[vi].

Los Paras sediciosos

Lo más sorprendente de la ley 975 es que el artículo 71, avalado por el Ejecutivo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pues pretendía que se reconociera a los miembros de grupos paramilitares como delincuentes políticos. Dicho artículo consideraba que sus acciones criminales eran propias del “delito de sedición”, semejante al cometido por los grupos guerrilleros contra la fuerza pública y las autoridades regionales. Aunque estos grupos paramilitares no hubieran incurrido en acciones delictivas semejantes, pues fueron los responsables del mayor número de masacres cometidas contra la población civil, dejando un total de “205.028 víctimas mortales (45%) frente a 122.813 víctimas (27 %) de los grupos guerrilleros”, según las cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad[vii]. De no haber sido declarado dicho artículo inexequible por la Corte Constitucional, artículo respaldado por el Ejecutivo como expresión de favorabilidad política, nunca hubiese sido posible la extradición de los comandantes paramilitares, puesto que los delincuentes políticos solo pueden ser juzgados por el Estado del cual son nacionales en tanto sus delitos se han cometido en su territorio y contra sus autoridades. Esa extradición tuvo lugar quince días después de que Mancuso revelará en entrevista al periodista Juan Carlos Giraldo, reportero judicial del noticiero de RCN que veía: “a todos los políticos de la Nación como personas importantes para la causa que teníamos, que el objetivo primordial era la consecución de la paz” y que por ello “habían infiltrado todas las instancias de poder”, como puede verse en la siguiente emisión central de RCN del 28 de abril de 2008[viii].

Extradición de la verdad

De allí, que el entonces presidente Uribe haya extraditado mucho más que la cúpula de los paramilitares, también extraditó la verdad sobre las relaciones de estos con numerosos políticos regionales y nacionales. Relación que nos revelaría parcialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y luego la misma Fiscalía con la investigación de la “parapolítica”[ix], que llevaría a la cárcel a numerosos congresistas, según el siguiente informe de “La curul a la cárcel”[x] del portal Verdad Abierta. Por último, como bien lo resalta el profesor Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas: Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015”, de: “los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos. Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) había declarado públicamente que su organización pretendía elegir el 35 por ciento del Congreso. Los condenados finalmente fueron el 18.9 por ciento, otros se quedaron camuflados o los brazos de la justicia no alcanzaron a llegar a ellos. Como se mencionó, este y otros jefes paramilitares, así como ex congresistas y ex candidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales (Duque, 2017, p. 299)”. Es justamente a ese entramado cacocrático de congresistas que el 29 de noviembre de 2006 el presidente Uribe, en una asamblea de la Federación Nacional de Cafeteros, se dirigió en estos términos: “Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”[xi]. Una petición que oculta de cuerpo entero, como una inmensa sombra, la luz de rectitud y virtud que pretendió proyectar con su famosa consigna de “lucha contra la corrupción y la politiquería”. Sombra que se extendería aún más con sus maniobras torticeras e ilícitas para reformar un “articulito” de la Constitución y lograr su reelección del 2006-2010. Pero ello será objeto de una tercera y última entrega la próxima semana.

[i] https://elpais.com/america-colombia/2025-08-04/alvaro-uribe-entre-luces-y-sombras-i-parte.html

[ii] https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20250728-uribe-vs-cepeda-13-a%C3%B1os-del-proceso-judicial-m%C3%A1s-sonado-de-colombia

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Pineda

[iv] https://verdadabierta.com/parapolitica-rocio-arias-hoyos/

[v] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17161

[vi] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-revelo-dialogos-en-el-exterior-con-el-autodenominado-Ejercito-Gaitanista-250808.aspx

[vii] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

[viii] https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk&feature=youtu.be

[ix] https://www.comisiondelaverdad.co/la-parapolitica-se-destapa

[x] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[xi]  https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/