“A la gente le gusta hablar de la educación como la cura para la pobreza. No, el dinero es la cura para la pobreza”: Michael Sorrell en The New Yorker.

“Lo que debe hacer la izquierda es poner en el centro la dignidad del trabajo”: Michael J. Sandel, filósofo estadounidense.

Si “el pobre es pobre porque quiere”, ¿el rico es rico porque evade?

Querido lector: Si usted tiene una fortuna de $9.800 millones o más, considérese uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. Suspenda la lectura aquí y haga cuentas: ¿Cuántos siglos necesita trabajar una persona para acumular tal cantidad ahorrando los $2 millones de salario mínimo que recibe cada mes?

La única minoría colombiana con poder es la élite económica conformada por los archimillonarios. Y resulta que el 40% de esos millonarios (unas 1.480 personas), no tuvieron problemas en reconocer que evaden impuestos, de acuerdo con información oficial. 

Pongámoslo de esta manera: Si todos los ultrarricos de Colombia tributan como toca, habría una manera justa de redistribuir la riqueza, sin quitarle nada a nadie. Pero en vez de esto, prefieren llevarse su dinero fuera de Colombia, como lo muestra un artículo de El País de España.  

Sí, el problema del mundo son los ricos, que son poquísimos con muchísimo. Los hay que dan poco como si creyeran que nunca se van a morir o que en la otra vida reclamarán lo que dejen en esta. No hay forma de preguntarles a los faraones egipcios cómo les fue con eso. Hoy no tenemos faraones, pero si fanfarrones asquerosamente ricos queriendo poner una colonia humana en Marte, donde no hay condiciones para que sobreviva ni una mosca.

El mundo se divide en dos tipos de seres humanos extremos: aquellos que deliran sin saber qué hacer con sus fortunas descomunales y, en contraste, aquellos que si tienen pan no tienen con qué mojarlo. Se requiere con urgencia una clase política con algo de humanidad, capaz de reconciliar a unos y otros, porque como dijo José Alfredo Jiménez, “la distancia entre los dos es cada día más grande”.  

También tiene razón el escritor Gilmer Mesa cuando dice: “Ser pobre es nacer condenado”. Necesitamos un mundo donde cada nueva criatura nazca condenada… a la felicidad, a la posibilidad de ocupar un lugar digno en el mundo.

Hay una felicidad compartida que se llama justicia social. El derecho de todo los seres humanos sin excepción a disfrutar algo de la riqueza que se ha generado a partir de la explotación de los recursos de la Tierra, porque, en teoría, nos pertenecen a todos.  Con carencias, hambre  y mala salud, la vida se vuelve invivible. El que nació rico desde la cuna no tiene cómo saberlo.

“Gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia”, han dicho Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh.

Muchos siglos atrás, ya Aristóteles lo había dicho: “La ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres”. Poner en el centro de la política la dignidad del trabajo significa mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. No es regalarles nada. Es reconocerlos como agentes generadores de riqueza con su mano de obra. En Colombia, un trabajador gana en un día lo que en Estados Unidos otro recibe por una hora. Y a muchos no les importa matarse (léase, trabajar como mulas), anhelando que la vida les cambia algún día

Óyeme, Diosito Santo / Tú de aritmética nada sabías / Dime porque la platica / Tú la repartiste tan mal repartida / Óyeme, Diosito Santo / ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? / Por qué a uno le diste tanto / Y en cambio a otros no nos diste nada / Mira cómo son las cosas / Como en ti confío, te sigo rezando / Ya que no me diste plata / Dame salud para seguir luchando.  (De la canción Plegaria Vallenata)

Si la plata quedó tan mal repartida, como canta Jairo Paternina, y teniendo en cuenta que en Colombia hay clases alta, media y baja, a lo que una sociedad moderna debe aspirar es a llevar más personas de la clase baja a la clase media. Eso se consigue haciendo conscientes a los ricos de tributar en Colombia en vez de llevarse el dinero a paraísos fiscales. Solo la voluntad política permite combatir la evasión y la elusión. ¿Cuál de los presidenciables es capaz de ponerle el cascabel al gato?

Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza, según Oxfam. “Los 12 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población”, titula Valora Analitik.

Escribe Ernesto Rojas, ex director del DANE, en el libro “País posible”: “… los gobernantes actúan con orientación caritativa, destinada a paliar una situación conmovedora, sin la intención de pasar de las situaciones remediales a las soluciones definitivas. (…) tendrían que pasar al menos once generaciones para que una familia en el país salga de la pobreza y pueda llegar al promedio de ingresos de la clase media” (…) “De tanto repetirlo… se ha convertido en una verdad incontrovertible eso de que ´son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo´ y, por consiguiente, se deben atender todas sus exigencias si se quiere disminuir el desempleo reinante (…) En contraposición, debería recordararse lo sucedido durante la Gran Depresión de 1930, cuando Keynes se atrevió a contradecir a los clásicos al afirmar que el desempleo se corregía creando una mayor demanda, más compradores (…) con capacidad de comprar lo que producen las empresas”.

Escribe Enrique Serrano en el libro “¿Por qué fracasa Colombia?”: “Colombia sigue siendo un poco esa nación aldeana que se demora mucho en tomar grandes decisiones o dar saltos muy abruptos”.

Esa es una explicación lógica a tanta inequidad. Lo que ha faltado, insisto, es voluntad política para emprender las reformas, acaso retomar la conversación donde la dejó el difunto Alvaro Gómez Hurtado: Un acuerdo sobre lo fundamental. Y lo fundamental hoy y siempre es la desigualdad social.

Escribe Eduardo Lora en el libro “Los colombianos somos así”: “En los estudios sobre felicidad en cualquier país del mundo se encuentra infaliblemente que quienes tienen mayores ingresos, en promedio, son más felices.  La creencia de que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad no resulta ser cierta, de acuerdo con dichos estudios. Lo que sí ocurre es que, a partir de un cierto nivel de vida, las diferencias de ingresos deben ser muy grandes para que el impacto sea notorio: se necesitaría que el ingreso de alguien se multiplique por ocho para que pase, por ejemplo, del escalón 7 al escalón 8 de satisfacción con la vida”.

El mejoramiento de ingresos pasa por probar un nuevo modelo económico (o hacer ajustes al que existe), que restaure las brechas históricas entre ricos y pobres, un modelo que al asalariado le permita gozar de libertad financiera siendo participe de la riqueza que él ayuda a generar con su trabajo, y no contentarse con un salario pírrico que alcanza para tapar goteras.  

Redistribuir la riqueza no es quitarle nada al rico para dárselo al pobre. Es hacer consciente al rico de que el trabajador es un ser humano, con familia y sueños. Es reconciliar a ricos y pobres en favor de los segundos.

“Hay personas que trabajan toda la vida y no logran salir de la pobreza”: Andrés Ruiz, director del documental El juego de la vida, que retrata la pobreza a partir de historias reales.

Qué bueno sería que entre tantas bobadas que les preguntan a los candidatos presidenciales por estos días, alguien les pregunte por la justicia redistributiva, para ver si, al menos, el término les suena. Un buen ejemplo fue el aumento del salario mínimo. El país no se acabó como vaticinaron muchos. Porque la clase obrera debería tener derecho a disfrutar los beneficios de la riqueza que otros acumulan, habiendo contribuido con ella. La justicia redistributiva significa mejor calidad de vida. Y debería estar consagrada en la Constitución como derecho ciudadano legítimo.

Truman Capote decía que el dolor es la única experiencia que une al rico con el pobre. Del mismo modo, podríamos decir que el dinero es aquello que los separa. Los pobres son la inmensa mayoría y los ricos la  inmensa minoría. La pornomisería y la pornoriqueza son la cara de un mismo problema. El neoliberalismo creó una competencia social y económica que excluyó a los pobres. Así entiendo yo el capitalismo salvaje.

Cada  año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, según esta radiografía de El País de España. Eso es tanto como cinco reformas tributarias. Nadie se escandalizó con semejante revelación; en cambio, los gremios económicos brincaron cuando Petro aumentó en 23% el salario mínimo. Mejor dicho, podríamos decir que si todo lo del pobre es robado, pues lo del rico también, ¿o cómo llamamos a  esa conducta de evadir impuestos? Dénse cuenta de que si los ultrarricos evasores no le hicieran conejo al Estado, ningún gobierno tendría necesidad de buscar plata por la vía de las reformas tributarias, que tanto dolor de cabeza le causan a las clases medias y populares, que son el trompo de poner.

Tomado de El País de España: “El 40 % de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos. Para pagar menos, esconden su dinero en paraísos fiscales y crean empresas o fideicomisos que dificultan el seguimiento de su patrimonio. Cada año, la evasión en Colombia equivale al 8 % del PIB, cerca de 130 billones”.

“El más reciente informe de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025, revela que los multimillonarios colombianos pagan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres. Una persona que pertenece al 1% más rico pagó por cada dólar de ingreso un promedio de 17 centavos en impuestos hasta 2021. Mientras tanto, una persona del 50 % más pobre pagó por cada dólar de ingreso 21,1 centavos en impuestos. ´Esto desmiente el mito de que las personas pobres y las clases medias no pagan impuestos, y muestra que es todo lo contrario´, concluye el documento”.

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”.

Debemos abogar para que en Colombia los partidos políticos se modernicen en favor de una sociedad más justa con aquellos que pasan penurias. No podemos seguir comprando el discurso de que toca derrotar a la izquierda o derrotar a la derecha, sin mirar a los ojos a esa pequeña élite económica que parece intocable e insensible frente a la desigualdad.

De un candidato socialdemócrata como Iván Cepeda se espera que ponga el tema de la justicia redistributiva sobre la mesa de los empresarios, entre quienes se cuentan muchos de los ultrarricos. Quizás se gane unos cuantos enemigos como le está pasando al alcalde Zohran Mandami, que tiene enfurecidos a los multimillonarios de Nueva York por subirles impuestos, pero este desafío no lo pueden asumir  ni  Abelardo De La Espriella, ni Paloma Valencia, que esperan con ansías ocupar la Casa de Nariño para, como regalo de Navidad, rebajar impuestos  a los que más tienen. Los expertos han dicho que sí o sí toca robustecer el impuesto al patrimonio. Un impuesto a la riqueza “ayuda a nivelar la balanza de la desigualdad”, señala un informe de la Red de Trabajo Fiscal, publicado por El Espectador.

Si la riqueza de un país, incluidos sus recursos, es de todos sus habitantes, Colombia debería ser ese Tío Rico verdadero con el que todos tengamos derecho a soñar, y no un simple juego con fichas de cartón para matar el tiempo. 

Nota: ¿Hicieron la suma que les pedí al principio? Yo sí: se necesitan al menos 400 años, ahorrando $2 millones mensuales, para ser uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. ¡Como cinco vidas!

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Álvaro Uribe con su pupila, la candidata presidencial Paloma Valencia. Imagen creada con IA.

Paloma Valencia suma y suma iglesias cristianas a su campaña, pero baja y baja en las encuestas. ¿Qué pasa, Diosito?

Prefiero la hojita que lee Cepeda, que a la hijita de Uribe. Después de dos siglos de gobiernos patriarcales, Colombia se merece una mujer presidenta, claro que sí, pero no es Paloma Valencia, por muchas razones.

Con los pésimos resultados en las encuestas, que la ubican de tercera (en la de Invamer se descolgó del 19% al 14%), su candidatura desafía las lógicas de una sociedad machista como la colombiana y la de su propio partido, el Centro Democrático, que ni siquiera ve con buenos ojos a Juan Daniel Oviedo, su vicepresidente diverso. Recuerden que al principio, el de Uribe era un hombre, Miguel Uribe hijo, no una mujer. Y antes de él, fue Andrés Felipe Arias (Uribito). La doctora Paloma vendría siendo la primera Uribita de la historia.

De la abogada y filósofa hay cosas que no cuadran: ni el tono de sus palabras: a veces alza la voz para parecer una caricatura de Uribe, su papá, y a veces baja el tono, como queriendo posar de conciliadora. Ayer veíamos a través de las redes sociales a una Paloma disfrazada de mujer paisa, con carriel y poncho al hombro, voz impostada y pésima dicción, queriendo remedar a Uribe, quizás sintiéndose obligada —a lo mejor, guiada por algún estratega—, a demostrar que es su hija legítima —políticamente hablando—, y negando de paso su caucanidad y su bogotaneidad.

“Van a conocer lo que es la mano dura de una mujer colombiana”, vociferó en la tarima. “Conmigo que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes”, dirigió su sablazo al candidato Abelardo De la Espriella.  

No es un personaje creíble porque no ha sido construido del todo y sus discursos también parecen a medio hacer, lo mismo que su carácter. Después de tres periodos en el Congreso (12 años) es pobre su gestión legislativa (según balance que presenta La Pulla) y le faltó entereza para echarse al hombro los problemas de su departamento, el Cauca, quizás porque se siente más bogotana que el ajiaco.

Le critican su primer apellido, el Valencia de su abuelo expresidente, Guillermo León (quien, borracho, orinaba en los muros del palacio presidencial, según cuenta Daniel Pécaut en el libro “En busca de la Nación colombiana”), pero poco se habla de los Laserna, su segundo apellido, que nos remite casi siempre a su abuelo Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes y a Juan Mario Laserna, su tío, el exsenador conservador. Arropada por una vida de privilegios, no es raro que se sienta más cercana a los empresarios que a los trabajadores. En política es difícil servirles a dos dioses.

Una jugada suya consistió en desviar, en 2018, el debate sobre el escándalo Odebrecht (que conecta a gobiernos de derecha con hechos de corrupción alrededor de la llamada Ruta del Sol, como lo desempolvó un episodio del podcast Huevos revueltos con arroz), con el fin de enlodar al hoy presidente Gustavo Petro en un asunto de dineros supuestamente mal habidos.  

Creo que el problema de Paloma Valencia, además de ser ella misma como candidata, son sus asesores, que en vez de ayudarla, parecen más empecinados en enterrarla viva.

Por ejemplo, para apelar a las emociones de la gente, era innecesario exponer a su hija Amapola. Eso salió mal como lo analizaron los columnistas Ana Cristina Restrepo, en El Espectador, y Guillermo Pérez Flórez, en El País de España (edición Colombia); recomiendo ambas lecturas.

“Un abismo separa la maternidad como acto político de resistencia de la maternidad como teatro de la política electoral”, dice Restrepo, reivindicando a las madres buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, cuyos hijos fueron enterrados en fosas comunes.

Según la candidata, su hija pronunció la siguiente frase: “Yo no elegí esto. No quiero que mi vida cambie. Y no quiero ser parte de esta familia”.

Escribe el columnista Guillermo Pérez: “El episodio de Amapola amerita algunos comentarios, porque muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos con tal de hacerse con el poder. Hay varias conductas que merecen reproche ético. La primera tiene que ver con la trivialización de la angustia de la niña. Según dice la candidata, Amapola experimentaba una angustia genuina, al extremo de no querer ser parte de la familia. Pero la madre, en lugar de consolarla, descarga sobre ella un agobio mayor: la posibilidad de perder las elecciones y que por ello el país se acabe. Eso revela que Amapola ha sido objeto de un adoctrinamiento político que la obliga a creer que la responsabilidad histórica de su madre es salvar la nación y que, si no gana, “se acaba todo”. Es un doble sacrificio: primero, para que su mamá no pierda; segundo, para que Colombia no se hunda”.

“Con mi hija no se metan”, le respondió Valencia a De La Espriella, que la cuestionó por usar a la pequeña con fines proselitistas. “Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, le dijo.

Por cada asesor que lance al aire una ideota en campaña presidencial, debe haber cuatro capaces de medir las consecuencias de aquella lumbrera. Por ejemplo: ¿Quién le propuso un “debate” rocambolesco en el que aparece y desaparece del escenario el candidato Iván Cepeda con ayuda de la IA? Muy tarde, la campaña se dio cuenta de que su enemigo (de cara a la primera vuelta) es El Tigre, no Cepeda, con un píe seguro en la segunda vuelta y posibilidades de ganar en primera, según pregona el Pacto Histórico. Tampoco le ayuda a la candidata el apoyo de personajes que representan lo más añejo de la política colombiana, como Ingrid Betancourt o el expresidente César Gaviria, quien hace campaña en favor de Paloma Valencia a través de su hija María Paz Gaviria, quemada en las urnas el 8 marzo.

Ese es justamente el real problema de su candidatura: lo mal rodeada que está. No siempre uno más uno son dos. Aquí uno más uno puede significar cero votos. Si bien a De La Espriella lo rodean los de siempre, ha sido hábil en ocultarlo.  

¿Qué pasará si Paloma no pasa a segunda vuelta? Pues pasará lo que siempre pasa con la derecha: Nos sentaremos a contar las horas para ver la imagen en que Paloma, victoriosa en su derrota, alzará las garras de El Tigre (las uñas no le alcanzaron para arañarlo), del mismo modo que Vicky Dávila, victoriosa en su derrota, se le metió a Paloma al atril para, enloquecida, gritar “Tenemos que ganar en primera vueltaaaaaa, vamos derrotar a Cepedaaaaaa”, y solo hasta hoy nos venimos a enterar de que se refería a Abelardo, no a Paloma.

Mientras Paloma habla maravillas de Vicky, Vicky no solo dio un portazo a la tal Coalición por Colombia, sino que hoy trata con desdén a la candidata de Uribe, después de comprometerse, como los demás, a apoyarla como ganadora de la consulta del 8 de marzo. Dávila enseñó que en la palabra de un político no se puede confiar… y en la de algunos periodistas tampoco. Como dice un amigo, con los políticos toca todo de contado. Mejor dicho, plata en mano y… cuidado con las palabrotas en campaña. 

El problema con el uribismo no es el qué sobre la Seguridad Total que propone Paloma Valencia, sino el cómo. Porque hoy nos levantamos con la noticia de que los falsos positivos de la era Uribe no fueron 6.402, sino 7.837, reportado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Los colombianos no podemos repetir esa historia espeluznante que le costó la vida a gente inocente, llevada como ganado al matadero. La política “Seguridad Democrática” manchó el legado de Uribe, si lo hubo. Elegir a Paloma es devolver al país a una época de terror que creemos ya superada y exponerlo a que acaben con la JEP, ese tribunal que está arrojando verdades dolorosas sobre sesenta años de conflicto interno colombiano. Acabarlo, quitarle recursos o si quiera pretender reformarlo, es herir de muerte al Acuerdo de Paz de 2016, desconocer el trabajo serio de unos jueces y magistrados respetables, y premiar la impunidad, pues hoy militares y guerrilleros están reconociendo culpas.  

Sí, le tengo miedo a Paloma, más que por ella, por el expresidente que está detrás de ella. Mirémonos en el espejo de arriba: los gringos están pagando caro –y por ahí derechito el resto del mundo- la segunda oportunidad otorgada a un Donald Trump que regresó a la Casa Blanca más vengativo que nunca. Frente a ese pasado de excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos no podemos ser irresponsables en las urnas. “… yo no olvido que en tiempos de Uribe, tiempos de mano dura, el establecimiento político se decía: ´Hay que dejar que hagan el trabajo sucio, y después nos encargamos de ellos”, recuerda el intelectual William Ospina, en El Espectador.

Si a muchos les molesta Cepeda porque lee en plaza llena lo que escribe en hojitas a las 4:00 de la mañana, a mí me asusta la hijita de Uribe, cuando habla, por ejemplo, de militarizar vías (ya dijo que aumentará en 60 mil los hombres del ejército y la policía), o de crear más cárceles para 40 mil nuevos reclusos, como si divisara que durante su gobierno aumentarán los crímenes. Con ese dinero se podrían construir colegios y hospitales donde no los hay. Y en vez de reducir impuestos a los empresarios, como propone ella, se les debería pedir chequeras con sensibilidad social.

El ponderado de encuestas indica que sería De la Espriella, no Valencia, quien enfrentaría a Cepeda en caso de segunda vuelta, que es casi seguro que habrá. La izquierda desea con el corazón salir de ese chicharrón el 31 de mayo, pero ese es un pajazo mental, sobre todo porque el candidato del Pacto Histórico tiene no uno sino dos rivales a la diestra, que en esencia representan al establecimiento y defienden las mismas causas. La única diferencia entre Paloma y Abelardo es que el segundo no ha reclamado (todavía) la paternidad de Uribe; últimamente, se les ve incluso distanciados; ya veremos cuántos aguardientes en el Ubérrimo mediarán en esa enemistad.

Paloma Valencia creyó que con invocar a Uribe sería suficiente para dispararse en las encuestas, pero Uribe es hoy una figura desgastada, cargando sobre sus hombritos el sambenito de los escándalos propios y los de la familia, léase hermano y primo, y para rematar vinieron luego la salida de María Fernanda Cabal y de papá Miguel (Uribe Londoño) del Centro Democrático, lo que demuestra que, además, el expresidente ha ido perdiendo el respeto de los suyos. El destino de Álvaro Uribe como expresidente será, indefectiblemente, el mismo de los muebles viejos: un día nadie sabrá dónde ponerlo. Es el destino de las personas de la tercera edad, que en este país terminan arrumadas.

Si Paloma Valencia pierde, ya sin puesto en el Senado, será otra desempleada más, con tiempo de sobra, eso sí, para cambiar de lugar los muebles de su lujoso apartamento. Pero será también la segunda derrota consecutiva de Uribe y su salida de la política por la puerta de atrás.

En ocasiones uno se encuentra libros viajeros, curiosos e interesantes, como nos ocurrió este año con mi esposa Patricia, mientras visitábamos a Rafael “Rafa” Pérez Unquiles y su esposa Amelia “Meli” Cruzado, queridos amigos en Huelva y mientras curioseábamos su biblioteca, hicimos un más que interesante descubrimiento, que lleva por título 13 ciudades sin nombre, publicado en 2003 por la editorial española Punto de Lectura.

Se trata de un libro, conformado por trece relatos entre reales y ficticios sobre diversas ciudades del mundo, reto para los triscaidecafóbicos, es decir, para los que sufren fobia por el número 13 (pero no por los trabalenguas). Ahora bien, para el resto de los mortales lectores, resulta un entretenimiento literario, porque su esencia es lúdica y poética, pues habla de estas urbes, pero sin nombrarlas. Cada historia de esta colección, tiene una extensión adecuada y un tamaño de letra agradable a la vista, que facilita su lectura.

Como en toda selección, hay diversidad de estilos y calidades, hay relatos para todos los gustos. Como en cualquier camino, hay sus altos, sus bajos y sus llanos, aunque en el amplio universo de las miradas de los lectores, no necesariamente coincidamos en los criterios a la hora de calificarlos. Se trata de 13 autores, tanto españoles como latinoamericanos, algunos consagrados como la escritora Espido Freire y otros reconocidos en diversos ámbitos como la política ya fallecida, Carmen Alborch. Las destaco a las dos, además, porque son las únicas mujeres de esta antología, habría sido deseable haber contado con más miradas femeninas. 

Ahora bien, en su interior nos deparaba otra sorpresa, especialmente por nuestra condición de colombianos, al encontrar un relato escrito por el cineasta Sergio Cabrera, un cuento absolutamente delicioso, que nos descubre al autor que seguramente perdimos, al haber ganado a uno de los mejores directores latinoamericanos de la filmografía mundial, al final, un relator de historias, en otro lenguaje, el de las imágenes y sonidos. 

No haré spoilers literarios, pero es un cuento vinculado con la vida de Cabrera (para quienes leyeron la portentosa novela Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vásquez), pero además podría entrar perfectamente en una antología de cuentos diplomáticos (cuando alguien se decida publicar una selección de ese subgénero literario, aún por explorar), aparte de ser profético o visionario, pues Cabrera es el actual embajador de Colombia en China, actividad que ha desarrollado con éxito a pesar de no haber tenido preparación ni experiencia previa en la diplomacia, esa mezcla de ciencia y arte.

La intención no es hacer una reseña pormenorizada del libro, sino una invitación a leerlo. No sólo se trata de un objeto de lectura, es también un híbrido ingenioso, porque es un texto-juego, siendo el elemento común que no se identifican las ciudades-protagonistas en donde transcurren las historias, al final del libro se propone un divertimento, para que el lector identifique las ciudades. Como los manuales de preparación de exámenes académicos, trae las respuestas, pero recomiendo no mirarlas antes sino intentar la identificación, algunas son fáciles, otras no tanto, pero resulta divertido.

Por la naturaleza del libro y resultar una lectura grata, este libro es perfecto para los viajeros, especialmente si van en un transporte, que no ponga en riesgo las retinas. Al menos, yo lo llevaría siempre en un tren, en metro o en avión, quizás por ello, Rafa y Meli que igual que nosotros, son viajeros empedernidos, al final nos lo regalaron para nuestro retorno a casa. Quizás algún día se lo heredemos a otros transeúntes del mundo que quieran visitar -así sea con la imaginación- alguna de estas ciudades sin nombre. 

Dixon Acosta Medellín

A ratos en lo que sigo llamando Twitter: @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

En el pabellón Colombia de la FILBo, donde casi todos los estands parecen competir por el brillo o por la velocidad de la atención, hay uno que eligió otra cosa: escuchar. No es una metáfora de catálogo editorial. Está escrito incluso en la entrada, como una declaración de intenciones y también como una advertencia moral: “El territorio habla, el centro escucha”. El lema del Centro Nacional de Memoria Histórica no aparece allí como un eslogan institucional sino como una suerte de respiración lenta en medio del ruido de la feria.

El estand no tiene puertas simbólicas. No obliga al visitante a entrar: lo recibe abierto, como si quisiera desmontar la vieja solemnidad estatal que tantas veces convirtió la memoria en un trámite o en un mausoleo. Uno puede atravesarlo casi sin darse cuenta, y quizás allí esté uno de sus mayores aciertos. En un país acostumbrado a que la violencia tenga oficinas, expedientes y sellos, el CNMH decidió construir un espacio sin bordes duros. Un lugar donde la conversación parece más importante que la exhibición.

Pase varios días en ese stand, algo que francamente nunca había hecho en una feria del libro. Era un ángulo curioso de esa fiesta cultural, completamente opuesto a los otros lugares donde suelo estar como moderador, entrevistador o invitado. Mientras el resto de Corferias se movía al ritmo de las filas, las cámaras, los lanzamientos y los autores de moda, allí el tiempo parecía funcionar distinto. La gente no pasaba únicamente a mirar: se quedaba.

Y eso llamaba profundamente la atención.

Personas de todo tipo preguntaban por la memoria de su propio país. Jóvenes universitarios, familias completas, adultos mayores, estudiantes de colegio, visitantes que parecían haber llegado por azar. La belleza del estand atraía precisamente por una lógica muy curiosa: en Colombia la memoria suele asociarse únicamente a lo difícil, a la guerra, a la tragedia, al expediente doloroso. Pero allí la memoria aparecía también ligada a las resistencias, a la maravilla obstinada de seguir construyendo sociedad después de tanto.

En la FILBo, donde las personas cargan bolsas llenas de novedades editoriales y buscan firmas de autores como quien colecciona pequeñas inmunidades contra la realidad, el estand del Centro opera de otra manera: no vende olvido rápido. Propone permanencia.

Lo primero que llama la atención son los colores. No hay negros dramáticos ni rojos de denuncia explícita. Tampoco el minimalismo frío que domina tantos espacios culturales contemporáneos. La diseñadora Susana Carrié eligió tonos tierra, colores orgánicos, texturas que recuerdan fibras, tintes naturales, barro húmedo, madera expuesta, telas campesinas. Hay algo deliberadamente antiurbano en la composición visual del espacio. Como si el estand quisiera traer adentro de Corferias una temperatura distinta del país.

Carrié lo explica con una precisión casi artesanal: la paleta se inspiró “en algunos colores de la tierra, de los textiles y tintes orgánicos y de la naturaleza en general”. Y eso se nota. No es una estética decorativa sino territorial. Colombia aparece allí menos como nación abstracta que como acumulación de geografías heridas.

En el centro del recorrido hay una línea de tiempo sobria, montada sobre tubos de cartón en crudo. Nada reluce demasiado. La memoria aquí no fue diseñada para el espectáculo. Quizá por eso conmueve más. Los materiales parecen querer desaparecer para dejar hablar las historias. En otro punto emergen unos rostros enfrentados, casi totémicos, donde la biodiversidad étnica y cultural del país adquiere forma visual. Son figuras que observan al visitante tanto como el visitante las observa a ellas. En una feria donde casi todo busca seducir, estas piezas parecen interrogar.

Y sin embargo, hay una ruptura deliberada en esa gama de tierras: un tapete naranja intenso que invade el ingreso y la zona de juego infantil. El color estalla como una llamarada. Carrié dice que fue pensado para atraer al público infantil, para señalar el espacio lúdico donde se desarrollan talleres y actividades. Pero el efecto es más profundo. El naranja funciona como una irrupción de futuro dentro de una narrativa marcada por el duelo. Allí los niños dibujan, juegan, construyen jardines simbólicos de memoria, participan en cartografías afectivas, exploran archivos como pequeños arqueólogos emocionales.

Hay algo profundamente político en esa escena.

Porque el CNMH entendió algo fundamental: la memoria que no logra conversar con la infancia termina convertida en archivo muerto.

Mientras camino por el estand, escucho fragmentos de conversaciones simultáneas. Una mujer explica a otra quién fue Kimy Pernía Domicó. Un estudiante hojea un informe sobre Córdoba. Una niña escribe algo en una flor de papel para el “Jardín de la memoria”. Más allá, alguien escucha un pódcast en la Sala Escucha, ese pequeño entorno inmersivo donde suenan las producciones radiales hechas directamente por comunidades de los territorios.

Hablé con muchas personas durante esos días. Algunos contaban historias de sus familias. Otros preguntaban por un dato concreto, por un nombre, por una fecha, por un informe específico. Muchos simplemente se sentaban a hojear libros durante largos ratos, como si buscaran algo difícil de nombrar. Las familias, especialmente, parecían conectarse con el espacio de una manera distinta. Había padres explicando a sus hijos episodios del país que quizás nunca habían sabido cómo contarles.

Y uno terminaba preguntándose si acaso Colombia quiere buscar su memoria, pero no en lenguajes institucionales. Quizá en lenguajes poéticos.

No en vano el libro más importante de nuestra sociedad se llama Cien años de soledad. ¿Qué otra cosa es esa novela sino una inmensa obsesión colectiva por la memoria, por lo que hemos sido, por lo que nos ha sucedido, por aquello que intentamos recordar antes de que el tiempo termine borrándolo?

La Sala Escucha probablemente sea uno de los lugares más silenciosamente radicales del estand.

En un país que lleva décadas produciendo discursos sobre las víctimas, el CNMH parece intentar algo más difícil: permitir que hablen sin traducción intermediaria. Las voces que salen de los audífonos no tienen la dicción homogénea de los estudios de radio bogotanos. Hay acentos atravesados por río, montaña, costa, selva. La escucha se vuelve un acto físico. Uno entiende rápidamente que la memoria sonora tiene una capacidad distinta para perforar defensas. La voz humana conserva algo que la escritura pierde: respiración, miedo, pausa, temblor.

Pamuk escribió alguna vez que los museos verdaderos no organizan objetos sino emociones del tiempo. Este espacio parece construido bajo esa intuición.

No organiza únicamente documentos del conflicto armado colombiano. Organiza maneras de aproximarse al dolor sin convertirlo en mercancía emocional.

Eso se percibe también en la programación. No hay aquí una obsesión por cubrirlo todo ni por representar todas las tragedias nacionales en formato de agenda cultural. La selección fue producto —según explican desde el Centro— de una concertación entre distintas direcciones misionales de la entidad. No se trata de una línea única de relato sino de múltiples entradas a la memoria reciente del país.

Por eso conviven talleres infantiles con conversatorios sobre desaparición forzada, lanzamientos editoriales con ejercicios de cartografía comunitaria, archivos orales con teatro, pedagogía con justicia restaurativa.

La memoria aparece entonces no como una pieza fija sino como un organismo vivo.

Algunas actividades resumen especialmente bien el espíritu del espacio. “La palabra que repara”, por ejemplo, reúne experiencias de justicia restaurativa impulsadas junto a la JEP. No se trata simplemente de hablar sobre víctimas y victimarios sino de explorar cómo la palabra puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En otro conversatorio, dedicado a los diez años de la Cátedra de Paz, la pregunta central parece atravesar todo el proyecto del estand: ¿cómo enseñar el conflicto armado sin normalizarlo?

Hay también una insistencia notable en los archivos.

En tiempos donde la información circula a velocidades digitales y donde la verdad parece fragmentarse en versiones instantáneas, el CNMH insiste en el valor material de conservar. Talleres sobre archivos personales, documentos desclasificados, archivos orales, acervos comunitarios: todo apunta a la misma idea. Un país sin archivos termina condenado a depender de la versión del más fuerte.

Quizá por eso uno de los espacios más conmovedores de la programación sea el dedicado a “Archivos en resistencia”, donde se dialoga sobre desaparición forzada a partir del Colectivo 82 colombiano y el caso Ayotzinapa en México. Allí la memoria deja de ser únicamente conmemoración y se vuelve también investigación criminal, búsqueda obstinada, prueba contra el olvido.

Pero el estand no se instala únicamente en el pasado. Hay una voluntad permanente de discutir el presente colombiano. Conversatorios sobre violencia contra movimientos políticos, transformaciones del conflicto después de los acuerdos de paz, memoria ambiental, territorios y Paz Total muestran que el Centro intenta escapar de la tentación museográfica de congelar la violencia como si perteneciera únicamente a otra época.

En realidad, lo que el estand pone en escena es algo más incómodo: que el conflicto colombiano no ha terminado de convertirse en pasado.

Quizá por eso Córdoba ocupa un lugar especial dentro de la programación. El homenaje al departamento funciona casi como un eje narrativo subterráneo del estand. Informes sobre el Bloque Córdoba, discusiones sobre Santa Fe de Ralito, memorias ambientales, archivos territoriales: todo compone una especie de radiografía fragmentada de una región donde la violencia paramilitar dejó marcas profundas y todavía insuficientemente narradas.

Ahí está quizá la verdadera apuesta del espacio.

No se trata únicamente de recordar lo ocurrido. Se trata de preguntarse qué hacemos con eso mientras seguimos viviendo.

En algún momento de la tarde me detengo frente a uno de los micrófonos abiertos donde víctimas y funcionarios leen textos relacionados con memoria histórica y derechos humanos. La escena tiene algo frágil. En una feria dominada por la velocidad del consumo cultural, alguien decide leer en voz alta un fragmento sobre desaparición, desplazamiento o resistencia campesina. Y algunas personas se detienen. Otras siguen caminando. Algunas escuchan apenas unos segundos antes de irse.

Pero incluso esa fragilidad parece importante.

Porque el estand no intenta producir unanimidad emocional. No busca obligar al visitante a conmoverse. Más bien abre la posibilidad de una conversación pública donde la memoria no aparezca como imposición moral sino como experiencia compartida.

Tal vez por eso el diseño abierto resulta tan coherente con el concepto institucional. El territorio habla, el centro escucha. La frase adquiere sentido espacial. El visitante no atraviesa puertas ceremoniales ni corredores oscuros preparados para una experiencia inmersiva controlada. Aquí uno entra como entra a una plaza o a una conversación.

Y quizá esa sea la gran diferencia.

Muchos espacios sobre memoria en el mundo terminan convirtiendo el dolor en escenografía. Este estand parece intentar lo contrario: devolverle humanidad cotidiana.

Incluso en los detalles más pequeños aparece esa búsqueda. Los juegos colaborativos como Cosechas de memoria y verdad, las coplas campesinas, los jardines simbólicos, las conversaciones sobre naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Todo insiste en una memoria menos monumental y más comunitaria.

No una memoria vertical sino horizontal.

Mientras cae la tarde sobre Corferias y la feria empieza lentamente a vaciarse, el estand mantiene una especie de temperatura humana extraña. No parece agotarse con el paso de las horas. Quizá porque allí la gente no entra solamente a consumir contenidos culturales sino a reconocerse. O a intentar hacerlo.

Pienso entonces en algo que decía Pamuk sobre los museos pequeños: que su verdadera fuerza consiste en acercar las grandes historias nacionales a la escala íntima de las personas comunes. El espacio opera exactamente así. Toma la enorme maquinaria abstracta del conflicto armado colombiano y la devuelve a la dimensión concreta de las voces, los archivos familiares, los relatos locales, las fotografías, las canciones, los dibujos infantiles.

La memoria deja de ser una categoría jurídica o académica y recupera algo esencialmente humano: la necesidad de contar lo vivido antes de que desaparezca.

En Colombia, donde tantas veces el lenguaje oficial ha intentado domesticar el horror mediante cifras, el estand del CNMH propone otra velocidad narrativa. Más lenta. Más abierta. Más vulnerable también.

Y quizás allí resida su valor más profundo.

Porque escuchar de verdad siempre implica el riesgo de transformarse.

“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.

Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.

Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.

Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.

Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.

“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.

“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.

Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.

La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.

La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.

En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.

Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.

La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.

No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.

Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.

¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.

Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.

https://www.youtube.com/@LoslentesdeLiliana

La película, dirigida por Andrés Ruiz Zuluaga y por estos días en salas de cine del país, sigue durante 14 años la vida de varias familias colombianas en distintas regiones. Basada en una investigación de la Facultad de Economía de Universidad de los Andes sobre pobreza y movilidad social, el documental tiene algo perturbador: el tiempo. Ver pasar más de una década frente a la pantalla obliga a entender que la desigualdad no es un accidente momentáneo ni una cifra abstracta. Es una estructura que se hereda, se reproduce y, muchas veces, se naturaliza.

Hay algo especialmente interesante —y también revelador— en el origen mismo de la película. Que una investigación sobre desigualdad nazca desde una universidad históricamente asociada al privilegio en Colombia abre preguntas necesarias sobre el papel de la academia en un país tan fragmentado socialmente. ¿Cómo se estudian las brechas sociales desde instituciones que también hacen parte de esa realidad? ¿Hasta dónde el conocimiento académico logra traducirse en transformaciones concretas y no solamente en diagnósticos distantes sobre el país?

Mientras veía el documental pensaba constantemente en eso. En la distancia entre los papers, las estadísticas y las vidas reales que aparecen en pantalla. En cómo durante décadas Colombia ha producido diagnósticos brillantes sobre pobreza, violencia y exclusión, mientras las brechas siguen ahí, casi intactas, cambiando apenas de forma.

Por eso terminé visitando la rectoría de Raquel Bernal. Quería entender qué ocurre cuando una economista acostumbrada a trabajar con datos termina enfrentándose a las historias concretas detrás de esos números. Y también quería hablar con la primera mujer rectora en la historia de Los Andes sobre algo más amplio: la relación entre conocimiento, poder y desigualdad en Colombia.

La conversación rápidamente dejó de ser una entrevista sobre cine. Terminó convirtiéndose en una discusión sobre las dos Colombias que siguen coexistiendo sin tocarse del todo: la urbana y la rural, la privilegiada y la excluida, la que habla de innovación e inteligencia artificial y la que todavía no tiene acceso digno a educación o salud básica.

Y quizás ahí está la mayor fuerza de El Juego de la Vida: en recordarnos que la desigualdad no es solamente un problema económico. También es una forma de acostumbrarnos a que millones de personas vivan vidas mucho más difíciles dependiendo únicamente de la cuna que les tocó.

Diego:
Muchas gracias, rectora Raquel, por esta entrevista. Quiero comenzar por ese ejercicio de llevar la universidad y la academia a un espacio más público, más cercano al cine y al documental, como una forma de salir un poco de ese lugar donde a los académicos siempre se les imagina encerrados en un cubículo. ¿Este documental hace parte de algo más grande que usted está intentando impulsar desde la Universidad de los Andes?

Raquel Bernal:
Sí, totalmente. El documental es apenas una parte de un propósito mucho más amplio. En las universidades pasan cosas maravillosas: producimos conocimiento, hacemos investigación, emprendimiento, proponemos soluciones de política pública. Pero creo que cada vez tenemos más la responsabilidad de demostrarle a la sociedad el valor que agregamos.

Las universidades, especialmente en el norte global, están viviendo una crisis de legitimidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el endeudamiento estudiantil es enorme y, además, muchos jóvenes ya están enfrentando dificultades para encontrar trabajo por los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, aunque las universidades generan muchísimo valor, no siempre sabemos comunicarlo.

Esa es una de mis grandes preocupaciones. Aquí tenemos una densidad de capital humano impresionante: el 76% de nuestros profesores tienen doctorado, muchos formados en universidades de altísimo nivel. Todo eso debería traducirse en mejoras concretas para el país, para las comunidades, para la democracia, para las empresas y para las organizaciones sociales.

Estamos tratando de encontrar maneras de sacar ese conocimiento fuera del campus. El documental es una de esas formas, pero no la única. Lo importante es que lo que ocurre dentro de la universidad también beneficie a Colombia.

Diego:
Uno de los temas que más ha marcado su trayectoria como investigadora ha sido la desigualdad. Y es interesante porque la Universidad de los Andes ha producido muchísimos estudios sobre desigualdad, especialmente desde la Facultad de Economía, y al mismo tiempo es vista como una de las universidades más privilegiadas del país. ¿Cómo entiende usted esa relación?

Raquel Bernal:
Primero habría que preguntarse qué significa exactamente “privilegiada”. Si hablamos de que históricamente ha atendido a estudiantes de altos ingresos, sí, eso ha sido cierto. Pero también es importante contar cómo ha cambiado la universidad.

Desde el programa Ser Pilo Paga, por ejemplo, la composición estudiantil cambió dramáticamente. Llegamos a tener cerca de un 40% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Eso transformó profundamente la experiencia universitaria.

Cambió la manera de aprender y de convivir. Los estudiantes no becados comenzaron incluso a modificar sus patrones de consumo para incluir a sus compañeros becados: escoger restaurantes donde todos pudieran ir, pensar de otra manera la vida cotidiana. La universidad se convirtió en una especie de laboratorio de igualdad y de convivencia.

Y eso fue muy poderoso. Claro, para los estudiantes becados el cambio era enorme, pero también transformaba a quienes venían de contextos más privilegiados. Les permitía cuestionar sesgos de clase y entender mejor el país.

Con la desaparición de ese programa, esa diversidad social ha ido disminuyendo y esa es una de mis mayores preocupaciones como rectora. Porque comprobamos que el aprendizaje es mucho más significativo cuando dentro del campus está representada la sociedad real.

Hoy la universidad invierte recursos importantes en becas, cerca de 140.000 millones de pesos al año entre operación y filantropía, pero sigue siendo insuficiente. Tenemos 18.000 estudiantes de pregrado y los becados siguen siendo una proporción pequeña.

Sin embargo, justamente porque tenemos ciertos privilegios institucionales, creo que tenemos la responsabilidad de estudiar la desigualdad y de proponer soluciones. El conflicto armado, los millones de víctimas y buena parte de los dolores de este país están profundamente ligados a la desigualdad socioeconómica.

Entonces sentimos la obligación de usar nuestras capacidades para entender esos problemas y producir políticas públicas que ayuden a transformarlos.

Diego:
Y ahí hay algo interesante: la universidad que representa ciertos privilegios también se convierte en un lugar donde se estudia cómo romper esas barreras.

Raquel Bernal:
Sí, y creo que hay algo muy importante en el modelo educativo de Los Andes. Nosotros nacimos inspirados en la educación liberal estadounidense, y eso no tiene nada que ver con partidos políticos. Se trata de formar para la vida, para la ciudadanía y para la democracia.

Aquí nos importa muchísimo que los estudiantes no solo sean buenos ingenieros, abogados o economistas, sino buenos ciudadanos.

Por eso existe un componente compartido del currículo donde estudiantes de todas las carreras toman cursos sobre temas muy distintos: cine, ciencia, historia, género, democracia. Queremos que entiendan el país en el que viven y se pregunten cuál es su lugar dentro de él.

Esa formación más amplia es fundamental en un país tan desigual como Colombia.

Diego:
Hablemos del documental. Más allá de lo que ya se ha dicho públicamente, me interesa saber qué le pasó a usted cuando lo vio terminado. Porque una cosa es hacer investigación, escribir papers, analizar estadísticas, y otra muy distinta es ver esas historias en pantalla.

Raquel Bernal:
Fue muy fuerte. Yo llevo más de 20 años investigando desde la econometría, trabajando con datos, estadísticas y modelos. Siempre detrás de un computador analizando información de personas reales, pero sin ver necesariamente sus rostros.

Cuando veo el documental y aparecen las historias, los sueños, las frustraciones, los dolores, me doy cuenta de que a mi investigación le faltaba algo muy importante: corazón.

Uno no puede interpretar los datos plenamente si no entiende las vidas que hay detrás. Y eso me transformó.

Desde que empezó este proyecto —la Encuesta Longitudinal Colombiana, la ELCA— comenzamos a documentar también visualmente a las familias. Andrés, el periodista de la Facultad de Economía, nos seguía con fotos y videos. Al principio parecía simplemente un registro de archivo, pero poco a poco entendí que esas imágenes mostraban dimensiones humanas que los números no alcanzaban a capturar.

Eso cambió mi manera de investigar. Empecé a hacer más trabajo cualitativo, a conversar más con las familias, a visitar territorios, a acompañar programas en terreno.

Mi área de investigación es primera infancia, y durante muchos años diseñábamos intervenciones desde Bogotá creyendo que entendíamos perfectamente las realidades del país. Después entendí que había que escuchar mucho más.

También cambió mi relación con el Estado. Antes llegaba como la académica que venía a decir qué había que hacer. Ahora trabajo más desde la pregunta: “¿Qué necesitan ustedes de mí? ¿Cómo puedo ayudar?”

Eso implica construir conjuntamente, reconocer que el conocimiento no está solo en la universidad.

Diego:
Es decir, pasar de una universidad que habla desde arriba a una universidad que escucha.

Raquel Bernal:
Exactamente. Creo que la academia a veces ha sido muy pedante. Aquí se producen cosas extraordinarias, tenemos científicos e investigadores increíbles, pero eso no significa que tengamos siempre la respuesta correcta.

Hoy para mí es muy importante trabajar desde la coconstrucción: con comunidades, con el Estado, con organizaciones sociales. No llegar diciendo “yo sé”, sino preguntar “cómo podemos construir juntos”.

Y eso es mucho más difícil, porque implica negociar, ceder, escuchar, cambiar.

Pero creo que esa es la universidad que Colombia necesita.

Diego:
Hay algo muy potente en el documental y es la presencia de las mujeres. Las madres, las abuelas, las cuidadoras. Mujeres que sostienen la vida.

Y eso me lleva inevitablemente a preguntarle por usted como primera rectora mujer de la Universidad de los Andes. ¿Cómo ha sido ocupar ese lugar?

Raquel Bernal:
El documental muestra algo que me impresionó muchísimo cuando lo vi completo: las mujeres aparecen casi como superheroínas. Son las cuidadoras, las que sostienen a las familias, las que hacen sacrificios enormes para que los hijos puedan salir adelante.

Y eso conecta también con mi propia experiencia.

Yo crecí en un hogar muy progresista. Mi papá siempre me dio alas. Crecí sintiéndome igual a mis hermanos, jugando lo mismo, creyendo que podía hacer cualquier cosa.

Después entré a la economía, que históricamente ha sido una disciplina muy masculina, y ahí sí tocó empezar a abrir espacios.

Pero curiosamente el momento en el que más he sentido el machismo ha sido ahora, llegando a la rectoría.

Diego:
¿Más ahora que antes?

Raquel Bernal:
Sí. Porque es llegar al cargo más alto que he tenido.

Los órganos de gobierno universitario siguen siendo mayoritariamente masculinos y de generaciones mayores. Y aunque trato de entender que vienen de otras épocas y otras formas de ver el mundo, sí siento que la vara con la que me miden es distinta.

Y además existen también los micromachismos, incluso desde otras mujeres.

Eso ha sido duro. Yo nunca había sentido algo tan evidente hasta llegar aquí.

Diego:
¿Como una resistencia a una mujer en el poder?

Raquel Bernal:
Más que resistencia, yo diría que hay miedo o desconocimiento. La universidad tuvo 23 rectores hombres antes que yo. Había una idea muy clara de cómo se comporta un rector. Y de pronto aparece una mujer que lidera distinto.

Y yo he tomado una decisión muy consciente: no quiero transformarme para encajar. No quiero volverme una versión masculina del liderazgo.

Quiero liderar desde quien soy. Desde mi sensibilidad, desde mi manera de reaccionar, incluso desde la vulnerabilidad.

A veces lloro. A veces respondo distinto. Y creo que eso desconcierta porque rompe ciertas expectativas.

Pero para mí es importante hacerlo, porque también siento que esta rectoría puede ser un mensaje para muchas mujeres en Colombia. Como decirles: sí es posible.

Diego:
Y además le toca liderar en un momento de transformación enorme para las universidades.

Raquel Bernal:
Sí, estamos viviendo cambios profundísimos.

La inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas, la crisis de la democracia, el cambio climático, las tensiones geopolíticas… todo eso está cambiando la educación superior.

Además tenemos retos locales muy complejos: menos financiación para las universidades privadas, transición demográfica, cambios en el mercado laboral.

Cada vez es más claro que las personas tendrán que aprender durante toda la vida. Ya no existe la idea de estudiar una carrera y ejercerla igual durante cuarenta años.

Las personas tendrán que reinventarse constantemente, adquirir nuevas habilidades, adaptarse.

Entonces la universidad también tiene que transformarse.

Y eso implica cambiar la forma de enseñar. Ya no podemos tener clases de dos horas leyendo diapositivas. Hay que trabajar más con comunidades, con empresas, con proyectos reales.

El reto es que no existe un punto final. No sabemos exactamente hacia dónde vamos. Lo único seguro es que debemos seguir cambiando.

Diego:
¿Y usted usa inteligencia artificial en su trabajo?

Raquel Bernal:
Todo el tiempo. Ya es una herramienta indispensable.

Mis hijos la usan con total naturalidad. Para ellos será tan normal como la electricidad o internet.

Claro, dentro de las universidades todavía hay debates. Hay profesores que piensan que es una moda y otros que creen que debemos incorporarla de inmediato.

Pero no tengo duda de que transformará completamente la educación.

Diego:
Quiero preguntarle por la educación en Colombia hoy. ¿Cómo ha visto este gobierno en esa materia?

Raquel Bernal:
Con mucha preocupación.

Siento que la educación desapareció del gran debate nacional. Y no hablo solamente del gobierno; en general, cuando uno escucha discusiones públicas o foros empresariales, la educación ya no ocupa el lugar central que debería.

Y eso es gravísimo porque la educación de calidad sigue siendo el principal motor de movilidad social.

Yo lo veo todos los días con estudiantes becados. Jóvenes que nacieron en contextos de enorme vulnerabilidad y cuya vida cambia radicalmente gracias a la educación.

En este gobierno, además, se abandonó en gran medida la política de primera infancia, y eso me duele profundamente.

Porque si uno invierte de verdad en los niños pequeños, las brechas sociales podrían reducirse desde el origen.

Los niños no votan, y eso hace muy difícil políticamente priorizarlos. Es más visible inaugurar un colegio que fortalecer la calidad educativa o el desarrollo infantil temprano.

También ha habido una relación muy ideologizada con lo privado. Y en educación superior Colombia históricamente ha funcionado gracias a un sistema mixto: universidades públicas y privadas ampliando cobertura.

Hoy no veo que estén aumentando suficientemente los cupos ni en el sistema público ni en el privado.

Y eso es especialmente grave cuando tenemos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Porque esos jóvenes serán los líderes del país dentro de diez o quince años.

Diego:
Si tuviera que ponerle una calificación al gobierno en educación, ¿qué nota le pondría?

Raquel Bernal:
Cuatro sobre diez.

Diego:
Eso es perder.

Raquel Bernal:
Sí, es perder.

Diego:
Quiero volver al tema de la desigualdad. Usted ha dedicado gran parte de su vida a estudiarla. ¿Qué cree que estamos pasando por alto cuando hablamos hoy de desigualdad en Colombia?

Raquel Bernal:
Creo que a veces olvidamos que, aunque el país ha mejorado en muchos indicadores, las brechas profundas siguen intactas.

Hemos mejorado en escolaridad, en salud infantil, en acceso a educación superior, en mortalidad infantil. Incluso el coeficiente de Gini venía mejorando antes de la pandemia.

Pero las diferencias entre quienes nacen en contextos privilegiados y quienes nacen en pobreza siguen siendo enormes.

Y hay una fractura que para mí es central: la distancia entre lo urbano y lo rural.

Ahí se cruzan casi todos los problemas del país: desigualdad, conflicto armado, ausencia del Estado, falta de oportunidades.

Lo que muestra el documental es precisamente esa “lotería de la cuna”. El lugar donde uno nace sigue definiendo buena parte de su destino.

Si una persona nace en un territorio sin acceso a salud, educación de calidad, seguridad o empleo, tiene muchísimo más difícil construir un proyecto de vida.

Y eso no solo afecta a esas regiones. También afecta a las ciudades, a la democracia, a la convivencia nacional.

Seguimos siendo un país de dos Colombias que muchas veces ni siquiera se escuchan entre sí.

Por eso creo que necesitamos un gran acuerdo nacional sobre el país que queremos construir en veinte años.

¿Vamos a apostar por empleos verdes? ¿Por industrias basadas en biodiversidad? ¿Por tecnología? ¿Por minería? ¿Cuál es el horizonte común?

Porque sin un proyecto colectivo es muy difícil que la educación, la política pública y las instituciones trabajen hacia el mismo lado.

Y además necesitamos volver a escucharnos. Ese es quizá uno de los mayores problemas del país hoy: no estamos hablando realmente entre nosotros.

Diego:
Hay una idea que atraviesa el documental y también muchas de sus respuestas: la sensación de que en Colombia la vida depende demasiado del lugar donde uno nace. ¿Usted cree que todavía tenemos margen para cambiar eso o ya hay una especie de resignación colectiva?

Raquel Bernal:
Yo creo que sí hay margen, pero necesitamos una conversación mucho más honesta como país. A veces hablamos de meritocracia como si todos arrancáramos desde el mismo lugar y eso no es cierto. Hay niños que nacen rodeados de libros, con buena alimentación, con padres que tuvieron educación superior, con redes de apoyo, con estabilidad emocional. Y hay otros que nacen en territorios donde ni siquiera hay presencia básica del Estado. Entonces claro, el punto de partida importa muchísimo.

Y eso no significa negar el esfuerzo individual. El esfuerzo importa, por supuesto. Lo veo todos los días en estudiantes que hacen cosas extraordinarias. Pero también tenemos que reconocer que hay desigualdades estructurales enormes que condicionan las oportunidades.

Por eso me preocupa cuando en Colombia simplificamos tanto las discusiones. Decimos “el que quiere puede” y no siempre es así. Hay gente que quiere muchísimo y aun así tiene obstáculos gigantescos. Entonces, si queremos una sociedad más justa, tenemos que empezar por reconocer esas diferencias de origen.

Diego:
Y ahí el documental funciona casi como una prueba emocional de eso.

Raquel Bernal:
Sí, porque el documental logra algo muy difícil: ponerle rostro humano a fenómenos que normalmente vemos en tablas o estadísticas. Cuando uno habla de movilidad social o desigualdad, muchas veces la conversación se vuelve técnica, distante. Pero aquí aparecen las emociones, los miedos, los sacrificios familiares, las pequeñas decisiones que terminan cambiando una vida.

A mí me impactó mucho ver cómo las familias toman decisiones durísimas para que los hijos tengan oportunidades. Madres que renuncian a todo, abuelos que sostienen hogares completos, jóvenes que migran solos a ciudades donde no conocen a nadie. Ahí uno entiende que detrás de cada cifra hay historias profundamente humanas.

Y también entendí algo importante: la desigualdad no solamente limita ingresos. Limita imaginación. Hay personas que ni siquiera pueden imaginar ciertos futuros porque nunca han visto esos caminos posibles cerca suyo. Entonces, cuando alguien logra entrar a una universidad, viajar, aprender otro idioma o acceder a ciertos espacios, no cambia solamente su ingreso futuro; cambia también su manera de pensar el mundo y de pensarse a sí mismo.

Por eso sigo creyendo tanto en la educación. Porque la educación amplía horizontes. Y cuando una persona amplía sus horizontes, también transforma la vida de quienes vienen detrás.

Roy Barreras habla de Colombia como si fuera un paciente crónico: un cuerpo que ha aprendido a convivir con el dolor sin resolver del todo sus causas. Después de meses recorriendo el país -de las periferias a los centros de poder— repite un diagnóstico que, aunque familiar, insiste en ser ignorado: las heridas siguen abiertas. En su relato aparecen las constantes conocidas : corrupción, desigualdad, violencia, pero también una preocupación menos evidente: la manera en que el país parece haberse acostumbrado a ellas.

Su posición actual es, en cierto sentido, incómoda. Ha estado cerca del poder —en el acuerdo de paz, en el arranque del gobierno Petro—, pero hoy se ubica en un lugar intermedio que él mismo defiende y que, en la práctica, tiene poca tracción política. Desde ahí, cuestiona tanto a la derecha como a la izquierda, y plantea una salida basada en la moderación y los acuerdos. Es una apuesta que contrasta con el clima predominante, donde los extremos no solo dominan la conversación, sino que parecen definir sus reglas.

Diego Aretz: Roy, muchas gracias por esta entrevista. Empiezo con una pregunta abierta, casi como una versión libre: después de todos estos meses recorriendo el país —no solo en la política sino también desde su libro, desde múltiples espacios, hablando con personas completamente distintas—, ¿cómo se siente hoy? Usted ha hablado con todo el país en los últimos meses. Si tuviera que apelar a su oficio y hacer una radiografía del país, ¿qué ve como médico?

Roy Barreras: Más que una radiografía, es una escanografía. Porque volví a recorrer Colombia en profundidad. Desde el sur de Nariño, Tumaco, hasta La Guajira; desde el Chocó hasta la Orinoquía. Y es un país profundamente bello, pero también profundamente adolorido.

Es un país que no ha podido superar ni sus violencias ni sus miserias. Y eso es doloroso. Yo soy, ante todo, médico, y mi oficio es sanar heridas. Y lo que veo son heridas profundas en el alma nacional, heridas viejas, crónicas.

Si usamos la metáfora médica, hay enfermedades crónicas: el narcotráfico, que es una tragedia histórica; la corrupción, que es endémica. Y esas enfermedades tienen solución, especialmente la corrupción, que depende de reformas estructurales que no se han hecho.

Pero, más allá del diagnóstico estructural, lo que escucho en la gente es angustia. Angustia por la inseguridad, miedo porque nadie responde por su salud, incertidumbre profunda en los jóvenes: dos millones de jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, que no tienen garantizada ni la educación ni el empleo.

En el sector productivo ocurre algo similar. Desde el tendero del barrio —que también es empresario— hasta el gran inversionista, hay miedo. Miedo a la extorsión, a la inestabilidad, a no saber hacia dónde va el país.

Y todo esto está atravesado por una polarización extrema. Dos polos que se alimentan del miedo y del odio. De un lado, el miedo al comunismo; del otro, el miedo a una derecha represiva. Y cuando eso ocurre, el centro desaparece del escenario político.

Pero no desaparece de la realidad de la gente. Porque los problemas siguen ahí. Y hay un riesgo mayor: cualquiera de los dos extremos que gane puede profundizar la fractura nacional.

Un país fracturado, dividido por el odio, no puede resolver sus problemas. Si gana una derecha radical, habrá reacción social masiva. Si gana una izquierda radical sin moderación, habrá parálisis económica por falta de confianza.

Y sin economía activa, ¿con qué recursos se resuelven los problemas sociales? No se puede gobernar solo repartiendo subsidios. Hay que generar riqueza.

Por eso insisto: el país necesita un relato de confianza y de unidad. Ese es mi propósito. Y aún estamos a tiempo. Hoy hay cinco millones de colombianos indecisos. Son más que los votos de varias candidaturas. Si esos cinco millones se movilizan, pueden cambiar la historia electoral.

Usted decía hace unos meses, incluso en una portada de revista, que puede unir al país. Pero se lo pregunto como médico: si un paciente no quiere la cura, ¿qué hace el médico?

Depende del estado del paciente. Pero aquí hay algo clave: Colombia sí tiene cura. Yo sé lo que hay que hacer.

Sé que hay que reactivar la economía, por ejemplo, con un plan masivo de vivienda que puede generar millones de empleos. Sé que hay que impulsar la agroindustria, pero también profundizar la reforma agraria con titulación de tierras, porque hoy la mitad de los campesinos no tienen títulos y no pueden acceder al crédito.

Sé que hay que desarrollar el turismo, infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes. Sé que hay que atraer inversión nacional y extranjera. Y sé que hay que recuperar sectores estratégicos que generan ingresos para financiar la deuda social.

También sé cómo hacer la paz, porque ya lo hice. La paz no es improvisación. Requiere un marco jurídico claro. Lo que ha fallado en la llamada “paz total” es precisamente eso: no hubo un marco legal sólido, y eso permitió que los grupos ilegales se fortalecieran.

La paz necesita primero seguridad, luego negociación con reglas claras.

Cuando habla de paz y la contrasta con la de 2016, en la que usted tuvo un papel muy relevante, surge otra pregunta: usted también es reconocido como uno de los grandes legisladores del país. Entonces, ¿quién tiene hoy el Congreso?

El Pacto Histórico es la minoría más grande, pero no tiene mayorías. Y eso es clave.

Hace cuatro años logramos algo distinto: construir una gran coalición de 74 senadores basada en confianza, diálogo y respeto. Eso permitió aprobar reformas importantes.

Hoy no existe esa gobernabilidad. Y cualquier presidente la va a necesitar. Para aprobar la reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma laboral, o una ley de sometimiento a la justicia.

La reforma a la salud es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. El método fue equivocado, hubo terquedad, y el resultado es que no hay reforma y el sistema está en crisis.

Hablemos del centro. De Fajardo, de Claudia López. ¿Cómo los interpreta hoy?

El centro ha sido débil y fragmentado. En la consulta reciente, entre todos apenas representamos cerca de dos millones de votos. Es muy poco.

Y me preocupa que algunos sectores del centro se estén dejando atraer por la derecha. Yo me mantengo en el centro, incluso si eso significa estar solo.

Porque moverse hacia los extremos implica retrocesos en derechos, en libertades, en la convivencia democrática.

Diego Aretz: Ese primer año del gobierno Petro, en el que usted jugó un papel importante, parecía un gran acuerdo nacional. ¿Por qué fracasa?

Porque ese acuerdo era, en esencia, un pacto liberal amplio. Pero tras la ruptura de la coalición, el gobierno se radicalizó.

Yo siempre fui claro: soy liberal socialdemócrata, no petrista. Apoyé ese proyecto por convicción, pero sin renunciar a mi independencia. Y esa independencia no fue bien recibida.

Hay una paradoja histórica: los grandes avances del país han sido producto de acuerdos —la Constitución del 91, la paz del 2016—, pero hoy esos acuerdos parecen negarse. ¿Por qué?

Porque los extremos desprecian el centro. Y sin centro no hay acuerdos posibles.

Hoy se alimenta el odio desde ambos lados. Y el odio es una fuerza política poderosa, pero destructiva.

Usted ha tenido poder, pero hoy está en una posición más solitaria. ¿Es un buen lugar para construir?

Es un buen lugar para la vida personal, pero difícil para la política. Colombia hoy está atrapada en los extremos.

Pero hay cinco millones de personas que no están ahí. Y esas personas pueden definir el rumbo del país.

Usted habló del odio como motor político. ¿Cómo se enfrenta eso?

Reconociendo que existe en ambos lados. Hay odio en la derecha, pero también en la izquierda.

Y hay algo importante: Colombia sigue siendo un país excluyente. Mi historia personal no es la regla, es la excepción. El poder sigue concentrado en élites.

Por eso mi apuesta es que más personas tengan oportunidades reales: educación, empleo, movilidad social.

Usted que ha logrado unir sectores diversos, le pregunto directamente: ¿se puede unir el centro en Colombia?

No se ha podido por los egos. Pero más importante que unir líderes es que voten los ciudadanos.

Si los indecisos votan masivamente, incluso en blanco, pueden generar un cambio político enorme.

Hay algo que me interesa profundizar, y es el papel de las emociones en la política actual. Usted ha hablado del miedo y del odio como motores. ¿Qué espacio le queda a la esperanza en un escenario así?

La esperanza siempre existe, pero hoy está debilitada. Las emociones negativas son más fáciles de movilizar. El miedo y el odio generan respuestas inmediatas, instintivas. La esperanza, en cambio, exige un ejercicio más racional, más paciente.

Sin embargo, cuando uno recorre el país, también encuentra esa esperanza. Está en la gente que sigue trabajando a pesar de todo, en los jóvenes que quieren estudiar, en los emprendedores que no se rinden, en las mujeres que sostienen a sus familias en condiciones muy difíciles.

Lo que pasa es que esa esperanza no tiene hoy una narrativa dominante. No está organizada políticamente. Y ahí hay una tarea enorme: convertir esa esperanza dispersa en una fuerza colectiva.

En ese sentido, ¿cree que las redes sociales han amplificado más el conflicto que las soluciones?

Sin duda. Las redes sociales han acelerado la polarización. Funcionan con algoritmos que premian el escándalo, la confrontación, el mensaje extremo.

Eso no quiere decir que sean malas en sí mismas, pero sí han cambiado la forma en que se construye la opinión pública. Hoy es más difícil sostener posiciones matizadas, porque lo matizado no genera viralidad.

Y la política necesita matices. Necesita deliberación, necesita escucha. Cuando todo se reduce a consignas, el debate se empobrece.

Usted ha mencionado varias veces la palabra “confianza”. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un país que lleva décadas de fracturas?

Con hechos, no con discursos. La confianza no se decreta, se construye.

Se construye cumpliendo lo que se promete, generando reglas claras, respetando las instituciones, garantizando seguridad jurídica. Pero también se construye desde lo simbólico: reconociendo al otro, bajando el tono, evitando la descalificación permanente.

Un país donde todos se ven como enemigos no puede avanzar. Hay que volver a una cultura del respeto, incluso en la diferencia.

Usted ha hablado de ejecución, de hacer. ¿Cree que ese es hoy el principal déficit de la política colombiana?

Sí. Hay un exceso de discurso y un déficit de ejecución.

Colombia no necesita más diagnósticos, porque ya los tenemos. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que falta es capacidad de gestión, de implementación, de llevar las ideas a la realidad.

Y eso implica equipos sólidos, experiencia, conocimiento del Estado. Gobernar no es improvisar. Gobernar es saber hacer.

Finalmente, le hago una pregunta más personal. Después de todo este recorrido, de los cargos que ha tenido, de las tensiones políticas, ¿qué lo sigue motivando a insistir?

Me motiva la convicción de que este país puede ser mejor. Me motiva la historia personal que tengo, que me recuerda todos los días de dónde vengo.

Y me motiva la responsabilidad. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer el Estado, de entender cómo funcionan las cosas, también tiene el deber de intentar mejorarlas.

No se trata solo de una aspiración política. Se trata de una responsabilidad con el país. Y mientras tenga esa convicción, voy a seguir insistiendo.

Quisiera llevarlo a un terreno más concreto. Cuando usted habla de reactivar la economía y generar confianza, ¿cuál sería la primera señal que daría un eventual gobierno suyo en los primeros cien días?

La primera señal tiene que ser de estabilidad y de reglas claras. Un mensaje inequívoco a los inversionistas, nacionales e internacionales, de que Colombia es un país confiable, donde se respetan los contratos y las instituciones.

Pero esa señal no puede quedarse en lo económico. Tiene que ser también social. Los primeros cien días deben mostrar resultados en empleo, en reactivación de sectores clave como la construcción, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Y hay un tema fundamental: la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Por eso, recuperar el control territorial del Estado es una prioridad inmediata.

Usted ha sido crítico del manejo de la seguridad en los últimos años. ¿Qué haría distinto?

Lo primero es entender que la seguridad y la paz no son opuestas. Son complementarias.

No puede haber negociación sin autoridad del Estado. Y no puede haber autoridad sin legitimidad. Eso implica fortalecer la Fuerza Pública, pero también garantizar que actúe dentro de la ley.

Y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para cualquier proceso de sometimiento o negociación. No puede haber zonas grises. La ambigüedad solo beneficia a los grupos ilegales.

Hay un tema que atraviesa todo esto y es la desigualdad. Usted ha insistido en la inclusión social, pero también en la necesidad de crecimiento económico. ¿Cómo se equilibran esas dos dimensiones?

Esa es la clave del desarrollo. No hay contradicción entre crecimiento e inclusión. Al contrario, se necesitan mutuamente.

Sin crecimiento no hay recursos para financiar políticas sociales. Pero sin inclusión, el crecimiento no es sostenible.

Por eso hablo de un modelo de desarrollo equilibrado: que genere riqueza, pero que también la distribuya de manera más justa. Que promueva la iniciativa privada, pero que garantice oportunidades para todos.

En ese equilibrio, ¿qué papel juega el Estado?

Un Estado fuerte, pero no asfixiante. Un Estado que regule, que garantice derechos, que corrija desigualdades, pero que no sustituya la iniciativa de la sociedad.

El Estado no puede hacerlo todo, pero tampoco puede abandonar a la gente. Tiene que encontrar ese punto de equilibrio.

Última pregunta. Más allá de gobernar, un estadista propone un relato. ¿Cuál es el suyo?

Confianza y unidad.

Confianza para que la economía funcione, para que haya inversión y empleo. Unidad para cerrar la fractura nacional.

Coincido con la necesidad de justicia social, pero no basta con el discurso. Hay que ejecutar.

Mi mensaje es claro: que los colombianos participen, que no dejen que los extremos decidan por ellos. Todavía estamos a tiempo.