El mejor legado que se puede tener de una persona es el de poder transmitir, a futuras generaciones y a las propias, no solo la información ni el conocimiento, sino la pasión por el desarrollo y la inventiva humana, que se traduce en cultura. Los mecanismos para transmitir la pasión a generaciones no conocidas han sido siempre una tarea muy difícil, pues requieren múltiples artilugios que permitan apreciar las consideraciones, separar las confidencias, remover los recuerdos y tener un criterio claro, completo y libre de ruidos, el cual une el futuro con el pasado en pensamiento, palabras, idiomas, invenciones e interpretaciones.

Estella Restrepo Zea logró, en muchas ocasiones, llevó estas interpretaciones del pasado a nuestro presente y del presente al futuro lejano. Sus estudios, carácter, propósitos y formación le permitieron crear un mecanismo capaz de comunicar la ciencia, la tecnología, la política y el arte de los siglos XVIII y XIX en sus investigaciones, que perpetuaron sus hallazgos, sacándolos de un letargo temporal hacia una perseverancia, así como las flores en primavera, que son muchas, pero pocas las que dan fruto.

Es así como se desarrolla este ingenioso proceso de transmisión intergeneracional de memoria: Estella nos llevó a un viaje histórico que inició en 1796, en Múnich, donde nos encontramos con Aloys Senefelder, un dramaturgo y músico checo que no tenía mucha fama en sus actuaciones, por lo que el destino lo llevó a incursionar en la escritura del arte dramático con su obra Mathilde von Altenstein, a la que no logró conseguirle un editor. Por ello, decidió realizar una serie de ensayos a fin de poder replicar las publicaciones a través del estampado de una matriz que resultara como un método económico de impresión para difundir sus obras de teatro. En medio de su experimentación, escribió la lista de la ropa que llevaría a la lavandería en una piedra lisa con una crayola; así encontró la técnica que se denominaría en adelante como litografía, considerada uno de los inventos tecnológicos más revolucionarios de la época, cuya fama Senefelder no dimensionó.

Por la misma época, en 1780, en la Universidad de Siena (Italia), el profesor de medicina Paolo Mascagni estaba encontrando los primeros resultados de sus investigaciones sobre el sistema linfático humano, lo que lo llevó a documentar y describir más de la mitad de los elementos anatómicos linfáticos que conocemos hoy en día. Sus hallazgos los realizaba a través de la disección de numerosos cadáveres en condiciones consideradas peligrosas e imprudentes, acompañado por un nutrido grupo de dibujantes que plasmaban, con excelencia artística, el fruto de la herencia del exquisito Renacimiento. Sus descubrimientos quedaron consignados inicialmente en la publicación Vassorum lymphaticorum corporis humani Historia et iconographia y, posteriormente, en la Anatomía Universia (publicada post mortem), que lo consagraron como uno de los más notables anatomistas de todos los tiempos.

Las dificultades de reproducción de sus dibujos, dada su meticulosa definición y detalle, llevaron a los sucesores del legado de Mascagni —Bernardo y Aurelio— a conformar una sociedad anónima para la publicación póstuma de sus obras, contratando como curador y editor al médico Francesco Antommarchi, quien en ese momento estaba siendo recomendado por el cardenal Joseph Fesch para ser el médico de Napoleón Bonaparte. Fue así como, en la isla de Santa Elena, desde 1818, donde permaneció el emperador preso luego de su derrota en la batalla de Waterloo, se encontraron estos personajes.

En ese pequeño y árido islote africano estaban confinados Bonaparte y Antommarchi, quienes conjugaron los dibujos inéditos de la anatomía de Mascagni con la novedosa tecnología de la litografía, cuya idea había sido traída por uno de los visitantes al depuesto emperador: el general Louis François Lejeune, quien estaba fascinado por esta técnica luego de conocer los talleres de Senefelder durante la campaña alemana de las guerras napoleónicas de 1808. Así se confabularon el arte con la innovación técnica, y estas, a su vez, con las invenciones médicas y el poderío político en una obra majestuosa titulada Planches anatomiques du corps humain executées d’après les dimensions naturelles accompagnées d’un texte explicatif, par F. Antommarchi, publicada en París en 1826, cuya edición fue dedicada a Napoleón.

Las 83 láminas anatómicas del cuerpo humano, de tamaño real, que componen la obra, gozan de una precisión y detalle únicos para la época y aun para nuestros días. Litografiadas con especial cuidado, nos conducen a un estudio detallado de cada una de las capas, desde los músculos del cuerpo hasta el esqueleto, dejando una increíble expresividad de los modelos, que semejan estar vivos en medio de una naturaleza vegetal reducida, con el fin de mostrar la grandeza de las proporciones antropomórficas como un canon divino. Tal magnificencia plasmada en el proyecto de las litografías representó para Napoleón su descanso y refugio cuando los guardias presionaban fuertemente su ánimo. Más de una vez fue este pasatiempo el alivio que redujo el peso de sus horas, pues “amaba estudiar el hombre físico y compenetrarse con el hombre moral”, según lo describió el mismo Antommarchi en su diario.

Al morir Napoleón en 1821, Francesco Antommarchi partió a tierras americanas, atracando su barco en Brasil, en Colombia, en México y finalmente en Cuba hacia 1838. El médico encontró en Santiago de Cuba un lugar de remanso a su duro vivir, en compañía de su primo Antonio Benjamín Antommarchi, hacendado cafetero, y de su hermano menor José María Antommarchi, quien estaba casado con la cucuteña Victoria García-Herreros y Santander, con quien tuvo once hijos.

Francesco se dedicó en Cuba al estudio de la fiebre amarilla y trabajó intensamente por combatirla. También llevó a cabo, en la hija del marqués de Moya, gobernador de Cuba, la primera operación de cataratas realizada en la isla, logrando el más completo éxito, lo que desembocó en la fundación de un hospital para que pudieran beneficiarse de sus servicios los numerosos pacientes que sufrían afecciones oculares, encomendándose su dirección a Francesco Antommarchi. La isla había declarado una epidemia de fiebre amarilla que él contrajo, falleciendo a causa de esta enfermedad el 3 de abril de 1838. Luego de su deceso, su hermano José María viajó a Venezuela, donde se estableció hasta su muerte. Su viuda, Victoria García-Herreros, decidió regresar a San José de Cúcuta (Colombia), acompañada de las pertenencias y legado de su esposo y de su cuñado. Tras establecerse en la ciudad fronteriza, su hija Hortensia se casó con José Vásquez Durán.

Ya en Bogotá, José y Hortensia concibieron a Ana Francisca Vásquez Antommarchi, quien años después se casó con Juan Manuel Carrasquilla Hernández, hijo del afamado médico y filósofo Juan de Dios Carrasquilla Lema, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del San Bartolomé, conocido por haber sido el primer jefe del Departamento Nacional de Agricultura —que luego se convertiría en el Instituto Nacional de Agricultura—, miembro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, autor de numerosos estudios sobre paludismo y lepra, profesor de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y creador del Instituto Carrasquilla para el estudio de la lepra y otras enfermedades infecciosas, donde instituyó un suero llamado leprina, que contenía el cultivo del bacilo de Hansen.

Ana Francisca conocía la pasión de su suegro por la medicina y la anatomía, por lo que decidió entregarle las láminas que con esmero cuidó su tío abuelo y conservó su madre durante tantos años. Sin embargo, el doctor Carrasquilla decidió donar las láminas, junto con libros y estudios, a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia antes de su muerte en 1908.

Pasaron muchos años, y las láminas, perdidas y cubiertas de polvo, reposaban entre miles de libros universitarios. En algún momento del siglo XX fueron dobladas por la mitad, cosidas y empastadas, desconociendo su origen y sus aventuras errantes, extraviadas en el olvido del sótano de la Biblioteca de la Universidad, hasta que, en la década de los sesenta, en medio de los ímpetus de los movimientos estudiantiles y bajo la rectoría del médico José Félix Patiño, el doctor Andrés Soriano Lleras, dedicado médico y entusiasta de la historia de la medicina, avistó un deteriorado y húmedo empaste cuyo contenido parecía ser de buena factura. Pensó en llevarlo a su recién creado museo de historia de la medicina del ente universitario; sin embargo, no encontró suficiente información. El museo funcionó hasta su muerte, en 1974.

Ya nadie vivo podía dar fe de esta epopeya, que se perdía sin recuerdo y sin dolientes. Sin embargo, el destino confabulaba contra el olvido de tan importante obra y, para ello, se valió de la pasión escondida de una talentosa historiadora que siempre quiso ser médica: la antioqueña Estella Restrepo Zea, quien había ingresado como docente a la Universidad Nacional de Colombia en 1975. Durante más de una década buscó piezas y artefactos antiguos utilizados en la enseñanza de la medicina. En 1988 encontró una posible veta que sirviera a su investigación y, junto con el decano de Medicina, Augusto Corredor, trabajó para la reapertura del museo, que se llevó a cabo en 1991. Durante su proceso investigativo encontró los apuntes del doctor Soriano y, con ello, el hallazgo de las extrañas láminas.

Conformó entonces el Grupo de Investigación sobre Historia de la Medicina; trabajó con litógrafos y artistas; entrevistó a profesores de la Facultad de Medicina y a académicos como Zoilo Cuéllar; realizó visitas a museos y bibliotecas de París, Florencia y Siena; leyó el diario de Antommarchi; consultó los programas de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad durante el siglo XIX y la primera mitad del XX; indagó con bibliotecólogas de la Universidad Nacional de años anteriores, y logró aclarar lo fundamental de las preguntas que daban tantas vueltas en su cabeza. Con ello, consiguió desenmarañar la majestuosa trama histórica, volviéndola más valiosa que las mismas láminas, maravillosas por su tradición artística y tecnológica al servicio de la ciencia.

Su impulso no se detuvo allí, pues Estella tenía la misión de evitar que estas piezas volvieran a perderse en el abandono. Emprendió entonces el propósito de restaurarlas en el mejor laboratorio del país y, una vez reintegradas a su forma original, almacenarlas en un espacio especialmente diseñado con las mejores tecnologías de conservación en el Archivo Histórico del alma mater. Logró reproducirlas digitalmente con la mayor resolución y definición existentes a nivel global y, finalmente, consiguió la reproducción numerada de cincuenta réplicas, que fueron entregadas a igual número de instituciones académicas y de memoria en el mundo, a través de la Comisión de la Universidad Nacional para el Bicentenario de la Independencia, conformada por el Gobierno Nacional como reconocimiento al desarrollo de la cultura del mundo en Colombia.

Pero esa pasión que nos permitió desentrañar esta enorme odisea tuvo un nombre propio: Estella Restrepo Zea. Una mujer de semblante sereno, acento paisa y una sensibilidad profunda por los estudios sociales. En ella se adivinaba, casi de forma natural, una vocación temprana por la medicina, como si desde niña hubiese cultivado una sed silenciosa por comprender el cuerpo y sus misterios.

Esa inclinación se transformó, con los años, en una disciplina rigurosa y en una constancia admirable, que la llevaron a recorrer los caminos de la historia con la precisión de quien observa, pero también con el cuidado de quien comprende. Su trato, firme y a la vez maternal, marcó a quienes la acompañaron en sus investigaciones —como Ona Vileikis—, guiándolos con la paciencia de quien no solo enseña, sino que forma.

Historiadora de oficio y por vocación, Estella dedicó su vida a explorar los vínculos entre la medicina, la ciencia y la sociedad. Durante décadas, desde su labor como docente en la Universidad Nacional de Colombia, no solo investigó, sino que sembró preguntas, despertó curiosidades y abrió caminos. Fue, en esencia, una tejedora de memoria: alguien capaz de ver en los fragmentos dispersos del pasado una historia viva, esperando ser contada.

Estella Restrepo falleció el 1 de enero de 2019, dejando su investigación como fuente para la memoria y su pasión cultural para el mundo, Estella aun nos acompaña en esta odisea eterna por la memoria.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

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El ojo de la patria
Oswaldo Soriano
Norma, la otra orilla
Bogotá 1997
228 páginas.

Oswaldo Soriano (Mar del Plata, 1943, Buenos Aires, 1997) es a la literatura y el periodismo argentinos lo que sin duda fue para el tango, Horacio Malvicino improvisando con su guitarra eléctrica en aquel ya legendario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Un elemento tan extraño y poco convencional que, a la sazón del viejo blasón popular, resultaba dar un tono hilarante a la configuración de la realidad porteña. Visto desde sus inicios como periodista, primero a bordo del diario La Opinión y más adelante en la fundación de Página/ 12, Soriano ha cautivado por su cínico, aunque solemne, sentido de lo nacional. La mayor parte de sus novelas, al igual que sus cuentos y sus crónicas –que comprenden desde polémicas dictatoriales en la Argentina hasta grescas de tono futbolístico–, confrontan la ligereza de una prosa sin pretextos con el discurso social, no del todo político, tejido tras la puesta en escena de bizarros objetos de cinematografía. Soriano, tildado por algunos de frívolo reducto de la izquierda poco acomedida de entonces y llamado por otros, con justicia, “el equivalente literario de un Buster Keaton combinado con Emilio Salgari”[1], revela en El ojo de la patria (1992) algo parecido a una visión simiesca y sincrética de la realidad: A simple vista menos directa en su tratamiento de los galimatías argentinos, la narración va desarrollando una parodia “patética” del pasado casi desde los mismos albores de la compleja independencia del país, permitiéndose cuestionar con aire de caricatura el destino de una República en cuya formación parecen esconderse las causas de todos sus males.

Al partir de la paranoia de “un espía muerto de un país que no existe”, al que le han encomendado el cuidado de un celebre cadáver de la historia argentina, la novela desciende y asciende por persecuciones y absurdos juegos de máscaras, de la mano de los devaneos psicológicos de su protagonista, un pobre infeliz desterrado por los suyos –tal y como su nada vital acompañante fue confinado por largo tiempo a la inmemoria del pueblo que ayudó a erigir– y llevado finalmente, en sus quehaceres detectivescos, a cargar a cuestas con el secreto de su terruño: “El milagro argentino”, una especie de salvaguarda de la ciencia tras la que el saber de lo argentino podrá hallar el descanso que le vindicará de la desidia colectiva, en una prosa que logra sopesar aquella imaginación tan desbordada junto a un ejercicio discreto de recuperación histórica y social, propiedades que Soriano fusiona en su literatura con el esmero y la gracia de un alquimista. Osvaldo Soriano, siempre del lado del sustrato social, amparaba su narrativa en asuntos tan simples como la página en blanco o los enredos editoriales –a los que constantemente hacía alusión siguiendo un poco lo que Salgari escribiera a propósito de tan “innoble oficio”-, y sobre otras cuestiones de público ejercicio como el fútbol –Soriano fue un furibundo hincha del Boca Juniors– o esa política de cafetín en la que se discutía sobre desfalcos o torceduras del gobierno.

Fumador empedernido, tenía una norma parecida a la de Mark Twain –“no fumar más de un puro a la vez”­–, Soriano pasó sus últimos días sumergido en la internet y sin mostrar su ya avanzado padecimiento de cáncer, visible tras las quimioterapias en las que perdió por completo su cabello y que lo arrancaron de su rutina de “gato” el 29 de enero de 1997 en Buenos Aires. “Con la quimio uno anda como paseando en un mundo medio irreal”; “Tengo fecha de operación para el 20 –de enero, por supuesto–. El alíen se achicó lo suficiente para hacerla posible”[2]. Tal es el leitmotiv en la literatura de Osvaldo Soriano, un estilo estrechamente emparentado con la necesidad de denuncia a la que ha dedicado su vida, dejando al descubierto, a partir del carácter sui generis de su ficción y del cinismo sin igual que poseen sus obras, problemáticas como la del peronismo de izquierda y de derecha en los años 70, las aberraciones de los militares, la mediocridad del alfonsinismo o los apagones, la privatización y el crecimiento de la economía informal en los años 90. La complejidad de la novela y su irreverente manejo, llevan al lector a ser cómplice de una deformación metahistórica en la que, no teniendo pretensiones manifiestas, se dice más de lo que parece y en la que se ve escindido el discurso beligerante sobre el destino de un país.

Queriendo dilucidar un momento clave en la formación de la República Argentina, Soriano pone en acción el cadáver de un prócer de la independencia –que no parece ser otro que el General San Martín, olvidado por Bolívar ya hacia el final de la campaña libertadora y cuya función en su país no fue enteramente cumplida– al que, provisto de un chip que le permite decir dos o tres cosas como a una muñeca de juguete, han de sucederle tantas cosas como pasajes extraños cabe anunciar en un film noir o en una escena de comedia de los años treinta. Las cosas que el infortunado cadáver reniega y de las que hace eco su protector –que termina por vindicar las tesis revolucionarias que el prócer en vida defendió–, no son otras que las pataletas que el destierro hasta ahora le permite inquirir. Improperios contra el triunvirato, Rivadavia, Belgrano o simples fraseos confusos tras los que el prócer debe ser atendido con baterías nuevas y con gotas oftálmicas que le ayudarán a conservar una apariencia vital.

En ello, Juan Carré, llamado por la celebridad, pero víctima de su mal estilo y de una serie de infortunios que le llevarán a estar muerto sin realmente estarlo –con una flamante tumba en el Pere Lachaise junto a otros tan celebres como Oscar Wilde o Jim Morrison–, construye en su cabeza un sin fin de teorías y supuestos que llevan a peligrar la “existencia” de ese otro difunto. El estilo altisonante y siempre ocurrente de Soriano pone en movimiento cosas tan dispares como lo son un cantante de Rock –máscaras de Sting o de Clapton que encubren como si fuesen cirugías el desarrollo de una aventura policiaca– buscando mercancía en un tren en marcha, construido casi como una escena de Aventuras de un cadáver de R.L. Stevenson. A partir de unos versos de Verlaine: “Les sanglots longs / des violons de l’automme/ blessent mon coeur/ d’une langueur monotone…”[3], que sirven de escaramuza ante otro confidencial que Carré llama insistentemente Pavarotti, pese a su extremo parecido con el conocido tenor, la historia se muestra como una espiral vertiginosa que esconde la trama de una operación de inteligencia sobre la que el desteñido agente teje la propia: “El hombre que volvió de dos muertes”, “Confesiones de un agente confidencial”, o talvez, como dictamina a Carré un escritor de un hotelucho en París para tranquilizarle, “un relato de suspenso que pasa en un tren nocturno. Los personajes son un agente secreto, un muerto que habla y una banda de escritores que se han juramentado para no publicar nunca”.

El ojo de la patria es, en definitiva, una novela de tintes contrautópicos, sardónica y chaplinesca –con todas las licencias que puedan tener lugar en una ficción– y donde, a fin de cuentas, ambos, el cadáver alentado por la ingeniería moderna y su nada suspicaz guardián, viven en el exilio, “el prócer, acá –en París– pasó la vida en cafetines de mala muerte, comiendo porquerías y tragando bilis por la revolución”, y Carré, como una sombra de algo que en su fuero interno solo atina a cantar –errando entre la tumba de Chopin, Balzac, Wilde y Morrison–: “This is the end, beautiful fríend (…)The end of laughter and soft lies, / The end of nights we tried to die”[4].

[1] Forn, J. (1997). Sin aliento no habrá más penas.

[2]  Últimos correos electrónicos de Soriano.

[3] “Las largas banderas / de los violines del otoño / hieren mi corazón de una lánguida monotonía…”.

[4] “Este es el fin, hermoso amigo (…). El fin de la risa y de las dulces mentiras. / El fin de las noches en las que habíamos querido morir…”. Entrada y  fin de “The end”, tema de The Doors citado varias veces en el libro de Soriano.

[*] Soriano, O.(1996). Fantasmas y dinosaurios. Bogotá: Editorial Norma.

Hemos dicho también que fue autor de los libros “Cantares de navidad” (1950) e “Himnos patrióticos y cantos para escuelas y colegios” (1951). Incursionó en la TV como arreglista y compositor, estuvo ahí en la primera edición el 13 de junio de 1954. Fue Presidente de la Asamblea Departamental de Nariño, Representante por Nariño en el Congreso de la República. Que compuso también pasillos, tangos, valses, danzas, himnos, entre muchos otros ritmos más.

Siendo secretario de gobierno en la Gobernación de Nariño en 1938 se creó el Conservatorio o Escuela de Música adscrito a la Universidad de Nariño, en donde fue fundamental su papel para que el gobierno nacional, auspiciado por la Dirección Nacional de Bellas Artes, adscrita al ministerio de Educación, era entonces gobernador el médico Max Llorente Ortiz, oriundo también de la histórica ciudad de Barbacoas.

Acompaña este artículo una fotografía de Jeremías Quintero, publicada por la revista Renovación de la ciudad de Pasto el 14 de julio de 1927, la cual aparece con la siguiente leyenda:

“Señor don Jeremías Quintero Distinguido e inteligente artista quien actualmente se encuentra en Bogotá ocupando una curul en la Cámara de Representantes. El señor Quintero es un fervoroso cultivador en el arte Beethoven y Mozart. Como compositor lleva escritas por lo menos un centenar de piezas en las que ha reflejado todo el arte y el espíritu nacional. Luis A. Calvo el genial autor de los “Intermezzos”, tuvo frases de elogio muy merecidas y muy justas por composiciones musicales del artista señor Quintero, conceptos que fueron publicados por la prensa de Bogotá. Las bandas del Conservatorio y de la Policía Nacional de Bogotá, como la Militar de Nariño, ejecutado con especial predilección sus composiciones. Entre las últimas producciones se distingue el precioso valse “Alicia”, que hace pocos días estreno la Banda de esta ciudad. RENOVACIÓN envía al inteligente artista sus más cumplidos parabienes y ofrece para una de sus próximas entregas, la publicación de una de sus piezas últimas.”

Quiero darle la palabra a Jeremías Quintero, de una conferencia dictada “Desde el altoparlante de la Agencia Internacional” y recogido por la revista Ilustración Nariñense en febrero de 1931, y que constituye una pieza que permite recoger lo que él pensaba acerca de la música nacional por ese entonces, y que quizá sirva como pieza clave en la arqueología del saber en la reconstrucción de la historia de la música del Sur de Colombia:

“Señores: Es un significado honor hablar desde este altoparlante, amplificador prodigioso del sonido, a un público abigarrado y comprensivo, como el que colma los ámbitos de nuestra plaza legendaria. El doctor Gerardo Martínez Pérez puede estar orgulloso de haber implantado una tribuna a favor de la cual, hombres de talento han dicho y dirán, con palabra vidente, al admirable y admirado pueblo de Pasto, los tópicos de la hora y las inquietudes que apasionan el alma colectiva. Al escogerme a mí para que fatigue vuestra deferencia con esta opaca causerie, el doctor Martínez Pérez practica uno de los dones con que los dioses tan muníficos fueron con él: su atrayente indulgencia .

Tema divino el de la música, como que ha sido llamada el arte divino. Talvez antes que en la caverna el sílex esculpiera sobre la roca las grotescas figuras con que el hombre ancestral quiso perennizar o simplemente mostrar por este medio su incipiente concepto de la belleza; talvez antes de que la arena in tocada recibiera el trazo con que en forma tosca quería ese ser plasmar sus ansias de elevación espiritual el primitivo poblador de este mundo sublunar deshizo en burda melodía su pesadumbre de contemplarse, inerme y solo arrojado en la vastedad de la tierra limite. Porque si la vida es un tránsito donde, a lo largo de todos tos días, domina el dolor, el alma que transforma el barro de nuestro ser en un soplo divino, siente nostalgias de transfundirse con el  Todopoderoso de donde brotó, y modula, para exteriorizar ese turbativo anhelo, la armonía de su garganta, signo inefable y nebuloso de un sentimiento purificador y purificado en las fibras más hondas. En el bello apólogo de uno de nuestros magnos liridas, el padre Adán, al verse despedido del Edén fascinador, le dice a su Creador: -.¿Qué me das para acordarme de Ti ?, y El, compadecido, le responde: “Te doy la música”.

De todas las artes, la música es que nos separa de la materia y de la voluntad del vivir: ella expresa, como ninguna manifestación estética pudiera hacerlo, el sacrificio de todo deseo; ella nos ofrece, no la apariencia externa de las cosas, sino el .alma de las mismas, el alma de todo cuanto existe: animae rerum: es la vida misma .

“El hombre que no tiene en sí música alguna, ni le conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es inclinado a la traición al robo y a las asechanzas culpables: Los movimientos de su alma son lúgubres como la noche y sus afectos, oscuros como el Erebo.” Tal dice, en el Mercader de Venecia, el más grande de los genios ingleses que han contemplado los tiempos. Y ese otro superhombre que infundió aliento a dos creaciones, perdurable trasunto de idealismo y realidad, asevera por boca de Sancho: “donde hay música no puede haber cosa mala.”

Para qué hablar de la música como factor educativo; para qué subrayar lo que todos sabemos: que ella anula la incompasividad de las fieras y reduce a la impotencia a las alimañas más crueles: para qué señalar que ella apacienta a la ira (recordar a David tañendo su lira para calmar los arrebatos de Saúl), y fugaviza, desarmándolos los instintos salvagizantes. Cuántas veces una ingenua cadencia o la dulce cantinela con que la madre querida meció nuestra cuna, escuchadas o hechas susurro en nuestro corazón, ahuyentan un mal pensamiento, o zahorizan y embrujan una balbuciente emoción, que cobra por ese embeleso la virtud de remontarse como en el mirifico símbolo de la escala migratoria, hasta el cielo inmarcesible! Y cuántas otras, unos eurítmicos compases de nuestra predilección nos transportan a días y momentos bienhadados, aterciopelando, con su intuitiva evocación, la punzada torturante de una pena, e infundiéndonos  otra vez, por la gracia de su sedante lenitivo, la certidumbre de que “tras de cada nublado hay un lucero”, y que “por ruda tormenta sacudido florece hasta morir el limonero.”

Porque cuando convulsionados por el viacrucis de una pérfida congoja, interrogamos, pávidos y trémulos, al pomposo rosedal que perfumó nuestros días venturos, a la madeja de agua que en- salmó nuestro vivir con su leda cantiga, a las abscontas constelaciones que romantizaron la loca fiesta de nuestra fantasía, y el rosedal, las constelaciones y la madeja de agua ya no nos descifran el enigma del ensueño y nada nos dicen para reecender el ánimo desfalleciente, nuestro reino interior seguirá confortándonos con aquello que no muere en nosotros, con lo que pervive al través de éxitos y tribulaciones, con lo que nos hace aptos para, al cabo de una sañuda tragedia de vicisitudes o una etapa de bonanzas, seguir viviendo la vida en belleza y en virtualidad: con la llama que irradia en nuestro corazón, nunca hecha pavesas, en homenaje de los alados sentimientos que embellecen la existencia; con el himnario que, alma adentro, dilata los horizontes de nuestra ruta si ensombrecidos a veces, iluminados perpetuamente por las auroras que rigen la esperanza, eternal y redentora.

La música refleja, como en un espejo de maravilla, el alma y la índole de un pueblo y una raza. Las razas vencidas transmutan su melancolía y las añoranzas de su perdida libertad en dejos de una tristeza enervante, en sones que culminan en gritos laceradores, humedecidos por recuerdos de crucifixión y lágrimas, y que son la impotente letanía de una impotente redención. Así los trenos de la en otrora esclava casta incaica de la América india. Y cuando a un pueblo lo acicatean próvidas vehemencias, surge, no se sabe cómo, el canto invicto, genitor de avatares y triunfos, que ha de fundir el valor y la abnegación de las multitudes en un hervor de inmortalidad y gloria. La Marsellesa, trofeo musical de una época que partió en dos la historia de la libertad, es la patética demostración de este paradigma.

Y es que si se quiere diluir el espíritu en un salmo de piedad, cuando él está macerado por el cilicio de una malandanza impiadosa, y allá muy hondo, se entreoyen voces que nos hacen entrever, al través del martirio y del Calvario, la colina de las logradas transfiguraciones; si se quiere aquilatar y dinamizar ansiosamente un estado de alma, edificar un culto fastuoso, encadenar la devoción de las falanges humanas con antenas generadoras de fiera resolución y coraje, enfervorizar las voluntades cuando el vigor tiende a hesitarse y se descoyunta la acometividad para la acción, la música nos ofrece un venero inexhausto de donde podemos ex- traer la aristocracia de los impulsos que ornamentan el ánima, y cristalizar, en el cromatismo de sus figuras, los resortes que señorean nuestras proteicas emotividades: el lazo indestructible, el nepente y el paliativo, el brío ennoblecedor, el amor que redime, el ala que eleva, la excelsitud que diviniza.

Eminente patrimonio de la condición humana, tanto más si ésta ha alcanzado la sensación de su propio valer, es la de desvelarse por la conquista de preeminencia y honor. Paralela a esta bizarra concepción de la vida, está la de modelar la propia personalidad con rasgos originales y modalidades inconfundibles. Y si el individuo como unidad y mientras sea más alta su alcurnia cerebral, aspira a esa finalidad, los conglomerados que forman nación tienen entre sus deberes-quizá el más urgente- el de definirse y acentuar su fisonomía colectiva . “Ser”: esa es la orientación de cada pueblo. Hay que confesar que nosotros hemos descuidado este indeclinable deber. En el afán de copiar usos exóticos, en el sempiterno empeño de reflejar lo privativo de ultramar, hemos postergado nuestros atributos intrínsecos, arrojando a la vera aquello que nos enaltece. En tanto que otros países relievan su yo íntimo, nosotros como que nos sintiéramos empequeñecidos ante lo que ingenuamente tratamos de imitar.

Refiriéndose a la tradición de las naciones hispanoamericanas, apunta Rodó: “Asistimos al naufragio de la tradición, y debe preocuparnos el interés social de que él no llegue a consumarse. La persuasión que es necesario difundir, hasta convertirla en sentido común de nuestros pueblos, es que ni la riqueza, ni la intelectualidad, ni la cultura, ni la fuerza de las ar-mas, pueden suplir en el ser de las naciones, como no suplen en el individuo, la ausencia de este valor irreductible y soberano: ser algo propio, tener un carácter personal”.

Está bien que avancemos cada un día más en la parábola del progreso; que entronicemos los signos de la civilización en este gran país nuestro, asimilándonos las modernas disciplinas del vivir universal; pero equilibremos las cosas del Anima con las grávidas proyecciones del desenvolvimiento material. Y pues nuestra psicología se señala por un apego a la cultura tan amada por ese pueblo -primicia de selección- donde Safo y Praxiteles recibieron el beso de la luz, serán los opulentos ideales que han alumbrado nuestro camino los que, superpuestos a los del maquinismo febricitante, nos salven y rediman al correr del tiempo, porque ellos significan “la hegemonía del espíritu”.

“Las preocupaciones del espíritu, anota Daniel Samper Ortega, son las únicas que definen y defienden una nacionalidad”. Y es que mientras las primacías de la mente sean estimadas como una fuerza supra terrestre, “podrá decirse que la humanidad no ha perdido la luz de su estrella”.

Afirmemos el sentido de nuestra nacionalidad. Colombianicemos lo nuestro, lo que nos encumbra y nos autoctoniza. Evangelio seductor éste, para cuyo apostolado todos debemos reclamar un puesto de honor. La nación que ha modelado su estructura anímica, sabe lo que quiere y sabe a dónde va.

En el camino de fertilizar nuestra idiosincrasia, nada mejor que fomentar nuestra música raizal, en cuyos aires, nutridos por los jugos fortalecedores de los vínculos fraternales, filtra nuestro corazón su amor por esta tierra y su reverencia para sus gestas gloriosas.

“Los pueblos -exclama ese principesco señor del verso, Rafael Maya- adoran sin reserva aquello que interpreta su índole, que traduce sus esperanzas, que canta su tristeza, que aclara su porvenir, que robustece su fe, como que sólo estos sentimientos constituyen la riqueza espiritual de una raza, y al exaltarlos se ponen de relieve las fuerzas de que dispone, su defensa moral y su posible permanencia en el recuerdo histórico”.

La música es hija del paisaje, y como nos subyuga al vaivén de nuestras solicitudes pasionales, el alma arraiga y se confunde con las canciones que nos regocijaron o conturbaron desde niños. De allí el hechizo memorioso de ese arte excelso, que para conmovernos no necesita, como las demás artes, herir nuestra retina, y cuyo sedeño arrullo llevamos en nosotros mismos. Y en tanto que esta edad mecánica imponga entre nosotros su plenitud asfixiante, habrán, en todos los términos del patrio solar, inmotos y silentes espacios donde la flauta campesina, el tiple jubiloso y las voces aldeanas rizarán las propicias solemnidades de las aldeas y campiñas con las tonadas y cantos de nuestro vivificante vivero musical.

Se propaga ahora, en sentido de restarles originalidad, que el bambuco se encuentra en el scherzo de una sinfonía de Beethoven y el pasillo en un curteto de otro coloso de la música? Qué importa que esos aires típicos estén comprendidos en dos pasajes de dos compositores ilustres, si ellos, entrelazándose con la formación de la nacionalidad, se han incrustado en el alma del pueblo y héchose savia de su savia; si cuando los escuchamos, lo mismo en la pródiga vendimia, en el prolífico plantío, en la verbena bulliciosa, en la serenata galante, en la gloriosa epifanía del crepúsculo o en la eclosión de un tenue hilo de luna, emerge de nuestras reconditeces, como el agua al contacto de la vara milagrosa, un reguero de cautivantes sentires, que inflama nuestra fe y la fe en el porvenir espléndido de esta patria bien amada? ¿Dónde brotó la guabina quejumbrosa, dónde el ondulado bambuco, dónde el pasillo cascabaleante, dónde la canción aldeana que va cantando por el senderito, con honda melancolía, una pareja de campesinos, frescos y lozanos como bendición de Dios? ¿Fue acaso en el bohío perdido entre los oxiacantas y cámbulos del bosque, en la señera casita enmarcada entre dos oquedades de la inhóspite serranía, en el ribazó del río en cuyo glauco misterio parece esconderse un Ofir de magia y sortilegio mientras el ramaje tiembla con una explosión de alas y cadencias; o fue en la penumbrosa hondonada y en el augusto momento de la conjunción del sol con el vaho de la tierra lujuriante? No se sabe; pero esa guabina, ese bambuco y ese pasillo y esa canción compenetrados están en el corazón de las masas, constituyen el folklore donde ellas trasiegan los atavismos y tradiciones de la raza, y prodigan el milagro de prolongar en el tiempo esa música cordial.

Camilo Mauclair -citado por el Licenciado Vasconcelos en un libro encantador sobre la canción popular mejicana y quizá el crítico de más enjundia de la Francia contemporánea- escribe a propósito de los cantos populares: “Resulta imposible, salvo en casos muy raros, y con grandes reservas, determinar la fecha de la aparición de un lied, ni quién fue el autor de la letra, ni la manera cómo la música hubo de adaptarse al poema. El rastro de una canción en el alma de un pueblo es tan intangible, como el vuelo de un pájaro en el aire”. Y expresa Vasconcelos: “No andaríamos descaminados de la verdad si creyéramos que el momento de la concepción de un canto popular hubiese sido cuando el peón termina su labor y regresa al atardecer a su humilde cabaña, donde lo aguardan la anciana madre y los pequeños hermanitos; en un momento dado siente en su corazón una oscura ansiedad de verla a ella, a la que bajaba con el cántaro al hombro; a la que le sonrió furtivamente en la iglesia en la solemnidad del domingo”.

Cita luego Vasconcelos estas palabras de un destacado musicólogo de su patria, aplicables a cada pueblo que quiere aprestigiar su arte autóctono: “Soy un devoto de nuestra música propia, porque es el alma de la raza. Quisiera guardarla en un nicho para conservarla virgen y así entregarla a la niñez para que se extienda por todas las capas sociales de la nación entera. Parece una flor nacida del sentimiento estético natural de nuestro pueblo, y comprendo que los músicos no debemos tomar de ella más que aquello que las flores dan sin desvirtuarse: el perfume. Y los que no la sientan, los que no sean capaces de apreciar su aroma … que no la busquen … en bien de ellos y de todo”.

Y es que para el arte y cuando se quiere transformar las efusiones musicales de un pueblo en partituras polifónicas, acaso huérfanas de la frescura primigenia del tema popular, hay que tener presente la austera máxima de Horacio, soberana ley de estética: lo que no puedas hermosear, no toques.

Está bien que iconoclastas del clasicismo musical pretendan vitalizar nuestras tonadas, afiligranándolas con ropajes refinados. Pero que no se desvirtúe su contextura  que arranca de la entraña misma de la multitud. Y… vestido el bambuco con adventicios oropeles y abrillantado con exotismos sutiles, habría ese aire musical nuestro infundido un hálito de epopeya a los tercios colombianos en la jornada de Ayacucho? Y allí, en esa batalla, que semeja una visión de Apocalipsis y que, como la de Valmy, pudiera también llamarse la batalla de las naciones, en los momentos en que Córdoba, tocado por el aletazo del águila de Júpiter, pronunciaba, retando a la gloria, su épica orden hasta ese instante jamás oída, la banda de su División rompió con un bambuco que, trayendo a las huestes colombianas las saudades de la patria ausente, las fulminó, en fanfarria triunfal, a una orgía de intrepidez y bravura.

El arte no tiene fronteras, y nada es tan innoble, según la expresión de Wilde, que no pueda ser dignificado por él; pero conviene aceptar -y hablo en sentido raizal- con beneficio depurador, aquella música letárgica y tediosa, cuyos leits motivs carentes de espiritualidad, lejos de estilizarse, estrangulan, con mendicante flebilidad, con monocordismo aplebeyado y con desgarramientos y amargores propios de siervos, nuestras innatas altiveces y nuestras incitaciones generosas. Captemos de esa música lo poco que de su indigenismo merece laudades, y desvinculémonos resueltamente, por este aspecto, de lo que está en disparidad con nuestro distintivo de pueblo, no atado a esclavizantes ligaduras y de un gusto desvaído y zafio.

Con exultante visión patriótica, mantengamos siempre enhiesto el ideal de la colombianidad; y puesta la mira en el acrecentamiento cultural, procuremos en el pueblo de nuestro altiplano meridional la difusión de la música que nos es común; démosle a escanciar el vino tonificante del arte vernáculo; avivemos su emoción hacia un definido pensamiento artístico, fronteras adentro, y desarraiguemos su inclinación por aquellos “tonos, sobresaturados de temas banales de amodorrante y letal repetición.

Armoniosas y densas, engarzan bien aquí las siguientes cláusulas de ese ponderado y óptimo escritor, cuya celebridad cabalga en el seudónimo de Maitre Renan:

“Por qué, si con elementos tan valiosos contamos, la música nacional, tan honda, tan bella, tan inconfundiblemente original, está descuidada, proscrita, por obra y por omisión de los artistas colombianos? Al paso que todos los pueblos tratan de singularizarse, de afirmar su personalidad autónoma, de exaltar las virtudes indígenas con el noble orgullo de ser ellos mismos, nosotros, en todos los órdenes, pero en este de la música principalmente, tratamos de esfumarnos, de pasar inadvertidos, disfrazados en arte con la máscara de la ópera bufa o con el antifaz de complejas sinfonías, dentro de las cuales el alma sencilla y doliente de nuestra raza se agita sin orientación.

Mientras que los Estados Unidos atruenan los cafés y los teatros del mundo con la monotonía ruda y chillona de sus danzas, hecha música yanqui por la vanidad nacional; en tanto que la Argentina lleva el dejo agreste de sus tangos, impregnados de una lujuria sofocante, a los salones aristocráticos de Viena y de París, nosotros tenemos vergüenza. de nuestra música, tan rica en expresiones, tan humana, tan flexible, capaz de conquistar, como lo ha hecho ya en algunas ocasiones, la admiración de públicos inteligentes, fatigados del colorete, de la falsificación y de la mentira, llevados a las distintas formas del arte y de la vida.

El pueblo debe tener siquiera el derecho de que se le hagan gustar las melodías que riman con sus anhelos íntimos, y se le deje oír, de vez en cuando, la música cuyas vibraciones está acorde con las del alma colectiva. ¿Cómo exigirles suavidad, valor, abnegación a las muchedumbres, si no hemos querido atarlas con un lazo de armonía, si no ha pasado por sus corazones, estremeciéndolos al mismo tiempo, el grito desesperado de la gaita, o la queja, diluida en lágrimas, de sus flautas rústicas?

Nuestra necesidad máxima es crear el alma de la nacionalidad; fundir en una todas las aspiraciones vagas y divergentes de las regiones distintas y distantes; y eso, mejor que con discursos y conferencias, que el pueblo no entiende, se conseguiría con el cultivo y desarrollo de la música criolla, vínculo de ternura y de emoción más duradero que todos los monumentos, porque es más humano, talvez lo único genuino y sustancialmente humano.

No finjamos llorar con las falsas romanzas italianas, cuyos pequeños gemidos, reglamentados por las exigencias escenográficas, dejan fría nuestra desbordante sensibilidad tropical; no hagamos la comedia del entusiasmo ante las complicaciones de los músicos alemanes, cuyas producciones inmensas les hacen gritar a los sinceros, cuando la ejecución culmina: Música! No continuemos derrochando esnobismos y tontería. Tengamos el valor, el decoro y el orgullo de nuestros bambucos melancólicos, de los alegres pasillos, de toda la espontánea y maravillosa orquestación de nuestros sentimientos, realizada por el genio omnipotente de la raza”.

He aquí pues un objetivo merecedor de infatigable consagración: amasar en un solo y caudaloso ideal las ansias inconexas y heterogéneas que acaloran las mentes de uno a otro horizonte del territorio patrio: acendrar el elixir que corre por los pletóricos cauces del sentimiento colectivo: erigir una conciencia que palpite en un solo ritmo y en una sola afinidad; rescatar, para sublimar con ellos el alma de la patria, los comunes ritos ante los cuales quemamos la mirra de nuestra devoción. Entre ellos está, en grado proficuo, la música, nuestra música propia, que nos habla de la nieve inviolada de nuestras enaltecidas cimas, del ímpetu de nuestros ríos, del frú-frú de nuestros platanales ubérrimos, de las fragancias paganas del trópico, de los rumores jocundos de nuestras selvas, de nuestras tardes rutilantes, estremecidas por los incendios del ocaso, del vuelo, alucinante y grave de los cóndores, ebrios de sol y de cumbres.

Estimulemos nuestra música como una fórmula de salnd, como un siempre remozado y pujante renuevo que fecundice el hogar mancomún, como una preclara advocación a los recuerdos glorificantes y una irrevocable afirmación al futuro indeficiente.

Magnificaremos así, con sangre del espíritu, una premiosa obligación del imperativo nacional.”

Acompaña este artículo una fotografía de Jeremías Quintero, publicada por la revista Renovación de la ciudad de Pasto el 14 de julio de 1927, la cual aparece con la siguiente leyenda: “Señor don Jeremías Quintero Distinguido e inteligente artista quien actualmente se encuentra en Bogotá ocupando una curul en la Cámara de Representantes. El señor Quintero es un fervoroso cultivador en el arte Beethoven y Mozart. Como compositor lleva escritas por lo menos un centenar de piezas en las que ha reflejado todo el arte y el espíritu nacional. Luis A. Calvo el genial autor de los “Intermezzos”, tuvo frases de elogio muy merecidas y muy justas por composiciones musicales del artista señor Quintero, conceptos que fueron publicados por la prensa de Bogotá. Las bandas del Conservatorio y de la Policía Nacional de Bogotá, como la Militar de Nariño, ejecutado con especial predilección sus composiciones. Entre las últimas producciones se distingue el precioso valse “Alicia”, que hace pocos días estreno la Banda de esta ciudad. RENOVACIÓN envía al inteligente artista sus más cumplidos parabienes y ofrece para una de sus próximas entregas, la publicación de una de sus piezas últimas.”

La creación de un mecanismo de transición justa ha sido considerada por especialistas como la mayor victoria de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30) realizada en Belém, Brasil, durante noviembre. Se trata de un instrumento que busca descarbonizar la economía, pero que todas las personas reciban los beneficios de la transición de industrias a modelos más limpios, especialmente en la energética.

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Tuvieron que darse años de diálogos entre los países para acordar este mecanismo. El proceso que seguirá en 2026 será más complejo porque los Estados deberán decidir cómo se va a implementar, quiénes lo van a financiar y bajo qué condiciones.

Especialistas consultados por Mongabay Latam detallan los retos para sacar adelante el acuerdo, pues nació sin una gobernanza clara y sin un financiamiento establecido, cuya discusión podría generar tensiones entre los países.

Además, el mecanismo surgió en medio de dos disonancias importantes: la presión de naciones petroleras que obligó a borrar toda referencia explícita a combustibles fósiles, así como a los minerales de transición, aquellos que tienen gran capacidad de almacenar y distribuir energía. Sin embargo, explican los especialistas, el acuerdo cuenta con instrumentos para traducirse en políticas que avancen a esquemas menos contaminantes, pero cuiden al mismo tiempo a comunidades que dependen, por ejemplo, del carbón y del petróleo, así como a pueblos indígenas y campesinos expuestos a los impactos de la industria minera.

Estos son los matices de una victoria histórica que busca llegar a los más vulnerables frente a la crisis climática.

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Avanzar pese a las contradicciones

Aunque los países aprobaron en el llamado Paquete Belém acuerdos que no incluyen menciones al abandono de los combustibles fósiles o a los impactos de los minerales críticos, especialistas ven en el mecanismo una victoria para impulsar la justicia climática al haber un reconocimiento explícito a los derechos humanos, laborales, de las mujeres, personas migrantes, jóvenes y pueblos indígenas.

Para Laura Montaño, abogada y coordinadora de la Red por la Justicia de los Recursos para América Latina y el Caribe, este acuerdo es como una versión de la película Don’t Look Up, una sátira donde astrónomos advierten a la sociedad de un cometa mortal que está por estrellarse en la Tierra, pero se encuentran con indiferencia política y una negación de la catástrofe. La especialista considera grave que los países evadan los conflictos más sensibles por ignorar la realidad de que los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento del planeta.

Sin embargo, al mismo tiempo destaca herramientas legales y diplomáticas que dejan la puerta abierta para incluir la relación entre clima, recursos naturales y derechos humanos

“Es un tema de creatividad. El hecho de que a mí no me digan explícitamente una cosa, no significa que yo no pueda generar ciertos vínculos”, destaca Montaño y pone de ejemplo la omisión a los minerales críticos.

Si bien no hay un reconocimiento en el texto a estos minerales de transición —como el cobalto, el cobre, el grafito, el litio o el níquel—, sí se puede hablar de diversificación económica para atender a las comunidades en los procesos de cierre de minas de carbón o de bloques petroleros.

“Hablar de transición justa es quitar este purismo climático a la agenda y ver que viene con muchas otras cosas de por medio. Si entro a hablar de pueblos indígenas, tengo que hablar del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre consulta previa en los proyectos de infraestructura, mineros o petroleros”, explica a Mongabay Latam.

Jorge Martínez, coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México, sostiene que el acuerdo también fue un logro, en gran parte, de la sociedad civil, que por años ha impulsado una visión de derechos humanos para atender la crisis climática.

“Lo consideramos un logro importante porque fue lo que la sociedad civil más empujó y se vio reflejado al final. Realmente se puede influir en las decisiones de los documentos”, sostiene.

Agrega que aunque hay una debilidad en no mencionar a los combustibles fósiles y a los minerales de transición, sí hay elementos que permitirán defender derechos humanos en la transición de las industrias y evitar que esta conversión genere zonas de sacrificio.

“Se habla del consentimiento libre e informado de las comunidades [indígenas] que van a ser afectadas. Hay por lo menos una salvaguarda potencial para evitar daños e impactos socioambientales de la transición”, dice a Mongabay Latam.

En el mismo sentido, Camila Mercure, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca el trabajo de la sociedad civil para impulsar el Belém Action Mechanism (BAM) como la iniciativa para pasar de los diálogos a la acción e implementación de políticas. El objetivo, explica, es identificar caminos para la cooperación internacional, transferir tecnología entre países y guiarlos en la implementación de la acción climática.

“Lo que propone es que haya una entidad de coordinación que esté bajo la UNFCCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] que pueda guiar, pero que también haya otros componentes en la generación de conocimiento y de acción, desde apoyos técnicos y financieros”, explica.

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Financiamiento, el tema incómodo en la mesa global

El dinero siempre ha sido un tema que ha trabado las negociaciones climáticas a nivel global, incluso para el nacimiento de este mecanismo que se había ideado desde hace tres años en la COP27, realizada en Egipto, donde esta iniciativa no pasaba de ser solo diálogo entre los países, sin ningún tipo de obligación.

Ahora, con la creación del mecanismo, los países deberán financiar esta iniciativa, pero quién pagará y cuánto es algo que no se ha definido.

Mercure destaca que este será un gran reto para las naciones en 2026, pues considera que el financiamiento no debe ser en forma de deuda para los países en desarrollo, que les genere mayores presiones, algo que nunca es bien visto por los países del norte global, quienes han sido los responsables de aportar el dinero para medidas de adaptación al cambio climático.

“Acá va a surgir el primero de los conflictos, cuando llegue el momento de hablar de cómo se financia este mecanismo va a haber una primera disputa entre los países porque los países del norte global no quieren abrir nuevas ventanas”, dice la experta a Mongabay Latam.

La especialista también destaca que en comparación con el financiamiento que los países desarrollados están destinando a frentes como la militarización o la defensa, el gasto del mecanismo es “ínfimo”.

Martínez destaca la adaptación y mitigación como ejes donde el financiamiento es crucial, por lo que señala la transferencia de tecnología que permita a los países desarrollar sus capacidades locales con apoyo internacional.

Además, explica que más allá de los acuerdos que adoptaron los países en la COP, hay opiniones consultivas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan las responsabilidades de Estados y empresas en los impactos de la crisis climática, así como sus obligaciones para reparar los daños.

“Cada Estado debe velar para que esa transición sea justa, que llegue a las comunidades, con el principio de prosperidad compartida”, advierte. “No es nada más no crear daños, sino cómo se van a distribuir de manera más equitativa los beneficios”, sostiene el especialista.

Añade que el dinero que aporten los países desarrollados tiene que ser visto como una inversión en una crisis y no como un gasto o una donación, uno de los principios clave para la transición.

“Debe haber un principio de que quienes son culpables por los daños sean responsables por la cuenta, que es una inversión. Son las empresas, los ricos, quienes más han contaminado y quienes deben pagar para tener el financiamiento y llevar esto a las personas y a las comunidades”, señala Martínez.

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En tanto, Montaño advierte que ante la salida de Estados Unidos de los acuerdos y la poca iniciativa de los países de la Unión Europea en el financiamiento climático, China puede ser el país que lidere inversiones en este mecanismo mediante la transferencia de tecnología.

“¿Cuál es una ventana de oportunidad? El sector banca multilateral y el sector privado en términos de transición. China puede tener un rol protagónico porque tienen la tecnología para la transición justa”, explica.

Sin embargo, Montaño también comenta que existen barreras en el acceso a la tecnología, un tema que hasta ahora no ha sido abordado en el mecanismo de transición y que sería clave para incorporar proyectos comunitarios.

“Esa es nuestra pelea como sociedad civil, hablar de una transición que ponga las comunidades en el centro, que busque una democratización de la energía y los derechos laborales”, sostiene.

Montaño y Mercure agregan que estos principios de justicia deben aplicarse no solo en la transición energética sino en industrias como la agricultura, la ganadería o las relacionadas al cambio de uso de suelo.

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Las fechas clave para el seguimiento a la transición justa

La política climática global no se terminó en Brasil, sino que tiene que avanzar en etapas para llegar a finales de 2026, en Antalya, Turquía, donde deberán plasmarse avances del mecanismo.

El siguiente paso será el próximo 15 de marzo, cuando los países, pero también otros actores puedan aportar iniciativas de cómo debería ser este mecanismo. Posteriormente, en junio de 2026 se realizará la Conferencia de Bonn, Alemania, sobre el Cambio Climático, una reunión intersesional que sirve como preámbulo para la cumbre climática que se realizará entre noviembre y diciembre del próximo año.

“Nos dará un termómetro de cuáles son los principales puntos calientes o controversias entre los países de disonancia en términos del mecanismo. Ahí vamos a poder ver cuáles son esas dificultades y esos desafíos para llegar a Turquía con una decisión robusta y sólida del mecanismo”, dice Mercure a Mongabay Latam.

Montaño agrega el reto de que durante 2026 el mecanismo se implemente lo más fuerte posible y sea vinculante para los países, al considerar que el eje de transición justa se ha estancado durante años en las negociaciones climáticas.

“La transición justa es algo que se viene mencionando hace 20 años y lo máximo que se ha hecho es que China sea casi eléctrica, pero no está resolviendo problemas de fondo de países que igual se van a ver una situación muy complicada en poco tiempo”, explica la especialista sobre las sociedades dependientes de combustibles fósiles, principalmente en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador o México.

Las especialistas advierten que si se quiere avanzar en transición energética dentro de un año, los países deberán definir la gobernanza del mecanismo, cuáles serían sus funciones, sus elementos y cómo se coordinarán las partes involucradas para su implementación.

Por ahora queda en el aire si los principios logrados en Belém se traducirán en obligaciones mínimas y en financiamiento real para el próximo año. Sin estos componentes, la transición justa quedará solo en texto.

Imagen principal: el acuerdo reconoce explícitamente derechos humanos, derechos laborales, de género, de juventud y el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas, señalados por la sociedad civil como avances sin precedentes. Foto: cortesía UN Climate Change.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Estuvo en Paris durante la auto coronación de Napoleón como emperador de Francia, tomó dicha referencia y optó por empezar a construir un imperio en nuestra región. Si bien, la idea de replicar lo que Bonaparte hacía en Europa no era del todo mala, y llegar a juzgar por ello a cualquiera de los dos es una anacronía. El tiempo ha dado una errónea fama a Bolívar sobre su actuar, su figura y su pensamiento.

En primera medida, es preciso aclarar que el proceso de los países de América Latina que hacían parte de España nunca fue uno de independencia. España en América nunca tuvo colonias, los territorios y habitantes de ultramar en el continente eran virreinatos y capitanías, lo que igualaba en nivel al reino en España. A diferencia, por ejemplo, de las colonias británicas en Estados Unidos. Es preciso nombrar como una secesión lo que se llevó a cabo con los territorios hispánicos en América Latina.

Si bien su propuesta de construcción de la Gran Colombia es valiosa, estaba fundamentada para su propósito egocéntrico y era la versión resumida de “Colombeia” de Francisco de Miranda. Pero la visión de Miranda era pluralista e incluyente, cosa que no le sentó bien a Bolívar y por ello, tan pronto como pudo, este lo repudió y alejó de su vida.

Ahondando en la visión de nación (imperio), Bolívar deseaba construir un imperio para él y un congreso elegido por él cuya sucesión fuera por herencia y no por elección. En la carta de Jamaica, el más importante documento escrito por Bolívar explica con detalle la propuesta. Esto significa que antes que cualquier cosa él era un dictador, una figura que deseaba el poder para si mismo, para los suyos y para mandar a su deseo.

Dentro de sus correspondencias, y también en la carta de Jamaica, Bolívar expresa que su intención, por encima de emancipar la América, era podérsela quitar a los españoles del poder. Incluso, sugiere que en caso de fallecer y no tener un heredero para su imperio, el poder y los territorios fueran entregados a la corona británica, pero que no se retorne a la administración española.

Ya en la práctica, Bolívar era un elitista y racista declarado. Por una parte, es preciso recordar que venía de “cuna de oro”, al pertenecer a una familia adinerada, un elitista que dentro de su idea de gobierno incluyó solo la participación de la élite criolla, restringiendo la participación popular. A la vez que en su operación militar, siempre procuró porque los negros, esclavos e indígenas fueran la “carne de cañón” y los componentes de las primeras líneas de su ejército. Esto sin contar la persecución a líderes como el Almirante Padilla, que fue víctima de una falsa acusación de conspiración y traición por parte de Bolívar quien lo sentenció a fusilamiento.

Para seguir sobre el ápice militar, si bien fue un dirigente innovador y que tenía un formidable enemigo en frente, nos encontramos con una figura que no planeó con suficiente cálculo las operaciones como el cruce de los Andes a través del Páramo de Pisba y que cuyos resultados catastróficos fueron siempre bien salvados por otros militares notables como el coronel Juan José Rondón, en el pantano de Vargas, o el Mariscal Antonio José de Sucre, en la campaña de Ayacucho.

Finalmente, la política exterior de Bolívar se puede resumir a lo ocurrido entre el 26 y 27 de julio de 1822, cuando el dictador se encontró con José de San Martín (libertador del cono sur de América del sur) en la ciudad de Guayaquil.  En la noche del 27 de julio de 1822 Bolívar agasajó a San Martín con un banquete. Bolívar propuso un brindis “Por los dos hombres más grandes de la América del Sur: el general San Martín y yo”, mientras que San Martín brindó “Por la pronta conclusión de la guerra; por la organización de las diferentes Repúblicas del continente y por la salud del Libertador de Colombia.”. Una actitud llena de egoísmo por parte de Bolívar, mientras que su contraparte si demostraba la intención de construcción de naciones libres, en paz, con justicia y con visión de unidad de región.

Este blog lo escribo como una reflexión de lo que he estudiado de Bolívar a lo largo de los años, anunciando lo peligroso que puede ser tenerlo como una referencia o ejemplo a seguir. Sin que esto signifique que las contra partes como Santander o Tomás Cipriano Mosquera fueran mejor o peor que él.

“En 2024, los bosques siguieron sufriendo una destrucción a gran escala con una pérdida permanente de casi 8.1 millones de hectáreas en todo el mundo”, indica el informe anual de Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025, un estudio que mide el progreso de los compromisos globales de países, empresas e inversores para detener la deforestación y restaurar los bosques para 2030.

El estudio también presenta otras cifras preocupantes, como que la pérdida de bosques está 3.1 millones de hectáreas por encima de la pérdida máxima prevista para cumplir el objetivo planteado para 2030. Y en cuanto a la degradación, los datos indican que en 2024 se degradaron 8.8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos, más del doble del nivel anual considerado para detener la degradación para 2030. Estos datos reflejan que los compromisos para el final de esta década están lejos de cumplirse.

“Cada año, la brecha entre los compromisos y la realidad se amplía, con impactos devastadores en las personas, el clima y nuestras economías. La deforestación no ha disminuido significativamente desde el comienzo de la década, y ya hemos recorrido la mitad del camino», dice Erin Matson, autor principal del estudio publicado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

El informe también detalla que el principal factor de la deforestación es la expansión de la agricultura, que representa alrededor del 86 % de la pérdida de bosques en la última década. Otro factor importante y creciente es la minería y las actividades extractivas de oro, carbón y de los metales y minerales necesarios para la transición energética. “Modelos de producción explotadores, el consumo excesivo, la gobernanza débil y los persistentes desequilibrios de poder alimentan la deforestación y degradación continua”, señala el informe.

A ello se suman los grandes incendios, “que solían ser excepcionales, pero ahora son la norma”, comenta Matson. “Estos incendios son en gran medida provocados por el ser humano. Están vinculados a la deforestación, a la sequía inducida por el cambio climático y a la escasa aplicación de la ley”, agrega Matson.

En medio de la devastación de los bosques surgen esfuerzos de restauración. El estudio señala que entre 2025 y 2021 se regeneraron más de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos.

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Entre la preocupación y la esperanza

Los hallazgos del estudio también dan cuenta de que los bosques tropicales remotos y prístinos sufrieron un deterioro grave en 2024, pues se perdieron alrededor de 6.73 millones de hectáreas, principalmente debido a los devastadores incendios en América Latina, Asia, África y Oceanía.

“En total, los líderes mundiales se desviaron un 190 % de sus objetivos de protección de estos bosques ricos en carbono, cuya pérdida liberó 3100 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, casi el 150 % de las emisiones anuales del sector energético estadounidense”, señala el informe.

“La tendencia de deforestación en el país [en el caso de Perú] y la región es cada vez más grave e indica que, efectivamente, no se están tomando las acciones para el cumplimiento de las metas anunciadas a 2030”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú.

Castro agrega que esta “tendencia nos estaría conduciendo a una situación, en determinadas zonas, a un punto de no retorno”, como lo han anunciado científicos como Carlos Nobre y Thomas Lovejoy. “La situación no solo es crítica, sino que es necesario la adopción de medidas impostergables”, agrega.

En el informe Amazonía en peligro de extinción, que se acaba de publicar, los datos indican que tras los incendios y sequías de 2023 y 2024 se evidencia la pérdida de una extensión equivalente a Italia en toda la Amazonía, así como altos niveles de degradación. “Entre 2020 y 2024, la espiral de incendios, degradación y deforestación suman ya 30 %. Carlos Nobre, quien lidera el Panel Científico de la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés) y sus múltiples análisis reafirman que el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación llega al 20-25% o el calentamiento global aumenta a 2-2.5° C [por encima de los niveles preindustriales]”.

En la misma publicación, José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena venezolano y coordinador de Cambio Climático de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), advierte su preocupación sobre “cómo el bosque tropical —el más grande del planeta— se acerca peligrosamente a un punto de no retorno ecológico”.

Erin Matson, agrega que la región de América Latina y el Caribe tropical no está en camino de cumplir las metas de 2030. “La deforestación en 2024 fue un 51 % superior a la trayectoria necesaria. Sin embargo, nuestro informe destaca que la región cuenta con importantes factores como marcos legales avanzados, una sociedad civil activa y crecientes mecanismos de transparencia, que podrían acelerar el progreso si se refuerzan la voluntad política y la coherencia entre políticas sectoriales”, comenta.

«Ya sabemos qué funciona para detener la pérdida de bosques, pero los países, las empresas y los inversores apenas están comenzando. Incluso esos esfuerzos iniciales se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de los defensores de un sistema económico basado en la destrucción de los bosques”, agrega Erin Matson, de Climate Focus, una de las organizaciones que forma parte de la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025.

Matson señala que si bien “la demanda de materias primas como la soja, la carne de res, la madera, el carbón y los metales sigue aumentando”, en realidad “no necesitamos destruir bosques para satisfacer esa demanda”.

El compromiso de eliminar a nivel mundial la deforestación y la degradación forestal, y restaurar el 30 % de los bosques degradados para 2030, fue establecido en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en 2014. Fue adoptado por 127 países durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, en 2021, y reafirmado durante el Primer Balance Mundial de 2023, en el marco del Acuerdo de París, y en el período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques de 2024.

Las metas parecen estar cada vez más lejos. De acuerdo con el estudio, para cumplir estos acuerdos, la deforestación global debería haber disminuido a 5 millones de hectáreas anuales para 2024. Sin embargo, se mantiene por encima de los 8 millones.

No obstante, la esperanza de que aún se pueda poner freno a la devastación de los bosques está presente. Según el informe, “existen iniciativas de restauración activas en marcha en al menos 10.6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas”. “Esto representa alrededor del 5.4 % del potencial global de reforestación y solo el 0.3 % del potencial global de restauración biofísica de los bosques. Aproximadamente dos tercios de esta área (unos siete millones de hectáreas) se encuentran en regiones tropicales, 3.3 millones de hectáreas en zonas templadas y 250 000 hectáreas en bosques boreales”, menciona el reporte.

“Existen antecedentes de reducciones drásticas en la deforestación en pocos años: Brasil e Indonesia, por ejemplo, lograron avances significativos en solo dos o tres años. Sin embargo, a escala global nunca hemos visto el tipo de esfuerzo masivo, coordinado y de toda la sociedad que sería necesario para alcanzar las metas de 2030”, agrega Matson.

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Camino a la COP30

La COP30, que se realizará a partir del lunes 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, “representa un momento crucial para establecer un marco viable para detener y revertir la deforestación, integrando la producción de alimentos, las cadenas de suministros de productos básicos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, precisa el informe.

Para Sassan Saatchi, científico del California Institute of Technology, y profesor adjunto del Center for Tropical Research de la University of California, Estados Unidos, “lo positivo de que la COP30 se celebre en Belém es que se reconoce que el Sur Global se ha comprometido a ayudar a resolver los problemas climáticos, aunque históricamente no hayamos sido la causa del cambio climático”.

“Si el Norte Global se compromete a aportar los 25 000 millones de dólares iniciales necesarios para impulsar este proyecto, creo que veremos un cambio importante, con suerte, durante la COP30”, agrega.

Desde Perú, Mariano Castro recuerda que en la última reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los mandatarios y representantes de países amazónicos acordaron apoyar la iniciativa para que en la COP30 se incluya en agenda un mecanismo financiero para apoyar la conservación de bosques tropicales.

En ese sentido, Erin Matson mencionó que “el lanzamiento del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) podría comenzar a canalizar financiamiento confiable a largo plazo para la preservación de los bosques”. Sin embargo, advierte que “los países desarrollados deben ir más allá del TFFF y asumir compromisos firmes, confiables y ambiciosos para movilizar 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático hacia los países en desarrollo, como parte de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém”.

En cuanto a los resultados formales de la COP30, continúa Matzon, esperamos que el texto final de la decisión reafirme el compromiso de detener y revertir la deforestación para 2030, en línea con las ambiciones expresadas en el Balance Global. Sería positivo, además, agrega Matson, que se reconozca explícitamente el papel de los sistemas alimentarios y la necesidad de transformarlos para lograr estos objetivos y mitigar el cambio climático.

Imagen principal: campo de soja adyacente al bosque de transición amazónico. Foto: Rhett A. Butler

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras en Belém do Pará, Brasil se desarrolla la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima donde se reúnen líderes mundiales para acordar medidas de sostenibilidad, al otro lado del Atlántico un acontecimiento aparentemente trivial encarna la contradicción del siglo XXI: la apertura de la primera tienda física de Shein en el corazón de París.

El propósito de la cumbre es ahondar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, en un planeta que ya supera límites críticos de temperatura y recursos naturales.  A su vez,  los países realizan la presentación de nuevos planes de acción nacionales y los avances en los compromisos financieros contraídos en la COP29.

Brasil, el país anfitrión y guardián de gran parte del pulmón del mundo, busca proyectar liderazgo ambiental mientras enfrenta sus propios retos internos: deforestación, dependencia extractiva y desigualdad. Sin embargo, la cruel paradoja se hace evidente en París, donde un comprador de la nueva tienda de Shein en el centro comercial BHV resume la tensión global en una frase demoledora: “Llegar a fin de mes es más importante que el fin del mundo”. La declaración refleja, con brutal honestidad, la jugada del magnate Frédéric Merlin, propietario del BHV, que decidió asociarse con una marca cuestionada para salvar su compañía.

Shein, gigante chino de la moda ultrarrápida, ha conquistado al mundo con precios irrisorios y miles de nuevos productos cada semana. Su modelo de negocio se basa en la inmediatez: producir, vender y desechar con una rapidez que refleja la lógica de un sistema al borde de su propio colapso. Prioriza el crecimiento constante, la producción masiva y el consumo rápido, sin considerar los límites de recursos naturales ni el bienestar humano.

Hasta hace poco, Shein operaba casi exclusivamente en el entorno digital. A pesar de sus múltiples denuncias, desembarcó en París —la capital mundial del lujo y la moda— marca, por tanto, un punto de inflexión. No se trata solo de una estrategia comercial, sino de un gesto simbólico: la entrada del fast fashion en el santuario del refinamiento y tradición  artesanal. Mientras Francia refuerza políticas para reducir su huella de carbono, miles de jóvenes hacen fila para comprar prendas efímeras a precios irrisorios. La ciudad que vio nacer el prêt-à-porter (listo para usar) parece, poco a poco, rendirse al prêt-à-jeter (listo para tirar).

Desde su apertura, la tienda ha sido escenario de protestas y debates encendidos. Activistas y ciudadanos denuncian las condiciones laborales en las fábricas proveedoras, la contaminación derivada del modelo de producción y la incoherencia de una sociedad que exige sostenibilidad, pero premia la inmediatez.

No se trata solo de una marca, sino de un síntoma global. La lógica del consumo rápido perpetúa los mismos patrones que la COP30 intenta revertir: explotación de recursos, desigualdad laboral y deterioro ambiental. Ignorar este tipo de prácticas comerciales sería aceptar que el cambio climático se combate con discursos, no con coherencia. La responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos o las empresas. Cada consumidor forma parte de la ecuación. Apostar por la moda circular, la reutilización y por los emprendimientos locales sostenibles es, hoy,  una forma concreta de resistencia.

En Colombia, por ejemplo, el auge de comprar local demuestra que es posible vestir con estilo y con la conciencia de no sacrificar el planeta. También abrirnos a la posibilidad de las tiendas de segunda mano, los intercambios de ropa y los materiales reciclados ya que no son solo tendencias pasajeras, sino respuestas concretas a un modelo económico intensivo hacia uno basado en la eficiencia, la reparación y el valor duradero .

Porque el cambio climático no se detiene en las cumbres internacionales. Empieza en los armarios, en las decisiones de compra y en la valentía de mirar más allá del precio y ver el costo real de lo que vestimos.