Yo no sé quién va a ganar las elecciones 

pero sí sé que yo las perdí.

ANDRES CARO

Finalizó prácticamente el gobierno Petro. Ya hizo, deshizo o no hizo lo que pudo en estos casi cuatro años. Y ahora, en el último tramo, está en modo campaña para asegurarse de entregar el poder a alguien de su misma cuerda. Apenas natural, aunque pise terrenos de dudosa legalidad. Es hora pues de balances de su administración y del lanzamiento de ideas sobre quién debe sucederlo. 

El analista Álvaro Forero en El Espectador plantea un buen punto para hacerlo: que el problema de Petro ha sido el cómo y no el qué.

Los qués del Presidente conforman una lista de buenas intenciones para promover la justicia social. A estas alturas del partido ya no es posible desconocer que Petro fue el catalizador del descontento que se expresó en el estallido social de 2020, que con tanta torpeza y brutalidad manejó el presidente Duque, quien así facilitó el triunfo de la izquierda.

Como afirma James Robinson, premio Nobel de economía 2024, Petro sacó a la luz una verdad incómoda: Colombia no es un caso de éxito como piensan sus élites. Sacó de debajo de la alfombra viejos problemas mal resueltos (pobreza, violencia, exclusión, desigualdad). Un sistema de salud que funcionaba bien para una parte de la población pero que abandonó a su suerte la periferia y a millones de personas. A lo que se agregan la enorme corrupción, los abusos de varias EPS y la falta de control del Estado de los recursos dedicados a este renglón. Evidenció un sistema de pensiones que beneficiaba a una mínima porción de la población. Mostró que la reforma agraria caminaba parsimoniosamente debido a la maraña institucional y jurídica. Concretó una reforma laboral que recuperó derechos mínimos de los trabajadores. Llevó a la agenda pública la urgencia de acelerar la transición energética y transformar la matriz exportadora del país. No es poca cosa. 

Lo anterior fue acompañado de la inclusión de una nueva oleada de funcionarios públicos provenientes de sectores sociales y étnicos tradicionalmente excluidos de la administración pública. Muchos sin experiencia y sin preparación, no pocos con alma de corruptos, todo hay que decirlo. En suma, se erigió en portavoz de los excluidos.

Todo sonaba muy bien hasta ahí. Fuera de una oposición desorientada, pocos podrían rechazar estos propósitos. Algunos sectores tradicionales consideraron que no había nada para cambiar, que las cosas iban bien como estaban. Y el presidente, por su parte, fue incapaz de unir al país alrededor de sus magníficos propósitos. ¡Y así estamos como estamos!

Además del lamentable y grotesco estilo de liderazgo, el cómo lograrlo fue el gran desacierto del presidente. Empezando por algo sustancial y que va contra toda evidencia: pretender que el Estado sea el agente central de los procesos sociales y económicos para impulsar la prosperidad. Aquí comenzaron las grandes desavenencias del Presidente con buena parte de la sociedad colombiana, que no está a favor de que la economía esté bajo control del Estado. Venezuela y Cuba son experiencias fracasadas demasiado próximas al colombiano.

Dejar en manos del Estado el manejo de nuestras vidas y de la vida social es una apuesta peligrosa. El nuestro es un Estado mediocre y débil, y una fuente de enriquecimiento fácil para muchos políticos (de todos los colores), y sus clientelas y contratistas. Hace bien muy pocas cosas.  A la iniciativa privada, hay que dejarla actuar. Con reglas severas porque no son ángeles. Las farmacéuticas, las petroleras, los bancos, las constructoras, las electrificadoras, las EPS y un largo etcétera son codiciosas, en el buen y en el mal sentido del término. Su afán de lucro es legítimo, pero deben ser vigiladas porque no siempre le conceden importancia al beneficio colectivo. 

Frente a esta situación, las opciones electorales son precarias. Un candidato de izquierda que anclado en el pasado busca ante todo justicia para las víctimas, que defiende la continuidad de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno actual sin ningún asomo de autocrítica frente a la corrupción, la violencia, la incompetencia ejecutiva y el desconocimiento técnico de los problemas. Y candidatos de derecha que, fuera de criticar con virulencia al presidente a causa de su mala gestión, resentimiento e ideología, no proponen soluciones a los problemas y añoran la pasada normalidad. En tanto, los candidatos del centro convencen a muy pocos pese a sus sesudos programas; podrían ser buenos presidentes pero regulares candidatos.

Y sin embargo, hay que escoger por quién votar. Como ocurre en todo matrimonio bien resuelto, son obligatorias las renuncias y concesiones. Enterrar pasados oscuros. Tragarse sapos. Abandonar “la idiotez de lo perfecto”. Pensar más en tiempo futuro que en pretérito.

Como electores deberíamos —yo sé que la mayoría no lo hace; el voto racional es un mito— examinar en los candidatos su capacidad para combinar propósitos sinceros de reformas con habilidades de ejecución dentro de un marco democrático. Ese difícil equilibrio entre la capacidad de soñar con algo mejor y ser capaz de llegar hasta allá y convertirlo en realidad,

La izquierda tiene en la cabeza planes revolucionarios y visiones apocalípticas, soberbia moral, limitada capacidad administrativa, desdén por los principios de la democracia liberal (la independencia de poderes, el pluralismo, la seguridad, la libertad de expresión), preferencia por la oclocracia (el bullicio de las calles), y una ideología victimista y asistencialista. En las derechas cultivan odios viscerales, poseen capacidades de gestión pública, ímpetus autocráticos y, por desgracia, una tímida intención de reformas. En tanto, los centros tienen soluciones pero no votos.

Equilibrar idealismo y pragmatismo es difícil. Pero toca. El voto por convicción y el voto útil. Los dos candidatos que alientan la esperanza y siembran las semillas de movimientos políticos social demócratas no tienen, a estas alturas, posibilidades. Lo que pinta escenarios muy incómodos para el duelo final: Cepeda versus Abelardo o Cepeda versus Paloma. Terribles opciones para muchos. Pero es lo que hay. 

A mi juicio, debido a la experiencia vivida con este gobierno, la izquierda tiene serias limitaciones para estar a cargo del intrincado aparato estatal y los recursos públicos. Prefiere distribuir riqueza que crearla. Sabe discursear pero no ejecutar con impecabilidad. El centro derecha tiene tecnocracia conocedora de la gestión pública pero adolece de sensibilidad social y ánimos de reformas serias. La ultraderecha … ¡mmm! … habría que taladrar mucho para hallar algo de valor.

Con no poca vacilación diría que estamos impelidos a escoger El Mal Menor. Y de todas maneras queda la alternativa de un airado e infructuoso voto en blanco.

Este domingo, Colombia no solo vota un nuevo rumbo político: vota también una narrativa sobre sí misma. Las urnas serán el escenario de una disputa más profunda que la simple alternancia de poder. Lo que está en juego es la identidad política de un país que durante décadas giró alrededor del conflicto armado, el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez y el miedo a los extremos, pero que ahora parece desplazarse hacia nuevas formas de polarización.

La campaña presidencial revela una paradoja notable: mientras la derecha tradicional pierde capacidad de representación, emergen liderazgos más emocionales, personalistas y radicalizados. Y al mismo tiempo, la izquierda intenta dejar de ser oposición para convertirse en continuidad institucional.

En ese mapa, la figura de Paloma Valencia sintetiza la crisis de la centro derecha colombiana. Nieta de Guillermo León Valencia, presidente conservador entre 1962 y 1966, representante de las élites terratenientes del Cauca y recordado por su ofensiva contra las primeras guerrillas campesinas que luego desembocarían en las FARC, Paloma encarna una tradición política profundamente conservadora. Su apellido pertenece a una genealogía del poder colombiano: latifundio, centralismo, orden público y defensa del establecimiento.

Pero el país de 2026 ya no parece responder con la misma intensidad a esa narrativa. Valencia, que durante años se presentó como “la hija política de Uribe”, intentó moderar su discurso y acercarse al centro en busca de una ampliación electoral. El resultado ha sido ambiguo: pierde parte de la fidelidad del uribismo duro sin conquistar plenamente a los votantes moderados. La paradoja de la centro derecha colombiana es precisamente esa: para sobrevivir necesita alejarse de Uribe, pero al hacerlo corre el riesgo de desaparecer como identidad política reconocible.

El uribismo, que dominó Colombia durante dos décadas, enfrenta quizás por primera vez una crisis sucesoria real. Ningún heredero ha logrado reproducir el magnetismo político del expresidente ni su capacidad de convertir la seguridad en un relato nacional. La fragmentación de la derecha es consecuencia directa de ese vacío.

En ese contexto aparece Abelardo de la Espriella, figura disruptiva y mediática, que parece comprender mejor el clima emocional de la región. Abogado de personajes tan diversos como polémicos —incluidos narcotraficantes, paramilitares y empresarios vinculados a grandes escándalos judiciales—, De la Espriella ha construido una imagen de outsider feroz, nacionalista y punitivista.

Su biografía política carga además sus propias contradicciones. Entre sus clientes estuvo Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y pieza central de la arquitectura financiera del chavismo. Esa trayectoria le ha valido críticas constantes, especialmente porque hoy construye un discurso de ultraderecha ferozmente antichavista mientras intenta presentarse como cruzado moral contra la corrupción y el crimen. Pero justamente esa ambigüedad parece fortalecerlo ante una parte del electorado: más que un político tradicional, sus seguidores lo perciben como un operador capaz de moverse sin complejos en las zonas grises del poder colombiano y latinoamericano.

Su referencia implícita parece ser Nayib Bukele. No tanto por programa económico como por estilo político: desprecio por los consensos liberales, exaltación del liderazgo personal, promesa de orden inmediato y una comunicación basada en la confrontación permanente. Colombia, históricamente orgullosa de su institucionalidad comparada con otros países latinoamericanos, empieza a mostrar síntomas de cansancio con las formas tradicionales de la democracia representativa. El crecimiento de De la Espriella refleja precisamente esa ansiedad.

Del otro lado aparece Iván Cepeda, hoy el candidato con mayores posibilidades. Y ahí emerge otra de las ironías de esta elección. Cepeda proviene de una tradición ideológica que durante décadas fue marginal en la política colombiana. Hijo de una familia comunista, filósofo de formación y activista de derechos humanos, construyó su carrera enfrentando jurídica y políticamente a Álvaro Uribe Vélez, especialmente alrededor de los vínculos entre paramilitarismo y sectores del poder regional.

Hoy aparece como el heredero natural de Gustavo Petro. Pero no comparte el temperamento del presidente. Mientras Petro es improvisación, épica y confrontación verbal, Cepeda transmite calma, método y contención. Lee cuidadosamente sus discursos, evita la exaltación emocional y proyecta una imagen casi académica. Para algunos, eso representa seriedad institucional; para otros, evidencia una dificultad para conectar espontáneamente con las masas.

Sin embargo, la candidatura de Cepeda no puede separarse del balance de los cuatro años de gobierno de Petro. El presidente llegó al poder prometiendo reformas estructurales en salud, trabajo y pensiones, además de una transformación profunda del modelo económico y político colombiano. Pero gran parte de esas reformas quedaron atrapadas entre la resistencia institucional, las fracturas internas de la coalición oficialista y la dificultad del propio Petro para construir mayorías estables.

A eso se suma una creciente percepción de deterioro en materia de seguridad. La expansión de grupos armados regionales, el fortalecimiento de economías ilegales y la sensación de pérdida de control territorial han golpeado una de las fibras más sensibles de la sociedad colombiana. Paradójicamente, el país vuelve a discutir temas que parecían relativamente estabilizados tras los años más duros del conflicto.

Y aun así, Petro conserva un núcleo electoral extraordinariamente sólido. Más que un simple apoyo partidario, existe un electorado cautivo de su discurso y de su personalidad política. Petro sigue siendo, para millones de colombianos, la representación de una ruptura histórica con las élites tradicionales y la posibilidad de una inclusión social largamente postergada. Esa fidelidad explica por qué el petrismo continúa siendo la fuerza más organizada del escenario político, incluso en medio del desgaste del gobierno.

La elección entonces parece debatirse entre dos imaginarios latinoamericanos contemporáneos: el modelo Bukele y el modelo correísta. De un lado, una derecha emocional que promete orden y autoridad; del otro, una izquierda que busca consolidar un proyecto de transformación estatal bajo una narrativa de justicia social y reparación histórica.

Pero Colombia nunca ha encajado completamente en los moldes ideológicos regionales. Su sistema político sigue teniendo una enorme fragmentación territorial, clientelar y personalista. Por eso la pregunta central no es solo quién ganará, sino con qué legitimidad podrá gobernar un país exhausto por la polarización.

En términos electorales, el panorama también favorece la incertidumbre. Aunque cerca de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, las proyecciones indican que probablemente los votos válidos rondarán los 30 millones. Bajo ese escenario, un candidato necesitaría más de 15 millones de votos para superar el umbral del 50 % y ganar en primera vuelta, algo que hoy parece prácticamente imposible.

Históricamente, lograrlo ha sido excepcional. Solo Álvaro Uribe Vélez consiguió imponerse en primera vuelta bajo las reglas contemporáneas, tanto en 2002 como en 2006, gracias a un contexto marcado por la violencia guerrillera, el desgaste de los partidos tradicionales y una demanda social masiva de seguridad. Ese antecedente explica la dimensión histórica del uribismo: no fue solamente un liderazgo exitoso, sino un fenómeno político difícilmente repetible.

El escenario más probable es, por tanto, una segunda vuelta profundamente polarizada. Y allí Colombia deberá decidir no solo entre nombres propios, sino entre dos maneras de entender el futuro: la autoridad vertical del populismo de derecha o la continuidad reformista de una izquierda que busca institucionalizarse.

Quizás la verdadera señal de esta elección sea otra. Durante décadas, la política colombiana giró alrededor de la guerra. Hoy gira alrededor del desencanto. Y ese tránsito puede resultar incluso más imprevisible.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

Pregunta 1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

La política exterior del gobierno Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo cumplirá con tres objetivos: hacer de Colombia una nación más segura, próspera y confiable, con fundamento en los siguientes principios:

1. El interés nacional

2. La democracia como sistema de gobierno y la democracia liberal como modelo de desarrollo.

3. La institucionalidad

Para el logro de los objetivos enunciados:

Seguridad nacional y seguridad pública — la política exterior estará al servicio de la contención de las amenazas a la integridad territorial y a la institucionalidad democrática, provenientes de todas las formas de criminalidad organizada transnacional.

Prosperidad — la política exterior contribuirá al desarrollo y el progreso social soportados en la generación de empleo formal, a través de la atracción de inversión y la ampliación y apertura de mercados. 

Confiabilidad  y credibilidad— la política exterior se diseñará y ejecutará con base en los más altos estándares de profesionalismo e integridad, desde la institucionalidad, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la rendición de cuentas.

📌 Fuente: Plan RI, sección Visión y Propuestas 2.4.1 / 111 Puntos, propuestas 43–47

Pregunta 2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Cuáles serán las líneas de participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

En un entorno volátil e incierto, resulta más necesario que nunca establecer con claridad las prioridades de la política exterior, fundamentadas en el interés nacional, e identificar los vehículos por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos trazados. En este propósito, Colombia fundamentará su acción exterior en la institucionalidad, afianzando mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación y priorizando la participación del país en los organismos internacionales con criterios de efectividad, transparencia y exigencia de resultados. 

Las tensiones y cuestionamientos que se plantean en torno a la vigencia del multilateralismo, el derecho internacional y el orden basado en reglas ciertamente plantean desafíos, pero no invalidan la existencia de una arquitectura que se ha construido a lo largo de cerca de un siglo y cuya adaptación a los nuevos desafíos depende, justamente, de la voluntad y capacidad de los Estados.

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional entrante atenderá inicialmente la agenda derivada de la Misión Especial de Verificación para el seguimiento a los aspectos pertinentes del Acuerdo firmado con las FARC en 2016, a fin de evaluar sus resultados a la luz del mandato que sustenta su operación. Adicionalmente, impulsará la discusión sobre los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional a la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe, así como las amenazas que imponen los regímenes autoritarios a la convivencia y el progreso en la región.

En el Consejo de Derechos Humanos, el país velará por la integridad de este órgano, cuya membresía debe reflejar un compromiso efectivo con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalará los dobles estándares que debilitan y restan credibilidad a la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos convencionales y extra convencionales que soportan el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.1 y 2.4.7 / 111 Puntos, propuesta 47

Pregunta 3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (EE. UU., UE, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones (África, Asia-Pacífico)?

La relación con los socios estratégicos tradicionales de Colombia, incluyendo, entre otros, a EEUU, Reino Unido, los países que integran la Unión Europea y Canadá, es esencial y prioritaria, como parte de una política exterior orientada a lograr que el país alcance mayores niveles de seguridad y progreso. No obstante, lo anterior, para avanzar en estos propósitos, resulta indispensable afianzar vínculos y consolidar mecanismos de cooperación efectiva con los países latinoamericanos y del Caribe – especialmente aquéllos con los que se comparten fronteras terrestres y marítimas – así como con aliados extra regionales cuya contribución, en términos de capacidades y experticia debe ser asegurada. En este sentido, se avanzará en la implementación de agendas estratégicas con compromisos verificables en materia de seguridad nacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, acceso a mercados y atracción de inversión con Israel, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Se verificará, igualmente, el nivel de avance en el relacionamiento con los países de Medio Oriente, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y los países africanos, en particular aquéllos en los que se han establecido misiones diplomáticas en los años recientes. Finalmente, se fortalecerá la interlocución de Colombia en espacios extra regionales de integración y diálogo político, como la Unión Africana y la Liga Árabe, entre otros. 

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 46

Pregunta 4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

La consolidación de la política de fronteras será prioritaria y para ello, se dará prioridad a la operación de los mecanismos de trabajo y seguimiento binacionales como los Gabinetes Binacionales, las Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) y los diálogos 2+3 (ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa) para asegurar la cooperación y el desarrollo de una agenda que atienda los intereses y desafíos de las partes.

De otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo se emplearán a fondo para asegurar la operación y profundización de la arquitectura y normatividad de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, como plataformas de impulso al crecimiento del comercio, la atracción de inversión, la seguridad jurídica y la movilidad de personas y recursos. Se procurará restablecer la iniciativa de integrar nuevos miembros y aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico. 

Colombia reafirmará su compromiso histórico con el Sistema Interamericano y  la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espacio hemisférico de defensa de la Democracia y exigirá el cumplimento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática, así como una rendición de cuentas permanente por parte de las respectivas Secretarías. En cuanto a CELAC, como mecanismo de diálogo, el nivel de participación del país estará vinculado con la compatibilidad de su agenda con los objetivos prioritarios de la política exterior y la oportunidad que dicho espacio ofrezca para la atención del interés nacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.4 / 111 Puntos, propuestas 44, 47

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

Pregunta 5. ¿Cuál será la estrategia de Colombia para enfrentar las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas?

El ministerio de Relaciones Exteriores gestionará, ante los países y organizaciones cuyo concurso sea requerido, los acuerdos y compromisos que viabilicen los planes y estrategias del Gobierno Nacional para combatir y contener las amenazas derivadas de la criminalidad organizada internacional que se lucra de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, el contrabando, el lavado de activos y el delito cibernético. Dichos compromisos y acuerdos incluirán elementos de cooperación judicial e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades operativas y entrenamiento, así como inteligencia e investigación, acceso a equipos y desarrollo de operaciones conjuntas. 

La política migratoria, de una parte, estará enfocada en garantizar una atención cercana, efectiva, permanente y confiable a los connacionales en el exterior, con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los equipos consulares para dar respuesta a los casos de privación de la libertad, expulsión o deportación. 

El ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, avanzará en la adopción de tecnología y medidas regulatorias que garanticen la máxima transparencia en el trámite de visados para extranjeros que deseen ingresar al país, evitando la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de toma de decisión. La política migratoria estará enfocada en la atracción de talento e inversión, y se asegurará que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado opere, así mismo, con la mayor diligencia, eficiencia y transparencia. 

Una eventual crisis migratoria, como la evidenciada entre 2017 y 2019, producto de las condiciones humanitarias que obligaron a más de ocho millones de ciudadanos venezolanos a abandonar su país, será atendida de manera fraterna y solidaria, profundizando, renovando y perfeccionando los mecanismos de regularización que fueron adoptados durante 2021 para asegurar el acceso de los refugiados y migrantes a los bienes y servicios públicos en el país y facilitar su integración social y productiva.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.2 / 111 Puntos, propuestas 7, 44

Pregunta 6. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial y cómo articula estos instrumentos con su acción de gobierno?

Colombia participará activamente en las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático en los foros multilaterales. La posición del país parte de reconocer que Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero, pero sí una potencia ambiental en virtud de su biodiversidad, cuya responsabilidad fundamental es detener la deforestación, restaurar lo que se ha perdido y conservar las especies de fauna y flora presentes en su territorio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales ambientales se articulará con la acción de gobierno a través de: la restauración de un millón de hectáreas y la reducción de la deforestación; el fortalecimiento de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y del incentivo forestal; el incremento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB; la destinación de recursos del sector minero-energético al cuidado de la naturaleza a través del sistema de regalías; y la protección de parques nacionales naturales de la acción depredadora de los grupos armados ilegales que se lucran de la explotación criminal de los recursos naturales y de los cultivos ilícitos (111 Puntos, propuestas 98–106).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 98–106

Pregunta 7. ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a exportaciones no tradicionales, IED, acuerdos comerciales, inserción Asia-Pacífico y OCDE?

La diplomacia para el progreso, el crecimiento sostenible y el desarrollo es uno de los tres ejes centrales de la política exterior. El ministerio de Relaciones Exteriores trabajará de la mano con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la acción política necesaria que convierta a Colombia en un nodo estratégico de inversión, comercio y relocalización productiva, integrándose de manera más competitiva a los mercados globales y a las cadenas internacionales de suministro y valor.

Acuerdos comerciales: Se aprovecharán plenamente los acuerdos vigentes y se negociarán nuevos acuerdos estratégicos, como plataformas para profundizar el comercio de bienes y servicios, atraer IED, perfeccionar el marco regulatorio, facilitar encadenamientos productivos y potenciar la creación de conocimiento.

Exportaciones: Las misiones diplomáticas, en alianza con ProColombia, estarán al servicio de promover el turismo, abrir nuevos mercados para productos y servicios colombianos en función de las prioridades de la política industrial y productiva del Gobierno Nacional (111 Puntos, propuesta 45). La meta es USD 10.000 millones adicionales en exportaciones (111 Puntos, propuesta 36).

IED: Se garantizará la seguridad jurídica necesaria para construir confianza inversionista a partir de Tratados de Protección de Inversiones, la adopción de los mejores estándares en materia de solución de controversias e incentivos tributarios diseñados por el ministerio de Hacienda para atraer y destrabar al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos en sectores estratégicos (111 Puntos, propuesta 38).

Asia-Pacífico: (de la respuesta a la pregunta 3) En especial, se avanzará en la negociación de marcos de profundización económica y comercial, y se asegurará la participación de Colombia en los grupos de trabajo de APEC; se trabajará para culminar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y el proceso de ingreso al CPTPP, y se impulsarán estrategias de acceso real al mercado Chino en el marco del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta, y se trabajará activamente para para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea del Sur y expandir el intercambio comercial con India.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 36, 38, 45, 111

Pregunta 8. ¿Qué postura adoptará Colombia frente a la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica EE. UU.–China?

Colombia volverá a condenar la guerra de agresión iniciada por Rusia en contra de la integridad territorial de Ucrania y condenará las acciones violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los escenarios, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En todos los casos, la posición del país y sus votaciones en los organismos multilaterales será de rechazo a las dictaduras y regímenes autocráticos, al patrocinio del terrorismo y de la criminalidad organizada transnacional (111 Puntos, propuesta 47).

Colombia mantendrá relaciones privilegiadas con países que compartan su compromiso con los valores de la democracia liberal y las libertades económicas como modelo de desarrollo, y trabajará de la mano con ellos, como un aliado confiable, en su promoción y defensa. Lo anterior no impedirá el establecimiento de relaciones que atiendan los intereses nacionales y las prioridades de la política exterior, sobre la base del pragmatismo y la identificación de oportunidades de trabajo conjunto a partir de agendas que reflejen los intereses de las partes.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.6, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 46, 47

Pregunta 9. ¿Cuál será su estrategia frente a la ciberseguridad, la gobernanza de la IA, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

Crimen organizado transnacional: Se reconstruirán y fortalecerán las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y capacidades operacionales con EE. UU., Reino Unido, Israel, EUROPOL y AMERIPOL. Se priorizará la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional organizado y las amenazas híbridas, incluyendo narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Ciberseguridad: Colombia se involucrará en la construcción de regulaciones multilaterales sobre ciberseguridad. A nivel interno, se implementará un SOC País 24/7 con enfoque Zero Trust y cibersimulacrosanuales (111 Puntos, propuesta 108 y el programa de Estado Digital).

Gobernanza de la IA: Colombia participará en los foros multilaterales para la construcción de regulaciones sobre inteligencia artificial, reconocida como uno de los nuevos desafíos globales que requieren gobernanza internacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 108

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

Pregunta 10. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico?

La Carrera Diplomática es la garantía de una acción exterior orientada por los más altos estándares de integridad y excelencia en la gestión de los intereses nacionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional. Para ello, debe estar dotada de las herramientas necesarias para asegurar el más alto nivel profesional, amplia experticia y una rigurosa capacidad técnica. Se verificará que el proceso de formación y evaluación de los servidores públicos que conforman el servicio exterior, a lo largo de su carrera, opere con criterios de mérito, eficacia y transparencia, al servicio del interés nacional. Especial atención se brindará al proceso de convocatoria para el concurso de selección de los nuevos integrantes de la carrera, a la identificación de las competencias críticas para el desempeño del servicio exterior, a la verificación de los requisitos para los ascensos y evaluaciones periódicas y a la selección de los perfiles más idóneos para asumir responsabilidades de crítica importancia en las misiones diplomáticas y consulados del país en el exterior. 

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de la Cancillería para el pensamiento y la planeación estratégicos, la anticipación y respuesta a las dinámicas geopolíticas, y el cumplimiento efectivo de su papel articulador de la acción exterior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 11. ¿Qué medidas adoptará para proteger y fortalecer el sistema de mérito, formación y evaluación permanente de la Carrera?

La carrera diplomática se fortalecerá con reglas claras de ingreso, formación continua, evaluación y promoción, con énfasis en la capacidad técnica, el conocimiento profundo de la institucionalidad nacional e internacional y competencias y habilidades requeridas para el relacionamiento y la negociación, incluido el bilingüismo.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto frente a la designación de los funcionarios de carrera en el exterior, y se promoverá su vinculación en las oficinas de relaciones internacionales de las instituciones del Estado colombiano.

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 12. ¿Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería —actualmente solo el 9,4% de los cargos directivos—?

La designación del equipo directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su planta interna, se llevará a cabo con fundamento en un estudio riguroso de los perfiles profesionales de los funcionarios de carrera diplomática, sus logros, experiencia y su nivel de experticia en las áreas temáticas y geográficas que corresponden a los viceministerios y direcciones de la institución. 

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 13. ¿Cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado con visión de largo plazo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo continuará fortaleciendo su capacidad de documentación y sistematización para la producción de conocimiento al servicio de la gestión del servicio exterior. La política exterior, en todos los casos, continuará diseñándose con base en los intereses y prioridades del Estado, en beneficio de los ciudadanos, y apalancará e impulsará las prioridades nacionales en materia de defensa y seguridad, crecimiento sostenible, desarrollo y progreso social.

De la misma manera, se asegurará  la operatividad y participación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en el proceso de consulta para la toma de decisiones de la política exterior del país, como mecanismo institucional de construcción de consensos al interior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 14. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática internacional, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano. Se garantizará la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales, y se asegurará la construcción de currículos, el diseño de los contenidos y la incorporación de docentes con base en el mérito académico, la competencia profesional y el compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los intereses nacionales.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

Pregunta 15. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el PND se articularán con el trabajo técnico del cuerpo diplomático y consular?

La gestión de todas las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior tendrá como fundamento las prioridades y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, la gestión del cuerpo diplomático estará orientada por los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, construidos a partir de la articulación y la consolidación de los elementos técnicos aportados por las instituciones del Estado, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, reflejando así el interés nacional. 

Adicionalmente, la adscripción de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) a la Cancillería, fortalecerá la agenda estratégica en esta materia; se dará prioridad al fortalecimiento de las capacidades de la Cancillería para la planeación estratégica y la respuesta rápida a las crisis, y se garantizará una interlocución más profunda, explícita y obligada de la Cancillería con las dependencias de gobierno encargadas de seguridad y defensa, inteligencia, desarrollo económico y comercio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8 y Visión general

Pregunta 16. ¿Qué lecciones toma del rol de la Cancillería en la pandemia de COVID-19 para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?

Durante la crisis del COVID 19, el ministerio de Relaciones Exteriores comprobó su capacidad de responder de manera rápida y efectiva en dos aspectos fundamentales: la gestión política requerida para asegurar el acceso a vacunas y la operación logística requerida para la repatriación de colombianos que se encontraban en el exterior. Esta respuesta efectiva fue el resultado de un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República, coordinado por la Cancillería de manera estrecha con múltiples entidades, entre ellas, los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Salud y sus áreas técnicas; Transporte y Aerocivil; Comercio, Industria y Turismo, y ejecutado con rigor y precisión por parte de las embajadas y consulados acreditados alrededor del mundo.

En este orden, la lección principal que se puede derivar de esta experiencia es que se debe asegurar la capacidad institucional de la Cancillería para desplegar todas las herramientas de planeación, ejecución y seguimiento requeridas para dar respuesta a crisis y situaciones urgentes de diversa naturaleza. 

Pregunta 17. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas, así como su pertinencia y sostenibilidad en función de intereses nacionales claramente definidos y ponderados. Los criterios serán: (1) prioridad estratégica del país de destino para los intereses comerciales, de seguridad y de cooperación de Colombia; (2) volumen y necesidades de la comunidad colombiana residente; (3) eficiencia y valor estratégico en términos de resultados concretos y medibles.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9

Pregunta 18. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas en función de intereses nacionales claramente definidos. La renovación tecnológica dentro de la entidad será una prioridad para modernizar procesos y reducir costos operativos, permitiendo reasignar recursos hacia la acción sustantiva del servicio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 107

Pregunta 19. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional?

La proyección educativa, cultural, científica y turística del país se recuperará como instrumento de poder blando, con el fin de consolidar el posicionamiento internacional de Colombia, profundizar relaciones estratégicas y apoyar el desarrollo económico y los vínculos transnacionales. Esto incluye: programas de intercambio, becas y cooperación STEM; fortalecimiento del bilingüismo; y el posicionamiento de Colombia como sede de las principales cumbres regionales e internacionales con visión de atracción de turismo, inversión y diplomacia corporativa y social.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.7

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Pregunta 20. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados y la atención a colombianos en el exterior?

Los servicios consulares serán ágiles y digitales, priorizando la atención al ciudadano, la protección de los colombianos en el exterior y el acompañamiento a las comunidades. La acción consular estará articulada con la promoción de inversión, comercio y turismo.

Se fortalecerá la implementación y uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de tiempo, recursos y éxito en los procesos consulares, trámites y comunicación con las embajadas y consulados. Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

Pregunta 21. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico, y proteger sus derechos?

Colombia tendrá una política migratoria que incentive la migración por competencias, preparación e interés de invertir en el país. Se ampliarán los programas de intercambio, becas y cooperación para alcanzar un alto nivel de bilingüismo y fortalecer la formación en matemáticas, ciencia y tecnología, impulsando la movilidad académica y cooperación STEM orientada hacia la empleabilidad.

Se impulsará una agenda de movilidad académica con el objetivo de que los colombianos en el exterior fortalezcan sus vínculos con el país y contribuyan a la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.2

Pregunta 22. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares?

La renovación tecnológica dentro de la Cancillería y sus misiones en el exterior será una prioridad, con el objetivo de modernizar procesos, facilitar trámites e impulsar la máxima transparencia frente a los ciudadanos nacionales y extranjeros. Se fortalecerá el uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de procesos consulares y la comunicación con embajadas y consulados.

Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados. Para los colombianos con títulos universitarios extranjeros, se promoverá la convalidación automática (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Campañas sin memoria

En efecto, en estas campañas se está perpetuando el vicio original del maniqueísmo partidista, que deriva en sectarismo y fanatismo ideológico, pues cada candidato señala y descalifica a sus adversarios como los únicos responsables de todos los males existentes y se exime, en busca de votos para sí, de su propia responsabilidad y autocrítica por la persistencia histórica de tantos males. Entonces todos sus demás competidores son los responsables de la corrupción, la violencia y la exclusión social, salvo obviamente él mismo, que no tiene ninguna responsabilidad, pues en su propaganda política aparece como ejemplo de pulcritud, coherencia democrática y ser “un libro abierto” al escrutinio de toda la ciudadanía. Así, cada candidato y candidata esconde alguna parte de su pasado y de su responsabilidad con el presente y se esfuerza por mostrarse como un triunfador o una ganadora de múltiples batallas en las que nunca participó. Desde la batalla contra la exclusión social, el racismo, el machismo, la ilegalidad y la corrupción. Pero, sobre todo, la más urgente, la batalla contra la criminalidad y sus relaciones cada vez más estrechas y ocultas con la política, que suele expresarse en coaliciones tras bastidores. Unas veces con grupos armados de extrema derecha, como los narcoparamilitares de las AUC, en otras ocasiones con la extrema izquierda de la guerrilla, pero también con el narcotráfico o contando con la generosa financiación en sus campañas electorales de poderosos banqueros como los Gilinski, Sarmiento Angulo o grandes empresas internacionales como Odebrecht. Lo grave es que toda esa tramoya de ilegalidades solo venimos a conocerlas al final de cada gobierno, con sus respectivos escándalos de corrupción y violación de los topes en sus campañas presidenciales.

Simulando Democracia

Es negando o simplemente ignorando todo lo anterior, que hemos sacralizado la gloria de ser la “democracia” más estable y profunda de Latinoamérica. Una gloria que desde luego no merecemos, parafraseando a Gabo, pues somos también la “democracia” más profunda en fosas comunes, magnicidios de candidatos, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, desplazamientos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Una violenta saga que ha perpetuado por generaciones y por más de medio siglo la existencia de millones de víctimas sin verdad, justicia y reparación a manos de grupos paramilitares, guerrillas, carteles del narcotráfico y agentes de la Fuerza Pública, bajo gobiernos de todos los espectros políticos y partidistas, conservadores, liberales y progresistas, camuflados bajo innumerables siglas y hasta en nombre de un “número significativo de ciudadanos”. Y en estas elecciones un candidato lo hace bajo la impronta y fiereza de un tigre que devorará supuestamente a los corruptos, así él mismo haya sido un exitoso defensor penalista de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán, Alex Saab y además asesor legal de connotados criminales de lesa humanidad como los comandantes de las AUC. Más le valdría al outsider Abelardo haber escogido otra mascota más dócil, pues podría confundirse el felino en esa cacería de corruptos y hasta llegar a devorarlo.Y todo ello ha sucedido y sigue pasando, para mayor estupor y vergüenza, junto a innumerables victimarios institucionales, legales e ilegales que periódicamente participan en elecciones, se disputan el control del Estado o se reeligen para ser inmunes, rodeados de cientos de escoltas, y celebran jubilosamente sus triunfos electorales sin la más mínima consideración humanitaria y vergüenza ante millones de víctimas. Por eso resulta un eufemismo hablar ahora de polarización política, pues lo que ha prevalecido durante décadas es la desolación y victimización de los civiles en nombre de sectarismos partidistas y hegemonismos de clase, generadores de exclusión social, racismo, clasismo y machismo.

Perplejidad ciudadana

De allí que, si como ciudadanos sometiéramos todas las candidaturas a un riguroso examen ético de su pasado y presente, más allá de nuestras simpatías personales, ideológicas y económicas, es probable que muchos ciudadanos se inclinarían por el voto en blanco o incluso por la abstención. Les ganaría la perplejidad y el escepticismo ante una estabilidad institucional generadora de tanto horror e iniquidad en nombre de una democracia que utiliza las elecciones como una coartada perfecta para gobernar impunemente. Una estabilidad institucional de la que hacen apología permanente casi todos los políticos profesionales en nombre de una supuesta separación de las ramas del poder público y su falaz trinidad de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Pero, también, una mayoría de connotados juristas que cantan loas al Estado de derecho y la civilidad, pero olvidan la masacre del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 para “defender y salvar la democracia” –como nos lo recordó Helena Uran– además de respetables académicos, politólogos y sociólogos que elevan a un altar sagrado la Constitución del 91, máxima expresión de la “democracia participativa”, así ella sea incapaz de garantizar la libertad de miles de ciudadanos para votar en cientos de municipios el próximo domingo.

Pandemónium democrático

El siguiente es el democrático paisaje político en que se desenvuelven estas elecciones: “El Comité Internacional de la Cruz Roja registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas”.  El CICR aseguró que el país enfrentó en 2025“el nivel más grave de la última década”, no solo por la intensidad de los combates, sino por la manera en que se desarrollaron las hostilidades y el impacto que tuvieron sobre la población civil”, todo lo anterior, que cruel ironía, en búsqueda de la “Paz Total”.

Una democracia sin víctimas ni victimarios

Estamos, pues, ante la mayor catástrofe humanitaria del continente y son las víctimas las que nos deberían interpelar y nos reclaman responsabilidad al votar, más allá de las disputas emocionales y narcisistas entre los candidatos, para evitar así caer en una falsa polarización entre derecha, izquierda o centro. Porque la polarización que nos diezma como ciudadanos e impide la existencia real de la convivencia democrática es aquella que nos divide entre un bando creciente de víctimas y un número cada vez más indolente de electores que solo piensa en su seguridad y prosperidad. Es esa división, la que puede llevar a muchos a votar pensando solo en sus derechos y heredad, para gozar por siempre y sin límites de su propiedad y seguridad, por encima de los derechos sociales de millones de víctimas a quienes históricamente se les ha negado su plena ciudadanía, es decir, el derecho a tener derechos. Empezando por el fundamental a una vida digna sin estar sometidas a la violencia del hambre, la ignorancia, la exclusión social, el miedo, las enfermedades, el confinamiento y la discriminación en razón de su estrato social, color de piel y orientación sexual.

La urgencia de una memoria democrática

Son esas graves y masivas exclusiones las que también nos reclama una memoria para la democracia, pues ésta no puede existir si por generaciones el Estado prolonga una institucionalidad incapaz de poner fin a esa vulneración interminable de derechos y niega a millones de colombianos una vida digna y además prolonga la impunidad de victimarios reacios a responder por semejante injusticia e iniquidad, rodeados de seguridad, privilegios económicos y sociales. Como bien lo resaltó Helena, si seguimos pensando que la memoria es un asunto exclusivo de las víctimas y no una responsabilidad de todos para poner fin a la victimización, así ella sea ajena a nuestras vidas personales y familiares o acontezca en un orden y ámbito que no nos afecta, por ser político, social, económico, de género, académico, religioso, racial o etario, entonces difícilmente podremos convivir en un futuro mediato en paz, con seguridad y democráticamente.

Por una democracia al alcance de los niños

Por eso vale la pena, una vez más, citar la Proclama Por un País al alcance de los niños, para evitar que la infancia siga siendo reclutada y asesinada[i], como ha sucedido en el Guaviare en la disputa por economías ilegales entre bandas criminales de las autodenominadas disidencias de las Farc. Escribió el nobel en ese prólogo para la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, más conocida como la Misión de Sabios y denominada “Colombia, al filo de la oportunidad“, en julio de 1994: “Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por ciento de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos, y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio”.

Un domingo crucial

Ha sido precisamente esa compulsión la que nos ha conducido hasta aquí y explica porque el próximo domingo 31 la disputa por la presidencia de la República se dará solo entre tres candidatos en lugar de cinco, como debería ser. Entre quien pretende representar millones de víctimas, Iván Cepeda, y quienes parecen que todavía no han tomado conciencia, como Abelardo y Paloma, de que una verdadera democracia no puede existir solo defendiéndola con sangre y fuego de las “ratas” o con un tigre suelto para proteger a ultranza un sistema sustentado en exclusiones y taras como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia y la homofobia, apelando para ello a creencias religiosas, prejuicios sociales atávicos absurdos y miedos personales infundados para llevar a las urnas a quienes llaman “ciudadanos de bien”. Con razón decía Belisario hace ya más de 40 años que si no “dejamos de ser una federación de rencores y un archipiélago de egoísmo, nunca podremos ser una fraternidad de iguales” o, al menos, aspirar a vivir humanamente en una sociedad donde no se mate supuestamente en defensa de la democracia y mucho menos por la búsqueda de más derechos y justicia social.

Eso es lo que está en juego el próximo domingo, una incierta transición hacia una auténtica democracia o una rápida consolidación de la cacocracia, el gobierno de quienes roban con destreza la confianza ciudadana en las urnas, recortan los derechos sociales de las mayorías y minan los principios fundamentales de la Constitución del 91: el Estado Social de derecho, las libertades públicas, el derecho y deber a la paz política (artículo 22) la igualdad y dignidad de todo ser humano (artículo 1), para salvaguardar a su favor la mercadocracia y sus ídolos venerados de seguridad, estabilidad jurídica y confianza inversionista, tres “huevitos”, bajo los cuales ocultan su codicia y prepotencia sin límites los mismos de siempre, los líderes del País Político contra los nadies del País Nacional[ii], como bien saben hacerlo y quieren que nunca cambie.

[i] https://caracol.com.co/2026/05/28/mindefensa-advierte-que-habria-menores-entre-muertos-por-combates-de-disidencias-farc-en-guaviare/

[ii] https://intervencionycoyuntura.org/el-pais-politico-y-el-pais-nacional/

La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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—“¿Y si perdemos qué?”

La frase me hizo reír. Pero también me dejó pensando.

Porque todos hemos perdido alguna vez. Y quizá en saber perder habita una parte esencial de la vida. Más aún en sociedades como la nuestra, educadas obsesivamente para triunfar. El capitalismo convierte la existencia en una preparación permanente para el éxito: llegar primero, sobresalir, imponerse, vencer. Pero en un mundo lleno de trampas, desigualdades y violencias, prepararse solo para el triunfo no es optimismo: es ingenuidad. Y también una pésima estrategia de vida.

Entonces pensé en el cineasta Italiano Pier Paolo Pasolini. En sus reflexiones sobre la derrota y la dignidad de perder en un mundo de tramposos. Decía Pasolini:

“Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota.

En manejarse en ella. En la humanidad que de ella emerge.

En construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino, en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados.

En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar el primero. Ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante, que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser.

Ante esta antropología del ganador de lejos prefiero al que pierde. Es un ejercicio que me parece bueno y que me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar con maneras injustas y crueles. Grave culpa mía, lo sé. Lo mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa, y considerarla casi una virtud”.

Quizá esa reflexión también sirve para pensar la política colombiana de hoy.

Porque volvemos, otra vez, al viejo péndulo del bipartidismo. Ya no conservadores y liberales, sino otras máscaras del mismo esquema binario: petrismo y uribismo. Hoy podrían llamarse Petro y Uribe, Abelardo y Cepeda, o cualquier combinación futura de esa polarización emocional que divide al país entre amores absolutos y odios absolutos. Cambian los nombres; permanece la estructura.

Y ahí aparece una de las tragedias políticas de Colombia: la enorme dificultad de las terceras vías.

Lo intentó la Constitución del 91 cuando soñó con pluralizar la democracia. Lo intentó el Polo Democrático de Carlos Gaviria, aquello que William Ospina llamó alguna vez “la franja amarilla”. Lo intentaron figuras como Antanas Mockus y tantos otros proyectos que quisieron escapar de la lógica binaria.

Pero aquí parecería que quien no pertenece a uno de los dos bandos es inmediatamente sospechoso. En Colombia cuesta mucho construir desde el matiz. Aquí se exige adhesión total. O amor u odio. O amigo o enemigo.

Y en una sociedad tan atravesada históricamente por la violencia, eso tiene consecuencias profundas y costos humanos enormes. Porque la polarización no solo organiza elecciones: organiza afectos, amistades, familias, maneras de mirar al otro.

Por eso vuelve a aparecer la pregunta de Amapola:

“¿Y si perdemos qué?”

Pues seguir. Construir puentes. Insistir.

Hay una lección que el centro político podría aprender de la izquierda colombiana: la tenacidad. Durante décadas defendieron ideas que parecían imposibles, marginales, derrotadas. Persistieron. Y finalmente llegaron al poder. Con aciertos y errores, claro, pero llegaron.

Hace años muchas personas pensábamos que el primer presidente de izquierda sería Carlos Gaviria. Y no fue así. Porque la historia rara vez sigue el guion exacto que imaginamos. Ni en la vida personal ni en la vida de los países.

Quizá la persona de centro que llegue algún día a la Casa de Nariño todavía no aparece en el horizonte. Quizá aún no conocemos su nombre.

Pero renunciar a esas ideas —a la posibilidad de un pacto social responsable y ético, a un pacto entre los trabajadores y los empresarios en que ambos se sientan respetados, a un respeto a la naturaleza y una comprensión de que el ser humano también necesita de ella para su existencia, al respeto por la Constitución (nuestro verdadero acuerdo nacional), a la defensa de valores pacifistas y democráticos— eso sí sería perder.

Votar por el centro no es un error. Tampoco es inútil. Es afirmar que nuestras ideas también valen y que nosotros también valemos. Que nuestra manera de ver el país merece existir. Que aún creemos posible construir un lugar donde sea posible hablar de política con todos, donde sea posible ser amigo del opositor y donde construir colectivamente sea posible, un lugar menos rabioso, menos fanático y menos cruel.

Votar por el centro es decir, simplemente:

Aquí estamos.

Con ganas de construir un mejor país. De verdad, para todos.

La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

“A la gente le gusta hablar de la educación como la cura para la pobreza. No, el dinero es la cura para la pobreza”: Michael Sorrell en The New Yorker.

“Lo que debe hacer la izquierda es poner en el centro la dignidad del trabajo”: Michael J. Sandel, filósofo estadounidense.

Si “el pobre es pobre porque quiere”, ¿el rico es rico porque evade?

Querido lector: Si usted tiene una fortuna de $9.800 millones o más, considérese uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. Suspenda la lectura aquí y haga cuentas: ¿Cuántos siglos necesita trabajar una persona para acumular tal cantidad ahorrando los $2 millones de salario mínimo que recibe cada mes?

La única minoría colombiana con poder es la élite económica conformada por los archimillonarios. Y resulta que el 40% de esos millonarios (unas 1.480 personas), no tuvieron problemas en reconocer que evaden impuestos, de acuerdo con información oficial. 

Pongámoslo de esta manera: Si todos los ultrarricos de Colombia tributan como toca, habría una manera justa de redistribuir la riqueza, sin quitarle nada a nadie. Pero en vez de esto, prefieren llevarse su dinero fuera de Colombia, como lo muestra un artículo de El País de España.  

Sí, el problema del mundo son los ricos, que son poquísimos con muchísimo. Los hay que dan poco como si creyeran que nunca se van a morir o que en la otra vida reclamarán lo que dejen en esta. No hay forma de preguntarles a los faraones egipcios cómo les fue con eso. Hoy no tenemos faraones, pero si fanfarrones asquerosamente ricos queriendo poner una colonia humana en Marte, donde no hay condiciones para que sobreviva ni una mosca.

El mundo se divide en dos tipos de seres humanos extremos: aquellos que deliran sin saber qué hacer con sus fortunas descomunales y, en contraste, aquellos que si tienen pan no tienen con qué mojarlo. Se requiere con urgencia una clase política con algo de humanidad, capaz de reconciliar a unos y otros, porque como dijo José Alfredo Jiménez, “la distancia entre los dos es cada día más grande”.  

También tiene razón el escritor Gilmer Mesa cuando dice: “Ser pobre es nacer condenado”. Necesitamos un mundo donde cada nueva criatura nazca condenada… a la felicidad, a la posibilidad de ocupar un lugar digno en el mundo.

Hay una felicidad compartida que se llama justicia social. El derecho de todo los seres humanos sin excepción a disfrutar algo de la riqueza que se ha generado a partir de la explotación de los recursos de la Tierra, porque, en teoría, nos pertenecen a todos.  Con carencias, hambre  y mala salud, la vida se vuelve invivible. El que nació rico desde la cuna no tiene cómo saberlo.

“Gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia”, han dicho Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh.

Muchos siglos atrás, ya Aristóteles lo había dicho: “La ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres”. Poner en el centro de la política la dignidad del trabajo significa mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. No es regalarles nada. Es reconocerlos como agentes generadores de riqueza con su mano de obra. En Colombia, un trabajador gana en un día lo que en Estados Unidos otro recibe por una hora. Y a muchos no les importa matarse (léase, trabajar como mulas), anhelando que la vida les cambia algún día

Óyeme, Diosito Santo / Tú de aritmética nada sabías / Dime porque la platica / Tú la repartiste tan mal repartida / Óyeme, Diosito Santo / ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? / Por qué a uno le diste tanto / Y en cambio a otros no nos diste nada / Mira cómo son las cosas / Como en ti confío, te sigo rezando / Ya que no me diste plata / Dame salud para seguir luchando.  (De la canción Plegaria Vallenata)

Si la plata quedó tan mal repartida, como canta Jairo Paternina, y teniendo en cuenta que en Colombia hay clases alta, media y baja, a lo que una sociedad moderna debe aspirar es a llevar más personas de la clase baja a la clase media. Eso se consigue haciendo conscientes a los ricos de tributar en Colombia en vez de llevarse el dinero a paraísos fiscales. Solo la voluntad política permite combatir la evasión y la elusión. ¿Cuál de los presidenciables es capaz de ponerle el cascabel al gato?

Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza, según Oxfam. “Los 12 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población”, titula Valora Analitik.

Escribe Ernesto Rojas, ex director del DANE, en el libro “País posible”: “… los gobernantes actúan con orientación caritativa, destinada a paliar una situación conmovedora, sin la intención de pasar de las situaciones remediales a las soluciones definitivas. (…) tendrían que pasar al menos once generaciones para que una familia en el país salga de la pobreza y pueda llegar al promedio de ingresos de la clase media” (…) “De tanto repetirlo… se ha convertido en una verdad incontrovertible eso de que ´son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo´ y, por consiguiente, se deben atender todas sus exigencias si se quiere disminuir el desempleo reinante (…) En contraposición, debería recordararse lo sucedido durante la Gran Depresión de 1930, cuando Keynes se atrevió a contradecir a los clásicos al afirmar que el desempleo se corregía creando una mayor demanda, más compradores (…) con capacidad de comprar lo que producen las empresas”.

Escribe Enrique Serrano en el libro “¿Por qué fracasa Colombia?”: “Colombia sigue siendo un poco esa nación aldeana que se demora mucho en tomar grandes decisiones o dar saltos muy abruptos”.

Esa es una explicación lógica a tanta inequidad. Lo que ha faltado, insisto, es voluntad política para emprender las reformas, acaso retomar la conversación donde la dejó el difunto Alvaro Gómez Hurtado: Un acuerdo sobre lo fundamental. Y lo fundamental hoy y siempre es la desigualdad social.

Escribe Eduardo Lora en el libro “Los colombianos somos así”: “En los estudios sobre felicidad en cualquier país del mundo se encuentra infaliblemente que quienes tienen mayores ingresos, en promedio, son más felices.  La creencia de que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad no resulta ser cierta, de acuerdo con dichos estudios. Lo que sí ocurre es que, a partir de un cierto nivel de vida, las diferencias de ingresos deben ser muy grandes para que el impacto sea notorio: se necesitaría que el ingreso de alguien se multiplique por ocho para que pase, por ejemplo, del escalón 7 al escalón 8 de satisfacción con la vida”.

El mejoramiento de ingresos pasa por probar un nuevo modelo económico (o hacer ajustes al que existe), que restaure las brechas históricas entre ricos y pobres, un modelo que al asalariado le permita gozar de libertad financiera siendo participe de la riqueza que él ayuda a generar con su trabajo, y no contentarse con un salario pírrico que alcanza para tapar goteras.  

Redistribuir la riqueza no es quitarle nada al rico para dárselo al pobre. Es hacer consciente al rico de que el trabajador es un ser humano, con familia y sueños. Es reconciliar a ricos y pobres en favor de los segundos.

“Hay personas que trabajan toda la vida y no logran salir de la pobreza”: Andrés Ruiz, director del documental El juego de la vida, que retrata la pobreza a partir de historias reales.

Qué bueno sería que entre tantas bobadas que les preguntan a los candidatos presidenciales por estos días, alguien les pregunte por la justicia redistributiva, para ver si, al menos, el término les suena. Un buen ejemplo fue el aumento del salario mínimo. El país no se acabó como vaticinaron muchos. Porque la clase obrera debería tener derecho a disfrutar los beneficios de la riqueza que otros acumulan, habiendo contribuido con ella. La justicia redistributiva significa mejor calidad de vida. Y debería estar consagrada en la Constitución como derecho ciudadano legítimo.

Truman Capote decía que el dolor es la única experiencia que une al rico con el pobre. Del mismo modo, podríamos decir que el dinero es aquello que los separa. Los pobres son la inmensa mayoría y los ricos la  inmensa minoría. La pornomisería y la pornoriqueza son la cara de un mismo problema. El neoliberalismo creó una competencia social y económica que excluyó a los pobres. Así entiendo yo el capitalismo salvaje.

Cada  año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, según esta radiografía de El País de España. Eso es tanto como cinco reformas tributarias. Nadie se escandalizó con semejante revelación; en cambio, los gremios económicos brincaron cuando Petro aumentó en 23% el salario mínimo. Mejor dicho, podríamos decir que si todo lo del pobre es robado, pues lo del rico también, ¿o cómo llamamos a  esa conducta de evadir impuestos? Dénse cuenta de que si los ultrarricos evasores no le hicieran conejo al Estado, ningún gobierno tendría necesidad de buscar plata por la vía de las reformas tributarias, que tanto dolor de cabeza le causan a las clases medias y populares, que son el trompo de poner.

Tomado de El País de España: “El 40 % de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos. Para pagar menos, esconden su dinero en paraísos fiscales y crean empresas o fideicomisos que dificultan el seguimiento de su patrimonio. Cada año, la evasión en Colombia equivale al 8 % del PIB, cerca de 130 billones”.

“El más reciente informe de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025, revela que los multimillonarios colombianos pagan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres. Una persona que pertenece al 1% más rico pagó por cada dólar de ingreso un promedio de 17 centavos en impuestos hasta 2021. Mientras tanto, una persona del 50 % más pobre pagó por cada dólar de ingreso 21,1 centavos en impuestos. ´Esto desmiente el mito de que las personas pobres y las clases medias no pagan impuestos, y muestra que es todo lo contrario´, concluye el documento”.

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”.

Debemos abogar para que en Colombia los partidos políticos se modernicen en favor de una sociedad más justa con aquellos que pasan penurias. No podemos seguir comprando el discurso de que toca derrotar a la izquierda o derrotar a la derecha, sin mirar a los ojos a esa pequeña élite económica que parece intocable e insensible frente a la desigualdad.

De un candidato socialdemócrata como Iván Cepeda se espera que ponga el tema de la justicia redistributiva sobre la mesa de los empresarios, entre quienes se cuentan muchos de los ultrarricos. Quizás se gane unos cuantos enemigos como le está pasando al alcalde Zohran Mandami, que tiene enfurecidos a los multimillonarios de Nueva York por subirles impuestos, pero este desafío no lo pueden asumir  ni  Abelardo De La Espriella, ni Paloma Valencia, que esperan con ansías ocupar la Casa de Nariño para, como regalo de Navidad, rebajar impuestos  a los que más tienen. Los expertos han dicho que sí o sí toca robustecer el impuesto al patrimonio. Un impuesto a la riqueza “ayuda a nivelar la balanza de la desigualdad”, señala un informe de la Red de Trabajo Fiscal, publicado por El Espectador.

Si la riqueza de un país, incluidos sus recursos, es de todos sus habitantes, Colombia debería ser ese Tío Rico verdadero con el que todos tengamos derecho a soñar, y no un simple juego con fichas de cartón para matar el tiempo. 

Nota: ¿Hicieron la suma que les pedí al principio? Yo sí: se necesitan al menos 400 años, ahorrando $2 millones mensuales, para ser uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. ¡Como cinco vidas!

El Caribe colombiano es, no por casualidad, una de las regiones con más problemas en la prestación del servicio de salud del país. Pacientes sin cita. Hospitales sin giros. Ciudadanos esperando autorizaciones que nunca llegan. Gente enferma, gente muriendo, en la región más vulnerable de Colombia.

Coosalud EPS no le pertenece a Jaime González. La EPS es propiedad de una cooperativa cuyos dueños reales son miles de colombianos que aportaron sus ahorros confiando en el modelo solidario. Un macroinforme radicado en marzo de 2026 ante la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales lo describe con precisión. Y para entenderlo no hace falta ser abogado.

Imagínelo así. Usted tiene una deuda con el banco. En lugar de pagarla, la convierte mediante un documento contable en una inversión. En el papel ya no debe nada. La deuda desapareció. Pero la plata real, no. Eso es lo que describe el macroinforme: deudas de la EPS fueron transformadas contablemente en inversiones, obligaciones de la empresa terminaron en los hombros de los cooperados, y un Fondo de Aportes Sociales que debía contener quince mil millones apareció con apenas quinientos cincuenta millones. La plata de los socios. Esfumada. Sin que nadie les pidiera autorización.

En 2025 el Gobierno Nacional actuó. La Supersolidaria intervino la Cooperativa. Supersalud intervino la EPS. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Un tribunal de Bolívar ordenó levantar la intervención sobre la EPS y se la entregó con nombre propio a Jaime González. Con nombre propio.

Esa expresión no es retórica: en el fallo aparece su nombre escrito, lo cual deja, como mínimo, una sospecha legítima sobre el juez que decidió hacerlo. Volvió al cargo. Y durante semanas bloqueó sistemáticamente la convocatoria de una asamblea de accionistas, a pesar de que el Estado colombiano controla el 94% de las acciones. Fue necesaria una orden expresa de la Superintendencia de Sociedades para que esa asamblea finalmente ocurriera. Ocurrió esta semana. Hay nueva junta. El miércoles se elige nuevo gerente.

Por eso esta columna termina siendo un llamado directo. Al tribunal de Bolívar. A los jueces del Caribe colombiano. Porque hay que decirlo con todas las letras: Jaime González, con su riqueza acumulada, puede contratar grandes bufetes de abogados que en la práctica terminan enredando los procesos, y porque no, colocando las decisiones a su favor. Esa es una realidad que el país conoce y que la región Caribe ha vivido más que cualquier otra.

El llamado es simple. No se presten para sostener monopolios privados disfrazados de gestión cooperativa. No se presten para devolverle la corona a quien ya demostró que el sistema de salud del Caribe, bajo su administración, no funciona para los enfermos sino para sus propios intereses. Porque mientras los abogados litigan en oficinas refrigeradas, en los pueblos del Bolívar profundo, en los corregimientos del Magdalena, en las veredas de córdoba y sincelejo y en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla, hay gente esperando una cita que no llega. Hay gente muriendo por una autorización que nunca firmaron. Esa gente merece que las instituciones del país, todas, incluida la justicia regional, estén de su lado.

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