En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

Bueno, muchas gracias por esta entrevista, yo quiero empezar hablando un poco de estos años, de ese reto de asumir la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y quizás de todo lo que te ha tocado aquí, pero sobre todo ese reto más difícil. ¿Cuál es el reto más difícil de lo que te ha tocado, la complejidad más grande de haber asumido la dirección del Centro Nacional de Memoria?

A ver, esa pregunta es sustancial para entender lo que hemos hecho en todos estos meses de gobierno. Al entrar al Centro, de las palabras más comunes que escuché fue producto. Y yo, fue una de las cosas que más me interpelaron, porque yo no considero que ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni las investigaciones, ni el conflicto sean un producto, sino que se necesita un proceso. Y si nosotros no entendemos la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad como un proceso y lo manejamos como un producto, no va a tener las consecuencias tan importantes que implican escuchar, y para escuchar se requiere un proceso, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a nosotros no nos enseñan culturalmente a escuchar, ni en el colegio, ni en la casa, ni en la sociedad escuchamos. Entonces es quizás uno de los retos más significativos, y eso estamos aprendiendo, eso ha sido la fuerza de escuchar todas las memorias, todas. Me acuerdo en un territorio que me decían María, no señora, usted no puede escuchar a los paramilitares, usted no puede escuchar a los guerrilleros, usted no puede escuchar a los delincuentes, y yo les decía, pero si no escucho a los responsables, ¿cómo voy a entender sus acciones para poder explicar este conflicto? Tengo que escuchar, eso no quiere decir que sea empática con lo que hicieron, eso no quiere decir que justifique lo que hicieron, pero nosotros tenemos que escuchar, escuchar no implica aceptar lo que el otro está diciendo, y eso es dificilísimo. Porque nosotros, y eso me pasa, yo no quiero decir que yo soy la maestra de la escucha, lejos de ahí, pero estamos en un proceso absolutamente auténtico y veraz de aprender a escuchar, porque muchas veces uno está escuchando al otro ya con todo un universo cultural y personal que nos impide recibir lo que estamos escuchando, y estamos siempre en una escucha reactiva, no receptiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, una escucha receptiva, y no solamente receptiva para recoger la memoria colectiva, que es lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica desde su primer día de nacimiento, y convertirla en memoria histórica, y memoria histórica es triangular la información, yo escucho a la víctima, o el hecho victimizante, al responsable, y también lo cotejo con archivos. Esa triangulación es la que le da fuerza al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica, porque en Colombia la memoria colectiva es quizás de las expresiones también tan diversas como nuestra geografía, porque la memoria colectiva en Colombia se baila, se canta, se llora, se grita, se insulta, se pone en teatro, se escribe, se compone, se conversa, y esa diversidad es la que nos permite saber que como cantan en La Guajira, no cantan como en el Llano, y como cantan en el Llano, no cantan en el Chocó, y en el Chocó no cantan como en el Amazonas, y escuchar a todos esos cantos nos permite tener una sinfonía colectiva que nos permita construir el país que queremos, o el país que soñamos, y el país que sueña La Guajira no es el mismo país que sueña el Amazonas, ni que sueña el Chocó, ni que sueña Nariño, ni que sueño yo, porque yo qué país sueño, el de la restauración moral y democrática de la República que Jorge Eliécer Gaitán encarnó toda su vida, y por eso el 9 de abril no solamente les rindo homenaje a las víctimas del conflicto, que para mí, más allá de ser víctimas, que sí han habido un centenar de miles de víctimas del conflicto, les rindo homenaje a los líderes, lideresas y resistencias, que además han escuchado la palabra de Jorge Eliécer Gaitán, porque Jorge Eliécer Gaitán buscó ser asesinado, y claro, asesinaron su cuerpo, y eso deshizo una familia, violentó una esperanza que estaba surgiendo, pero sobre todo, destruyó una familia, una familia que tenía vocaciones distintas, y que muchos, o la gran mayoría, mujeres, hemos optado por mantener firme el legado de Jorge Eliécer Gaitán, porque es un legado que este país tiene que escuchar, entonces cuando digo que Gaitán está vivo es porque está en el territorio presente, como me dice un compañero que lo repito tantas veces, yo, María Gaitán, me convierto en el territorio en una rockstar, porque no soy yo, es Gaitán, y que Gaitán, como él decía, yo no soy yo, personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque lo he interpretado, y yo no soy yo, María Gaitán, yo soy Gaitán porque es un pueblo que se siente interpretado todavía por lo que dijo Gaitán hace más de 78 años, cuando fue asesinado.

Me gustaría hablar de las acciones, porque las acciones siempre cuentan mucho, este 9 de abril, quizás, no sabemos si usted va a seguir al frente del Centro Nacional de Memoria el próximo año, pero por ahora sabemos que este 9 de abril es el último en este mandato, y usted está al frente, ¿qué va a pasar este 9 de abril?

Este 9 de abril nos vamos a encontrar con más de 80 líderes y lideresas y resistencias de todo el país, que vienen a que conversemos, a que articulemos y tejamos las experiencias de los otros, a que escuchemos dolor, pero sobre todo lo más importante es a contarles que reanudamos la obra del Museo de Memoria de Colombia, y logramos reanudarla en esta administración, difícil, difícil, duro, duro, pero logramos limpiar todo un proceso administrativo que era tan complejo, que era muy difícil de darle ruta si no se hacía este trabajo metódico de ordenar la casa para poder empezar a pensar en la idea de retomar la obra. Y en este museo de más de 14.700 metros cuadrados, y con un espacio público que estamos buscando que se integre a Bogotá, que eso también lo estamos haciendo, integrar el museo a Bogotá, que no sea un edificio aislado, sino que sea un edificio que haga parte de la ciudad, de una ciudad además que tiene que escuchar el territorio, porque nosotros decimos en permanencia el territorio habla, que también Bogotá es territorio, pero es que a Bogotá le cuesta mucho escuchar al resto del país. Entonces, en este lugar es donde realmente el territorio va a hablar y el centro tiene que escuchar, y el centro es Bogotá, el centro es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y este 9 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán vamos a escuchar el territorio, en el centro, y en un lugar muy emblemático de la ciudad que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Hay un tema sobre todas las memorias que a mí me fascina porque realmente creo que es lo que necesita el país, encontrarse, pero vemos la polarización, vemos que esto parece que somos descendientes de ese bipartidismo que tanto nos hizo daño y del que su abuelo tanto también le hizo daño a él, y tanto lo criticó también como esa falta de dignidad moral, que me parece muy interesante esa idea que usted está devolviendo, de devolverle dignidad al país, porque cuando se ven todas las memorias se devuelve dignidad a todas las memorias también, pero…¿por qué nos cuesta tanto?

Porque yo creo que nosotros fuimos formados culturalmente y socialmente a mantener tres elementos de los cuales yo considero que son los combustibles más efervescentes para este conflicto, que son el racismo, el clasismo y la desigualdad, y eso no viene desde el bipartidismo, eso viene desde la ocupación colonial española, cuando vinieron aquí a arrebatar territorios que no les pertenecían con una arrogancia que todavía tenemos, porque los criollos recuperaron y mantuvieron la arrogancia española, y eso es lo que nos está también impidiendo escucharnos, y que todas las memorias sean tenidas en cuenta. Entonces, cuando se habla de polaridad, yo creo que esta polarización no es de ahora, sino de siempre, y como tú lo dices, Gaitán, esa polarización fue la que más atacó, pero la razón por la cual, o sea, la esencia que él atacó es por la cual a él lo atacan, Gaitán unió al país de todos los partidos, al país nacional de todos los partidos, y unió al país político de todos los partidos, y ahí sí crea una división, pero es una división distinta, es una claridad política, que es la que tenemos, pero que es súper confusa. Entonces, a partir de la Constitución del 91, ya no son liberales y conservadores esa polarización, pero sí unos totalmente polarizados, en una explosión de partidos que representan al país político y que siguen manipulando al país nacional. Pero yo creo que poco a poco ese país nacional se está despertando, y yo pienso en los jóvenes con el estallido social. El estallido social abrió un trecho y un sendero muy importante en Colombia. Y esos estallidos sociales, como el 9 de abril, fue un estallido social. El 9 de abril de 1948, que mal llaman Bogotazo, porque eso no fue en Bogotá, fue en toda Colombia. Y cuando hablan de Bogotazo es como si se limitaran para que la historia oficial piense en incendios, en asesinatos, en un país emborrachado. Sí, se emborracharon, incendiaron, pero hay que saber quiénes incendiaron también, quiénes emborracharon, porque yo sé que también el país político brindó y se emborrachó de la felicidad de haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, quiénes se emborracharon hay que saberlo, porque se emborracharon unos y otros. Entonces, la polaridad, yo creo que hay una frase de Gaitán que a mí, o un concepto de Gaitán que me parece muy importante. “Para que haya luz, tienen que existir dos polos, el negativo y el positivo.” De lo contrario no hay luz. Entonces, el problema no es que haya dos fuerzas polarizantes que permiten la luz, sino que esas dos fuerzas polarizantes no produzcan luz, que es lo que nos sucede. Por eso Gaitán decía tan sabiamente que existía un país político liberal y conservador, y un país nacional liberal y conservador, pero que si ese país político —el liberalismo y el conservatismo— no eran el polo positivo y negativo, lo que producía luz era que el pueblo fuera superior a sus dirigentes para poder nivelar y darle dignidad a este pueblo que históricamente ha sido destrozado, humillado, denigrado, convertido en miseria, por eso somos el tercer país más desigual del mundo.

Hablemos de la administradora pública también, que le tocó llegar a administrar el CNMH después de Darío Acevedo y de todo el planteamiento, de una ruptura que venía del Centro, de una ruptura del Centro con muchos historiadores, con muchos sectores también del país, ¿cómo fue retomar eso desde la administración, desde darle una vuelta también a esta institución?

Mira, yo voy a decir una frase que puede ser tomada de distintos ángulos dependiendo de quien la escuche. Cuando yo llegué a esta entidad, te digo sinceramente que yo nunca me había acercado a ella, porque inclusive en momentos en que fue muy importante en investigación, a mí la academia, como decía Jorge Eliécer Gaitán, la frialdad dolosa del académico me parece que no transforma. Da de pronto luces y claridades, pero no transforma. Por eso esos ocho años de investigaciones tan académicas, donde recogían la memoria colectiva, la convertían en memoria histórica y se quedaba enterrada en productos en bibliotecas, era algo que no me interesaba. Nunca me acerqué. Después entra ese momento con esta idea de que el conflicto no existe, sino una mano de bandoleros criminales terroristas, y que el Ejército y la Fuerza Pública eran los defensores de la patria, y eran defensores de la patria que estaban cometiendo falsos positivos. Entonces yo dije, bueno, esta institución no es ni de centro, ni de memoria, ni de historia, ni nacional. Entonces yo siempre estuve muy, muy alejada. Y cuando entré, ¿qué me pasó? Que la Fuerza Pública estaba muy empoderada de la entidad, siendo los “héroes de la patria”. Pero por el otro lado, yo había escuchado permanentemente, con gran admiración y respeto, a las madres buscadoras y a las madres de Soacha buscando a sus hijos, y donde el Ejército también cometió de las cosas más criminales que puede tener un país contra su mismo pueblo, que son los falsos positivos. Y además sabiendo que en la época de Gaitán existió la chulavita y que cuando vino el Ejército el 9 de abril, los curas les dieron aguardiente con pólvora para que asesinaran violentamente. Entonces, esta Fuerza Pública también tiene… sí, ha habido víctimas dentro del mismo Ejército, de la misma Fuerza Pública, y a ellos los escucho y avanzo con ellos. A la otra también. Pero lo que me ha parecido absolutamente fantástico es que las conversaciones iniciales que tuvimos con la Fuerza Pública, que llegaban uniformados y acartonados, pues en este momento nos estamos escuchando. Y eso para mí es un éxito y un agradecimiento infinito, porque realmente ha habido una transformación en el diálogo. Porque tanto ellos empezaron a escuchar como yo, porque esto no es de un solo lado. Yo tampoco los escuchaba porque culturalmente, históricamente, tengo mis diferencias. Pero al mismo tiempo, el último debate de Jorge Eliécer Gaitán en la madrugada del 8 de abril fue por el honor militar. Entonces traté de escuchar a Gaitán todavía y decir: quiero encontrar el honor militar de la Fuerza Pública.

Hablando de un tema que es importante para la memoria ¿Qué hacer cuando un grupo paramilitar, un grupo narcotraficante como el Clan del Golfo quiere tomar el nombre de su abuelo?

Mira, eso hace parte de lo que sí es realmente la polarización. Eso para mí sí es polarización, porque la polarización en Colombia está cargada de mentiras, está cargada de estigmatización y de tergiversación de la verdad. Y eso es lo que está haciendo este grupo criminal del Clan del Golfo, usurpando un nombre que no se le mide por ninguno de los ángulos que ellos buscan que les cuadre. El Clan del Golfo hace parte de esas pocas intenciones en este país de destruir un legado, porque lo que están buscando es destruir un legado. Pero este pueblo no es bobo. Este pueblo sabe perfectamente que Gaitán lo que buscó fue la restauración moral y democrática de la República, cosa que es absolutamente opuesta a lo que estos criminales están haciendo en este país, que es toda la falta de ética, la falta de moral, y todo por la plata, con una corrupción, con una violencia, una criminalidad que no roza a Gaitán. Yo sé que esta lucha la convertí sinceramente en algo personal, y recuerdo mucho frases que contaba mi abuela sobre su vida con mi abuelo. Cuando Gaitán había tenido un momento muy estelar en alguna parte de Colombia, los medios de comunicación, por lo general El Tiempo en ese momento, lo atacaban y decían que era un populista, negro, indio, lo insultaban utilizando además expresiones que para él eran un orgullo. Porque si uno va a la esencia misma del populismo, eso fue lo que fue Gaitán: el pueblo superior a sus dirigentes. Entonces mi abuelo leía siempre el periódico en el desayuno, y mi abuela se enfurecía, y Gaitán le decía: no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que Gaitán me diría eso frente a lo del Clan del Golfo, que no me preocupe, pero a mí sí me toca, porque tengo una rebeldía que no me permite quedarme tranquila frente a la distorsión de un legado que fue una esperanza para Colombia. Entonces, lo que decía mi abuela, y es lo que yo le respondo a Gaitán cuando hablo de esta lucha, es: tú preocúpate por las cosas importantes que yo me preocupo por las pequeñas. Y mi abuela cogía el teléfono y llamaba al director de El Tiempo y le reclamaba. Yo tampoco permito que este grupo criminal y otros estén usurpando a Gaitán, como mi mamá siempre dice, muchos políticos hablan de Gaitán, pero al mismo tiempo la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán está en ruinas, se está cayendo, y el Exploratorio Nacional está abandonado hace más de 20 años, está en ruina, y el legado de Gaitán, el sitio donde está enterrado mi abuelo, se lo comió la maleza. Y la Universidad Nacional no hace nada y el gobierno tampoco hace nada. Entonces eso también es una agresión contra el legado gaitanista, no solamente la usurpación de su nombre.

Bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno porque finalmente toca hablar, no puedo dejar de hablar del gobierno al cual usted también pertenece.

¿El presidente Petro escucha? ¿O a usted la escucha?

Mira, yo creo que en los pocos momentos que he tenido con Gustavo Petro han sido conversaciones muy afectuosas, muy fraternas y supremamente constructivas, porque independientemente de la cantidad de veces que haya o no haya hablado con el presidente, las veces que he logrado conversar con él, es un hombre audaz, tan creativo, que lo que uno conversa se convierte en mucho más poderoso y le abre, florecen nuevas ideas. Entonces esos momentos para mí son sagrados, son importantes.

 ¿Cuál es el legado de este gobierno frente a la memoria del país, en cabeza suya además?

 A ver, nosotros estamos dejando un Centro Nacional de Memoria Histórica con enorme sentido, y yo digo sinceramente que ese sentido no se lo pueden arrebatar, porque si se lo arrebatan pierde el Estado su deber con el país. Este Centro Nacional de Memoria Histórica no puede darle otra forma distinta a lo que hemos construido, porque lo que hemos construido es la escucha con el territorio. Eso es lo que se necesita. Hay todavía muchos procesos por afinar, porque construir y transformar en cuatro años es muy corto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya se retomó la obra del museo, y el museo ya tiene sentido por dentro, pero ese sentido no se lo pueden transformar, porque si se transforma estamos haciendo una negación de lo que es un conflicto contado y escuchado desde el centro para el territorio. Yo creo que nosotros hemos dejado armado el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo más importante es la lucha de convertir esta entidad en una institución permanente, porque otra de las apuestas que consideré fundamentales era que no solamente Colombia tenía que escuchar, sino que el mundo tenía que escuchar a Colombia, y siempre uno vive que uno sale colombiano y le hablan de Escobar y se limitan a unas ignorancias informativas que son agotadoras. Lo otro es esa apuesta de contarle al mundo quiénes somos, y me encontré con una cosa maravillosa, y es que muchos museos del mundo lo que están buscando es crear en su interior centros de memoria, y nosotros hicimos al revés, pensado o no pensado, pero fue muy bien pensado en la Ley 1448 crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero lo que no fue positivo es que le hubieran dado un tiempo limitado a esta entidad, primero además porque seguimos en conflicto, y segundo porque experiencias de otras latitudes han demostrado que la memoria es un proceso largo, largo, largo. Pero además, por algo que usted ha dicho en algún lado, y es que la memoria es necesaria para que un país encuentre constantemente un sentido, usted no puede prescindir de la memoria, y sobre todo que nosotros somos memoria, permanentemente somos resultado de unos ancestros también, que a su vez tenían memoria, y si nosotros escuchamos a científicos, sobre todo a neuro-científicos, hablan de la importancia de la memoria en las células. Entonces si estamos permanentemente bloqueando la posibilidad de la memoria, estamos bloqueando la posibilidad de construir ese después que tanto necesitamos, y no es solamente que queramos, es que necesitamos. ¿Qué hubiera pasado en una Colombia donde no hubieran asesinado a Gaitán? ¿Qué hubiera pasado con una Colombia donde no hubiera existido esa polarización de los privilegiados? Entonces eso es lo que el Centro Nacional de Memoria tiene que seguir construyendo.

Voy a finalizar esta con una pregunta un poco psicoanalítica, me va a perdonar. ¿Qué le diría a su abuelo de eso que está haciendo usted? Si pudiera tenerlo hoy, ¿qué le diría de eso que ha hecho? De lo que está haciendo?

Pues yo le diría que lo escucho mucho y lo escucho de verdad. Pongo mucho sus discursos, muchos.

A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Conmovido, como corresponde a un presidente que ejerce la obligación de representar el sentimiento de propios y extraños ante la desaparición de una figura pública, Emmanuel Macron asistió a la ceremonia que, en la Esplanada de Los Inválidos, tuvo lugar en homenaje póstumo a Lionel Jospin.

Como si el presidente Macron hubiera vuelto a sus raíces, ya que fue militante del Partido Socialista Francés antes de organizar su propio partido, y en todo caso como intérprete de los sentimientos de la militancia antigua y nueva de ese partido, dio lectura emocionada a un discurso conmovedor que repasó la trayectoria de Jospin y subrayó las características principales de su legado.

Con sorprendente familiaridad, Macron recordó la condición calvinista de Jospin, su exquisita formación, su temprana militancia en el Partido Socialista, las tareas cumplidas en el entorno inmediato de Francois Mitterrand, su participación en congresos definitivos del proyecto socialista, los ministerios que ocupó en el gobierno Rocard, la jefatura del partido, su actuación como miembro del Consejo Constitucional, su jefatura del gobierno en cohabitación, sus candidaturas presidenciales y su retiro en dignidad de la vida pública.

El protagonismo propio de Jospin vino a ser realidad luego de la desaparición de su maestro Francois Mitterrand. Como era previsible, 14 años de omnipresencia de un presidente socialista, elegido según la constitución gaullista dos veces seguidas para períodos de siete años, habían llevado el péndulo en una dirección que tenía que cambiar. En ese orden de ideas, la previsible derrota socialista de 1993 debía conducir a una profunda reflexión sobre el futuro del partido.

Lionel Jospin estuvo al frente de una travesía por el desierto durante la cual su partido tenía que reflexionar sobre los éxitos y las equivocaciones de la era Mitterrand, para salir a proponer cosas nuevas y pertinentes, con la mirada puesta en el remate del siglo y el comienzo de un nuevo milenio. Ese fue el origen de las propuestas de la “Izquierda Plural”, libre de dogmas derrotados por la experiencia, como aquel de la indispensable supremacía del Estado en la administración de la mayor cantidad de emprendimientos de significación para los ciudadanos.

En esa izquierda plural, menos ortodoxa y más amplia, vinieron a caber miembros del desfalleciente partido comunista lo mismo que del naciente de los verdes, engrosado con los que pasaron de rojo a verde. Prueba de la pertinencia de esa transición programática vino a ser el triunfo de retorno de la izquierda democrática con Jospin como portaestandarte, para protagonizar la cohabitación más larga de la Quinta República.

A lo largo de esa cohabitación, prolongada y estable, el presidente Chirac se ocupó exclusivamente de los asuntos de defensa y relaciones exteriores, mientras el primer ministro fue un verdadero jefe de gobierno. Así se pudo abrir paso el mandato programático de la nueva versión de la izquierda, que con Jospin a la cabeza introdujo reformas como la reducción de la jornada laboral, para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la cobertura en salud para ciudadanos de menores recursos económicos comprobados, y el famoso PACS, Pacto Civil de Solidaridad, destinado a formalizar la unión de personas del mismo sexo, aprovechado más tarde por no homosexuales en busca de formalización de su vínculo como sucedáneo del matrimonio.

Se dice en Francia que Jospin privatizó más empresas públicas que los gobiernos de la derecha. En la lista figuran entre otras Air France, Thomson Multimédia, AGF, Credit Lyonnais, France Telecom y Aérospatiale-Matra. También figuran rebajas de impuestos que serían más bien propias de gobiernos de derecha tradicional.

El sello de esa nueva izquierda no llevaba ya la marca del culto al Estado como el gran emprendedor y gerente de asuntos que podían estar en manos del sector privado. De manera que ya no se le concebía como garante a ultranza de beneficios para quienes no tuviesen voluntad o vocación de abrirse paso dentro del modo de producción capitalista, contagiados por el virus retrógrado de un peronismo a la francesa.

Semejante ruptura pragmática con los postulados estatistas que en su momento fueran paradigma romántico del Partido Socialista, no salió necesariamente de la traición a sus propias tradiciones o de una claudicación blandengue ante el empuje de otros partidos. Más bien salió del choque con la realidad a la hora del ejercicio del poder y de reacciones frente a los beneficios el Estado, no siempre con el espíritu constructivo esperado sino con el ánimo de vivir sabroso a costa del esfuerzo de otros, que si se sumaran a la misma causa producirían la ruina generalizada, como predijo el ideólogo socialista Jacques Attali, asesor inmediato de Mitterrand y tal vez la persona más sensata, ecuánime y realista de la izquierda democrática europea.

Sin desmontar el Estado de Bienestar en su versión original, los postulados del Partido Socialista comenzaron desde entonces a cambiar para dejarlo como protagonista de la atención de las “urgencias sociales” y la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, comprometido con una “justicia fiscal” que exija contribuciones de solidaridad a los más poderosos de manera que sea posible financiar servicios como la salud y la educación, además de atender la causa de la defensa del ambiente y la transición hacia energías renovables.

Lionel Jospin recibió el bautismo de fuego de la derrota en su primer intento como candidato a la presidencia, cuando en las elecciones de 1995 obtuvo el primer lugar en la primera vuelta frente a una derecha dividida entre Chirac y Édouard Balladur, pero en la segunda vuelta perdió por estrecho margen. No obstante, su fortaleza política aumentó de manera que tan pronto como en 1997 su partido se impuso en las parlamentarias, de donde salió su obligación política de formar un gobierno en cohabitación con el propio Chirac.

En las elecciones de 2002 fue por segunda vez candidato presidencial. Como primer ministro en ejercicio, tuvo que afrontar críticas por su gestión cuando la discusión se centró en los problemas de la delincuencia creciente, y fue atacado por gente de su propio partido por su favorecimiento del libre mercado, de manera que tuvo que afrontar la competencia de candidatos socialistas radicales que le quitaron porciones del electorado, al punto que no alcanzó a clasificar para la segunda vuelta.

Ya se sabe que, ante la alternativa de elegir entre la continuación del desgastado Jacques Chirac y la entronización del campeón de la extrema derecha, Jean Marie Le Pen, los propios socialistas, como el resto de la izquierda, se vieron políticamente obligados a votar por Chirac, que obtuvo por esa vía, y contra todo pronóstico, un segundo mandato presidencial.

Sacado del juego en virtud de esa peculiar situación política, a las puertas de la presidencia, Lionel Jospin reconoció su derrota y se retiró de inmediato de la vida pública, en gesto y con actitud ejemplares de político de talla mayor, sereno y digno, sin síntomas de desespero ni venganza, y sin insistir en la búsqueda reiterada del poder. De manera que no pasó a la lista de quienes toman por oficio ser siempre candidatos como resultado del enamoramiento platónico del poder.

Desde entonces cumplió a cabalidad con la regla de oro de los retirados, que dejan atrás la edificación de su trayectoria pública para retomar los capítulos postpuestos de su realización personal, habiendo dado hasta el último de sus días muestras de una integridad que siempre le caracterizó y permitió la terminación de su vida como ejemplo de rectitud y coherencia, conforme a principios éticos y morales que jamás abandonó. Así lo tiene que reconocer el juicio de la posteridad. Y así deberíamos exigir que se comporten, con integridad, los políticos de actualidad.

La palabra “eutanasia” viene del griego eu (bueno) y thanatos (muerte): la “buena muerte”. En la Antigua Grecia, la idea no estaba completamente ajena a ciertas discusiones filosóficas sobre la dignidad, pero su uso moderno surgió mucho después, en el siglo XIX, en el marco de la medicina y la ética clínica. Hoy, en países como España, ha pasado de ser un tabú a convertirse en una política pública regulada, un derecho cuidadosamente delimitado.

Pero el verdadero trasfondo de esta conversación no está en cómo morimos, sino en cómo vivimos.

Durante décadas, el progreso se ha medido en cifras: crecimiento del PIB, ingreso per cápita, acceso a bienes. Sin embargo, algunos economistas comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. Richard Easterlin formuló en los años 70 una observación inquietante: más riqueza no necesariamente produce más felicidad. La llamada “paradoja de Easterlin” sugiere que, una vez cubiertas las necesidades básicas, el bienestar subjetivo deja de crecer al mismo ritmo que los ingresos.

Más recientemente, economistas como Amartya Sen han insistido en que el desarrollo no puede reducirse a la acumulación de riqueza, sino que debe medirse en términos de capacidades reales: la posibilidad de vivir una vida que uno tiene razones para valorar.

La pregunta, entonces, cambia de eje. Ya no es cuánto tenemos, sino qué podemos ser.

En 1932, Aldous Huxley imaginó una sociedad donde el sufrimiento había sido prácticamente eliminado. En su novela Un mundo feliz, la estabilidad social se sostenía sobre el placer constante, la ingeniería genética y una droga, el soma, que anestesiaba cualquier malestar. Era, en apariencia, una civilización feliz.

Pero esa felicidad tenía un costo: la libertad, la profundidad emocional, el conflicto que hace posible la identidad.

Huxley no describía un infierno, sino algo más perturbador: un paraíso superficial.

La inquietud no es nueva. Mucho antes, Thomas Malthus advirtió que el crecimiento de la población podía superar la capacidad de los recursos, generando tensiones inevitables. Hoy, paradójicamente, muchas sociedades enfrentan el problema inverso: envejecimiento, baja natalidad, soledad estructural.

Y Colombia, tradicionalmente joven, rural, expansiva, comienza a parecerse cada vez más a ese espejo. La transición demográfica avanza. La población envejece. La natalidad cae. Millones han migrado del campo a la ciudad en pocas décadas, rompiendo tejidos comunitarios que durante generaciones funcionaron como amortiguadores emocionales.

La modernidad llegó rápido. Quizás demasiado.

Se habla de una “pandemia de salud mental”. Ansiedad, depresión, aislamiento. No son fenómenos marginales, sino síntomas extendidos de una forma de vida. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que estemos diseñando sociedades materialmente más exitosas pero existencialmente más frágiles?

Porque la prosperidad, por sí sola, no enseña a vivir.

Tal vez la discusión sobre la eutanasia no deba agotarse en los marcos jurídicos o médicos. Tal vez deba empujarnos hacia una reflexión más incómoda: si alguien quiere morir, ¿qué dice eso del mundo en el que le tocó vivir?

No se trata de romantizar el sufrimiento ni de negar la autonomía individual. Se trata de entender que la felicidad no es un subproducto automático del progreso.

Es, más bien, una construcción colectiva.

¿Y qué es la felicidad?

No es una cifra. No es una curva ascendente. No es una ausencia total de dolor.

Quizás es, como sugería Aristóteles hace más de dos mil años, la posibilidad de florecer: de desarrollar nuestras capacidades en relación con otros, en comunidades que tengan sentido, en vidas que se sientan propias.

Colombia está entrando, silenciosamente, en esa conversación global. Ya no somos solo un país en busca de crecimiento. Somos un país enfrentado a las preguntas del bienestar.

Y eso exige algo más difícil que producir riqueza: exige imaginar formas de vida.

Porque al final, la verdadera pregunta no es si podemos construir un mundo más próspero.

Es si queremos, y sabemos cómo, construir un mundo más feliz.

¿Cuánto tiempo debe permanecer un hombre en un cargo antes de que el poder se le suba a la cabeza o, peor, se le baje a la bragueta?

¿Será cierto aquello de que la suerte de la fea, la bonita la desea?

¿Es el acosador una persona enferma? Si un amigo es acusado de acoso sexual, ¿le debo retirar mi amistad?

—Ese medio se presta para esas vainas —me dice un amigo en el gimnasio, refiriéndose al escándalo del momento: periodistas de televisión acusados -no condenados- de acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo.

Cualquier análisis que se haga sobre el acoso sexual debe partir de una realidad inocultable: el machismo que atraviesa a la sociedad colombiana desde siempre. La cosa es peor si el dominio lo ejerce un hombre con poder, con mucho o poco poder. La mujer lleva las de perder cuando la testosterona ejerce su dictadura y los machos en celo se pavonean por la oficina. Es el reino de los manilargos y los ojilargos que desvisten gente con la mirada.

Tal vez mi amigo tenga razón. La televisión no es un espacio laboral más. Hay algo particular que lo hace especialmente vulnerable a las conductas inapropiadas. En los estudios de televisión, la imagen -prefabricada, edulcorada, artificial- es la medida de todo o de casi todo, y por tanto la belleza se ha convertido en estándar del éxito.

Sin embargo, hubo un tiempo en que mujeres comunes y corrientes, y no necesariamente jóvenes —talentosas, eso sí—, presentaban noticias por televisión en Colombia. Belleza más talento no era entonces regla obligada. Era suficiente con tener lo segundo.

De un día para otro las cosas cambiaron: los rostros bellos empezaron a inundar sets y pantallas, alentado por una cultura patriarcal que puso a los hombres como los mandamases del negocio de la televisión. Fíjese usted que hoy es bastante infrecuente encontrar mujeres dirigiendo telenoticieros y más raro aún verlas presidiendo un canal de televisión.

A las mujeres se les exige gracia física y talento para ponerse frente a una cámara. A los hombres no necesariamente se les hace esa doble exigencia. De hecho, a ellas se les suele reemplazar más fácilmente que a ellos. Dicho de otra forma, en televisión el ciclo vital de las mujeres es más corto que el de los hombres, y eso puede tener una única explicación: el poder real —la posición de superioridad— se concentra en hombres que, al final del día, son quienes deciden el ciclo activo de unos y otros en la pantalla.   

Con la aparición de los canales privados, Caracol y RCN, a partir de 1998 se creó una competencia feroz por el rating: la rentabilidad del negocio se impuso sobre el servicio, lo que explica, entre otros fenómenos, el exceso de realitys shows que buscan seducir audiencias mezclando cuerpos, belleza y talento para disparar los índices de sintonía. Los televidente quedamos sometidos a una televisión aburridamente uniforme.

Y aquí estamos, viendo a los que dan las noticias convertidos en la noticia misma. Las denuncias por acoso sexual contra tres varones del periodismo —hasta ahora son tres con nombre propio— amenazan con causar daño reputacional a marcas emblemáticas.

No es fácil escribir sobre los posibles pecados de otros colegas, pero callarnos es la peor opción posible. Los hombres deberíamos ser los primeros en repudiar toda conducta masculina depredadora.

Estar investido de fama o autoridad no otorga licencia para degradar o someter a nadie. El pudor ajeno es un bien que se respeta. Desestimar la voz de una mujer que denuncia abusos contra su integridad, es ponerse del lado del victimario.

Por cada mujer que denuncia a su acosador, un lobo feroz desaparece de la oficina. 

No somos jueces para dictar sentencia —prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario—, pero podemos abogar para que la justicia opere, caiga quien caiga. El periodismo no puede quedar en entredicho; ya suficientes males se ciernen sobre este oficio.

La televisión es un medio que por su propia naturaleza y la notoriedad que otorga la fama y la exposición mediática, está lleno de secretos, vergüenzas y a veces personajes oscuros. Escribo esto mientras recuerdo el caso del tristemente célebre Bill Cosby. La prensa informa que el comediante, hoy de 88 años, debe pagar 19 millones de dólares a una de sus víctimas. La mujer tenía 34 años cuando la sedó y emborrachó antes de violarla. El caso ocurrió en 1976.

¿Seres humanos u objetos del deseo?

Que los escándalos sexuales toquen a la televisión no es algo nuevo en una industria que desde sus orígenes ha convertido a mujeres y hombres en el objeto del deseo de las audiencias y que ahora —lo venimos a saber públicamente—, son también el objeto del deseo de puertas para adentro. Un enemigo interno —un mal elemento, diría yo— que muchas veces no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pero un no es un no, y hay que repetirlo hasta el cansancio.

“…las acusaciones de acoso sexual (…) son un recordatorio de la grave interrupción que el acoso puede suponer para una carrera profesional”, comentaba Margaret Talbot, en una columna de The New Yorker (2016). Recordó el caso de la periodista Rudi Bakhtiar, que en 2007 perdió el ascenso como corresponsal en la oficina del canal Fox News en Washington “tras rechazar las insinuaciones sexuales de un colega que estaba a punto de convertirse en jefe de la oficina”.

En el caso colombiano, nuevas denuncias —que se están conociendo, sin filtro alguno, a través de las redes sociales—, muestran que estamos ante lo que podría ser una conducta habitual en ese medio. Una colega colombiana informó a través de TikTok que debió alejarse del periodismo para dedicarse a las ventas.

Cuando se habla de acoso sexual se habla de tocamientos indebidos o no deseados, propuestas indecentes, insinuaciones, regalos injustificados, besos no consentidos, cualquier forma de manoseo, frases galantes que encubren dobles intenciones, retener a alguien en su oficina contra su voluntad, llamadas o mensajes a deshoras, incluso miradas lascivas, hasta comportamientos abiertamente descarados, cargados de una tensión sexual (en modo unidireccional, claramente).

No está de más incluir aquí la figura reprochable de lo que coloquialmente la gente llama “el viejo verde”: hombres mayores y lujuriosos afanados por seducir mujeres jóvenes, queriendo revertir, a punta de labia y/o chequera, los estragos de la edad.

Los televidentes hemos visto envejecer a muchas figuras de la televisión, por no decir que hemos envejecido al mismo tiempo con ellas. Creo que existe una relación directa entre el tiempo laborado y el poder acumulado, y sobre todo la manera como algunas personas se sirven de ese poder y de los años de experiencia dentro de una empresa. ¿Qué hay del relevo generacional? ¿Acaso es la experiencia la única medida de todas las cosas para mantener a las personas en un cargo?

Recordemos el escándalo sexual que terminó con la caída del presidente de Fox News, Roger Ailes, a la edad de 76 años. El drama está contado en la película “El escándalo” (Prime Video), protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La presentadora Gretchen Carlson (Miss América 1989), tenía 50 años cuando denunció las invitaciones sexuales de su anciano agresor. Según la BBC de Londres, Carlson precisó en la demanda que Ailes “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo”.

El caso fue documentado en el cuarto episodio de la miniserie “Dinastía: Los Murdoch” (Netflix), sobre el multimillonario Rupert Murdoch, dueño entre otros medios de la cadena Fox News.“Estábamos en un auto, y me tomó de la cabeza y del cuello, y bajó mi cara a su entrepierna”, dijo Carlson.

En el mismo documental, la expresentadora Alisyn Camerota afirmó: “Roger siempre hablaba de los cuerpos de las mujeres. (…) Siempre hizo comentarios inapropiados y sucios sobre el tema. Fui a pedirle una oportunidad. Quería ser presentadora. Y me dijo: ´bueno, no estás lista aún. Voy a trabajar contigo´. Y dijo: ´tendrá que ser los fines de semana, tal vez en un hotel´”.

El caso concluyó con el despido de Ailes en julio de 2016. El tipo recibió una indemnización de 40 millones de dólares y murió al año siguiente. El dinero también suele usarse para comprar el silencio de las víctimas.

Otra historia lamentable es la de Harvey Weinstein, el todopoderoso de la industria cinematográfica, quien cumple una doble condena de 23 y 16 años por cargos de violación y agresión sexual.

En un artículo de 2017, la revista The New Yorker escribió lo siguiente: “Su comportamiento era un secreto a voces en Hollywood y más allá, pero los intentos previos de numerosas publicaciones, incluyendo The New Yorker, por investigar y publicar la historia a lo largo de los años no cumplieron con las exigencias de la evidencia periodística. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos a permitir que un periodista usara sus nombres, y Weinstein y sus asociados recurrieron a acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas legales para silenciar sus testimonios”. 

Un hombre, el joven reportero Ronan Farrow, fue clave para destapar el caso en la revista The New Yorker. Con su investigación —que incluyó grabaciones secretas y el testimonio de actrices—. ganó un premio Pulitzer en 2018 y dio impulso al movimiento MeToo, (Yo también), que ahora tiene capítulo propio en Colombia, bajo el nombre “#MeToo yo te creo, colega”.  

Daño a la credibilidad

Todavía es muy temprano para saber si habrá daño reputacional para los canales involucrados tras las denuncias contra los implicados por acoso sexual en Colombia. Hay quienes proponen apagar la televisión como una forma de sanción social contra medios de comunicación que irrumpen a diario en millones de hogares.

Yo creo que el asunto debe conducirnos como sociedad a una reflexión más profunda en tres dimensiones: el rol que cumplen la casa y la escuela en la formación de valores sobre las conductas sexuales, el compromiso de las empresas para que esos valores se conviertan en hábito y el respeto en costumbre, y, por último, la necesidad, por qué no, de establecer códigos de conducta sexual, como apéndice de los contratos de trabajo, para proteger la integridad de cada empleado. Está demostrado que las sociedades sin policías no funcionan.

Si “el acoso sexual es espacios laborales es siempre un crimen difícil de rastrear”, como sugiere este editorial de El Espectador, parecería entonces que las mujeres no tienen más alternativa que ser sus propias detectives y recoger las pruebas que incriminen a sus acosadores.  

Por otro lado, poco se habla de los daños colaterales que trae consigo el escándalo. Muy mal que ciertos medios periodísticos hayan expuesto a las parejas o familias de los acusados al escarnio público, sin fin distinto que usar el morbo para atraer clics. Cosa distinta es la valoración que haga la opinión pública. Los famosos se exponen para lo bueno y, pues también, para lo malo. No hay escapatoria. La fama tiene un precio, y cada quien juzgue cuál es el límite de la amistad.

Con todo, ojalá la industria de las noticias siente cabeza y haga un autoexamen en medio de su mala hora. Es eso o poner en adelante suficientes duchas con agua fría en las salas de redacción.

Hace un par de años, más exactamente en el 2019, mientras cursaba mi Maestría en Investigación Musical, estaba al mismo tiempo leyendo el libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). Aunque es un libro que no tiene en lo absoluto nada que ver con educación, o con música y Arte, el impacto que generó este libro en mí fue profundo, no solo por su análisis sobre las causas del éxito o fracaso de las naciones, sino porque, al mismo tiempo que me formaba como investigador, me llevó a cuestionar de manera constante el rol de la educación dentro de la sociedad y, de manera más específica, el lugar que ocupa la educación artística en los procesos de transformación social.

El desarrollo de los países

La tesis central de Acemoglu y Robinson plantea que las diferencias entre países no radican en factores geográficos o culturales, sino en la manera en que se han configurado sus instituciones políticas y económicas.

A través de ejemplos como el de ”Nogales”, una ciudad dividida entre Estados Unidos y México, los autores evidencian cómo dos territorios con características similares pueden ofrecer condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de la solidez y naturaleza de sus instituciones.

Este planteamiento permite comprender que el desarrollo no es una casualidad, sino el resultado de decisiones históricas que han favorecido modelos inclusivos o, por el contrario, estructuras extractivas que perpetúan la desigualdad.

En el contexto colombiano

En el caso de América Latina, y particularmente en Colombia, estas reflexiones encuentran un eco evidente. Tal como lo expone mi análisis previo, las decisiones políticas y estructurales han limitado históricamente las oportunidades de desarrollo, afectando ámbitos fundamentales como la educación, la ciencia y la innovación.

Sin embargo, dentro de este panorama surge una reflexión aún más profunda: si las instituciones son determinantes en el desarrollo de las sociedades, ¿qué tipo de formación necesitan los ciudadanos para construir instituciones más justas, inclusivas y equitativas? Es en este punto donde la educación artística y la cultura adquieren un papel fundamental.

La educación artística no puede seguir siendo entendida como un componente accesorio dentro del sistema educativo. Por el contrario, constituye un espacio esencial para el desarrollo de capacidades humanas que son indispensables en la construcción de sociedad.

A través del arte, los individuos aprenden a pensar de manera crítica, a interpretar su contexto, a cuestionar las realidades establecidas y a proponer nuevas formas de comprender el mundo. Estas habilidades son coherentes con la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la transformación de sus entornos.

La cultura artística como reconstrucción del tejido social

Tal como lo evidencia la historia latinoamericana, los procesos de colonización no solo implicaron la explotación de recursos, sino también la fragmentación de identidades culturales y la imposición de estructuras de poder que aún hoy tienen repercusiones. En este sentido, el arte y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, memoria y reconstrucción. Permiten a las comunidades recuperar sus narrativas, fortalecer su identidad y generar espacios de encuentro que contrarresten las dinámicas de exclusión.

Desde esta perspectiva, la educación artística se articula directamente con la construcción de instituciones inclusivas, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson (2012). Una sociedad que promueve el pensamiento creativo, la sensibilidad social y la capacidad de diálogo está mejor preparada para cuestionar estructuras injustas y proponer alternativas de cambio.

En otras palabras, el arte no solo forma artistas, sino ciudadanos con la capacidad de imaginar y construir nuevas realidades.

Espacios de transformación

Además, en contextos donde la desigualdad y la falta de oportunidades han generado escenarios de violencia o fragmentación social, las prácticas artísticas se consolidan como espacios de transformación.

La música, el teatro, la danza y las artes plásticas y visuales, permiten canalizar emociones, generar sentido de pertenencia y construir comunidad. Estos procesos son fundamentales para reconstruir el tejido social, especialmente en países que, como Colombia, han enfrentado profundas heridas históricas.

En consecuencia, pensar en el desarrollo de una nación implica necesariamente replantear el lugar de la educación artística dentro de los sistemas educativos.

No se trata únicamente de formar en habilidades técnicas, sino de reconocer el arte como un medio para fortalecer la conciencia social, la empatía y el pensamiento crítico. Invertir en educación artística y cultural es, en este sentido, una apuesta por el desarrollo humano y la transformación social.

Finalmente, si bien las decisiones políticas pueden limitar o ampliar las oportunidades de una sociedad, es en la educación donde se siembran las bases para el cambio. La formación de ciudadanos críticos, sensibles y creativos es un paso indispensable para construir instituciones más justas y equitativas.

En este camino, la educación artística y la cultura no son elementos secundarios, sino pilares fundamentales para reconstruir una sociedad que, a pesar de sus dificultades históricas, aún tiene la posibilidad de reinventarse desde el conocimiento, la creatividad y la participación colectiva.

Bibliografía

Asemoglu & Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? – Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana.

Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Pregunta incómoda: ¿Quién cambió de equipo: Oviedo o Uribe?

Confieso que tenía dudas sobre cómo titularía esta columna. Mi país en rosa fue la primera idea que cruzó por mi cabeza, acordándome de la película Mi vida en rosa.

Siguiendo con ideas cinéfilas, luego pensé en El secreto de la montaña… de El Ubérrimo. Busqué el logo del Centro Democrático y se me ocurrió una ligera modificación al eslogan siguiendo la mamadera de gallo nacional que surgió tras la nominación de Juan Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia de la República por el partido (partido político, quiero decir), de Álvaro Uribe. El nuevo slogan podría ser: Mano floja, corazón grande.

Mientras hacía estos ejercicios creativos, llegó la noticia de que Oviedo fue ovacionado al grito de “vice” durante el concierto de Miguel Bosé en Bogotá, según algunos titulares de prensa.

Cautivo del uribismo, imaginé a Oviedo, dedicándole una de las canciones del español al doctor Uribe. Esa que dice “Seré tu amante bandido, bandido”, mientras algunos le gritan a Oviedo “vendido, vendido” en redes sociales. Pero la parte que más me gusta es esa que dice: “Yo seré un hombre por ti / Renunciaré a ser lo que fui”. (Aclaremos dos cosas: en Colombia el término bandido puede tener connotaciones menos románticas y Juan Daniel Oviedo no renunció al centro, porque siempre fue un funcionario al servicio del uribismo, como lo cuenta Daniel Coronell en la columna “Uribe con piel de Oviedo”).

El hecho es que el doctor Uribe salió del clóset ideológico al aceptar que un hombre abiertamente homosexual sea compañero de fórmula de su protegida la senadora Paloma Valencia. Para decirlo en tono jocoso, el tal rayo homosexualizador, que por supuesto no existe, ha tocado el corazoncito del uribismo. Ahora falta ver si los electores uribistas están o no seducidos por esta ola rosa que, para bien y para mal, domina por estos días la conversación pública.

Porque en su forma de ser, Colombia sigue siendo el país de las tres C: conservador, católico y camandulero, que en lenguaje simple significa: solapado, morrongo y doblemoralista. En las urnas veremos si ese país todavía late.  

Veremos qué regiones le ponen más votos a la fórmula Valencia-Oviedo, lo que será un buen indicador para determinar qué tan de mente liberal (o demente homofóbica), somos en este primer cuarto del siglo veintiuno.  

En 2020, el país vio cómo en Antioquia un hombre intolerante atacó a puñaladas la bandera de la comunidad gay. Para variar, el hombre resultó ser uribista, como quedó claro en esta nota de Noticias Uno. Cinco años después, también en Medellín nos aterró la muerte salvaje de Sara Millerey, víctima de la transfobia. Fue un transfeminicidio: Le quebraron sus extremidades y la arrojaron como animal a un riachuelo, y allí murió pidiendo clemencia en aguas putrefactas.

Cuando se les niegan derechos a las personas diversas, cuando se les despoja de humanidad por su orientación sexual, se les expone a la brutalidad de una sociedad (suciedad) intolerante que decide lo que es bueno y lo que es malo para los demás.

Paloma Valencia ha dicho: “…seguiré defendiendo la familia, que es un núcleo central en mi discurso, porque las familias fuertes son una Colombia fuerte. Y quiero ser muy clara en decir que nosotros creemos en la libertad de la familia en inculcar los valores de sus hijos, en defender su educación, y el Estado no tiene por qué adoctrinarlos ni ideológica ni políticamente”.

En estas palabras quedó retratado el oportunismo de la candidata y su partido, porque mientras defiende lo que llama familia tradicional, hombre y mujer –no hombre con hombre, ni mujer con mujer-, arropan en sus filas a un hombre que se declara orgullosamente marica, pero al mismo tiempo le escupen en su propia cara uno de los postulados del uribismo: los gays y las lesbianas no tienen derecho a formar una familia.

Me atrevo a usar este lenguaje, porque el mismo Oviedo se siente cómodo hablando de él en primera persona: “Siendo marica, yo no vengo a mariquear el Centro Democrático ni el país”, recoge el diario La Opinión. “No me volví un marica uribista”, recoge Infobae.

Valencia es tajante: “Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay”, a pesar de que este derecho, el de la adopción homoparental, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico desde 2015. Sería interesante saber qué piensa el novio del candidato al respecto.

La semana posterior a elecciones, la prensa se llenó de titulares e imágenes sobre la pareja de Juan Daniel Oviedo. Desde el muy serio diario El Tiempo hasta el portal Las 2 Orillas, se preguntaban quién es Sebastián Reyes, el joven diseñador de modas que conquistó el corazón del político.

En una sociedad homofóbica, que lo somos, Oviedo no debería hacer alarde de su vida privada ni exponer al muchacho como lo hace. Creo que confunde las cosas y deja una impresión distinta a la que quiso proyectar cuando ganó el voto de opinión. Porque bueno es culantro pero no tanto.

Creo que esto se saldrá de control si no aterriza en la realidad del país en el que vive, donde la sola mención del término ideología de género causa urticaria. Pero dejemos claro que esa es otra narrativa inventada de forma hábil por la derecha colombiana desde el plebiscito de 2016 para violentar el acuerdo de paz, poniendo a los niños en el centro de los debates políticos con el fin de asustar a los papás. Hablemos mejor de justicia de género y que eso nos lleve a un debate más amplio sobre las libertades individuales 

Colombia está lejos de ser esa nación liberal que permita a cada quien hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo y su sexualidad. Mucho hemos avanzado, pero cada nuevo gobierno de derecha y cada nuevo Congreso con mayorías de derecha significan una estocada a los derechos de las personas con identidad de género diversas, un tiquete al pasado.

En cuestiones normativas Colombia es ejemplo ante el mundo. “Han sido más de 120 sentencias de la Corte Constitucional con avances jurisprudenciales históricos en unión marital, adopción, cambio de nombre o reconocimiento de parejas del mismo sexo”, me explica el abogado Germán Rincón Perfetti.

Sin embargo, el Congreso actual se desentendió de la Ley integral trans y la ley que prohíbe las mal llamadas terapias/prácticas de conversión, que en realidad son métodos de tortura contra personas diversas. “Esos proyectos de ley no han avanzado principalmente por culpa de las bancadas cristianas, conservadoras y del Centro Democrático”, me resume vía WhatsApp Viviana Vargas Vives, abogada defensora de derechos humanos, lesbiana, activista y sobreviviente de violencia sexual. (Pronto leerán una entrevista completa con ella en este blog).

“Es muy probable que se hundan –añade la activista-. La de terapia de conversión que es la más urgente se ha presentado tres veces, y siempre esas bancadas la hunden”. Valga decir que la senadora Paloma Valencia ha votado negativamente esta iniciativa todas las veces.

Preguntas incómodas

De ganar Paloma Valencia las presidenciales, con Oviedo a bordo, ¿eso por sí solo garantizará nuevos avances para la comunidad LGBTIQ+? Nadie lo sabe, porque la historia demuestra el poco, por decir nulo, poder que tienen los vicepresidentes en Colombia. Lo único cierto por ahora es que esos millón doscientos cincuenta y cinco mil votos de Oviedo en la consulta del 8 de marzo funcionaron como terapia de conversión proselitista de los uribistas, que durante dos décadas le han negado derechos a unas minorías, que en cuestión de votos son bastantes.

Si Paloma y Oviedo no honran su palabra, podría sobrevenir el primer estallido social rosa de la historia.

No sabemos qué piensa, de puertas para adentro, sobre Oviedo, una persona como Uribe. Él, que ha proyectado la imagen del machoman de la política, aquel hombre montañero de carriel y machete al cinto.

Nadie se llame a engaños. Al ungir a Oviedo, Uribe salió del closet en asuntos ideológicos apenas de labios para afuera. Porque loro viejo no aprende a hablar, ni siquiera con el caudal electoral que, se supone, le transferirá el exdirector del DANE a Paloma Valencia en las elecciones del 31 de mayo.

Pero veamos lo positivo. El que un homosexual sea candidato a vicepresidente habla de cierta apertura mental.  Por esos mismos días, el columnista Felipe Zuleta Llera, salió en defensa de Abelardo de la Espriella por acusaciones de presunta homofobia contra Oviedo. “Cómo va a ser homofóbico Abelardo, si yo, que soy gay, he estado en su casa, he comido con sus padres, he estado con Ana Luz, su maravillosa esposa y sus hijos. Lo he visitado en muchísimas oportunidades con mi pareja”.

Si gana Paloma, veremos si la bandera arco iris es izada a la entrada de la Casa de Nariño, veremos si Uribe y Oviedo van juntos a la Marcha del Día del Orgullo y, lo más importante, veremos si por fin los 17 senadores del Centro Democráticos respaldarán las leyes en favor de la comunidad. Los debates deberían servir para saber si, por ejemplo, el uribismo se comprometerá en campaña a desempantanar las iniciativas arriba mencionadas.

Si esta unión queda en palabras, palabras, palabras, como la canción, que se tengan de atrás, porque podría sobrevenir el primer estallido social rosa en las calles de Colombia para obligarlos a honrar cualquier promesa, de modo que la inclusión de Oviedo como fórmula no sea un asunto meramente cosmético y transaccional. 

Teniendo en cuenta que Álvaro Uribe tendrá un papel activo en el comité político de Paloma Valencia, tengo un consejo para el doctor Oviedo: sea obediente y cuide lo que diga, no sea que un día de estos reciba una llamada de un expresidente emberracado: “Si lo veo, le doy en la cara, no heterosexual”.