Mientras en Estados Unidos, el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para que la FDA agilice la revisión de los psicodélicos como fármacos de terapia, en Colombia la psicóloga Bibi Blackburn lidera una iniciativa, junto con varios congresistas, para legislar sobre esta materia. “El país necesita un marco regulatorio para que los colombianos podamos acceder al tratamiento terapéutico con psicodélicos, como se hace en otros países”, afirma esta especialista en psicología con enfoque transpersonal.

Es una disciplina en tendencia que integra los tres planos del bienestar humano —psicológico, emocional y espiritual— permitiendo a cada individuo alcanzar un autoconocimiento profundo de su ser.  “Se trata de descubrir emociones desconocidas y creencias limitantes que condicionan nuestra historia personal. Cuerpo, mente y alma deben tratarse de manera integral para alcanzar bienestar”, afirma.

La historia de esta mujer se partió en dos como consecuencia de la enfermedad terminal de su padre en 2008 y el suicidio de su hermano en 2015. “No concebía mi vida sin mi papá. A él le dieron seis meses y vivió 12 años pero en muy malas condiciones”, relata. Esta experiencia, aunque dolorosa, le permitió descubrir unas habilidades que hasta entonces desconocía sobre lo que significa ayudar al otro, acompañarlo y sostenerlo en circunstancias difíciles. “No sabía que eso estaba en mí”, reconoce Bibi Blackburn.

En medio de este proceso, otro drama golpeo a la familia: el suicidio de su hermano de 43 años. “A pesar de lo unidos que éramos, nunca percibí que estuviera sintiéndose tan mal como para querer acabar con su vida”, confiesa con la voz quebrada.

Ese cortocircuito la llevó a poner su vida en pausa. “Pensé –dice- en las personas que están pasando por situaciones difíciles y no tienen con quien hablarlo y mucho menos a quién pedirle ayuda”.

Renunció a su trabajo como ejecutiva exitosa pero no propiamente feliz. “Me sentía vacía en el ámbito profesional”.

Buscando su propia salvación, por así decirlo, descubrió por recomendación de terceros el poder terapéutico de los psicodélicos y se sometió a terapia, con ilusión pero también con susto. “Tenía curiosidad y miedo a la vez porque era y sigue siendo un tema tabú. Existía muy poca información y pocos lugares para acceder a un tratamiento terapéutico seguro”.

Comprendió que para sanar y seguir adelante, “es necesario aprender a desprenderse de las personas que uno más ama; entendí que las respuestas a todo lo que nos pasa está dentro de nosotros, no en los demás”.  

En su propia búsqueda encontró más de lo que buscaba: un nuevo propósito para seguir adelante. Porque después de formarse como psicología con enfoque transpersonal, se enfocó en terapia asistida con psicodélicos.

¿Qué son los estados expandidos de conciencia?

En sus pacientes ha visto los beneficios de dos de los psicodélicos más ampliamente estudiados: la psilocibina y la MDMA. “Estas sustancias conducen a la personas a un estado expandido de conciencia. Cuando la psilocibina entra en el organismo, en el cerebro se empiezan a crear redes neuronales. Es una especie de reseteo que permite comprender que hay otras formas de actuar, pensar o sentir sobre lo que nos pasa”.

La sesión dura seis horas, en las cuales el paciente, acostado y con los ojos cerrados, permanece consciente todo el tiempo. “La experiencia se vive como si se tratara de un sueño o una película”, comenta la experta, quien guía el proceso para ayudar a la personas a entender lo que están experimentado y luego, por medio de la psicoterapia, enseñarles cómo integrar la información recibida en sus vidas.

“En un estado expandido de conciencia -explica- se viven varias realidades al tiempo, en las que aparecen situaciones del pasado, del presente o del futuro”.

La terapia asistida con psicodélicos se usa en pacientes con estrés postraumático y en trastornos como la depresión y la ansiedad, lo mismo que en traumas, adicciones (tabaco, alcohol, opioides, cocaína…) y duelos.

Relata el caso de una paciente que fue víctima durante años de un esposo maltratador, casi feminicida. Aunque salió con vida de esa relación tóxica, las marcas físicas y mentales eran evidentes: insomnio, desconfianza en los demás e incapacidad para disfrutar hasta las cosas buenas de la vida. “Ignoraba que estaba bajo estrés postraumático, sintiéndose culpable por permitir los abusos. Logró conectar con ella y darle un cierre a su historia. Entendió que ésta forma parte de su biografía pero no de su hoy”.

Bibi Blackburn creó además el libro interactivo “Caminos de transformación”, que les permite a los lectores integrar la psicología transpersonal en su vida cotidiana, pues es una herramientas compuesta por 60 cartas con respuestas o mensajes cifrados para hallar calma en las tempestades diarias.  

“Necesitamos tomar una pausa diaria para volver a conectar con nuestras intuiciones y el ser interior. Las respuestas siempre están dentro de nosotros”, concluye.

Este miércoles 29 de abril, la psicóloga Bibi Blackburn conversará sobre estos temas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Sala Jorge Isaacs, 1:00 p.m.).  

Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde luego, los demás aspirantes —Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo— han protestado con razón. Resulta contradictorio que un ejercicio que se presenta como democrático termine excluyendo voces bajo criterios arbitrarios. No hay forma de justificar que, en nombre de la democracia, se promueva un espacio abiertamente discriminatorio.

Pero más allá de esa discusión, hay una idea que se ha instalado sin suficiente cuestionamiento: que este debate es urgente y necesario para el país. Y aquí vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿acaso no ha habido ya suficientes debates?

Durante meses, los candidatos han participado en múltiples encuentros organizados por gremios económicos como Asobancaria, Andesco, Fenalco, Camacol, la ANDI, Anato, y Asofondos. El problema no es la falta de escenarios, sino la repetición del público: en muchos de estos eventos, cerca del 70% de los asistentes son los mismos. Es decir, los aspirantes llevan más de medio año hablándole a la misma audiencia cerrada, predecible y poco representativa del país real. Sorprende que no se hayan dado cuenta.

A esto se suman los debates promovidos por universidades en distintas regiones, donde sí existe un interés genuino de ciudadanos que quieren conocer propuestas concretas para sus territorios. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué estos espacios parecen no contar? ¿Por qué se les resta valor frente a un debate mediático que, en esencia, no aportaría nada nuevo?

La respuesta parece estar más en el espectáculo que en el contenido. Lo que se vende como un evento “imprescindible” no es más que una apuesta por el rating. Y, aun así, es poco probable que ese debate llegue a realizarse. Las condiciones que imponen algunos candidatos —como excluir a quienes están por debajo del tercer lugar en las encuestas o elegir moderadores a conveniencia para evitar preguntas incómodas— son inaceptables para cualquier medio serio que respete su independencia.

Incluso si se optara por realizarlo a través del sistema de medios públicos, como RTVC o Inravisión como se le quiere llamar ahora, habría un principio básico que no podría ignorarse: todos los candidatos deben ser invitados. Lo contrario sería un uso indebido de un espacio estatal. Si alguno decide no asistir, esa será su responsabilidad, pero la puerta debe estar abierta para todos. Sorprende que un detalle tan elemental se pase por alto.

En realidad, esta discusión parece cada vez más inútil. A estas alturas, la mayoría de los colombianos ya tiene definido su voto, y difícilmente lo cambiará por ver, una vez más, a los candidatos repitiendo discursos vacíos. Porque, seamos honestos, estos debates rara vez profundizan en propuestas de gobierno. Lo que abunda son las frases hechas, las generalidades y, por supuesto, los ataques.

El resultado es un intercambio estéril de insultos: críticas al gobierno de turno, respuestas igualmente agresivas y una dinámica que podría resumirse en la conjugación de un solo verbo: insultar. Yo te insulto, tú me insultas, él nos insulta; nosotros nos insultamos, vosotros os insultáis y ellos se insultan entre todos.

La mayor dificultad para realizar los debates entre los candidatos presidenciales es el riego de convertirlos en una debacle nacional. Más aún en medio de esta oleada del terror, desatada al parecer por Iván “Mordisco” al mando del “Estado Mayor Central de las Farc” en retaliación a las acciones de la Fuerza Pública en su contra, que lo ha puesto contra las cuerdas. Y la forma más expedita de hacerlo es impidiendo la participación en los debates de aquellos candidatos que no aparecen como favoritos en el actual tinglado de la política nacional. De esta forma, la agenda política del futuro y la suerte de todos los colombianos quedará en manos de la confrontación entre dos proyectos que se disputan no solo las próximas elecciones, sino la vida y muerte de las próximas generaciones. Lo que está en juego es mucho más que la definición de un temario, el orden para abordarlo, la identidad y competencia del moderador. Lo que realmente está en juego es la capacidad para deliberar de todos los colombianos, no solo de tres, cuatro o trece candidatos, cuya participación en los debates está condicionada, casi que atrofiada, por su obsesión de ganar las elecciones, no tanto por la búsqueda de soluciones a los principales desafíos y conflictos que como sociedad enfrentamos. Conflictos que por su complejidad ninguna candidatura o partido podrá resolver solo, en gran parte porque todos son más o menos responsables de su existencia, persistencia y degradación, así traten de atribuirle toda la culpa al contrario y a su contradictor de turno. Tal será el principal objetivo en desarrollo de los debates, si llegan a realizarse teniendo como telón de fondo este terror que impide pensar con responsabilidad y libertad, más allá de buscar un solo responsable del mismo. Cada candidatura Intentará demostrarnos que tiene la fórmula mágica para hacer en los próximos cuatro años en la Casa de Nariño lo que ningún partido o líder político ha podido hacer durante toda su vida política: la paz con justicia social, un desarrollo económico incluyente, en función de las mayorías, una gestión pública sin depredar los recursos del erario y sin devastar nuestra portentosa biodiversidad para favorecer intereses de empresas nacionales e internacionales. Ojalá los debates sirvieran al menos para revelarnos las fortalezas y debilidades de cada candidatura frente a los anteriores desafíos. Pero es probable que suceda todo lo contrario, pues la obsesión de cada aspirante a la presidencia será intentar demostrarnos que sus contendores son los únicos responsables de la actual debacle y que sólo su candidatura y su partido ha estado a la altura de esos desafíos y cuenta con el programa para resolverlos en los próximos cuatro años. Cuando sabemos que esta terrible realidad los supera a todos. Escucharemos a más de un salvador que, emulando la vulgaridad y brutalidad de Trump, dirá que todo se resuelve con más plomo, dinamitando al país como hoy lo hace alias Mordisco y su banda narcocriminal para defender su emporio de cocaína parapetado supuestamente en objetivos políticos. Objetivos que a la postre coronará si vamos a las urnas muertos de miedo y entregamos nuestro juicio y voto sin reflexionar, olvidando que el miedo nunca es inocente y en estas circunstancias sería un pésimo consejero.

Una feria de vanidades y disfraces

Esa obsesión, puede llevar a todas las candidaturas a comportarse en el set televisivo como actores de un show para conquistar la sintonía y el voto de la mayoría de electores el próximo 31 de mayo. La meta será obtener ese día la mitad más uno de los votos, poco importa cómo se logre, así sea azuzando el miedo, para evitar un incierto segundo tiempo. Entonces cada candidatura desplegará todos sus recursos para vencer y demostrarnos no solo que es la mejor, más preparada, más honesta y competente para gobernar, sino que además es moralmente intachable y superior a todas sus demás competidoras. Así veremos que entran en un combate para lograr desacreditar rápidamente, en primer round, a sus adversarios. Nos dirán que sus vidas son un libro abierto, mostrándonos sus mejores páginas y ocultándonos las más turbias y comprometedoras. Y, en ese esfuerzo, no faltará quien dirá que no es político, aunque aspira a ser presidente. Muy difícil entender cómo gobernará si desprecia tanto con quienes tendrá que hacerlo, los congresistas y demás servidores públicos electos. ¿Lo hará sin contar con su apoyo y gobernará a punta de decretos? ¿Declarará inmediatamente la conmoción interior y cerrará el Congreso? Si tales son las propuestas salvadoras no hay duda que nos devorará el tigre de la arbitrariedad y la ambición.

¿Transparencia o apariencia en el set?

En fin, corremos el riesgo de presenciar una feria de vanidades y disfraces, en donde relucirá todo menos la transparencia que cada candidatura pregona. Predominará la apariencia o incluso hasta la “tramparencia”, adornada con bellos abalorios y fantasías programáticas como la paz, la seguridad, la equidad, la solidaridad y hasta la felicidad. Todas y todos se empeñarán en lucir el traje más adecuado para gustar al mayor número de espectadores-electores y ocultar sus defectos, secretas intimidades, amistades y verdaderas identidades. Sobre todo, se cuidarán de que no veamos tras bastidores quiénes son los diseñadores y financiadores de su eventual traje presidencial. En verdad, es muy difícil comprender el cambio de discursos, identidades y personalidades que la mayoría de candidatos experimentan durante las campañas electorales. Al desfilar por la pasarela de las plazas públicas y aparecer en los sets televisivos sufren una especie de metamorfosis acelerada para ganar las elecciones. ¿Cómo hacer para no caer bajo ese embrujo y evitar que las urnas sean esa insondable caja de pandora donde quedan refundidas todas nuestras esperanzas hasta las próximas elecciones? Esa caja de la cual empiezan a salir todos los males cuando comienzan a gobernar desde la Casa de Nariño y se los achacan a su anterior inquilino. Quizá una forma de hacerlo sea aprendiendo a deliberar en lugar de solo debatir.

Deliberar, más que debatir

La principal diferencia entre deliberar y debatir, es que la deliberación busca persuadir y convencer, mientras el debate solo combatir y vencer. La deliberación promueve el examen y la investigación de los problemas y más graves conflictos, busca las causas o factores estructurales y coyunturales que los generan, sin eludir la propia responsabilidad en su desarrollo e identificar a sus principales responsables por acción u omisión. En el debate sucede todo lo contrario, la atención se centra en las consecuencias de los conflictos y problemas, eximiéndose cada candidatura de toda responsabilidad personal o partidista en el surgimiento de los mismos para atribuirla exclusivamente a los demás contendores. En la deliberación prima la argumentación con fundamento en evidencias y hechos comprobados, mientras que en el debate predomina la descalificación personal del adversario con suspicacias y acusaciones sin sustento en hechos, apelando al estímulo de prejuicios, estereotipos, miedos y pasiones viscerales como el odio y la venganza. La deliberación promueve soluciones y eventuales acuerdos en medio de las diferencias, su lógica es la concertación. En el debate sucede todo lo contrario, pues se busca imponer decisiones al adversario, su lógica es la confrontación y no la conciliación.

Deliberar sin miedo

En últimas, el debate impide y pervierte el diálogo y la deliberación esclarecedora, pues lo que predomina es la polémica para vencer al adversario y no la búsqueda conjunta de soluciones concertadas a los más graves problemas y sangrientos conflictos. Conflictos que ya no son tanto político-militares como criminales, no solo domésticos sino internacionales, (intermésticos) como lo es el narcoterrorismo de nuevo camuflado con objetivos políticos, tal como lo hizo con éxito Pablo Escobar en la coyuntura constituyente. El debate puede profundizar la debacle política nacional e imposibilitar la deliberación necesaria para salir de la actual carnicería, pues seguro radicalizará los fanatismos ideológicos y los prejuicios políticos, que llevará a muchos a buscar salvadores providenciales a imagen y semejanza de profetas armados que prometen salvarnos y en lugar de avanzar hacia paz terrenal nos acercarán rápidamente a la paz eterna. De esta forma el debate afianza las identidades y comportamientos propias de facciones y tribus políticas envueltas en pugnas interminables que culminan en persecuciones, cacería de brujas y ejecuciones extrajudiciales. Sucede todo lo contrario con la deliberación, pues ella nos permite pensar y conversar para liberarnos de certezas ideológicas inmodificables, de prejuicios atávicos inconscientes como el racismo, el clasismo y el sexismo, que siempre nos han impedido forjar una comunidad política entre iguales, vitalmente democrática. Quizá así algún día, ojalá más próximo que lejano, dejemos de ser “esa federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”, como premonitoriamente lo advirtió Belisario Betancur en su discurso de posesión presidencial en 1982. ¿Será que 44 años después reincidiremos y continuaremos viviendo y muriendo bajo la violencia y la injusticia? ¿Seguiremos depositando en las urnas sufragios fúnebres en lugar de votos por la vida, la justicia, la paz y la convivencia democrática? Solo deliberando como ciudadanos lo podremos lograr, no como simple electores emocionalmente manipulados depositando nuestros miedos en las urnas, independientemente si se realizan o no los debates entre todos los candidatos presidenciales. No solo tres o cuatro candidaturas merecen ser escuchadas. Si ni siquiera entre todos ellos se reconocen como iguales, lo más probable es que escuchemos una limitada y estridente cacofonía en lugar de una amplia y clara polifonía, que es lo que más precisamos en medio del estruendo mortal de las bombas y los cilindros que hoy aturden nuestro juicio.  

AQUÍ les dejamos su ESTILO..:

“Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias; FICCI; que EXPERIENCIA… una que sinceramente si eres del mundo cinematográfico no te lo pierdas ya sea que vayas a aprender, a divertirse, a trabajar NO TE LO PUEDES PERDER… but

El aire que se respiraba de unión sobre el arte, principalmente COLOMBIANO y el apoyo es algo maravilloso….lo que si es que una sola vez en el FICCI no te va a alcanzar para ver y aprender ni la mitad de las cosa y no se si es estrategia o simplemente demasiada creatividad que no les da el tiempo para acabar que no importa que dia llegues ALGO QUE TIENES QUE TENER CLARO es que la mejor estrategia es tener prioridades, sin ser muy rígido y entender que tener siempre un PLAN B y C es la mejor opción porque muchas veces la gente que te encuentras, el tiempo y el espacio no va a jugar a tu favor pero la diversión y el pasartela bien si. 

Esta fue mi primera vez y no puedo esperar al siguiente solo es pensar en lo que y a quienes pude conocer o volver a ver que dije WOW que talento se maneja en el mundo, en latinoamérica pero principalmente en el país, actrices como Natalia Reyes quien en estos premios INDIA CATALINA ganó un premio por su trayectoria lo cual es impresionante siendo tan joven y no solo esto es alguien que además de ser una gran actriz nacional e internacionalmente es una persona increíble, transparente, amable y muy linda, además de una GRAN LUCHADORA POR SUS SUEÑOS… también pude conocer y hablar con Susana Torres que no solo es una actriz que la esta rompiendo en netflix con series como Distrito Salvaje y Klass 95 también es un ser humano tan lindo y dulce que tiene de esas sonrisas que te dan mil años de vida y encima hablas con ella y te impulsa a seguir todos tus sueños… cosas que solo pasan en espacios como este donde los artistas no compiten 

de manera negativa si no que  celebran las cosas buenas que les pasan a los otros.

Me hubiera gustado tener la oportunidad de hacer más cosas y la verdad es que el tiempo es muy corto para todo lo que hay que hacer, me habría encantado poder estar en talleres pero la distancia y los horarios en muchos casos no lo permitía ya que los talleres en su mayoría por no decir todos se encontraban en los barrios y eran barrios bastante lejos que hacían imposible llegar a tiempo y pues eso generaba una incertidumbre sobre si valía la pena intentar llegar o buscar un buen conversatorio en el sector y llegar, por suerte en cuanto a las proyecciones había proyecciones en las noches por donde vieras y eso era espectacular porque muchas eran películas, documentales o cortos que aun no salían a la luz del público de una manera tan comercial y menos de manera masiva. 

Algo que me pareció muy interesante fue ver que la mayoría de gente que va a los días del festival son estudiantes, personas de la parte de industria y personas que están siempre detrás de cámaras y que cuando estás ahí y las ves te das cuenta de que esas personas son las que hacen que una película o serie realmente se logre hacer realidad porque muchas veces como espectadores y más cuando lo vemos sólo desde el mundo del espectador que se quiere entretener no tenemos en cuenta que una película, corto, serie, documental, reality no es solo lo que hacen los actores sino que es todas esas personas que están detrás trabajando incluso mucho antes de que la historia está creada para empezar a crearla y hacerla realidad para nosotros pero muchas veces no vemos y valoramos a estas personas porque no están visibles para el espectador pero ellos siempre están ahí fijándose en cada detalle para que todo esté perfecto. 

Y muchos de ellos están allí aprendiendo cada vez más en los conversatorios, en los talleres, haciendo contactos y más…

Valoro mucho la oportunidad que tuve al no solo poder asistir sino el conocer todas las personas que conoci pero asi como hubo cosas buenas siento que también hubo cosas más o menos por ejemplo siento que el tiempo de uno podría organizarse mejor si en el programa tanto físico como digital hubiera habido un contexto mucho más claro de que se trataba el conversatorio o la masterclass y cada uno de los eventos porque si me paso que en más de uno de los conversatorios a los que yo entre la gente se salía a los pocos minutos o a la media hora y muchas veces era porque no era lo que pensaban e incluso puedo decir que a mi me paso que aunque no me sali si entre a una masterclass pensado que era una actividad más de enseñanza y actividades lúdicas y fue más un monólogo de anécdotas de la persona que lo dio a través de su presentación que si me pareció interesante porque su trabajo era bueno, seguia dejando ese no se que de quedar con las ganas de aprender y crear algo más que oír varias anécdotas divertidas. 

Tambien me paso con un conversatorio de ANA KATZ al que le tenía mucha fe por todo lo que representa ella como mujer dentro del medio no solo en Argentina sino en latinoamérica y aunque ella no estuvo mal y lo hizo lo mejor que pudo, el moderador siento que no lo hizo bien a un nivel que mucha gente se le fue o se le durmio y se sentía ya cierta incomodidad en la ACTRIZ y las preguntas se volvían casi que una variación de la misma formulada de distintas formas y eso generaba que todo fuera pesado… 

Pero así que hubo unas malas, hubo unas que no eran buenas eran IMPRESIONANTES lo que tú aprendías, te divertias y conocidas en estas era algo casi que irreal era tener a personas tan grandes que habían llegado tan lejos como J.J PERRY o NATALIA REYES que tú los escuchabas y  decias WOW yo quiero llegar ahí, yo quiero ser como ellos y es que sus anécdotas, trayectorias, formas de trabajar y experiencias eran no solo únicas sino también muy esperanzadoras en el medio, y quiero recalcar el buen manejo de los moderadores de estas charlas ÁLVARO GUTIÉRREZ DE AGORA FILMS y LAURA ARÉVALO DEL ESPECTADOR quien lograron cautivar al invitado y principalmente a nosotros los espectadores invitándonos a participar varias veces como lo hizo Álvaro o haciéndonos sentir parte de la charla sin necesidad de hablar como cuando te reunes con tus amigas a echar chisme como lo hizo Laura. 

Y aunque no pudimos entrar a los premios INDIA CATALINA la sola experiencia de estar ahí en el festival ya fue maravilloso y por suerte yo conocía a uno de sus nominados RUBEN FERNANDEZ  el cual MUY AMABLEMENTE me dio una entrevista en un café espectacular que si van a cartagena y les gusta el buen café y los libros vayan se llama CAFÉ ÁBACO en la ciudad amurallada y fue el mejor lugar para grabar muy acorde a todo lo que es el arte ya que ahí estaban muchos personajes del ficci, como si fuera una parada obligatoria en el festival. 

Pero bueno sin mucho más que decir por el momento, más que esperar a que sea el siguiente festival hasta aca los dejo con un agradecimiento enorme a mi camarógrafo y acompañante en esta aventura artística JOAQUÍN BORDA y con una recomendación para todos ustedes vean CINE COLOMBIANO tenemos mucho arte para valorar en nuestro país y valoren no solo a los que están delante de la cámara sino también detrás.”

UNA EXPERIENCIA de PELÍCULA muy recomendable… así que este es..

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antes de tomar la cámara fotográfica, Cristina Goettsch Mittermeier ya tenía una conexión con el mar. Los veranos en las playas de Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México, y la fuerza de las olas marcaron esa fascinación por el océano. Al mismo tiempo recuerda desde entonces cómo su madre cargaba con gasolina para limpiarle los pies del chapopote —restos de hidrocarburos— que ya desde entonces existía en las costas.

Su conexión con el mar ahora es más fuerte. Su trabajo como fotógrafa de conservación ha sido reconocido en el mundo por documentar la riqueza de los océanos, así como la vida que habita en ellos y los riesgos cada vez mayores que enfrentan.

Cofundadora de la fundación SeaLegacy, Mittermeier ha documentado por décadas las transformaciones y los impactos que ocurren en los mares: arrecifes degradados, costas contaminadas, especies al borde de la extinción. Pero también ha mostrado historias de resistencia para proteger y conservar la vida marina.

A solo unas semanas del recientes derrame petrolero en las costas del Golfo de México, cuyos remanentes llegaron por semanas a las costas de la región, en medio de las amenazas que representan los proyectos de gas para los ecosistemas marinos y la autorización del gobierno de Donald Trump para que las petroleras estadounidenses hagan nuevas perforaciones en aguas profundas, poniendo en riesgo a especies protegidas, Mittermeier charla con Mongabay Latam y reflexiona sobre el momento que viven los mares mexicanos y las oportunidades reales para protegerlos.

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—¿Qué fragilidad y al mismo tiempo qué resistencias encuentra en los mares de México?

—Tuve la fortuna de estudiar Ingeniería Bioquímica y Recursos Marinos en el TEC de Monterrey, en Guaymas, Sonora, y aunque yo me imaginé que iba a ir a estudiar ballenas y tiburones y toda esta megafauna, en realidad lo que estudié fue el mar a través de un microscopio.

Una de las primeras cosas que aprendes es que la diversidad del océano existe a nivel microscópico en el plancton y es el fitoplancton el que proporciona la mitad del oxígeno. Por esa simple razón deberíamos cuidar esta fragilidad porque nadie puede vivir con solo la mitad del oxígeno.

Lo que estamos haciendo en el mar son dos cosas gravísimas. La primera es la extracción de biomasa a nivel industrial. La cacería industrial de vida marina silvestre es un error gravísimo porque no entendemos todavía la función de la biomasa marina en el ciclo de carbono del planeta, son lo que lo mantiene vivo.

El segundo problema es que hemos utilizado el mar como un vertedero de basura y no son solo plásticos. Son químicos, petroquímicos, hidrocarburos, sustancias súper tóxicas que están matando el mar.

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—¿Considera que ha cambiado la percepción sobre la conservación desde que empezó a estudiar el mar?

—La percepción de la gente ha cambiado muchísimo. Cuando comenzamos, cuando creamos SeaLegacy, que es la organización que mi esposo y yo creamos, lo que queríamos era enfocar más atención a los temas marinos. Apenas si se hablaba del mar, aunque es el ecosistema más grande y el que define la vida sobre la tierra.

Seguimos muy rezagados en términos de inversión de los gobiernos, de las corporaciones para crear economías azules que dependan de un mar vivo. Estoy hablando de billones de dólares que todavía nos faltan para realizar esa ambición. 80 billones de dólares al año.

—¿En qué contexto nace SeaLegacy y cuál es el aporte que ha tenido y que que destacaría?

—Al final de la Segunda Guerra Mundial, la gente que no tenía experiencia en espionaje ni en cuestiones militares se sumó al esfuerzo para tratar de ganar la guerra. Les decían los amateurs gloriosos. Fue lo que hicimos mi esposo y yo. Sin tener dinero, sin tener respaldo organizacional dijimos: «Vamos a hacer fotografías y hablar del mar, usar nuestras cuentas de medios sociales».

Las derrotas son todos los días. La última es el gobierno de Donald Trump declarando que ya no va a haber protecciones para las especies en peligro en el Golfo de México para poder seguir extrayendo petróleo. Vamos a presenciar la extinción de la ballena de Rice (Balaenoptera ricei), una verdadera pena del lado del Golfo de México, la extinción de la vaquita [marina] (Phocoena sinus) en el Golfo de California. Estas son vergüenzas internacionales para México.

Pero anécdotas de lo que ganamos es lo más importante que podemos hacer y es importante orientarse a esas victorias. SeaLegacy pudo participar como parte de un consorcio internacional muy grande para ganar la creación de la primera red de áreas marinas protegidas interconectadas en el Pacífico Oriental entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Se creó esta red muy grande de áreas marinas protegidas para permitir que las especies como tiburones, ballenas, tortugas puedan transitar en sus pasajes de migración sin ser hostigadas por la pesca industrial y eso fue un logro importantísimo.

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—Recientemente habló sobre el imperialismo ecológico. ¿Cómo lo describiría?

—Escuché acerca de esta planta desalinizadora que está promoviendo Arizona porque les falta agua en el sureste de los Estados Unidos. Entonces la idea es: «Vamos a sacar agua del mar del Golfo de California, desalinizar y llevarnos el agua dulce a los Estados Unidos», pero a México se le queda toda la salmuera que es tóxica.

Ese imperialismo de pensar «nosotros nos llevamos todos los beneficios» y México se queda con el mugrero, a mí se me hace ofensiva. Te das cuenta de que México no es el único país, hay muchos países donde los grandes imperios occidentales tiran su mugrero y se llevan la riqueza.

—¿Cómo percibe estas decisiones en la situación que vive el Golfo de México?

—Me gustaría decirle a la presidenta [Claudia] Sheinbaum que nuestras ballenas de Rice son mexicanas y merecedoras de la protección del gobierno de México. Pero lo que más creo que tiene importancia a nivel macro es esta carrera de los hidrocarburos. México no controla el precio de los hidrocarburos. Estamos a merced de lo que digan otros gobiernos. Por esa razón solamente México debería estar transicionando a energías renovables en las que nosotros controlamos el precio y nosotros nos quedamos con el beneficio.

México tiene una oportunidad muy grande porque gozamos con recursos renovables gloriosos, recursos solares, eólicos que podrían posicionar a México como una poderosa potencia de energía sostenible.

—¿Qué riquezas todavía tiene el Golfo de México y por qué es importante defenderlas?

—Una de las fallas que cometemos es esa idea de que el Golfo ya está echado a perder y que por eso no vale la pena hacer nada. Nada podría estar más lejos de la verdad. El Golfo de México tiene unas costas que todavía tienen áreas de biodiversidad increíblemente importantes. No solo los manglares y las lagunas costeras, sino también arrecifes de coral.

Precisamente porque ha estado abandonado durante tanto tiempo, desde el punto de vista científico sabemos muy poco sobre lo que hay. La capacidad global del petróleo está a punto de empezar a disminuir y los países que no transicionen hoy se van a quedar atrás.

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—¿Y qué amenazas observa para el Golfo de California?

—El Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo, dos proyectos de gas natural licuado. Son hidrocarburos texanos que no le pertenecen a México y que aunque se vendan no vamos a ganar ni un peso de eso. Lo único que le queda a México es el mugrero y el potencial de un derrame, pero también la destrucción del Golfo de California de convertirse en un corredor industrial.

Tenemos la diversidad de cetáceos más grande del mundo, 43 especies de mamíferos marinos, entre ellas la ballena azul, que es el animal más grande que ha vivido sobre la tierra. Y aunque vayamos a presenciar la extinción de la ballena Rice en el Golfo de México y la vaquita marina en el Golfo de California, todavía tenemos oportunidad de salvar a las ballenas azules que en el Golfo de California y en el Pacífico Oriental mexicano tienen una de sus poblaciones más importantes en el planeta.

Todo eso lo vamos a poner en peligro para hacer un corredor industrial. ¿Qué se va a acabar? El trabajo para los pescadores artesanales de Puerto Libertad, que ya están preocupados de que se industrialice la zona donde ellos viven.

Pensar en los mares de México es pensar en las generaciones futuras de mexicanos y no en la monetización de nuestros recursos irreemplazables.

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—¿Cómo impulsar la idea de que la naturaleza no está aislada de nosotros?

—Hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que yo ayudé a ponerle el nombre, que es la Reserva de la Biósfera de Dos Mares en Baja California Sur, que es la entrada del Golfo de California. Una reserva de la biósfera permite que se lleven a cabo actividades sostenibles, por ejemplo, la pesca artesanal.

Y son los pescadores artesanales, los ribereños mismos, los que piden la creación de esta reserva de la biosfera porque ven su modo de vida amenazado. Son más de 25 000 pescadores y sus familias que dependen de los recursos del Golfo de California. Y es la pesca industrial la que amenaza este modo de vida, la proliferación de cruceros y de turismo desenfrenado, y ahora la industrialización de estos buques. La gasificación.

—¿Todavía estamos a tiempo de fomentar esta conexión con la sociedad a través de, por ejemplo, la fotografía?

—Hay un peligro enorme en rendirnos a estos procesos. Yo como acto de resistencia creo que tenemos la oportunidad de reorientarnos hacia donde todavía hay esperanza.

Y la esperanza siempre existe en las soluciones. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar nuestras narrativas e invitar a otra gente a que se sume.

Yo me imagino y me gustaría vivir en un planeta donde el Golfo de California está vivo, donde el Golfo de México está protegido y donde México fuera el primer país que depende totalmente de energía verde.

—¿Qué señales de esperanza ve?

—En semanas como esta donde lees la catástrofe que está pasando el Golfo de México y donde te das cuenta de que siempre hay intereses personales que empujan este tipo de proyectos me da una tristeza enorme, pero siento que hay esperanza en la resistencia, en saber que no somos sólo tú y yo los que estamos preocupados.

En el caso del Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo en el Golfo de California se han sumado más de 40 organizaciones, muchas de ellas internacionales, pero la mayoría mexicanas, para oponerse y para levantar la voz y decir «no podemos hacer aquí lo que hicimos del otro lado».

Creo que hay esperanza en las compañías y en las corporaciones que sí se pueden imaginar un futuro más sostenible.

—¿Planea volver a trabajar en México?

—Llevo más de 30 años fuera de México y es uno de los dolores más grandes de mi vida.

Ahora quiero que se sepa que renuncié a mi ciudadanía americana, que yo no me puedo suscribir a lo que está haciendo este gobierno contra los mexicanos y que yo no quiero que ni un peso de mis impuestos vaya para eso. Me regreso a vivir a México.

Le diría a la Presidenta que la mejor manera de establecer la soberanía de México es protegiendo los mares que son una joya para el mundo, no solo para nosotros, sino también para las especies con las que compartimos el mar. Esta presidenta puede hacerlo.

Tenemos mucho trabajo por delante y eso le toca a Claudia Sheinbaum. Que sepa la Presidenta que la apoyamos en esa ambición, no en las contradicciones.

*Imagen principal: una ballena en aguas de México. Foto: cortesía Cristina Mittermeier.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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