Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Llega el nuevo gobierno y quien tiene la probabilidad de administrar la educación pública en Colombia es una persona de confesión cristiana. Empiezan a surgir  algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el direccionamiento de la educación religiosa desde la nueva política educativa? ¿La educación religiosa va a tener el criterio de obligatoria en el currículo escolar? ¿Hablar de educación laica es sinónimo de ateísmo y agnosticismo? ¿La educación va a tener preferencias y favorecimientos por el enfoque de la confesión cristiana? ¿Cambiará el calendario de fiestas religiosas?¿Quiénes defienden la educación laica, deberían ir a trabajar en los declarados días festivos religiosos? ¿Es lo mismo educación espiritual y educación religiosa?

La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado laico y pluralista. Esto generó choques jurídicos, por lo que la Corte Constitucional declaró exequibles (viables) muchos artículos del Concordato, siempre y cuando se interpreten bajo los principios de igualdad, libertad de cultos y separación de poderes (ver, por ejemplo, la Sentencia C-027/93)

Un Estado laico es aquel que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa (judaísmo, cristianismo no católico, catolicismo, islamismo, hinduismo, budismo). No reconoce ninguna religión oficial, mantiene una separación institucional con las iglesias y garantiza la plena libertad de culto, trato igualitario y derechos para todos los creyentes y no creyentes por igual

La Constitución Política de Colombia consagra el Artículo 19: Garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar su religión y difundirla, y ninguna religión es considerada oficial por el Estado. También el Artículo 18: Protege la libertad de conciencia. Nadie será molestado por sus convicciones ni obligado a actuar en contra de su conciencia.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en Colombia, reglamenta en el Artículo 24, el derecho consagrado en la Constitución. Garantiza la asignatura, pero protege la libertad de conciencia y estipula que en colegios del Estado nadie puede estar obligado a recibir la educación religiosa.

La educación religiosa se puede impartir entre el sector público como en el privado. En las escuelas públicas, se rige por la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que se enseña sobre religión de forma académica, pero sin promover credos. En el sistema privado, las instituciones imparten doctrina y valores específicos libremente.

Ahora bien, hablar de educación religiosa, implica prácticas educativas orientadas por una pedagogía pluralista y cultural, buscando como objetivo que los estudiantes puedan interpretar el fenómeno religioso en su contexto histórico, social y filosófico. Además de ayudarle a los estudiantes de provocar análisis curiosos y rigurosos de las creencias propias y diferentes. La pedagogía pluralista y cultural ha de buscar el diálogo interreligioso, la tolerancia, el respeto y la reflexión ética.

La educación religiosa es un área del conocimiento que busca el desarrollo integral y espiritual de la persona. A diferencia de la catequesis, que busca adoctrinar en una fe específica, esta materia tiene un enfoque pedagógico, cultural y pluralista para fomentar el diálogo interreligioso, el respeto y la reflexión ética

De otra parte, lo preocupante es interesar la reflexión por diferenciar la secularización del secularismo (o laicismo absoluto), ya que este último es una postura ideológica que busca erradicar la religión de la sociedad. En cambio, la secularización describe la transformación natural de cómo las sociedades modernas organizan su pensamiento y estructuras.

El teólogo Leonardo Boff, propone la religión como fuente de utopías regenadoras y libertarias. El lugar de la religión no está sólo en la razón, aunque posea una dimensión racional, sino en la inteligencia cordial, en el sentimiento oceánico, en esa esfera de lo humano donde surgen las utopías. Boff no duda que la religión puede hacer el bien mejor pero también puede hacer el peor mal. Hoy podríamos estar asistiendo a la enfermedad del fundamentalismo contaminando a sectores importantes de casi todas las religiones e iglesia. Hay una guerra religiosa. Frente a lo anterior invita al ecumenismo, una práctica que trasciende y se fundamenta en el reconocimiento de todas las creencias como caminos hacia un mismo Dios. Propone el diálogo interreligioso de todas las tradiciones espirituales unidas por el amor, la compasión, el cuidado integral de los más vulnerables y la defensa de la naturaleza.

Otra versión sobre el sentido de la educación religiosa, es la propuesta por el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, sugiere un cristianismo sin religión, alejando la religión de rituales o consuelo personal. Su enfoque exige vivir para los demás, asumir la responsabilidad histórica y estar dispuesto al sacrificio.

El filósofo ateo Ernest Bloch afirma que lo importante es aprender a esperar. Sueña con un mundo digno donde vivir, lleno de calidez humana, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Sugiere que se ayude al hombre a que muestre lo mejor de sí mismo. Además hay encontrar aquí mismo en la tierra una forma de afirmar la vida frente a la muerte: la sonrisa de un niño, la alegría de ayudar a un necesitado, las artes, la música, la entrada de un buque en un puerto, incluso toda la herencia de esperanza contenida en las religiones.

La educación religiosa ha de tener entre sus propósitos la educación espiritual, como la práctica educativa que busca en sus estudiantes, el desarrollo interior y trascendente más allá del conocimiento académico. Promueve el autoconocimiento, la reflexión profunda, y cultiva valores como la amistad, la empatía, la solidaridad, la compasión y la gratitud. Lo importante es conectar al individuo con su ser, con los demás y con el entorno

Byung-Chul Han, reclama la necesidad de preocuparnos por la dimensión espiritual, esta implica una atención profunda y una capacidad de contemplación que hoy están atrofiadas por el exceso y la aceleración en el rendimiento del trabajo y del ruido, además de la hiperconexión (redes sociales y plataformas). Para Han, lo sagrado y el sentido solo pueden recuperarse mediante el despojamiento del ego y una pausa en nuestra obsesión por el rendimiento

El teólogo Carlo María Martini, describe la espiritualidad como práctica de escucha frente a los signos de los tiempos, (realidad convulsionada y agitada por cambios profundos y acelerados que pueden afectar la vida, como modas, tendencias y expresiones tecnológicas, sociales, fanatismos ideológicos y culturales, ) que ayuden a discernir en las personas de distintas edades, buscando inquietar su corazón con preguntas existenciales profundas para que puedan hallar luz interior

Una de las preocupaciones de la clase de religión es procurar que los estudiantes hagan sus propias comprensiones sobre la existencia o no de Dios, hay que escucharlos y ayudarles a intensificar la reflexión sobre el silencio y la escucha, así como  a encontrar calma interior puesto qué es una necesidad espiritual sobre este mundo.

El desafío de la educación religiosa, es cómo provocar reacciones que activen en los estudiantes desde la más temprana edad, capacidades como prácticas de silencio, de meditación y de reflexión para promover el bienestar, la paz interior, la salud mental y el pensamiento crítico.

Propongo sobre la mesa de la conversación de la educación religiosa, la pregunta de Foucault: sabemos que existimos ¿Pero quiénes somos? 

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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-Mayo del 68-

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como comedia”.

Bat: Esa cita de Marx nunca ha sido más pertinente. Colombia vivió la tragedia del autoritarismo, del fraude y de la violencia política. Ahora, ese peligro regresa con un nuevo disfraz, más estridente y quizás más peligroso por su respaldo internacional y su discurso de exterminio.

Pero, ¿estamos condenados a repetir la tragedia?

No, si aprendemos de quienes ya derrotaron a un monstruo similar convirtiendo la lucha en una comedia.

En la Serbia de los años 90, Slobodan Milošević parecía invencible. Controlaba el ejército, la policía, la televisión y tenía paramilitares sedientos de sangre. Un grupo de estudiantes sin armas, llamado Otpor! (“Resistencia!), lo derribó en el año 2000. Su secreto no fue el martirio en las calles, sino un cambio radical de estrategia: si el tirano se alimenta del miedo y de la confrontación violenta, ellos le darían risa, creatividad y acciones imposibles de reprimir.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Hoy, mientras hay voces autoritarias que anuncian “brigadas urbanas” y se amenaza de muerte a periodistas y concejales en plena luz del día, la receta de la gran movilización puede ser una trampa mortal. La experiencia del 2021, con sus muertos, desaparecidos y violaciones, nos obliga a pensar diferente. ¿Qué podemos hacer? La respuesta la tiene un manual que convirtió la resistencia en una fiesta de la inteligencia.

Otpor!, Popovic y la revolución de la risa

Bat: Srdja Popovic es un activista político serbio, nacido en 1973. Fue uno de los líderes del movimiento estudiantil Otpor! (“Resistencia”), que jugó un papel clave en la caída no violenta de Slobodan Milošević en el año 2000. Tras esa experiencia, cofundó el CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies), una organización que entrena a activistas de todo el mundo en tácticas de resistencia civil pacífica. Su libro más conocido es “Blueprint for Revolution” (en español “Cómo hacer la revolución: Instrucciones para cambiar el mundo”), donde condensa, con mucho humor e ironía, sus lecciones aprendidas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Popovic propuso una serie de principios de la revolución pacífica. Más que una lista rígida, son ideas-fuerza que él repite y enseña. Entre las más emblemáticas están:

1. El humor y la ridiculización como armas principales
   El miedo es el pilar de un régimen autoritario. La mejor manera de romperlo no es con violencia, sino con la burla inteligente y el humor. Popovic dijo: “Si consigues que la gente se ría del dictador, el dictador está acabado”.
2. Convierte la opresión en un bumerán (efecto “backfire”)
   Toda acción represiva del régimen debe volverse en su contra. En Serbia, un grupo de manifestantes se disfrazaron de hamburguesas y fue muy gracioso ver a la policía perseguirlos.
3. Marca, marketing y comunicación simple
   Un movimiento de resistencia necesita una identidad de marca muy clara: una consigna muy corta (fácil de escribir o pintar en cualquier parte, en pocos segundos) un nombre también corto, un logo reconocible, colores y un mensaje positivo y unificador (no solo “abajo el dictador”). Otpor! usó el puño negro sobre fondo naranja y un tono desenfadado, casi de fiesta, para atraer a los jóvenes apolíticos.
4. La no violencia es extremadamente disciplinada, no pasiva
   La resistencia pacífica requiere una disciplina férrea. Si un solo manifestante lanza una piedra, el movimiento pierde la superioridad moral y el régimen puede justificar la represión violenta. Una de sus reglas de oro: “Un manifestante que lanza una piedra es un agente del régimen”.
5. No hace falta unidad total, sino una gran carpa (“big tent”)
   No necesitas que todos piensen igual; basta con que coincidan en un objetivo muy concreto y limitado. Los ecologistas, los conservadores moderados, los estudiantes… todos pueden caber bajo un mismo paraguas si se dejan de lado las diferencias ideológicas y se enfocan en un fin común y alcanzable.
6. Planificación, planificación, planificación (y juego)
   Una revolución no se improvisa. Se estudian los “pilares de apoyo” del poder (a quién obedecen la policía, el ejército, los medios…), y se diseña una estrategia a largo plazo. Pero al mismo tiempo, la participación tiene que ser divertida y gratificante; por eso se integran elementos de juego, conciertos y actos creativos (lo que Popovic llama laughtivism, activismo de la risa).
7. Hazlo tú mismo, sin líder mesiánico
   Los movimientos no violentos exitosos suelen ser horizontales y difíciles de descabezar. El poder ya no reside en un líder, sino en un símbolo y en miles de pequeñas acciones cotidianas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

El arsenal táctico de Otpor!

Bat: Lo más interesante no son los principios, sino la forma como Otpor! los aplicó. Enseguida, una lista provocativa de sus tácticas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Ridiculizar al tirano (El humor como arma)

• El puño cerrado. A primera vista era un símbolo de poder, pero su diseño era una parodia descarada. En la iconografía comunista, el puño suele ser musculoso y masculino. El de Otpor! era un puño flácido, desgarbado y estilizado, que parecía más un dibujo de un adolescente que un símbolo de fuerza. Era imposible prohibirlo sin que la prohibición resultara ridícula.

• El color naranja y el grafiti. Eligieron un color que no tenía connotaciones políticas previas. El eslogan más famoso era un simple “¡Él está acabado!” (Gotov je!). Lo pintaban con plantillas por todas partes. La policía borraba “Gotov je!” y ellos volvían a pintarlo, en un juego del gato y el ratón que desgastaba al régimen y los hacía parecer imparables. En una ocasión, pintaron la frase en un tramo enorme de autopista; para borrarla, tuvieron que cortar el tráfico, creando un caos que hizo que aún más gente viera el mensaje.

• El barril de la risa. Colocaron un barril de cartón con la cara de Milošević en calles concurridas y animaban a la gente a darle un golpe con un bate de béisbol. La policía no sabía qué hacer. Si arrestaban a un estudiante por golpear un cartón, quedaban como unos abusones ridículos. Si no lo hacían, la imagen del dictador “todopoderoso” era literalmente apaleada a plena luz del día sin consecuencias.

• Fiestas de cumpleaños falsas. Cuando el régimen prohibió las reuniones políticas, Otpor! organizó “fiestas de cumpleaños” para un tal “Slobodan” en las plazas, con gorros y confeti. Al reprimir una fiesta infantil (en apariencia), los policías se veían estúpidos y los “apolíticos” llegaban a indignarse.

• El ridículo. Muchas de esas acciones implicaban hacer quedar a la policía como un grandulón torpe y violento persiguiendo a estudiantes con narices de payaso. Un ejemplo clásico: un activista disfrazado de barril de petróleo (en plena crisis de combustible) caminaba lentamente por una calle peatonal mientras la policía lo perseguía al trote. La imagen era ridícula y la gente se reía abiertamente de la autoridad.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Desorientar y desgastar (La táctica del “Enjambre”)

La policía de Milošević estaba entrenada para la represión a gran escala: grandes manifestaciones con un punto de encuentro fijo, un recorrido predecible y líderes visibles a quienes detener. Otpor! dinamitó ese esquema.

• Múltiples acciones pequeñas y simultáneas. En lugar de una gran marcha convocada para las 4 p. m. en la plaza principal (que la policía podía rodear con 1.000 agentes), organizaban 20, 30 o 50 acciones diminutas, al mismo tiempo, en puntos opuestos de la ciudad. Un grupo de 15 personas hacía una sentada en un tranvía; otros 20 repartían pegatinas en un mercado a 5 kilómetros de allí; otros 10 desplegaban una pancarta ridícula desde un puente peatonal.

Resultado: La policía, acostumbrada a mover grandes contingentes en bloque, se volvía loca. No tenían suficiente personal ni logística para estar en todas partes. Cuando llegaban a un sitio, los activistas ya se habían dispersado mezclándose entre la gente, y les llegaba el aviso de otra acción en el extremo opuesto. Se pasaban el día corriendo sin llegar nunca a tiempo.

• La regla de los 15 Minutos y la dispersión. Las acciones no solo eran pequeñas, sino ultracortas y con un plan de escape predefinido. Un mitin no duraba una hora, sino 15 minutos. Cantaban una canción satírica, repartían panfletos, hacían una foto y se iban. Para cuando la policía era alertada y se presentaba, ya no había nada que reprimir. Solo quedaban los transeúntes riéndose.

• La dispersión como victoria. El objetivo no era enfrentarse, sino desaparecer. El entrenamiento incluía tres rutas de huida distintas y un punto de encuentro secundario donde se reagrupaban para evaluar los daños y celebrar. El mensaje para el régimen era desesperante: “No puedes arrestar lo que no puedes atrapar”.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Estructura y preparación (La columna vertebral invisible)

• Células de 3 a 5 personas. La estructura era horizontal. Grupos muy pequeños son fáciles de organizar, democráticos y perfectos para acciones “pequeñas”.  Así no hay líderes a quienes “descabezar”,

• Planificación milimétrica basada en inteligencia. Sus activistas mapeaban los tiempos de respuesta de la policía en cada barrio. Cronometraban cuánto tardaba una patrulla en llegar desde la comisaría más cercana. Sabían cuándo había cambio de turno, cuándo estaban más cansados y qué rutas de escape estaban menos vigiladas.

• Comunicación descentralizada. En una era pre-smartphone: usaban una red de mensajeros en bicicleta, silbatos y teléfonos fijos para coordinar las acciones en tiempo real. Un aviso de “policía en camino” se transmitía más rápido que la propia policía.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Hacerse intocable (Tácticas de protección por identidad)

• El Ruido como escudo (La Protesta de las Cacerolas). Todas las noches a una hora fijada, la gente salía a sus balcones o ventanas y hacía sonar cacerolas, ollas, silbatos y tapaderas durante 10 minutos. Era un estruendo ensordecedor y anónimo. La policía no puede detener a una ciudad entera. No pueden ir casa por casa. Tampoco hay un líder al que arrestar. No hay una masa en la calle. Solo hay un rugido metálico que recuerda al régimen que no controla ni el aire que respiran.

• El Poder de las abuelas y los niños. Cuando la represión era más probable, organizaban acciones con personas “intocables”. Un día, una fila de ancianas con flores bloqueaba una comisaría. Otro, los niños le regalaban dibujos a los soldados. La trampa: Golpear a una abuela que ofrece una flor es un suicidio político. La imagen le da la vuelta al mundo y desmoraliza incluso a las fuerzas de seguridad. Obligaba al régimen a contenerse o a pagar un precio altísimo.

• Conciertos y fiestas callejeras. En lugar de una marcha, montaban un concierto improvisado o un baile en una plaza pública. La trampa: ¿Cómo disuelves una fiesta? La policía está entrenada para enfrentar disturbios, no para detener a 500 personas bailando. Cargar contra un concierto era declararle la guerra a la juventud y al simple deseo de divertirse. Muchos jóvenes no politizados se unían por la música y acababan participando en el movimiento.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Convertir la protesta en algo irreprimible (Tácticas de “Objetivo imposible”)

• La Manifestación Invisible (o “Desfile de Risa”). Convocaban una protesta en la plaza principal. La gente llegaba, se dispersaba entre las mesas de los cafés y los escaparates… y no hacía nada. Nadie gritaba, nadie llevaba pancartas. La plaza estaba llena de gente que simplemente miraba escaparates o tomaba café. La trampa: La policía antidisturbios equipada con escudos y bolillos llegaba preparada para una batalla y se encontraba con un centro comercial un sábado por la tarde. Si cargaban contra ciudadanos que estaban de compras, quedaban como unos dementes. La protesta era la presencia masiva e inatacable.

• El apagón colectivo. En una fecha y hora exactas, se pedía a toda la población que apagara las luces de sus casas durante 5 minutos. La ciudad se sumía en una oscuridad simbólica. La trampa: No hay nada que reprimir. No hay gente en la calle. Pero el mensaje de unidad es potentísimo. El dictador ve desde su palacio cómo se apaga “su” ciudad y no puede hacer absolutamente nada para encenderla.

• La huelga de los pendientes. Acciones mínimas de desobediencia cotidiana masiva. Por ejemplo, un día nadie pagaba el billete del autobús. El conductor tenía órdenes de no moverse. El tráfico colapsaba. La trampa: ¿A quién arrestas? ¿A un oficinista que no pagó un billete? Las comisarías se habrían colapsado. El sistema se atasca por el simple peso de la no cooperación individual.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Golpear y desaparecer (Tácticas de acción efímera)

• Pintas con plantilla y tiza líquida (la de los baches). No usaban pintura permanente en aerosol, sino plantillas y una mezcla de agua y tiza líquida. Rociaban el puño o el eslogan “Gotov je!” en segundos y se iban. La trampa: La marca duraba hasta que llovía o la limpiaban con agua a presión. No podían acusarlos de “destrucción de propiedad privada” grave. Pero la imagen quedaba para la foto. Una de sus mejores acciones fue rodear con tiza blanca los innumerables baches de Belgrado, como se hace con un cadáver en una escena del crimen. Al lado escribían: “Aquí yace otro muerto del gobierno”. Era imposible detener a alguien por dibujar con tiza en el suelo.

• Proyecciones nocturnas (El fantasma de la verdad). Usaban un proyector portátil con batería para lanzar, durante 30 segundos, una imagen enorme sobre la fachada del parlamento o de la televisión estatal: la cara de Milošević con los cuernos del diablo, el porcentaje real de inflación o el eslogan “Gotov je!”. La trampa: Cuando la policía veía la imagen, los activistas ya habían recogido el proyector y se habían perdido en la noche. Era un acto imposible de rastrear y que dejaba a la policía de la dictadura cazando fantasmas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Desmoralizar al adversario (Guerra psicológica a las fuerzas de seguridad)

• Agotamiento y desmoralización. Estando en alerta constante y sin saber nunca dónde iba a ser el siguiente “ataque de risa”, los agentes acababan física y mentalmente exhaustos. Mientras los activistas se divertían, la policía se frustraba. Un agente agotado y humillado es más propenso a cometer un error, a pasarse de brusco con un civil inocente y, por tanto, a generar el efecto backfire (bumerán) que buscaba Otpor!

• El Contraataque al espía (Técnica del “Vuelve a casa”). Srdja Popovic cuenta que, a veces, los activistas identificaban a un policía de paisano infiltrado. No lo agredían ni lo denunciaban. Lo rodeaban, le daban un paquete de regalo y lo acompañaban en grupo hasta su casa o su coche patrulla, dándole las gracias por “apoyar al movimiento”. El resultado: El agente quedaba neutralizado.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

El miedo cambia de bando

Bat: La historia se repite, pero no estamos obligados a ser víctimas de la segunda parte. La gran lección de Otpor! es que el miedo es una decisión colectiva. Ellos decidieron no tener miedo y, además, pasárselo bien en el proceso. Entendieron que su mayor victoria no era derrocar al tirano, sino curar a la gente del miedo que el tirano les había inoculado.

Colombia es un país de una creatividad desbordante, de un humor que sobrevive a todas las tragedias. Es hora de usar ese superpoder. Mientras el miedo paraliza, la risa moviliza. Que su fortaleza sea su debilidad. Que su violencia se les pudra en las manos. No les demos la batalla campal que quieren; regalémosles una fiesta de carcajadas.

Porque, como dijo un joven de Otpor!, “si consigues que la gente se ría del dictador, el dictador está acabado”. Atendamos al tigre sin morir en el intento. Atendámoslo con inteligencia.

[Semblanza elaborada por los profesores Damián Pachón Soto (Universidad Industrial de Santander), Edgar Eslava (Universidad Santo Tomás) y Maximiliano Prada Dussán (Universidad Pedagógica Nacional), con los aportes de Ángela Milena Niño (Uniminuto) y otros filósofos colombianos. Leído en la entrega del Doctorado Honoris Causa en Educación otorgado por la Universidad Pedagógica Nacional al filósofo Leonardo Tovar González, 2023]   

Los inicios

El 3 de febrero de 1985 aparecía en el periódico El Espectador el artículo “A los 200 años de ¿Qué es la ilustración? La razón pública hoy”. El autor, un joven filósofo, Leonardo Tovar González, en la introducción del texto se preguntaba: “¿Nosotros los hombres del presente, hemos aceptado el reto de Kant, nos valemos autónomamente de nuestra razón? […] ¿Es también la nuestra una época de ilustración?”. Estas preguntas, tan válidas ayer como hoy, han marcado el derrotero intelectual del profesor Tovar. Es así, por lo menos, en tres frentes: 1) la enseñanza de la filosofía y filosofía de la educación, 3) la idea de la necesidad de la deliberación pública, o el uso público de la razón, tal como decía Kant, o, en otros términos, la necesidad de poner en acto en la esfera pública el uso intersubjetivo de la racionalidad comunicativa para buscar consensos y arreglos que nos permitan vivir mejor, y, 3) sus invaluables aportes a la investigación del proceso de consolidación filosófica en Colombia y en América Latina. Estas tareas las ha desarrollado el profesor Tovar con dedicación y detenido cuidado, con la reflexión pausada que da frutos en una obra ensayística y decenas de artículos siempre de gran calado, hondura intelectual y densidad filosófica.  

Su labor académica e investigativa

Como profesor y educador Leonardo Tovar ha dirigido más de 40 trabajos de grado y posgrado, y desde la Sociedad Colombiana de Filosofía ha organizado eventos para reflexionar sobre las cuestiones pedagógicas, la enseñanza y la vigencia de la disciplina. Su interés ha estado enmarcado en resaltar el papel de la filosofía para la convivencia, la democracia y la vida cotidiana. Ha movido estas actividades la idea de que el saber se crea y se recrea permanentemente en un diálogo con la tradición, en un ejercicio pausado, lento, que aborde la perspectividad de los problemas filosóficos. En esta tarea ha estado influido, sin duda, por el pensamiento de Kant y de Habermas que ya, desde 1985, han acompañado su horizonte intelectual. A estos pensadores ha dedicado escritos como: “La constitución de la comunidad ética en Kant” (1995), “Principios, valores e ideales: ética y democracia en Colombia.  Valores Para Una ética Ciudadana” (1992), “Decisión y ejecución en la ética kantiana” (2018), “Modernidad y postmodernidad en Jürgen Habermas: el giro comunicativo” (1998), “La razón irreconciliable” (2003), “Ética y detrascendentalización en Jürgen Habermas” (2009), “Crítica y política en la Escuela de Frankfurt” (2015). En esta línea de trabajo se encuentra su texto “¿Es posible una democracia intercultural en Colombia?” (1999) ganador del Premio Nacional de Ensayo Político Darío Echandía, del Ministerio de Educación Nacional. No está de más recordar que el jurado estuvo compuesto por Gabriel García Márquez, Álvaro Tirado Mejía, entre otros.  

En el campo de la investigación del pensamiento filosófico en Colombia y en América Latina el profesor Leonardo Tovar González ha hecho grandes contribuciones. Al respecto, hay que recordar que hasta hace unos pocos años, el estudio de la historia intelectual filosófica en el país era escaza. En las facultades de filosofía no había un interés por el estudio de nuestro pasado intelectual. Profesores y estudiantes se dedicaban con exclusividad al estudio del pensamiento clásico, dejando de lado el subsuelo intelectual mismo desde el cual filosofaban o se enfrentaban con ese pensamiento. No había un interés por la tradición filosófica propia. Justamente, el interés por el pensamiento propio lo llevó también a interesarse por los asuntos educativos y de enseñanza de la filosofía, en un despliegue de pensamiento que aborda asuntos como la defensa de la enseñanza de la filosofía como problema filosófico, la denuncia al olvido de la didáctica de la filosofía en el ámbito nacional, el asunto de las facultades y la universidad -siguiendo la estela kantiana- o, incluso, propuestas de currículo para la formación de profesores de filosofía (2022B, 21-22).

Desde distintos espacios académicos el profesor Tovar es uno de los pioneros de tales estudios en el país. Esto se ha concretado en la dirección por varios años de la Revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, una revista con gran tradición, con más de 100 números publicados, y que ayudó a difundir el pensamiento de la llamada Filosofía de la liberación en los años ochenta. En este sentido, Tovar ha investigado, difundido y divulgado esa historia intelectual nuestra. Igualmente, dirigió y apoyó la Colección Biblioteca Colombiana de Filosofía, donde se recogió y publicó la obra de pensadores como Danilo Cruz Vélez, Rafael Carrillo, Abel Naranjo Villegas, Rafael Gutiérrez Girardot, Jorge Aurelio Díaz, entre otros. Esta colección es un testimonio también de la calidad del pensamiento producido en Colombia. De resaltar es el trabajo de Tovar González junto al fallecido maestro Rubén Sierra Mejía, en la Universidad Nacional, donde se publicaron investigaciones memorables sobre la filosofía en el país, entre ellas La filosofía y la crisis colombiana (2 volúmenes), Frente Nacional: política y cultura, República liberal: sociedad y cultura, entre otros.   

Por otro lado, desde la Maestría en Filosofía Latinoamericana Tovar enseñó durante años y dirigió investigaciones en torno al pensamiento de la región abordando problemas filosóficos como la fundamentación teórica de la historia de las ideas, el problema de la normalización de la filosofía en América Latina, la investigación específica sobre autores, temas y problemas de la región. Igualmente, fue partícipe y organizador de los congresos internacionales de Filosofía Latinoamericana, iniciados en 1980, que cuenta ya con más de 22 ediciones. Este espacio se ha convertido en un lugar de discusión de los principales temas, problemas y debates de nuestra contemporaneidad, tanto de la región como del mundo. Memorables son los congresos “La posmodernidad a debate” realizado en 1998 que reunió a Enrique Dussel, Guillermo Hoyos Vásquez y Gianni Vattimo, y el congreso del año 2015 sobre Filosofía de la liberación, organizado por Freddy Santamaría Velasco y Damián Pachón Soto, donde se le otorgó el Doctorado Honoris Causa a Enrique Dussel. En ese congreso participaron otros grandes como Francesca Gargallo, Eduardo Mendieta, Carlos Cullen y Santiago Castro-Gómez. 

Se puede recordar, también, su participación en el conocido “Grupo de Bogotá”, que promovió desde los años 80´s la filosofía latinoamericana; sus aportes al frente del grupo “Bartolomé de las Casas”, su presencia en la “Sociedad Colombiana de Filosofía” y en la “Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española” (SEKLE). Al interior de la Sociedad Colombiana de Filosofía, institución que promueve la actividad filosófica en el país, y a la cual el profesor Tovar se encuentra vinculado desde el año 2000, él ha animado la inclusión de simposios, mesas temáticas y ponencias centrales en torno al pensamiento filosófico colombiano y latinoamericano. Este espacio ha servido para divulgar el pensamiento de la región y para promover el debate crítico con la tradición filosófica de América Latina, la cual es ese subsuelo intelectual desde el cual nos hemos insertado en la disciplina, ese lugar de enunciación, ese pensamiento situado, que de una u otra manera, constituye las condiciones de posibilidad desde la cual se reflexiona y se investiga en Colombia.

Bajo la guía y tutela del profesor Tovar, muchas generaciones de estudiantes han, no solo descubierto la alegría del encuentro a profundidad con la filosofía como disciplina y como forma de vida, sino construido sus propios proyectos de vida alrededor de la filosofía, como docentes, investigadores, escritores y gestores de proyectos culturales, dando alcance a las enseñanzas de su maestro y recordándonos que el mayor honor que puede ofrecerse a un maestro ejemplar consiste en intentar transformarse en uno.

La producción académica sobre educación de Leonardo Tovar

La obra completa del profesor Tovar está compuesta por decenas de publicaciones, entre artículos (cerca de 30), libros (5) y capítulos de libro (también, cerca de 30), publicados dentro y fuera del país; es una obra que está por ser compilada y redescubierta, para valorar y apreciar en su justa medida; una obra labrada en la dedicación ininterrumpida, el silencio y la modestia que han marcado su actividad filosófica a lo largo de estos años.

Además de los asuntos ya mencionados, son de particular interés la comprensión de la filosofía de la educación y la enseñanza de la filosofía. Enunciaré apenas una selección de los títulos que representan un aporte a estos dos últimos campos. Esta selección revela que su interés por la educación no ha sido ni esporádico ni tangencial, aunque se haya incrementado en los últimos años, sino que se ha dado a lo largo de su carrera. El interés por estos asuntos revela que el proyecto de construcción política de una nación está enlazada necesariamente a su proyecto educativo. Pensar la nación y pensar la educación van de la mano.  Dentro de esta producción académica encontramos:

• “¡Colombia necesita de filosofía! Aproximación histórica a la educación filosófica que necesita Colombia” En: Actualidad y defensa de la filosofía. Bogotá, Universidad del Rosario-Uniagustiniana.  pp. 67-81. 2022
• “Prólogo con coda”. En: Didácticas emergentes de la filosofía. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. pp. 7-26. 2022B
• “¿Universidad pospandemia?”. Escrito incluido en “Bocas liberadas. Testimonios filosóficos de la pandemia”, 20 de abril de 2020. https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/5599-bocas-liberadas,- testimonios-filos%C3%B3ficos-de-la-cuarentena
• “Introducción: por los caminos investigativos de la filosofía, el lenguaje y la educación”, (en co-autoría con Gloria Isabel Reyes). En REYES, Gloria Isabel y TOVAR, Leonardo (editores) “Investigaciones en filosofía y cultura en Colombia y América Latina” Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2018. ISBN: 978-958-782-083-6
• “¿Educación para la democracia sin democracia?” En: La Crisis Colombiana. Reflexiones Filosóficas. ISBN: 978-958-719-000-7.  Ed: Universidad Nacional De Colombia Facultad De Ciencias Humanas , v. , p.351 – 378, 2008.
• “Derecho y política en la normalización filosófica en Colombia”. En:
  Franciscanum.  ISSN: 0120-1468.  Ed: Universidad De San Buenaventura.  v.XLIX fasc.146 p. 57 – 82, 2007.
• “Jorge Enrique González: Legitimidad y cultura. Educación, política y cultura en los Estados Unidos de Colombia, 1863- 1886”. En: Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2006, enero-junio, 27 (94), 313- 315.
• “¿Hacia una ciberpaideia para América Latina?”. En:
  Cuadernos De Filosofía Latinoamericana.  ISSN: 0120-8462.  Ed: Universidad Santo Tomas v.26 fasc.92 p. 55 – 60, 2005.
• “Educación intercultural y democracia”. En: 
  Educación Hoy: Perspectivas Latinoamericanas.  ISSN: 0120-8446  Ed: CIEC
  v.32 fasc.152 p. 73 – 82, 2002.
• “Educación intercultural y democracia, ¿más allá del multiculturalismo?”. En: Nómadas  ISSN: 0121-7550  Ed: Fundación Universidad Central
  v. fasc.15 p. 122 – 129, 2001.
• “La normalización filosófica en Colombia. Ensayo de crónica de las ideas”: En: La Filosofía Del Siglo Xx: Balance Y Perspectivas. ISBN: 9972423549  Ed: Pontificia Universidad Católica Del Perú, v. , p.621 – 627, 2000.
• “La normalización filosófica en Colombia”. En: Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. v.72-73 fasc. p. 19 – 25, 1998.
• “Multiculturalismo y educación intercultural”. En:
  Itinerario Educativo.  Ed: v.32 fasc. p. 69 – 91, 1998.
• “Francisco Miró Quesada, entre universalismo y latinoamericanismo” “Le Monde Diplomatique Colombia”, Bogotá, año XVII, (192), septiembre de 2019, pp. 36- 37; ISSN 1657988-7 disponible en página web “Desde Abajo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/37660-francisco-miro-quesada-entre-universalismo-ylatinoamericanismo.html

Hablar del profesor Leonardo Tovar es referirse, entonces, a una vida comprometida con el estudio, el conocimiento, la filosofía y la educación; sin dejar de resaltar su entusiasmo y su gran capacidad de articulación de proyectos y eventos en pro de la defensa y el reconocimiento del pensamiento propio producido en el continente y el país.

La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

El mito de la voluntad ciudadana

Uno de los grandes mitos y supuestos de la democracia liberal, por estos días desmentido en todas las latitudes, es el ejercicio libre y soberano de la voluntad de cada ciudadano y ciudadana frente a las urnas. Entre muchas circunstancias, ya lo sabemos, porque esa voluntad es fácilmente manipulable por los algoritmos, la IA, la desinformación que circula vertiginosa por las redes sociales, pero sobre todo por la habilidad de algunos candidatos para seducir a millones de ciudadanos a partir de espejismos, miedos, esperanzas, frustraciones, prejuicios y odios, todo ello reflejado en el llamado marketing electoral, en la publicidad y las consignas que agitan durante sus campañas. Por eso, la voluntad ciudadana termina siendo más aquella configurada por los candidatos y sus estrategas de marketing electoral, que la decisión reflexiva, serena y argumentada de cada elector expresada en su voto en las urnas. Algo parecido a ese otro gran mito llamado “Bien Común”, que no preexiste como algo que se encuentre en el horizonte, sino que se construye difícilmente a partir de disputas, concesiones y transacciones entre múltiples intereses y valores en conflicto. Por eso es tan esquivo y muchas veces inexistente, como calamitosamente lo sufren millones de colombianos con el presupuesto objetivo de ese “bien común” que es la salud pública, convertida hoy en una calamidad pública. Pero volviendo al tema de las campañas electorales y sus lemas, ellas configuran y a la vez reflejan el tipo de voluntad ciudadana que terminan creando, estimulando y expresando en las urnas. Por eso vale la pena, aunque sea demasiado tarde, realizar un breve análisis de los símbolos, figuras y consignas de la campaña de Abelardo, favorito en las encuestas para ganar en esta segunda vuelta, y deducir de ellas no solo el tipo de voluntad ciudadana que es configurada, sino sobre todo el tipo de ciudadano y ciudadana que es llevado a las urnas supuestamente a defender la Patria.

Abelardo, el Tigre: “Firmes por la Patria”.

El mayor mérito de la campaña de Abelardo es su agresividad y brutalidad, cuyo trasfondo ha sido el miedo a la inseguridad y la exacerbación de prejuicios, frustraciones y odios contra la izquierda, que anunció destripar, para lo cual apela a un patrioterismo militar que desprecia la civilidad y sus rasgos distintivos, la racionalidad y los acuerdos, para sustituirla por la fuerza y el grito estridente de “Firmes por la Patria”, que desprecia los argumentos, las concesiones y transacciones. En una palabra, su consigna es la quintaesencia del autoritarismo y el militarismo, adobado y camuflado tras una constelación artificiosa de símbolos patrios, que no logran ocultar del todo la deformidad teratológica de los “tres huevitos” de Uribe: “Seguridad, inversión y cohesión social”. Por eso, las imágenes centrales de su campaña son tan violentas: un tigre que rasga con sus garras la bandera nacional, rompiéndola en tres franjas. Lo que presagia todo lo contrario de lo que debería ser el patriotismo, forjar la Unidad Nacional, como lo ordena la Constitución, dividiéndola en tres franjas o partes difíciles de remendar y reconciliar, que ignoramos por ahora cuáles pueden ser, pero es factible presumirlas. Una de ellas, desde luego, es el gran establecimiento, pues todos los gremios empresariales y grupos económicos lo han respaldado, tras bambalinas, como también lo han hecho todas las macroempresas electorales y clientelistas, que se autodenominan partidos políticos, y él se apresura a rechazar, pero que incondicionalmente le brindarán su apoyo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo, el outsider

Sin duda, Abelardo es un excelente outsider, pues sus triunfos y goles los ha anotado fuera de lugar, jugando con personajes que en su mayoría han estado también fuera del campo de la legalidad, brindándoles su asesoría de avezado penalista, “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo” -según la expresión de Gabo en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”—como los paramilitares, David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab. Es decir, desde los mayores criminales de lesa humanidad, pues los “paras” superan en asesinatos, masacres y desapariciones a las extintas Farc-Ep, hasta los más representativos estafadores y lavadores de fortunas, por lo cual está en líos judiciales en Estados Unidos, dada sus penumbrosas relaciones con Alex Saab, testaferro de Maduro, y de otros implicados con el narcotráfico. Con semejante pasado, es explicable que haya tomado como mascota al tigre, un furioso felino depredador, que la única ley que respeta es la del más fuerte –algo que avergonzaría a cualquier abogado—y con el cual se identifican millones de sus electores, quienes revelan así una preocupante fascinación y admiración por la fuerza sin límites de una fiera. Una fiera que incluso podría devorarlos si los confunde con los corruptos que anuncia Abelardo serán la presa favorita del Tigre.

La ciudadanía no es una manada

También por eso, en sus mítines y entrevistas, Abelardo se refiere a sus seguidores como una manada que debe seguirlo incondicionalmente y en forma leal, sin considerarlos ciudadanos e incluso los invita a marcarlo en el tarjetón con una raya, acción propia de una fiera y no de un ciudadano. Ninguna escenografía más brutal y vergonzosa para una persona decente que esa conversión de las elecciones en un circo con fieras, donde es invitado a votar como un miembro más de una manada irracional, supuestamente para defender y salvar a la Patria. La pregunta obvia para todos ellos, sería ¿Convertirán la Patria en una selva donde gobernarán los más brutales y leales a un Tigre?  ¿Cuál sería el destino de esa Patria en manos de los más violentos y astutos? Conoceremos esas respuestas en menos de dos horas. En caso de imponerse la manada sobre la ciudadanía, nos llevará más de cuatro años volvernos a reconocer todos como colombianos, miembros de una nación democrática, y Colombia quedará mas rasgada y destrozada que la bandera de la publicidad electoral de El Tigre.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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