Estamos acostumbrados a hablar de la migración desde la perspectiva de quienes reciben al migrante. Las discusiones públicas suelen comenzar en las fronteras y terminar en ellas: cuántas personas llegan, cómo atraviesan los controles, qué hacen los gobiernos, qué capacidad tienen las ciudades para recibirlas, cuáles son los temores de las sociedades que las reciben. En ese recorrido, la persona concreta tiende a desaparecer. El migrante se convierte en una categoría, una cifra, una noticia o una discusión política, y detrás de cada una de esas palabras queda escondida una historia que empezó mucho antes de que apareciera en nuestra pantalla. Antonio Lozano plantea justamente la necesidad de invertir esa mirada y acercarnos a quien emprende el viaje, comprender las razones que lo llevaron a tomar una decisión que, vista desde fuera, puede parecer incomprensible, pero que adquiere otra dimensión cuando se conocen las circunstancias desde las cuales fue tomada.

La historia de Suleimán ocurre, además, dentro de un fenómeno mucho más grande que las fronteras de Europa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a mediados de 2024 había alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo. Pero el mismo informe recuerda algo que suele perderse cuando las imágenes de las fronteras ocupan nuestra atención: cruzar un país para vivir en otro sigue siendo menos frecuente que desplazarse dentro del propio país. La migración interna es mucho más común que la internacional. A finales de 2024, además, más de 83 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno en el mundo. La movilidad humana, entonces, no empieza necesariamente en un aeropuerto, en una frontera o en un barco. Muchas veces comienza mucho más cerca: en la decisión de abandonar una vereda para ir al pueblo, un municipio para llegar a una ciudad, una región para buscar trabajo o una casa para escapar de la violencia.

Migrar puede significar cosas muy distintas. Puede ser una decisión planeada durante años, una oportunidad laboral, la búsqueda de una universidad, el deseo de reunirse con la familia o la necesidad de huir. Puede implicar atravesar un continente o simplemente recorrer unos cuantos cientos de kilómetros. Puede ser voluntario, forzado o encontrarse en esa zona gris en la que una persona decide marcharse porque las posibilidades que tiene delante parecen haberse reducido hasta hacer del movimiento una forma de supervivencia. Por eso resulta tan difícil hablar de los migrantes como si fueran un grupo homogéneo. Las razones para partir son tan diversas como las personas que parten.

Suleimán no parte de Malí persiguiendo una idea abstracta de Europa. Su deseo es mucho más elemental y, precisamente por eso, mucho más difícil de juzgar desde lejos: quiere trabajar, conseguir suficiente dinero para volver y montar un negocio que le permita ayudar a su familia. El viaje, sin embargo, empieza a deformar rápidamente esa expectativa. Él y Musa atraviesan el desierto en camiones incómodos y llenos de personas que, como ellos, buscan una vida distinta; llegan hasta la frontera con Melilla y descubren que llegar hasta allí no significa haber llegado a ninguna parte. El primer intento fracasa y Suleimán decide volver a intentarlo, esta vez por mar. La distancia entre el sueño inicial y la realidad del camino es precisamente aquello que la obra consigue poner delante del espectador: detrás de la palabra migración existe un trayecto físico, pero también una sucesión de decisiones, renuncias, miedos y esperanzas que resulta mucho más difícil de resumir en una estadística.

Quizá por eso Me llamo Suleimán funciona mejor cuando uno deja de pensar en ella como una obra sobre la migración y empieza a verla como una historia sobre el futuro. Suleimán quiere algo que, en principio, no parece extraordinario: quiere que su vida sea diferente, quiere tener la posibilidad de regresar con algo que ofrecer a los suyos y quiere escapar de una pobreza que ha dejado de aceptar como destino. El dossier de la obra insiste en que no se trata de un tratado sobre inmigración ni de un estudio exhaustivo del fenómeno, sino de la historia de un joven que emprende un viaje para alcanzar sus sueños. Esa decisión narrativa es importante porque devuelve al personaje algo que las grandes discusiones sobre migración suelen quitarle: individualidad. Suleimán no representa a todos los africanos, ni a todos los migrantes, ni siquiera pretende explicar las razones de todos quienes emprenden una travesía semejante. Es un muchacho con un nombre, un amigo, una familia y una idea particular de aquello que podría ser una vida mejor.

Colombia conoce bien esa pregunta. También nosotros hemos sido un país de migrantes, aunque durante mucho tiempo hayamos hablado menos de esa experiencia porque solemos asociar la palabra con quien cruza una frontera internacional. Hoy más de 5,5 millones de colombianos viven fuera del país, según la Cancillería. Es una diáspora que se extiende por Estados Unidos, España, Venezuela y muchos otros lugares del mundo. Son millones de historias distintas: quienes se fueron buscando trabajo, quienes llegaron para estudiar, quienes se reunieron con sus familias, quienes salieron por razones económicas y quienes tuvieron que abandonar el país por la violencia.

Pero hay otra historia migratoria colombiana, quizá todavía más profunda, que ocurre sin necesidad de cruzar una frontera internacional. Durante décadas, millones de colombianos se han desplazado de un municipio a otro, del campo a las ciudades, de una región a otra. El DANE ha estudiado esta migración interna como una de las grandes fuerzas que han transformado la geografía del país. El Censo de 2018, por ejemplo, permitió caracterizar los movimientos entre municipios y departamentos y distinguir entre migración de toda la vida y migración reciente.

El dato histórico ayuda a dimensionar esa transformación. En el Censo General de 2005, el DANE encontró que cerca del 36 por ciento de las personas censadas había nacido en un municipio diferente de aquel en el que residía. Eso significa que, entre los 41,5 millones de personas consideradas en ese cálculo censal, alrededor de 15 millones vivían en un municipio distinto al de su nacimiento. No eran necesariamente refugiados ni desplazados por la violencia: eran colombianos que, por distintas razones, habían cambiado de lugar de residencia dentro del país.

Y junto a esa migración existe una experiencia todavía más dolorosa: la de quienes no decidieron marcharse. Colombia continúa teniendo una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo. Al cierre de 2025 había más de siete millones de personas desplazadas internamente por el conflicto y la violencia, según ACNUR. Es una cifra que obliga a recordar que para millones de colombianos la palabra migración no describe una aventura, una oportunidad ni la búsqueda deliberada de un futuro distinto, sino la interrupción brutal de una vida que estaba ocurriendo en otro lugar.

Hay, entonces, una línea invisible que conecta la historia de Suleimán con muchas historias colombianas, aunque las circunstancias sean radicalmente diferentes. Un campesino que abandona su vereda para llegar a Bogotá, una familia que deja una región por amenazas, un joven que viaja a España para trabajar, una mujer que se muda de un municipio a otro para estudiar, un hombre que cruza una frontera buscando una oportunidad: todos participan, de maneras distintas, de una misma condición humana, la de comprender que el lugar en el que se nació no necesariamente será el lugar en el que se vivirá para siempre.

No se trata de establecer equivalencias fáciles. La experiencia de un joven de Malí que atraviesa el Sahara no es la misma que la de un colombiano que llega a Bogotá desde el campo, ni la de quien emigra a Madrid, ni la de una familia desplazada por la guerra. Las causas, los riesgos y las circunstancias son diferentes. Pero hay algo que sí puede reconocerse entre todas esas historias: el acto de imaginar que la vida puede continuar —o comenzar de nuevo— en otro lugar.

Y es justamente esa historia la que llegará a Bogotá. Me llamo Suleimán se presentará el 2 de octubre de 2026, a las 7:30 de la noche, en la Sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, un escenario que, por unas horas, permitirá que esa travesía que comienza en Malí y atraviesa el Sahara, las fronteras y finalmente el mar encuentre otro territorio desde el cual ser contada. La llegada de la obra a Bogotá tiene algo particularmente sugestivo: una historia sobre alguien que atraviesa territorios para intentar encontrar un lugar donde construir su futuro será representada en una ciudad que también conoce, de distintas maneras, las historias de quienes han tenido que abandonar un lugar para comenzar de nuevo. Más que una coincidencia geográfica, es una oportunidad para que el teatro vuelva a hacer aquello que mejor sabe hacer: poner una vida concreta frente a otras vidas y obligarnos, durante el tiempo que dura una función, a mirar el mundo desde una perspectiva que no es la nuestra.

En una época en la que buena parte de nuestras conversaciones sobre migración se producen a partir de imágenes de multitudes, estadísticas y mapas, esa individualidad adquiere una importancia política y humana que el teatro puede expresar mejor que muchas explicaciones. Las cifras son necesarias, por supuesto, pero una cifra no permite saber qué pensaba la persona que representa. No sabemos qué dejó atrás, qué conversación tuvo antes de partir, qué le prometió a su familia o qué imaginaba encontrar al otro lado del mar. Sabemos solamente que cruzó, que intentó cruzar o que murió intentando hacerlo. La obra parte de una operación mucho más sencilla: darle voz a uno de ellos y permitir que el espectador conozca la historia antes de formular el juicio. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones han insistido en la importancia de comprender las dimensiones humanas que existen detrás de los datos sobre desplazamiento y migración. El material de la obra recoge esa idea para explicar por qué Suleimán no funciona como un símbolo abstracto, sino como un personaje capaz de despertar identificación en quien lo observa.

Existe una frase en el material de la obra que resume buena parte de esa intención. Suleimán dice que le gusta contar de qué familia y de qué país viene porque así siente que es un hombre y no una sombra perdida entre blancos. La frase resulta poderosa porque introduce una diferencia fundamental entre ser visto y ser reconocido. Una sombra puede estar delante de nosotros sin que sepamos absolutamente nada de ella; podemos verla atravesar una frontera, aparecer en una fotografía o convertirse en una noticia y, sin embargo, seguir sin conocerla. Contar una historia es una manera de romper esa distancia. Cuando sabemos que quien viaja tiene un nombre, una familia y un proyecto de vida, la palabra migrante empieza a resultar insuficiente para describirlo.

También por eso Colombia puede escuchar esta historia desde una experiencia propia. Quizá uno de los rasgos más profundos de nuestra historia reciente sea precisamente que hemos aprendido a vivir en movimiento. Familias que llegaron a las ciudades, campesinos que abandonaron sus tierras, jóvenes que viajaron a otros países, personas que regresaron después de décadas, comunidades enteras que tuvieron que reconstruir su vida lejos de donde nacieron. La historia colombiana está llena de desplazamientos, algunos buscados y otros impuestos. El país que recibe a Suleimán en el escenario es, al mismo tiempo, un país que ha enviado millones de personas al exterior y que ha visto a millones de sus propios ciudadanos cambiar de municipio, de región o de vida.

La trayectoria de la obra también dice algo sobre la capacidad del teatro para permanecer alrededor de un asunto incluso cuando cambian las noticias que lo rodean. Me llamo Suleimán nació de la novela homónima de Antonio Lozano, publicada en 2014, y fue llevada al escenario bajo la dirección de Mario Vega. En 2015 recibió reconocimientos para el espectáculo, la dirección, la autoría, la interpretación y la escenografía, además del Premio del Público. La compañía unahoramenos ha desarrollado posteriormente otros proyectos relacionados con asuntos contemporáneos, entre ellos Moria, una pieza de teatro documental surgida de una visita al campo de refugiados de Lesbos y reconocida con el Premio Max a la Mejor Labor de Producción en 2022.

Lo que queda después de conocer a Suleimán no es necesariamente una respuesta sobre qué debería hacer Europa, ni una conclusión sencilla sobre las fronteras o sobre las políticas migratorias. Queda algo más incómodo: la obligación de imaginar durante unos minutos la escena desde el otro lado. Pensar en un joven que observa su país, mira a su familia, calcula las posibilidades que tiene y termina concluyendo que un viaje incierto puede ofrecerle más futuro que permanecer en casa. Desde nuestra comodidad, esa decisión puede parecer temeraria; desde la suya, puede ser simplemente la consecuencia de haber agotado otras posibilidades. La obra no necesita resolver esa contradicción. Le basta con ponerla delante de nosotros y dejar que el espectador descubra que, antes de preguntarse quién llega, convendría preguntarse qué tuvo que ocurrir para que alguien decidiera irse.

Porque quizá esa sea una de las cosas que la migración revela con mayor claridad: que ningún lugar es completamente definitivo. Las personas se mueven. Cambian de ciudad, de región, de país. Se marchan, regresan, vuelven a marcharse. Llevan consigo fotografías, acentos, recetas, recuerdos, idiomas y una idea del lugar al que algún día quisieran regresar. Algunas migraciones son una elección; otras son una huida; muchas son una mezcla de necesidad y esperanza. Pero casi todas contienen, de una manera u otra, la misma pregunta que acompaña a Suleimán: ¿qué podría encontrar al otro lado que todavía no puedo encontrar aquí?

Suleimán emprende un viaje hacia Europa, pero el verdadero viaje de la historia ocurre en otra dirección: va desde la distancia hacia el reconocimiento. En algún momento dejamos de mirar a un grupo de personas que intenta atravesar una frontera y empezamos a mirar a un muchacho que quiere trabajar, volver a su casa y ayudar a los suyos. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente aquello que estamos viendo. Quizá el teatro tenga, entre otras, esa capacidad extraña de convertir un problema del que creemos saberlo todo en una historia que todavía necesitamos escuchar. Y quizá por eso, cuando se apagan las luces y Suleimán empieza a contar su viaje, la pregunta ya no sea solamente por qué alguien decide irse de un país, sino cuánto de nuestras propias vidas ha sido también, de una manera u otra, un viaje hacia otro lugar.

James Robinson lleva décadas estudiando una pregunta que parece perseguir a las sociedades modernas: ¿por qué algunos países logran construir prosperidad, instituciones sólidas y estabilidad política, mientras otros permanecen atrapados en ciclos de violencia, desigualdad y frustración? Su trabajo, desarrollado junto con Daron Acemoglu y reconocido con el Premio Nobel de Economía, ha influido en presidentes, académicos y líderes de todo el mundo.

Pero más allá de las teorías sobre instituciones inclusivas y extractivas, Robinson se ha convertido en un observador privilegiado de América Latina y, particularmente, de Colombia. Ha recorrido el país durante años, ha estudiado sus regiones y ha seguido de cerca sus transformaciones políticas. Desde esa perspectiva ofrece una mirada incómoda: considera que buena parte de los problemas colombianos siguen sin comprenderse adecuadamente, que ni la derecha ni la izquierda han logrado construir una estrategia duradera para transformar el país y que el acuerdo de paz, aunque histórico, fue tratado como si fuera el final de una historia cuando apenas representaba el comienzo.

En esta conversación habla sobre Colombia, la crisis de la democracia liberal, el ascenso de liderazgos autoritarios, la influencia de la cultura política en el desarrollo y los riesgos que plantea la inteligencia artificial. También reflexiona sobre la pregunta que hoy más le interesa: por qué las sociedades persisten en determinados equilibrios institucionales incluso cuando esos equilibrios parecen perjudicar a la mayoría de sus ciudadanos.

“Las élites cambian; las instituciones son las que permanecen”

Diego Aretz: Gran parte de su trabajo ha explorado por qué algunas sociedades construyen instituciones inclusivas mientras otras permanecen atrapadas en sistemas extractivos. Después de décadas estudiando estos procesos, ¿qué es lo más difícil de cambiar: las instituciones, las élites o la imaginación colectiva?

James Robinson: Los datos sugieren que lo más difícil de transformar son las instituciones. Si observamos América Latina vemos que las élites sí cambian. Los grandes grupos económicos de hoy no son necesariamente los mismos de hace siglos. Hay rotación de élites, aparecen nuevas familias empresariales, inmigrantes que ascienden económicamente y nuevos actores con poder.

Sin embargo, las instituciones permanecen. Las reglas fundamentales del juego, las formas de organización del Estado y las relaciones entre poder político y poder económico suelen ser mucho más resistentes al cambio. Por eso las sociedades pueden experimentar transformaciones importantes en sus élites sin modificar realmente los resultados que producen sus instituciones.

Sobre la imaginación colectiva soy más cauteloso. No estoy seguro de tener una respuesta clara sobre ese tema.

“Colombia ha vuelto al punto donde estaba hace 25 años”

Diego Aretz: Colombia acaba de atravesar una transición política significativa. Pasó de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de su historia reciente, a un liderazgo que reivindica más el orden, la seguridad y la autoridad. ¿Qué nos dice este cambio sobre la democracia colombiana?

James Robinson: No estoy seguro de que sea un cambio tan dramático como suele presentarse. Veo más continuidades que rupturas.

Si pensamos en Álvaro Uribe, gran parte de su proyecto político estaba centrado en el orden, la seguridad y la disciplina. Hay diferencias evidentes entre los distintos liderazgos, pero también existen similitudes importantes que a veces se ignoran.

Los colombianos llevan décadas buscando una salida a problemas estructurales muy profundos. El problema es que ninguna de las alternativas ofrecidas ha logrado consolidarse plenamente. Uribe tuvo una característica particular: hizo buena parte de lo que prometió. Eso generó resultados concretos y abrió la posibilidad de que la sociedad explorara otros caminos.

Después vino la expectativa de transformaciones profundas con Petro. Sin embargo, muchas de las promesas que hizo no se tradujeron en resultados. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía suele volver a buscar respuestas en proyectos políticos anteriores o en propuestas que le resultan familiares.

Pero el asunto central es otro. Lo que se logró mediante la estrategia militar fue transitorio. Lo que se logró mediante el acuerdo de paz también fue transitorio. Ninguna de las dos experiencias se convirtió en un proyecto social de largo plazo. Y por eso tengo la impresión de que Colombia ha terminado regresando al punto donde estaba hace 25 años.

“Las FARC nunca fueron el problema central”

Diego Aretz: Usted ha estudiado Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué determina que el uso de la fuerza por parte del Estado construya capacidades institucionales y no simplemente produzca otro ciclo de violencia?

James Robinson: Colombia sigue enfrentando un problema fundamental: amplias zonas del territorio continúan sin estar gobernadas efectivamente por el Estado.

Durante años se pensó que el problema central eran las FARC. Yo nunca compartí esa visión. Las FARC eran un síntoma de problemas más profundos. Por supuesto que su desmovilización fue positiva. Fue un logro político enorme y muy importante para el país. Pero representaba apenas el comienzo de una solución, no el final.

La idea de que bastaba con negociar con las FARC para resolver los problemas históricos de Colombia me parecía equivocada. Los problemas estructurales estaban allí antes de las FARC y continúan después de ellas.

El acuerdo de paz incluía algunos elementos muy importantes relacionados con la transformación territorial y la presencia estatal. Pero esas dimensiones nunca fueron implementadas de manera suficiente. Y sin esa transformación institucional más profunda, los problemas tienden a reproducirse.

Por eso seguimos viendo ciclos de violencia. Cambian los actores, cambian los nombres de los grupos armados, pero persisten las condiciones que permiten su aparición.

“Ni la izquierda ni la derecha entienden completamente el problema”

Diego Aretz: Usted parece sugerir que distintos gobiernos terminan repitiendo errores similares.

James Robinson: Sí, creo que existe un patrón recurrente.

No creo que los distintos gobiernos hayan comprendido plenamente la naturaleza del problema colombiano. Se concentran en síntomas específicos y no en las estructuras que producen esos síntomas.

En algunos casos se piensa que el problema es exclusivamente militar. En otros, que puede resolverse mediante una reforma específica o una negociación determinada. Pero los problemas colombianos tienen raíces mucho más profundas.

Además, existe una tendencia hacia las grandes promesas y las soluciones grandilocuentes. Hay un componente teatral en la política colombiana. Se anuncian transformaciones enormes, pero luego resulta muy difícil construir las capacidades estatales necesarias para implementarlas.

Eso no significa que las personas carezcan de buenas intenciones. Al contrario. Muchas veces hay líderes sinceramente comprometidos con el cambio. El problema es que las instituciones necesarias para materializar esas transformaciones no existen o son demasiado débiles.

Por eso no veo actualmente una estrategia clara para sacar a Colombia del equilibrio en el que se encuentra.

“Hay personas que se benefician del equilibrio actual”

Diego Aretz: ¿Qué ha aprendido sobre la naturaleza humana estudiando el ascenso y la caída de las naciones?

James Robinson: No creo que las diferencias fundamentales entre sociedades se expliquen por una naturaleza humana distinta.

No pienso que los seres humanos en América Latina sean esencialmente diferentes de los estadounidenses o los europeos. Lo que cambia son las instituciones, las relaciones de poder y las trayectorias históricas.

En Colombia, por ejemplo, algunas personas obtienen enormes beneficios del equilibrio existente. Hay sectores que pueden protegerse de muchos de los problemas que afectan al resto de la población. Pueden acceder a seguridad privada, mejores sistemas educativos, mejores servicios de salud y múltiples mecanismos de protección.

Cuando eso ocurre, la presión para transformar el sistema disminuye. Quienes se benefician del equilibrio existente tienen pocos incentivos para modificarlo.

Esa dimensión del poder es fundamental para comprender por qué ciertas instituciones persisten incluso cuando generan resultados insatisfactorios para la mayoría.

La crisis de la democracia liberal

Diego Aretz: Hoy muchas personas sienten que las instituciones democráticas continúan funcionando formalmente, pero ya no las representan. ¿Puede sobrevivir una democracia cuando sus ciudadanos pierden la confianza en ella?

James Robinson: Estamos viviendo precisamente ese fenómeno.

Samuel Huntington hablaba de olas de democratización y de olas inversas. Durante las décadas de 1980 y 1990 vimos una gran expansión democrática en América Latina, África y otras regiones.

La democracia prometía transformar la vida de las personas. Pero cuando opera en contextos donde existen instituciones débiles, clientelismo y baja capacidad estatal, sus resultados suelen ser más limitados de lo que la ciudadanía espera.

Entonces aparece la decepción.

Las personas comienzan a buscar alternativas porque sienten que las instituciones democráticas no resolvieron sus problemas. Eso es visible en muchos países.

En Estados Unidos, por ejemplo, la prosperidad dejó de distribuirse de manera amplia. Aunque la economía siguió creciendo, los beneficios se concentraron cada vez más en sectores específicos. Muchas personas sienten que trabajaron durante décadas sin experimentar mejoras significativas en sus condiciones de vida.

Esa frustración acumulada erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

“La gente está buscando algo que funcione”

Diego Aretz: ¿Por eso vemos el auge de liderazgos fuertes o autoritarios?

James Robinson: Exactamente.

Si observamos casos como El Salvador, encontramos ciudadanos que experimentaron durante años niveles extremos de inseguridad. En ese contexto, muchos terminan apoyando soluciones que les ofrecen resultados inmediatos.

La gente está buscando algo que funcione.

Eso no significa necesariamente que esas soluciones vayan a resolver los problemas de fondo. Pero sí explica por qué resultan políticamente atractivas.

Cuando las instituciones tradicionales dejan de generar confianza, aumenta la disposición de los ciudadanos a experimentar con alternativas que anteriormente habrían considerado inaceptables.

“No creo que estos modelos tengan soluciones duraderas”

Diego Aretz: ¿Este ciclo puede revertirse?

James Robinson: Claro que puede. La historia muestra que estos procesos suelen desarrollarse en oleadas.

Sin embargo, no creo que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas para los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Pueden producir resultados temporales. Pueden generar estabilidad durante ciertos períodos. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que ocurre hoy es que muchas personas están desencantadas con aspectos importantes del modelo liberal. Cuestionan la meritocracia, cuestionan el funcionamiento del Estado y cuestionan los beneficios distribuidos por la globalización.

Estamos viviendo un período de búsqueda. Todavía no está claro qué tipo de equilibrio político surgirá de esta etapa.

América Latina y la obsesión con las utopías

Diego Aretz: ¿Qué contradicción explica que América Latina siga siendo una región de enorme potencial y frustración permanente?

James Robinson: Cada vez me interesa más explorar una explicación cultural.

Existe una tendencia persistente al idealismo y al utopismo. Con frecuencia aparecen propuestas extraordinariamente ambiciosas para resolver problemas complejos, pero esas propuestas suelen estar desconectadas de las capacidades reales de implementación.

Hay una tensión permanente entre lo ideal y lo posible.

El intelectual uruguayo Ángel Rama reflexionó sobre esta distancia entre la ciudad ideal y la ciudad real. Creo que esa tensión sigue presente en buena parte de América Latina.

Existe una confianza recurrente en soluciones grandiosas y una menor valoración del pragmatismo institucional.

Un ejemplo evidente es la tendencia a reescribir constituciones. A menudo se actúa como si una nueva constitución pudiera resolver problemas históricos profundamente arraigados, a pesar de que la evidencia acumulada durante dos siglos sugiere que las transformaciones son mucho más complejas.

“La inteligencia artificial me parece aterradora”

Diego Aretz: Quisiera preguntarle por la inteligencia artificial.

James Robinson: Me parece profundamente preocupante.

Estamos entrando en una transformación tecnológica gigantesca sin comprender plenamente sus consecuencias.

La humanidad ya ha vivido procesos similares. Ocurrió con la agricultura, ocurrió con la Revolución Industrial y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial.

La diferencia es que hoy sí contamos con instituciones capaces de regular estos cambios. Sin embargo, esas instituciones parecen incapaces o poco dispuestas a actuar.

Ya observamos efectos importantes en los mercados laborales. La automatización ha contribuido durante décadas al desplazamiento de trabajadores y al aumento de la desigualdad. Y ahora nos dirigimos hacia una transformación aún más profunda.

No hemos resuelto las consecuencias sociales de la revolución tecnológica anterior y ya estamos entrando en una nueva.

Eso me parece aterrador.

“La democracia decepciona cuando promete más de lo que puede cumplir”

Diego Aretz: Cuando uno escucha sus respuestas sobre Colombia, América Latina y Estados Unidos, parece haber una preocupación común: la distancia entre las expectativas que generan los sistemas políticos y los resultados que finalmente entregan. ¿Es esa una de las razones por las cuales estamos viendo tanta desconfianza hacia las instituciones?

James Robinson: Sí, creo que esa es una parte importante de la explicación. Si pensamos en las grandes olas de democratización de las décadas de 1980 y 1990, mucha gente vio la democracia como una solución transformadora. La democracia prometía cambiar la vida de las personas, prometía prosperidad, representación y mejores oportunidades.

El problema es que en sociedades donde las instituciones estatales son débiles o donde la política funciona a través de mecanismos clientelistas, la democracia tiene una capacidad limitada para producir transformaciones profundas. Entonces surge una brecha entre las expectativas y la realidad.

La gente esperaba cambios mucho más grandes de los que realmente ocurrieron. Y cuando esa decepción se acumula durante décadas, las personas empiezan a buscar alternativas.

Diego Aretz: ¿Esa decepción ayuda a explicar fenómenos tan distintos como Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador o el crecimiento de movimientos antisistema en otras partes del mundo?

James Robinson: Sí, creo que existe una conexión. Las personas están buscando algo que funcione. En muchos países la sensación es que las instituciones tradicionales ya no están resolviendo los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas hubo crecimiento económico, pero los beneficios se concentraron cada vez más en los sectores más ricos. Para muchas personas la experiencia cotidiana fue completamente distinta a la narrativa del éxito económico nacional.

Si uno no tiene educación universitaria, los salarios reales son inferiores a los que existían hace varias décadas. Ese fenómeno tiene múltiples causas: cambios tecnológicos, automatización, debilitamiento de los sindicatos y transformaciones profundas en el mercado laboral.

Todo eso genera frustración y termina erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Diego Aretz: Sin embargo, tampoco parece convencido de que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas.

James Robinson: No, no lo estoy. Creo que algunas de estas experiencias pueden producir resultados temporales. Pueden generar una sensación de eficacia durante un período determinado. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que estamos viendo es una búsqueda de nuevas fórmulas políticas. Hay mucha desilusión con aspectos importantes del modelo liberal contemporáneo, pero todavía no está claro qué alternativa va a surgir.

En Estados Unidos, por ejemplo, distintos sectores políticos están tratando de reconstruir coaliciones sociales capaces de volver a conectar con amplios grupos de la población. Pero creo que todavía estamos en una etapa de experimentación.

Y en Colombia veo algo parecido. Hay muchas propuestas, pero sigo sin ver una agenda práctica y coherente capaz de construir una salida duradera para los problemas estructurales del país.

La lección de toda una vida

Diego Aretz: Si pudiera dejar una sola lección a los líderes políticos del mundo, ¿cuál sería?

James Robinson: Que comprendan la importancia de las instituciones.

Cuando viajo y hablo con personas de distintos países encuentro una fascinación enorme por los líderes individuales. Existe la idea de que los problemas pueden resolverse simplemente encontrando al dirigente adecuado.

La evidencia no apunta en esa dirección.

Las sociedades prosperan cuando construyen instituciones capaces de generar oportunidades amplias, distribuir poder y sostener reglas estables.

Las instituciones son mucho más importantes que cualquier individuo.

“Todavía no entendemos el papel de las ideas”

Diego Aretz: ¿Y cuál es la gran pregunta que todavía no sabe responder?

James Robinson: Creo que las ciencias sociales siguen siendo demasiado materialistas.

La economía, la ciencia política y muchas disciplinas han puesto un enorme énfasis en los incentivos materiales. Pero los seres humanos también se mueven por ideas, valores, creencias y aspiraciones.

Todavía comprendemos muy poco sobre los fundamentos culturales de las instituciones.

¿Por qué determinadas sociedades desarrollan ciertas formas de organización política y otras no? ¿Por qué algunas ideas persisten durante siglos? ¿Cómo influyen las creencias colectivas en la construcción institucional?

Esas son preguntas extraordinariamente difíciles.

Y sospecho que allí están algunas de las respuestas más importantes para comprender el desarrollo y la democracia.

En el Museo del Oro se presentó la Orquesta de un Paisaje Sonoro, una improvisación y arte sonoro que recrea sonidos de naturaleza y atmósferas inmersivas.

Desde mi punto de vista, este tipo de propuestas hay que vivirlas, sentirlas y experimentarlas, más que tratar de entenderlas.

El Festival NO Convencional reúne a artistas colombianos e internacionales: estreno mundial de Movimientos sociales: Giangrandi + Velandia, ópera de tres horas en la que el público puede entrar y salir; concierto inmersivo en el Planetario; o un cine concierto construido a partir de los Screen Tests de Andy Warhol, entre otros

Algunos escenarios son Proyecto Kinder, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Planetario de Bogotá o los Columbarios del Cementerio Central.

La idea no buscar respuestas frente a la incertidumbre, sino crear encuentros capaces de alterar, aunque sea por un momento, nuestra manera habitual de percibir el tiempo, el espacio y el mundo que nos rodea.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

1º. El ser humano hace la historia, puede cambiar la realidad en la que vive, tal como pensó Gramsci, quien sostuvo: “La historia como acaecimiento es pura actividad práctica”, es decir, la voluntad colectiva, común, produce transformaciones, no solo en el nivel económico, sino en el nivel cultural, intelectual y moral. Tener conciencia de la historia como creación típicamente humana es un punto de partida fundamental para evitar la indiferencia, la resignación, el conformismo y la claudicación ante el presente, pues el porvenir siempre es abierto. El materialismo histórico o, lo que es lo mismo, la filosofía de la praxis, concibe al humano como un protagonista de su propia historia. Es una filosofía o concepción elaborada del mundo que, por medio de la acción política, deviene historia viva. De esta manera se rechaza el optimismo neoliberal del fin de la historia que paraliza el pensamiento y la acción y que pretende inculcarnos la idea del fin del futuro.

2º. El análisis debe partir de “lo que hay”, del mundo que se tiene, de la situación de la infraestructura con sus relaciones de producción, situación económica, grupos de interés, empresas, etc., sin caer en el determinismo económico, pues, en estricto sentido, la disputa por la economía ya es una disputa política. Gramsci decía: “Lo que determina la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Estas leyes no tienen nada de común con las leyes naturales”. El sujeto no está determinado por su posición de clase, no es ésta la que le otorga la autoconciencia, pues el sujeto político no se constituye como tal antes del conflicto político, sino justamente gracias a él. Igualmente, “lo que hay” requiere pensar en las fuerzas políticas, sus intereses, sus luchas, las tendencias hegemónicas, las ideologías; así como en la correlación de las fuerzas militares y la geopolítica.

3. La política consiste en una batalla intelectual, cultural y moral que disputa el sentido común (opiniones, creencias, supersticiones, prejuicios, valoraciones, certezas, en fin, la concepción del mundo de la gente) de la sociedad. El sentido común es generalmente conservador, contiene visiones retrógradas del mundo, es un abecedario mental con el que nos movemos en la realidad, con el que la interpretamos; el sentido común es misoneísta, pero puede contener un núcleo crítico, un buen sentido que se manifiesta en nuestras prácticas, muchas veces en contra del sentido común dominante. Ahora, la lucha cultural consiste en una guerra de posiciones donde se va avanzando en el terreno de la sociedad civil, conquistando lugares, derrumbando sus fortificaciones, conquistando porciones de sentido, tomando ideológicamente a la sociedad. Desde luego, como toda batalla, implica luchar contra la cultura del adversario. Y en esa tarea el análisis de sus discursos ideológicos, de su literatura, de su propaganda, de los contenidos de la radio, de la televisión, del cine, de su teatro y hasta de sus fiestas etc., es fundamental. Hoy, básicamente, la sociedad es un campo de batalla por la conquista de la atención y en la búsqueda del consentimiento de las grandes más. Y en esa tarea llegar a las masas a través de los artefactos culturales es clave, es imperioso e implica un trabajo permanente.  

4. En la lucha por conquistar el sentido común se requiere partir de lo “que hay”, criticarlo, elaborarlo y “superarlo” en una visión nueva de sociedad (o nueva concepción del mundo) que se debe difundir y consolidar por medio de la propaganda, la discusión, la seducción, la persuasión, el trabajo cultural, etc. Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos: “esa lucha tiene lugar en la educación formal y en la promoción de la educación popular, en los medios de comunicación, en el apoyo a los medios alternativos, en la investigación científica, en la transformación curricular de las universidades, en las redes sociales, en la actividad cultural, en las organizaciones y movimientos sociales, en la opinión pública y en la opinión publicada. A través de ella se construyen nuevos sentidos y criterios de evaluación de vida social y de la acción política”. Entonces, se trata de vencer, superar el sentido común hegemónico, dominante, elevarlo al concepto, esclarecerlo, y construir una nueva filosofía democrática que, con la mediación de los intelectuales, pretenda convertirse en un nuevo sentido común que, a la vez, se convierta en “norma de vida”, que devenga acción práctica cotidiana.

Por ello, hay que dialogar con la cultura popular, extraer de ella sus puntos críticos, emancipadores, positivos, que contribuyan a la pelea por la conquista de la hegemonía. Pero debe tenerse en cuenta que destruir el sentido común de la clase dirigente, oligárquica, señorial, aristocrática, corrupta, etc., y cambiarlo por una concepción del mundo que defienda lo común (tierra, agua, aire, conocimiento, intereses colectivos) toma tiempo, y requiere trabajo con las “gentes sencillas”. Se trata de un humanismo plebeyo como dice Luciana Cadahia. Para lograrlo, es necesario el trabajo social, la militancia, la educación popular, el trabajo en cultura política, pues las ideas progresistas, novedosas, etc., no ganan la aprobación de la gente de un momento a otro.

5. Sustituir una vieja concepción del mundo, por ejemplo, la neoliberal, basada en el darwinismo social, el exitismo, el egoísmo, la competencia, la destrucción de la naturaleza, la mecanización de los procesos vitales en la sociedad del frenesí, etc., requiere deconstruirla y sustituirla por un nuevo sentido común, que, por ejemplo, esté afincado y constituido por otros valores y prácticas. Se trata de una rebelión de los instintos vitales contra la tanatopolítica que devasta y arruina nuestro mundo. En esas luchas se puede recoger y aprender de la tradición, recoger los sedimentos revolucionarios y los restos de libertad y dignidad aún no realizados en la historia de las luchas emancipatorias, como pensaron algunos miembros de la Escuela de Frankfurt y en nuestro medio colombiano Orlando Fals Borda.

6. Lo anterior exige la política. El fin de esta es crear una nueva hegemonía, materializarla, mantenerla y reproducirla. Solo así se crea una nueva sociedad. La política es el arte de seducir y convencer para que los nuevos intereses de un grupo o partido se impongan en la mayoría de la sociedad y reciban el respaldo de la gente. En eso consiste que una determinada idea, visión del mundo o programa político se torne hegemónico. La hegemonía es el paso de lo particular y de los intereses económicos-corporativos a una universalidad que recoge esos intereses y los identifica con los de toda la sociedad, de tal manera que la mayoría los asuma como propios. Por eso, no hay hegemonía sin universalización de posturas emancipatorias. Ahora, la contienda por el poder y por ganar la dirección de la sociedad se da no solo a nivel de la sociedad política (parlamentos, sistema electoral, poder ejecutivo) sino especial y principalmente en el campo de la sociedad civil, es decir, en las organizaciones políticas, sindicales, educativas, grupos ambientales, movimientos pro LGBTI, grupos religiosos, movimientos culturales e intelectuales, organizaciones u ONG´s en defensa de los derechos humanos. La sociedad civil es, entonces, el campo de batalla ideológica por la obtención del consentimiento y el consenso.

7º. En la lucha antagónica por la hegemonía es fundamental el papel de los intelectuales, de los estratos más conscientes, en pleno contacto con la sociedad. Es así como se puede elaborar, en la retroalimentación con los sectores subalternos, una visión más coherente y sistemática de la realidad. Por eso, los intelectuales son fundamentales en la construcción de la ideología, entendida no como falsa conciencia, sino como un conjunto o sistema de ideas que encarnan una visión específica de sociedad. Esas ideologías tienen poder de identificación y de movilización de afectos en pro de la construcción de una nueva concepción del mundo. Aquí, la ideología es el cemento o pegante que cohesiona a los grupos que representan las alternativas políticas. Sin ideología no hay, entonces, hegemonía.  Y esta hegemonía presupone la ideología, implica la creación de “un bloque social” no solo como sujeto político, sino como una unidad intelectual y moral donde teoría y práctica han convergido, donde se da esa unidad. Eso ocurre cuando la gente encarna una concepción del mundo, lo vive y lo materializa en sus prácticas cotidianas. 

8. La construcción de hegemonías es una tarea permanente, pues esta nunca es absoluta, ni totalizante, de tal manera que no clausura lo social, ni totaliza la realidad; mucho menos elimina una de las características fundamentales de las sociedades actuales: el conflicto y el antagonismo. Aquí no hay paraísos, ni fin de la historia, solo un devenir conflictivo de lo social. El objetivo es construir un nuevo orden donde haya un nuevo bloque dirigente, producto de una voluntad colectiva nacional-popular que es, a la vez, una unidad intelectual y moral como nueva forma de vida.

9. El pensamiento de Gramsci no es un dogma, ni un catálogo de conceptos o recetas para el cambio social. No. Es una caja de herramientas útiles donde es lo real-concreto y su análisis el que enriquece la teoría y, ésta, a su vez, permite ampliar la comprensión de la realidad favoreciendo la praxis colectiva. Importante es resaltar el gran papel que Gramsci le da a lo político sobre lo económico, su antideterminismo y anti-economicismo, su crítica de la toma del poder, la reciprocidad dialéctica entre estructura y superestructura, la relevancia de la cultura y el trabajo cultural, el papel dado a la lucha, el conflicto y el antagonismo social, la importancia de articular una visión de mundo con un nuevo lenguaje político que conquiste a las grandes mayorías para así construir otro mundo posible. Es por estas razones que Gramsci está de vuelta.

A las víctimas y damnificados que tardarán años en recuperarse. Ojalá tengan la fuerza para hacerlo.

A las voluntarias y voluntarios que se volcaron a las calles para socorrer y ayudar a conocidos y desconocidos.

Primer movimiento 

Aconteció el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, a nueve días de mi cumpleaños número 53. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, hablaba con mi mamá por el altavoz del teléfono mientras esperaba que estuviera el agua caliente para prepararme el primer café de la mañana. Era mi segunda semana de clases y ya tenía todo listo para salir a trabajar, incluso había alistado los pliegos de papel que mis estudiantes de didáctica de los medios llenaron ocho días atrás. 

De pronto sentí el primer envión y luego el balanceo, no le presté mucha atención al movimiento pues ocurría lo mismo cada tanto desde hacía meses, incluso desde hacía años después del terremoto de 1999. Pensé que como los sismos eran parte de la vida cotidiana de Colombia, sólo había que calmarse y esperar a que pasara. 

Sin embargo y por si acaso le dije a mi mamá: está temblando, salga de la casa ya. Ella no me entendió y siguió como si nada, pero el remezón no se detuvo como otras veces. La tierra se sacudió más fuerte, más violenta que nunca.

Al notar que el suelo se retorcía entre espasmos y convulsiones, solté el teléfono móvil. Me lancé hasta la puerta con la llave en la mano y casi que no encuentro el orificio de la cerradura, logré abrir mientras escuchaba los gritos de mi madre por el altavoz del teléfono…¡se está cayendo todo!, decía, ¡ay Dios mio socórrenos!, ¡amacita bendita!. ¡Mario!, !Mario¡…fue así que me enteré que mi hermano mayor estaba con ella, y en medio del terror sentí algo de alivió porque al menos estaban juntos.

Después supe que el terremoto alcanzó los 7.4 grados en la Escala de Richter, con 103 kilómetros de profundidad, una duración entre 90 segundos y 2 minutos y con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Siete días después el Servicio Geológico Colombiano SGC reportó 336 réplicas, 21 de ellas mayores a 3.0 grados y 2 con magnitud mayor a 4.0, con profundidades de hasta 118.4 kilómetros.

Segundo movimiento

Detrás de mí se apagó el fogón, la biblioteca vomitó los libros de educación que tenía apilados en la parte superior, estallaron los vasos y las copas en el suelo de la cocina, se dobló el armario metálico sobre mi cama, se separaron las paredes de la casa vecina, crujieron con fiereza las planchas de concreto, como los dientes afilados y apretados de una mandíbula rabiosa, y desde la puerta vi cómo se dibujaron en cuestión de segundos, dos fisuras finas e irregulares en el techo blanco de la sala. Un zigzag delgado interrumpido por la puerta de la habitación, quedó trazado desde la puerta de entrada hasta el fondo de la casa.

El tropel de vecinos y vecinas no me dejaba pensar. Con dificultad me sostenía entre el marco de la puerta mientras rogaba en voz alta que se detuviera ya. Pero el cielo azul seguía inquieto. Los pájaros no encontraban el rumbo entre las nubes de polvo gris, dorado y ámbar, que se levantó sobre las casas y los edificios, cubriéndolo todo de una niebla espesa de muerte y de ruina.

Ese lunes soleado de agosto, la tierra se sacudió como si de lo profundo emergiera un cíclope colérico, luego de una larga noche de insomnio, pesadillas y agonía.

Tercer movimiento

Cuando al fin la tierra se detuvo, se cayó la llamada, y ya no escuché más a mi mamá. Y con un nudo de saliva pasé por la garganta la mudez de los teléfonos. Entonces sobrevino un silencio trémulo y aturdido interrumpido por las alarmas de los carros. Yo seguía de pié perturbado.

Aún así, agitado, actué con tal frialdad que parecía entrenado para ese momento: cerré la llave del gas, guardé el celular en el bolsillo, me puse unos tenis, y salí corriendo en busca de mi familia. 

Más adelante, en el otro barrio, no había reglas en las calles, ni señales de tránsito, ni semáforos que funcionaran. Carros y motos se esquivaban como podían. Los cables de la luz chocaban entre sí, hacían corto, se reventaban y se caían, los techos se derrumbaban y los postes se partían en pedazos. 

Un alud de tierra taponó la vía principal del barrio, que era a la misma vez la entrada y la salida, y se escuchaban a lo lejos las primeras sirenas de las ambulancias y de los bomberos.

En mi trayecto escuché sollozos, vi caos y rostros de incertidumbre. Pero también vi como de repente se borraron las viejas rencillas entre vecinos, los odios secretos y las envidias, y a cambio de eso, surgió en la atmósfera un sentimiento de solidaridad y compasión que se desprendió espontáneo desde el árbol de la vida, e invadió los muros tarjados, las ventanas rotas, las puertas arrugadas, las casas recogidas. 

Entonces, como en una despedida, las madres bendijeron a sus hijos y las parejas se abrazaron, para agradecer que ese no fue para ellas y ellos el último día. Un joven sobre su moto, detenido en la vía, lloraba porque encontró a su abuela viva. 

Otro que vagaba por la calle solitario, cubrió con su cobija a una mujer semidesnuda aunque no la conocía. Y una joven madre solitaria en el andén, balanceaba a su bebé de meses, como si ambos flotaran en un mar a la deriva.

A mi mamá y a mi hermano Carlos Mario los encontré vivos, estaban a punto de partir en mi búsqueda, pero yo llegué antes. De Leonardo Fabio, el menor, todavía no sabíamos nada.

Cuarto movimiento

Pensé en Samara, la investigadora brasilera de posdoctorado que había llegado a mediados de julio desde Brasil, para que yo supervisara su estancia en la universidad, y me preocupé por mis estudiantes con los que seguramente, ya no me encontraría a las 10 de la mañana, pero lamentablemente no tenía cómo comunicarme con ellos, pues todos los servicios públicos estaban suspendidos. Sólo quienes tenían radio podían enterarse de lo acontecido. 

Recordé que meses antes de viajar desde Fortaleza, Samara me había preguntado si aquí temblaba mucho la tierra, y también recordé que el primer día que nos vimos en la universidad, ella se había sorprendido con la cantidad de señales de “precaución” y “puntos de encuentro” instaladas en el campus, pues pensaba que se trataba de lugares para conversar, al estilo de los círculos de cultura freireanos. Yo le aclaré que eran sitios para reunirnos en caso de evacuación por una emergencia, y le dije que aquí temblaba pero no con la magnitud de lo ocurrido en Venezuela. 

Quinto movimiento

Horas después, menos aturdido por la catástrofe, caminé en medio de la destrucción y la algarabía hasta encontrar una antena de telecomunicaciones que seguía en pié, quería escribirles a mis estudiantes y a Samara, y de paso enterarme de las noticias. Tuve sólo unos minutos de acceso a WhatsApp, y en ese instante me llegaron una cantidad de mensajes de familiares y amigos que viven dentro y fuera del país, la mayoría de Brasil. Nadie sabía de mí o de mi familia. Entonces comencé a dar respuesta a cada uno de ellos hasta que perdí la señal. No pude ingresar ni al correo ni al Classroom de mis cursos. 

Desde ese momento y durante varios días no tuvimos comunicaciones, y fue con el paso del tiempo que nos enteramos de la destrucción ocasionada en todo Colombia. Al parecer Pereira era el caso más dramático. Del campo y de los pueblos pequeños no llegaban imágenes. Tampoco las ayudas.

A mitad de la tarde vimos un globo blanco que flotaba sobre el barrio. Algunas personas dijeron que era un OVNI, otras que era parte del proyecto HAARP instalado en Alaska, y que el terremoto había sido provocado por los Estados Unidos. Luego, en los medios explicaron que era un globo estratosférico utilizado para investigación científica y meteorológica, para telecomunicaciones o incluso para la vigilancia y la seguridad nacional norteamericana.

Cuando tuve Internet consulté y la IA de Google me dijo que los globos pertenecían a la empresa estadounidense Raven Aerostar, operados en coordinación con misiones científicas de la NASA y el permiso de la Aeronáutica Civil colombiana. No quise averiguar más. 

Sexto movimiento

El mundo conoció la tragedia antes que nosotros, pues minutos después del sismo circularon las imágenes por las redes sociales y los noticieros, llegaron hasta las pantallas del metro de Barcelona, São Paulo y París. 

Seguro algunas personas que estaban en las calles, alcanzaron a subir videos a Internet antes de que se suspendiera el servicio, y sus familiares que viven en el exterior los hicieron virales junto a influencers, periodistas y medios de comunicación. 

El día después del terremoto llegaron los reporteros de la capital, de Estados Unidos y de Europa, y con su ropa límpida se pararon entre las ruinas o se hicieron a un ladito del encuadre, para mostrar en vivo y en directo la ciudad destruida, con miles de voluntarios espontáneos que estaban en las calles desde el primer día, removiendo los escombros con sus propias manos, muchos sin protección. 

Con el paso de los días, sólo quedaron los damnificados en albergues, las ollas comunitarias en los parques y en las calles, y los voluntarios que siguieron escarbando hasta que los hicieron sacar de la policía. 

Los reporteros desaparecieron y no se supo más de ellos. Pero llegaron los norteamericanos y los israelitas que dijeron hacer parte de los cuerpos de socorro. Otros grupos de rescate llegaron de El Salvador y de Ecuador, y comenzaron a llegar las ayudas humanitarias de otros países, pese a que inicialmente el gobierno nacional se opuso sin una justificación válida. 

Mientras todo eso ocurría, estuvimos aislados en los barrios casi una semana. Algunos lo estuvieron mucho más tiempo.

Séptimo movimiento

Minutos después del terremoto, Sabrina, la hermana de Samara, me escribió angustiada desde Fortaleza pero no me llegaron los mensajes porque no había Internet. Al cabo de unas horas nos escribimos. Samara había sobrevivido y no estaba herida, pese a la destrucción de edificios que hubo en el barrio los Álamos, que queda al lado de la universidad.

Días después, luego de confirmar que la pista del aeropuerto Matecaña servía, la repatriaron a ella en un vuelo humanitario junto a otros estudiantes extranjeros. La oficina de Relaciones Internacionales y los consulados se encargaron de eso. 

En un día gris de mucha lluvia nos enteramos de que mi hermano menor estaba bien, en Cartago, y con las horas nos juntamos todos en Dosquebradas. Revisamos las casas y confirmamos que no les había ocurrido mayor cosa, todo se podía recuperar, pero miles de personas corrieron con otra suerte. También verificamos la existencia de víveres para varios días, pues era seguro que todo iba a escasear, pues los supermercados y tiendas que estaban en pie habían cerrado.

Mientras tanto en los albergues no alcanzaban las carpas ni los plásticos para cubrir a tanta gente desprotegida,  muchas personas pasaron la noche con hambre y con frío, y el temor de todos era que con el agua que caía comenzaran a derrumbarse los edificios y las viviendas más deterioradas. 

…punto cuatro. El final de los movimientos.

Por las noches, un grupo de vecinas y de vecinos, alumbrados por la luz de una vela comenzaron a recordar cómo vivieron el momento del desastre. Después se contaron historias sobre sus familias, y sobre los lugares de la ciudad que habían desaparecido bajo el polvo. 

Sobre esas ruinas todos teníamos algo entrañable que evocar, algo que atesorar. En cada rincón de la urbe encontraríamos un episodio de nuestra historia de vida. 

No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando tuvimos energía eléctrica y acceso a la información, mis hermanos, mi mamá y yo vimos las imágenes en los noticieros, y recorrimos la ciudad durante varias jornadas para llevar ayudas. 

Pereira parecía una ciudad del Medio Oriente, bombardeada, con cientos de muertos, miles de heridos y refugiados en albergues rodeados de escombros e incertidumbre. 

Al cabo de cuatro semanas supimos por medios locales y fuentes oficiales, que hubo cientos de muertos y desaparecidos, cientos de casas y edificaciones que sucumbieron al instante, miles de heridos e inmuebles que serán demolidos. Miles más que aún presentan afectaciones graves, entre ellos hospitales, escuelas, colegios, universidades, supermercados, iglesias, restaurantes, centros comerciales, hoteles, apartamentos y viviendas.

Ahora además de todo lo material, teníamos que reconstruir simbólicamente nuestras memorias, y quizá, más adelante, contarles a otros cómo nos levantamos una vez más de las cenizas.

Nota: Este relato en primera persona está basado en hechos reales y es el resultado inicial del currículo situado que emergió después del terremoto, para retomar los cursos que oriento en la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. Hace parte de dos líneas de investigación del grupo Edumedia-3: Autobiografia, Medios y Educación; y (Auto)medialidad, y de un proyecto de investigación emprendido por investigadores de Colombia y Brasil. 

También puede leer este texto en www.edumedia3.co y acceder a otros contenidos y recursos.

Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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Aclaro que mis ideas alrededor del tema del arte (su definición, razón de ser y sentido) —aunque consideran seriamente algunas propuestas del libro se Shiner— son distintas de las suyas. Aquí, en este texto, hablaré de las ideas de Shiner. Haré una lista de supuestos sobre el arte que la mayoría de la gente da por ciertos, pero que no son verdad en todos los casos y, a veces, en ninguno (y en los que coincido con él):

1. Que el arte es una esencia que poseen algunos objetos y no otros.
2. Que el arte se encuentra en cierto tipo de actividades, pero no en otras; por ejemplo: bailar, cantar, esculpir, pintar o tocar un instrumento, pero no jugar yoyó, saltar la cuerda, hacer zapatos, la jardinería, la cerámica o la física y las matemáticas.
3. Que el arte demanda una contemplación desinteresada.
4. Que el arte no debe tener ninguna función; o sea, que no debe servir para nada.
5. Que el arte debe estar relacionado con la belleza.
6. Que es normal que el arte exista en un mundo elitista.

En su libro, Shiner dice que la definición del arte y lo que esto implica ha variado en el tiempo y en las culturas; nunca ha sido un concepto universal. Sostiene que se trata de un concepto en constante transformación, pues cada momento histórico específico lo ha definido según sus necesidades y convenciones y, por lo tanto, debe ser reinventado para ajustarse a nuevos contextos, inventos y necesidades. Según él, el «sistema moderno del arte» es una construcción histórica.

Menciona que los museos y las élites del arte (como galerías, revistas y marchantes) han mantenido los productos artísticos fuera del alcance de la gente común, y se han encargado de que las personas sientan que «no lo entienden»; y, añado yo, de hacer que los precios sean tan astronómicos que solo los ricos los puedan adquirir. El mundo del comercio ha influenciado muchísimo el cómo se ven y cómo se manejan las artes para sacarles el máximo provecho económico posible.

Shiner muestra que la separación entre arte, artesanía y artes populares solo existe desde hace doscientos años. Nos presenta registros históricos que demuestran cómo antes del siglo XVIII el arte y la artesanía estaban unidos en un solo concepto: el del saber hacer (ars / techné), orientado al uso, la devoción o el ritual.

Dice que a pesar de que movimientos como el Dadaísmo, el Pop Art o el Arte Conceptual intentaron disolver la frontera entre el arte y la vida cotidiana, el mercado del arte, los museos y la crítica profesional terminaron absorbiendo e institucionalizando estas rupturas, convirtiendo la mismísima rebelión contra el «objeto de arte» en nuevas mercancías y piezas de exhibición.

Así que Shiner nos propone romper con las falsas dicotomías: la de artista y artesano; la de contemplación desinteresada versus utilidad o funcionalidad; y la de arte culto versus arte popular. Sobre todo, a Shiner le molesta que las artes domésticas, las músicas populares y los oficios tradicionales sean relegados a categorías de «artes inferiores» (su sueño de que cambien de estatus se está haciendo realidad en Instagram, en mi opinión).

Comparto con Shiner la idea de que la categoría de arte, tal como la entendemos hoy, es una invención cultural. No obstante, hay algo que nos ocurre a todos los humanos, lo nombremos o no: nos sorprendemos, encantamos, apegamos y exaltamos frente a cualquier objeto o comportamiento que alcance un óptimo dirigido hacia una función o característica, o un óptimo respecto a otros elementos de su misma categoría (no comparamos una sonata con un edificio). Esto no es cultural; todos los humanos —del pasado y del presente— estamos programados para sentir dicha, asombro y apego ante las cosas excelsas.

El techo de la mezquita Isfahan, en Irán.

[i]En un segundo libro escrito por Shiner, Art Scents: Exploring the Aesthetics of Smell and the Olfactory Arts, él explica a profundidad por qué debe existir un arte para apreciar con el sentido del olfato y no solo con la vista y el oído. Shiner abre aún más las puertas del mundo del arte, lo cual es interesante.

La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción 

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Ante el inadmisible hecho de sucumbir en la comodidad de la quietud y el riesgo de complicidad que esto supondría, quisiera en esta oportunidad detenerme a analizar un singular suceso que tomó por asalto mi atención. Se trata de la alocución hecha por el candidato a la presidencia A. de la Espriella al referirse a la necesidad de excluir al oponente en estos términos: “Destripar a la izquierda”. Claramente, la intención antagónica es la expresión garante de toda radicalidad democrática. Pero, nutrir la pretensión de subordinar y erradicar el disenso, contraría el proyecto democrático. Esta no es una aseveración cualquiera, ni mucho menos a un “folclorismo” lingüístico, como quizá ha pretendido mostrarlo. Ella va más allá de la mera polarización extrema y de un recurso gramatical, cuya carga semántica alimenta la exacerbada herencia ╼si acaso no colonial╼ de exterminar la oposición política, legitimando así las prácticas de agresividad contra quienes pretenden construir conocimiento de una manera diferente. Nos encontramos de cara ante una ofensiva de desdemocratización del Estado colombiano. Esta sería la idea que quiero abordar aquí y, para hacerlo, presentaré una explicación sobre lo que significa “destripar” y cómo se relaciona con esta amenaza.

Empecemos trayendo a colación la expresión objeto de nuestro análisis:

Esto no va a quedar así, estas brisas vuelven y sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, no va a haber salidos, conmigo no va a haber absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical, a esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mi encontrarán peor enemigo posible (De la Espriella, 2025. El subrayado es mío, D.C.).

Meses después de haber lanzado esta afirmación, el autor explicó en una entrevista que el sentido que le adjudicó al término “destripar” correspondería al de la cuarta acepción, es decir, al coloquial.[1] Sin vacilo alguno, hay que decir que en un sistema de gobierno que se ostenta de ser democrático, el exterminio del antagónico es completamente contradictorio, pues no sería otra cosa que una transfiguración hacia un “fascismo criollo” (Buela, 2013; Pachón, 2026). “Destripar a la izquierda”, en el sentido como lo expuso el autor, significa disponer de todos los recursos políticos del Estado para dar “muerte” a la izquierda en el plano del disenso, es decir, en la tensión que se da entre las distintas formas de sentir y comprender la realidad, tal como lo expone Rancière (2019).

La noción de “destripar” es una metáfora extraída de la experiencia de la enfermedad. La mirada fascista enfoca a la izquierda como un fenómeno “patológico”, cuyo riesgo infeccioso altera el “normal” funcionamiento del Estado-empresa en su ofensiva por mantener sus intereses “patrióticos”, como lo explicaré más tarde. La “cura” ante esta amenaza es “destripar” o, mejor aún, “extirpar” el patógeno de la izquierda, porque sólo así podrá imponer la entronización del fascista como soberano político, sin rastro alguno del “otro” diferente. La aniquilación de la diferencia epistémica, de aquel que construye sentido común desde un pensamiento del afuera (Foucault), garantiza la instauración de un orden excluyente en el proyecto de nación que se ha construido en Colombia.

El “sacar las tripas” no se reduce al efecto de desvivir, sino también de quitar y expulsar aquello desde lo cual, en Colombia y América Latina, se piensa. Se piensa con y desde las “tripas”, porque solo con ellas es posible lograr un registro sensitivo de la vida. Aquí las “tripas” adquieren una nueva connotación, pues dejan de hacer referencia al conjunto de órganos somáticos, para pasar a ser asumidas como un lugar de enunciación. Desde aquí, desde las “tripas”, se construyen formas de comprensión del mundo. “Tripas”, entonces, designa una situación que trasciende el sentido fenotípico del término, aludiendo al fuero interno del otro a partir del cual se ensambla un sentido de la vida a raíz de las necesidades y los vacíos; en otras palabras, es pensar desde las condiciones de vulnerabilidad.

El propósito de un proyecto fascista de “destripar a la izquierda”, esta última en tanto otro, implica ejercer un control sobre la vida de la alteridad, reduciéndola a mera “objetualidad”, es decir, a un simple utensilio que se usa para justificar su práctica de limpieza. El significado de “destripar” no se reduce a la exclusión del panorama político, sino también del plano democrático y eso es propio de una conducta fascista. Ella entiende que para alinear sus intereses debe atacar la vulnerabilidad corpórea de los pobladores, precarizando las condiciones materiales de la vida. Pero, además, sabe que dicha irrupción no puede darse de forma inmediata, si no es a través de la producción y circulación de discursos de verdad. El control sobre las necesidades corporales debe ser atravesada por el control de nuestra fragilidad en la manera en que construimos conocimiento y nos relacionamos con la verdad. El control sobre las “tripas” empieza por el control del conocimiento y las emociones. Y, para ello, no es necesario “extirpar el cerebro”, ya que basta con imponer “verdades” instauradas sobre lógicas excluyentes que simbolicen claramente una herida social en la que identifican la propia herida singular con un odio al otro (Biglieri & Cadahia, 2021).[2]

La expresión “destripar a la izquierda” pretende situar en el centro del sentido común de la población colombiana el discurso “patriotista”,[3] o sea, aquel que instaura irónicamente el valor simbólico-afectivo de la patria como un principio de validación discursiva, influyendo en lo que se acepta como verdadero. Todo aquello que no esté subordinado a su lógica o alineado a su racionalidad sería considerado como un riesgo que habría que ser “expulsado” o, en este caso “destripado”. La lógica del discurso patriotista se fundamenta en la idea del Estado en tanto empresa, “el individuo como miembro de una empresa y él mismo como una empresa” (Quintana, 2020, p. 179).

Así, pues, la patria no sería más que la encarnación de la mirada empresarial del Estado y, como tal, ella merece ser administrada por un gerente, un management, capaz de llevarla a puerto seguro antes de que pueda claudicar en un naufragio. Estos naufragios han recibido muchos nombres: “Castro-chavismo”, “nos vamos a volver como Venezuela”, “heredero de las Farc”, en fin. El Estado-Enterprise, impulsará la organización de los sujetos en torno a la rentabilidad capital, por lo que será indispensable reemplazar la participación de la población en su consolidación por la competencia desigual entre ellos. Es decir que, valores democráticos tales como la igualdad, la libertad y la justicia social serían sustituidos por el criterio economicista y la pulsión de la inversión. Por criterio economicista me refiero a la forma de evaluar la realidad reduciendo su valor a patrones económicos, dejando de lado dimensiones humanas y sociales. El proyecto democrático quedará, por consiguiente, amenazado por las consecuencias históricas producidas por el capitalismo, en cuanto estructura económica, y por el neoliberalismo, en tanto forma de gobierno. La legitimidad de su poder estaría siendo sostenida por aquellas “verdades” fabricadas y puestas en circulación. ¿Cómo cuáles? Bueno, quizás estas le resulten familiares: “Reduciremos el Estado a un 40%” (Valora Analitik, 2026), “es necesario blindar jurídicamente a nuestros policías y soldados” (La Silla Vacía, 2026). O la que ha retumbado con mayor ahínco: “Haremos fracking a lo que dé” (EL PAÍS, 2026).

Por consiguiente, será necesario pensar el neoliberalismo en clave de racionalidad; esto es, entenderlo como una forma de organizar la vida a través de la lógica del mercado, pero sin quedarnos en el mero plano económico. Pensado así, se abre la posibilidad de tensionarlo en el plano del conocimiento y la comprensión de la vida, pues seguramente, desde su lógica interna, se entenderá que hay habilidades y destrezas humanas que escapan a los alcances “alineables” y “reduccionistas” de la perspectiva empresarial, en el que el valor de las experiencias y las vivencias tendrá sólo un criterio: el de la empresa.

Ahora bien, quien se ha encargado de tensionar e incomodar históricamente al neoliberalismo han sido aquellos movimientos sociales contemporáneos que sobreponen el valor de la vida y su realización sobre toda métrica mercantil y su lógica excluyente. Mientras que el neoliberalismo propende por la instrumentalización material de la vida, los movimientos sociales se apropiaron de la vida como principio normativo de existencia, no sólo la humana. Eso significa pensar no solo con las “tripas”, sino desde las “tripas”, o sea, desde nuestra condición vulnerable, desde nuestras posibilidades de ser y estar afectados y de afectar. De hecho, podríamos decir, junto con Seguró (2021), que la democracia es vulnerable en cuanto que no es mesiánica y está abierta a ser mejorable. Entonces, si pensar con y desde las “tripas” es pensar desde la vulnerabilidad, y la democracia es vulnerable; por lo tanto, cualquier intento de destripamiento sería proporcional a un gesto desdemocratizante del Estado.

       Frente a lo descrito aquí, me gustaría finalizar diciendo que no podemos perder de vista que vivir en un sistema democrático no implica erradicar ─léase “destripar”─ el disenso antagónico, sino concebir la forma en que se pueda vincular e incluir. Por eso, expresiones como las que acabamos de analizar, demuestran que nos encontramos ante la amenaza latente de una desdemocratización del Estado colombiano, y ello demanda el uso de herramientas que la misma democracia nos provee: la participación política, pero una que afecte las formas en que se produce el conocimiento. La interrupción de la producción de “verdad” en el fascismo consiste en anidar condiciones “estables” de afectos, hacer que la gente se “sienta bien” con lo que le dicen. Es necesario, entonces, des-simplificar el modo binario como el fascismo presenta la información en los medios digitales, como si todo se redujese a esquemas de malos/buenos, indiamenta/gente de bien, en fin. Un error común que se puede percibir cuando se hace frente al fascismo es “jugar” con sus mismas reglas. No basta con tener una “opinión diferente y respetable”, porque lo que a él le conviene es crear sujetos de opiniones afectivas y emocionalmente inestables. No por nada el slogan habla de “firmeza”. Producir incomodidad para resistir, sería una posible propuesta. Aunque el mismo fascismo genere ya incomodidad.

Referencias

Biglieri, P. & Cadahia, L. (2021). Siete ensayos sobre el populismo. Hacia una perspectiva teórica renovada. Herder Editorial.

Buela, A. (14 de agosto, 2013). El fascismo criollo. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/active/66488?language=es

De la Espriella, A. (27 de julio de 2025). Entrevista con La FM [Entrevista en radio]. RCN Radio. https://www.lafm.com.co/politica/petro-solicita-que-se-investigue-a-de-la-espriella-y-a-polo-polo-por-senalamientos-contra

El Colombiano. (19 de agosto de 2025). Entrevista con Abelardo de la Espriella [Entrevista]. Bogotá, Colombia: El Colombiano. https://www.elcolombiano.com

EL PAÍS. (12 de junio de 2026). Abelardo de la Espriella matiza sus propuestas ‘milagro’. https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-13/abelardo-de-la-espriella-matiza-sus-propuestas-milagro

La Silla Vacía. (9 de junio de 2026). Abelardo y Restrepo dan pistas de su promesa de reducción del Estado. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/abelardo-y-restrepo-dan-pistas-de-su-promesa-de-reduccion-del-estado

Pachón, D. (1 de junio de 2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Blogs El Espectador. https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/ 

Quintana, L. (2020). Política de los cuerpos: Emancipaciones desde y más allá de Jacques Rancière. Herder Editorial.

Rancière, J. (2019). Disenso. Ensayos sobre estética y política. Fondo de Cultura Económica. México.

Seguró, M. (2021). Vulnerabilidad. Herder.

Valora Analitik. (29 de mayo de 2026). Así es el plan económico y fiscal de Abelardo de la Espriella. https://www.valoraanalitik.com/asi-es-el-plan-economico-y-fiscal-de-abelardo-de-la-espriella-revivira-la-industria-petrolera-y-r

[1] Al respecto, véase: El Colombiano (2025)

[2] Creo que un hecho que ejemplifica esta idea y nos permite comprenderla aún mejor es lo que ocurre en el departamento del Caquetá, sobre todo en el sector rural y la industria ganadera. La sensación de cansancio e impotencia generada por los continuos condicionamientos y “controles” por parte de grupos insurgentes en la producción ganadera, ha herido la percepción sobre la seguridad y la presencia del Estado en esos territorios. El hecho que en la primera vuelta presidencial se haya registrado una votación considerable a favor del candidato A. De la Espriella debe leerse como una señal de agotamiento ante el sometimiento de estas prácticas. Como vemos, se trata de “una” herida singular lo suficientemente profunda, dolorosa e imperecedera que llevó a los sufragantes de este departamento tomar ese hecho particular como la razón máxima de motivación a su elección. 

[3] Entiendo por discurso patriotista como el conjunto simbólico que define quién hace parte de la identidad filial que se cobija bajo la noción de “patria”, teniendo en cuenta su raíz latina pater-patris que significa padre.