Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Las cifras

Con el preconteo del 99,14% de las mesas, el Senado quedó configurado de la siguiente manera: 

Pacto Histórico: 4.402.601

Centro Democrático: 3.020.459

Partido Liberal: 2.268.658

Alianza por Colombia: 1.899.096

Partido Conservador: 1.859.493

La U: 1.560.593

CR-Alma: 1.244.811

Ahora Colombia: 896.527

Salvación Nacional: 698.074

Las consultas interpartidistas dejaron huella. La Gran Consulta por Colombia movilizó 5.842.145 votantes. Paloma Valencia obtuvo 3.225.482, el 55,2% del total. La Consulta de las Soluciones reunió apenas 617.998 personas. Claudia López ganó con 574.025, el 92,9% de un universo pequeño. La consulta del Frente por la Vida congregó 482.465 votantes: Roy Barreras se impuso con 255.912 —el 53,1% de un universo todavía más reducido que el de López—. La Consulta del Pacto Histórico, celebrada en noviembre de 2025, convocó 2.715.212 votantes: Iván Cepeda se impuso con 1.522.347.

La derecha: disciplina de voto, no terremoto

La primera conclusión es que la Gran Consulta no implica una movilización extraordinaria del uribismo, sino una concentración del voto existente. Los 3.225.482 votos de Valencia superan en cerca de 200 mil a los 3.020.459 que obtuvo el Centro Democrático en el Senado. No hubo crecimiento orgánico masivo: hubo disciplina.

Eso no es un elogio menor. En 2022, Federico Gutiérrez ganó su consulta con 2.161.686 votos y luego obtuvo 5.058.010 en primera vuelta. Un factor de crecimiento de 2,34 veces. Ese coeficiente, sin embargo, no es una constante: depende de una campaña sin fracturas internas, de un clima político que movilice en lugar de desanimar y, sobre todo, de que no exista un candidato disputándole el mismo electorado.

Si Valencia replica ese patrón, sobre su base de consulta, el resultado teórico superaría los 7,5 millones. Ese número es probablemente alto para la realidad del 2026: la derecha es más grande que la de 2022, pero está más fragmentada gracias a la disputa con Abelardo De la Espriella.

Un rango honesto para Valencia, en primera vuelta, estará entre 4,8 y 5,5 millones. Su piso lo establecerán los partidos que gravitarán en torno a ella: los 2,98 millones del Centro Democrático, más una parte de los 1,86 millones del Conservador y los 1,24 millones de CR-Alma. Su techo lo fija De la Espriella.

La izquierda: de la mística a la maquinaria

El Pacto Histórico pasó de 2.692.999 votos en el Senado (2022) a 4.402.601. El crecimiento es palpable. Sin embargo, hay un número que lo opaca: en 2022, la consulta de Petro reunió 4.495.831 votos; en 2025, la de Cepeda reunió 1.522.347. Una caída del 66% en participación de consulta es una señal más elocuente del ciclo electoral.

¿Cuánto puede crecer Cepeda en primera vuelta?

En 2022, Petro multiplicó por 1,9 el voto de su consulta (4,49 millones → 8,52 millones). Aplicar ese mismo factor a la consulta de Cepeda daría apenas 2,9 millones, un resultado desmentido ayer en las elecciones legislativas: el Pacto obtuvo 4,4 millones, tres veces más que esa proyección.

La razón es simple: la consulta del Pacto de 2025, celebrada cinco meses antes con reglas de participación más restrictivas: fue un termómetro de militancia activa, no de electorado real. Por esa razón, el piso más honesto para proyectar a Cepeda no es su consulta sino los votos al Senado del Pacto.

Aplicando el factor 1,9 sobre los 4,40 millones, se obtiene un resultado teórico para Cepeda de 8,36 millones, que se ajusta hacia abajo —entre 7,5 y 8,2 millones— para incorporar el desgaste de pertenecer al partido del gobierno. Como cualquier factor histórico, 1,9 es una referencia, no una garantía. El 2022 tuvo características que no se repitieron en el 2026.

Al anterior análisis se agrega que las encuestas de intención de voto lo confirman como favorito: la Gran Encuesta de febrero le asignaba el 34%, e Invamer lo ubica en el rango del 31–37%. Pero una cosa es ser favorito en encuesta y otra convertir esa intención en votos.

El centro: la tragedia en números

En 2022, la consulta de la Coalición Centro Esperanza reunió 2.159.465 votantes. En 2026, la Consulta de las Soluciones apenas alcanzó 617.998. El centro atrajo menos de una tercera parte de lo que movilizó hace cuatro años. Ese colapso de participación no es un accidente: es el síntoma de un electorado que ha optado masivamente por la polarización, dejando al centro sin el oxígeno para ser fuerza de gobierno.

El triunfo de Claudia López es contundente en términos internos, pero irrelevante en términos de volumen electoral. La Alianza por Colombia obtuvo 1.899.096 de votos en el Senado, pero ese universo no le pertenece íntegramente: es una coalición con sectores que no migrarán a su candidatura presidencial.

Sergio Fajardo suma al problema: sin consulta y sin estructura partidaria, depende de su capital y de la fatiga con la polarización, el mismo recurso del que depende López. Dos candidatos y un mismo electorado. López puede llegar a recibir entre 0,8 y 1,2 millones; Fajardo, entre 0,7 y 1,0 millones. La suma de los dos suman no supera los 2,2 millones.

Roy Barreras completa el cuadro con una variable adicional de fragilidad. Su consulta obtuvo 482.465 votos —menos que la de López—, y los 255.912 que lo eligieron apenas superaron a un Quintero sin partido ni recursos. Los 900 mil votos de Ahora Colombia en el Senado, son votos de partido, no de adhesión personal. Barreras, además, compite en el mismo segmento progresista que Cepeda, un terreno donde llegó tarde y cojeando. Los tres —López, Fajardo, Barreras— serán agentes decisivos en la segunda vuelta, pero espectadores de la primera.

De la Espriella: la variable que los datos estructurales no pueden resolver

Aquí el análisis responsable exige honestidad metodológica. Si uno proyecta desde la votación de Salvación Nacional en el Senado —cerca de 700 mil votos—, De la Espriella llega a la primera vuelta como un candidato menor —entre 1,2 y 1,8 millones—. Esa lectura tiene coherencia interna: los partidos cuentan, pero las estructuras y las maquinarias consiguen votos.

Pero hay un problema: Rodolfo Hernández en 2022.​

Hernández tenía un partido casi inexistente, sin estructura nacional. Era un candidato de voto de opinión. Aun así, obtuvo 5.953.209 votos en primera vuelta, el 28,15% del total. El voto antisistema en Colombia existe como fenómeno estructural —no solo como accidente— y busca un vehículo en cada ciclo electoral. En 2026, las encuestas le asignaban a De la Espriella entre el 18 y el 28% de intención de voto. AtlasIntel lo ubicó liderando en enero con el 28%, por encima de Cepeda.

Es probable que las elecciones legislativas no hayan destruido a De la Espriella, pero sí lo redimensionaron. Valencia ganó la Gran Consulta con más de 3 millones de votos, arrebatándole el argumento de ser “el único capaz de derrotar a la izquierda”.

El rango honesto para De la Espriella está entre 2,5 y 4,0 millones: demasiado alto para ignorarlo, demasiado incierto para precisarlo. Es la variable que más puede alterar la narrativa de la primera vuelta si logra transformar las encuestas en votos.

Segunda vuelta: el mismo forcejeo del Plebiscito del 2016  

El escenario más probable es de Cepeda vs. Valencia, pero la amplitud del rango de Abelardo obliga a tener sobre la mesa también el enfrentamiento Cepeda vs. De la Espriella. La encuesta de Invamer de diciembre de 2025 modeló ese escenario, dándole ventaja a De la Espriella de 9,3 puntos. ¿Esa ventaja persiste después de la consolidación de Valencia como candidata de derecha?

En este escenario el Partido Liberal merece más que una nota al pie página. Sus 2,27 millones de votos serán valiosos en la segunda vuelta. También serán los más esquivos. La fractura entre la facción de Gaviria y el sector a favor del gobierno, impide que ese caudal se vaya en bloque para un candidato. Se moverá por fragmentos regionales, con lógicas de negociación local que ninguna encuesta nacional puede capturar.

La analogía del plebiscito no es retórica: es estructural. En octubre de 2016, el país votó en bloque por dos orillas sin que una tercera fuerza tuviera masa electoral para ofrecer una alternativa real. La diferencia entre el Sí y el No fue de 53.894 votos sobre más de doce millones de sufragios válidos.

En 2026, el mapa recuerda ese esquema: dos candidatos con una base fija y consolidada, y un bloque centrista —López, Fajardo, Barreras— sin ninguna posibilidad. Quien seduzca al Centro, se irá a la Casa de Nariño. Valencia y Cepeda se disputarán los votos anti-polarización, que será el más codiciado y el menos predecible. Al presidente lo elegirán los votantes, pero a los candidatos inclinan sus cabezas ante las maquinarias. Al menos eso susurran las cifras.

El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.

Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.

“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.

Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.

La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Los grupos armados se disputan el departamento de Arauca

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).

El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.

A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.

“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).

Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.

Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.

Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).

Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.

“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

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La impunidad y la falta de investigación en Arauca

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).

La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.

Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una Justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.

Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Imagen principal: entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026 ya fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento de Arauca. Foto: cortesía Colombia Informa.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Estados Unidos es el país de la libertad y de la democracia”. Este es el estribillo que desde el siglo XVIII se ha repetido sin cesar en Occidente. Se educa a la gente con ese imaginario, con esa representación de la grandeza de un país, de una sociedad. Los libros de historia, de ciencia política y hasta los de filosofía han repetido ese mensaje de manera acrítica. Pero hay otra historia de los Estados Unidos, una historia lo bastante visible que desmiente ese mensaje, esa cantinilla. Es cierto que Estados Unidos surgió a partir de las colonias, con sus formas democráticas asamblearias, de participación política horizontal; es cierto que fue un orden social y político construido por inmigrantes europeos que instituyeron “desde abajo” una sociedad próspera; también es cierto que ha sido un país que logró ya desde el siglo XIX un notable desarrollo tecnológico e industrial, entre otras hazañas, tal como lo mostró (bastante acríticamente, por demás) Hannah Arendt (2017) en su libro On revolution de 1963, sin embargo, es imposible ocultar la otra historia (bastante negra) de los Estados Unidos.

En la lectura apologética que se repite sin cesar, se suele ocultar:

“la dominación, represión y hasta el exterminio de la población indígena, de los esclavos afro, de los blancos pobres y principalmente de los migrantes que por grandes oleadas fueron llegando a territorio norteamericano […], la opresión inmisericorde contra la izquierda, los movimientos obreros […] Estados Unidos ha eliminado en el pueblo toda oposición crítica con una metodología cruel y sumamente eficaz”. (Dussel, 2022, p. 29).

A lo anterior hay que agregar su racismo estructural (segregar a los negros de los blancos) y el intervencionismo militar e imperial en todo el mundo. Pues bien, ya en su coletazo final o en su canto de cisne para no perder la hegemonía en el actual contexto global, los americanos desembocan abiertamente en el fascismo. En la actualidad, Estados Unidos es ya una dictadura andante y galopante, y esto es algo inocultable. Los eslóganes de Donald Trump de “America First” (“América primero”) y  “Make America Great Again” (“Hacer grande a América de nuevo”), MAGA en sus siglas, no solo son lemas de una potencia en decadencia, asustada, sino que son frases que expresan los viejos propósitos del “Destino manifiesto”, de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, o de los delirios del “panamericanismo” de finales del siglo XIX, todos ellos encaminados a justificar providencialmente (como si Estados Unidos fuera un pueblo guiado por Dios mismo) el expansionismo, el anexionismo, el saqueo y el intervencionismo en América Latina y el mundo.

Hoy, desde luego, el contexto de ese expansionismo es diferente al pasado porque la hegemonía china, la presencia de Rusia, el auge de otros países en los BRICS+, etc., amenazan la hegemonía americana en el mundo. Y a esto hay que adicionar los conflictos sociales internos: el desempleo, la pobreza, las drogas, la inflación, el pésimo sistema de salud, la impresionante deuda pública que supera el PIB en 122%, etc., que han activado los “afectos inmunitarios” (Quintana, 2021) contra un “Otro” al cual culpabilizan de todos los males de la sociedad. Aquí solo se activa una vieja táctica de la política: para ocultar los males y sus verdaderas causas hay que inventar un culpable, un chivo expiatorio, un enemigo interno y externo. Este papel de culpable lo asumen los socialistas, los comunistas, los ambientalistas, los zurdos, la ideología woke, las feministas, los pobres, los inmigrantes.

“America First” implica, por derivación lógica, acudir a una jerga de la autenticidad, a la idea de la existencia de un pueblo puro, virginal, grande, heroico, magnificente, virtuoso, que ha sido degradado y corrompido por la presencia y la intrusión de Otro, el cual es asimilado a un virus que hay que eliminar y del cual hay que protegerse. Es una “operación paranoica” fundamentada en una lógica identitaria. Para decirlo con Jorge Alemán en su libro Ultraderechas:

“las nuevas derechas, con argumentos neonazis que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra construida en una férrea lógica identitaria, la que siempre habla a los verdaderos nacionales invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero”. (Alemán, 2025, p. 79).

Así, en la actual dictadura americana se juntan los dos motivos: 1º) el problema externo enmarcado en la perdida de hegemonía en el mundo, donde China es el gran Otro, lo cual es visto como un asedio peligroso para la nación americana, y 2º) la conflictividad interna con todos sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Ambos confluyen para activar una política nacionalista, xenofóbica, racista, supremacista y sionista. Esto lleva a los americanos a una ofensiva hemisférica y, probablemente, global, que es, en realidad, un disimulado movimiento defensivo que expresa debilidad, miedo y temor a dejar de ser lo que antes se era. Es el pavor a la pérdida de la grandeza que solo expresa inseguridad existencial como nación.   

Donald Trump es, en realidad, quien pilotea la decadencia americana, es quien en su segundo mandato se puso decididamente al frente del timón de un barco que naufraga, pero al que para sacarlo avante y evitar que se hunda solo le queda el poderío militar americano, el mismo que han alimentado por décadas con altos porcentajes (del 3.4%) del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, a la potencia en crisis solo le queda la fuerza bruta…es la defensa peligrosa de la bestia moribunda. Es la política del matoneo, del chantaje, de la amenaza, en las relaciones internacionales; y, como vimos en el caso de Venezuela, de la acción directa y el ataque ilegal, donde se ha mandado al traste el derecho internacional y las estructuras políticas creadas después de 1945 para mantener el orden mundial. Es la muerte del multilateralismo para resolver problemas entre Estados y es el regreso del hobbesiano “estado de naturaleza”, pero esta vez entre los Estados mismos, donde sobrevivirá el más fuerte y más poderoso. Es darwinismo social aplicado en las relaciones interestatales y el regreso a la barbarie.

La dictadura americana 

En Sobre la violencia Hannah Arendt, citando a Henry Steel, nos dice que: “si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas” (Arendt, 2015, p. 115). Exactamente esto es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos: ha ido desmantelando poco a poco los frenos constitucionales y ha erosionado las instituciones americanas, con la diferencia que esto no lo hace primero, sino simultáneamente con la destrucción del orden jurídico global.

Dado a que tiene mayorías en el congreso, allí le aprueban todas sus decisiones, medidas y políticas, entre ellas, intervenir en Venezuela sin el permiso del mismo congreso. Así logra imponer su voluntad al partido demócrata. Esto nos indica que ni siquiera en una democracia con contrapesos, la sociedad está a salvo del autoritarismo. Trump ha ido presionando el sistema judicial (Jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia), está desbaratando el federalismo mismo, busca influir en la Reserva federal, matonea, censura, amenaza y ataca jurídicamente a la prensa, así como a un conjunto de instituciones claves para la democracia de un país, entre ellas, las universidades y las instituciones culturales.

En Este último caso, Trump ha emprendido una batalla ideológica represiva contra la diversidad, el pensamiento crítico, las teorías críticas del racismo, la llamada ideología woke, el movimiento LGBTIQ+, los ambientalistas. Sabe que la uniformización y la homogenización de las creencias, de las representaciones del mundo, del pensamiento, de la cultura, cumplen una función primordial, pues cierran el campo de lo posible y las alternativas al sistema. En esta tarea el uso del lenguaje ha sido clave: este es convertido en un lenguaje simple, macartizador, estigmatizador, donde el Otro es acusado de antisemita, enemigo de la nación, izquierdista, agitador, etc. Es un lenguaje que crea la realidad y que va preparando el camino para la acción. Así convierte las palabras, las declaraciones, los eslóganes, en hechos. Es una especie de performatividad planeada que anuncia la realidad deseada para que luego sea aceptada sin oposición por la ciudadanía. Es la creación de un régimen consentimental o de  un consenso inmunitario que allana toda disidencia y desacuerdo.  

Recordemos que Trump emitió un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de guerra, llama al Golfo de México “Golfo de América”, entre otras acciones en las cuales el trabajo sobre el lenguaje, el cambio de los nombres, los deslices semánticos, etc., no es inofensivo, sino donde claramente intenta transformar el sentido común del americano para normalizar la sociedad autoritaria que desea, una sociedad delirantemente pura, virginal, pulcra, sin virus y contaminaciones. Estas acciones sobre el lenguaje recuerdan la neolengua de la que habló George Orwell en su libro 1984, donde decía:

“el propósito de la nuevalengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y de los hábitos mentales […], sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar […] La nuevalengua estaba pensada no para extender, sino para disminuir el alcance del pensamiento”. (2013, p. 315-316).   

Es decir, con estas operaciones sobre el lenguaje y la cultura, se busca un ciudadano promedio domesticado, acrítico, borrego, incapaz de pensar, y, por lo mismo, y para recordar de nuevo a Arendt, capaz de cometer el mal. Esto ya se nota en el incremento de los ataques racistas, aporofóbicos, homofóbicos y xenofóbicos en Estados Unidos. Cuando desde el poder se atiza el odio y se moviliza la agresión contra el Otro, las sociedades se vuelven más peligrosas y belicosas: se justifica la violencia y la eliminación física del chivo expiatorio, se alienta el maltrato, el dominio y la represión contra el Otro que supuestamente daña la nación. Esto es lo que ocurre ya a diario en Estados Unidos.

El siete de enero de 2026 un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) asesinó a disparos en la cara a una ciudadana americana, madre de tres hijos. Su nombre era Renee Nicole Good. Un video muestra claramente cómo ocurrió el hecho en Mineápolis. Sin embargo, el gobierno Trump, incluido él y el Vicepresidente, tildaron de agitadora y de terrorista a la ciudadana. La culparon llamándola una “víctima de la ideología de izquierda” a la vez que defendían la “inmunidad absoluta” del agente asesino. Es decir, le mintieron en la cara al país, a sus ciudadanos; los infantilizaron despreciando su buen juicio. Cuando esto ocurre en un país, es el acabose porque implica que la verdad no importa, que la única verdad es la del poder y la del relato oficial, en estos casos, la mentira puede convertirse en verdad o es la noción de verdad misma la que desaparece. Así, todo queda justificado con un precio muy alto para la ciudadanía, las víctimas y la legitimidad de las instituciones mismas. Esto es lo que ocurre cuando “la mentira moderna- y esta es la característica que la distingue- se produce en serie y se dirige a la masa”(Koyré, 2015, p. 38).

Hechos como el descripto está llevando a Estados Unidos al borde de una guerra interna, una guerra civil, pues frente a la mentira el ciudadano responde con la protesta, tal como efectivamente ocurrió en distintas ciudades americanas. De hecho, en ciudades como Mineápolis en el Estado de Minnesota, la gente se está organizando y atacando al ICE, su autoridades civiles han criticado la militarización y el autoritarismo desplegado en sus jurisdicciones y han entrado en colisión con el gobierno Trump que ahora amenaza con una ley de insurrección, un “estado de excepción” gravísimo, pues implica, como toda excepcionalidad, más poder para el gobierno y menos garantías constitucionales y menos derechos para los ciudadanos, estos quedarían a merced del ICE o las fuerzas represivas del Estado, una especie de Gestapo, encapuchados, sin identificación que desde hace un tiempo allanan tiendas, supermercados, lugares de trabajo, espacios públicos (calles), escuelas, etc., golpeando, maltratando, arrastrando, etc., a migrantes y hasta a sus propios ciudadanos. Nadie está a salvo. Ese grupo parece una organización paramilitar sin control que nos recuerda, de nuevo, a Orwell cuando decía en su magnífico libro:

“Si quieres hacerte una imagen del futuro, imagina una bota aplastando una cara humana…eternamente. […] El hereje, el enemigo de la sociedad, seguirá ahí para que podamos derrotarle y humillarle una y otra vez. […] el espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones proseguirán eternamente […] He ahí el mundo que preparamos”. (2013, p. 283).  

Esto es lo que parece incubarse al interior de Estados Unidos, un país donde el miedo, el odio, la rabia, la zozobra, la inseguridad y la intranquilidad son ya habituales y afectan el día a día de las personas. Es la pesadumbre y la epidermización del miedo los que se incrustan en la vida cotidiana de mujeres, hombres y hasta niños. En Estados Unidos llaman, hoy, libertad al terror, y seguridad al estado de miedo permanente; en ese país se está desmantelando a pasos agigantados el Estado de Derecho y la democracia liberal, una democracia cacareada pero inexistente. Trump parece el Gran Hermano o, mejor, es el egócrata, el alfil de los multimillonarios corporativos, dispuesto a arrasar con la sociedad y el mundo entero en sus delirios supremacistas y nacionalistas. Es el costo, pero, a la vez, la consecuencia y el efecto natural de la ideología MAGA y de “America First”.  

Digamos, para resumir, que la vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores, entre otros síntomas, muestran que el fascismo americano es una realidad y ponen en tela de juicio, una vez más, el candoroso relato según el cual Estados Unidos es la cuna de la libertad y la democracia.    

En todo lo anterior no se puede excluir el papel y la responsabilidad de parte de la prensa corporativa, la cual determina lo que vale la pena mostrar y lo que es conveniente esconder, a la vez que actúan como instrumentos de legitimación del poder fascista y de las neoderechas globalizadas. En estas estrategias fatales “la prensa es hoy un ejército con especialidades cuidadosamente organizadas; los periodistas son los oficiales y los lectores son los soldados” (Adorno, 1984, p. 32). La prensa se convierte, así, en la punta de lanza de la acción fascistoide, la preparara, la normaliza entre las audiencias.

La derecha fascista en ascenso

En la actualidad se habla en la academia de neofascismos, posfacismos, nuevas derechas, ultraderechas, derechas fascistas, etc. En verdad, no importa tanto el nombre o la denominación sino las ideas que defienden, las ideas que encarnan y promueven como visión de sociedad y como destino del mundo. En esas ideas están dibujadas y representadas formas de valorar, creencias, deseos, defensa de privilegios, visiones de futuro desigualitarias e intereses geopolíticos.

 No es raro, por ejemplo, que frente a la guerra en Ucrania o el enorme desarrollo económico de China, la derecha mundial y sus conglomerados mediáticos se abalancen en gavilla a atacar a Rusia o a China. Y lo hacen porque esto países representan un peligro para su hegemonía y sus intereses. O, en otros casos, la ideología anticomunista contra China, o la animadversión histórica por el poder de Rusia (y de su líder actual Vladimir Putin), maquillan los verdaderos intereses de las potencias occidentales: no se trataba tanto de defender a Ucrania, como decían, sino de debilitar o quebrar a Rusia (lo cual no pudieron hacer) y de paso, como en el caso de Estados Unidos, vender petróleo y armas a Europa y apoderarse de sus tierras raras. Esto les permitió a los gringos someter a Europa y doblegarla bajo sus propios intereses. Hoy Europa carece de poder geopolítico frente a Oriente y frente a su mayor aliado occidental, hoy es un continente sometido a las órdenes de Trump. Es la decadencia de Europa. Como vaticinaba Hegel en sus Lecciones sobre filosofía de la historia universal, el poder, el espíritu (Der Geist) se desplazó desde Europa hacia América del Norte: “América es el país del porvenir” (1974, p. 177), decía el filósofo alemán en la primera mitad del siglo XIX.

En el caso de Gaza, para Estados Unidos se trataba de favorecer el poder de Israel en Oriente medio. Israel es, como se sabe, el principal aliado de los americanos en la región; se trataba, también, de pagar favores a los judíos multimillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump a la presidencia. En este caso, Estados Unidos actuó como siempre lo ha hecho en el mundo:  con cínico pragmatismo. Esto implica atacar a sus enemigos, defender a sus aliados, saquear recursos naturales y asegurar su hegemonía geopolítica. Es la misma lógica del ataque a Venezuela, donde el petróleo -y no la flagrante democracia y libertad- fue su principal motivo. Este ataque, que según la misma ONU viola el derecho internacional, ha sido justificado por las nuevas derechas. Igualmente ha sido ampliamente difundido por la prensa, la cual nunca habla de, por ejemplo, que las brutales sanciones económicas a Venezuela también son responsables de la migración venezolana en América Latina. Se pasa por alto algo tan simple como el hecho de que las sanciones económicas impuestas o los bloqueos para presionar a un gobierno terminan afectando en mayor grado, y en la vida cotidiana, a la población de ese país y no tanto a los gobiernos o cúpulas en el poder.

En su accionar estratégico y geopolítico, como ya advertíamos, Estados Unidos da un tiro de gracia al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos humanos, el multilateralismo, la doctrina política de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Su política exterior injerencista es un darwinismo político, voraz y depredador. En estas actuaciones ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el Caribe al asesinar tripulantes de lanchas. Sin captura, sin debido proceso, sin derecho a la defensa y posibilidad de refutar las pruebas (estas nunca se han mostrado) los americanos asesinan en aguas internacionales. También los gringos son cómplices del genocidio en Gaza pues han sido los principales defensores de Netanyahu y su expansionismo en Oriente. Gaza parece encarnar el destino de los previamente declarados superfluos, prescindibles, por el fanatismo sionista y por el poder. Nada volverá a ser igual después de Gaza pues ejemplifica la debacle moral de Occidente:

“solo una humanidad a la que la muerte le ha llegado a resultar tan indiferente como sus miembros, una humanidad que ha muerto, puede sentenciar a muerte por vía administrativa a incontables seres” (Adorno, 2017, p. 242).

 Lo preocupante es que todas estas acciones, estas formas de ver el mundo, son apoyados por las derechas globales afines a Occidente. Desde Vox en España, Javier Milei en Argentina, Bukele en Salvador, Kast en Chile, la derecha colombiana, parte de la derecha europea, justifican los ataques de Israel a Gaza, su necrofordismo o producción serializada de cadáveres de mujeres, niños y hombres; justifican el sionismo, o aplauden la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. No se trata de defender a Maduro. Se trata de defender la soberanía de cualquier país, de rechazar el imperialismo, de defender la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional así este funcione deficientemente.  Se trata de abogar por la dignidad y la vida de la gente inocente victima de una historia sacrificial dirigida por los poderosos del mundo.

Las derechas actuales son globales, se articulan en la defensa de sus intereses interviniendo en las elecciones de otros países, promueven una visión de mundo que defiende sus privilegios, sus propiedades, el capitalismo y su neoliberalismo. Es una derecha hipócrita que despotrica del Estado de bienestar, pero acude al Estado para que la salve de la crisis o les proteja sus negocios. Les gusta el Estado para depredarlo, para vampirizar la riqueza socialmente producida, para saquear el producto de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esa derecha global unida, desde Argentina, pasando por Colombia, Europa y Estados Unidos, es un peligro para la humanidad porque apoyan la locura imperialista y fascistoide de Trump. Son derechas que ponen en peligro la vida y la existencia del mundo. Se oponen a subsidios, a inversión pública, a salarios y seguridad social dignas; desfinancian la educación y atacan la educación pública, no pagan o pagan pocos impuestos, son aporofóbicas, racistas, clasistas, belicistas, excluyentes. Desean un mundo solo para ellos, eso sí, que les permita explotar a otros para incrementar y reproducir su riqueza.

Esa derecha usa los mismos mecanismos de estigmatización que el trumpismo. Es preocupante como Milei habla de los “Zurdos de mierda”; o, en Colombia, como un candidato de esa topología ideológica habla de “destripar” a la izquierda o al progresismo. Hacen esas aseveraciones en nombre de la libertad y de la patria. Al respecto cabe decir: “Los hombres han manipulado de tal forma el concepto de libertad, que acaba en el derecho del más fuerte y más rico a quitarle al más débil y más pobre lo poco que aún tiene” (Adorno, 2017, p. 263). Desde luego, también lo hacen en nombre de sus privilegios oligárquicos y del santo mercado que les permite mantenerlos y perpetuarlos.

La idea que transmiten es que quienes defienden ideas igualitarias, a favor de los menos favorecidos, denunciando el cambio climático, críticos del mercado, que se oponen al militarismo y al sionismo global (apoyado en América Latina por Milei) deben ser exterminados como pulgas o insectos. Así se abonó el exterminio de los judíos en Alemania, y así se prepara en el discurso el exterminio de la izquierda o de cualquier ideología que no se alinee con su cosmovisión. Esto es ya fascismo puro y duro. En el mundo de las neoderechas no hay pluralismo de ideas, libertad de pensamiento y diferencias. Solo un mundo plano, llano, sin fisuras, un régimen ad unum que con su razón instrumental les permite gestionar a su favor la renta y las riquezas globales. Así se manifiesta, también, su deseo desesperado por mantener un capitalismo caníbal puesto a su servicio.  

 Básicamente, defender la vida, la dignidad, la igualdad, la diversidad, el planeta y la naturaleza, es incompatible con las derechas actuales. Las derechas globales son necrófilas: Desean la muerte de su Gran Otro inventado. De hecho, no parece haber puntos medios: ya ni siquiera hay espacios para la socialdemocracia o el Estado social de derecho. En su ceguera conveniente, pues olvidan que todo es relacional, interdependiente, codependiente, niegan la crisis climática y los problemas del mundo. Seguramente suponen que cuando estos se vuelvan extremos, y se nos echen encima, ellos podrán contenerlos con más fascismo y represión, pero sin que se altere su “modo de vida imperial” (Saito, 2022, p. 22), el cual se podrá seguir sosteniendo con las riquezas del Sur global, con los réditos del trabajo de los explotados laboral y económicamente; con la depredación vampírica de las potencialidades de las corporalidades vivientes de quienes desprecian.   

En este contexto juega actualmente América Latina. Este continente, como África, ha sido explotado y subdesarrollado por Europa y Estados Unidos, por el Norte. Ya decía Eduardo Galeano:

“Todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases [ricos, pobres, clases medias] de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo” (2021, p. 18). 

Y en esta realidad históricamente comprobable para Nuestra América, las clases dominantes, las oligarquías (dominantes hacia adentro, arrodilladas frente a los países del Norte), tienen una gran responsabilidad, pues han permitido y promovido el saqueo de las riquezas de nuestros países. Esa es la maldición de nuestros pueblos sin conciencia, sin un proyecto histórico nacional o continental como deseaban Simón Bolívar, José Martí, Manuel Ugarte, entre otros.

Por eso, hoy hay que acudir a la imaginación política, al rescate de la utopía, la defensa de la esperanza, la articulación desde debajo de los movimientos altermundistas, la construcción de una democracia radical, etc., con la defensa de la vida, la dignidad, el bienestar y la supervivencia de las generaciones futuras como principios rectores para hacerle frente al fascismo y las neoderechas que lo encarnan. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales en Colombia no pueden ser la excepción, pues oponerse a la derecha radical y oligárquica deja de ser fanatismo partidista y se convierte, más bien, en un imperativo ético en defensa de la vida biológica humana y no humana. Es cuestión de principios.

Nota: En este artículo no uso el concepto “dictadura” en la acepción romana, sino en la moderna. Equivale plenamente a Fascismo.

Referencias

Adorno, Theodor. (1984). Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe.

Adorno, Theodor. (2017). Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Akal.

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. Madrid: NED ediciones.

Arendt, Hannah. (2015). “Sobre la violencia”. En Crisis de la república (pp. 81-152), Madrid: Trotta.

Arendt, Hannah. (2017). Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.

Arendt, Hannah. (2020). Verdad y mentira en la política. Barcelona: Página Indómita.

Dussel, Enrique. (2022). Política de la liberación. Crítica creadora. Volumen III. Madrid: Trotta.

Galeano, Eduardo. (2021). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI Editores.

Hegel, G. W. F. (1974). Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Revista de occidente.

Koyré, Alexander. (2015). La función política de la mentira moderna. Pasos perdidos.

Orwell, George. (2013). 1984. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.

Saito, Kohei. (2022). El capital en la era del Antropoceno. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nada más urgente y vital para Colombia en este 2026 que comprometernos todos, como ciudadanía, con forjar una paz democrática, una paz querida, promovida y cuidada por todos. Una paz que sea mucho más que un armisticio, una tregua, un sometimiento a la justicia o incluso un solemne Acuerdo, como en 2016, entre actores armados y el Estado. Eso es lo que parcialmente hasta ahora hemos conocido, sin que se haya garantizado a todos los colombianos, especialmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos sus vidas y el ejercicio libre y no violento de la política, es decir, la democracia. Y esa paz se llama paz política, paz democrática porque nace de la deliberación, la participación y el consentimiento ciudadano, no solo del apaciguamiento transitorio o la desmovilización permanente de los actores armados. Es una paz fraguada en la deliberación, no en la manipulación de líderes políticos en trance electoral o ávidos de protagonismo histórico y vanidad personal, como hasta ahora los hemos conocido.

La Paz Democrática no se negocia

Es una paz como resultado de valores concertados, no tan solo de intereses negociados. Es decir, es una paz sustentada en el respeto, la promoción y garantía de los derechos humanos como expresión de la igual dignidad de todos, en lugar de esa otra paz negociada que defiende privilegios de cuna, el color de piel, intereses minoritarios, sean ellos empresariales, corporativos o sindicales, hegemonías regionales y hasta clientelas y empresas políticas, autodenominadas partidos, con líderes mesiánicos que se proclaman salvadores de la Patria. Esta última no es la paz política, mucho menos la democrática, sino la paz de los políticos y los mercaderes en beneficio de sus clientelas y promotores legales e ilegales. Por eso ahora en campaña muchos de ellos casi no hablan de paz y mucho de seguridad, hasta con tigre incluido, porque están convencidos que la paz se agota en la defensa a ultranza del statu quo, la confianza inversionista, las rentas seguras y más ganancias para los mismos de siempre. Suena igual a la fábula conocida de los tres huevitos, solo que ahora pondrán énfasis, con absoluto cinismo, en la cohesión social y la fraternidad entre empresarios y trabajadores (!pero sin reajustes exagerados al salario mínimo!), la reconciliación y el abrazo entre todos los colombianos, porque unidos los “ciudadanos de bien” se impondrán sobre los del mal, como lo han hecho desde que gobiernan virtuosamente, sin asomo de corrupción y respetando totalmente los derechos humanos.

Sentido de la Paz Democrática

Por el contrario, la paz democrática recobra y defiende el sentido de lo público, del Estado Social de derecho, de la legalidad y de los intereses generales, en lugar de la apropiación y depredación partidista del presupuesto público mediante el clientelismo, las prebendas y la contratación corrupta con empresarios y organizaciones criminales. Como esto último es lo que ha predominado en nuestra política y el régimen –así lo llamó tardíamente y en forma oportunista Álvaro Gómez Hurtado– desde tiempos inmemoriales hasta el presente, la paz democrática es casi totalmente desconocida. Por eso hay que dotarla de sentido. No es redundante ni un pleonasmo, todo lo contrario, pues solo mediante el ejercicio responsable de la ciudadanía ella existe. Lo que nos sucede es que tenemos más millones de electores cautivos en redes clientelistas y prebendarías que ciudadanos libres y responsables. Con semejante déficit de ciudadanía es muy difícil forjar y menos consolidar una paz democrática. Pero como dice el refrán popular “querer es poder”.

La democracia es más que elecciones

Para empezar, no hay que confundir la democracia con las elecciones. Si ellas no son libres y se realizan en medio de la coacción y la violencia, el asesinato de precandidatos y candidatos, la intimidación y constreñimiento a los electores, la compraventa de votos, el famoso TLC (techo, ladrillos y cemento) y la financiación ilegal de las campañas, pues simplemente no hay democracia. En ese contexto siempre terminarán ganando los poderes de facto y no la ciudadanía. Se consolidará así un régimen político electofáctico y no uno democrático, bajo la mampara y la tramoya de las elecciones. Pero solo muchos años después, como ha sucedido desde Gaviria hasta hoy, sabremos al final de sus mandatos cómo y en cuánto han violado los topes de financiación sus campañas políticas, quiénes han sido sus promotores legales e ilegales, las oscuras alianzas tejidas tras bastidores para ganar y gobernar, como tambien sus principales beneficiarios. Es una historia por todos conocida que vale la pena recordar: el magnicidio de Galán; el proceso 8.000 de Samper; el preacuerdo electoral de Pastrana con las Farc para la segunda vuelta; el paramilitarismo y su apoyo a Uribe en las regiones bajo su control; Odebrecht con Santos, la Ñeñepolítica de Duque[i]; la violación de los topes electorales y supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro y el Pacto Histórico[ii]. Sin duda, un panorama electoral que sobrepasa los límites y requisitos mínimos de un certamen democrático, como son la ausencia de violencia, el no constreñimiento a los electores y la legalidad.

La Paz democrática es pública, no privada.

Valga la redundancia, la paz democrática es pública y de todos, con todos y para todos, no es una paz privada entre pocos y para su exclusivo beneficio, seguridad y prosperidad de sus personales negocios. Esa paz expropia a miles sus derechos y dignidad en nombre de la seguridad y la prosperidad de sus inversiones, empresas y fortunas. Quienes la promueven y afirman que la seguridad es el fundamento de la paz, olvidan la sentencia de un prudente pontífice que nos recuerda que “la seguridad de los ricos es la tranquilidad y dignidad de los pobres”. Y por lo general donde predomina el hambre y la negación de los derechos fundamentales más vitales como la salud, el empleo, la vivienda y educación no hay tranquilidad, mucho menos dignidad y legalidad. Tiende a predominar la zozobra, el crimen y la inseguridad. Como gravemente lo expresó Miguel Hernández en su poema “El Hambre”, en versión musicalizada por Serrat: “Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola”[iii].

La Paz democrática es Política

Lo cual significa que es una paz entre adversarios que se reconocen mutuamente sus intereses, valores e identidades, siempre en disputa y tensión, y por eso renuncian a imponerse sobre el otro como un enemigo a quien se le niega violentamente sus reivindicaciones, valores, derechos, intereses y hasta su identidad existencial. No se los deslegitima con epítetos desde la derecha llamándolos “mamertos” o desde la izquierda “paracos”. Por eso es una paz entretejida todos los días con argumentos, emociones y gestos, muchas veces contradictorios y antagónicos, pero sin llegar al extremo de la exclusión simbólica, luego violenta y hasta su aniquilamiento físico. Será una paz tanto más democrática y ciudadana cuanto más se sustente en la amabilidad y no en la pugnacidad. Y será tanto menos democrática cuanto más estimule la enemistad y la hostilidad. Más política y democrática si promueve la argumentación y la deliberación en busca de acuerdos y no la unanimidad de los consensos, que anulan el derecho a la pluralidad, el disentimiento y la oposición política, sin los cuales no hay vida democrática. En ese sentido es una paz deliberante, civilista y no beligerante, siempre conflictiva y abierta al debate, por eso es la quintaesencia de la política y de la democracia y puede denominarse propiamente Paz Democrática.

La Paz Democrática es conflictiva

Por eso quienes pretenden eliminar el conflicto mediante la violencia, ya sea en nombre de la seguridad y azuzan el miedo desde la derecha o reivindican con furia la justicia social desde la izquierda, son su principal amenaza y vale tenerlos en cuenta para las próximas elecciones. Pero también los partidarios del llamado centro político poco contribuyen a la paz democrática cuando estigmatizan la controversia y la consideran una polarización dañina, pues deliran con una reconciliación plena en una sociedad sin conflictos, que jamás existirá en este mundo terrenal y “valle de lágrimas”. Quizá por lo anterior muchos los consideran tibios, pues no son ni chicha ni limoná.

Por el contrario, la Paz Democrática exige posturas radicales en la práctica y no solo en el discurso, como suele suceder en el centro político, a favor de los derechos humanos, el Estado Social de derecho, la justicia como igualdad de oportunidades, la defensa de la pluralidad, la sostenibilidad y protección de la biodiversidad, la vigencia del derecho internacional y no guardar silencio ante su violación imperial. Por todo ello es que la paz democrática es tan querida como desconocida y se encuentra amenazada en estos tiempos antidemocráticos que corren. Es un desafío ciudadano promoverla, defenderla y afianzarla durante todo el 2026, porque ya abundan candidatos y candidatas que nos quieren seducir con cantos de seguridad, patriotismo y fiereza para abusar de ella y sacrificarla de nuevo en campos de batalla. Ansían, sobre todo, tomar revancha desde el Estado contra sectores sociales que reivindican democráticamente sus derechos estigmatizándolos como “populistas”, “vagos”, “igualados” y hasta “comunistas”. La pregunta es ¿se depositarán en las urnas del 2026 más votos a favor de una paz democrática con libertad y justicia social o sufragios a favor de la guerra y la desigualdad en nombre de la seguridad nacional?

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91e%C3%B1epol%C3%ADtica

[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/11/27/cne-sanciona-campana-petro-presidente-por-violacion-de-topes-electorales-y-financiacion-irregular/

[iii] https://jmserrat.com/project/el-hambre/

Hay que decir que Arendt no fue quien inventó el concepto de totalitarismo, aunque sí ayudó a popularizarlo. Este había aparecido ya en la Italia de Mussolini como antítesis del liberalismo, y pensadores como Horkheimer o Marcuse ya hablaban en los años cuarenta de “Estado autoritario” o “Estado total autoritario” (Marcuse, 2025, p. 55).  Ahora, si bien el fascismo histórico es típicamente italiano, lo cierto es que Arendt contribuyó a que el fascismo fuera concebido como totalitarismo. En este último término incluyó, como se sabe, tanto al régimen de Hitler como al régimen soviético de Stalin. Después, en el vocabulario político, los conceptos que más calaron en el sentido común, en los opinadores políticos y hasta en la academia, han sido los de dictadura y fascismo.

Lo cierto es que para Arendt el totalitarismo era totalmente novedoso, único, en la historia. Poseía una “novedad radical”. No era una dictadura porque estas en la tradición política eran autorizadas por el mismo orden jurídico y eran temporales (como en Roma), tampoco era una tiranía basada en la ilegalidad porque pretendía una legitimación. En realidad, escapaba a los marcos de comprensión y a las categorías habituales del pensamiento político. Lo característico del totalitarismo era que a) convertía a los humanos en seres superfluos, b)  anulaba su capacidad de pensar, c) destruía la esfera pública y d) trataba de cambiar el concepto mismo de “hombre”, la naturaleza humana misma (después ella hablará de condición humana para no caer en esencialismos ahistóricos).

Arendt pensaba que el totalitarismo era una cristalización de varios problemas no resueltos políticamente desde el siglo XIX, específicamente, el antisemitismo, la decadencia del Estado-nación y el imperialismo. Estos hechos, contingentes, confluyeron en el siglo XX en algo nuevo, en un acontecimiento: el totalitarismo. El antisemitismo venía desde el siglo XIX, y tenía que ver con un problema político, el de la asimilación de los judíos a las sociedades europeas. De hecho, no surgió en Alemania y, como lo muestra el caso Dreyfuss, fue en Francia donde se expresó fuertemente cuando toda una nación tomó como un gran Otro al capital judío Alfred Dreyfus acusado de pasar información a los alemanes. En antisemitismo fue creciendo tras el final de la Primera Guerra Mundial cuando se fortaleció en el centro de Europa y en el Este.  La respuesta judía al antisemitismo desde finales del siglo XIX fue el sionismo: este abogaba por la creación de una patria judía, un Estado. La cuestión judía y el antisemitismo, pues, fueron el “agente catalítico del movimiento nazi en primer lugar, de una guerra mundial poco más tarde, y, finalmente, de las fábricas de la muerte” (Arendt, 2004, p. 10).

Lo que hizo Hitler fue lograr que el antisemitismo se convirtiera en una ideología contra Otro, ya fuera el judío, el comunista, el gitano, o las razas inferiores. El Yo auténtico alemán, fuerte, puro, virginal, apareció como lo opuesto del Otro, portador de todos los males. Era la diada amigo-enemigo de la que habló Carl Schmitt, diada que en estricto sentido no es política, pues implica la muerte del adversario, con lo cual la política y lo político se hace imposible, se niega.

Por otro lado, el triunfo de la burguesía después de la Revolución francesa llevó a que esta se independizara políticamente y debilitara al Estado-nación. La burguesía dio origen al imperialismo donde imperaba la   de la expansión por la expansión. Era llevar la lógica burguesa de la apropiación, el poder, el dominio más allá de las fronteras del Estado-nación, aspecto en el cual se hacían realidad las ideas de Hobbes, pues para Arendt, él fue el verdadero filósofo de la burguesía. El imperialismo creó colonias fuera de Europa. Arendt analiza el caso de África: allí inventaron los campos de concentración y se entrenaron en el arte de degradar, destruir y asesinar a seres humanos considerados sub-humanos, no hombres.  El racismo, dice Arendt, fue una ideología con la cual inferiorizaron al Otro, al periférico, al negro africano. Este apareció como una verdad innegable según la cual las tribus africanas o los seres humanos fuera de Europa eran seres “naturales” que carecían de humanidad; eran mera Naturaleza o una extensión de ella, sin civilización, por eso

“cuando los hombres europeos mataban, en cierto modo, no eran conscientes de haber cometido un crimen” (Arendt, 2004, p. 249).

Esa aniquilación del otro era posible gracias a la burocracia, la cual permitía, como en la India, las “matanzas administrativas” (p. 290). Racismo y burocracia fueron “medios políticos” de la dominación imperialista, fueron dispositivos efectivos para el dominio de otros seres considerados no-humanos.

A esto debe sumársele el hecho de la decadencia del Estado-nación, la cual consiste en que los nacionalismos tribales, étnicos, se impusieron por encima del Estado. De esta manera, muchas naciones expulsaron a otros pueblos en el centro Europa, dejándolos sin la protección. Las tesis de Arendt es que desde la Revolución francesa había una contradicción, pues, por un lado, se habló de derechos ciudadanos universales para todos los hombres, pero, por el otro, el goce y el disfrute de los mismos fue atado a la ciudadanía, a una particularidad. Y esta ciudadanía, a su vez, fue atada a la pertenencia a una nación, con su tierra, su lengua, su cultura, sus tradiciones. De tal manera que cuando individuos y pueblos son expulsados, desplazados, se quedan sin nacionalidad, sin ciudadanía y son convertidos en “escorias de la tierra”, en parias, en seres sin derechos, vulnerables, matables; que quedan a merced de distintos poderes o de otros grupos. En estos casos, los derechos humanos mismos no les son aplicables. Eso fue lo que les ocurrió a los mismos judíos cuando distintos países les quitaron la nacionalidad y la ciudadanía. Arendt fue una de esas víctimas, pues, como se dijo, en 1936 le retiraron la ciudadanía alemana lo cual constituye la “muerte jurídica” para el individuo.   

Todo lo anterior es lo que lleva, cristaliza, en el totalitarismo, la más macabra forma de gobierno de la historia, posible por grandes masas desarraigadas, insatisfechas flotantes, que apoyaron una ideología como la nazi, la cual les ofrecía un posible horizonte de salvación. El totalitarismo fue posible por esas masas y por una ideología que pretendía conocer la ley de la historia. En el caso de Rusia, esa ley era la lucha de clases; en el de Alemania, la ley de una raza superior que triunfaría sobre todas las otras razas. Esas ideologías totalitarias eran verdades absolutas, omnicomprensivas, indiscutibles y gobernaban el movimiento mismo de la historia, el devenir de la realidad. La “astucia de la ideología” permitió seducir a grandes masas: desde los ciudadanos mismos hasta las propias víctimas.

El terror como esencia del totalitarismo y su posibilidad omnipresente en la sociedad, la organización, la burocratización excesiva, el culto a la personalidad de líder, la sumisión al partido, la vigilancia generalizada de la sociedad al punto de volverla paranoica, la militarización, la propaganda, etc., desembocaron en la “dominación total” (Arendt, 2004, p. 533). Solo así apareció el “campo de concentración” como el pináculo del sistema donde era posible la realización de la ideología totalitaria en Alemania. Allí, tras la eliminación jurídica de la persona (el quitarles la ciudadanía como ya se mencionó), la destrucción moral de la misma (su animalización, cosificación y pérdida de la dignidad humana), se pasaba a la eliminación física. Y en esa atmósfera el homicidio se volvió tan “impersonal como el aplastamiento de un mosquito”. Así el Estado totalitario se convirtió en una fábrica de cadáveres. Es lo que llamo el necrofordismo o producción serializada de la muerte como un producto tangible de una biopolítica criminal. 

Digamos, finalmente, que el totalitarismo tiene otros efectos que serán claves en el pensamiento de Arendt. Uno de ellos, es que este tipo de gobierno elimina el espacio político, la esfera de aparición donde es posible mostrarse, estar, compartir, dialogar, actuar, comenzar algo nuevo. El terror envuelve como un “anillo de hierro” a los individuos y elimina el “entre” que hay entre ellos. De esta manera no es posible reunirse, pensar, opinar, contrastar lo pensado; así se mata la política y se aísla a los sujetos, se los comprime y se los desarraiga (como en el caso de los refugiados). Todos estos temas los retomará Arendt después, pues como dijo Claude Lefort (1988), en Los orígenes del totalitarismo está in nuce todo el pensamiento político de esta gran pensadora del siglo XX.

Resonancias actuales del totalitarismo[1] 

No es posible hacer un discurso aséptico, meramente académico del totalitarismo en Arendt, sin aludir a las resonancias que sus planteamientos tienen hoy. Si para ella la filosofía debía estar atenta a los acontecimientos y hacerse cargo del tiempo y la experiencia que nos toca vivir, mal haríamos nosotros al no encargarnos de nuestras propias circunstancias.  

U primer punto que llama la atención es que en la época en la que Arendt filosofa se está hablando de la “decadencia de occidente”. Esta expresión se popularizó con el famoso libro de Spengler, pero resonó décadas después tras la evidencia de que lo que estaba en juego era la crisis misma de la modernidad. María Zambrano habló de la “agonía de Europa” (2000) , la primera Escuela de Frankfurt realizó un fuerte diagnóstico de la ilustración y la manera como la misma había devenido en dominio y terror. No olvidemos la famosa frase de Adorno y Horkheimer cuando decían en 1944:

“la ilustración ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad” (2009).

Hobsbawn se referiría a estos tiempos como “la época de las catástrofes”; y Hannah Arendt hablaría de un “tiempo oscuro”. Pues bien, para gran parte de esa generación intelectual lo que moría allí en los altares de la guerra, la barbarie y los campos de concentración, era la civilización occidental, el proyecto mismo de la modernidad. Sobre este “espíritu de época” dijo Bauman:

“Lo que fue asesinado y enterrado en las tumbas masivas junto a millones de soldados fue la confianza en Europa en sí misma, y la fe de la gente civilizada en la victoria de la razón […] en la benevolencia de la historia y [en el] convencimiento tranquilizador y amable de un presente seguro y un futuro garantizado” (2009, p. 77).  

Si la razón había devenido irracional, si la ciencia y la técnica se habían puesto al servicio de la posibilidad de la destrucción misma del planeta bajo las bombas atómicas, si la libertad, la igualdad y la fraternidad no se habían realizado; si el progreso era tan solo un optimismo de la razón o un espejismo; en fin, si la democracia y la convivencia misma se hacían imposibles, ¿no era la civilización misma y, específicamente occidente, la que se dirigía al abismo? ¿No era Europa misma la que estaba agonizando? Hoy ocurre lo mismo. Por eso el filósofo africano Achille Mbembe dice: “Europa dejó de ser el centro de gravedad del mundo” (2016, p. 25). Ya solo conserva la tradición intelectual, pero no es un faro ético, político o geopolítico que represente un horizonte para occidente: se ha sometido totalmente a los Estados Unidos, Europa es una lacaya del neoimperialismo de Donald Trump.

Pues bien, hoy, como hace ya casi cien años, en la filosofía y en las ciencias sociales se viene hablando de la crisis civilizatoria, de un colapso de la civilización, pero ahora debido a la crisis climática, ambiental energética, alimentaria, económica, demográfica (a pesar de la reducción de la natalidad); se trata de una crisis de la civilización y de su modo hegemónico de vida. Estas crisis son multidimensionales y son interseccionales, es decir, relacionales.

Hoy, como en la época de Arendt, las guerras provocan miles de muertos y violaciones de derechos humanos. Y, muy especialmente, genera millones de desplazados, refugiados, migrantes en el mundo. Naciones unidas informa, por ejemplo, que la guerra en Sudan, iniciada en 2023, ha dejado “11,3 millones de desplazados internos, una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, mientras que casi cuatro millones han huido a países vecinos, principalmente Egipto, Sudán del Sur y Chad”. La guerra en Ucrania ha dejado cerca 6, 5 millones de refugiados. Tampoco puede olvidarse que la guerra de Siria y la pobreza en África lanzó a miles de migrantes y desplazados a las puertas de Europa. Hace unos años el Mediterráneo, al que Hegel llamó “el centro de la historia universal”, se convirtió en uno de los cementerios marítimos más grandes de la historia. Cada año miles de personas que huyen de la pobreza, el hambre, el cierre de futuro, los conflictos interétnicos, las guerras convencionales, son sepultadas a las puertas de Europa.

Todos estos migrantes son personas desarraigadas de su mundo, de sus comunidades, sus amigos, sus parientes; pierden sus bienes, quedan a merced de otros Estados y otras fuerzas violentas, pero, principalmente, quedan a la intemperie, sin ciudadanía, “sin derecho a tener derechos”, en manos de la caridad mundial, las donaciones y la ayuda de la comunidad internacional y sus ONG´s. Como decía Arendt: son personas que al perder su comunidad son lanzadas al margen de la humanidad misma.

Por otro lado, el análisis que Arendt hizo del imperialismo en África, donde este fungió como un laboratorio para el totalitarismo, permitió convertir a esa periferia en una “zona del no-ser”, para decirlo en palabras de Franz Fanon (2020, p. 42), el pensador de Martinica al que Arendt leyó con cuidado. Si la periferia es el mundo del no-ser, sus habitantes pueden ser tratados como no-humanos. Esta lógica colonial e imperial de Europa se mantiene. Crea seres humanos de primera categoría y humanos de segunda, o subhumanos. Es decir, la geopolítica crea su propia antropología o geoantropolítica donde los habitantes del sur o por fuera del Norte global son convertidos en superfluos, en existencias dispensables. Por eso, humanos de la periferia son desechables, matables, asesinables, prescindibles.

 Lo ocurrido en Medio Oriente durante el genocidio en Palestina sigue esta lógica: la zona del ser, Europa y Estados Unidos, dando prioridad a sus intereses económicos y geopolíticos, consienten activamente (también pasivamente) el exterminio del Otro, de los árabes, de esos enemigos históricos que forman parte del “eje del mal”, de los enemigos de la civilización occidental. Si Arendt se refería a las “matanzas administrativas” durante el imperialismo racista, Israel las decreta sobre los gazaties en pleno siglo XXI. Pero no solo matanzas administrativas, sino “detenciones administrativas” de mujeres, niños y hombres, sin el más mínimo debido proceso o garantía jurídica. Estas personas no son prisioneros de guerra, sino secuestrados o rehenes. De esta manera, a cielo abierto, ante la mirada del mundo, Israel despliega una necromáquina asesina que “produce cadáveres en serie”; es la fábrica de cadáveres del totalitarismo de las que hablaba Arendt o lo que llamé “necrofordismo”: producción serializada de muertos en manos del sionismo internacional y de sus aliados. Valga decir de paso que Arendt avizoró no solo el militarismo israelí como política, sino el polvorín violento que implicaba la coexistencia con los árabes en esa región, por eso ella propuso UN Estado federal binacional donde coexistieran árabes y judíos organizados desde abajo en consejos para la toma de decisiones (Bernstein, 2019, p. 41-51). 

El necrofordismo mencionado es la prueba fehaciente de la deshumanización del mundo, donde no hay persona jurídica, ni persona moral y donde una gran parte de la humanidad se torna “superflua”; es también, la prueba de que hay una crisis axiológica brutal, atizada por las ideas darwinistas de la salvación a través de la competencia feroz. La crisis axiológica actual es también parte de la crisis civilizatoria en curso en pleno Antropoceno.

En este marco, si hay una expresión de la crisis actual del modelo civilizatorio es justamente la crisis de las instituciones con que hace 80 años se reconfiguró el orden mundial tras 1945. La Organización de las Naciones unidas, la OEA, manipuladas por las grandes potencias; la Declaración universal de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), inaplicados y desconocidos para una gran parte de los habitantes del planeta; y el control de las instituciones financieras como el BID, el Banco Mundial, el Banco europeo, por los países poderosos, lo confirman. Asistimos al desmonte del derecho internacional público, lo que incluye los ataques a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, justamente para que los nuevos leviatanes del mundo impongan su ley del más fuerte y reconfiguren el nuevo orden global. La “vuelta al estado de naturaleza” de Hobbes, tal como van las cosas, parece ser el futuro de las relaciones entre los Estados del mundo. La actual crisis del multilateralismo en las relaciones internacionales, las tensiones entre bloques políticos y económicos (G7 y BRICS+), entre las grandes potencias (Estados Unidos y China), así lo testimonian. Esto pasa, como en el caso de Israel y de Estados Unidos, por desbaratar primero la institucionalidad al interior del Estado. Ya decía Arendt, citando a Henry Steel, que:

“si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas” (Arendt, 2015, p. 115).  

 Por eso, la tendencia a “destruir las propias instituciones políticas” parece en la actualidad una especie de preámbulo de las aspiraciones neofacistas de la actualidad. Y esto nos lleva al problema del totalitarismo que pensó Hannah Arendt, el cual incluía, desde luego, lo que tiempo después, en amplios círculos de la opinión pública, intelectuales y académicos, como fascismo alemán. Hoy se habla de neofacismos, neoderechas, derechas emergentes, de derechización mundial, de “ultraderechas” (Alemán, 2025), etc., para dar cuenta de un cúmulo de prácticas peligrosas que vienen haciendo ciertos gobiernos. Lo alarmante de estas prácticas es que muchas de ella repiten el libreto del fascismo de hace un siglo. Y aquí hay que tener en cuenta la preocupante advertencia que Hannah Arendt nos dejó casi al final de su voluminoso libro, a saber, que:

 “Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica”,

porque el fascismo puede

“estar seguro de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de la superpoblación, para el problema de las masas humanas económicamente superfluas y socialmente desarraigadas, constituyen tanto una atracción como una advertencia”.  (Arendt, 2004, p. 557).

Esto equivale a decir, que el neofascismo saldrá el rescate del neoliberalismo moribundo. La pensadora germano-americana nos dice, de paso, que el ecofascismo, la eliminación de los superfluos, puede estar a la vuelta de la esquina, es decir, que el fascismo es un fantasma que nos acecha.

La vuelta a los nacionalismos, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes en Estados Unidos y otros Estados, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria como ocurre en Estados Unidos, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad en algunos sistemas políticos, el adoctrinamiento mediático que busca colonizar el sentido común con tesis discutibles convertidas en dogmas. El neofascismo actual fortalece “lógicas identitarias” en su “jerga de la autenticidad” y las articula con los principios del neoliberalismo (Cadahia y Biglieri, 2022, p. 91).

Así que las derechas actuales asumen un neoliberalismo autoritario, inmunitario, elitista y excluyente. Son todas manifestaciones preocupantes de un posible retorno del fascismo y de la materialización de la advertencia arendtiana.

La problemática actual de los migrantes y los refugiados del mundo ponen de presente la vigencia de la brillante crítica de Hannah Arendt a la ciudadanía ligada a la nación, a la desprotección jurídica de los sin patria; y su crítica del imperialismo y tematización del totalitarismo, etc., muestran las tentaciones del fascismo actual. Desde luego, no es posible dejar por fuera las múltiples resistencias a nivel global, de la solidaridad mostrada con Palestina, de las luchas por la dignidad y alternativas civilizatorias en miles de comunidades, colectivos y movimientos sociales. Ellos son pruebas de que la esperanza no ha muerto y de que no nos han logrado desposeer de la idea de futuro.

[1] Aparte de la conferencia dictada en la Universidad de Pamplona, en el Programa de Filosofía, el día 27 de noviembre en la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía. Evento organizado por Unipamplona y la Sociedad Colombiana de Filosofía.

Referencias

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. España: Ned ediciones.

Arendt, Hannah. (1958). The human condition. Chicago University Press.

Arendt, Hannah. (2004). Los orígenes del totalitarismo. México: Taurus.

Arendt, Hannah. (2015). “Sobre la violencia”. En Crisis de la república (pp. 81-152), Madrid: Trotta.

Bernstein, Richard. (2019). ¿Por qué leer a Hannah Arendt hoy? Barcelona: Gedisa.

Cadahia, Luciana y Biglieri, Paula. (2022). Siete ensayos sobre el populismo, Barcelona, Herder.

Bauman, Zygmunt. (2009). El arte de la vida. Barcelona: Paidós.

Fanon, Franz. (2020). Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal.

Horkheimer, Max, y Adorno, Theodor. (2009). Dialéctica de la ilustración. Madrid: Trotta.

Lefort, Claude. (1988). “Hannah Arendt and the question on the political”. In Democracy and Political Theory, University Of Minesotta Press.  

Marcuse, Herbert. (2025). La teoría crítica en la era del nacionalsocialismo. Ensayos (1934-1941). Madrid: Trotta.

Mbembe, Achille. (2016). Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo. Barcelona: Futuro anterior, NED edicions.

Pachón, Damián (2025). “Hannah Arendt y la época de las catástrofes. Totalitarismo, democracia y libertad”. Madrid, revista Filosofía & co, 15, 30-47.

Zambrano, María. (2000). La agonía de Europa. Madrid: Trotta

En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En su libro Ultraderechas (2025), el pensador y escritor argentino Jorge Alemán, exiliado en España desde 1976, nos dice: “Trump es el jefe mundial de un grupo de ricos de ultraderechistas y superneoliberales que desplegarán sobre el mundo un sistema de acumulación por desposesión”; ellos representan el “fascismo neoliberal sobre el planeta” para el cual el “escenario apocalíptico de las guerras es al menos una posibilidad cierta” (Alemán, 2025, p. 103). Pero ¿cómo justificar este diagnóstico o, a lo mejor, esta prognosis, en principio pesimista pero posible, en los tiempos actuales? Alemán lo hace en el libro citado de manera un tanto asistemática (en las páginas preliminares del libro dice: “Aunque los textos de este libro parezcan alejados del tema, es el amor quien escribe”) cuya comprensión cabal implicaría acudir a su vasta obra, en la estela de una “izquierda lacaniana” en diálogo con la filosofía, pero, especialmente, atenta a los problemas y las tensiones del presente.

Alemán es uno de esos académicos combativos, militantes, que no rehúye la discusión y que piensa en medio del barullo y la madeja del mundo.  Entre sus libros más recientes encontramos: Capitalismo: Crimen perfecto o emancipación. Barcelona, Ned Ediciones (2019), Pandemónium. Notas sobre el desastre. Barcelona, Ned Ediciones (2020), Lacan and Capitalist Discourse, Neoliberalism and Ideology. Abingdon / New York, Routledge, (2023), Breviario político de psicoanálisis. Barcelona, Ned Ediciones, (2023) y Punto de emancipación. Conversaciones frente a un horizonte posdemocrático. Jorge Alemán y Papo Kling (eds), NED Ediciones (2025).

Ahora ¿Cómo se relacionan, se entrecruzan, el neoliberalismo, el nihilismo y la proliferación actual de las ultraderechas? ¿Cómo es posible ese escenario desalentador y peligroso mencionado al principio? En las primeras páginas del libro Ultraderechas encontramos de manera comprimida la respuesta:

“el nihilismo es el soporte filosófico e histórico que permitió que se constituyera el mundo de las ultraderechas” (Alemán, 2025, p. 15).

Este nihilismo caracteriza el capitalismo tardío, su forma última, esto es, el neoliberalismo. Este régimen económico, surgido en los años setenta, tiene una pretensión de permanencia, se ha naturalizado y normalizado, como si no hubiera un horizonte alternativo posible. Por eso aparece como un “movimiento circular” no susceptible de ser interrumpido por una voluntad histórico-política, por la acción humana misma; es un régimen económico que destruye la experiencia de la verdad y que, como es bien sabido, desvertebra e impide formar “lazos sociales”, vínculos humanos y experiencias colectivas. Es una modalidad del capitalismo donde impera el individualismo de masas “gobernado por un goce mortífero”, esto es, donde el sujeto disfruta de un sistema que lo lleva a su propia explotación, opresión y, finalmente, destrucción, pues el neoliberalismo opera con la “lógica de la devastación”.

Para Jorge Alemán es claro que hay una “lógica estructural entre el discurso capitalista y el nihilismo de la técnica” (p. 10). Podemos preguntarnos, entonces, ¿Cómo es que ocurre esto? Partamos de la idea de que el nihilismo es, como ya anotaba Nietzsche en el siglo XIX, la pérdida del sentido, la falta del por qué, de la finalidad. Nihilismo es que “todo se va reduciendo a nada, que los valores y sus referencias van desapareciendo, que no hay figura y forma del mundo que no esté alcanzada por su poder anonadante […] es el desamparo del ser que ningún sentido trascendental vendrá a colmar”. Se define, y aquí Alemán vuelve a Nietzsche, por el peso del “eterno retorno de lo mismo” en todo lo que sucede, es decir, en esa circularidad de la cual parece imposible escapar, es esa tediosa falta de horizontes, de salidas. Por eso, en consecuencia, Alemán afirma que el nihilismo se puede nombrar neoliberalismo.

Lo que se quiere decir con esto es que el neoliberalismo mismo es nihilista, no ofrece sentido alguno para la existencia del sujeto y la sociedad actual. ¿Por qué ocurre ello? Por la lógica misma del neoliberalismo, sus mecanismos, sus efectos, por la captura que realiza de la subjetividad, con lo cual provoca una “mutación antropológica” (p. 24), en lo que consiste su verdadera potencia, su gran poder. Digamos, de paso, que el objetivo de esa gran mutación es “borrar para siempre la experiencia existencial y comprometida de la política, que es como anular la matriz de todas las experiencias” (p. 30) y, de paso, de sancionar y acomodarse al mundo tal y como está. 

El neoliberalismo es un proyecto totalizador, donde se acuñan subjetividades destinadas a ser el motor funcional de la reproducción ilimitada del capitalismo y de sus exigencias muchas veces imposibles de cumplir. El neoliberalismo posee imperativos, exigencias para el individuo, y en él

“el significante libertad juega un rol determinante en este proyecto de unificación totalizante”. La libertad, dice Alemán, es un “nombre que aparenta abrir un espacio de posibilidades, que, a la vez, está mediatizado, intervenido, formateado, por la lógica del mercado […] En el neoliberalismo la libertad solo es compatible con un aparato psíquico absolutamente estresado, en tensión consigo mismo y nunca a la altura de las obligaciones que el poder hace contraer a las vidas singulares. De tal modo que, en competencia con los otros y consigo mismo, e interpretando su existencia como puro valor de cambio, los sujetos ya no encuentran su lugar en ningún legado histórico” (p. 25). Esto se complementa con el hecho de que el individualismo de masas ha generado “un empuje hacia los automatismos mentales cada vez más alejados del trabajo de la memoria y de la posibilidad de reinscribir la historia en el campo de los simbólico” (p. 49).

En las líneas anteriores del libro de Jorge Alemán resuena la idea de Theodor Adorno (2003) de que la “libertad organizada” no es libertad, pues está mediatizada por el capitalismo mismo y las industrias culturales; también las ideas de Byung-Chul Han (2014) y de Mark Fischer (2018) en torno a los graves problemas de depresión y de salud mental en las sociedades contemporáneas, problemas que son un

“efecto estructural de una forma de organización del lazo social que ha convertido al sujeto en un operador de sí mismo, obligado a maximizar su propia existencia como un capital en constante valorización” (Alemán, 2025, p. 50).

Aquí el “imperativo de la felicidad” (2019) del que habló Sara Ahmed, con su violencia psíquica, con la posibilidad del fracaso y la impotencia, generan daños en el sujeto, un sujeto que, como ha advertido Han, se autoexplota y autoculpa por sus fracasos.  Como he dicho en otro lado:

“El resultado son cuerpos con una atención dividida, fragmentada, desconcentrados, ansiosos, cansados, saturados, estimulados, agotados, pero dispuestos a seguir adelante tal como lo hace el hámster en su rueda” (Pachón, 2024, p. 24).

Alemán advierte, además, cómo opera esto en momentos de inteligencia artificial y algoritmos:

“El consumidor paga, pero simultáneamente es un productor de información que se archiva, se interviene con algoritmos, se procesa y se intercambia. Esta información se convierte en plusvalía que alimenta todo el sistema mediático-financiero. La novedad es justamente esta: el sujeto paga por su propia explotación” (p. 19).

Y en estas lógicas, mediadas por las redes, el individuo está más expuesto a la comparación con otros, se impulsa la competencia, se acrecienta la sensación de cansancio y saturación, y aumenta la frustración social y el resentimiento. 

Todo esto ofrece un horizonte desolador. Cuando Alemán sostiene, por ejemplo, que en el neoliberalismo: “los sujetos ya no encuentran su lugar en ningún legado histórico” y de la imposibilidad de “reinscribir la historia en el campo de los simbólico”, está aludiendo al mencionado nihilismo del capitalismo tardío, esto es, a la falta de sentido que opera como un “eterno retorno de lo mismo” donde el individuo queda desamparado, desvalido, a la intemperie, sin apoyo y sin los lazos sociales. El individuo queda totalmente desarraigado y despojado de narrativas de sentido que puedan orientar su vida. Ese neoliberalismo “necesita, además, vaciar de sentido cualquier alternativa, convencernos de que no hay otra posibilidad más que la que impone la técnica”, apuntando a la reproducción infinita de lo que ya existe, en fin, es amigo de la pulsión de muerte. De tal manera que el neoliberalismo es un régimen nihilista que, no solo mina la democracia, la comunidad, la participación, las instituciones, desmonta los marcos de protección del Estado y los servicios sociales, destruye los vínculos sociales, sino que nos desposee de futuro. En él, el individuo queda solo, aislado, saturado, cansado, flotando como una abeja sin panal al interior del caos sistémico de la actual sociedad y al final de una Historia que parece no tener porvenir.

Así llegamos a una época en la que “el mercado ocupa el lugar de lo sagrado”, y en la cual se le atribuye propiedades mágicas al capitalismo; una época en la que la economía es la nueva teología de la sociedad. Este mercado, y sus violencias, es naturalizado como el mejor de los mundos posibles a pesar de los múltiples daños constatables que produce.  Hoy, donde ningún alma candorosa puede hacerse la de la vista gorda frente a la devastación ambiental y social producida por el capitalismo, no podemos dudar de su lógica de muerte, pues subsiste gracias a la explotación de la vida en cada vez más amplias manifestaciones. Al respecto dice Alemán:

“El capitalismo, en su esencia, es una máquina acelerada que ningún desastre- ya sea ecológico, sanitario o militar- pueda frenar. En todos los escenarios, incluso los más horrendos, el mercado puede continuar, y la reducción de la vida a la ecuación costo-beneficio también […] Así como la pandemia no frenó la deriva capitalista, ahora la guerra es el nuevo escenario. Una escena que logra mimetizarse con el propio capitalismo” (Alemán, 2025, p. 74).  

Es al interior de este torbellino nihilista donde brotan las ultraderechas. Es al interior del nihilismo neoliberal donde están sus posibilidades. Digamos que la captura de la subjetividad de los individuos por el neoliberalismo produce efectos propicios para el surgimiento de esas ultraderechas:

“Viviendo en un presente deshilachado, [los sujetos] oscilan entre una culpabilidad autodestructiva -por no haber encontrado el lugar donde sostener sus vidas- y un odio sin sublimación posible” (p. 71)

hacia aquello que les impide el goce. Así se extiende el odio contra un gran Otro, el otro culpable,

“un odio a los débiles, a los vulnerables, a las mujeres, al propio lugar natal, al Estado si este está aún interesado en la cosa pública. Ese odio no sólo reemplaza la lógica de las argumentaciones políticas tradicionales, sino que es un factor de cohesión libidinal en la vida de la masa” (Alemán, 2025, p. 25).

Estas líneas me parecen fundamentales, pues aquí encontramos la lógica del neofascismo y con la cual opera las ultraderechas o neoderechas: suponen que al comienzo hay un orden, una Edad Dorada, adánica, edénica, donde todo estaba bien, donde reinaba la armonía y la paz en el orden social…era una especie de “unidad primordial” que es amenazada por una exterioridad, por un gran “Otro engañador”, bien sea el “progre”, el socialismo, el comunismo, el inmigrante, el extranjero, el populismo, el movimiento LGBTI+, las vacunas, el cambio climático, etc. Así la sociedad cae en una especie de paranoia donde ese Otro es un enemigo que hay que destruir pues amenaza la “unidad primordial”:

“Este es el verdadero éxito de la operación paranoica, legitimar su odio desmedido y obsceno a través de las imputaciones y denuncias permanentes a un supuesto Otro sin ley” (Alemán, 2025, p. 18).

En este modus operandi la ultraderecha defensora del cuerpo social usan el odio, el resentimiento, la rabia, como inmunología afectiva que los protegerá de los virus externos. Es una economía afectiva, para decirlo con la filósofa colombiana Laura Quintana (2022), donde los afectos son inmunitarios y protegen del Otro. Así surge lo “Uno” bueno frente a lo “Otro” malo, la lectura binaria, opuesta y reductiva de lo social, que construye el fascismo. Sin duda,

“la ultraderecha ha utilizado la rabia y el resentimiento como esa fuerza orientada contra todo lo que el neoliberalismo ha precarizado […] el posfascismo contemporáneo funciona dentro de la anarquía del mercado, aprovechando sus ruinas para establecer formas de gobierno basadas en la administración del odio y la exclusión” (p. 10).

De aquí se colige algo clave: no es que la ultraderecha quiera corregir los desajustes del neoliberalismo, es que los usa, los atiza, los emplea, para movilizar afectivamente a los ciudadanos contra las alternativas al Statu quo, contra el progresismo y el pensamiento crítico y emancipador.

Las ultraderechas en su versión neofascista administran el caos, de tal manera que así ofrecen una “salida propia del régimen nihilista, del capitalismo tardío” (p. 9). Ofrecen odio como aglutinador libidinal contra el Otro, el inmigrante. Por eso apelan a lo Uno y acuden a la familia, a la nación, a una edad Dorada perdida; los caracteriza una “lógica identitaria inmunitaria” (Cadahia & Biglieri, 2021, p. 91) adobada con una jerga de la autenticidad frente a los peligros externos. En esta operación la ultraderecha acude al fundamentalismo identitario, cerrado, celebrado como ritual de pertenencia, frente a los inmigrantes, los latinos, los pobres, etc.  Pero debe quedar claro que

“la ultraderecha, lejos de tratar de resolver el malestar, lo gestiona, lo amplifica y lo convierte en una maquinaria de movilización política. Aquí se hace evidente que el neoliberalismo no ofrece una promesa de felicidad, sino una administración de la miseria en la que cada uno debe encontrar su propio culpable” (Alemán, 2025, p. 12).

Lo que se concluye de todo esto es que: “la ultraderecha es un síntoma del fracaso de las democracias neoliberales y de la incapacidad de construir un horizonte alternativo” (p. 12).  Por eso mismo son tan peligrosas, porque el neofascismo que encarnan pretende mantener vivo por medio de la violencia, el autoritarismo y la guerra a un moribundo. Y esto es evidente en la actualidad, en la crisis sistémica del mundo, en la lucha por la nueva hegemonía global, en la actual transición geopolítica en medio de la crisis civilizatoria. El nuevo amo del mundo parece que se va a definir a costa del sufrimiento y de la miseria de grandes mayorías. 

Del libro de Jorge Alemán es necesario recalcar un tema que aborda que tienen plena relación con la manera como funciona la política actual o, mejor, lo que el politólogo colombiano Edwin Cruz llama “pornopolítica” (2025), pues en ella se presenta una “explotación algorítmica de la enemistad” (p. 101), donde el odio y el insulto operan como estrategias para el aumento del tráfico digital y la generación de tendencias y manipulación de la opinión pública. Alemán se detiene en el fenómeno del odio, muestra cómo puede crear identificaciones frente a un otro que hay que destruir, a la vez que señala una de sus características principales: anular la discusión argumentada: “Tal como demostró Freud, el odio insultante es un eficaz cohesionador  de grandes grupos sin pasar por el dificultoso trámite de los argumentos”, de ahí que los

“discursos difamatorios y mentirosos no buscan atacar el discurso que se les opone […]: se proponen más bien atacar la propia existencia del otro, otro que ya no es un adversario, ni siquiera un enemigo, sino un ‘algo’ que no debería existir” (Alemán, 2025, p. 34).

De esta manera se obtura la posibilidad del diálogo, “pues los argumentos conllevan cierta posibilidad dialéctica; el odio solo quiere destruir”. El odio y el insulto reemplaza los argumentos y suelen acompañarse por automatismos mentales, por frases prefabricadas o eslóganes simplistas. El odio opera, entonces, como afecto inmunitario aniquilador de todo aquello considerado amenazante.

En síntesis,

“las nuevas derechas, con argumentos neonazis que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra construida en una férrea lógica identitaria [El “Uno” y el “Otro”, D.P], la que siempre habla a los verdaderos nacionales invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero” (p. 79),

el zurdo, las feministas, el comunista, el indigente, el pobre. Aquí Vox, Trump, Milei, etc., con sus matices, terminan pareciéndose, identificándose. Esa es la lógica de la ultraderecha o el neofascismo que intenta salvar el “orden”, o construir uno más perverso y desigual, en las entrañas del actual colapso civilizatorio en curso

***

El libro de Jorge Alemán ofrece un diagnóstico del mundo actual. Sobre todo, ofrece luces para comprender las ultraderechas y su relación con la crisis del capitalismo tardío en su versión neoliberal. Es un libro que no tiene una argumentación sistemática, analítica, sobre el tema, por eso se presenta como “Notas sobre la nueva deriva neoliberal”, y, sin embargo, el lector puede leer cada una de esas notas (alrededor de 46), más tres intervenciones finales, y detectar la manera como se teje el argumento; con cierto esfuerzo se puede hacer una visión total del cuadro.

Creo que Alemán es un intelectual de primer orden en América Latina y en España, un académico comprometido, que acoge las ideas republicanas, defiende el populismo, lo nacional popular; un intelectual que no claudica ante el horror de la realidad y le apuesta a un mundo diferente; convencido de que el psicoanálisis tiene mucho que decir en el mundo de hoy.

Lastimosamente, no es un autor muy conocido en Colombia, un país donde la tradición lacaniana, psicoanalítica en general, no ha tenido un gran arraigo, a diferencia de lo que ha ocurrido en Argentina desde el siglo pasado; en Colombia el psicoanálisis no ha sido una fuente teórica de la academia comprometida más conocida, con excepción de la figura de Estanislao Zuleta en la década de los años ochenta. En últimas, se trata de un autor que debemos leer, profundizar, para, de paso, ampliar las herramientas teóricas con las que leemos y nos enfrentamos al ominoso presente. 

Referencias

Adorno, Theodor. (2003). Consignas. Buenos Aires: Amorrortu.

Ahmed, Sara. (2019). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Buenos Aires: Caja negra.

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. NED ediciones.  

Cadahia, Luciana & Biglieri, Paula. (2021). Siete ensayos sobre el populismo. Barcelona: Herder.

Cruz, Edwin. (2025). Pornopolítica. Bogotá: Desde abajo.

Fisher, Mark. (2018). Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos. Buenos Aires: Caja Negra.

Han, Byung-Chul. (2014). Psicopolítica, Barcelona: Herder.

Pachón, Damián. (2024). Neoliberalismo, salud mental y estoicismo. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Quintana, Laura. (2022) Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.