¡Qué zulú! encuentra en el lenguaje un problema filosófico que suele permanecer oculto bajo la apariencia de lo cotidiano: la relación entre la palabra y la realidad que creemos nombrar, entre aquello que decimos y aquello que hemos aprendido a considerar verdadero, porque una expresión aparentemente trivial puede contener una determinada concepción del mundo y, con ella, una manera de ordenar las diferencias entre unos seres humanos y otros. La autora parte de palabras que circulan en la conversación común y las convierte en materia de interrogación, como si levantara la superficie de esas expresiones para buscar las ideas, los prejuicios y las experiencias históricas que han quedado depositados en ellas, de allí que el verdadero asunto del libro no sean solamente las palabras cuestionadas, sino nuestra relación con aquello que hemos aprendido a decir sin preguntarnos por qué lo decimos.

En esta perspectiva, la presencia de Platón adquiere una importancia particular, pues la reflexión de la autora se aproxima a esa vieja disputa entre la opinión y el conocimiento, entre aquello que damos por cierto porque ha sido repetido y aquello que estamos dispuestos a someter al ejercicio de la razón. Una expresión heredada puede funcionar como una pequeña caverna: proyecta una imagen del otro, nos acostumbra a verla y termina haciendo innecesaria la pregunta por su origen, mientras la educación, entendida en un sentido filosófico, debería precisamente abrir una posibilidad contraria, permitir que el individuo se aparte de las sombras que ha confundido con la realidad y examine las ideas desde las cuales ha construido sus juicios. En ¡Qué zulú! esa salida de la caverna no ocurre mediante una gran revelación, sino a través de algo mucho más cercano y quizá por eso más difícil: detenerse ante una expresión conocida y preguntarse por la carga simbólica, muchas veces histórica, que en ella se asienta.

Locke le permite conducir esa indagación hacia el terreno de la experiencia y de la formación de las ideas, lo que permite afirmar que no nacemos con muchas de las categorías desde las cuales juzgamos a los demás, sino que las vamos adquiriendo en el contacto con el mundo, en la familia, en la educación, en la cultura y también en el lenguaje que escuchamos y repetimos. Una expresión puede instalar una asociación en la conciencia mucho antes de que tengamos la capacidad de someterla a juicio, de modo que aquello que posteriormente llamamos “sentido común” puede ser, en realidad, el resultado de una larga sedimentación de experiencias y conceptos que nunca fueron examinados, frases que asimilamos sin sentir, ni mucho menos presentir, la carga simbólica que contienen. La referencia a los hábitos erróneos de Locke resulta fecunda, porque permite comprender que el prejuicio no necesita presentarse como una doctrina elaborada: puede sobrevivir en una frase, en una comparación, en una costumbre lingüística que ha conseguido borrar las huellas de su propio origen.

Y quizá sea precisamente la costumbre uno de los territorios más difíciles de interrogar, porque aquello que repetimos durante mucho tiempo termina adquiriendo la apariencia de lo natural, como si la frecuencia pudiera otorgarle legitimidad a una idea; una palabra heredada deja entonces de parecernos una construcción cultural y comienza a funcionar como una evidencia, algo que se dice porque “siempre se ha dicho”, sin que nos detengamos a preguntar quién la inventó, qué historia la acompaña, qué relación de poder pudo haber detrás de ella y por qué seguimos transmitiéndola. En esa zona aparentemente inofensiva de la costumbre se instala buena parte de aquello que después llamamos sentido común, cuando muchas veces no es otra cosa que una idea antigua a la que hemos dejado de hacer preguntas.

Protágoras le permite introducir otra tensión fundamental, porque la idea de que el hombre es medida de las cosas permite preguntarnos quién establece los criterios con los cuales calificamos al otro, quién decide qué es civilizado y qué es salvaje, qué es normal y qué resulta extraño, qué merece reconocimiento y qué puede convertirse en objeto de burla o desprecio. Cuando una persona utiliza una expresión como ¡Qué zulú! para referirse a alguien, no está simplemente escogiendo una palabra entre muchas posibles, está recurriendo a una imagen cultural que establece una relación entre ese individuo y una determinada representación de lo salvaje o lo diferente; la palabra revela entonces una mirada anterior a ella misma, una mirada que ya ha clasificado aquello que pretende nombrar. La pregunta deja de ser únicamente qué significa una palabra y pasa a ser quién tiene el poder de construir el significado desde el cual miramos a los otros.

La autora no pretende resolver estas preguntas desde una posición exterior a la experiencia, sino que permite que el desconcierto, la incomodidad y hasta el dolor se conviertan en materia de pensamiento, aunque allí mismo aparece una exigencia: la experiencia personal puede abrir una pregunta, pero no basta por sí sola para convertirla en verdad; necesita confrontarse con la historia, con otras experiencias, con la filosofía y con la razón, justamente el movimiento que el libro intenta realizar cuando pasa de la expresión escuchada a la investigación, de la experiencia a los autores y de la reacción personal a una pregunta ética acerca del lenguaje. Ese tránsito resulta importante porque evita que la reflexión quede encerrada en el ámbito de lo subjetivo y permite convertir una vivencia particular en un problema que puede ser discutido socialmente.

Hay algo más que conviene preguntarse cuando hablamos de lenguaje: si cambiar determinadas palabras basta realmente para cambiar aquello que pensamos. Una sociedad puede modificar su vocabulario y conservar intactas sus formas de discriminación, del mismo modo que puede abandonar una expresión sin haber comprendido jamás la historia que contenía; la transformación tendría que alcanzar el concepto que está detrás de la palabra, la relación de poder que la sostiene, la mirada que clasifica al otro y la educación que permitió que esa clasificación llegara a parecernos natural. Allí la crítica adquiere una dimensión más profunda, porque ya no se trata solamente de cuidar lo que decimos, sino de preguntarnos qué tipo de conciencia produce aquello que decimos y qué tipo de sociedad contribuye a reproducir.

También resulta necesario mantener abierta la tensión entre intención y efecto, porque una palabra no puede ser comprendida exclusivamente desde la intención de quien la pronuncia ni juzgada al margen del contexto en que aparece, pero tampoco puede suponerse que la buena intención borra automáticamente la historia y la carga cultural de una expresión. Entre lo que quiso decir quien habla y aquello que experimenta quien escucha existe un espacio donde intervienen la memoria, la cultura, la posición social y la experiencia individual, y es precisamente allí donde el lenguaje deja de ser un asunto puramente lingüístico para convertirse en un problema ético; la responsabilidad comienza cuando aceptamos que nuestras palabras pueden producir efectos que no controlamos completamente y que conocer esa posibilidad nos obliga a revisar aquello que antes pronunciábamos de manera automática.

Hay aquí una relación que me parece inevitable con Juan Montalvo y con aquella afirmación suya, “mi pluma lo mató”, expresión que condensa de manera extraordinaria la conciencia del escritor acerca del poder de la palabra, porque la pluma no aparece como un simple instrumento para describir la realidad, sino como una fuerza capaz de intervenir sobre ella, de derribar reputaciones, denunciar poderes, combatir ideas y producir efectos concretos en la conciencia de quienes leen. Vista desde esta perspectiva, la reflexión de Stella Estrada adquiere una resonancia mayor: las palabras que analiza no son sonidos inocentes que desaparecen después de ser pronunciados, llevan consigo una memoria, una representación del otro y una determinada concepción del mundo, de allí que una expresión aparentemente cotidiana pueda contribuir a perpetuar una mirada discriminatoria, del mismo modo que otra palabra, consciente de su responsabilidad, puede abrir una fisura en esa mirada y comenzar a transformarla.

¡Qué zulú! puede leerse también como un ejercicio de desmontaje de la costumbre, una tentativa por devolverle extrañeza a aquello que la repetición ha vuelto invisible, ahí está quizá su dimensión más filosófica: la autora no solamente pregunta por el significado de determinadas expresiones, pregunta por la formación de nuestros juicios, por la relación entre lenguaje y conciencia, por la educación y por la responsabilidad que tenemos frente a las ideas que heredamos. Platón aparece entonces con su exigencia de salir de la opinión, Locke con la pregunta por el origen y la formación de nuestras ideas, Protágoras como una provocación acerca del lugar desde donde medimos el mundo, y todos ellos terminan confluyendo en una preocupación contemporánea que sigue siendo profundamente humana: cómo aprender a mirar al otro sin imponerle, antes de conocerlo, las palabras con las cuales nuestra propia cultura ya lo ha definido.

El libro deja abierta una pregunta: ¿cuánto de nuestra manera de pensar pertenece realmente a nosotros y cuánto es una herencia que hemos recibido bajo la forma aparentemente inocente de una palabra? Allí comienza una crítica que no puede dirigirse únicamente contra los demás, porque también nos alcanza a nosotros mismos y nos obliga a reconocer que el pensamiento crítico no consiste en descubrir los prejuicios ajenos mientras permanecemos cómodamente instalados en los propios. Tal vez esa sea la inquietud más fértil que deja ¡Qué zulú!: comprender que cuestionar una palabra es apenas el comienzo, que detrás de ella existe una idea y detrás de la idea una determinada manera de mirar, y que transformar verdaderamente el lenguaje exige llegar hasta ese lugar más profundo donde se forman nuestras representaciones del mundo y del otro.

Quizá la reflexión a que nos invita la autora sea a recuperar el lugar de la palabra como afecto humanitario, tal vez sea necesario volver a Heidegger, quien nos dejó una de las imágenes más poderosas para pensar esta relación cuando afirmó que “el lenguaje es la casa del ser” y que “en su morada habita el hombre”. Si el ser humano habita el lenguaje, entonces cada palabra que recibe, conserva y pronuncia participa también de la construcción de esa morada, y la pregunta que queda abierta es qué clase de casa estamos construyendo con las palabras que heredamos, repetimos y transmitimos: una casa cerrada por los prejuicios, donde el otro tiene que entrar bajo las definiciones que ya hemos establecido, o una morada capaz de reconocer la diferencia sin convertirla en motivo de exclusión, una casa que pueda ser habitada por todos, sin distinción de ninguna clase.

Hay una tentación muy grande, casi inevitable, cuando un país cambia de gobierno: explicar el resultado electoral como si una mitad de la sociedad hubiera derrotado definitivamente a la otra. Colombia debería cuidarse de esa tentación.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales y tiene, por supuesto, la legitimidad democrática para gobernar. Pero convendría mirar con un poco más de detenimiento qué fue exactamente lo que lo llevó hasta la Casa de Nariño. Porque acaso allí se encuentre también la pregunta más importante de su gobierno.

Abelardo no llegó al poder solamente por la extrema derecha. Llegó, en buena medida, porque una parte considerable del país estaba cansada. Cansada de la improvisación, de la confrontación permanente, de la sensación de que gobernar consistía muchas veces en producir una nueva controversia antes de haber resuelto la anterior. Cansada también de un gobierno que, en distintos momentos, pareció mirar con desconfianza o desprecio a sectores enteros de la sociedad que no compartían su proyecto político.

La elección fue, en ese sentido, algo más complejo que un simple giro ideológico.

La primera vuelta había dejado a Abelardo y a Iván Cepeda separados por poco más de 660.000 votos. En la segunda, la distancia terminó reduciéndose a 251.854. De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos y Cepeda 12.708.312. No estamos, por tanto, frente a una revolución electoral de una mayoría aplastante. Estamos frente a un país prácticamente dividido en dos.

Y esa diferencia importa.

Porque una cosa es ganar una elección y otra, bastante más difícil, interpretar un país.

Tal vez Abelardo debería preguntarse si su triunfo fue exclusivamente el resultado de una adhesión profunda a la derecha que él representa o si también fue consecuencia de una circunstancia histórica mucho más amplia: el cansancio con el gobierno anterior, el rechazo a ciertas formas de ejercer el poder, la preocupación por la seguridad, la economía y el rumbo institucional, y la incapacidad de la izquierda para convocar a los sectores del centro político que necesitaba para convertirse en una mayoría nacional.

Incluso la presencia de José Manuel Restrepo en la fórmula presidencial decía algo que no debería pasar inadvertido. Para muchos votantes, Restrepo representaba una señal de moderación, de experiencia administrativa, de diálogo con sectores empresariales y académicos, y de una derecha que podía conversar con el centro. No era un detalle menor. Era una forma de decirle a un país que había alternativas distintas a la confrontación permanente.

Quizás por eso la historia de este gobierno no debería escribirse simplemente como la historia de la llegada de la derecha al poder.

Hay algo más interesante.

Hay una casualidad histórica entre Abelardo y la derecha colombiana que todavía está por convertirse en un vínculo profundo. Su triunfo puede ser leído como la convergencia de varias circunstancias, más que como la culminación de un largo proceso de construcción ideológica de una nueva mayoría conservadora. Las elecciones producen esas paradojas: a veces llevan al poder a una persona por razones que exceden ampliamente su propia biografía política.

Y allí comienza la verdadera encrucijada.

Porque Abelardo ya no es el candidato que podía representar la indignación de una parte del país. Es el presidente de todos.

Eso cambia el lenguaje, cambia la responsabilidad y debería cambiar incluso la idea de victoria.

Un candidato puede vivir de la diferencia. Un presidente necesita construir sobre aquello que comparte la sociedad.

Esta es quizá una de las pruebas más difíciles para un gobernante con una personalidad política tan marcada como la de Abelardo. La misma energía que puede servir para ganar una elección puede convertirse en un obstáculo para gobernar. La confrontación moviliza. El gobierno, en cambio, exige administrar diferencias.

Y Colombia está llena de diferencias.

Cada decisión de este gobierno será observada por un país especialmente sensible. La izquierda sospechará de la derecha. La derecha exigirá que el gobierno cumpla sus promesas. El centro estará atento a cualquier señal de radicalización. Los empresarios mirarán las reglas del juego. Los trabajadores, los jóvenes, las regiones, las víctimas, los militares, los campesinos y las universidades tendrán sus propias expectativas.

No hay, en este momento, un sector de Colombia que pueda decir que el país le pertenece.

Quizás esa sea precisamente la oportunidad histórica de Abelardo.

Los grandes estadistas no suelen ser recordados solamente por las batallas que ganaron contra sus adversarios. Son recordados por las fronteras que consiguieron mover. Por la capacidad de hacer que quienes no pensaban como ellos pudieran reconocerse, al menos parcialmente, en una obra común.

La historia suele ser más generosa con quienes construyen que con quienes simplemente vencen.

Hay, además, una idea que me gustaría pedirle prestada al propio presidente. Si Abelardo se reconoce en la tradición del hombre del Renacimiento, tendría allí una extraordinaria oportunidad para pensar su propia presidencia. Porque si algo hizo grande al Renacimiento no fue solamente la aparición de artistas geniales, sino la capacidad de mirar más allá de los límites conocidos, de cruzar disciplinas, de aprender del otro, de encontrar horizontes mayores que las circunstancias más íntimas o los círculos más limitados.

Leonardo podía ser pintor, anatomista, ingeniero y arquitecto. Maquiavelo podía estudiar a los antiguos para comprender a los modernos. Y Lorenzo de Médici entendió que la grandeza política de Florencia no consistía únicamente en acumular poder, sino también en convertirla en un centro de cultura, diplomacia y creación.

Lorenzo es, quizás, una figura especialmente sugestiva para un presidente que acaba de llegar al poder en un país dividido. Después de la conspiración de los Pazzi y de una guerra que puso a Florencia en una situación crítica, Lorenzo viajó personalmente a Nápoles y negoció la paz. Después construyó una política de alianzas y equilibrios que hizo de Florencia una pieza decisiva de la política italiana. Al mismo tiempo, alrededor suyo se reunieron artistas, poetas, filósofos y arquitectos. Su grandeza no estuvo solamente en mandar, sino en comprender que el poder podía ser también una forma de ampliar el horizonte de una sociedad.

Quizás esa sea una de las preguntas más interesantes que podría hacerse Abelardo: ¿puede un hombre que llegó al poder desde una identidad política tan fuerte ampliar su propio horizonte hasta convertirse en algo más grande que esa identidad? ¿Puede escuchar voces que no pertenecen a su mundo, incorporar ideas que no nacieron en su círculo, reconocer que incluso sus adversarios pueden tener algo que enseñarle?

Porque allí está, en últimas, la diferencia entre un gobernante que administra una victoria y un estadista que comprende una época.

Por eso sería un error que el nuevo gobierno confundiera el mandato electoral con un mandato para profundizar las divisiones culturales del país. Colombia no necesita que el presidente demuestre cada mañana que derrotó a la izquierda. Necesita que demuestre que puede gobernar mejor que ella.

Gobernar mejor significa recuperar la capacidad del Estado para hacer cosas concretas. Mejorar la seguridad sin abandonar las garantías institucionales. Hacer crecer la economía sin olvidar la desigualdad. Construir infraestructura. Mejorar la educación. Reducir la pobreza. Fortalecer las regiones. Defender las instituciones. Hacer que la administración pública funcione. Y, sobre todo, devolverle al ciudadano una sensación elemental que se ha ido perdiendo: que el Estado existe para resolver problemas y no para producir permanentemente nuevos enemigos.

Abelardo tiene además una ventaja que quizá todavía no alcanza a dimensionar: no necesita convencer a quienes ya lo votaron de que él tiene razón. Ellos ya lo hicieron.

Su desafío está en convencer a quienes no lo votaron de que también puede gobernarlos.

Ahí está la diferencia entre un presidente de partido y un presidente de país.

Colombia no eligió a Abelardo con una mayoría abrumadora. Lo eligió en una segunda vuelta extraordinariamente estrecha, en la que apenas unos cientos de miles de votos separaron dos proyectos de país. A Cepeda le faltó poco para ganar. A Abelardo le faltó poco para perder.

Esa cifra debería ser más que una estadística electoral: debería ser una lección política. El riesgo de no comprenderla es enorme. Un gobierno que no consiga construir consensos puede terminar alimentando el péndulo que lo llevó al poder. Si una parte del país siente que durante cuatro años fue ignorada, despreciada o excluida, la próxima elección puede convertirse, otra vez, en una oportunidad para llevar el péndulo hacia el otro extremo.

Eso ya lo hemos visto en Colombia.

Por eso construir consensos no es un gesto de debilidad ni una concesión ideológica. Es, incluso, una forma de proteger el propio proyecto político. Un gobierno que logra que una parte importante de quienes no lo votaron se sientan representados tiene más posibilidades de dejar una obra duradera que uno que simplemente satisface a sus seguidores.

Esta puede ser la gran oportunidad de Abelardo de la Espriella. No convertirse simplemente en el presidente que llevó a la derecha al poder, sino en el presidente que entendió que Colombia necesitaba salir de la lógica de los bloques.

Incluso podría hacer algo todavía más difícil: construir un gobierno que no tenga como principal propósito representar a la derecha, sino representar aquello que puede convertirse en lo colectivo.

No sería renunciar a sus ideas. Al contrario. Los estadistas no dejan de tener convicciones cuando construyen consensos. Lo que hacen es entender que una convicción política adquiere verdadera grandeza cuando consigue convertirse en una política pública que puede ser aceptada incluso por quienes no comparten su origen ideológico.

La historia está llena de gobiernos que ganaron con una bandera y terminaron siendo recordados por algo mucho más grande que esa bandera.

Ese debería ser el reto de Abelardo.

No gobernar para demostrar que una mitad del país tenía razón.

Gobernar para que, dentro de cuatro años, una mayoría de colombianos pueda decir que el país está un poco menos dividido, que las instituciones son un poco más fuertes, que el Estado funciona un poco mejor y que, incluso en medio de nuestras diferencias, todavía somos capaces de construir algo juntos.

Quizás esa sea la verdadera encrucijada de Abelardo.

Seguir siendo el hombre que ganó una elección contra una época que muchos colombianos querían dejar atrás, o convertirse en el presidente capaz de inaugurar otra.

La primera opción le pertenece a la política.

La segunda, a la historia.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

El renacer de Buenaventura exige pensar de manera profunda y aplicada sobre nuestras propias realidades. El terremoto no debería llevarnos simplemente a reconstruir lo que existía, sino a preguntarnos qué debemos transformar para que el territorio salga de esta crisis con mayores capacidades productivas, educativas y sociales.

Desde mi experiencia universitaria, considero necesario poner sobre la mesa una realidad que puede resultar incómoda, pero que debemos discutir con seriedad: el nivel con el que egresan muchos estudiantes de secundaria en el territorio presenta importantes deficiencias, aunque existan excepciones que, con todo mérito, reciben reconocimiento y visibilidad.

El problema es que las excepciones no pueden convertirse en la referencia para evaluar la situación general.

A esto se suma otro desafío: la educación superior colombiana no siempre está suficientemente articulada con las necesidades del aparato productivo. La universidad cumple funciones que van mucho más allá de preparar para un empleo; sin embargo, no podemos desconocer que existe una brecha entre la formación recibida y las competencias que requiere el mundo del trabajo.

En muchos casos, un joven puede tardar muchos años después de graduarse para alcanzar las capacidades, la experiencia y la productividad necesarias para acceder a un ingreso competitivo.

Por eso, el país necesita replantear su estrategia educativa. La educación secundaria debe dejar de ser concebida únicamente como una etapa preparatoria para ingresar a la universidad y convertirse también en un espacio para desarrollar capacidades técnicas, digitales, empresariales y socioemocionales que permitan a los jóvenes tener opciones reales de incorporación productiva al territorio.

En Buenaventura esto adquiere una importancia particular. La formación debe conectarse con las oportunidades y necesidades reales de la ciudad: logística y comercio exterior, construcción y reconstrucción, mantenimiento, turismo, gastronomía, pesca y transformación de productos del mar, servicios marítimos, economía digital, gestión ambiental, economía circular y servicios asociados a la actividad portuaria, entre otros.

Pero la transformación productiva no puede limitarse a quienes están ingresando al mercado laboral. También debemos mirar hacia quienes ya trabajan.

Una parte importante de la población obtiene sus ingresos en pequeñas empresas, micronegocios, actividades informales y economía popular. Por ello, la política pública debe pasar de una lógica asistencialista a una estrategia de incremento de la productividad.

El apoyo al comerciante formal e informal no puede reducirse a entregar estantes, carpas o ayudas temporales. Es necesario aportar conocimiento, tecnología, financiación, infraestructura, capacitación, asociatividad y acceso a mercados; pero, sobre todo, hay que ayudar a conectar esas actividades con las oportunidades económicas que ofrece el territorio.

La pregunta no debería ser únicamente cómo formalizar al trabajador informal, sino cómo hacer más productivo al pequeño comerciante, al pescador, al transportador, al restaurante, al artesano, al trabajador independiente o al microempresario.

Esto implica también cambiar nuestra concepción de la reconstrucción. La infraestructura educativa que se reconstruya después del terremoto no debería pensarse solamente en términos de cemento y acero. Debemos reconstruir colegios, pero también fortalecer las capacidades de los docentes, mejorar sus condiciones de trabajo y transformar los contenidos y metodologías para responder a las necesidades del territorio.

De la misma manera, cada inversión de reconstrucción debería preguntarse cuánto puede contribuir a desarrollar capacidades locales.

La construcción de viviendas, colegios, hospitales, vías y equipamientos puede convertirse también en una oportunidad para formar trabajadores, fortalecer empresas locales, desarrollar proveedores y generar empleo productivo.

Reconstruir no debería significar volver a la Buenaventura que teníamos antes del terremoto.

Debería significar utilizar esta crisis para construir una Buenaventura más productiva, más preparada y con mayores oportunidades para su gente.

El verdadero renacer de Buenaventura no estará solamente en levantar nuevamente sus edificaciones. Estará en elevar las capacidades de las personas, aumentar la productividad de sus empresas y conectar el talento y la economía local con las grandes oportunidades que genera su posición estratégica en Colombia y en el Pacífico.

Ese debería ser uno de los grandes propósitos de la reconstrucción: no reconstruir solamente los medios con los que la gente trabaja, sino aumentar la capacidad productiva de quienes trabajan.

Esa es la posición que la institucionalidad debería ponerse sobre la mesa del alto gobierno, y esa es la posición que desde el Comité Intergremial de Buenaventura planteamos abiertamente.

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De allí viene buena parte del lenguaje político contemporáneo: la disputa por la familia, la religión, el sexo, el género, la nación, la educación, el lenguaje. Todo parece convertirse en una batalla cultural.

Pero quizá Colombia debería hacerse una pregunta distinta: ¿cuál ha sido, en realidad, nuestra gran batalla cultural?

Para responderla habría que volver mucho más atrás que Gramsci.

Habría que volver a Nariño.

Y a Santander. Y a los hombres que, con todas sus contradicciones, comenzaron a imaginar una república en este territorio. No fueron liberales en el sentido partidista que adquiriría la palabra décadas después, y sería un error convertirlos retrospectivamente en militantes de un liberalismo contemporáneo. Pero buena parte de aquella generación estaba atravesada por las ideas de la Ilustración, el republicanismo, la libertad y la ruptura con la autoridad absoluta.

Había una pregunta enorme detrás de la Independencia: ¿quién debía tener la última palabra sobre nuestras vidas?

Durante siglos, la respuesta había estado en el rey, en la Iglesia, en la tradición, en la jerarquía. La modernidad política introdujo otra posibilidad: que los ciudadanos pudieran deliberar, disentir y construir sus propias instituciones.

Colombia no resolvió bien esa pregunta. La hemos respondido muchas veces con guerras.

Pero tampoco la respondió siempre con guerras.

Esa es una parte de nuestra historia que convendría recordar.

Nuestra democracia ha sido imperfecta, violenta, excluyente y, durante largos periodos, profundamente cerrada. Colombia fue durante buena parte de su historia una sociedad mayoritariamente católica, y el peso de la Iglesia en la vida pública fue enorme. El pluralismo religioso que hoy damos por descontado no existió siempre en las condiciones actuales.

Precisamente por eso la Constitución de 1991 constituye una de nuestras grandes victorias culturales.

No solamente porque cambió instituciones. Cambió la idea de lo que podía ser Colombia.

La Carta reconoció la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la igualdad de las distintas confesiones ante la ley. El artículo 19 es extraordinariamente claro: toda persona puede profesar y difundir libremente su religión y todas las iglesias son igualmente libres ante la ley.

Y hay algo hermoso en la consecuencia de esa decisión.

Gracias a esa libertad, hoy las iglesias cristianas —incluidas aquellas que no pertenecen a la tradición católica— pueden predicar, organizarse, abrir templos, formar comunidades, participar en la conversación pública y tratar de convencer a millones de colombianos.

Pueden incluso hacer política.

Y pueden hacerlo precisamente porque vivimos en un Estado que no les impone una religión oficial.

Esa es la paradoja que a veces olvidamos: la libertad religiosa no protege solamente a quienes piensan como nosotros. Protege también a quienes tienen ideas que nos incomodan.

La libertad es eso.

Y por eso cuesta entender que una parte del progresismo colombiano, que tanto ha defendido —con razón— la diversidad, la pluralidad y las libertades individuales, no siempre haya sabido reconocer que muchas de esas conquistas están inscritas en la arquitectura liberal de la Constitución de 1991.

La diversidad no nació ayer.

No la inventó el progresismo.

Tampoco la inventó la derecha.

Es el resultado de una tradición constitucional que permitió que colombianos muy diferentes pudieran existir dentro de la misma República.

Un colombiano puede ser católico. Otro puede ser evangélico. Otro judío. Otro musulmán. Otro ateo. Otro puede no saber muy bien qué cree. Todos tienen el mismo derecho a vivir de acuerdo con su conciencia.

Y eso incluye el derecho a intentar convencer al otro.

Ahí está, quizás, la verdadera batalla cultural.

No consiste en lograr que todos pensemos igual.

Consiste en construir una sociedad donde podamos pensar radicalmente distinto sin matarnos por ello.

Esto puede parecernos una obviedad en 2026. No lo es.

Colombia tiene una larga historia de guerras políticas. Liberales contra conservadores. Guerrillas contra el Estado. Paramilitares contra guerrillas. Narcotráfico contra instituciones. Y demasiadas veces la política terminó convirtiéndose en una justificación para la violencia.

Por eso uno de los grandes logros colombianos no es haber eliminado el conflicto. No lo hemos hecho.

Es haber conseguido, en distintos momentos, que una parte sustancial de nuestros conflictos políticos pueda resolverse mediante elecciones, congresos, tribunales, periódicos, universidades, libros, debates y urnas.

Es decir: que las ideas puedan enfrentarse sin que necesariamente se enfrenten las armas.

Esa batalla la hemos ganado muchas veces.

Y deberíamos sentir orgullo de ello.

Hoy, además, buena parte de la violencia que permanece en Colombia tiene cada vez menos que ver con grandes proyectos ideológicos y cada vez más con economías criminales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control territorial y rentas ilícitas. Los datos más recientes muestran casi 30.000 integrantes de estructuras armadas y delincuenciales en el país, con organizaciones cuyo poder está estrechamente ligado al control de economías ilegales.

Eso no significa que toda nuestra violencia haya perdido contenido político. El ELN y algunas disidencias conservan discursos ideológicos. Pero sería difícil negar que el crimen organizado y las economías ilegales tienen hoy un peso enorme en la explicación de la violencia.

Y eso también es una batalla cultural: conseguir que el narcotraficante, el extorsionista, el comandante armado y el corrupto dejen de aparecer como alternativas de poder y vuelvan a ser entendidos por la sociedad como lo que son: enemigos de la libertad.

Por eso me interesa menos la batalla cultural de Laje que la pregunta que hay detrás de ella.

¿Batalla cultural para qué?

Si se trata de conquistar universidades, medios de comunicación, iglesias, redes sociales y escuelas para imponer una nueva ortodoxia, no me interesa demasiado. Ya hemos tenido demasiadas ortodoxias.

Pero si se trata de defender una cultura política en la que el ciudadano pueda creer, disentir, rezar, no rezar, votar por la izquierda, votar por la derecha, cambiar de opinión, criticar al presidente, defender al presidente, escribir un libro, fundar una iglesia, abrir un periódico, marchar, protestar y convencer a los demás sin tener que pedir permiso al poder, entonces sí: esa batalla vale la pena.

Y hay señales recientes que deberían ser recibidas con atención.

El presidente Abelardo de la Espriella, por ejemplo, ha dicho que no buscará la reelección y, ya en la Presidencia, fue explícito en que durante su Gobierno no se abrirá camino a una Asamblea Constituyente. También se comprometió a entregar el poder en 2030 a quien resulte elegido en las urnas.

Hay que señalarlo.

No porque un presidente haya dicho algo correcto debamos dejar de criticarlo. Precisamente al contrario: una democracia madura debe ser capaz de reconocer un gesto institucional.

Y hay otros gestos que merecen atención.

Hace pocos días, Viviane Morales contó públicamente que se reunió con Brigitte Baptiste y directivos de la Universidad EAN para buscar colaboración en materia educativa después del terremoto.

Puede parecer una pequeña noticia.

No lo es.

Durante años hemos aprendido a mirar a determinadas personas como enemigos culturales. Morales y Baptiste pertenecen a mundos que, en la conversación política colombiana, han sido presentados muchas veces como incompatibles.

Pero allí estaban hablando.

No estaban renunciando a sus convicciones. No tenían que hacerlo.

Simplemente estaban descubriendo algo elemental: una República no exige que sus ciudadanos tengan las mismas ideas. Exige que puedan convivir con ellas.

Esa debería ser nuestra batalla cultural.

No que Colombia deje de ser católica para convertirse en progresista.

Ni que deje de ser progresista para convertirse en conservadora.

Ni que las iglesias desaparezcan de la esfera pública.

Ni que el Estado adopte una religión.

Ni que las convicciones religiosas sean expulsadas de la conversación democrática.

Ni que las nuevas identidades sean prohibidas.

Ni que las viejas tradiciones sean ridiculizadas.

La batalla consiste en algo más difícil: hacer que todas ellas quepan dentro de una misma República.

Colombia ha avanzado mucho en eso.

La Constitución de 1991 no fue solamente un cambio jurídico. Fue una declaración de confianza en que la sociedad colombiana podía ser plural sin dejar de ser una sola nación.

Por eso quizá deberíamos agradecer un poco más aquello que hemos construido.

Agradecer que hoy un sacerdote pueda predicar, que un pastor pueda abrir una iglesia, que un ateo pueda burlarse de Dios, que una persona LGBT pueda vivir públicamente su identidad, que un conservador pueda defender la familia tradicional, que un progresista pueda cuestionarla, que un periodista pueda escribir sobre lo que desee y que un ciudadano pueda votar por quien quiera.

Todo eso forma parte de la misma victoria.

La libertad no consiste en que ganen nuestras ideas.

Consiste en que nuestras ideas tengan derecho a intentar ganar.

Y quizá esa sea la verdadera batalla cultural que Colombia ha venido librando desde Nariño hasta 1991 y hasta nuestros días: conseguir que, finalmente, las ideas y las palabras valgan más que las armas.

Esa guerra todavía no la hemos ganado definitivamente.

Pero, a diferencia de tantas otras, vale la pena seguir peleándola.

No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

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En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

El pasado 6 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el CNMH presentó su rendición pública de cuentas. La frase que resumió estos cuatro años fue sencilla: “El territorio habla, el centro escucha”. Me parece una buena manera de entender no solamente lo que hizo la institución, sino también lo que debería significar una política pública de memoria en Colombia: que el Estado no llegue siempre a explicarles a las comunidades lo que pasó, sino que sea capaz de sentarse a escucharlas.

Y escuchar en Colombia no es un verbo menor. Durante décadas, demasiadas personas tuvieron que gritar para que alguien reconociera que habían sido víctimas. Otras aprendieron a guardar silencio porque hablar podía costarles la vida. Hay comunidades enteras cuya historia quedó por fuera de los grandes relatos nacionales. Hay archivos que estuvieron a punto de desaparecer, testimonios que permanecieron en la memoria familiar y lugares donde todavía una placa, una fotografía o un nombre son la única forma de decir: aquí ocurrió algo y nosotros seguimos aquí.

Por eso, detrás de las cifras presentadas por el Centro hay una historia mucho más grande. El CNMH logró tener presencia en 30 de los 32 departamentos, acompañar procesos en 356 municipios y trabajar con organizaciones de víctimas dentro y fuera del país. Son números importantes, pero no son la historia completa. La verdadera pregunta es qué significa que una institución nacional haya podido volver a esos territorios y, sobre todo, qué significa que las comunidades hayan decidido abrirle nuevamente la puerta.

Porque la memoria no se decreta desde Bogotá.

Se construye en una plaza, en una escuela, en una biblioteca, en una vereda, en una conversación familiar. Se construye cuando una mujer decide contar por primera vez lo que le ocurrió a su hijo. Cuando una comunidad rescata un documento que llevaba años guardado. Cuando un joven pregunta por qué en su municipio existe un monumento que nadie le ha explicado. Cuando alguien descubre que la historia que le contaron durante toda su vida tenía silencios, ausencias y responsabilidades que nunca fueron nombradas.

Eso explica buena parte del sentido de las caravanas por la memoria realizadas en regiones como el Oriente antioqueño, Montes de María, el Canal del Dique, Caquetá, el Eje Cafetero y Cundinamarca. No fueron simplemente actividades de una entidad pública. Fueron ejercicios de presencia. Y en un país donde durante décadas la presencia del Estado llegó muchas veces después de la violencia, estar, escuchar y permanecer también constituye una forma de reparación.

Hay algo más que me interesa especialmente: la recuperación de la investigación. Colombia necesita seguir investigando su conflicto armado no para quedarse atrapada en el pasado, sino precisamente para poder salir de él. Entender cómo funcionaron las estructuras armadas, quiénes se beneficiaron de la guerra, cómo operaron las violencias en cada región, qué papel tuvieron terceros actores y cuáles fueron las causas profundas de nuestros conflictos no es un ejercicio académico distante. Es una condición para que la democracia pueda mirarse al espejo.

La memoria, además, no puede convertirse en una sola versión oficial de Colombia. Esa sería justamente su negación. Colombia está hecha de memorias que a veces chocan, se contradicen y se incomodan. Están las memorias de las víctimas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes resistieron, de quienes tuvieron que desplazarse y también de quienes vivieron los acontecimientos desde lugares distintos. Una democracia madura no necesita que todas esas voces digan lo mismo. Necesita que puedan ser escuchadas sin que una de ellas tenga el poder de borrar a las demás.

Por eso me parece tan poderoso que el balance hable de 150 iniciativas de memoria histórica y más de un centenar de medidas de reparación simbólica. No porque las cifras sean impresionantes por sí mismas, sino porque detrás de cada iniciativa existe una comunidad tratando de convertir el dolor en algo que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones.

Hay una frase del balance institucional que, para mí, resume buena parte de esa tarea: “La memoria cobra sentido cuando regresa a las comunidades”. Esa debería ser una regla de oro. Investigar para publicar un informe que termina en una biblioteca es insuficiente. Investigar para que una comunidad pueda reconocerse en esa historia, para que un estudiante pueda preguntarse por ella y para que una sociedad pueda discutirla, es otra cosa.

También por eso son tan importantes los archivos. A veces hablamos de memoria como si fuera solamente un asunto de relatos, pero la memoria necesita pruebas. Necesita fotografías, cartas, expedientes, grabaciones, testimonios, documentos. Necesita preservar aquello que el tiempo, el abandono o la violencia pueden destruir. El trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en ese sentido, tiene una importancia que quizá no siempre alcanzamos a dimensionar: conservar los documentos de la guerra es conservar parte de la evidencia de lo que fuimos capaces de hacernos.

Y hay una escena que debería importarnos especialmente: un país que intenta construir democracia mientras todavía conserva millones de fragmentos de su propia historia sin ordenar.

Por eso también resulta trascendental la reactivación del Museo de Memoria de Colombia. Un museo de memoria no debería ser un mausoleo del dolor ni un templo de una determinada interpretación política. Debería ser un lugar donde Colombia pueda mirarse completa. Donde una víctima pueda reconocerse, pero donde también un ciudadano que nunca vivió directamente la guerra pueda entrar y preguntarse qué tiene que ver con él. Porque esa es la verdadera dimensión democrática de la memoria: convertir una experiencia particular en una pregunta colectiva.

El gran desafío ahora es que todo esto sobreviva a los gobiernos.

La memoria histórica no puede pertenecer a una administración, a un director, a un sector político ni siquiera a una institución. El propio balance del CNMH lo dice con una claridad que vale la pena conservar: “la verdad y la memoria no pertenecen a los gobiernos ni a las instituciones, sino a la sociedad que las construye y las protege”.

Esa frase debería estar presente cada vez que discutamos sobre memoria en Colombia.

Porque un país democrático no es solamente aquel que celebra elecciones. También es aquel que es capaz de recordar a sus muertos, escuchar a sus víctimas, reconocer sus responsabilidades y aceptar que su historia es más compleja que cualquier relato partidista. La memoria no debería servir para alimentar nuevas trincheras. Debería servir para comprender por qué las construimos.

Quizás por eso la rendición de cuentas del 6 de agosto fue algo más que un informe de gestión. Fue, en cierto sentido, el cierre de un relato y la apertura de una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que hemos escuchado?

El territorio habló. Eso parece claro.

La verdadera tarea de Colombia es conseguir que siga escuchando.

Porque cuidar la memoria es cuidar la democracia. Defender la verdad es defender la posibilidad de que la vida tenga un lugar después de la violencia. Y escuchar a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar quizá sea una de las formas más profundas que tenemos de construir un país que todavía no existe del todo, pero que podemos aprender a reconocer cuando aparece.

Sentí otra vez que estaba vivo.

Y pensé que quizás un terremoto, además de mover la tierra, puede mover algunas preguntas que solemos mantener quietas, preguntas que dejamos para después, para cuando tengamos tiempo, para cuando hayamos terminado de trabajar, para cuando hayamos resuelto esto o aquello, para cuando finalmente llegue ese momento en el que supuestamente empezará la vida que queremos vivir.

¿Para qué vale la pena vivir una vida?

¿Para qué vale la pena vivir la mía?

Pensé que, si la tierra se mueve, quizá también nosotros deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos.

Yo pensé en escribir.

En las historias que todavía faltan por contar, en las conversaciones que todavía no hemos tenido, en las personas que todavía necesitamos escuchar, en la posibilidad de hacer algo que tenga sentido más allá de uno mismo.

Hace unos años comenzó a circular una frase atribuida a la antropóloga Margaret Mead que siempre me ha impresionado: el primer signo de civilización sería un fémur roto que logró sanar. La idea es sencilla y poderosa, un hueso roto que ha tenido tiempo de soldarse significa que alguien se quedó al lado del herido, alguien lo alimentó, alguien lo protegió, alguien decidió que aquella vida importaba y que valía la pena esperar.

Quizás ahí comienza la civilización, no en las grandes construcciones, ni en los monumentos, ni siquiera en las instituciones, sino en el momento en que dejamos de abandonar al que está caído.

En medio del miedo, alguien piensa en cómo comunicarnos.

Y eso también es civilización.

Porque cuando ocurre una tragedia, cuando se cae una torre, cuando una familia queda atrapada, cuando una ciudad necesita ayuda, la primera pregunta no debería ser de qué lado está quien necesita ser auxiliado, sino qué podemos hacer.

Pienso en Cali.

Quizás ninguna ciudad colombiana haya ocupado un lugar tan particular en nuestra historia reciente. Cali ha sido, durante estos años, escenario de algunas de las grandes preguntas de Colombia.

Allí estuvo el mundo durante la COP, llegaron científicos, diplomáticos, ambientalistas, indígenas, jóvenes, expertos y ciudadanos de muchos países para hablar de biodiversidad, de la crisis climática, del planeta que estamos dejando, y durante unos días Cali dejó de ser solamente una ciudad colombiana para convertirse en una ciudad del mundo.

Pero también estuvo allí el estallido social.

Las calles llenas, la gente corriendo, los gases, los enfrentamientos, los jóvenes, las barricadas, el miedo, la rabia, la muerte, una ciudad partida que parecía decirnos que debajo de la superficie existían heridas mucho más profundas de las que habíamos querido reconocer.

Cali fue, de alguna manera, otro terremoto.

Solo que aquel no movió edificios, movió a la sociedad.

Y ahora la tierra vuelve a recordarnos algo que solemos olvidar, que el piso sobre el que construimos nuestras certezas no es necesariamente permanente.

También pienso en Manizales, en la imagen de la Catedral y su torre derecha afectada, una estructura que durante tanto tiempo había parecido inmóvil, segura, parte del paisaje y de la memoria de una ciudad, hasta que un movimiento de la tierra fue suficiente para recordarnos que incluso aquello que parece más firme puede tambalear.

Y esta vez no estamos hablando solamente de una sensación, ni de una mañana extraña en la que todos salimos de nuestras casas, estamos hablando de una tragedia humana de una escala que todavía estamos empezando a comprender, al cierre de esta columna los reportes hablan ya de más de doscientas personas muertas y de miles de desaparecidos, mientras los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros, una cifra que, como ocurre siempre en las primeras horas de una catástrofe, todavía puede crecer, y detrás de cada número hay una historia, una familia, una silla vacía en una mesa, alguien que esta noche no regresará a casa.

Colombia sabe de esto.

El terremoto de Armenia de 1999, de magnitud 6,1, dejó 921 muertos solamente en Armenia, más de 5.300 heridos y más de 21.000 viviendas averiadas o destruidas, una tragedia que todavía forma parte de la memoria del país y que cambió para siempre la manera en que pensamos la vulnerabilidad de nuestras ciudades.

Pero Colombia está además sentada en una región sísmica extraordinaria, una de las geografías más inquietas del planeta, donde las placas tectónicas chocan, se hunden, se deslizan y acumulan durante décadas una energía que puede liberarse en cuestión de segundos. No estamos ante una rareza de la naturaleza, vivimos en una región donde la tierra tiene memoria y donde la historia de América Latina está escrita también por grandes terremotos.

En 1970, en Perú, un terremoto de magnitud cercana a 7,9 desencadenó un gigantesco alud que sepultó Yungay y dejó más de 66.000 muertos. En 1939, Chile sufrió uno de los terremotos más mortales de su historia, con más de 24.000 víctimas. En 1976, Guatemala vivió un terremoto que dejó alrededor de 23.000 muertos. En 1972, Managua fue destruida y Nicaragua perdió unas 11.000 vidas. En 1985, México sufrió el terremoto que convirtió al 19 de septiembre en una fecha grabada en la memoria latinoamericana.

Y luego está Haití.

El terremoto de 2010, de magnitud 7,0, dejó una cifra estimada de más de 300.000 muertos y se convirtió en una de las mayores tragedias sísmicas de la historia moderna, no solamente por la fuerza de la naturaleza sino por la pobreza, la precariedad de las construcciones, la concentración de población y la fragilidad institucional que hicieron que el desastre fuera infinitamente más mortal.

Es una diferencia que deberíamos recordar.

Un terremoto tiene una magnitud, pero una tragedia tiene muchas otras variables.

Importa dónde ocurre, a qué hora, cuánta gente vive allí, cómo están construidos los edificios, qué tan preparadas están las instituciones, si existen comunicaciones, si funcionan los hospitales, si llegan las ambulancias, si hay agua, si alguien puede entrar a una zona destruida y, sobre todo, si una sociedad sabe responder cuando todo lo demás deja de funcionar.

Chile puede ser una de las mejores lecciones de América Latina. En 1960 sufrió el terremoto más potente registrado instrumentalmente, de magnitud 9,5, y sin embargo los grandes terremotos posteriores han producido cifras de muertos muchísimo menores que las de otros países de la región, en buena medida porque décadas de experiencia, normas de construcción, ingeniería y preparación han aprendido a convivir con una tierra que inevitablemente volverá a moverse.

Eso también es civilización.

No podemos impedir que la tierra tiemble.

Pero sí podemos decidir cuánto daño estamos dispuestos a permitir que haga.

Tal vez esa sea una de las grandes preguntas que deja este terremoto, no solamente cómo reconstruir lo que cayó, sino qué país queremos construir para cuando vuelva a ocurrir, porque volverá a ocurrir, en Colombia, en México, en Chile, en Perú, en cualquier lugar de esta enorme y maravillosa América Latina que habitamos, una región atravesada por volcanes, fallas, montañas, océanos y una geología que nos recuerda permanentemente que la naturaleza no está bajo nuestro control.

Tal vez Colombia debería aprender a vivir con esa conciencia, no con miedo, sino con preparación.

Porque la escala de este terremoto también nos obliga a pensar en la escala de nuestra respuesta.

Y ahí volvemos a lo mismo, a la necesidad de encontrarnos.

Tal vez Colombia lleva demasiado tiempo viviendo así, sobre un suelo que se mueve.

Se mueve la política, se mueve la economía, se mueve la confianza, se mueven las instituciones, se mueve nuestra conversación pública, se mueven las certezas, y nosotros seguimos muchas veces empeñados en hacer exactamente lo contrario de lo que una sociedad debería hacer cuando siente que el piso tiembla, en lugar de acercarnos, nos alejamos, en lugar de escucharnos, gritamos, en lugar de preguntarnos qué podemos construir juntos, dedicamos buena parte de nuestra energía a demostrar que el otro es culpable.

Pero un terremoto no pregunta quién votó por Petro.

No pregunta quién votó por la oposición.

No pregunta quién es rico o pobre, quién vive en el norte o en el sur, quién es de Cali, de Bogotá, de Manizales o de cualquier otro lugar.

Cuando el piso se mueve, somos simplemente seres humanos tratando de encontrar a los nuestros.

Quizás por eso deberíamos aprovechar este momento para pensar colectivamente.

No solamente en cómo responder a este terremoto, no solamente en cómo reconstruir aquello que haya resultado afectado, no solamente en cómo garantizar que quienes necesiten ayuda la reciban, sino en algo más profundo, en cómo queremos acompañarnos como sociedad.

Porque deberíamos acompañarnos también cuando no tiembla.

Cuando alguien pierde el empleo.

Cuando un joven siente que no tiene futuro.

Cuando una familia no sabe cómo pagar una factura.

Cuando una comunidad se siente abandonada.

Cuando alguien piensa distinto y, en lugar de convertirlo en enemigo, somos capaces de escucharlo.

Colombia necesita encontrarse.

No para pensar igual, porque una democracia sin diferencias sería una sociedad muerta, sino para comprender que nuestras diferencias no pueden ser más grandes que aquello que compartimos.

Hay momentos en los que la historia nos obliga a recordar que pertenecemos al mismo lugar.

Hoy fue un terremoto.

Mañana será otra cosa.

Y quizás la verdadera prueba de una sociedad no esté en cuánto puede resistir cada individuo por separado, sino en cuánto somos capaces de sostenernos unos a otros cuando las cosas se complican.

Por eso vuelvo a aquella imagen del fémur sanado.

Un hueso roto que pudo curarse porque alguien se quedó.

Alguien tuvo paciencia.

Alguien cuidó.

Alguien entendió que la vida del otro también era responsabilidad suya.

Quizás eso es lo que necesitamos recordar en Colombia.

Que solamente hay una manera de sacar este país adelante: juntos.

No juntos porque pensemos igual, sino juntos porque compartimos el mismo suelo, la misma historia, las mismas heridas y, sobre todo, la misma posibilidad de futuro.

Esta mañana, mientras bajaba las escaleras pensé que quizás todos habíamos recibido una pequeña oportunidad.

Una oportunidad para recordar que estamos vivos.

Para preguntarnos para qué queremos estarlo.

Para mirar al que tenemos al lado.

Para escribir, para cuidar, para escuchar, para construir.

Para quedarnos.

Porque al final, cuando todo tiembla, quizá lo único verdaderamente importante sea saber que no estamos solos.

Ahora, cuando termina un gobierno y comienza otro, Sánchez plantea una discusión que va más allá del balance sobre Petro: qué país queda y qué país se quiere construir. Habla de energía, gas, tarifas, inversión, pobreza y empleo, pero también de la necesidad de recuperar la técnica en las decisiones públicas, de tener funcionarios capaces de contradecir al presidente y de entender que el sector privado no puede ser visto como un enemigo. Su frase resume buena parte de la conversación: “Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso”.

Pero quizá la parte más importante de escucharlo ahora está en su llamado a dejar atrás la política de la confrontación permanente. “Tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro”, dice. Sánchez no propone olvidar lo ocurrido durante estos cuatro años, sino aprender de ello y construir sobre lo que ya existe. En un país acostumbrado a que cada gobierno quiera empezar de cero y a que cada diferencia termine convertida en una pelea, su invitación es sencilla y, al mismo tiempo, difícil: volver a hablar, volver a escuchar y preguntarnos menos quién ganó la discusión y más qué necesita Colombia.

Diego Aretz: Usted fue compañero de Gustavo Petro en el Senado y lo conoce desde hace muchos años. Ha sido también un crítico de su gobierno. ¿Cómo lee hoy a Petro? ¿Es el mismo alcalde, el mismo senador o el presidente fue otra persona?

Camilo Sánchez: Yo estoy acostumbrado a construir desde la diferencia. Cuando llegó Petro al Gobierno pensé que íbamos a tener un diálogo técnico. La gran sorpresa fue que terminó siendo ideología y no técnica.

Yo lo tuve como compañero en el Senado y tengo que decirlo: era un buen parlamentario, hacía debates muy bien sustentados. Eso fue totalmente distinto a lo que vimos como gobernante.

Creo que no tuvo un equipo real y serio que pudiera acompañarlo. Fue muy egoísta, creyendo que él tenía la verdad revelada. Nombró funcionarios para que hicieran caso y no para que lo ayudaran a gobernar. Esa fue una de sus grandes falencias.

Si se hubiera mantenido con el primer gabinete, con personas pensantes que podían decirle que no y darle buenos consejos, hubiera tenido una administración admirable. Hoy creo que fue deplorable. Cometió el error de rodearse de áulicos, de personas que solamente hacían caso y no de personas que lo ayudaran a gobernar.

Él es bueno para hacer debates, malo para ejecutar. Lo demostró en la Alcaldía y ahora lo ratificó como presidente.

Diego Aretz: Hablemos de economía y energía. ¿Cuál es su balance de estos cuatro años?

Camilo Sánchez: Los servicios públicos son el nivelador social por excelencia. Desde que llegué a Andesco aprendí que cuando uno mejora la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios públicos, mejora el nivel de vida de todos los colombianos.

Como senador tuve la suerte de ayudar a hacer las leyes 142 y 143, que produjeron una gran revolución. En menos de 32 años cambiamos las coberturas, la calidad y la continuidad de los servicios públicos. Mostramos que para cambiar lo público se necesitaba algo fundamental: competencia. Entraron los privados y los modelos mixtos a competir con lo público y el servicio mejoró.

Hoy tenemos coberturas superiores al 95% en todos los servicios. Es un ejemplo para Latinoamérica. En muchos rincones del país la gente tiene acueducto, alcantarillado, energía y tecnologías de información y comunicación, algo que antes parecía reservado a los departamentos ricos.

Lo triste es que este Gobierno no aprovechó esa ventaja.

Los empresarios, que son quienes hacen la inversión, pedían dos cosas: seguridad jurídica y personas que conocieran técnicamente los sectores para tomar decisiones. Nosotros tenemos una frase: “Buenas decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana”.

Cuando se toman malas decisiones ocurre lo que estamos viviendo. Nosotros nunca deberíamos estar hablando de un apagón.

Un apagón en Colombia nos puede costar entre 1,8 y 2,2 puntos del PIB. Es gravísimo. El Gobierno decidió que Colombia no iba a producir más petróleo y gas y terminamos dependiendo de otros países. Hoy estamos importando más del 30% del gas, cuando antes se importaba alrededor del 4%.

Necesitamos recuperar la soberanía energética y construir una matriz energética diversa: agua, energía eólica, solar, pero también térmica. Aquí se decidió que algunas de esas energías no tenían sentido y son precisamente las que nos han salvado.

Diego Aretz: ¿Qué tan probable es un apagón y qué tiene que hacer el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Si no hubieran existido las empresas del sector eléctrico colombiano que se endeudaron, trabajaron e hicieron esfuerzos enormes, este país habría tenido problemas muy graves.

Hoy tenemos un apagón técnico. La demanda del país está casi un 5% por encima de la oferta y tenemos cortes programados en municipios del Pacífico y el Atlántico de cuatro, seis y hasta ocho horas. Les ponemos un nombre técnico, pero son apagones.

Cualquier contingencia puede apagar el país.

Además, tenemos un problema financiero. A Air-e se le deben alrededor de tres billones de pesos y a las térmicas cerca de dos billones. En un momento como el fenómeno de El Niño, cuando las térmicas pueden generar una parte fundamental de la energía firme del país, no tener liquidez puede producir un apagón financiero.

Por eso le estamos pidiendo al nuevo Gobierno que priorice estos recursos en el Presupuesto Nacional. Hay que evitar ese apagón.

También aplaudo que se haya nombrado una persona técnica al frente de Minas y Energía. En el Gobierno anterior, los ministros de Minas y Energía brillaron por su ausencia de capacidad técnica. Hicieron ideología y política.

Nosotros dimos muchas propuestas, pero querían bajar las tarifas a las malas y no lo lograron.

Diego Aretz: ¿Fue una estrategia deliberada de desfinanciar empresas públicas y servicios para debilitarlos?

Camilo Sánchez: Desde afuera parecía exactamente la misma práctica aplicada en dos sectores distintos. Era un modus operandi.

Tengo que aplaudir a los empresarios que hicieron hasta lo imposible. Otros habrían botado la toalla. Las empresas térmicas se endeudaron hasta el máximo para poder cumplirle al país.

Ahora tenemos que hacer un plan de choque. Primero, priorizar el Presupuesto Nacional para resolver el problema de Air-e. Segundo, revisar la opción tarifaria. Y tercero, pedirles a alcaldes y gobernadores que paguen las deudas de colegios, hospitales y otras entidades públicas.

La liquidez es la única forma de evitar una quiebra y un apagón.

Diego Aretz: Usted ha tenido una postura muy abierta al diálogo. Incluso durante el Gobierno Petro invitó a sus ministros a los congresos de Andesco. ¿Cómo debe ser la relación con el nuevo Gobierno?

Camilo Sánchez: Desde antes de que ganara el presidente de la República teníamos un vínculo muy grande con el vicepresidente y estuvimos revisando las propuestas para construir un plan de choque para los primeros 100 días.

Nosotros creemos en construir sobre lo construido. Una de las cosas que le decía al presidente Petro y a sus ministros era que ellos creían que habían llegado a fundar el mundo. Aquí ya se habían hecho cosas muy importantes que tenían que seguir construyéndose.

Desde la diferencia buscamos puntos de encuentro.

Nosotros les entregamos estudios sobre electricidad y gas. Les dijimos a tiempo que íbamos a tener que importar grandes cantidades de gas si dejábamos de perforar y aumentar las reservas. Nos dijeron que éramos mentirosos y tramposos, que el apagón era mentira.

Hoy estamos en un apagón técnico y tenemos cortes programados.

Al presidente le faltó dignidad para nombrar personas que pudieran llevarle la contraria. Y ese también es un mensaje para el nuevo Gobierno:

Necesitamos gabinetes de lujo, no personas que hagan caso.

Gabinetes capaces de escuchar las distintas posiciones y tomar decisiones aunque no sean las que inicialmente tenían previstas.

Y tenemos que entender algo fundamental: el sector privado no es el enemigo a vencer.

Con este Gobierno queremos trabajar. Para todo lo bueno estaremos acompañándolo, pero tampoco vamos a ser áulicos. Vamos a decir siempre las cosas en las que no estemos de acuerdo, con argumentos y estudios.

Aquí tienen que volver a gobernar la inteligencia, los estudios y la técnica.

Diego Aretz: ¿Cuáles son las prioridades de los primeros 100 días?

Camilo Sánchez: Lo primero es revisar y derogar los proyectos que fueron negativos y estuvieron fundamentados solamente en ideología. El Consejo Gremial entregó un arsenal de propuestas y prospectiva. Mostramos cuáles resoluciones, decretos y proyectos eran negativos.

En energía y servicios públicos tenemos varios asuntos claves: el marco tarifario de agua potable y saneamiento básico, la transmisión, la generación y, especialmente, Air-e.

También es fundamental priorizar el Presupuesto Nacional para darle liquidez al sector en el momento más crítico.

Lo que estamos viendo ahora es algo que no se había hecho durante cuatro años: técnica, conocimiento y convocatoria a los mejores, sin importar de dónde vengan.

Y hay otro reto: la oposición.

Me parece equivocado empezar a hacer oposición sin que siquiera haya comenzado el Gobierno. ¿Cómo se puede juzgar un Gobierno que todavía no ha tenido la posibilidad de empezar a actuar?

Primero hay que esperar 90 o 100 días y hablar sobre hechos, no sobre prejuicios.

Diego Aretz: ¿Cómo podemos superar la polarización?

Camilo Sánchez: A mí me dolió mucho ver cómo se perdió la cultura democrática. Un presidente tiene que saber entregar el poder.

Uno no puede ser una persona maleducada ni en la entrada ni en la salida. El presidente Duque no tenía por qué estar feliz de entregarle el poder a Petro, pero era un demócrata y lo entregó como debía.

Ahora tenemos que trabajar para volver a unir al país. Lograron dividir a los colombianos, a las familias, los barrios y las poblaciones.

La gran estrategia debe ser que todos, desde la diferencia, construyamos para el beneficio general.

Tenemos que volver a trabajar en equipo. Lo que queremos todos es que le vaya bien al país.

Diego Aretz: Hablemos de servicios públicos. ¿Son caros o baratos en Colombia frente a los países desarrollados?

Camilo Sánchez: Tenemos servicios públicos admirables para los estándares internacionales y nuestras rentabilidades no son excesivas.

Hay que entender algo: más del 80% de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos. Los empresarios saben que no pueden poner tarifas que la gente no pueda pagar porque destruirían el sector.

En Colombia hemos hecho un milagro. Somos un fenómeno en Latinoamérica.

Tenemos, además, un sistema de subsidios cruzados: los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comercial e industrial, subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Eso es algo maravilloso.

Lo que tenemos que hacer es sacar a los colados del sistema.

En Colombia el estrato 4 es el único al que se le cobra lo que realmente vale el servicio.

En tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, los precios han crecido por debajo de la inflación. Es un sector tecnológico, con economías de escala y mucha competencia.

Y en energía, comparados con Estados Unidos, nuestros costos son muy bajos.

El problema es que tenemos redes de transmisión de más de 50 años. Somos unos berracos: hemos logrado mantener y aprovechar tecnología que ya es obsoleta.

Pero durante cuatro años no fue negocio invertir porque cambiaron las reglas de juego.

Diego Aretz: ¿Cómo sacamos de la pobreza a los colombianos que siguen en esa situación?

Camilo Sánchez: Lo primero es evitar el asistencialismo puro. Cuando un país se vuelve asistencialista, la gente puede terminar atrapada en la pobreza porque no encuentra incentivos para progresar.

Los subsidios son necesarios para quienes realmente los necesitan y no tienen posibilidades de salir adelante. Pero tienen que ser dignos, pagables y sostenibles.

El resto debe complementarse con incentivos.

Yo creo profundamente en el autoempleo y en la creación de microempresas. Hoy una persona crea una empresa y puede quebrarse en los siguientes cinco años porque le ponen condiciones como si fuera una gran compañía.

Hay que darle líneas de crédito, subsidios a las tasas de interés y condiciones para que pueda desarrollar su actividad.

Eso es más barato que mantener permanentemente un subsidio.

Y tenemos que incentivar a quien estudia y se esfuerza. ¿Cómo puede haberse convertido en pecado que una persona de estratos bajos reciba apoyo para estudiar en una universidad como Los Andes?

En mi caso particular, mi padre fue mesero del Hotel Tequendama y uno de mis mayores orgullos es que me dio la educación para que yo no tuviera que repetir lo que a él le tocó vivir. Llegó incluso a ser presidente encargado de este país.

Eso es lo que tenemos que crear: conciencia de que una persona puede progresar.

Diego Aretz: Si tuviera que escoger una política concreta para reducir la pobreza, ¿cuál sería?

Camilo Sánchez: Hacer de la generación de microempresas un objetivo nacional.

Tenemos que crear una política de autoempleo. Dar crédito, capacitación e incentivos para que una persona pueda convertirse en su propio empleador y trabajar para mantener a su familia y mejorar su situación.

También hay que hacer algo con el campo. Si entregamos tierras pero no damos maquinaria, crédito, asistencia y posibilidades de comercialización, en cinco años esas tierras pueden volver a concentrarse en otras manos.

No basta con entregar cinco hectáreas. Hay que darle al campesino las condiciones para producir, pagar a sus trabajadores, tener agua, servicios y comercializar.

Por eso necesitamos una política de autoempleo y darle incentivos al sector productivo, no convertirlo en el enemigo a vencer.

Los particulares son quienes hacen la inversión en este país. Tenemos que volver a darles confianza.

Diego Aretz: Hay algo que parece fundamental para el nuevo Gobierno: ¿cómo hacemos para que Colombia deje de vivir permanentemente mirando hacia atrás, discutiendo sobre Petro y sobre los cuatro años que terminan?

Camilo Sánchez: Yo creo que tenemos que parar de darle el megáfono a Petro. Tenemos que hacer un acuerdo de mirar al futuro. Petro ya tuvo cuatro años para gobernar, tomó sus decisiones y los colombianos las van a evaluar. Ahora el país tiene que mirar hacia adelante.

No podemos permitir que durante los próximos cuatro años toda la agenda nacional siga siendo Petro. Sería un error político y un error histórico. Si el nuevo Gobierno se dedica a responderle todos los días al presidente anterior, termina gobernando para él y no para los colombianos.

Hay que pasar la página, pero pasarla no significa olvidar. Significa aprender. Tenemos que mirar qué funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que corregir. Y eso implica reconocer también las cosas buenas que se hicieron en gobiernos anteriores. Colombia no puede seguir siendo un país que cada cuatro años cree que empieza de cero.

Tenemos que construir sobre lo construido.

Yo le diría al nuevo presidente: no se deje llevar por la tentación de gobernar solamente para quienes votaron por usted. Gobierne para todos. Y eso significa escuchar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a las regiones, a las universidades, a las organizaciones sociales y también a quienes están en la oposición.

La oposición es necesaria en una democracia. Lo que no podemos tener es una oposición que quiera que al Gobierno le vaya mal para demostrar que tenía razón. Si al Gobierno le va mal, le va mal a Colombia. Y si le va bien, ganamos todos.

Por eso también necesitamos bajar el nivel de agresividad. Colombia está cansada de que todo se convierta en una pelea. Hay que recuperar la conversación pública.

Yo no estoy diciendo que tengamos que pensar igual. Al contrario. Yo creo en la diferencia. Pero una cosa es tener diferencias y otra es convertir al que piensa distinto en un enemigo.

El sector privado no puede ser el enemigo. La oposición no puede ser el enemigo. Los empresarios no pueden ser enemigos. Los trabajadores no pueden ser enemigos. El Gobierno tampoco puede ver enemigos en todas partes.

Tenemos que volver a construir confianza.

Y la confianza se construye con reglas claras, con instituciones fuertes, con decisiones técnicas y con personas capaces de reconocer cuando se equivocan.

Colombia tiene enormes problemas, pero también tiene enormes posibilidades. Tenemos empresarios, trabajadores, científicos, universidades, campesinos y jóvenes capaces de hacer cosas extraordinarias.

Lo que necesitamos es que el Gobierno no les ponga obstáculos y que vuelva a existir una idea común de país.

Tenemos que dejar de preguntarnos quién ganó la discusión y empezar a preguntarnos qué necesita Colombia. Ese tiene que ser el acuerdo nacional: mirar hacia adelante.