La transfiguración de una fiera destripadora

No deja de ser sorprendente esa transfiguración de una fiera depredadora, que en campaña hablaba de “destripar a la izquierda” y a sus miles de seguidores, ahora convertida en un aplomado abogado que cita el artículo 188 de la Constitución Política y dice encarnar y simbolizar la “unidad nacional” para proteger los “derechos y libertades de todos los colombianos”. Sin duda, asistimos al primer milagro de este taumaturgo que, con su vicepresidente tecnócrata, José Manuel Restrepo, convertido repentinamente en telonero del espectáculo, harán de toda Colombia una “Patria Milagro”. ¿Cómo entender esa transfiguración? Habrá que atribuirla a la alquimia constitucional que es capaz de transformar a un candidato “cargado de tigre” en un civilizado estadista, al menos en el discurso, faltará ver en la realidad, que es donde realmente importa. Por ahora, la Constitución no es más que un libreto protocolario para tranquilizar incautos.  De no cumplirla y solo recitarla, entonces estaremos frente a una grave esquizofrenia política y constitucional, parecida a la vivida y sufrida por su admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que terminó abusando y cambiando un artículito de la sacrosanta Constitución del 91. Hasta llegó a decir que el Estado de opinión era superior al Estado de derecho. Es probable que también el Tigre llegué a afirmar que la salvación de la Patria está por encima de la Constitución. Pero, como tanto gusta al Tigre Abelardo hablar de extrema coherencia, vamos analizar someramente algunos apartes de su discurso que develan extremas contradicciones e incoherencias. Vamos hacerlo en dos entregas, empezando esta con el significado que le asigna a la Patria y el alcance de su consigna: “Firmes por la Patria”.

¿De cuál Patria nos habla?

Nos habla sobre todo de la Patria de los negocios y los grandes mercaderes, de sus inversiones y su codicia sin límite, que no depararán en la depredación de nuestra portentosa biodiversidad, utilizando el fracking para “perforar, perforar y perforar”, en asocio con petroleras internacionales y de MAGA, como lo pregona y hace Trump en America First, sin escatimar los daños irreversibles causados al planeta y la actual catástrofe climática. No demorará Trump en proponerle extender sus inversiones hoteleras y campos de golf para hacer de Barranquilla la Miami del Caribe, así como lo hizo con su cómplice genocida, Netanyahu, para convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Próximo. Es muy probable que ambos, con ese espíritu de empresarios que tienen, terminen haciendo buenos negocios con la asesoría del vicepresidente, José Manuel Restrepo, que será el vendedor internacional de la marca Colombia, como ya lo anunció el Tigre, invitando a Elon Musk para que ensamble sus Teslas en Medellín y se interese por explorar las tierras raras que necesita su empresa espacial. Así irán haciendo de la Colombia Milagro un Dorado para un selecto grupo de emprendedores nacionales e internacionales, con el apoyo de todos los gremios y el corifeo de los grandes medios de comunicación. Hasta acabarán convenciéndonos a todos de ese milagro económico que eliminará en pocos meses la pobreza, la economía informal y hasta el desempleo, por lo cual no serán necesarias políticas sociales, si acaso subsidios puntuales.

Primero la seguridad, matriz de la paz

Pero, para ello, antes se necesitan los héroes de la Patria, esa legión de abnegados militares que ofrendarán sus vidas por la seguridad, matriz de la paz, que todos disfrutaremos en 90 días en los campos y ciudades, gracias a miles de ciudadanos “firmes por la Patria”, como otrora lo hicieran Carlos Castaño en compañía de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con los buenos muchachos del DAS. A todos ellos asesoró el Tigre y condujo desinteresadamente por los caminos de la desmovilización en compañía de su colega, Mario Iguarán, entonces viceministro de justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, con la asistencia del audífono en su oído derecho, recitó el Tigre la Oración Patria que rezan los militares para insuflar su espíritu de valor y así sacrificar sus vidas en defensa del patrimonio y la Patria de unos pocos. Esa es la esencia del patriotismo y el alcance de ese grito estentóreo: “Firmes por la Patria”. Tampoco podía faltar en su discurso la defensa a ultranza de la democracia, del respeto a la separación de las ramas del poder público, de las libertades ciudadanas y de las garantías al senador Iván Cepeda para el ejercicio de la oposición, siempre y cuando no se le ocurra promover la subversión, es decir, liderar protestas y movilizaciones ciudadanas en defensa de derechos sociales conquistados durante el gobierno del cambio. Porque es muy curioso que, para el Tigre, como para casi todo el establecimiento y sus poderosos gremios, en Colombia no existe el Estado Social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues solo nos hablan del Estado de derecho. Pero sobre esa peculiar concepción del Estado y la democracia trataré en la segunda parte, ya que requiere un análisis más detallado y extenso de ese espectacular y emotivo discurso pronunciado, mejor recitado, gracias al discreto audífono instalado en su oído derecho, en medio de cánticos gloriosos y ese deslumbrante juego de luces de navidad en “La Ventana al mundo”.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• —”¡¡Smithers, que es esta extraña sensación en el pecho!!”.
• —”Es su corazón señor, creo que volvió a latir”. (Escena de Los Simpsons)

La candidata Claudia López usó dos veces el término “mafiosongo” para referirse a las personas a las cuales representan el candidato Abelardo De La Espriella y su vice José Manuel Restrepo. Lo dijo en su cuenta de X y lo repitió en entrevista con María Jimena Duzán.

Sobre Restrepo, Claudia López afirmó: “El señor va a pasar a ser lo que todos los vicepresidentes: una figura de adorno que la ponen donde no estorbe. (…) Es una vergüenza que un tipo como José Manuel se preste para ser la cara de la mafia de Colombia. El que le lava la cara a un proyecto mafioso, sectario, machista, clasista, corrupto. La derecha tecnocrática de Colombia prefiere ser la careta de la mafia que va a gobernar que quedarse a hacer oposición y controlar eso”.

Fue más allá: “A la derecha colombiana le valen huevo las instituciones y la Constitución. Lo que quiere es defender unos privilegios (…) esto volverá a ser una corruptela de negocios como Trump (…) protegida desde el Estado”.

Tan grave como eso, dijo también que “vienen con un proyecto hegemónico de décadas, reaccionario, antiderechos, clasista, machista trumpista”.

De acuerdo con la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, la candidatura de Abelardo de la Espriella representa un peligro para las libertades. “La mafia del señor Abelardo las va a aplastar todas: la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de crédito, la libertad política. (…) Es un señor que va a venir a matar a la gente de frente por ser opositora, sin asco”. (…) El señor Trump los ha ido matando políticamente uno por uno (…) Desde el poder Trump ha exterminado a toda la derecha republicana. Ese exactamente es el plan de Abelardo”.

Hay quienes creen que José Manuel Restrepo es el “rostro amable” de esa campaña. Es un tecnócrata que ya pasó por el gobierno de Iván Duque como su doble ministro de Hacienda y de Comercio, y no con pocas polémicas encima.

Del trino de la exalcaldesa, llama la atención que puso una foto del economista Restrepo junto a la icónica (¿lacónica?) imagen del famoso señor Burns, de la serie Los Simpsons, con su frente ancha, nariz aguileña y mandíbula superior prominente. Hay quienes tomaron esto como una burla a la apariencia física del vice.

No obstante, se parecen en sus profesiones. El señor Burns se matriculó en la Universidad de Yale, donde estudió administración de empresas. Restrepo es un economista bogotano, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario.

El uno costeño y el otro cachaco, podría pensarse que Abelardo tuvo la sagacidad de escogerlo para darle un parte de tranquilidad a las elites bogotanas, pero lo cierto es que el vice no figura en el círculo íntimo del candidato presidencial, revelado por La Silla Vacía. Extrañamente, tampoco aparece ningún miembro de la familia Char.

Hay quienes creen que el verdadero poder detrás de De La Espriella son los Char y que, en consecuencia, el polémico abogado es la persona que podría hacerles realidad el sueño presidencial a los miembros de este clan político, según cuentan las periodistas María Jimena Duzán y Laura Ardila en un episodio del podcast A fondo. A mi modo de ver, una élite local está a punto de convertirse en el nuevo establishment colombiano, con tentáculos nacionales. Es posible que a esta hora se froten sus manos con mucha ansiedad, entre güisqui y güisqui.

Me di a la tarea de indagar donde se unen la realidad y la ficción, y encontré que en la forma de ser y comportarse, el detestable señor Burns es más parecido al candidato De La Espriella. Si ganan la elección el domingo, el tiempo lo dirá… y seguramente El Espectador también. Juzguen ustedes.

Biografía de un empresario codicioso e infeliz

Su nombre es Charles Montgomery Burns. Es el anciano infeliz, ricachón y poderoso de Springfield, transformado en el villano que utiliza el dinero como arma para hacer lo que le venga en gana (marranear diríamos en Colombia), pasando por encima de las autoridades. Su leal empleado, confidente y enamorado secreto se llama Waylon Smithers.

Restrepo hizo algo parecido: desafió una decisión judicial que le prohibía a los políticos hacer campaña usando la camiseta de la selección colombiana de fútbol. “La usaré cuando me dé la gana”, vociferó. 

Señas particulares del señor Burns: hombre tacaño, egoísta, codicioso, amargado y excéntrico multimillonario, dueño de la central nuclear de Springfield. Inescrupuloso como el que más, e insensible con sus empleados, encarna al empresario insaciable a la hora de incrementar su cuenta bancaria. En asuntos políticos es conservador y republicano; lo mismo puede decirse de un Abelardo trumpista con ciudadanía norteamericana y su vice, quienes ya dieron señales de su férrea defensa del empresariado colombiano antes que de la clase trabajadora. 

Dice La Silla Vacía: “El programa de gobierno tiene similitudes con los de presidentes referentes de De la Espriella como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador (…) en los primeros días de su gobierno firmaría 90 decretos, haciendo un uso amplio del poder ejecutivo para implementar su propuesta”.

El candidato de Firmes por la Patria prometió reducir el Estado en un 40%, lo equivale a dejar a 700 mil personas en la calle, con lo que se anticipa el primer estallido social, como ocurre en Argentina, país donde la motosierra económica trajo recortes sociales, pobreza y descontento.

El señor Burns se frota las manos en señal de que trama algo terrible, y cuando le dice a Smithers “¡Suelte a los perros!”, significa que debe ahuyentar a las visitas indeseadas de su propiedad. El autodenominado Tigre dijo que destripará a la gente de izquierda, pero no ha contado el método que usaría de ser la Casa de Nari “su nueva propiedad”.

En Wikipedia se lee: “Un día se le presenta la oportunidad de vivir con un retorcido y cruel multimillonario, y el pequeño Monty no duda en abandonar a sus padres”. Por las redes sociales se viralizó un video en el que una señora monteriana acusa a Abelardo De La Espriella de pegarle a la mamá cuando era joven.

El señor Burns se crio en un ambiente tóxico donde maltratar a la gente y burlarse de los inmigrantes era el pan de cada día. Donald Trump —cuyo gobierno persigue a los inmigrantes, incluido el influencer colombiano Beto Coral—, respaldó públicamente la candidatura de Abelardo, por su postura firme para detener la inmigración ilegal.

Burns sirvió a la armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. (Abelardo ni siquiera prestó el servicio militar). Lo echaron del club de Peces Voladores por tratar de matar a su superior, Abe Simpson. Abelardo se hizo famoso al confesar que mataba gatos usando voladores, en tanto que el señor Burns tiene gustos estrambóticos como vestir con pieles de animales.

Mientras que el señor Burns acude a la iglesia, presume de sus bienes  y menosprecia a los más pobres, aunque a veces intenta en vano mezclarse con ellos, De La Espriella alardea de su riqueza cada vez que puede (es el primer candidato presidencial de la historia colombiana en tener jet privado), se volvió un ser creyente después de declararse ateo (el cierre de campaña lo hizo desde la Basílica del Señor de los Milagros en Buga) y si antes ofendió a los amantes del ajiaco santafereño y la changua bogotana, (yo entre ellos), luego reculó porque, según él,  eso fue “pura mamadera de gallo”.

Y es que, viéndolo bien, su candidatura presidencial parece más una tomadura de pelo, “un meme” la llaman en las redes sociales, no la propuesta seria de quien tendría ante sí la responsabilidad de conducir a un país hastiado de sus dirigentes, que no resiste más frotaditas de mano por parte de los poderosos.  

Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

Las elecciones y la Selección

Y lamentablemente ya hemos llegado a tal extremo. De trasladarse semejante división al interior de los jugadores de la Selección, serán eliminados en la primera ronda del mundial, probablemente con autogoles, pues ya no serán un equipo sino 11 en disputa de ser el mejor jugador y harán un espectáculo deplorable. Su juego será deslucido y rastrero, como sucede en las campañas políticas, con sus líderes enfrentados, cada uno tratando de eliminar al otro y vencerlo, con jugaditas más o menos sucias, para luego sus seguidores vanagloriarse y como vulgares hinchas humillar y provocar a los vencidos. Si esto llega a suceder el próximo 21 de junio, toda Colombia perdería, no solo por el jolgorio de los ganadores y la frustración de los derrotados, que probablemente se expresará en las calles, sino porque durante los próximos 4 años difícilmente quien sea presidente podrá simbolizar la unidad nacional. Será un presidente que gobernará en primer lugar para su fanaticada y sus intereses, que lo eligió rabiosamente contra el resto de los colombianos. Estará tentado a cobrar revancha en lugar de gobernar para todos los colombianos y colombianas, como exige la Constitución. La cancha de la gobernabilidad, sus decisiones y beneficios serán para los ganadores y el resto quedará por fuera. Serán cuatro años de un juego de suma cero, contra casi la otra mitad de colombianos perdedores. Y si a ese hipotético escenario se suma una derrota de la selección frente a Uzbequistán el 17 de junio, estaríamos doblemente eliminados. Primero en el terreno de la convivencia política y luego de las canchas del mundial de fútbol. La única forma de evitar que sucedan esos desenlaces es tomándonos en serio ambos juegos, respetando las reglas de ambas actividades y jugando limpio, aceptando los resultados y respetando la integridad de todos los jugadores. En la política, permitiendo que los ciudadanos voten libremente y a conciencia, sin intimidarlos con las armas o infundiéndoles miedos y odios, pregonando catástrofes infundadas si el adversario llega a ganar o prometiendo milagros si se es favorecido en las urnas. Si se juega con semejantes artimañas, se estimulará peligrosamente la polarización, tanto durante la campaña y mucho más desde el gobierno, cuando en lugar de milagros lo que habrá será mayor frustración y desesperación por su no realización. Con mayor razón cuando esos milagros se anuncian que tendrán lugar en 9 meses, plazo en el que Abelardo dice acabará con el narcotráfico y la Coca en el país, superando así no solo a la “Paz Total”, sino todos los esfuerzos de los anteriores presidentes por poner fin al conflicto armado desde hace más de 50 años. Suena muy parecido a Trump y su inverosímil meta de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Entonces no tendríamos una “Patria Milagro” sino una Nación malograda, más dividida y fragmentada. Pero no especulemos a mediano plazo sino en el inmediato y preguntémonos si nuestra Selección no le gana a Uzbequistán el próximo 17 de junio y corre el riesgo de ser eliminada en primera ronda, pues luego jugará con el Congo el 23 y Portugal el 27, encuentros más difíciles e inciertos ¿Con qué animo saldrían millones a votar con la camiseta de la selección?

Entre la Política y el Fútbol

La política, desde luego, es más importante que el fútbol. Es el juego del poder, el que nos afecta a todos, para bien o para mal, y nadie puede eludirla o ponerse a salvo de sus consecuencias. Nos define desde la cuna hasta la tumba. Es el picado de la vida, donde millones están casi que eliminados por el lugar donde nacen, que les marca sus oportunidades para llevar una vida decorosa u oprobiosa, en dónde vivirán y hasta cómo y cuándo morirán. Por esa sencilla razón nadie puede ser apolítico. Y quienes se precian de serlo y repudian a todos los políticos por corruptos y tramposos, terminan votando por outsiders que se aprovechan de su ingenuidad. Dichos Outsiders una vez electos suelen ser todavía peores que los políticos anteriores, ya que convierten el Estado y las instituciones públicas en sucursales de sus negocios familiares y de sus socios corporativos, con el pretexto de trasladar su éxito empresarial al sector público, como hizo Trump con Elon Musk y actualmente con su yerno, todo bajo el pretexto de America First y la grandeza de MAGA. Lo mismo hace Milei en Argentina con su hermana y por eso más de uno de sus ministros y asesores han estado envueltos en escándalos de corrupción. Todo eso sucede porque estos outsiders que, hábilmente se proyectan en sus campañas como antipolíticos y exitosos empresarios, pregonan que la ley nada tiene que ver con la ética y mucho menos el Estado con la justicia social, pues todo depende de la competencia en el mercado, de la vanagloriada libertad personal y de la supuesta meritocracia para triunfar. Semejantes cuentos los utilizan para subordinar en su toma de decisiones lo público a lo privado. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que es consubstancial a la democracia y el Estado Social de derecho, la protección y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y la prevalencia del interés general sobre el particular.

Contra la polarización, cumplir la Constitución

En nuestro caso, el artículo 1 define a Colombia como un Estado Social de derecho “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En otras palabras, la Constitución es el campo de juego de la política, determina los límites y competencias de los gobernantes, sus funciones, relaciones con los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Por eso, nada mejor para evitar la polarización que cumplir la Constitución, empezando obviamente por quienes aspiran a los más altos cargos, como la Presidencia de la República y el Congreso. Si la cumplen cabalmente y no abusan de ella, interpretándola y aplicándola para favorecer a sus copartidarios, patrocinadores y socios, no habrá lugar a polarización social o política alguna. Pero si hacen lo contrario, obviamente la polarización será inevitable, pues cuando esos gobernantes en lugar de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, como lo ordena su artículo 13, se dedican desde la Presidencia y el Congreso a favorecer intereses minoritarios a través de incentivos y subsidios públicos, entonces es como ganar un partido en el mundial con la ayuda del árbitro, anotando goles fuera de lugar y hasta con la “mano de Dios”, como lo hizo Maradona contra Inglaterra en México en el mundial de 1986. En esos casos habrá posibilidades de mucha más polarización si la dignidad humana es desconocida en función del género al que se pertenece y se tiene actitudes misóginas y homofóbicas, pero sobre todo cuando no se adoptan medidas a favor de grupos discriminados o marginados y sí de minorías privilegiadas. Por eso no hay mejor antídoto contra la polarización que cumplir la Constitución, no solo por parte de los gobernantes, sino también de todos nosotros, como ciudadanos. De allí que Jürgen Habermas afirmará que el único patriotismo y nacionalismo que se debe estimular es el constitucional.

Patriotismo constitucional

Y nuestra Carta lo hace muy bien en dos artículos. El 22 que nos dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por lo cual es un sinsentido afirmar que solo con la guerra y más “héroes de la patria” es posible alcanzarla y para ello estimular una atmósfera de confrontación con tigres que supuestamente devorarán a los “corruptos” y, todavía peor, “destriparán” a quienes sean de “izquierda”, considerados enemigos de la Patria. Todo lo contrario prescribe el artículo 95 que, entre los nueve deberes que enaltecen nuestra condición de colombianos, destaca los siguientes como esenciales: 1- “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; 4- “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; 6- “propender por el logro y mantenimiento de la paz”; 8- “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” y 9- “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. En conclusión, para no caer en la polarización, bastaría que todos cumpliéramos la Constitución, empezando por quien resulte electo presidente el próximo 21 de junio. Por eso carece de sentido promover otra Asamblea Constituyente si aún estamos en mora de cumplir artículos como el citado. Lo que necesitamos con urgencia es una gobernabilidad democrática constituyente, en lugar de inciertos procesos y asambleas constituyentes que apelan a un fantasmagórico poder popular constituyente, cuyas reivindicaciones y justas aspiraciones sociales solo podrán ser realizados con programas y políticas públicas concertadas entre todos los intereses económicos y sociales relevantes. Empezando con los intereses y las reivindicaciones más dispersas e inorgánicas de la economía informal y popular hasta los más robustos y poderosos de las grandes empresas, teniendo como horizonte el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, en lugar de su desmantelamiento.

Por el cumplimiento de la Constitución

Por eso es una buena noticia que el candidato Iván Cepeda haya desistido de la aventura constituyente y se concentre en el desarrollo y cumplimiento en la vida real de la Constitución nominal que tenemos. Si lo hace con coherencia y sin exclusiones o hegemonismo partidista, ya no habrá espacio alguno para la polarización política y social en tanto todos los colombianos nos sentimos reflejados y protegidos por la Constitución, siempre y cuando  se cumplan sus principios y valores democráticos enunciados desde su preámbulo: “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.  Una integración hoy amenazada por la estrategia de Trump y su “Escudo de las Américas”, diseñado en función de MAGA y AMERICA FIRST, que desconoce nuestras prioridades como subcontinente, desde México hasta la Patagonia, como son la paz, la conservación y explotación de nuestras riquezas y portentosa biodiversidad, junto a la pluralidad étnica de nuestras identidades y numerosos pueblos del SUR en busca de mayor justicia social y autodeterminación política colectiva.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

Pregunta 1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

La política exterior del gobierno Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo cumplirá con tres objetivos: hacer de Colombia una nación más segura, próspera y confiable, con fundamento en los siguientes principios:

1. El interés nacional

2. La democracia como sistema de gobierno y la democracia liberal como modelo de desarrollo.

3. La institucionalidad

Para el logro de los objetivos enunciados:

Seguridad nacional y seguridad pública — la política exterior estará al servicio de la contención de las amenazas a la integridad territorial y a la institucionalidad democrática, provenientes de todas las formas de criminalidad organizada transnacional.

Prosperidad — la política exterior contribuirá al desarrollo y el progreso social soportados en la generación de empleo formal, a través de la atracción de inversión y la ampliación y apertura de mercados. 

Confiabilidad  y credibilidad— la política exterior se diseñará y ejecutará con base en los más altos estándares de profesionalismo e integridad, desde la institucionalidad, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la rendición de cuentas.

📌 Fuente: Plan RI, sección Visión y Propuestas 2.4.1 / 111 Puntos, propuestas 43–47

Pregunta 2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Cuáles serán las líneas de participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

En un entorno volátil e incierto, resulta más necesario que nunca establecer con claridad las prioridades de la política exterior, fundamentadas en el interés nacional, e identificar los vehículos por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos trazados. En este propósito, Colombia fundamentará su acción exterior en la institucionalidad, afianzando mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación y priorizando la participación del país en los organismos internacionales con criterios de efectividad, transparencia y exigencia de resultados. 

Las tensiones y cuestionamientos que se plantean en torno a la vigencia del multilateralismo, el derecho internacional y el orden basado en reglas ciertamente plantean desafíos, pero no invalidan la existencia de una arquitectura que se ha construido a lo largo de cerca de un siglo y cuya adaptación a los nuevos desafíos depende, justamente, de la voluntad y capacidad de los Estados.

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional entrante atenderá inicialmente la agenda derivada de la Misión Especial de Verificación para el seguimiento a los aspectos pertinentes del Acuerdo firmado con las FARC en 2016, a fin de evaluar sus resultados a la luz del mandato que sustenta su operación. Adicionalmente, impulsará la discusión sobre los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional a la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe, así como las amenazas que imponen los regímenes autoritarios a la convivencia y el progreso en la región.

En el Consejo de Derechos Humanos, el país velará por la integridad de este órgano, cuya membresía debe reflejar un compromiso efectivo con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalará los dobles estándares que debilitan y restan credibilidad a la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos convencionales y extra convencionales que soportan el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.1 y 2.4.7 / 111 Puntos, propuesta 47

Pregunta 3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (EE. UU., UE, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones (África, Asia-Pacífico)?

La relación con los socios estratégicos tradicionales de Colombia, incluyendo, entre otros, a EEUU, Reino Unido, los países que integran la Unión Europea y Canadá, es esencial y prioritaria, como parte de una política exterior orientada a lograr que el país alcance mayores niveles de seguridad y progreso. No obstante, lo anterior, para avanzar en estos propósitos, resulta indispensable afianzar vínculos y consolidar mecanismos de cooperación efectiva con los países latinoamericanos y del Caribe – especialmente aquéllos con los que se comparten fronteras terrestres y marítimas – así como con aliados extra regionales cuya contribución, en términos de capacidades y experticia debe ser asegurada. En este sentido, se avanzará en la implementación de agendas estratégicas con compromisos verificables en materia de seguridad nacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, acceso a mercados y atracción de inversión con Israel, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Se verificará, igualmente, el nivel de avance en el relacionamiento con los países de Medio Oriente, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y los países africanos, en particular aquéllos en los que se han establecido misiones diplomáticas en los años recientes. Finalmente, se fortalecerá la interlocución de Colombia en espacios extra regionales de integración y diálogo político, como la Unión Africana y la Liga Árabe, entre otros. 

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 46

Pregunta 4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

La consolidación de la política de fronteras será prioritaria y para ello, se dará prioridad a la operación de los mecanismos de trabajo y seguimiento binacionales como los Gabinetes Binacionales, las Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) y los diálogos 2+3 (ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa) para asegurar la cooperación y el desarrollo de una agenda que atienda los intereses y desafíos de las partes.

De otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo se emplearán a fondo para asegurar la operación y profundización de la arquitectura y normatividad de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, como plataformas de impulso al crecimiento del comercio, la atracción de inversión, la seguridad jurídica y la movilidad de personas y recursos. Se procurará restablecer la iniciativa de integrar nuevos miembros y aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico. 

Colombia reafirmará su compromiso histórico con el Sistema Interamericano y  la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espacio hemisférico de defensa de la Democracia y exigirá el cumplimento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática, así como una rendición de cuentas permanente por parte de las respectivas Secretarías. En cuanto a CELAC, como mecanismo de diálogo, el nivel de participación del país estará vinculado con la compatibilidad de su agenda con los objetivos prioritarios de la política exterior y la oportunidad que dicho espacio ofrezca para la atención del interés nacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.4 / 111 Puntos, propuestas 44, 47

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

Pregunta 5. ¿Cuál será la estrategia de Colombia para enfrentar las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas?

El ministerio de Relaciones Exteriores gestionará, ante los países y organizaciones cuyo concurso sea requerido, los acuerdos y compromisos que viabilicen los planes y estrategias del Gobierno Nacional para combatir y contener las amenazas derivadas de la criminalidad organizada internacional que se lucra de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, el contrabando, el lavado de activos y el delito cibernético. Dichos compromisos y acuerdos incluirán elementos de cooperación judicial e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades operativas y entrenamiento, así como inteligencia e investigación, acceso a equipos y desarrollo de operaciones conjuntas. 

La política migratoria, de una parte, estará enfocada en garantizar una atención cercana, efectiva, permanente y confiable a los connacionales en el exterior, con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los equipos consulares para dar respuesta a los casos de privación de la libertad, expulsión o deportación. 

El ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, avanzará en la adopción de tecnología y medidas regulatorias que garanticen la máxima transparencia en el trámite de visados para extranjeros que deseen ingresar al país, evitando la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de toma de decisión. La política migratoria estará enfocada en la atracción de talento e inversión, y se asegurará que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado opere, así mismo, con la mayor diligencia, eficiencia y transparencia. 

Una eventual crisis migratoria, como la evidenciada entre 2017 y 2019, producto de las condiciones humanitarias que obligaron a más de ocho millones de ciudadanos venezolanos a abandonar su país, será atendida de manera fraterna y solidaria, profundizando, renovando y perfeccionando los mecanismos de regularización que fueron adoptados durante 2021 para asegurar el acceso de los refugiados y migrantes a los bienes y servicios públicos en el país y facilitar su integración social y productiva.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.2 / 111 Puntos, propuestas 7, 44

Pregunta 6. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial y cómo articula estos instrumentos con su acción de gobierno?

Colombia participará activamente en las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático en los foros multilaterales. La posición del país parte de reconocer que Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero, pero sí una potencia ambiental en virtud de su biodiversidad, cuya responsabilidad fundamental es detener la deforestación, restaurar lo que se ha perdido y conservar las especies de fauna y flora presentes en su territorio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales ambientales se articulará con la acción de gobierno a través de: la restauración de un millón de hectáreas y la reducción de la deforestación; el fortalecimiento de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y del incentivo forestal; el incremento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB; la destinación de recursos del sector minero-energético al cuidado de la naturaleza a través del sistema de regalías; y la protección de parques nacionales naturales de la acción depredadora de los grupos armados ilegales que se lucran de la explotación criminal de los recursos naturales y de los cultivos ilícitos (111 Puntos, propuestas 98–106).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 98–106

Pregunta 7. ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a exportaciones no tradicionales, IED, acuerdos comerciales, inserción Asia-Pacífico y OCDE?

La diplomacia para el progreso, el crecimiento sostenible y el desarrollo es uno de los tres ejes centrales de la política exterior. El ministerio de Relaciones Exteriores trabajará de la mano con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la acción política necesaria que convierta a Colombia en un nodo estratégico de inversión, comercio y relocalización productiva, integrándose de manera más competitiva a los mercados globales y a las cadenas internacionales de suministro y valor.

Acuerdos comerciales: Se aprovecharán plenamente los acuerdos vigentes y se negociarán nuevos acuerdos estratégicos, como plataformas para profundizar el comercio de bienes y servicios, atraer IED, perfeccionar el marco regulatorio, facilitar encadenamientos productivos y potenciar la creación de conocimiento.

Exportaciones: Las misiones diplomáticas, en alianza con ProColombia, estarán al servicio de promover el turismo, abrir nuevos mercados para productos y servicios colombianos en función de las prioridades de la política industrial y productiva del Gobierno Nacional (111 Puntos, propuesta 45). La meta es USD 10.000 millones adicionales en exportaciones (111 Puntos, propuesta 36).

IED: Se garantizará la seguridad jurídica necesaria para construir confianza inversionista a partir de Tratados de Protección de Inversiones, la adopción de los mejores estándares en materia de solución de controversias e incentivos tributarios diseñados por el ministerio de Hacienda para atraer y destrabar al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos en sectores estratégicos (111 Puntos, propuesta 38).

Asia-Pacífico: (de la respuesta a la pregunta 3) En especial, se avanzará en la negociación de marcos de profundización económica y comercial, y se asegurará la participación de Colombia en los grupos de trabajo de APEC; se trabajará para culminar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y el proceso de ingreso al CPTPP, y se impulsarán estrategias de acceso real al mercado Chino en el marco del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta, y se trabajará activamente para para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea del Sur y expandir el intercambio comercial con India.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 36, 38, 45, 111

Pregunta 8. ¿Qué postura adoptará Colombia frente a la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica EE. UU.–China?

Colombia volverá a condenar la guerra de agresión iniciada por Rusia en contra de la integridad territorial de Ucrania y condenará las acciones violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los escenarios, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En todos los casos, la posición del país y sus votaciones en los organismos multilaterales será de rechazo a las dictaduras y regímenes autocráticos, al patrocinio del terrorismo y de la criminalidad organizada transnacional (111 Puntos, propuesta 47).

Colombia mantendrá relaciones privilegiadas con países que compartan su compromiso con los valores de la democracia liberal y las libertades económicas como modelo de desarrollo, y trabajará de la mano con ellos, como un aliado confiable, en su promoción y defensa. Lo anterior no impedirá el establecimiento de relaciones que atiendan los intereses nacionales y las prioridades de la política exterior, sobre la base del pragmatismo y la identificación de oportunidades de trabajo conjunto a partir de agendas que reflejen los intereses de las partes.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.6, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 46, 47

Pregunta 9. ¿Cuál será su estrategia frente a la ciberseguridad, la gobernanza de la IA, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

Crimen organizado transnacional: Se reconstruirán y fortalecerán las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y capacidades operacionales con EE. UU., Reino Unido, Israel, EUROPOL y AMERIPOL. Se priorizará la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional organizado y las amenazas híbridas, incluyendo narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Ciberseguridad: Colombia se involucrará en la construcción de regulaciones multilaterales sobre ciberseguridad. A nivel interno, se implementará un SOC País 24/7 con enfoque Zero Trust y cibersimulacrosanuales (111 Puntos, propuesta 108 y el programa de Estado Digital).

Gobernanza de la IA: Colombia participará en los foros multilaterales para la construcción de regulaciones sobre inteligencia artificial, reconocida como uno de los nuevos desafíos globales que requieren gobernanza internacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 108

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

Pregunta 10. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico?

La Carrera Diplomática es la garantía de una acción exterior orientada por los más altos estándares de integridad y excelencia en la gestión de los intereses nacionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional. Para ello, debe estar dotada de las herramientas necesarias para asegurar el más alto nivel profesional, amplia experticia y una rigurosa capacidad técnica. Se verificará que el proceso de formación y evaluación de los servidores públicos que conforman el servicio exterior, a lo largo de su carrera, opere con criterios de mérito, eficacia y transparencia, al servicio del interés nacional. Especial atención se brindará al proceso de convocatoria para el concurso de selección de los nuevos integrantes de la carrera, a la identificación de las competencias críticas para el desempeño del servicio exterior, a la verificación de los requisitos para los ascensos y evaluaciones periódicas y a la selección de los perfiles más idóneos para asumir responsabilidades de crítica importancia en las misiones diplomáticas y consulados del país en el exterior. 

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de la Cancillería para el pensamiento y la planeación estratégicos, la anticipación y respuesta a las dinámicas geopolíticas, y el cumplimiento efectivo de su papel articulador de la acción exterior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 11. ¿Qué medidas adoptará para proteger y fortalecer el sistema de mérito, formación y evaluación permanente de la Carrera?

La carrera diplomática se fortalecerá con reglas claras de ingreso, formación continua, evaluación y promoción, con énfasis en la capacidad técnica, el conocimiento profundo de la institucionalidad nacional e internacional y competencias y habilidades requeridas para el relacionamiento y la negociación, incluido el bilingüismo.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto frente a la designación de los funcionarios de carrera en el exterior, y se promoverá su vinculación en las oficinas de relaciones internacionales de las instituciones del Estado colombiano.

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 12. ¿Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería —actualmente solo el 9,4% de los cargos directivos—?

La designación del equipo directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su planta interna, se llevará a cabo con fundamento en un estudio riguroso de los perfiles profesionales de los funcionarios de carrera diplomática, sus logros, experiencia y su nivel de experticia en las áreas temáticas y geográficas que corresponden a los viceministerios y direcciones de la institución. 

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 13. ¿Cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado con visión de largo plazo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo continuará fortaleciendo su capacidad de documentación y sistematización para la producción de conocimiento al servicio de la gestión del servicio exterior. La política exterior, en todos los casos, continuará diseñándose con base en los intereses y prioridades del Estado, en beneficio de los ciudadanos, y apalancará e impulsará las prioridades nacionales en materia de defensa y seguridad, crecimiento sostenible, desarrollo y progreso social.

De la misma manera, se asegurará  la operatividad y participación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en el proceso de consulta para la toma de decisiones de la política exterior del país, como mecanismo institucional de construcción de consensos al interior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 14. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática internacional, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano. Se garantizará la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales, y se asegurará la construcción de currículos, el diseño de los contenidos y la incorporación de docentes con base en el mérito académico, la competencia profesional y el compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los intereses nacionales.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

Pregunta 15. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el PND se articularán con el trabajo técnico del cuerpo diplomático y consular?

La gestión de todas las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior tendrá como fundamento las prioridades y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, la gestión del cuerpo diplomático estará orientada por los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, construidos a partir de la articulación y la consolidación de los elementos técnicos aportados por las instituciones del Estado, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, reflejando así el interés nacional. 

Adicionalmente, la adscripción de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) a la Cancillería, fortalecerá la agenda estratégica en esta materia; se dará prioridad al fortalecimiento de las capacidades de la Cancillería para la planeación estratégica y la respuesta rápida a las crisis, y se garantizará una interlocución más profunda, explícita y obligada de la Cancillería con las dependencias de gobierno encargadas de seguridad y defensa, inteligencia, desarrollo económico y comercio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8 y Visión general

Pregunta 16. ¿Qué lecciones toma del rol de la Cancillería en la pandemia de COVID-19 para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?

Durante la crisis del COVID 19, el ministerio de Relaciones Exteriores comprobó su capacidad de responder de manera rápida y efectiva en dos aspectos fundamentales: la gestión política requerida para asegurar el acceso a vacunas y la operación logística requerida para la repatriación de colombianos que se encontraban en el exterior. Esta respuesta efectiva fue el resultado de un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República, coordinado por la Cancillería de manera estrecha con múltiples entidades, entre ellas, los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Salud y sus áreas técnicas; Transporte y Aerocivil; Comercio, Industria y Turismo, y ejecutado con rigor y precisión por parte de las embajadas y consulados acreditados alrededor del mundo.

En este orden, la lección principal que se puede derivar de esta experiencia es que se debe asegurar la capacidad institucional de la Cancillería para desplegar todas las herramientas de planeación, ejecución y seguimiento requeridas para dar respuesta a crisis y situaciones urgentes de diversa naturaleza. 

Pregunta 17. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas, así como su pertinencia y sostenibilidad en función de intereses nacionales claramente definidos y ponderados. Los criterios serán: (1) prioridad estratégica del país de destino para los intereses comerciales, de seguridad y de cooperación de Colombia; (2) volumen y necesidades de la comunidad colombiana residente; (3) eficiencia y valor estratégico en términos de resultados concretos y medibles.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9

Pregunta 18. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas en función de intereses nacionales claramente definidos. La renovación tecnológica dentro de la entidad será una prioridad para modernizar procesos y reducir costos operativos, permitiendo reasignar recursos hacia la acción sustantiva del servicio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 107

Pregunta 19. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional?

La proyección educativa, cultural, científica y turística del país se recuperará como instrumento de poder blando, con el fin de consolidar el posicionamiento internacional de Colombia, profundizar relaciones estratégicas y apoyar el desarrollo económico y los vínculos transnacionales. Esto incluye: programas de intercambio, becas y cooperación STEM; fortalecimiento del bilingüismo; y el posicionamiento de Colombia como sede de las principales cumbres regionales e internacionales con visión de atracción de turismo, inversión y diplomacia corporativa y social.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.7

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Pregunta 20. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados y la atención a colombianos en el exterior?

Los servicios consulares serán ágiles y digitales, priorizando la atención al ciudadano, la protección de los colombianos en el exterior y el acompañamiento a las comunidades. La acción consular estará articulada con la promoción de inversión, comercio y turismo.

Se fortalecerá la implementación y uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de tiempo, recursos y éxito en los procesos consulares, trámites y comunicación con las embajadas y consulados. Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

Pregunta 21. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico, y proteger sus derechos?

Colombia tendrá una política migratoria que incentive la migración por competencias, preparación e interés de invertir en el país. Se ampliarán los programas de intercambio, becas y cooperación para alcanzar un alto nivel de bilingüismo y fortalecer la formación en matemáticas, ciencia y tecnología, impulsando la movilidad académica y cooperación STEM orientada hacia la empleabilidad.

Se impulsará una agenda de movilidad académica con el objetivo de que los colombianos en el exterior fortalezcan sus vínculos con el país y contribuyan a la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.2

Pregunta 22. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares?

La renovación tecnológica dentro de la Cancillería y sus misiones en el exterior será una prioridad, con el objetivo de modernizar procesos, facilitar trámites e impulsar la máxima transparencia frente a los ciudadanos nacionales y extranjeros. Se fortalecerá el uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de procesos consulares y la comunicación con embajadas y consulados.

Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados. Para los colombianos con títulos universitarios extranjeros, se promoverá la convalidación automática (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Los políticos se fregaron cuando olvidaron aquello de que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

La derecha comenzó esta campaña con pie izquierdo.

A esa derecha retardaría representada por Paloma Valencia la mató la llamada Gran Consulta por Colombia, donde se juntaron los mismos de siempre, y la gente no fue boba para darse cuenta. Eso, más la excesiva pleitesía a Álvaro Uribe, tiene a la candidata del Centro Democrático pendiendo de un hilo, por fuera de la segunda vuelta, si la hay.

La inclusión de Juan Daniel Oviedo como vice no sumó, pero sí le restó puntos a él, que arriesgó la posibilidad de ser alcalde de Bogotá, por la promesa de una vicepresidencia hoy incierta. Si Valencia no pasa a segunda vuelta será el fin del uribismo y el principio de un nuevo movimiento de derecha radical encabezado por la “uribista vergonzante” María Fernanda Cabal, hoy —vea usted— contradictora de Álvaro Uribe, sin puesto en el Congreso, haciendo fila y fuerza en la campaña de Abelardo De La Espriella.

La gente se aburrió de la amenazadera: que con Petro, Colombia sería Venezuela y la guerrilla se tomaría el poder. De Cepeda se dicen cosas parecidas, cambiando Venezuela por Cuba; pero los ciudadanos ya no comen cuento, porque al perro no lo capan dos veces. El problema de la derecha es que no aprendió a leer el lenguaje de la calle y se quedó meciéndose en la burbuja, sin entender que el 7 de agosto de 2022 el país se levantó distinto.

Después de todo, si Colombia sobrevivió a 200 años de gobiernos de derecha, con uno que otro mandatario con talante progresista, caso López Pumarejo o Ernesto Samper, quizás nos merezcamos 20 años de centro-izquierda hasta consolidar un modelo de país donde las clases más pobres tengan, como diría Gabo, una segunda oportunidad sobre la tierra, porque la primera se fue en promesas rotas envueltas en hojas de tamal.

En medio de sus críticas ácidas, la columnista Cristina Carrizosa hizo en El Espectador un inventario de las cosas buenas que deja Petro y que, agrego yo, un gobierno de Cepeda deberá mantener: “… existen innegables avances en lo social que muchos colombianos perciben directamente. El incremento sostenido del salario mínimo, incluido el preelectoral del 23 %, ha inyectado recursos a millones de familias y programas como Colombia Mayor han ampliado su cobertura a cerca de 1,7 millones de beneficiarios. A ello se suman transferencias a millones de hogares mediante Renta Ciudadana y la devolución del IVA, así como la política de tierras, con cerca de dos millones de hectáreas tituladas y otras en proceso de adjudicación. En medio de la crisis de la salud, territorios históricamente abandonados han visto presencia estatal con brigadas médicas. Es innegable, además, la incorporación al debate público de sectores antes invisibles, hoy reconocidos como interlocutores legítimos”.

El país sí está cambiando. El 8 de marzo, por ejemplo, se quemaron los que se creían irreemplazables, empezando por el expresidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda Sarabia y José David Name Cardozo, barones electorales, herederos de un linaje con medio siglo en el Congreso.  

La gente ya no se deja comprar con tejas y ladrillos. El país ganó en dignidad, así algunos políticos sigan usando el dinero para comprar conciencias en las urnas.

La derecha se desgastó hablando mal de Petro con o sin razón y, no contenta,  la emprendió contra Cepeda, en lugar de centrar la campaña en propuestas, sin tener que usar al gobierno como sparring, máxime cuando buena parte del país que lo eligió le sigue siendo fiel, a juzgar por lo que dicen las encuestas.

Queriendo hacer daño, la derecha le puso a Cepeda el título de “heredero de Petro”, sin darse cuenta que han terminado por posicionarlo como la persona que no traicionará las banderas del Cambio. Insisto: el lenguaje de la calle, el de las personas que votan, es distinto al lenguaje de los cócteles y las decisiones a puerta cerrada. Las redes sociales metieron a la gente de todos los estratos en la conversación, y muchos políticos no se dieron por enterados. 

• La columnista Martha Ruiz pide que se le concedan ocho años al progresismo. “Cuatro años son poco para transformar un país como Colombia. Ocho, en cambio, permiten medir si un proyecto político logra alterar realmente las estructuras del poder. No hablo de reelección. Los colombianos ya probamos ese experimento y el sabor que nos dejó fue rancio y desagradable. Desde entonces desconfiamos de cualquier presidente que quiera quedarse en el poder, venga de donde venga. Hablo de los tiempos que toman los procesos de cambio”. (Revista Cambio).

Celebrar en vivo y en directo la caída de las reformas sociales le pasó factura a la derecha y los mostró como insensibles. Abelardo De La Espriella representa esa misma derecha pero llevada al extremo, con patanería incluida.

Oponerse a las reformas, como lo hizo y lo sigue haciendo Paloma Valencia en su condición de senadora, más su defensa acérrima de empresarios y fondos privados de pensiones, mostró de qué lado está y las redes sociales se lo han enrostrado. Para la muestra un botón: El Centro Democrático se ausentó del debate sobre la creación de los jueces de tierras (jurisdicción agraria), dándole la espalda a lo ya acordado en comisión. Ese saboteo y falta de palabra debe ser castigado en las urnas. La ambición de un político no debería chocar con los anhelos de sus gobernados, en especial si estos pertenecen a eso que llaman “clase vulnerable”.

La ambición de un político no debería chocar con los anhelos de sus gobernados.

Se necesita una mujer con pantalones y Paloma Valencia creyó que usando los de Uribe, para hablar en metáfora, sería suficiente. Desnudó su débil carácter cuando dijo que era su hija de y después, para poner en su sitio a Oviedo, que se molestó con ella por proponer a Uribe como ministro de Defensa, le advirtió, “la presidenta soy yo”, en ese tono de mamá regañona, que suena bien en su casa, pero no para usarlo con su candidato a vicepresidente. Todos esos pequeños detalles suman pero restan. En momentos de crisis se necesitan estrategias para contener o limitar daños. No las hubo. Fallaron los estrategas.

Mientras una buena parte del electorado uribista aprobó la figura de Paloma como candidata presidencial, otro porcentaje hubiese preferido a un hombre, y muchos otros quedaron desencantados con Oviedo como dupla.

Lenguaje de la calle: Eso de la inclusión y las minorías sexuales no está en la genética de un partido político que cree que las cosas se arreglan a la brava o, en todo caso, con cero sensiblerías.

La presencia de Uribe en la campaña le hizo daño a su candidata. El sentir de mucha gente es más o menos este: Uribe ya tuvo sus quince minutos de fama que se convirtieron en 20 años, ¿qué más quiere? La mugre que pesa sobre él no se quita con jabón Rey, pero pasó factura.

De manera casi ridícula el actor Jorge Enrique Abello comparó a Paloma con Cepeda y a Cepeda con Uribe, como si sus historias de vida o sus luchas fueran equiparables.

Cepeda creció en barrios populares; viene de abajo, así que entiende las limitaciones económicas de la inmensa mayoría de colombianos.

Cuando Abelardo habla de su paquete, como “fórmula” del éxito —según él entre las mujeres—, en realidad nos está recordando que más que un outsider es el paquete chileno de las presidenciales. A un sector de la sociedad, esa que espera ascender algún día a como dé lugar, le gusta su pinta de tipo ricachón, bonachón y buena vida, porque los candidatos preferidos de muchos no corresponden a su misma clase social, sino a esa élite de la que les gustaría formar parte, porque eso está en la psiquis aspiracional humana, pero no miden el peligro que ADELE representa. El arribismo, tan propio de sociedades desiguales como la nuestra, también bebe de esos mismos anhelos.    

A Cepeda hay que reconocerle que como víctima del conflicto interno colombiano, se la jugó a fondo por la paz y sigue creyendo en que esa es la salida para la sinrazón de la guerra.  Una persona cuerda debería saber que así como es mejor ser rico que pobre, también es mejor vivir en paz, en vez de como perros y gatos.

No podemos claudicar ahora, porque un día la paz por fin será esa paloma (no la otra Paloma), que todos abrazaremos.

Es probable que la izquierda gane otra vez por una razón: porque se necesita dejarla gobernar hasta demostrar que sí es posible entre todos construir otra Colombia, una con rostro humano. No lo digo yo. Es el lenguaje callejero.

Próximo blog: Importaculismo electoral.

La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.