Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra” (…) El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto! (…) Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba”: ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, cuento de León Tolstói, escritor ruso.

¿Alguien sabe cuánto costaron los balones de la marca “Patria Milagro” que el presidente llevó al Chocó tras el terremoto? ¿Sirvieron de algo para solucionar la crisis humanitaria? Son preguntas, el juicio vendrá después. Porque no puede ser que, gobierno tras gobierno, sigan repitiendo el disco rayado de que el país tiene una deuda histórica con el Chocó y nadie les diga que han llegado a pagarla en serio.

El formidable cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, escrito por León Tolstói, nos recuerda que nada nos pertenece: Nada. Ni siquiera el pedazo de tierra donde antes enterraban a la gente, porque ahora vamos sin escalas del crematorio a la eternidad, hechos polvo.

Si Dios existe –de seguro sí para el crédulo presidente de la República-, a lo mejor andaba en otra parte, sin tiempo para escuchar las alabanzas del 7 de agosto, día de su posesión. De poco sirvió invocarlo en boca de un sacerdote católico, un rabino y un pastor evangélico, pues al tercer día sobrevivo lo indecible.

Pero no culpen a Dios por lo que pasó. El periódico El Colombiano abrió con un titular, más literario que periodístico, que en otro tiempo habría sido herejía, eh Ave María purísima: “El día que Dios se olvidó de Pereira!”. Esa costumbre tan criolla de culpar a Chuchito por la incompetencia y la desidia de los gobiernos de turno, en lo municipal, departamental y nacional.

Todavía tengo fresca en la memoria aquella portada desafortunada de la revista Semana con la foto del presidente Iván Duque y un gran titular: “Año de aprendizaje”. Eran los tiempos en que un todopoderoso Álvaro Uribe imponía a dedo al candidato de sus afectos. Desde la elección de Gustavo Petro eso cambió.

No es culpa de un presidente de la República que ocurran terremotos o pandemias. Es culpa sí su improvisación, las malas decisiones o la incompetencia de algún funcionario. El comienzo de este gobierno no ha sido el mejor. Y no lo dice un detractor más, sino un medio serio como The Economist.

Seamos justos: tampoco los ciudadanos estamos preparados para lo impensable, porque creemos que las cosas malas le pasan al vecino. Pero un gobierno no puede darse el lujo de pensar así. Más que los mandamientos de Dios, debe guiarse por el sentido común, la cordura, la ecuanimidad y, principalmente el rigor científico, que las más de las veces riñe con los designios divinos. En pocas palabras, a la jefatura de Estado no se llega aprender, se llega aprendido.

Las imágenes que saturan las redes sociales sobrecogen, nos recuerdan a cada momento que estamos de paso y que la vida se nos puede ir en un suspiro. Que no basta con nuestro espíritu solidario. El país debe tomarse en serio la tarea de pensarse desde la prevención y la previsión. Llorar sobre los muertos es igual que llorar sobre la leche derramada.

¿Por qué será que casi siempre la maldad, incluso la maldad inocente de la naturaleza, descarga su furia casi siempre sobre los más pobres, sobre los más jodidos de la Tierra? Tras el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, había que ver el dolor del pueblo chocoano, reflejado en los gritos de aquella madre que encontró en la calle, muerto, a uno de sus hijos.  

Pero al gobierno hay que darle tiempo, los 100 días de gracia para que muestre de qué está hecho. Necesitamos un Ejecutivo sismoresistente. Colombia es un país vulnerable a los desastres naturales. Pero rara vez estamos preparados para prevenir las tragedias y solo nos queda actuar sobre la marcha. El Espectador hizo un justo reconocimiento, en medio de las quejas: “Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos locales han respondido con rapidez, eficiencia y determinación incansables”.

El día de la posesión, en su discurso ante los militares, el presidente se mostró solidario con los ricos; en tono de celebración habló de eliminar el impuesto al patrimonio. Ni se le ocurra Mr. president. La realidad le ha mostrado que ahora es cuando los ricos y los superricos de este país (que son la inmensa minoría), deben ser conscientes de que viven en una nación tercermundista, ahogada en sus desigualdades. Hay pocos con tanto y demasiados con nada, que es necesario insistir en eso de la redistribución de la riqueza, en vez de ofrecer gabelas y seguir blindando privilegios.

Colombia no puede comportarse como aquel limosnero que pide “una ayudita, por favor”. De los ricos no se esperan obras de caridad. Se espera compensación con el país, que ha favorecido su fortuna.

Y, válgame Dios, lo están haciendo, para callarnos la boca a los incrédulos. Los empresarios exhiben hoy su generosidad. Entre todos, juntaron $201 mil millones, mal contados superan los 64 millones de dólares, mucho más que los 25 millones de dólares que de buena gana mandó Donald Trump. Aparte, el grupo Gilinski donó $150 mil millones, el grupo Santo Domingo $100 mil millones y 100 mil millones más el banquero David Vélez. La tragedia está mostrando quién es quién en Colombia. Solo falta saber de cuánto será el aporte del empresario Abelardo de la Espriella.

¿No es este un momento ideal para hablar sobre redistribución de la riqueza?

Abelardo informó que reconstruir valdrá $30 billones. ¿No es este el momento propicio para recordarle al gobierno que cada año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, el equivalente a cinco reformas tributarias? En víspera de elecciones reproduje en este blog la siguiente cita, a propósito de un informe sobre los 18 mil ultrarricos de Colombia:  

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”: inforne de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025,

Esperemos, no obstante, que con la noche que ya pasó y la reforma tributaria que viene, las exenciones sean para los empresarios (fue la promesa de campaña, confirmada en el discurso de posesión) y la clavada impositiva para los demás. A eso súmele que, según La Silla Vacía, el Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para atender el terremoto, deuda que pagaremos los contribuyentes.  Lo haremos con gusto por una causa noble, pero así mismo merecemos saber qué organismos harán la veeduría de los recursos para garantizar transparencia.

El día que nos movieron el piso a todos

Las imágenes de Buenaventura, Cali y zonas del eje cafetero ponen a prueba la cacareada idea del mandatario de gobernar desde las regiones. Debería tener su sede alterna allá, el territorio chocoano, abandonado él sí hasta por Dios, desde el principio de los tiempos. De ese departamento solo nos acordamos en tiempos de tragedia o cuando condenan por corrupción a algún político. Su solo nombre ya parece una cruz: Chocó. Olvidado y vilipendiado. Recuerden al impresentable diputado antioqueño Rodrigo Mesa Cadavid que salió con esta perla: “Invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”. Cómo fue que no mandaron a ese señor a vivir un año allá, no como castigo, sino para resocializarlo, porque a las claras ese fue un gesto racista e insensible.

Chocó debería ser en las actuales circunstancias la verdadera capital alterna de Colombia, si es que Mr. president insiste en tal embeleco.  Porque hoy el Chocó le está dando una bofetada de dignidad al país, a juzgar por esta magnífica, pero al tiempo dolorosa, crónica de Alejandro Rodríguez en El Espectador. El reportero cuenta lo que vio en su recorrido por San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. “Después del terremoto, mientras las grietas siguen abiertas y la ayuda no llega a todos los barrios, los chocoanos vuelven a hacer lo que han hecho siempre: sostenerse entre ellos”.

“Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan”, crónica de El Espectador.

La embestida de un planeta vivo, siempre reacomodándose, le está enseñando al presidente ADLE  que gobernar es más que lanzar besos al aire cual reina de belleza, que le sirve más al país remangado que en sesión de limpieza fácil al lado de su esposa, la primera dama. Es que, señor presidente, hay un momento para todo, y este no es precisamente un momento para banalidades ni veleidades.

En las redes sociales han sido funados (en mis tiempos se decía boleteados), él, su esposa y el ministro Rodrigo Lara. Lara dijo que aquellos que hagan política con las ayudas (“repartija política”, la llamó) se van para el infierno, en tanto que han criticado a la pareja presidencial por creer que caridad y gestión de gobierno son la misma cosa. No hablemos ya del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que andaba en plan familiar tomando el sol en Santa Marta, mientras sus compañeros tenían las botas puestas por los damnificados.

Un artículo del diario español El País sobre el papel de Ana Lucía Pineda resume el asunto, de manera incluso risible. “Contó que había conseguido un sinnúmero de donaciones, desde servicios funerarios para las víctimas hasta comida de McDonald’s para los rescatistas. El presidente se mostró complacido. “Queridos amigos, como ustedes pueden ver, se ha hecho todo lo que hay que hacer en materia técnica”.

El país requiere un presidente más estadista que showcero y un gabinete más diligente que fervoroso, porque no se pueden delegar en el cielo las cuestiones netamente terrenales.

Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería ser el más importante de todos, por encima incluso del Ministerio de Defensa. Se le debería, por lo tanto, garantizar un presupuesto generoso y exigirle resultados concretos. Ah, pero oh sorpresa, con menos de $2 billones (y una tercera parte de estos dedicado a gastos de funcioamiento), figura en la cola de las asignaciones presupuestales al lado de los ministerios de Cultura, Ciencia, Deporte y Comercio).

El mundo enfrenta un apocalipsis climático, dicho y predicho por los expertos (las pruebas están en nuestras narices); así que los políticos, y en particular los legisladores, no deben minimizar el impacto del cambio climático y los desastres naturales. De hecho, un editorial de El Espectador lo advierte de manera tajante: “Nos parece evidente que la agenda del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcada por el terremoto y el Fenómeno del Niño”.  

¡La sacamos barata… esta vez!

Dicen los científicos que el choque entre placas tectónicas liberó tanta energía como 126 bombas de Hiroshima (1.9 megatones de TNT), y por fortuna fue muy profundo, a 110 kilómetros de la superficie (la distancia más o menos entre Bogotá y Girardot). Porque de haber ocurrido a 10 kilómetros, como pasó en Venezuela, otro cuento estaríamos contando. Una historia inenarrable.

Según La Silla Vacía, “el terremoto del 10 de agosto encontró a un país donde tres de cada cuatro edificios se levantaron antes de la última norma sismorresistente, donde más de un tercio no tiene ningún refuerzo sismorresistente en su estructura y donde esa cifra cambia de manera brutal según el departamento en que uno esté parado”.

Para colmo de males, apenas el 25% de las edificaciones en Bogotá estarían en condiciones de soportar un terremoto, según denuncia hecha por un concejal. Es decir, el país no puede esperar al próximo desastre sobre lo que parece ya un desastre.  

Pero algo bueno nos ha quedado en medio del sufrimiento ajeno. Al mandatario ya debió quedarle claro que se hizo elegir para gobernar en medio de circunstancias adversas, no parar dar órdenes desde la comodidad de Barranquilla, güsiquicito en mano.

El señor presidente prometió un Plan Marshall para reconstruir al Chocó; que el pueblo se lo demande si sus palabras terminan en cuento chino.   

Desde el fondo de los escombros y el sufrimiento de incontables víctimas, resistiendo la furia de los 7.4 grados Richter del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, surgió espontáneamente la Patria Solidaria. Una Patria cuyas coordenadas son la empatía, la sensibilidad y la fraternidad, situada más allá de credos religiosos, clases sociales y banderías políticas. No es, pues, propiamente la llamada “Patria Milagro”, con sus iglesias, autoridades religiosas, consignas políticas, simulacros militares y llamados estentóreos de “Firmes por la Patria”. Es la Patria anónima de millones de colombianos y colombianas convocados por sentimientos que nos cohesionan y acercan a todos, que nacen más allá de nuestros credos religiosos, agnosticismo o ateísmo y nos permiten reconocernos como iguales en nuestra fragilidad y común mortalidad. Sobre todo, son sentimientos reacios a dejarnos dividir en bandos irreconciliables por fanatismos políticos, ideológicos o religiosos, que sitúan a minorías en un pedestal de supuesta superioridad moral desde el cual pretenden gobernar la vida de todos e incluso disponer de ella en nombre fantasmagorías  como MAGA y la PATRIA MILAGRO, o la codicia y ambiciones sin límites  de “AMERICA FIRST” y la megalomanías de líderes políticos delirantes, que hoy dominan en el panorama regional e internacional. Minorías que desde el norte reclaman el dominio y la expoliación de todo el continente en nombre de una doctrina que Trump, el megalómano mayor, llama con modestia “Doctrina Donroe”, sumada a su cruzada belicista con el “Escudo de las Américas”. Un Escudo que acaba de asumir en Panamá el ministro de defensa del Tigre, para así aumentar el número de “Héroes de la Patria” en acciones conjuntas con las “Agilas del Norte”, bombardeando a diestra y siniestra nuestros campos para después “perforar, perforar y perforar” a sus anchas nuestras riquezas. Todo en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” y el narcoterrorismo, ahora con la ayuda de drones, alta tecnología aereodigital y la alianza invencible con “Cristo Rey”, sin importar el número de víctimas civiles y de daños colaterales causados, pues tal será el precio de la transitoria victoria. Transitoria, pues mientras millones demanden el elixir de las drogas psicotrópicas para sobrevivir y producir, habrá quienes satisfagan sus deseos.

La paradoja de la Vida y la Mortalidad

Por eso no deja de ser paradójico y hasta una cruel ironía que haya sido precisamente la violenta convulsión de la naturaleza, ese levantamiento telúrico de Pachamama en inmediaciones de San José del Palmar[i], Chocó, epicentro de exclusión social, desidia gubernamental y corrupción político-administrativa, la que haya derrumbado y vuelto añicos la polarización política y social de la mayoría de colombianos.  En cuestión de minutos, sobre las ruinas y la devastación producida por el terremoto, desapareció esa pugnaz polarización y emergió desde abajo y por todos los lugares la solidaridad ciudadana y popular reivindicando la VIDA como su única bandera. Una bandera cohesionadora de todos los esfuerzos, sin esperar llamados gubernamentales o de autoridad alguna, respondiendo únicamente a la sensibilidad y conciencia de cada uno frente al dolor y la desgracia de cientos de miles de colombianos. Por cierto, una respuesta totalmente distante de la del Tigre, caracterizada por su “máxima in-coherencia e incompetencia”.

Máxima In-Coherencia e incompetencia

En efecto, en lugar de aceptar en forma inmediata el ofrecimiento del gobierno de México con sus “Topos” expertos en estos desastres, optó por la de Estados Unidos e Israel, cuyas brigadas llegaron después de las 72 horas de ocurrido el terremoto. Quizá se hubiera podido salvar más de una vida, como lo hicieron los “Topos” en La Guaira en Venezuela.  Algo tan incompresible e indignante como el desfile de tanquetas de guerra por el sector del Alto Jordán en Cali, en lugar de la presencia de personal de ingenieros militares con su competencia en obras civiles para atender este tipo de urgencias y desastres. Esas decisiones y actuaciones ponen de presente los límites de lo que el “Tigre” llama “Máxima Coherencia”, reducida a sus visitas fugaces a distintos municipios y zonas rurales afectadas, como si con su sola presencia fuera a realizar milagros y salvar vidas, en lugar de tomar decisiones rápidas y acertadas para garantizar la coordinación eficiente de las distintas agencias estatales y la ayuda internacional competente. A eso conduce el éxito de un outsider y su personalidad de dandi, siempre obsesionado en aparecer en primer plano en los noticieros y la gran prensa, que es lo propio de la política espectáculo de todos los gobernantes de la extrema derecha. Una política sustentada en la invención de realidades que ocultan bien su incompetencia a punto de algoritmos, Fake News y el eco exponencial de periodistas y medios de comunicación que los exaltan y adulan, traicionando así en forma irresponsable su deber de informar y develar la realidad.

Más allá de la solidaridad

En contraste, hay que reconocer que el mundo empresarial, reunido en Cartagena en el 11 congreso gremial de la Andi[ii], le dio al Tigre un ejemplo de compromiso y una lección de eficiencia, pues en pocas horas logró el aporte de grandes conglomerados económicos con donaciones que superan los 200 mil millones de pesos. Claro que tanta filantropía no es gratuita, pues dichas donaciones obviamente tendrán un reconocimiento tributario equivalente hasta el 25% del valor donado en el pago posterior de sus impuestos[iii]. Por eso, esa “filantropía empresarial” será parte del presupuesto nacional y es mucho más que solo solidaridad. De allí, que precise una rigurosa auditoría de su gasto y mucho más de su ejecución. No vaya a suceder, como lamentablemente aconteció con la UNGRD en el “gobierno del cambio”, que ese llamado “Fondo Milagro”[iv] sea saqueado por alianzas politiqueras o, lo que sería más lamentable, una milagrosa estrategia de favorecimientos corporativos, empresariales, religiosos y de congresistas para convertirlo en la plataforma gubernamental de la llamada “Patria Milagro” y la “caja menor” de los que siempre han gobernado en punible ayuntamiento con los “ciudadanos de bien”. Entonces la Patria Solidaria moriría en manos de la “Patria Milagro” y quedaría sepultada en el “Fondo Milagro” en beneficio de mercaderes, especuladores y emprendedores expertos en coaliciones público-privadas que han hecho del Estado la “empresa privada de los políticos”. Para evitar esa deriva cacocrática y cleptocrática que se apropia de lo público y los intereses generales, es urgente que la Patria Solidaria se haga presente en la fiscalización y funcionamiento de ese “Fondo Milagro” a través de la competencia del poder del saber.

El poder del Saber

Ese poder que se expresa en los aportes de las universidades públicas y privadas, de sus más competentes y honestos profesionales, junto a las diversas y numerosas asociaciones y Colegios de Profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, topógrafos, contadores públicos, psicólogos, sociólogos, politólogos y demás saberes que dan sentido y valor a la vida colectiva y bienes públicos, más allá del mercado y sus ganancias, respaldados por el tejido de organizaciones sociales y populares que han estado en la primera línea de la solidaridad y la defensa de la vida en estos aciagos y esperanzadores momentos. Quizás así no se imponga, una vez más, la lógica del Estado cacocrático al mando de los más hábiles y astutos impostores y saqueadores de lo público y se pueda empezar a forjar El Estado Emprendedor propuesto por la pensadora y activista de lo público, Mariana Mazzucato. En dicho libro, cuyo subtítulo es “La Oposición Público Vs Privado y sus mitos”, demuestra que el “Estado lejos de limitarse a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es en realidad una organización audaz, capaz de asumir las inversiones de mayor riesgo, y un facilitador clave de las innovaciones tecnológicas que impulsan el crecimiento económico”. Es lo que precisamos en este momento para que la Patria Solidaria sea una realidad política e institucional y no solo un estado de ánimo y un espíritu colectivo pasajero, desatado por catástrofes naturales impredecibles. Porque solo en la mente de ingenuos creyentes y en el mundo espiritual, por esencia situado más allá de la política terrenal, es donde se producen milagros. Lo más grave sucede cuando esos milagros son promovidos por demagogos y políticos, presentes en todos los espectros políticos, pues se convierten en catástrofes colectivas consentidas por el miedo, la ignorancia y hasta las esperanzas de las mayorías.

[i] https://www.democrata.es/internacional/terremoto-colombia-graficos-mapa-epicentro-magnitud-profundidad-ciudades-afectadas/

[ii] https://www.eluniversal.com.co/economica/2026/08/12/comienza-el-11-congreso-empresarial-colombiano-organizado-por-la-andi/

[iii] https://actualicese.com/descuento-tributario-por-donaciones-destinadas-a-atender-la-emergencia-por-el-sismo-en-colombia/

[iv] https://www.elheraldo.co/colombia/2026/08/13/en-que-consiste-el-fondo-milagro-anunciado-por-de-la-espriella-para-reconstruccion-tras-terremoto/

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (exministro de Comercio, Industria y Turismo), lo que anticipa que la diplomacia económica y la política comercial serán pilares centrales del nuevo gobierno. Esto es, a la vez, una oportunidad y una obligación. Durante más de tres décadas, Colombia equiparó la política comercial con la negociación de tratados de libre comercio y la promoción de exportaciones de sus materias primas. Esa estrategia generó, como logros reales, una de las redes de acuerdos comerciales más amplias de América Latina, pero dejó pendiente la tarea más difícil: convertir el acceso a mercados en crecimiento productivo sostenido, diversificación económica y resiliencia.

La economía internacional de hoy exige algo fundamentalmente distinto. La política comercial ya no se limita a las negociaciones arancelarias ni a la promoción de exportaciones. Se ha convertido en un instrumento de política exterior, estrategia industrial, seguridad nacional, competencia tecnológica y resiliencia económica. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de cadenas de suministro, los subsidios industriales, la regulación climática y la coerción económica han transformado el entorno en que los países persiguen el desarrollo.

En este nuevo contexto, la pregunta ya no es si los países deben ser abiertos al comercio. La pregunta es si poseen una estrategia coherente para competir en una economía internacional cada vez más fragmentada. Por eso, Colombia debería prestar atención a un concepto que ha recibido escasa atención en América Latina: la “Diplomacia del Bambú” de Vietnam.ⁱ

El concepto es extraordinariamente sencillo, pero a la vez creativo. Al igual que el bambú, la política exterior debe tener raíces profundas en los intereses nacionales, un tronco estratégico firme y estable, y ramas lo suficientemente flexibles para doblarse sin romperse. Vietnam ha resistido la tentación de plantear las relaciones internacionales como una disyuntiva entre Washington y Pekín. En cambio, ha profundizado simultáneamente sus relaciones con Estados Unidos, mantenido vínculos económicos estables con China, expandido alianzas con Japón, Corea del Sur, India, Australia y la Unión Europea, y convertido esa red diplomática diversificada en inversión, transferencia tecnológica, modernización industrial y crecimiento exportador.

Los resultados de Vietnam son contundentes. Las exportaciones de mercancías de Vietnam pasaron de unos

14.48 mil millones de dólares en el año 2000, pasando a 176.58 mil millones en 2016, hasta alcanzar aproximadamente 404.82 mil millones de dólares en 2024, según datos del Banco Mundial, lo que supone un aumento de veinticinco veces, al tiempo que el país mantenía relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, sus dos principales socios comercialesⁱⁱ. La inversión extranjera directa registrada alcanzó aproximadamente los 12 600 millones de dólares en 2016 y los 20 170 millones de dólares en 2024, mientras que en el año 2000 la cifra apenas alcanzaba los 1.300 millones de dólares.ⁱⁱⁱ La canasta exportadora migró de materias primas a electrónica, maquinaria y manufactura de alto valor, maquinaria eléctrica y equipos solo representaron más del 40 % de las exportaciones de mercancías en 2025.^iv Esa transformación no fue fruto de la geografía ni de la suerte. Fue el resultado de una estrategia deliberada y coherente: la diplomacia del bambú plasmada en una política industrial.

La lección no es que Colombia deba copiar a Vietnam. Las realidades estratégicas son distintas. La pregunta pertinente es si Colombia puede adoptar el principio subyacente: una política comercial firmemente anclada en los objetivos claros de desarrollo nacional y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para relacionarse constructivamente con potencias económicas en competencia.

¿Cómo se vería esa política de Bambú en el contexto colombiano?

Primero, Colombia debe redefinir su diplomacia comercial. Las embajadas no pueden seguir funcionando principalmente como representaciones políticas en el exterior. Deben convertirse en plataformas de diplomacia económica—medidas por resultados concretos: acceso a mercados conquistados, inversión atraída, cooperación regulatoria avanzada y apoyo efectivo a empresas colombianas.

El rol que se perfila para el vicepresidente Restrepo como “supercanciller” coordinador de la política comercial y exterior ofrece una columna institucional concreta para esta reforma, que debe traducirse en mandatos específicos, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. El nuevo Gobierno ya ha dado a entender que el cuerpo diplomático será evaluado en función de los resultados económicos, un principio que la comunidad ampliada de la política comercial debería ayudar a poner en práctica mediante mandatos específicos, indicadores de rendimiento y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

Segundo, Colombia debe superar el debate cada vez más artificial sobre si su futuro está con Estados Unidos o con China. Ambas economías seguirán siendo socios indispensables de Colombia, al igual que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India, la ASEAN y América Latina. Una Política Comercial del Bambú no buscaría neutralidad; buscaría la diversificación estratégica. En lugar de reducir la dependencia de un socio sustituyéndolo por otro, Colombia debería ampliar su abanico de relaciones económicas.

Hoy, Estados Unidos y China concentran cerca del 50 % del comercio exterior colombiano,^v una concentración que nos hace estructuralmente vulnerables. Según Analdex, solo 411 empresas generan el 91 % de las exportaciones de Colombia,^vi un nivel de concentración que excluye a la gran mayoría de las empresas colombianas de los mercados internacionales. Corregir este desequilibrio no es una opción política: es una necesidad económica.

Tercero, Colombia debe fortalecer sustancialmente sus instituciones de política comercial. A medida que los mercados globales se ven más afectados por subsidios industriales, intervención estatal y distorsiones comerciales, los países necesitan instituciones de defensa comercial más sólidas, no más débiles. Una economía abierta debe contar también con la capacidad institucional necesaria para garantizar una competencia leal.

Esto implica robustecer los mecanismos de antidumping y derechos compensatorios administrados por el Ministerio de Comercio, invertir en la dotación de los medios técnicos adecuados para sus organismos de investigación y control. Un país que carece de instrumentos efectivos de defensa comercial no está más abierto: simplemente está más expuesto. En una época en la que incluso Estados Unidos ha recurrido a los aranceles de la Sección 301, a las medidas de salvaguardia y a los controles de exportación como

instrumentos geopolíticos, fortalecer la capacidad de Colombia para hacer cumplir las normas de competencia leal no es opcional.

Cuarto, las mayores barreras a la competitividad internacional de Colombia siguen siendo domésticas. Los cuellos de botella logísticos, la fragmentación regulatoria, los trámites excesivos, la infraestructura insuficiente y el limitado acceso a capital de trabajo continúan imponiendo costos a los exportadores que con frecuencia superan los de los aranceles extranjeros. La “Gran Revolución de Desregulación” y la política “Una Entra y Dos Salen” anunciadas por el gobierno entrante^vii son señales alentadoras. Pero la desregulación debe ser consciente del comercio exterior: no basta con simplificar trámites internos si esas reformas no se sopesan contra los costos reales que enfrentan los exportadores a lo largo de toda la cadena logística.

Quinto, Colombia debe ampliar significativamente su arquitectura de financiación del comercio exterior. Las garantías de crédito a la exportación, el financiamiento de cadenas de suministro, el seguro de riesgo político, la financiación pre-embarque y otros instrumentos financieros siguen siendo insuficientes.

Bancóldex, como banco de comercio exterior, tiene el mandato institucional para liderar esta expansión, pero requiere mayor capitalización, una gama más amplia de productos y una coordinación más estrecha con ProColombia y la red diplomática. La alternativa sería crear una agencia especializada concentrada solo en crédito de exportación. Corficolombiana ha estimado que Colombia podría alcanzar exportaciones adicionales de 2.500 millones de dólares anuales, con café, oro, flores, aguacates y transformadores eléctricos a la cabeza, una meta que solo es alcanzable si se moderniza la infraestructura financiera de apoyo a los exportadores.

Finalmente, Colombia debe redefinir el objetivo mismo de la política exportadora. El éxito no puede medirse únicamente por volúmenes de exportación, sino por sofisticación exportadora. Una economía resiliente no puede depender indefinidamente de productos básicos. La competitividad de largo plazo dependerá de sectores intensivos en conocimiento, servicios empresariales, software, inteligencia artificial, tecnologías médicas, industrias creativas, agroindustria sofisticada y biotecnología, y del ascenso sistemático de Colombia en las cadenas globales de valor.

La lección más importante de Vietnam trasciende la diplomacia. Su éxito refleja la notable coherencia entre política exterior, política industrial, inversión en infraestructura, promoción de inversiones, educación y estrategia exportadora. Estos no son escenarios de política separados; son componentes mutuamente potenciadores de una única estrategia de desarrollo nacional.

Colombia posee muchos de los ingredientes necesarios: acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, una posición geográfica privilegiada que conecta dos océanos, abundantes recursos naturales, empresarios capaces y un ecosistema de innovación cada vez más dinámico. Lo que ha faltado no es la oportunidad, sino la coherencia estratégica.

La administración De la Espriella–Restrepo enfrenta una disyuntiva concreta en el arranque de su mandato: puede seguir tratando la política comercial como un conjunto de TLC y programas de promoción exportadora, que es el enfoque que ha prevalecido por treinta años, o puede adoptar una visión más ambiciosa: aquella en que la política comercial se convierte en un instrumento integrado de desarrollo nacional, resiliencia económica y relevancia geopolítica. Las bases institucionales para ese salto están a la

mano. Lo que se necesita ahora es la voluntad política de construirlas de manera deliberada, sistemática y con un horizonte de largo plazo que trascienda cualquier período presidencial.

Una Política Comercial del Bambú para Colombia no buscaría imitar a Vietnam. Buscaría emular algo más fundamental: la disciplina de alinear política exterior, política comercial y desarrollo económico detrás de un objetivo nacional común. En otras palabras, sería una genuina y permanente política de estado.

El adecuado diseño de esa estrategia, rigurosa, basada en evidencia y anclada en la posición geopolítica y económica específica de Colombia, es la tarea más urgente que tiene hoy el nuevo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

ⁱ El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, introdujo por primera vez la metáfora del «bambú» en la 29.ª Conferencia Diplomática Nacional, celebrada el 22 de agosto de 2016, y posteriormente la formalizó como doctrina — con la frase «raíces fuertes, tronco robusto, ramas flexibles»— en la primera Conferencia Nacional sobre Relaciones Exteriores, celebrada el 14 de diciembre de 2021. Nota: algunos sitios en inglés ubican el origen del concepto exclusivamente en 2016 o exclusivamente en 2021; ambas fechas son correctas en lo que respecta a diferentes etapas de su desarrollo.

ⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Exportaciones de mercancías (en dólares estadounidenses corrientes) – Vietnam (2024).

ⁱⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Inversión extranjera directa, entradas netas (Balanza de pagos, en dólares estadounidenses corrientes)

^iv La maquinaria y los equipos eléctricos (código SA 85) representaron 189,2 mil millones de dólares, es decir, el 41,8 % del total de las exportaciones de mercancías de Vietnam en 2025.

^v Estados Unidos y China concentraron en conjunto cerca del 50% del comercio exterior total de Colombia en 2025.

^vi Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, tras la elección de Abelardo de la Espriella, tan solo 411 empresas concentran el 91 % de las exportaciones de Colombia.

^vii Los cambios normativos que Abelardo de la Espriella tiene pensados – Ámbito Jurídico

Obviamente, quienes primero deben obedecer y cumplir la Constitución del 91, son quienes gobiernan y legislan. En la controversia actual, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el opositor constitucional, el senador Iván Cepeda, según los artículos constitucionales 188 y 112 respectivamente. Cumplirla y acatarla, en lugar de atacarla, sin recurrir a ingeniosas argucias políticas o legales para desconocerla o eventualmente violarla. Argucias que pueden ir desde la “Patria Milagro” por encima de la Constitución o incluso la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer el “milagrito”, dada la probable mayoría con que el Tigre contaría en el Congreso, respaldado por los que NUNCA han dejado gobernar en beneficio de las mayorías y ahora aspiran a continuar haciéndolo en nombre de la doctrina Donroe, Maga, el Escudo de las Américas y un poderoso entramado de gremios y socios locales. Doctrina Donroe que apoya con entusiasmo el presidente electo, pero que está totalmente en contravía del preámbulo de la Constitución del 91 que ordena “impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, no su subordinación a MAGA. Pero, también la Carta nos obliga como ciudadanos, según el numeral 3 del artículo 95 a “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” y el 6 “propender al logro y mantenimiento de la paz”, numerales cuyo eventual desconocimiento por el Tigre, en ejercicio de sus funciones presidenciales, serían el sustento constitucional para la expresión masiva de la desobediencia civil en defensa de la Carta del 91.

La Constitución no es un comodín

Porque si algo demuestra nuestra historia política y constitucional, desde tiempos remotos hasta el presente, es la diestra capacidad de los voceros del establecimiento para burlarla y utilizarla como un comodín en función de sus objetivos políticos, económicos y sociales. Y lo hacen con maestría, invocando supuestos fines superiores a la Constitución. Hace un poco más de 20 años se le cambió un artículito en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, la inseguridad, la corrupción y la continuidad de la “seguridad democrática” para descabezar “la culebra de las Far”, en palabras de su beneficiario, el reelecto Álvaro Uribe Vélez. Incluso éste intentó hacerlo por una segunda vez en 2010, diciéndonos que el “Estado de opinión” era superior al Estado de derecho. Afortunadamente la mayoría de magistrados de esa Corte Constitucional no fue tan complaciente como la anterior, que acogió la ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, avalando la constitucionalidad del “articulito”. Tremenda ironía, uno de los promotores de la séptima papeleta, siendo asesor constitucional del presidente Virgilio Barco, terminó traicionando su espíritu al validar la reelección, una especie de “falso positivo constitucional”.

Un delito de lesa constitucionalidad

Y, lo más grave de esa reforma, fue que se realizó ilegalmente, mediante la inducción del presidente Uribe Vélez para la comisión del delito de cohecho a dos de sus más leales ministros: Sabas Pretel de la Vega, ministro de Justicia y del Derecho y Diego Palacio Betancourt, de Seguridad Social y por eso ambos terminaron en la cárcel. Fue el famosos escándalo de la Yidispolítica, expresión de la máxima corrupción política del Estado de derecho: reformar su Constitución ilegalmente. Es decir, perpetrando un delito de lesa constitucionalidad. Un delito que luego fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, que bien demuestran la flexibilidad ética y política de esa mayoría, a quien poco le importó el escándalo de la Yidispolítica. Una mayoría de electores con una precaria conciencia de la responsabilidad política y ética, que todo auténtico ciudadano debería tener al votar, para no legitimar así el delito como fuente de gobernabilidad presidencial. Es lo que hay en esta Colombia Malograda, ahora con el respaldo de cerca de 13 millones de electores que votaron en manada por un Tigre para la presidencia de la República. Esto sucede cuando el elector se convierte en manada y no se expresa como un ciudadano ética y políticamente comprometido con la vigencia de la Constitución del 91. Por eso, citaré de nuevo a nuestro más lúcido y realista analista político, Gabriel García Márquez, en su “Proclama por un País al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es lo que ha venido sucediendo desde siempre en esta Patria Malograda. Por eso millones celebran la picardía y la trampa y fustigan la decencia, auspician los atajos y el cambio de normas para la conveniencia de quienes son electos. Lo importante es enriquecerse y ganar, poco importa las artimañas que se utilicen para ello. De allí que las recientes campañas electorales victoriosas para la presidencia violarán los umbrales legales de financiación, pero ese ilícito solo lo conocemos cuando ya es demasiado tarde, como sucedió con la campaña del expresidente Santos y ahora con la del Pacto Histórico. Será cuestión de tiempo saber los miles de millones gastados en la estrambótica y festiva campaña del Tigre, así como conocer sus generosos financiadores y el origen de tan ilimitados recursos. Recursos al parecer procedentes la mayor parte del patrimonio De la Espriella, cuya fuente probablemente se encuentra en su asesoría a Alex Saab y otros delincuentes de cuello blanco, cuyas identidades están siendo investigadas en Estados Unidos, según el periodista Gerardo Reyes, y entre los que figura un narcotraficante conocido como “Boliche”, convertido luego en informante de la DEA. ¿Será que su condición de presidente y el padrinazgo de Donald Trump lo protegerán y detendrán el curso de esa investigación que adelante un fiscal de Miami en Estados Unidos?

En defensa de la Constitución del 91

Por eso, ahora la urgencia vital es defender la Constitución del 91 apelando a la desobediencia civil. Defensa para la cual quizá no sea suficiente la Corte Constitucional y se necesite una firme y radical conciencia ciudadana que exprese masivamente la desobediencia civil. Porque la esencia de la desobediencia civil, como la formuló David Thoreau y la practicaron Gandhi y Martin Luther King, es “romper una ley específica que se considera injusta, aceptar las consecuencias, y hacerlo sin violencia para generar debate público” (Meta IA). Por ejemplo, las leyes imperiales de carácter injusto, como los impuestos al té de la Corona británica que catalizaron la declaración de independencia de las 13 provincias de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica, hoy en víspera de conmemorar sus 250 años. También la lucha denodada y victoriosa de Mandela contra el Apartheid y de Martin Luther King contra la segregación y la injusticia racial. Por eso resulta absurdo considerar que la desobediencia civil pacífica sea inconstitucional e implica desconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella. Todo lo contario, puede llegar a ser la mejor defensa de la Carta, siempre y cuando el senador Cepeda la convoque desde su legítimo ejercicio como opositor que le confiere el artículo 112 y respete todo el articulado de la Carta, lo que implica, obviamente, reconocer sin ambages la presidencia de Abelardo de la Espriella.

Un Tigre convertido en Bambi

Así ese Tigre ahora se parezca cada vez más al Bambi de Disney, vanidoso y juguetón, que depende del respaldo del Tío Donald Trump. Por eso se apresuró a suscribir su intervencionista y depredadora doctrina “Donroe”, la de América para Maga y sus negocios. Pero, además, a llevar y portar el belicoso “Escudo de las Américas”. Alianzas Políticas que, de llevarse a cabo, en nombre de un anunciado supuesto Plan Patriota, menoscabarían casi por completo el principio de nuestra soberanía estatal, la integridad de nuestro territorio al someterlo al ritmo extractivista de “perforar, perforar, perforar” y afectaría la vida de miles de colombianos por los telebombardeos de MAGA, cuyo número de víctimas civiles por los llamados “daños colaterales” sería incontable, como ha venido sucediendo con los bombardeos contra lanchas supuestamente con alijos de cocaína en el mar caribe y pacífico. El desarrollo de tales planes conllevaría la violación del numeral 6 del articulo 189 de la Constitución, que le exige al presidente “proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio”. Además, el uso intensivo del fracking para “perforar, perforar y perforar”, también desconocería el artículo 59, que señala que a la propiedad “le es inherente una función ecológica”, pues los territorios en donde se realice sufrirán un grave deterioro ambiental.

¿Patria Milagro o Malograda?

Frente a semejante admiración, amor y desenfreno por MAGA, esa “Patria Milagro” puede llegar a ser una Patria Malograda para la mayoría de colombianos y sus riquezas horadadas en beneficio de Maga y sus socios locales. De manera que la desobediencia civil nada tiene que ver con un “golpe de Estado”, mucho menos es una carta de malos perdedores. Es, simplemente, el ejercicio civilista de una oposición pacífica en defensa de la Constitución del 91, que debe empezar por el reconocimiento pleno de la presidencia de Abelardo de la Espriella por parte del senador Iván Cepeda y no darle así coartadas para desatar una represión violenta y creciente de quienes estamos comprometidos, como ciudadanía, con la vigencia y defensa pacífica de la Constitución del 91. Aunque las consecuencias puedan ser las anunciadas por Thoreau, si el Tigre desata una violencia arbitraria contra los opositores, cuando señala que “bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar correcto para un hombre justo es también la prisión”.

Homenaje a Gustavo Gallón Giraldo

De esta forma, quizá podríamos rendir un homenaje póstumo al jurista, sociólogo y politólogo Gustavo Gallón Giraldo, oriundo de Cali y quien murió el 30 de junio pasado en forma repentina en Ginebra, Suiza, en donde representaba como embajador al Estado colombiano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus numerosos y lúcidos libros, destaca “La República de las armas”, donde develó la inexistencia de la democracia cuando ella es sustituida por el uso represivo del estado de sitio durante más de 15 años y las facciones liberales-conservadoras se repartieron “miti-miti” el Estado por 16 años, hasta llegar al extremo de burlar el triunfo electoral de la ANAPO y del general Rojas Pinilla, utilizando como coartada la “defensa de la democracia y la estabilidad institucional”. Tales son las argucias de los que siempre han usufructuado el Estado para su beneficio particular y ahora pretenden seguir haciéndolo en nombre de la “Patria Milagro”. Es decir, los que en realidad NUNCA han dejado de gobernar y ahora cínicamente estigmatizan a la desobediencia civil pacífica como un “golpe de Estado” y hasta una amenaza comunista a la “democracia”. “Democracia” cuya verdadera esencia es la mercadocracia imperial cacocrática de Donroe y Maga, que al parecer tiene los días contados hasta el 3 de noviembre de este año, cuando se celebren las elecciones para la Cámara de Representantes y otros comicios federales, estatales y locales que forman parte del ciclo electoral bienal del Congreso de los Estados Unidos. Amanecerá en noviembre y entonces veremos si todavía hay lugar para milagros democráticos, al menos en el norte. Entonces la “Patria Milagro” del presuntuoso Bambi quedaría sin el padrinazgo político del Tío Donald, sin el cual no podrá realizar “milagrito” alguno a favor de Maga, Donroe, El Escudo de las Américas y sus insaciables mercaderes, asistidos por mercenarios profesionales y bombardeos teledirigidos desde el Pentágono.

Por eso, la llegada del colombiano Andrés Rugeles al equipo gerencial de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para liderar el Foro Económico Internacional trasciende el nombramiento de un alto funcionario. Es una señal sobre el tipo de conversación que América Latina necesita impulsar para enfrentar un mundo cada vez más fragmentado.

CAF dejó hace tiempo de ser únicamente un banco de desarrollo. La entidad se ha convertido en uno de los principales articuladores de la integración regional, financiando infraestructura, transición energética, competitividad, innovación y resiliencia climática, mientras fortalece espacios de concertación entre gobiernos, empresarios, academia y organismos multilaterales.

Bajo esa lógica nació el Foro Económico Internacional de CAF, que en su más reciente edición reunió en Panamá a ocho jefes de Estado, cuatro premios Nobel y más de siete mil participantes. El objetivo es claro: crear un espacio permanente donde América Latina piense su futuro desde la cooperación y no desde la fragmentación.

Esa misión coincide plenamente con la visión que Rugeles ha defendido durante los últimos años desde el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) y en sus publicaciones sobre política exterior.

Su tesis parte de un diagnóstico que hoy comparten numerosos analistas: el antiguo orden internacional está cambiando aceleradamente. La competencia entre grandes potencias, la reorganización de las cadenas globales de suministro, la transición energética, la revolución tecnológica y las nuevas tensiones geopolíticas obligan a países como Colombia a abandonar una política exterior reactiva para construir una estrategia de Estado, basada en el pragmatismo, el consenso y la defensa permanente de los intereses nacionales.

Rugeles ha insistido en que Colombia debe dejar de mirar la política exterior como un asunto exclusivo de cancillerías. La inserción internacional pasa hoy por integrar al sector privado, la academia, los gobiernos locales y la sociedad civil en una diplomacia económica capaz de atraer inversión, generar conocimiento, fortalecer el comercio y ampliar las oportunidades para el país.

Esa visión resulta particularmente pertinente para el momento que vive América Latina. Mientras otras regiones fortalecen bloques económicos y construyen estrategias comunes frente a la competencia global, América Latina continúa enfrentando enormes dificultades para coordinar posiciones y aprovechar su potencial colectivo.

Precisamente ahí adquiere relevancia el Foro Económico Internacional de CAF. No se trata únicamente de un encuentro anual de alto nivel. Su propósito es convertirse en el principal espacio regional donde confluyan gobiernos, empresarios, inversionistas, centros de pensamiento y líderes sociales para construir soluciones compartidas frente a desafíos que ningún país puede resolver en solitario.

Para Colombia, además, el nombramiento tiene una dimensión estratégica.

El próximo gobierno encontrará un escenario internacional profundamente distinto al de hace apenas una década. La diversificación de mercados, la atracción de inversión, la transición energética, la seguridad regional, la transformación digital y la cooperación internacional exigirán una interlocución permanente con organismos multilaterales como CAF, cuya capacidad financiera y política será determinante para buena parte de los proyectos de desarrollo de la región.

Contar con un colombiano liderando el principal foro de diálogo económico impulsado por la institución no significa una representación nacional dentro del organismo. Significa algo quizás más importante: que una visión colombiana sobre la necesidad del consenso, el multilateralismo renovado y la integración regional tendrá un papel central en una conversación donde se discutirán las prioridades económicas de América Latina durante los próximos años.

Desde CORI hasta CAF, el recorrido de Andrés Rugeles refleja también la consolidación de una generación de internacionalistas colombianos que entiende que la política exterior ya no puede limitarse a administrar relaciones diplomáticas. Hoy se trata de conectar al país con los grandes debates globales, construir confianza, generar alianzas y convertir la diplomacia en un instrumento efectivo para el desarrollo.

En tiempos de polarización y fragmentación internacional, esa puede ser, precisamente, la conversación que más necesita América Latina.

¿Un tigre domesticado?

Extrema incoherencia que, obviamente, no se resuelve en el discurso, sino en la realidad y en el trato que recibirán sus opositores y críticos, permitiéndoles no solo disentir sino actuar en defensa de los derechos sociales de las mayorías y también de las minorías. Y es en esta tensión en donde se disputan dos visiones y prácticas de la democracia que resultan difícilmente compatibles. De una parte, la democracia republicana y, de otra, la democracia liberal que, por la pugnacidad, populismo, discurso autoritario y militarista del Tigre, “Firmes por Colombia”, puede derivar en el eufemismo de la llamada “democracia iliberal”, que debería sublevar y sonrojar a todo auténtico liberal, pues sin garantías plenas para el ejercicio de las libertades públicas no existe democracia alguna. ¿Será que la banda presidencial lo domesticará y dejará de ser ese fiero tigre destripador de la campaña?

¿Democracia o mercadocracia?

De un lado, tenemos la visión de la democracia republicana, que postula la cuestión social y la justicia como igualdad de oportunidades, cuya esencia es el Estado Social de derecho y, de otra parte, la visión liberal que reduce la democracia a una defensa a ultranza de la propiedad privada y sus garantías para la competencia en el mercado, haciendo del Estado de derecho su baluarte principal. Es claro que la Constitución del 91 desde su artículo 1 consagró la democracia en clave republicana. Por ello nos dice que Colombia es una república que está fundada en “el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. A renglón seguido, en el artículo 2, señala como fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad y promover la prosperidad general”, entre otros, como “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Por otra parte, el artículo 13 explícitamente nos dice que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados”. Y, como si fuera poco, el artículo 53 promueve la defensa de los trabajadores en términos prevalentes, pues señala que se debe reconocer “la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”. En una palabra, que la justicia social no puede ser burlada por las argucias leguleyas de tinterillos para la protección de los intereses patronales. Por último, en relación con el sagrado derecho de la propiedad privada, el artículo 58 no deja duda que: “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad” y que “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado”.

Democracia es equidad social

Con toda razón, en algún ensayo sobre la democracia, el maestro Estanislao Zuleta escribió que un “auténtico demócrata es aquel que está con quienes tienen más necesidades y menos posibilidades”, pues un ciudadano sin derechos vitales a un trabajo digno, un ingreso justo, salud, educación, la propiedad de su terruño o una modesta vivienda, siempre estará a merced y subordinado, sometido casi como un siervo, a quienes disponen y acumulan esos derechos para su propio beneficio. Tal es la igualdad real o social que debería promover la igualdad formal o legal, que todos tenemos en la letra de la Constitución, pero que no existe en la realidad cotidiana de la vida, que es en donde se juega realmente la democracia. Obviamente, no se trata de la igualdad en los resultados medidos en términos de la misma prosperidad y riqueza para todos, pero sí de la igualdad de oportunidades en la vida para todos y todas, sin puntos de partida donde unos pocos acumulan privilegios y ventajas insuperables que se perpetúan por generaciones. Y solo mediante la intervención del Estado Social de derecho ello es posible, pues el mercado no conoce de equidad social sino de competencia entre desiguales, cuyas diferencias aumentan en proporción casi directa a la supuesta neutralidad, seguridad y estabilidad jurídica brindada por el Estado de derecho liberal.

La mercadocracia depredadora del Tigre

Y resulta que, si uno lee con atención el discurso del Tigre, más allá de la música, sus himnos gloriosos, fuegos pirotécnicos y rugidos victoriosos, encuentra que su democracia se agota en la mercadocracia y, lo que es más grave, en una compañía ilimitada con MAGA para la explotación de las riquezas y la biodiversidad de nuestra Nación, entregadas a su generosa voracidad. ¿En dónde quedará el principio constitucional social de la propiedad y su función ecológica? Citemos algunos bellos pasajes, con loas a la igualdad y prosperidad de todos, que no dejan de ser muy preocupantes, como el siguiente dirigido a los votantes de Cepeda: “sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados”. ¿Acaso podría ser de otra forma? Luego, en un derroche de lirismo, afirma: “Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades y de progreso para todos. Pues esta noche el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz: sí se puede tener una Patria Milagro en el gobierno del Tigre”. Lo cual significa que el Tigre deberá cumplir y profundizar la titulación de tierras para millones de campesinos, despojados de sus parcelas tanto por los paramilitares de las AUC que asesoró, como por grupos guerrilleros que se disputaban esos territorios y economías ilícitas. Entonces daría así pleno cumplimiento al ACUERDO DE PAZ entre el ESTADO y las extintas Farc-EP. Acuerdo que, junto a la JEP, abomina y prometió erradicar, como la coca, de la “Patria Milagro”. Quizá lo que quiso decir fue “una nación para propietarios”, pero no escuchó bien en su audífono en medio de tanta algarabía.

¿Un tigre estafador?

Pero, si llegaré a realizar ese milagro de “construir una patria de propietarios”, además de brindar “oportunidades y progreso para todos”, habrá estafado y robado la confianza a millones de sus electores, pues ese era el centro del programa progresista de Iván Cepeda y del Pacto Histórico. Sin duda, no sucederá, como una muestra más de su extrema incoherencia, cuyo nombre en política es demagogia. Y la principal consecuencia de la demagogia es la ingobernabilidad que genera por no cumplir tantas promesas irrealizables, como le sucedió a el “gobierno del cambio”. Pero continuemos con esa “Patria Milagro”: “Sí podemos recuperar el orden, sí podemos reconstruir la República, sí podemos gobernar con CERO CORRUPCIÓN, sin lugar para la politiquería”. Lo cual quiere decir que no dará cuotas en su gabinete a los que siempre han gobernado con corrupción y politiquería, bajo diferentes siglas como “Cambio Radical”, “Centro Democrático”, “La U”, partidos liberal y conservador con representación en el Congreso y a los cuales durante su campaña repudió y hasta llamó delincuentes. Pero ya anunció a Rodrigo Lara Restrepo como futuro ministro del interior, quien fuera director de Cambio Radical, curiosamente el partido político con el mayor número de congresistas condenados por parapolítica, 14 en total[i], por el delito de concierto agravado para delinquir en asocio con las AUC, mediante el constreñimiento de miles de electores. A eso llama el Tigre “cero corrupción y sin politiquería”. Un discípulo aventajado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que prometió lo mismo. Sin duda, con esa criminal alianza esos congresistas condenados de Cambio Radical participaron entonces en la refundación de la Patria, como la llamaban las AUC, y ahora el Tigre llama “reconstruir la República”. En este caso, parece haber extrema coherencia. Pero la pregunta obvia es ¿Será así como se defiende la democracia?

 ¿De cuál democracia nos habla el Tigre?

La respuesta la encontramos en sus aliados internacionales, quienes son en la actualidad los más eficaces depredadores y demoledores del Estado de derecho, la democracia liberal, el derecho internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de sus pueblos: Trump en Estados Unidos de Norteamérica y Netanyahu en Israel. Tal alianza la anunció el Tigre con máxima incoherencia: “Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad en el continente”. Por eso ya anunció su ingreso al “Escudo de las Américas”[ii]y un supuesto “Plan Patriota”, para en 90 días acabar con el narcoterrorismo y las economías ilícitas. Asistiremos, entonces, a una especie de Apocalypse Now con bombardeos teledirigidos desde MAGA, abrazos y felicitaciones de Trump con el Tigre en el despacho oval y saludo patriótico de “Firmes por Colombia” e intercambio de gorras. Hasta de pronto Trump le ofrece a su compatriota y copartidario republicano, el Tigre Abelardo, extender su nacionalidad a toda Colombia y así coronar su doctrina Donroe[iii] con el estado número 52, el primero en Suramérica: “¡Firmes por la Patria!”.

[i] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_las_Am%C3%A9ricas

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Donroe

La transfiguración de una fiera destripadora

No deja de ser sorprendente esa transfiguración de una fiera depredadora, que en campaña hablaba de “destripar a la izquierda” y a sus miles de seguidores, ahora convertida en un aplomado abogado que cita el artículo 188 de la Constitución Política y dice encarnar y simbolizar la “unidad nacional” para proteger los “derechos y libertades de todos los colombianos”. Sin duda, asistimos al primer milagro de este taumaturgo que, con su vicepresidente tecnócrata, José Manuel Restrepo, convertido repentinamente en telonero del espectáculo, harán de toda Colombia una “Patria Milagro”. ¿Cómo entender esa transfiguración? Habrá que atribuirla a la alquimia constitucional que es capaz de transformar a un candidato “cargado de tigre” en un civilizado estadista, al menos en el discurso, faltará ver en la realidad, que es donde realmente importa. Por ahora, la Constitución no es más que un libreto protocolario para tranquilizar incautos.  De no cumplirla y solo recitarla, entonces estaremos frente a una grave esquizofrenia política y constitucional, parecida a la vivida y sufrida por su admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que terminó abusando y cambiando un artículito de la sacrosanta Constitución del 91. Hasta llegó a decir que el Estado de opinión era superior al Estado de derecho. Es probable que también el Tigre llegué a afirmar que la salvación de la Patria está por encima de la Constitución. Pero, como tanto gusta al Tigre Abelardo hablar de extrema coherencia, vamos analizar someramente algunos apartes de su discurso que develan extremas contradicciones e incoherencias. Vamos hacerlo en dos entregas, empezando esta con el significado que le asigna a la Patria y el alcance de su consigna: “Firmes por la Patria”.

¿De cuál Patria nos habla?

Nos habla sobre todo de la Patria de los negocios y los grandes mercaderes, de sus inversiones y su codicia sin límite, que no depararán en la depredación de nuestra portentosa biodiversidad, utilizando el fracking para “perforar, perforar y perforar”, en asocio con petroleras internacionales y de MAGA, como lo pregona y hace Trump en America First, sin escatimar los daños irreversibles causados al planeta y la actual catástrofe climática. No demorará Trump en proponerle extender sus inversiones hoteleras y campos de golf para hacer de Barranquilla la Miami del Caribe, así como lo hizo con su cómplice genocida, Netanyahu, para convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Próximo. Es muy probable que ambos, con ese espíritu de empresarios que tienen, terminen haciendo buenos negocios con la asesoría del vicepresidente, José Manuel Restrepo, que será el vendedor internacional de la marca Colombia, como ya lo anunció el Tigre, invitando a Elon Musk para que ensamble sus Teslas en Medellín y se interese por explorar las tierras raras que necesita su empresa espacial. Así irán haciendo de la Colombia Milagro un Dorado para un selecto grupo de emprendedores nacionales e internacionales, con el apoyo de todos los gremios y el corifeo de los grandes medios de comunicación. Hasta acabarán convenciéndonos a todos de ese milagro económico que eliminará en pocos meses la pobreza, la economía informal y hasta el desempleo, por lo cual no serán necesarias políticas sociales, si acaso subsidios puntuales.

Primero la seguridad, matriz de la paz

Pero, para ello, antes se necesitan los héroes de la Patria, esa legión de abnegados militares que ofrendarán sus vidas por la seguridad, matriz de la paz, que todos disfrutaremos en 90 días en los campos y ciudades, gracias a miles de ciudadanos “firmes por la Patria”, como otrora lo hicieran Carlos Castaño en compañía de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con los buenos muchachos del DAS. A todos ellos asesoró el Tigre y condujo desinteresadamente por los caminos de la desmovilización en compañía de su colega, Mario Iguarán, entonces viceministro de justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, con la asistencia del audífono en su oído derecho, recitó el Tigre la Oración Patria que rezan los militares para insuflar su espíritu de valor y así sacrificar sus vidas en defensa del patrimonio y la Patria de unos pocos. Esa es la esencia del patriotismo y el alcance de ese grito estentóreo: “Firmes por la Patria”. Tampoco podía faltar en su discurso la defensa a ultranza de la democracia, del respeto a la separación de las ramas del poder público, de las libertades ciudadanas y de las garantías al senador Iván Cepeda para el ejercicio de la oposición, siempre y cuando no se le ocurra promover la subversión, es decir, liderar protestas y movilizaciones ciudadanas en defensa de derechos sociales conquistados durante el gobierno del cambio. Porque es muy curioso que, para el Tigre, como para casi todo el establecimiento y sus poderosos gremios, en Colombia no existe el Estado Social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues solo nos hablan del Estado de derecho. Pero sobre esa peculiar concepción del Estado y la democracia trataré en la segunda parte, ya que requiere un análisis más detallado y extenso de ese espectacular y emotivo discurso pronunciado, mejor recitado, gracias al discreto audífono instalado en su oído derecho, en medio de cánticos gloriosos y ese deslumbrante juego de luces de navidad en “La Ventana al mundo”.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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