Uno cree que los únicos demagogos son los políticos; a veces, los columnistas de prensa también caen en eso, sobre todo aquellos que han tenido la fortuna de pasar por uno que otro gobierno y luego se convierten en analistas de la cosa política, tal es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Vélez, Felipe Zuleta Lleras, Néstor Humberto Martínez o Mauricio Vargas.

La demagogia es una estrategia usada para conseguir respaldo popular apelando a las emociones, los miedos o los prejuicios. Al leer la columna del ex funcionario Luis Guillermo Vélez, en La Silla Vacía, encuentro un poco de esos tres ingredientes. Dicho sea de paso, ese mismo sesgo ideológico, una especie de ceguera conveniente, le resta brillo a ciertos capítulos del podcast Déja Vu que hace a dos voces con Alejandro Lloreda para el mismo portal.

Empiezo por decir quién es Luis Guillermo Vélez, antes de desmontar algunas falacias que trae su columna “Por qué Cepeda perderá las elecciones”.

Según Wikipedia, el doctor Vélez es abogado de la Universidad de los Andes; entre otros cargos, ha sido Viceministro de Defensa Nacional y Cónsul General de Colombia en México D.F (durante el gobierno de Ernesto Samper); cabildero de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Superintendente de Sociedades entre 2010-2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), y en su segundo gobierno secretario general de la Presidencia de la República.

Se entiende entonces que el doctor Vélez tenga razones para desear de todo corazón que gane la derecha de sus afectos y, de todo corazón también, desear que pierda la izquierda de sus desafectos. Su apuesta es la candidata uribista Paloma Valencia.

De entrada quiero referirme al título de la columna, porque, usando el mismo símil del fútbol que utiliza él, un partido tiene un tiempo reglamentario (primera vuelta, el 31 de mayo) y un tiempo suplementario en caso de empate o de que ninguno meta los goles suficientes en las urnas (segunda vuelta, en junio).

Si Cepeda ya perdió, pues cancelemos las elecciones, ahorrémonos ese dinerito y vayamos de juerga la noche anterior. El titular que anticipa la derrota de Cepeda me recordó la famosa frase del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, puesta en portada de Semana (entonces bajo la dirección de Vicky Dávila), y que con el tiempo tuvo que tragarse enterita: “Petro nunca será presidente”. El guión va tomando la misma forma, pero con otro nombre: el del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Lo chistoso es que aquella frase se volvió estribillo en boca de personajes como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o la hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”, le dijo Valencia a Gustavo Petro.

Pero volvamos al doctor Vélez y su columna. Aquí esta rápida autopsia a sus afirmaciones.  

“Actualmente las probabilidades en el mercado de apuestas en plataformas como Polymarket están iguales entre los dos. Es decir, la definición del presidente de Colombia está sujeta al lanzamiento de una moneda. Fifty, fifty”.

¿En serio, doctor Vélez? ¿Usted, con un Master in Business Administration, cree que el destino de un país está en manos de una casa de apuestas? En ese caso, démosle también crédito al astrólogo Daniel Daza, quien leyó en las estrellas que Iván Cepeda será el siguiente presidente de Colombia. Ambas cosas constituyen una mirada respetable pero poco seria de la política.

Si Cepeda no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se unirán la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Suponiendo inclusive que todos los votos verdes, indígenas y progres –que llegan a un poco más de 2 millones– su sumen, la cifra total llega a los 6 o 7 millones de votos, que son los que Cepeda y la izquierda tienen en el bolsillo. Los cuales, valga decir, son el mismo 34% que las encuestas más serias dicen que tiene. Pero no tiene más. Los que piensan que Cepeda puede ganar en primera vuelta se engañan”.

Hacer cuentas alegres es deporte nacional en época electoral. Sin embargo, considero que, sí o sí, Cepeda debe ganar en primera vuelta, porque en junio llegarán ferozmente unidas y con el ánimo de arrasar en las urnas la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Faltan los partidos tradicionales y clientelistas, como el Liberal y el Conservador. (…) Los veremos subiéndose a la Palometa en los próximos días, cuando las encuestas reflejen el crecimiento de la candidatura. Si esto se materializa Paloma llegará muy fortalecida a la primera vuelta”.

Esta oración deja claro que si gana Paloma Valencia volveremos al gobierno de la mermelada clientelista para pagar los favores de las maquinarías que mueven el ya no tan glorioso Partido Liberal y el aún menos glorioso Partido Conservador.

“¿Por qué pierde Cepeda? Porque se quedará, por designio, aislado en la izquierda. Algo parecido a lo que le ocurrió a Petro en el 2018. Su estrategia de caminar agarrado de las enaguas del presidente es un error”.

Es exactamente lo mismo que dicen de Paloma Valencia, aunque no me consta que Álvaro Uribe use enaguas. La diferencia está en que Petro es el presidente en funciones, y Uribe un hombre apocado y opacado en el ocaso de su vida política y con líos judiciales aún por resolver. Con todo, quizás quien deba independizarse de su líder supremo sea Paloma Valencia.

“Ninguna encuesta muestra a Petro con una favorabilidad superior al 50%”. 

Otra pequeña mentira, mi doctor. Las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría lo sitúan con una imagen positiva del 54,5% y 50,9%, respectivamente. Hablando de la mitad más uno para ganar elecciones, la pregunta del millón es: ¿Qué hacer para que los buenos números de Petro se traduzcan en votos?   

“Cepeda quiere reforzarla. Por eso escoge a una vicepresidente que no le suma un voto adicional”. 

Empecemos por decir que la fórmula de Cepeda es la senadora y ex gobernadora indígena Aida Quilcué, representante de los territorios. La fórmula Paloma-Oviedo la conforman un bogotano y una mujer payanesa criada en Bogotá. No se entiende esta unión en un país con 32 departamentos y con las profundas grietas ideológicas que separan a Paloma y Oviedo en materia de paz y libertades individuales.

Cepeda escogió a una persona que representa al país de los excluidos, tan excluidos que la propia senadora Valencia, propuso en 2015 separar ese departamento en dos: un territorio para indígenas y otro para mestizos. Ese es resultado de criarse en Bogotá, en medio de privilegios, desconociendo que somos una nación multiétnica y pluricultural.

No se trata, pues, de escoger a quien dé más votos, sino a quien permita sumar sensibilidad social para avizorar un país donde quepamos todos.

“Aida Quilcué les parecerá un sortilegio semiótico a los camaradas del Parkway, pero el mensaje no se le transmite a la ama de casa en Mazurén que está preocupada por la inflación. A punta de resentimiento, lucha de clases y retórica ancestral no logran las mayorías”.

Tremenda lección de clasismo. Creo doctor que en estas líneas se le salió el estrato: el de cierta clase de bogotanos que creen que Colombia empieza y termina de la calle 72 hacia el norte. No señor. Hay otro país real, aunque no tenga apellido ilustre, ni abolengo. Y seamos honestos: el tema de la inflación no es asunto de las señoras (ni las de que viven en Rosales, ni de las sobreviven con lo que pueden en Ciudad Bolívar); ni siquiera es un asunto de los señores, pero ya que toca el tema, es un dato comprobable que Petro recibió la inflación en 10.21%, y hoy la mantiene alrededor del 5%.   

“Decíamos que Cepeda debía conseguir 4 o 5 millones de votos adicionales para ganar (en segunda vuelta necesita inclusive un poco más). No se ven por ningún lado. Y no se tiene ni la capacidad ni la voluntad para conseguirlos. En Chile pasó algo parecido. La candidata comunista –que era la del gobierno– se embolsilló el primer tiquete a la segunda vuelta y su contrincante, que para Chile es un derechista moderado, empujó más a la derecha a Kaiser, su rival ideológico, mientras se tiró a recoger los votos del centro espantados con la posibilidad de que un soviet se instalara en el Palacio de la Moneda”.

Doctor Vélez, ¿por qué no mejor ponemos como ejemplo a México, país mucho más parecido a Colombia que tuvo un primer gobierno de izquierda exitoso con Andrés Manuel López Obrador, quien dio paso a la progresista Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no dejar a un lado la retahíla comunista que usted usó en la entrevista que le concedió a María Jimena Duzán? Tres veces tildó de comunista a Iván Cepeda y las tres veces ella lo corrigió. La misma respuesta aplica para Felipe Zuleta Lleras y su columna “Solo unidos derrotaremos al comunismo”, en El Espectador.

Consulté directamente con la fuente. Resulta que el senador Cepeda sí militó en la Juventud Comunista (Juco) y en el Partido Comunista Colombiano durante su adolescencia y juventud. De allí se retiró en búsqueda de otros credos ideológicos: Alianza Democrática M19, Polo Democrático y, finalmente, Pacto Histórico. Si algún apelativo le cabe a Iván Cepeda es el de hombre socialdemócrata.

“Así fue como José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile y será la forma como Paloma la ganará en Colombia”.

El optimismo es bueno para la salud. Con su frase final podríamos dar inicio a otra columna interesante sobre eso que en las redes sociales la gente llama ahora, en tono jocoso, Pa´lomismo.

Su candidata ha dicho que con ella se acaba la Paz Total y llega la Seguridad Total, lo que trae a mi mente, indefectiblemente, la Colombia triste de los falsos positivos en la era Uribe y me lleva a preguntar qué vara de premios habrá esta vez para alentar a los militares a dar resultados en materia de orden público. La señora Valencia dijo además que militarizará la vía Popayán-Cali-Pasto, al tiempo que este confidencial de Semana informa que la candidata recibió el respaldo de 32 generales (r) y cinco ministros de Defensa, entre ellos Martha Lucía Ramírez y Diego Molano.

Al unir una noticia con la otra, no es difícil pensar que la candidata, enemiga del Proceso de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, podría tumbar ese tribunal de paz que es la JEP, encargado de revisar los crímenes de exguerrilleros y militares. Lo raro, doctor Vélez, es que usted, como ex funcionario de Santos, nada diga sobre estas cuestiones, habiendo cumplido su papel en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. 

Aun así, hay quienes insisten en que ella es una política moderada de derecha, equiparándola con José Antonio Kast, el presidente de Chile, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi. Me sostengo en que mientras Uribe sea el poder detrás del trono, en un eventual gobierno de Paloma Valencia el país retrocederá las dos décadas que tanto nos ha costado superar. Perdonen que lo diga gráficamente: Colombia no puede volver como el perro al vómito.

En un momento crucial, merecemos análisis desapasionados: que los analistas hablen menos con el corazón y más con la razón. Se habla mucho de votos y de futurología, y poco sobre los programas de gobierno de catorce candidatos presidenciales, lo que es otro despropósito, pues la inmensa mayoría no tiene opción distinta que aspirar a una embajada.

A la demagogia de nuestra clase política, no podemos añadir la demagogia de los opinadores. Quizás lo que se nos pide es esforzarnos más a la hora de argumentar, menos pereza intelectual. La gente está curada de mentiras y de espantos. Y el que no, que se mire en un espejo.  

La reciente definición de las fórmulas vicepresidenciales es mucho más que una “jugadita electoral”, aunque dicha finalidad esté en el principio de su escogencia y conformación. Dichas fórmulas son mucho más que un asunto de táctica y estrategia electoral. Ellas tienen encarnadura programática y horizonte de nación. De hecho, dichas duplas no solo fueron integradas para llegar a la Casa de Nariño, sino que ellas mismas son la expresión de los cambios sustanciales generados por el Pacto Histórico y la presidencia de Gustavo Petro. Y, sin duda, el principal cambio es haber puesto la llamada “cuestión social” en el centro del debate electoral, disputándole incluso a la seguridad el primer lugar en la agenda de los demás candidatos. Salvo Abelardo con su gesto patético y ridículo del saludo militar y la elección primaria de un tigre como su mascota de campaña. Ambas son enseñas bestiales de la fuerza y la depredación para supuestamente “salvar la Nación”. Enseñas que entusiasman a millones de sus seguidores obnubilados por esa propaganda, semejante a la simbología de Trump con su AMERICA FIRST y su MAGA criminal, junto a la motosierra “libertaria” de Milei para despedazar el sentido social del Estado de derecho. Dichos cruzados de la extrema derecha no solo están desmantelando el frágil Estado de derecho para convertirlo en la punta de lanza de su codicia mercantil y sus delirios de grandeza megalómana, sino que avanzan como locomotoras sin control arrasando el Derecho Internacional Público.  A ese equipo de gánsteres estatales y su vocación insaciable de mercaderes pretende sumarse Abelardo. Probablemente por ello escogió como compañero de fórmula al exministro de hacienda José Manuel Restrepo para así dar confianza a los conglomerados económicos y difuminar Abelardo su penumbrosa imagen de destacado abogado penalista de un par de delincuentes económicos de cuello blanco, David Murcia y Alex Saab, éste último al parecer ad portas de ser extraditado a Estados Unidos. Cuanta falta le estará haciendo Abelardo en esta encrucijada.

¿Una Paloma multicolor con alas de Arco Iris?

Ni hablar de Paloma con su escogencia de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula. De un momento a otro, por efecto mágico de la competencia electoral, la blanca y pura Paloma ahora despliega unas alas multicolores de arco iris y su canto se vuelve cósmico, plural y progresista. Se declara defensora de lo distinto y tolerante; justiciera y amiga del salario vital. A su lado, Oviedo, quien parecía líder y símbolo de la irrupción de nuevas ciudadanías y sensibilidades, más allá de la jaula tradicional y patriarcal del llamado Centro Democrático, y quien fuera otrora defensor del Acuerdo de Paz y la JEP, ahora se funde en un abrazo con la hija política predilecta de Uribe, también súbitamente respetuoso de la intimidad y la diversidad sexual. Su conversión “progresista” es más inverosímil que la de esa nueva especie de “Paloma Arco Iris”, pues como presidente la emprendía contra la libertad sexual de los jóvenes a quienes exigía que se “aguantarán el gustico” antes de casarse. A tal punto que la misma Lina, ella tan prudente y discreta como primera dama, lo regañó públicamente y lo reconvino por meterse en la intimidad de los jóvenes. Ahora, en su otoño político patriarcal y electoral, es otro Uribe, pero no deja por ello de expresar sus prejuicios homofóbicos, pues en la misma proclamación de Oviedo envió un mensaje ambiguo y tranquilizador a las familias colombianas diciendo que para el Centro Democrático los “niños y las niñas seguían siendo lo más importante a cuidar”. Quizás recordó sus simpatías por las arengas contra la supuesta ideología de género para torpedear y ganar votos contra el Acuerdo de Paz de la mano de supuestos pastores y predicadores evangélicos, que tan buenos resultados arrojó con miles de votos y devotos manipulados por eso falsos defensores de la moral y las buenas costumbres. ¿Volverán ahora esos “ciudadanos de bien” a votar por Paloma acompañada del “distinto” Oviedo? ¿Promoverán los pastores y líderes de las virtudes patriarcales y familiares el voto por esa singular dupla?  Ya el pulquérrimo exministro del interior de Uribe, Fernando Londoño, lo rechazó así: “No voto por el señor que no sabe si apoya, o no, el aborto; si apoya, o no, a la marihuana. Respeto las tendencias sexuales de todo el mundo. Las respeto, infinitamente, pero que ese hombre sea jefe, que sea el jefe de mis hijos y de mis nietos, no. Eso no lo acepto”.

El “lapsus” del Patriarca

Ese mensaje de Uribe en defensa de la infancia parece un lapsus fuera de lugar, pues ya esa monstruosa amenaza de las “Far” que se tomaría el poder si se refrendaba el Acuerdo de Paz ni siquiera tiene personería jurídica, pues su partido Comunes no alcanzó en las elecciones el umbral del 3% de votos válidos exigidos para conservarla. Sus cerca de 18.000 niños reclutados y los abusos sexuales a los que muchos fueron sometidos los condenó a la extradición de la competencia electoral y el repudio de la inmensa mayoría de ciudadanos.

Pero volviendo al tema, Paloma y Oviedo forman una dupla digna del inteligente y corrosivo humor de Tola y Maruja. Más aún ahora como abanderados de la reconciliación y la fraternidad entre todos los colombianos, con sus mensajes contra el odio y el pasado, llaman a cerrar heridas y formar un solo tejido nacional, cuyo trasfondo no es otro que deslegitimar el trabajo investigativo y judicial de la JEP, para así ocultar la responsabilidad política de Uribe y sus inmediatos colaboradores en miles de ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”. Todo ello en nombre de la “Seguridad Democrática”, una bandera tan deleznable como la “justicia social” enarbolada por la extinta Farc-Ep para la comisión de sus crímenes atroces, los que al menos tienen el valor de reconocer. Sucede lo contrario con miles de crímenes de servidores públicos, mucho más infamantes y deleznables, pues arrastraron a muchos oficiales y miembros de la Fuerza Pública a cometerlos en nombre de la “democracia”, la seguridad ciudadana y la obediencia debida, violando flagrantemente la Constitución, las leyes y el honor militar por desconocer el principio básico del Derecho Internacional Humanitario, la distinción entre combatientes y personas civiles protegidas. Pero esa cruzada criminal es incapaz de reconocerla Uribe y sus seguidores, prevalidos de una supuesta superioridad moral de “ciudadanos de bien”, que ahora Oviedo parece también compartir. De alguna manera su rostro jovial y alegre, tan distinto al adusto y desgastado del patriarca, incapaz de sonreír, parece llamado a ocultar y lavar ese rostro tenebroso del pasado reciente.

Oviedo y la vanidad del poder

Por eso no dejar de ser muy preocupante que Oviedo, un hombre en quien confiaron millones de electores por su carácter, civilidad y preparación, se haya dejado seducir por la vanidad y futilidad del poder vicepresidencial, una figura institucional decorativa que desdice de su valor y talento. Un valor y talento para ganar con méritos y holgura la próxima elección para la alcaldía de Bogotá. Estoy seguro que un número no insignificante de sus más de millón de votos no lo respaldará en compañía de esa nueva especie de Paloma policroma, tan falsa como inexistente en la ornitología y la vida política, el próximo 31 de mayo. Quizá la mayoría de esos votos no sean endosables. Es muy probable que le quiten ese respaldo que lo convirtió en el “Rara Avis” de la llamada “Consulta Amplia por Colombia”. No cabe en la decisión de personas con un juicio político y moral coherente depositar sus votos por quien los defraudó al aceptar tal nominación. Esos ciudadanos carecen en su mayoría de una tasa de cambio moral al vaivén de cálculos electorales y oportunistas para ganar la Presidencia de la República.

Una dupla coherente

Todo lo contrario, sucede con la dupla del Pacto Histórico conformada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, donde lo que hay es una apuesta por la coherencia política y social, desafiando en forma audaz el simple cálculo de la búsqueda de más votos en otros sectores de la sociedad. Algunos avezados analistas y expertos en marketing electoral ya le auguran un fracaso, pues consideran que ha sido una típica y errática decisión de un filósofo, como es lo Iván Cepeda, ajeno por completo a los cálculos propios de un líder político pragmático y realista en sus decisiones. Más aún en una sociedad profundamente racista y clasista, que convirtió a la actual vicepresidente, Francia Márquez, en objeto de burla y desprecio. Esas personas ya celebran y se frotan las manos por la supuesta derrota que el próximo 31 de mayo sufrirá el Pacto Histórico a manos de duplas tan profesionales y competentes como las de Paloma y Abelardo, las favoritas, promovidas y celebradas ampliamente por esos analistas en todos los medios de comunicación. Pero ya no hay espacio para su análisis, junto a las otras duplas en competencia, las que abordaré en la próxima entrega.

El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando abrí mi Facebook a finales de enero, en mi feed estaba la avalancha de videos de soldados regulares festejando porque su bonificación mensual les llegó por un salario mínimo. Estaban emocionados. ¡Felices! Celebrando el valor de su bonificación. Antes nadie les había pagado de forma digna. En los videos bailan, tienen sonrisas que parecen soles. Verlos me provocó una pequeña inundación lagrimal.

Uno de ellos soltó con una sonrisa iluminadora: “Te amo, Petro”, de manera espontánea, sin ironía, sin malicia ni cálculo político. En ese “Te amo, Petro” solo había gratitud auténtica por lo que significa que su trabajo no sea invisible.

Por primera vez en la historia colombiana, recibían un salario mínimo legal vigente por prestar su servicio militar. En un video un soldado pregunta: ¿Cuánto es? Otro responde, con una sonrisa de oreja a oreja, los ojos aguados y tono de asombro: “1.750.905 pesos”.

Esta cifra significa para ellos mucho más, es:

Dignidad monetizada.

Dignidad reconocida.

Eso se llama dignidad social.

Los soldados regulares del Ejército y la Fuerza Aérea, infantes de marina de la Armada y auxiliares de la Policía Nacional, a partir de este año no recibirán como bonificación una limosna institucional, sino el valor de un salario digno y decente.

¿Por qué esto es histórico? La bonificación que recibían los solados, antes de 2026, era una fracción miserable del salario mínimo legal vigente —30 % hasta antes de 2024, luego 50 % en 2024 y 70 % en 2025— lejos de lo que un trabajador normal recibe. Y hoy esa barrera se rompió: con ese SMLV ($1.750.905) se reconfigura la relación entre ciudadano y Estado para miles de jóvenes (esto lo explicaré más a fondo en próximos párrafos).

Pero esto va más allá de la dignidad, toca otras esferas ciudadanas. Genera una transformación estructural en la manera como el Estado reconoce el trabajo de los jóvenes que salen del colegio sin saber qué hacer con sus vidas.

Hoy podemos afirmar que se abrió para muchos jóvenes un horizonte distinto, principalmente en zonas rurales y poblaciones con altos niveles de pobreza. Los jóvenes salen del colegio para dar un salto al vacío. Surge la pregunta aterradora: “¿y ahora qué?”, sin posibilidad de un empleo formal, con pocas oportunidades de educación superior. Muchos se quedan en el limbo de la informalidad o, peor, en el círculo de la violencia.

Esta bonificación con el valor de un salario mínimo es realmente una política pública con consecuencias profundas sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.

El economista Gary S. Becker en 1968 publicó en el Journal of Political Economy el artículo académico Crime and Punishment: An Economic Approach, del que nació la moderna economía del crimen. Durante gran parte del siglo XX el crimen se explicaba desde la sociología y la psicología. El comportamiento criminal se debía a una desviación patológica, una enfermedad mental; también era producto de la alienación social o de deficiencias mentales individuales. Entonces, desde ese ángulo, el crimen es un destino escrito o una reacción irracional, no una elección.

Pero Becker plantea una idea incomoda y definitivamente revolucionaria pero útil para la política pública y para entender la génesis del crimen: que la lógica del llamado “costo de oportunidad” también funciona cuando alguien decide delinquir.

Muchas decisiones —incluidas las criminales— se toman dependiendo de qué tan grande sea el beneficio. Las personas, consciente o inconscientemente, comparan lo que pueden ganar con lo que pueden perder al cometer un delito.

Para que el crimen resulte atractivo, lo que se consiga ilegalmente debe ser más y mejor que lo que se puede obtener por la vía legal.

Entonces, el delito se convierte en una elección económica: las personas eligen delinquir cuando sienten que es la salida más rápida y sencilla para obtener eso que necesitan. Son más propensas a delinquir cuando creen que cometer el delito le dará una “ganancia” mayor que usar su tiempo y esfuerzo en actividades legales.

¿Cómo funciona eso en la ciencia económica?

La matemática del modelo de Becker está basada en la teoría de la utilidad esperada de los señores Von Neumann y Morgenstern. Ya sabemos que la teoría de Becker dice que las personas toman decisiones pensando —la mayoría de las veces de manera inconsciente e intuitiva— en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder.

Pero esta elección delictiva se hace en medio de la incertidumbre, porque nadie sabe con seguridad si le va a salir bien la vuelta o si va a terminar descubierto y capturado.

Von Neumann y Morgenstern resumen esto en una fórmula que, aunque parece difícil y compleja, representa algo muy cotidiano:

E(Uⱼ) = pⱼ Uⱼ(Yⱼ – fⱼ) + (1 – pⱼ) Uⱼ(Yⱼ)

Se las traduzco:

E(Uⱼ) es lo que la persona espera “ganar” o sentir al final de su decisión.

pⱼ es qué tanta probabilidad cree que tiene de ser capturado y condenado.

Yⱼ es lo que gana con el delito: “el botín” y, a su vez, esa sensación de poder o de salida rápida de la pobreza.

fⱼ es lo que perdería si lo atrapan: multas, cárcel (su libertad), que se reduce a tiempo de vida perdido, vergüenza social…

Y Uⱼ representa cómo cada quien enfrenta el riesgo —hay quienes se lanzan sin paracaídas y sin miedo y quienes no—.

Esta fórmula matemática es la comparación (consciente o inconsciente) que las personas hacen: lo que quieren ganar con el delito frente a lo que ganarían quedándose en lo legal —para el caso de los jóvenes: un horizonte nublado—.

Becker no ve el crimen como una enfermedad mental o un arrebato irracional, sino como alguien que decide meterse en un negocio peligroso. Si el premio parece grande y el riesgo pequeño, la gente se arriesga. Si el castigo es alto o la probabilidad de caer es grande, la idea deja de ser atractiva.

Por eso, cuando aumenta la presencia policial (sube p) o cuando endurecen las penas (sube f), en teoría el delito se vuelve menos atractivo. Pero esto no es suficiente y debe ir acompañado de políticas públicas sociales.

Aquí entra el economista Isaac Ehrlich, que amplió y profundizó la teoría de Becker. En 1973 publicó, también en el Journal of Political Economy, el artículo investigativo Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Allí nos dice que cada persona reparte su tiempo como puede, inconscientemente arma un pequeño plan de vida con lo poco que tiene a mano.

Según su Ehrlich, cada persona divide su tiempo (t) entre tres cosas:

• El tiempo en actividades legales (tₗ): trabajo honrado, buscar empleo, estudiar, trabajo informal para sobrevivir —todo lo que da ingresos seguros o medio seguros (Wₗ).

• El tiempo en actividades ilegales (tᵢ): delincuencia, meterse en vueltas raras, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, paras —que pueden dejar plata rápida (Wᵢ), pero también cárcel y problemas (Fᵢ).

• Y el tiempo de ocio (t𝚌): en el que están sin hacer nada o sin hacer mucho, esperando que el futuro les cambie con oportunidades que surjan.

Ehrlich lo explica como si cada joven intenta “invertir” su tiempo donde cree que le va a rendir más.

Ahora traduzcamos esto a la actual realidad colombiana:

Un joven se gradúa de bachiller: no consigue trabajo, no puede ingresar a la universidad, su familia tiene necesidades, pasan hambre, pasa días enteros sin hacer nada productivo, nadie lo contrata o, cuando lo hacen, es con un pago miserable. Su ingreso legal (Wₗ) es casi cero. En ese escenario, para el joven dedicar tiempo a lo legal no parece el camino que muestre un horizonte para salir adelante.

Ahí es cuando aparecen los grupos ilegales, las bandas criminales, el narcotráfico, ofreciendo plata rápida, pertenencia a un grupo, una salida —así sea peligrosa— frente a una vida sin horizonte, sin oportunidades.

Para muchos jóvenes, no es que el crimen sea bueno. Simplemente es mejor que no tener nada.

Y por eso Ehrlich demuestra que cuando el ingreso legal es muy bajo, el costo de meterse en lo ilegal desaparece. Coloquialmente: cuando trabajar honradamente no da para vivir, delinquir empieza a verse como una alternativa.

Ahora viene lo interesante que está pasando con la bonificación de los soldados bachilleres y auxiliares de policía:

Cuando el Gobierno sube el ingreso legal —cuando convierte el valor de bonificación miserable en un SMLV para quienes prestan servicio militar— cambia completamente ese cálculo del costo de oportunidad.

Aparece entonces una opción concreta para miles de jóvenes que hoy están sin estudiar ni trabajar, sin rumbo claro: entrar al Ejército como soldado regular o bachiller o a la Policía como auxiliar.

Ya no van a arriesgar su vida, ni van a pasar trabajos por una miseria, sino para recibir un salario mínimo digno durante su tiempo de servicio; con ese ingreso van a progresar ellos y ayudar a sus familias.

Eso, en términos de Ehrlich, significa que el Wₗ —el ingreso legal— deja de ser casi cero y se vuelve una alternativa real de vida.

Y cuando eso ocurre, pasan dos cosas:

Primero: el tiempo que a los jóvenes antes se les iba a la nada o a la delincuencia empieza a moverse hacia lo legal. Trabajar para el Estado ya no parece perder el tiempo, sino un horizonte claro y una oportunidad.

Segundo: disminuye la necesidad de buscar plata rápida y peligrosa.

Ser soldado o auxiliar de policía ahora sí paga. Entonces, muchos jóvenes que hoy están sin futuro van a preferir ponerse el uniforme de nuestro Ejército y nuestra Policía antes que meterse en una banda criminal o en el narcotráfico.

Esto no solo beneficia a los jóvenes y a sus familias. Hace algo que Colombia necesita: le quita al crimen una de sus principales fuentes de reclutamiento.

El reclutamiento y uso de niños y jóvenes por grupos armados, narcotráfico y bandas criminales es un fenómeno que persiste gracias la desigualdad. Y que permite control territorial de las bandas criminales, paramilitares, narcos… además de coerción, vulnerabilidad social y ausencia estatal.

Y genera algo más: estos jóvenes que entran a prestar su servicio en el Ejército y la Policía por necesidad económica terminan encontrando un horizonte, un proyecto de vida, quedándose en las Fuerzas Públicas, que, por cierto, desde 2024 el ingreso es gratuito. Así se profesionalizan, construyendo una estabilidad y un futuro.

Becker y Ehrlich, por supuesto, no hablaban de Colombia. No hicieron estas teorías pensando en un país suramericano. Pero la teoría de cada uno explica perfectamente por qué políticas como esta —pagar dignamente el servicio militar— pueden tener efectos enormes a mediano plazo en un país como el nuestro, con la violencia y el reclutamiento juvenil tan arraigados.

Decisiones gubernamentales como esta no atacan el crimen solo con más castigo.

Lo atacan donde más duele: en la falta de oportunidades.

¿La transformación es inmediata? No. ¿Es determinista? No. ¿Funciona como una varita mágica? Tampoco. Pero produce cambios sociales positivos a mediano y largo plazo. El Estado acaba de abrir una opción legal, inmediata y pagada dignamente para jóvenes que salen del colegio sin alternativas. Es la transformación del horizonte vital de cada joven que elige servir en nuestra Fuerza Pública: dejan de deambular sin rumbo ni expectativas.

Son 18 meses con ingreso equivalente al mínimo, permitiendo que construyen un proyecto de vida y aprendiendo disciplina. Eso que llamamos “decisiones políticas” son, muchas veces, rutas disponibles. Y el gobierno de Petro acaba de abrir una ruta legal y con futuro para progresar a miles de jóvenes.

Y si tú estás leyendo esto y aún te preguntas: “¿y eso qué tiene que ver con la seguridad?” te respondo:

Primero: menos jóvenes disponibles para las economías ilegales y el reclutamiento forzoso, porque una parte de ellos verá en el Ejército y la Policía una fuente de progreso, una manera de construir su vida. Y eso, a mediano plazo, reduce el reclutamiento en los lugares de mayor pobreza.

Segundo: esta bonificación equivalente al SMLV hace más atractivo entrar y permanecer en el Ejército y la Policía. Si más jóvenes entran como bachilleres, algunos intentarán quedarse, pasar a profesionalizarse y construir carrera. Esto va a aumentar el número de miembros de las Fuerzas Públicas, lo que mejora las capacidades y aumenta la presencia en los territorios.

Y era inaceptable que se les diera una miseria de bonificación por servicio a jóvenes —casi todos pobres— sin pagarles como a cualquier persona que trabaja. La dignidad no es un discurso. También es una cifra en la cuenta bancaria.

El bienestar y la moral de nuestras Fuerzas Públicas no se suben con elogios en redes sociales, ni con eslóganes acompañados de saludos militares. Que los soldados regulares y auxiliares de policía ganen dignamente es estar verdaderamente firmes con y por la patria. Los otros usos que le dan a la expresión actualmente hacen parte del guion cómico y cínico que usa, histriónicamente, alguien que codicia la presidencia de este país.

¿Falta medir impactos? Sí. Las estadísticas juiciosas y reales no nacen en un mes. Pero lo que si puedo afirmar —con convicción— es que cuando la política está orientada a la dignidad y no al castigo, quedan positivas herencias silenciosas: un país donde algunos jóvenes no entrarán a la violencia porque, por primera vez, el Estado les ofreció una alternativa pagada y concreta. Eso es realmente construir un país sin desigualdad.

Les cuento la historia real de este aumento para que no sigan como zombis a las momias politiqueras actuales que se atribuyen logros ajenos:

 La ley 1861 de 2017 decía que todo joven que prestara el servicio militar tenía derecho a una bonificación mensual del 30% del salario mínimo.

Pero —porque en Colombia siempre hay un “pero”— el Congreso dejó una puertica medio abierta, por supuesto con su trampa: esa bonificación podía subir hasta el 50%, siempre y cuando hubiera plata.

En versión colombiana:

“Te vamos a pagar más… si sobra presupuesto”. ¿Y qué creen? Nunca hubo plata… hasta que llegó Petro.

El 30 % era un derecho automático. El 50 % era una ilusión bonita, pero falsa, amarrada a una sentencia de muerte: “sujeto a disponibilidad presupuestal”, es decir: “algún día, tal vez”.

¿Y qué pasó durante años? Entre 2017 y 2022 la bonificación nunca pasó de ese 30 %. Para 2022, un soldado y un auxiliar de policía recibían alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Con eso debían cubrir la comunicación con su familia, el transporte en los permisos, sus cosas de aseo y todos los gastos personales necesarios… y, la gran mayoría de veces, eran las familias (casi siempre de bajos ingresos) las que terminaban mandando plata, con un esfuerzo increíble, para sostener al hijo que estaba “sirviendo a la patria”.

Ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque quisieron invertir en mejorar la calidad de vida de estos jóvenes subiendo al 50 % la bonificación.

Hasta que llegó Gustavo Petro y cambió esto.

Llevó al Congreso una adición al Presupuesto General de la Nación —la Ley 2299 de 2023— donde, entre muchas cosas, aumentó el presupuesto para dignificar a la base de la Fuerza Pública, los soldados regulares, los auxiliares de policía… El Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1557 de 2023 y, aplicando la ley 1861 de 2017— que ningún presidente ni ministro quiso aplicar— subió la bonificación al 50% del salario mínimo.

Petro no estaba inventando nada nuevo. No era populismo. Estaba pensando en el bienestar de las tropas. Pensó en el futuro de todos esos jóvenes y, para ello, usó el máximo que la ley permitía… por primera vez.

Pero el 50 % no es suficiente. Si de verdad se quiere dignificar a la Fuerza Pública, esos jóvenes que trabajan para Colombia prestando su servicio militar merecen que se les pague, como bonificación, el valor de un SMLV, como a cualquier ciudadano colombiano. Pero la Ley 1861 de 2017 no lo permitía: había que cambiar la ley.

Así que en 2024 se presentó y aprobó la Ley 2384, y el aumento de la bonificación fue paulatino hasta llegar al 100 % del salario mínimo.

Gustavo Petro entró como presidente con la firme intención de mejorar la vida de todos esos jóvenes soldados y auxiliares de policía. Y no en discurso, sino en hechos.

Lo primero: hizo efectivo el aumento del 50 % que permitía la ley vigente desde 2017.

Lo segundo: presentó una nueva ley. Aprobada, subió al 70 % en 2025. Y este 2026 inició con el salario mínimo completo. Cada sonrisa, cada baile, cada festejo de nuestros jóvenes soldados y policías alegra el alma de todos aquellos que entendemos lo que esto significa para cada joven, para las familias y para la sociedad. Y como dijo un soldado: “Te amo, Petro”. Sí: yo también digo “Te amo, Petro” cuando logra cosas como estas.

El significado de esos $1.750.905 pesos es el inicio de una transformación social… es lo más lejano a una medida populista o a querer “comprar a los soldados”. Es darles el valor, la dignidad y los derechos que merecen, que les pertenecen, y que todos esos politiqueros les negaron por años.

Es importante entender la dimensión del cambio:

En 2022: unos $300.000.

En 2026: $1.750.905.

El aumento real es de más del 400%. Logrado por Gustavo Petro.

El servicio militar dejó de ser una carga económica para las familias pobres y pasó a ser, por primera vez, una fuente real de ingresos para los soldados y sus familias.

Aquí no hay un detalle menor: más del 80 % de los jóvenes que prestan servicio vienen de los estratos 1, 2 y 3. Es decir: de los hogares más vulnerables del país. Los estratos altos prácticamente no aparecen en las cifras.

Cada vez que se negaba el aumento, no se estaba “cuidando el presupuesto”: se le estaba quitando recursos directos a las familias más pobres cuyos hijos ponen el cuerpo en cuarteles, selvas y calles.

Paradójicamente —o no, en realidad no tiene nada de paradójico— es lo que podemos esperar de los políticos actuales: el principal opositor en 2017 y 2018 a cualquier aumento automático fue, adivinen, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, ¡oh sorpresa!, fue Mauricio Cárdenas Santamaría. Hoy precandidato presidencial, seguramente está muy preocupado por la justicia social, aunque, cuando pudo hacerlo, nunca le interesó el bienestar de los soldados regulares y auxiliares de policía.

Para Cárdenas, dignificar a jóvenes pobres que prestaban servicio al Estado no era una urgencia nacional. Era, más bien, un gasto incómodo.

Y ese “gasto incómodo” no solo lo evito Cárdenas.

Durante el gobierno de Iván Duque, sus “gloriosos” sucesores en Hacienda —Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo— tampoco movieron un dedo para activar el aumento del 30% al 50% que la misma ley permitía.

Ni hablar de los ministros de Defensa de turno —Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano—, ni del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se la pasa dando discursos vacíos sobre la dignidad, la moral y el honor de la tropa… Curiosamente, nunca dijo ni hizo nada cuando se trataba de mejorarle el ingreso real a esa misma tropa que tuvo bajo su mando.

Defender la dignidad en micrófonos era fácil.

Defenderla en el presupuesto no era difícil: simplemente no fue importante para ellos.

Subir la bonificación al 50 % era un atrevimiento. Para cada uno de ellos —presidentes de turno, ministros y comandantes— esos muchachos no lo merecían.

Pensar en pagarles un salario mínimo completo era, sencillamente, ciencia ficción, comedia o terror.

Según los cálculos hipócritas de ellos, subir la bonificación al 50 % para unos 80.000 o 100.000 jóvenes representaba “cientos de miles de millones de pesos” al año, que no eran necesarios y no encajaban con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Traducido:

Había dinero para muchas cosas, menos para los soldados y policías pobres.

A esto se sumó el coro político que nunca falta.

Desde Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que sueñan con dirigir este país, y otros congresistas se dedicaron (en su momento) a deslegitimar cualquier intento de mejora salarial, tildándolo de “populismo”.  

No porque el dinero fuera innecesario — no lo decían de esa manera (es impopular y quita votos)—, sino porque, según ellos, que ocurrieran esos aumentos en esta época era una estrategia para “comprar la lealtad” de una Fuerza Pública inconforme. Omitiendo, posiblemente de manera intencional (démosles el beneficio de la duda), que ese aumento que hoy se materializó se logró desde 2024 con un incremento paulatino, para no afectar de golpe el presupuesto nacional.

Curiosa preocupación, ¿no creen? Durante años no les inquietó en lo más mínimo que esos jóvenes vivieran con una bonificación miserable; lo que sí les preocupó fue que el gobierno les pagara dignamente porque eso aumenta la popularidad del opositor. Comprobado: solo les importa el poder y la política, nunca el bienestar del pueblo.

Muchos discursos de honor. Puro bla bla bla. Les duele que el pueblo gane más para vivir mejor.

Querida Margarita Rosa de Francisco:

Te hablo hoy como interlocutora, situándome a la altura de cualquier discusión humanista, porque genuinamente creo en ti. Pese a todas nuestras diferencias partidistas, tú misma dijiste que éramos amigas y yo me lo tomé en serio, tanto en público como en privado. Recuerdo con cariño todas y cada una de las veces que hemos compartido personalmente, ya sea virtualmente o cara a cara. Espero de corazón que tengas razón en todas tus defensas; es mi deseo más honesto estar equivocada y descubrir que este gobierno no es el desastre que hoy percibo. Sin embargo, mi deber ético es confrontar lo que dices desde la honestidad intelectual y cognitiva. Mientras el tiempo le da la razón a alguna de las dos, debo realizar estos ejercicios comunicacionales con fines estrictamente cívicos. No comparto los rumores malintencionados sobre intereses oscuros detrás de tu postura. Sé que defiendes tus convicciones con absoluta fe en el modelo de gobierno de Gustavo Petro, en el petrismo y en lo que hoy es la izquierda colombiana. Por esa inteligencia tuya que tanto reconozco, me sorprende encontrarte aferrada a la dialéctica erística presidencial, aceptando un modelo que parece haber olvidado la gestión técnica sobre el discurso.

Mi deber Educomunicativo me obliga a escribirte esta carta, porque la realidad exige un contraste que el relato oficial intenta silenciar.

Kevin: De la tragedia a la revictimización estatal

Margarita Rosa, el caso de Kevin no es una estadística ni una “particularidad” del sistema. Kevin era un niño cuya existencia dependía de la garantía estatal de sus medicamentos. Al publicar la historia clínica del menor en redes sociales, el presidente de la República incurrió en una falta grave contra el derecho a la intimidad y la reserva médica (Ley 23 de 1981). Resulta desolador observar cómo se intenta justificar una falla administrativa señalando las decisiones de cuidado de su madre.

La economista y experta en salud pública Sonia Fleury, referente del pensamiento crítico latinoamericano, sostiene que la salud pública no puede ser un instrumento de propaganda, sino un derecho de ciudadanía garantizado por la eficiencia del Estado. Yo agregaría que, cuando el Estado usa el dolor de una madre para salvar su imagen, comete violencia institucional. Cualquier madre tiene el derecho legítimo de postergar una cirugía buscando la mejor posibilidad para su hijo; esa es la esencia de la protección maternal. Señalar que la madre no aceptó un procedimiento o que el niño realizaba actividades recreativas es una estrategia de revictimización cruel. La medicina para la hemofilia debió estar disponible de manera inmediata. Kevin falleció en medio de la burocracia de un sistema de salud en decadencia.

Cifras que interpelan el relato

Me cuestiona profundamente observar la celeridad con la que fluyen recursos para asuntos ajenos a la garantía de la vida. Mientras los pacientes denuncian desabastecimiento, el país presencia escándalos financieros documentados: las irregularidades en los contratos de la UNGRD por más de 46.000 millones de pesos, o los gastos en imagen que contrastan con la austeridad impuesta a los hospitales.

En este escenario, diversas voces desde el activismo cuestionan la influencia del señor Vicente Calvo. Se menciona que, presuntamente, su rol responde a una lealtad ideológica funcional al relato oficial, al parecer sin una trayectoria técnica académica reconocida que sustente decisiones de tal impacto. Según datos de la Superintendencia de Salud y de la Defensoría del Pueblo, las quejas por inasistencia médica han alcanzado niveles históricos. En el último año, las tutelas por falta de entrega de medicamentos aumentaron significativamente; informes sectoriales sugieren que presuntamente este gobierno ha generado un incremento en la mortalidad evitable debido a la parálisis administrativa en el flujo de recursos. La economista Mariana Mazzucato propone que el Estado debe generar valor público real, no uno que descuide lo esencial. ¿Por qué existe dinero para tantas excentricidades y tan poca voluntad para asegurar el suministro farmacéutico diario?

Una reforma que debió ser posibilista

Margarita Rosa, decir que se han salvado vidas por combatir la desnutrición es un avance que todas las personas celebramos. Esa realidad no borra ni justifica las muertes por inasistencia médica. Como afirma la teórica feminista Joan Tronto en su ética del cuidado, cuidar es una actividad política que requiere responsabilidad y competencia técnica. Un gobierno que se autoproclama “de la vida” debe ser coherente. Era posible realizar una reforma posibilista: paulatina, dialógica y técnica, que corrigiera los abusos de las aseguradoras sin destruir el acceso a los fármacos. Las estadísticas de la ADRES muestran que los retrasos en los pagos a prestadores han agudizado la crisis, generando una barrera de acceso que antes no tenía esta dimensión.

Kevin no murió solo por un accidente doméstico. Murió porque el Estado le negó su medicina y luego utilizó su nombre para alimentar una narrativa de confrontación. Mi invitación, querida amiga, es a recuperar la compasión por encima de la doctrina. Cuando la ideología se antepone al acceso al medicamento, el resultado no es justicia social, es negligencia absoluta.

Colofón con información a tener en cuenta para el sustento de veracidad y blindaje: Este texto se sustenta en la Ley 1751 de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental autónomo, y en la Ley 23 de 1981, que protege la reserva de la historia clínica. Las referencias a la crisis administrativa se basan en cifras oficiales de la Superintendencia de Salud sobre el incremento de quejas y en los reportes de desabastecimiento de Invima. Las menciones a terceros y gestiones gubernamentales se enmarcan en la presunción y el derecho a la libre opinión crítica, respaldada por autoras de reconocimiento internacional como Sonia Fleury, Mariana Mazzucato y Joan Tronto.

World Economic Forum

La sala de Davos estaba llena, pero el clima no era de celebración. Había algo más cercano a una confesión colectiva. Cuando Mark Carney, primer ministro de Canadá, tomó la palabra, no habló como quien anuncia un nuevo plan, sino como quien acepta que una época terminó. No hubo épica vacía: hubo honestidad. Y eso, en el mundo actual, es casi revolucionario.

Carney habló con la calma de quien entiende el poder, pero también sus límites. Con la claridad de un economista, la visión de un jefe de gobierno y el tono de un estadista. Escuchándolo, es inevitable pensarlo: es el líder político de mayor envergadura que he oído desde Barack Obama. No por carisma, sino por profundidad. No por promesas, sino por diagnóstico.

Empezó reconociendo la ruptura. No una transición, no un ajuste, sino una fractura. El orden internacional basado en reglas —esa idea cómoda de que existían normas, árbitros y consecuencias— ya no funciona como se nos prometió. Durante años participamos del ritual: repetir los valores, firmar los acuerdos, confiar en que el sistema, aunque imperfecto, nos protegería. Sabíamos que era una verdad a medias, pero era útil.

Hasta que dejó de serlo.

Ahí aparece la palabra que atraviesa todo su discurso como una advertencia: nostalgia. La tentación de creer que el viejo orden volverá si esperamos lo suficiente. Que basta con aguantar, adaptarse un poco, no incomodar a nadie. Carney lo dice sin rodeos: eso no es una estrategia. Es una forma elegante de quedarse quietos mientras el mundo cambia de manos.

Para explicarlo, recurre a Václav Havel y a la imagen del tendero que cuelga un cartel en el escaparate —“Trabajadores del mundo, uníos”— no porque crea en él, sino para evitar problemas. El sistema no se sostiene solo por la fuerza, sino por la participación cotidiana en una mentira compartida. Vivir dentro de la mentira, lo llamó Havel.

Y entonces Carney lanza la frase que incomoda: es hora de bajar el cartel. Para los países. Para las empresas. Para quienes siguen hablando del “orden basado en reglas” como si aún funcionara tal como fue diseñado.

Desde América Latina, y desde Colombia en particular, esa escena no nos resulta ajena. También nosotros hemos colgado carteles durante décadas. Hemos repetido discursos sobre integración global, libre comercio, multilateralismo, esperando que la promesa de prosperidad llegara por simple alineación. A veces llegó. Muchas otras veces, no. Y cuando las grandes potencias empezaron a usar la interdependencia como arma —aranceles, sanciones, cadenas de suministro convertidas en presión política— quedó claro que la integración sin poder propio es vulnerabilidad.

Carney no propone encerrarse. Advierte, de hecho, que un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y más injusto. Pero también es claro: cuando las reglas ya no te protegen, necesitas protegerte. La clave está en cómo. No levantando muros individuales, sino construyendo autonomía compartida. Cooperación real entre países que no son hegemones, pero tampoco quieren ser subordinados.

Y aquí Canadá ocupa un lugar central en su argumento. Carney presenta a su país no como una potencia dominante, sino como un ejemplo de potencia intermedia que decidió dejar de fingir. Canadá —dice— entendió que su geografía, sus alianzas históricas y su comodidad estratégica ya no garantizan prosperidad ni seguridad. Por eso apuesta a un realismo basado en valores: fortalecer su economía interna, diversificar socios, invertir en energía, tecnología, defensa y cadenas de suministro, y construir alianzas flexibles según cada desafío.

Canadá aparece en su discurso como un país con recursos, capital humano, capacidad fiscal y, sobre todo, con algo escaso hoy: coherencia entre valores y acción. Una sociedad plural que funciona, un socio confiable, una democracia ruidosa pero estable. No como modelo a copiar, sino como prueba de que es posible actuar sin nostalgia y sin cinismo.

Ahí aparece una idea que América Latina necesita tomarse en serio: las potencias intermedias solo tienen fuerza cuando actúan juntas. Solas, negocian desde la debilidad. Compiten entre sí por el favor del más fuerte. Aceptan lo que se les ofrece. Eso no es soberanía, dice Carney; es actuar la soberanía mientras se acepta la subordinación.

¿No es esa, acaso, una descripción dolorosamente familiar para nuestra región?

Colombia —con su posición geográfica, su diversidad energética, su potencial humano— vive en esa tensión. No somos una potencia, pero tampoco somos irrelevantes. El problema es que muchas veces actuamos como si lo fuéramos: esperando que otros definan las reglas, aferrándonos a un pasado que ya no volverá, confiando en que la estabilidad vendrá de afuera.

Por eso, más que nunca, necesitamos con urgencia líderes pragmáticos, honestos y audaces. Líderes capaces de nombrar la realidad sin eufemismos, de asumir costos políticos en el corto plazo y de pensar estratégicamente en el largo. No administradores de la nostalgia, sino constructores de futuro.

La reflexión de Davos apunta a otra cosa: nombrar la realidad como es, aplicar los mismos estándares a aliados y rivales, construir fuerza interna y diversificar relaciones para poder sostener una política exterior honesta. No es idealismo. Es gestión del riesgo. Es entender que la legitimidad, la coherencia y la cooperación siguen siendo formas de poder, pero solo si se ejercen en conjunto.

Carney cierra con una frase que debería quedar escrita en las paredes de nuestras cancillerías: no deberíamos llorar el viejo orden. La nostalgia paraliza. Nos hace mirar hacia atrás cuando el desafío es construir algo nuevo, más justo, más resistente, más real.

Desde América Latina, el mensaje es claro: o seguimos colgando el cartel en la ventana, esperando no meternos en problemas, o lo quitamos de una vez y empezamos a actuar como región. El mundo ya cambió. La pregunta es si vamos a cambiar con él o si vamos a seguir recordando, con melancolía, un orden que solo funcionaba a medias.

Porque, como dejó claro el primer ministro de Canadá en Davos, la nostalgia no es una estrategia. Y nunca lo fue.

El problema vino después. El crecimiento del partido atrajo nuevos liderazgos y propuestas que poco a poco se alejaron de ese centro mesurado con el que había nacido. El aval verde se convirtió en un pasaporte para cualquiera que quisiera entrar en la política, sin importar si compartía realmente la idea original.

La colectividad empezó a oscilar entre discursos de izquierda y derecha, sin construir una ideología sólida ni un plan programático claro. Se refugiaron en lo políticamente correcto, moldeando sus posturas según la coyuntura. En ese terreno ambiguo salieron a relucir viejas figuras de dudoso pasado, como Carlos Ramón González (Exmiembro de la guerrilla del M19), antiguo directivo del partido, el senador Iván Name, el Ministro Antonio Sanguino y la exConsejera Presidencial, Sandra Ortiz; todos ellos relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRD.

La maleabilidad de sus líderes y candidatos los llevó a contradicciones evidentes. Respaldaron a Gustavo Petro para llegar a la presidencia y luego lo atacaron porque cumplió lo que prometió. Se acomodaron según la tajada que les ofreciera el gobierno de turno: apoyaron a Santos mientras tuvieron ministerios, criticaron a Duque y a Peñalosa porque no recibieron lo suficiente, y han alternado ataques y defensas a Petro y Carlos Fernando Galán dependiendo de la conveniencia.

La máxima confirmación de esa maleabilidad fue la Alcaldía de Claudia López, quien constantemente tenía encuentros y desencuentros tanto con Iván Duque, como con Gustavo Petro. Dependiendo cómo su partido o su figura luciera en los reflectores nacionales o en los nombramientos atacaba o guardaba silencio. Ahora, ella busca pintarse de un centro con el que nadie se siente a gusto porque más allá de ser tibieza es extrema comodidad y correctísimo político.

El Partido Verde, que alguna vez representó la esperanza de un cambio con mesura y la construcción de una Colombia distinta, terminó convertido en una fábrica de avales. Una colectividad que perdió el centro y lo transformó en un espacio de acomodo, útil para quienes buscan poder sin importar la coherencia ideológica.

Con Donald Trump ha quedado suficientemente claro, gracias a su desfachatez narcisista, que vivimos bajo el dominio de los mercaderes imperiales, para quienes la política y la vida misma no son más que negocios y ganancias. Por eso pretenden repartirse, en forma más o menos equitativa, el planeta entre ellos. Trump y su MAGA se quedarían con todo el hemisferio occidental, desde Canadá, Groenlandia, México, ahora Venezuela, hasta la Patagonia, con nuevos socios y empresarios entusiastas como Milei y el recién electo José Antonio Kast en Chile. Todo en nombre de la libertad y la democracia. Putin, podría quedarse con Donbás, convertida en una especie de “zona económica de frontera”, según el ingenio empresarial de Trump. Para Netanyahu toda la Franja de Gaza, haciendo realidad el sueño hotelero de Trump de transformar sus ruinas en “la Riviera del Medio Oriente”. El único que no entra en sus planes es Xi Jinping, quien bien podría ocupar a Taiwán, siguiendo su ejemplo en Venezuela. Así las cosas, tendríamos un orden multipolar de mercaderes de la guerra y de nuevos señores imperiales, para quienes no cuenta la Carta de las Naciones Unidas, solo su voluntad, arsenales y poderío nuclear.

El metalenguaje imperial  

Quizá por eso hay millones de seguidores de Trump en todas las latitudes, incluyendo Europa, que llaman paz a la guerra y libertad a la codicia. Ahora, incluso, la gran prensa llama intervención militar a la agresión imperial, así como Putin llama “operación especial” a la ocupación de Ucrania. Para continuar con ese metalenguaje de los mercaderes imperiales, también llaman captura al secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, como si Estados Unidos tuviera una jurisdicción hemisférica, radicada en Nueva York, para capturar y juzgar a quien considere su enemigo. Por eso Milei celebra desde la Argentina, en su cuenta X, el secuestro de Nicolás Maduro con un exultante “La libertad avanza. ¡Viva la libertad carajo!” Se entiende, la libertad de hacer negocios sin respeto alguno por las fronteras y la soberanía de los Estados. Así Milei responde con la lealtad de un cómplice a quien le debe su reciente triunfo electoral.

Fin de la Carta de las Naciones Unidas

El comienzo del 2026 marca, pues, un punto de inflexión al parecer irreversible en la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente su artículo 2, numeral 3: “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” y 4: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas [i]”, como bien lo ha demandado la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Pero si la Carta ya no tiene vigencia, mucho menos las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene derecho al veto para garantizarse absoluta impunidad.

Un director Imperial Hollywoodense

Trump durante la declaración y extensa rueda de prensa en su residencia personal de Mar a Lago, parecía más un director de Hollywood que un jefe de Estado. Estaba desbordado por el éxito de un secuestro que pretende encubrir como una operación policial de las fuerzas del orden estadounidenses contra un capo del narcoterrorismo, cuando fue una agresión militar imperial que violó todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así la describió a Fox New: “Quiero decir, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Si hubieras visto la velocidad, la violencia – era una cosa increíble,» agregando que los E.E.U.U. habían planeado «hacer esto hace cuatro días, pero el clima no era perfecto, y de repente se abrió y dijimos vamos.» “El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nunca se ha visto. Y me lo dijeron militares reales: no hay otro país en la Tierra que pudiera hacer algo así”. Hay que abonarle a Trump su modestia, fueron “militares reales” no de la IA, inventados por su Inteligencia Autocrática. Tan exitoso secuestro sienta un precedente que bien podría emular Putin para ir por Volodímir Zelenski, bajo el cargo de ser un autócrata neonazi, pues su período presidencial expiró el 20 de mayo de 2024 y todavía no ha convocado a elecciones. Aunque cabe la posibilidad que el mismo Trump presione su salida, despidiéndolo como en su famoso programa, por ser tan soberbio y no ceder el Donbás y Crimea a Putin.

Un director adicto al petróleo

Por lo pronto Trump se dispone a gobernar a Venezuela como un campo petrolero más que pondrá a disposición de las compañías norteamericanas: “Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”[ii].  Vuelve con el mismo estribillo que utilizó cuando le prometió a Netanyahu que “Gaza podría ser la Riviera del Medio Oriente”. Por eso descubrió sobre la mesa la carta que antes había exhibido como una coartada casi perfecta, la guerra contra el narcoterrorismo, para ocultar bien su insaciable y verdadera adicción al petróleo. Una adicción más letal que la misma cocaína si consideramos los efectos devastadores en la crisis climática planetaria. Carta que trasladará ahora, en desarrollo de su “guerra hibrida”, a la Fiscalía y la Justicia norteamericana para procesar a Maduro como el gran capo del llamado “cartel de los Soles”. Claro, sin revelarnos los asteroides de la mafia norteamericana que forman una constelación de capos, casi intocables, encargada de la distribución de cocaína y del disfrute de sus astronómicas ganancias. Toda la razón le asiste a la exvicepresidenta Kamala Harris al decir: “No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”. Ese narcotraficante convicto es el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien indultó al mismo tiempo que perseguía a Maduro por los mismos cargos. Nada inusual en Estados Unidos, pues durante la segunda guerra mundial también se indultó al capo Lucky Luciano por su valiosa información para el desembarco seguro de sus tropas en Sicilia y evitar huelgas en los muelles de Nueva York.

La interminable y rentable guerra contra el narcoterrorismo

Por eso, en su entrevista en Mar a Lago, Trump vuelve y juega con la misma coartada intervencionista e interminable de la guerra contra el narcoterrorismo, pero ahora amenazando el presidente Gustavo Petro: “Me apego a mi primera declaración [en diciembre]: está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”, lo que augura que la campaña presidencial en Colombia en este 2026 será una especie de laboratorio inflamable. Un laboratorio, en todo caso, más impredecible que el controlado en Honduras con la victoria de su pupilo Nasry Asfura y del financiado en Argentina para el triunfo de Milei, pues Trump se la jugará sin escrúpulos con el candidato que le ofrezca mejores oportunidades para hacer “grande de nuevo a Colombia”, como aspira que sea Venezuela, y así tener dos mascotas obedientes al servicio de MAGA.

Transición petrolera cleptocrática

Todo ello, claro está gracias a una transición democrática, con la ayuda del virtuoso empresariado colombiano, que recibirá millonarias inversiones para sus industrias extractivas y depredadoras del medio ambiente. Y, en el caso de Venezuela, con la complicidad de los cacocratas del régimen actual, la vicepresidenta Deisy Rodríguez, el ministro de defensa Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, ministro del interior. Así lo reveló en su rueda de prensa: “Marco (Rubio) está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple“. Todo lo anterior en desarrollo de su “Corolario Trump”: “Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura. Durante un tiempo, serán en gran medida las personas que están detrás de mí“, refiriéndose a Marco Rubio y el ministro de guerra Pete Hegseth. Si todo le resulta tan simple a Trump, no estaríamos entonces asistiendo a una transición democrática, sino más bien al comienzo de una transacción delincuencial entre gánsteres estatales que intercambian su impunidad por petróleo. Pero si le sale tan mal como el trato con Putin para poner fin en 24 horas la guerra en Ucrania, en lugar de acabar con el “cartel de los soles”, puede ser el comienzo del eclipse de su MAGA. Solo al final, quizá, sabremos si la “estupenda” nobel de Paz, María Corina Machado, podrá administrar con seguridad y lealtad, siempre en beneficio de MAGA y sus copartidarios, las mayores reservas de petróleo del planeta. Un final muy deplorable para los millones de venezolanos que en la diáspora celebran ilusamente el regreso de la libertad a su amada Venezuela. Una oscura y densa libertad llamada petróleo que les niega su soberanía y dignidad.

[i] https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text

[ii] https://elpais.com/internacional/2026-01-03/ee-uu-quiere-que-sus-petroleras-recuperen-la-industria-del-crudo-en-venezuela.html

María Corina Machado, hoy Premio Nobel de Paz, no llegó a ese reconocimiento desde la comodidad del consenso. Le tocó salir de Venezuela perseguida, amenazada, prácticamente en la clandestinidad, por un régimen que no tolera adversarios ni siquiera en el terreno simbólico. El hecho de que una Nobel de Paz tenga que huir de su propio país dice mucho menos de ella que de la naturaleza brutal del régimen de Nicolás Maduro.

Conviene decirlo sin rodeos: Venezuela vive bajo una dictadura. No una democracia “con problemas”, no una revolución “asediada”, no un experimento alternativo incomprendido. Una dictadura que roba elecciones, encarcela opositores, inhabilita candidatos, persigue periodistas y ha provocado una de las mayores crisis migratorias del continente. Seguir relativizando eso en nombre de viejas lealtades ideológicas no es pensamiento crítico: es ceguera voluntaria.

El Nobel de Paz, como todos los grandes premios internacionales, es profundamente político. Lo fue cuando se otorgó a Nelson Mandela y Frederik de Klerk; cuando se lo dieron a Barack Obama; cuando Juan Manuel Santos lo recibió en medio de las paradojas de haber sido ministro de Defensa durante uno de los periodos más sangrientos del conflicto colombiano. El Nobel no consagra santos: señala apuestas históricas.

La apuesta de 2016 fue la paz en Colombia.
La apuesta de hoy es la democratización de Venezuela.

Que esa apuesta tenga contradicciones no la invalida. Que haya paradojas —como las hubo con Santos— no la anula. El Nobel no es un juicio final sobre una vida, es una intervención política en el presente. Y el presente venezolano exige tomar partido contra un régimen que ha desmantelado todas las garantías mínimas de la vida democrática.

Quiero decir algo más, porque aquí también importa desde dónde se habla.
Yo no hablo desde clubes en Bogotá ni desde cafés en Miami. No hablo solo de los venezolanos pudientes que pudieron salir en avión —aunque ellos, por supuesto, también tienen derecho a vivir en su país y también son víctimas de ese invento fallido y cruel llamado chavismo—. Yo hablo desde haber trabajado con migrantes venezolanos, con niños migrantes, en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Usme, en las periferias a las que muchos intelectuales prefieren no ir. A ellos no hay que preguntarles por la “calidad” del gobierno que tiene su país. Ellos ya respondieron con los pies, con el hambre, con el exilio forzado.

El gesto de Laura Restrepo es legítimo. Disentir lo es. Retirarse de un espacio por razones éticas también. Hay algo profundamente bello en el disenso, y el hecho mismo de que esta discusión exista habla bien de nuestra democracia. Pero otra cosa es exigir que el desacuerdo se traduzca en silencio ajeno.

Los eventos culturales —el Hay Festival incluido— no están para administrar unanimidades morales, sino para ponerlas en tensión. Para incomodar. Para abrir conversaciones difíciles. Para “pullar” de vez en cuando a sectores que se sienten seguros en su superioridad ética. Eso no es decadencia cultural: es síntoma de vitalidad. Y el Hay Festival, en Colombia y fuera de ella, ha dado suficientes pruebas históricas de pluralidad como para no ser reducido a esta polémica.

Invitar a María Corina Machado no es avalar intervenciones militares ni rendirse al imperialismo. Ella no es funcionaria del gobierno estadounidense, no decide bombardeos, no diseña políticas de Washington. Exigirle responsabilidades por acciones que no controla es una manera elegante de desplazar la culpa y no señalar al verdadero responsable, que tiene nombre propio y poder real: Nicolás Maduro.

Ojalá, además, que la conversación con Machado permita formular las preguntas incómodas que plantea Laura Restrepo, incluso sobre temas como los bombardeos extrajudiciales en el Caribe. Pero esas preguntas deben hacerse desde la honestidad política, no desde el reflejo ideológico.

Hay una izquierda que sigue leyendo América Latina con los lentes de los años setenta, incapaz de distinguir entre Salvador Allende, un demócrata derrocado, y Maduro, un autócrata que vació de sentido el voto popular. Esa confusión no es romántica ni rebelde: es peligrosa, porque termina normalizando el abuso en nombre de una causa abstracta.

Defender el disenso implica aceptar que no todos los desacuerdos deben resolverse expulsando al otro del espacio público. Que una escritora se retire y que un festival mantenga su invitación no es una derrota moral de nadie. Es, por el contrario, la prueba de que todavía podemos discutir sin miedo.

El verdadero escándalo no es que María Corina Machado hable en un escenario cultural.
El verdadero escándalo es que una Nobel de Paz tenga que huir de su país para no terminar presa. Y guardar silencio frente a eso, por comodidad ideológica, sí sería una forma de cancelación: la cancelación de la realidad.